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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en apelación. Acción reivindicatoria

Sentencia en apelación. Acción reivindicatoria

SENTENCIA  Nº 122/2013.

En Cuenca, a 23 de Abril de dos mil trece.

     Vistos por el Ilmo. Sr. D. José Eduardo Martínez Mediavilla, Presidente  de la Audiencia Provincial de Cuenca, en trámite de recurso de apelación nº 45/2013, los autos de Juicio Verbal nº 31/2012 procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de San Clemente, promovidos por Dª. X, representada en la primera instancia por la Procuradora de los Tribunales Dª. Ana Belén Molero Ortiz, ostentando su representación en esta alzada la Procuradora de los Tribunales Dª. María Ángeles Paz Caballero,  y asistida por el Letrado D. Ramón León León, frente a Dª. X, representada en la primera instancia por la Procuradora de los Tribunales Dª. Beatriz Cepeda Risueño,  ostentando su representación en esta alzada el Procurador de los Tribunales D. Enrique Rodrigo Carlavilla, y asistida por el Letrado D. Lázaro Pozas Iglesias, (sobre acción reivindicatoria; habiéndose fijado la cuantía del pleito en 3.304 €), en virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Dª. X contra la Sentencia dictada en primera instancia, por el ya referido Juzgado, en fecha 25 de Julio de dos mil doce, (subsanada por Auto de 02.01.2013).

Antecedentes de hecho 

    Primero.- Que por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de San Clemente se dictó Sentencia, en fecha 25 de Julio de dos mil doce, en cuyo Fallo se decidió, de forma literal, lo siguiente:

    "ESTIMO íntegramente la demanda formulada por Dª X, representada por la Procuradora Sra. Molero Ortiz, contra Dª X, representado por la Procuradora Sra. Cepeda Risueño y en consecuencia DECLARO a Dª X como legítima propietaria de la parcela C) de la Escritura de división y adjudicación de herencia de Dª. X, otorgada en fecha doce de febrero de dos mil siete, con los límites que se fijan en el Informe de Identificación de Lotes, aportado como documento nº 5 de la demanda, CONDENANDO a la demandada, D. X a que reintegre a la demandante, la posesión de los 1.530 metros de porción de terreno que pertenece a la actora y que ha sido indebidamente poseído por la demandada, mediante la colocación de una nueva línea de aspersores, condenándola a estar y pasar por las anteriores declaraciones y ordenándole se abstenga en el futuro de perturbar y desposeer a su legítima propietaria.

    Con expresa condena en costas al demandado, D. X".

    El referido Juzgado dictó Auto, el 02.01.2013, en cuya Parte Dispositiva se estableció, de forma literal, lo siguiente:

    Segundo.- Que, notificada la anterior Resolución a las partes, por la representación procesal de Dª. X se interpuso contra la misma recurso de apelación. En tal recurso, tras invocarse las alegaciones que se estimaron oportunas, se interesaba la revocación de la Sentencia de instancia; con estimación íntegra de la demanda en su día planteada.

    Dicho recurso se basa, en síntesis, en lo siguiente:

    1. Error en la valoración de la prueba. Y al respecto se hace constar que:

    -la interpretación del documento aportado como nº 3 junto a la demanda se funda en la testifical de D. X. Pues bien, éste se lleva mal con la demandada, (teniendo otros procedimientos entre ambos por la partición de los bienes heredados de sus padres), razón por la cual no puede tenerse en cuenta ni su testimonio ni el del personal que él contrató;

    -incorrecta interpretación del documento nº 3 de la demanda. El sistema de riego sólo se tomó como referencia para ubicar las fincas resultantes. Si la voluntad de la madre, con las mejoras del sistema de riego, hubiera sido partir la finca para el reparto futuro, se habrían hecho seis partes y no cuatro;

    -Dª. X viene pagando los impuestos y diversos gastos por una extensión de 6,6 hectáreas, (no de 66.000 metros menos los 1.530 que se reivindican), de donde se deduce que ella no se ha apropiado metro alguno;

    -la parte actora no ha realizado medición total de la finca matriz ni de la suya propia; siendo dichos extremos imprescindibles a la hora de determinar las fincas objeto de procedimiento y los metros supuestamente usurpados.

