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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en apelación. Juicio Verbal Desahucio como juicio plenario. Precario.

Sentencia en apelación. Juicio Verbal Desahucio como juicio plenario. Precario.

S E N T E N C I A  NUM. 72/13

En la ciudad de Cuenca, a doce de marzo de dos mil trece.

         Vistos en trámite de recurso de apelación los autos de Juicio de Desahucio núm. 182/2010, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Tarancón y su partido, promovidos a instancia de DOÑA x, representada por el Procurador Sr. Díaz Regañón Fuentes y asistida por el Letrado Sr. Benito Martínez, contra D. x, representado por el Procurador Sr. González Sánchez y asistido de la Letrada Sra. Rey Álvaro, sobre desahucio por precario.; Por Don Ricardo Díaz-Regañón Fuentes, Procurador de los Tribunales y de DOÑA x, presentó Recurso de Apelación contra la Sentencia dictada en la Instancia, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil diez; habiendo sido ponente el Iltmo. Sr. Don Ramón Ruiz Jiménez.

ANTECEDENTES DE HECHO

         PRIMERO.- En los autos indicados al margen se dictó Sentencia de fecha diecinueve de noviembre de dos mil diez, en cuya parte dispositiva se establecía literalmente:

              "DESESTIMAR la demanda de desahucio interpuesta por el Procurador Sr. Díaz-Regañón Fuentes, en representación de Dª x contra D. JOSE LUIS LOPEZ LOPEZ, representado por el Procurador Sr. González Sánchez, absolviendo al mismo de la acción de desahucio por precario contra él ejercitada, sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas."

         SEGUNDO.- Don Ricardo Díaz-Regañón Fuentes, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de DOÑA x, Preparó Recurso de Apelación contra la Sentencia dictada en la Instancia, el cual se unió a las actuaciones, emplazando a dicha parte por veinte días para la Formalización del mismo.

            Con fecha 14 de septiembre de 2011, Don Ricardo Díaz-Regañón Fuentes,   Procurador de los Tribunales y de DOÑA x, presentó escrito de Interposición del Recurso de Apelación contra la Sentencia de la Instancia, teniéndose por interpuesto mediante Providencia de fecha doce de diciembre de dos mil once, y dando traslado del mismo a las demás partes personadas, por plazo de diez días, para, en su caso, presentación de escrito de Oposición al Recurso y/o Impugnación de la Resolución recurrida.

          TERCERO.- Con fecha nueve de octubre de dos mil doce, se dicta Diligencia de Ordenación por la que se remiten los autos a la Audiencia Provincial de Cuenca al haber transcurrido el plazo concedido para la presentación de escrito de Oposición al Recurso y/o Impugnación de la Resolución recurrida. Se emplaza a las partes para su personación ante dicho Tribunal por término de 30 días, mediante Diligencia de Ordenación de fecha veintitrés de octubre de dos mil doce.

          CUARTO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, con fecha  treinta de octubre de dos mil doce, se procedió a formar el correspondiente rollo de apelación, asignándosele el número 419/12.

          Por Auto de este Tribunal de fecha 14 de noviembre de dos mil doce, se Inadmite la prueba documental propuesta por la parte recurrente  en su escrito de Apelación.

            Por Diligencia de Ordenación de fecha cuatro de marzo de dos mil trece, se turna ponencia al Iltmo. Sr. D. RAMON RUIZ JIMENEZ y se fija para su Deliberación, Votación y Fallo el día doce de marzo de dos mil trece.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

            No se comparten los que contiene la sentencia recurrida, que se sustituyen por los que siguen.

            PRIMERO.- La demandante, doña x, plantea una demanda por precario contra