    2. Error en la aplicación del Derecho. Y sobre el particular se manifiesta lo siguiente:

    -no está acreditada una ocupación ilícita;

    -se desprecian tanto los datos físicos reales y obrantes en el Registro de la Propiedad, lo que es contrario a derecho, como la presunción de exactitud de dicho Registro;

    -existe una confusión de títulos;

    -para que prosperase la demanda era imprescindible que la finca de la actora quedase determinada por los cuatro puntos cardinales; requisito no cumplido al tomarse en consideración dos descripciones distintas;

    -el informe pericial en que se sustenta la demanda sólo hace supuesto de la cuestión; y ello al dar como cierta, sin mayor análisis, la medida de superficie hecha constar en la escritura que accedió al Registro de la Propiedad, sin comprobar su correspondencia sobre el terreno en todos sus vientos.

    3. Subsidiariamente se recurre la imposición de costas en la primera instancia. Se manifiesta al respecto que no puede ser de aplicación el criterio del vencimiento; y ello debido a las especiales circunstancias que se dan en los presentes autos, pues la oposición a la reclamación de la parte actora se ha basado en los datos obrantes en el Registro de la Propiedad, y por tanto no puede entenderse que haya existido una oposición indebida.

    Tercero.- Que admitido a trámite el recurso de apelación, y dado el correspondiente traslado del escrito de interposición, la representación procesal de Dª. X presentó escrito de oposición al mismo; interesando la íntegra confirmación de la Sentencia de instancia, con imposición de las costas de la alzada a la parte recurrente.

    Cuarto.- Que, recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, la Sala procedió a formar el correspondiente Rollo de apelación, (asignándole el número 45/2013). Se turnó la ponencia y se señaló para su resolución el 23.04.2013.

Fundamentos de derecho

     Se aceptan los razonamientos jurídicos de la Sentencia que se revisa en este trámite; debiendo tenerse por íntegramente reproducidos en la presente Resolución.

     Primero.- Antes de examinar el recurso de apelación debe hacerse mención a un extremo planteado en el escrito de oposición al mismo. Pues bien, en dicho escrito de oposición se manifiesta que la parte recurrente alega que las parcelas propiedad de la demandante y de la demandada no se encuentran deslindadas; argumento que no fue esgrimido en el juicio y, por tanto, debe rechazarse de plano por tratarse de una pretensión nueva.

     Tal alegato debe decaer; y ello por lo siguiente:

     -fue la propia parte demandante la que con las manifestaciones plasmadas en el hecho cuarto del escrito rector del pleito, (véanse los folios 3 y 4 de las actuaciones), vino a introducir en el proceso el dato relativo a la delimitación de las fincas, (por lo que es evidente que la postura de la parte demandada negando tal circunstancia ya está englobada en aquel argumento incluido por la actora), y de hecho la Juzgadora de instancia ya analizó en la Sentencia tal extremo, al indicar, (en la parte final del segundo de los fundamentos de derecho; véase el folio 177 las actuaciones), que "…las dos parcelas……están deslindadas…".

      Segundo.- El primer motivo de recurso debe rechazarse; y ello por lo siguiente:

      Según reiterado y constante criterio Jurisprudencial, y de esta Sala, la valoración probatoria es facultad de los Tribunales sustraída a los litigantes, que sí pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza, pero en forma alguna tratar de imponerla a los juzgadores, pues no puede sustituirse la valoración que el juzgador de instancia hizo de toda la prueba practicada por la valoración que realiza la parte recurrente, función que corresponde única y exclusivamente al Juzgador "a quo" y no a las partes, habiendo entendido igualmente la jurisprudencia que el Juzgador que recibe la prueba puede valorarla de forma libre, aunque nunca de manera arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal de segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión, pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez "a quo" de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencia o a las normas de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso, (SSTS de 26.01.1998 y 15.02.1999). Pues bien, sabido es que la obligación que el artículo 120.3 de la Constitución, en relación con el artículo 24.1 del mismo Texto, impone a los Tribunales de motivar debidamente las Resoluciones por ellos dictadas en el ejercicio de su Jurisdicción con el fin de dar a conocer a las partes las razones de las decisiones judiciales y propiciar su crítica a través de los recursos, permite, según ha señalado reiterada doctrina emanada tanto del Tribunal Constitucional, (Sentencias del T. Cons., por ejemplo, 231/97, 116/98 ó 187/2000), como de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, (Sentencias, por ejemplo, de 2 y 23 de Noviembre de 2001), la motivación por remisión a una Resolución anterior, cuando la misma se estime adecuada, y precisamente porque en ella se exponen argumentos correctos y bastantes que fundamentaban la decisión adoptada, ya que no cabe duda que en tales supuestos, y como precisa la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, por ejemplo, de 20.10.1997, subsiste la motivación de la Resolución puesto que se asume explícitamente por el otro Juzgado o Tribunal. Y en el caso de autos asumo explícita e íntegramente las argumentaciones de la  Juzgadora de instancia; considerando por ello que la valoración de la prueba llevada a cabo por la misma ha sido correcta, máxime teniendo en cuenta que:

     A. La parte recurrente viene a pretender que se niegue credibilidad tanto  a la declaración del testigo D. X como a lo manifestado por el personal contratado por él. Pues bien, ya se viene estableciendo por los Tribunales que la valoración de la prueba que efectúa el Juzgador de instancia debe prevalecer sobre la que pretende la parte, ya que el alcance del control jurisdiccional que supone la segunda instancia, en cuanto a la legalidad de la producción de pruebas, la observancia de los principios rectores de la carga de la misma y la racionalidad de los razonamientos, no puede extenderse al mayor o menor grado de credibilidad de los testigos, partes o cualquier otro elemento probatorio, porque ello es una cuestión directamente relacionada con la inmediación del Juzgador sentenciador en la primera instancia; y en tal sentido se pronuncia, por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 3ª, de 22.02.2012, recurso 164/2011, cuyo criterio comparto.

     B. No es incompatible la idea inicial de Dª. X, (pretendiendo, -con el encargo de mejora del riego que figura en los folios 46 a 56 de las actuaciones-, dejar la parcela 62 del Polígono 4 dividida en 6 sectores iguales de riego; y ello pensando en futuras particiones, como consta en el reverso del folio 47 de las actuaciones), con una ulterior y diferente división y adjudicación de bienes, (decidiendo los herederos dividir dicha parcela en 4 lotes, con las correspondientes adjudicaciones; como resulta del folio 57 de los autos).

     C. Se viene sosteniendo por los Tribunales que actuaciones como el pago del IBI o similares no significan ni acreditan la titularidad dominical; y en tal sentido se pronuncia, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Les Illes Balears, Sección 5ª, en Sentencia de 15.10.2009, recurso 320/2009, cuyo criterio comparto.

     D. La parte actora sí ha verificado una medición tanto de la integridad de la Parcela 62 como de cada una de las cuatro fincas en que la misma quedó dividida; y así se constata con el informe pericial aportado por la parte demandante, (en concreto, véanse los folios 73 y 74 de las actuaciones). Pero es más, la medición referida por la parte apelante incluso sería irrelevante, pues la Sala 1ª del Tribunal Supremo ya estableció, por ejemplo en Sentencia de 16.10.1998, recurso 1659/1994, (doctrina que se sigue observando por las Audiencias Provinciales; por ejemplo, Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección 3ª, de 06.03.2009, recurso 65/2007, cuyo criterio también comparto), que la mayor o menor cabida de un inmueble no empece la identidad por ser la medida superficial un dato secundario para la identificación. Y partiendo de lo anterior, resulta que lo determinante no es la específica cabida de la finca, (como parece venir a sostener la parte recurrente), pues lo realmente determinante es que se pruebe cumplidamente que el espacio de terreno que se reivindica se halla ínsito en la finca, (ya la Sentencia de esta Audiencia Provincial de Cuenca de 09.06.2010, recurso 44/2010, establece que "…esta Sala ha tenido ocasión de reiterar que en el marco de las acciones reivindicatorias, especialmente cuando las mismas se emprenden entre colindantes, es llano que el título de dominio de la finca propiedad de los actores, no se alcanza para acreditar la propiedad sobre cualquier espacio de terreno, siendo preciso probar cumplidamente en estos supuestos que éste se halla ínsito en aquél…"; agregando la Sentencia de esta misma Sala de Cuenca de 20.02.2009, recurso 107/2008, que lo que debe acreditarse es "…que las superficies reivindicadas pertenezcan a la actora, esto es, que se encuentren integradas en el título de dominio del actor…"), y con el informe pericial de la parte demandante sí se acredita que la porción de terreno reivindicada se encuentra integrada en el título de la parte actora. Y debe tenerse presente que al haberse tomado en consideración dicho informe pericial, (de la parte demandante), sí se cumple con los parámetros jurisprudenciales referentes a la interpretación y aplicación de la prueba pericial, ya que la ponderación de los dictámenes periciales es competencia de los Juzgadores de instancia, sin que pueda ser alterada salvo que su conclusión haya sido absurda, arbitraria o alejada de las normas que rigen el razonamiento humano; y considero que ninguna de dichas circunstancias se dan en el caso que nos ocupa, (y ello a la vista de la concreta y contundente argumentación expuesta por la Juzgadora a quo al respecto en la Sentencia),

     Tercero.- El segundo de los motivos de recurso también debe rechazarse; y ello por todo lo siguiente:

     -con el informe pericial aportado por la parte demandante, (que es el que ha tomado en consideración la Juzgadora a quo y que, por las razones expuestas en la parte final del anterior fundamento de derecho de la presente Sentencia, es el que debe prevalecer; de ahí que deban decaer todos los argumentos expuestos por la parte apelante sobre la pericial en el segundo de los motivos de recurso), se deduce sin ningún género de dudas una ocupación ilícita por parte de la demandada de un espacio de 1.530 metros pertenecientes a la actora, (véase, por ejemplo, el folio 80 de los autos);

      -ya se ha venido señalando desde hace tiempo por la Sala 1ª del Tribunal Supremo, (por ejemplo, en Sentencia de 06.07.1992, recurso 1085/1990), que la superficie de la finca cae fuera de la garantía que presta el Registro de la Propiedad; de ahí que resulten irrelevantes todos los argumentos de la parte apelante relativos a los datos físicos obrantes en el Registro de la Propiedad y a la presunción de exactitud del mismo;

      -también se ha venido indicando desde tiempo atrás por la Sala 1ª del Tribunal Supremo, (por ejemplo, en Sentencia de 12.04.1980, nº 143/1980, referencia EL DERECHO 1980/823), que para la identificación de una finca se requiere que la misma se determine por los cuatro puntos cardinales; debiendo venir éstos determinados exactamente y con toda precisión.  Pues bien, tal exacta y precisa determinación de la finca de la actora entiendo que sí concurre en el caso que nos ocupa; y ello a la vista tanto de la escritura de división y adjudicación de herencia otorgada el 12.02.2007, (folios 14 a 45 de las actuaciones; en particular, folio 27), como del documento firmado por todos los herederos y que se aportó como nº 3 junto a la demanda, (folio 57 de las actuaciones), ya que ambos documentos en realidad vienen a ser complementarios, (como se deduce del informe pericial aportado por la parte demandante), no excluyentes, (en contra de lo que parece pretender la parte apelante), y de ahí que también deban decaer los alegatos de la parte recurrente sobre la confusión de títulos o descripciones distintas de las fincas.

      Cuarto.- El tercero de los motivos de recurso debe igualmente rechazarse; y ello por lo siguiente:

      1. Con la entrada en vigor de la actual L.E.Civil, el principio general en  materia de imposición de costas en nuestro proceso civil sigue siendo el objetivo del vencimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley actual, precepto, no obstante, que, al igual que el derogado artículo 523.1 de la L.E.Civil de 1.881, introduce un criterio de flexibilidad o atenuación del rigor en la aplicación de dicho principio, y da cierto margen al arbitrio judicial para justificar la no imposición de costas, haciendo la salvedad de que el Tribunal aprecie y razone que el caso presenta serias dudas de hecho o de derecho. Esta desviación del principio general del vencimiento debe aplicarse con el mismo carácter excepcional que contemplaba el citado artículo 523.1 de la L.E.Civil de 1.881, pero con un ámbito menos genérico y más restringido para el arbitrio judicial, dado que ya no sirve apreciar cualquier circunstancia excepcional y la Ley impone la necesidad de considerar la existencia de dudas serias y objetivas sobre la solución del litigio.

    2. Pues bien:

    -en la vertiente jurídica el carácter dudoso vendrá determinado por los problemas jurídicos motivados por los constantes cambios legislativos, o por los cambios de líneas de interpretación y de criterios jurisprudenciales, que dificultan el encaje entre hechos y derecho; y ello no ha ocurrido en el caso que analizamos, ya que en realidad la discusión se ha centrado en un análisis ordinario de acciones de dominio;

    -en la vertiente fáctica el carácter dudoso vendrá determinado por las dificultades probatorias sobre la existencia y manera de ser de los hechos constitutivos de la pretensión; y en el supuesto que nos ocupa ciertamente  ha bastado el examen y contraste global de la prueba, como viene a ser exigible en base al art. 218.2 de la L.E.Civil, para dar al traste con los intereses de la parte demandada, y en eso no ha habido ningún esfuerzo considerable, (ya que es actuación ordinaria de los Órganos Judiciales).

    En consecuencia, y en base a todo lo razonado, debe desestimarse  íntegramente el recurso de apelación formulado.

     Quinto.- Al desestimarse en su integridad el recurso, y al amparo de los artículos 398.1 y 394 de la L.E.Civil, procederá imponer las costas causadas en esta alzada a la parte recurrente.

     Al desestimarse el recurso, y en atención a lo dispuesto en la Disposición Adicional 15ª de la L.O.P.J., se declarará la pérdida del depósito de 50 € que la parte recurrente verificó para la apelación.

     Vistos los preceptos legales invocados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

     Que desestimo en su integridad el recurso de apelación interpuesto por Dª. X, representada en la primera instancia por la Procuradora de los Tribunales Dª. Beatriz Cepeda Risueño y ostentando su representación en esta alzada el Procurador de los Tribunales D. Enrique Rodrigo Carlavilla, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de San Clemente en fecha 25 de Julio de dos mil doce, (subsanada por Auto de 02.01.2013), en el Juicio Verbal nº 31/2012, del que dimana el Rollo de Apelación nº 45/2013, y, en consecuencia, CONFIRMO ÍNTEGRAMENTE LA RESOLUCION RECURRIDA; imponiendo a la parte apelante las costas procesales devengadas en la presente alzada.

     Se declara la pérdida del depósito de 50 € que la parte recurrente verificó para apelar; al cual se le dará el destino legal.

     Notifíquese esta Sentencia a las partes; haciéndoles saber que es firme y que frente a ella no cabe recurso, sin perjuicio de que si cualquiera de las partes pudiera entender que existe interés casacional pudiese plantear recurso de casación, por razón de interés casacional, que se presentaría, en el plazo de 20 días contados desde el siguiente al de la notificación de la presente Resolución, ante esta Audiencia Provincial; debiendo procederse, con arreglo a la Disp. Adic. 15ª de la L.O.P.J., a la consignación del correspondiente depósito.

     Así por esta mi Sentencia,  lo pronuncio, mando y firmo.

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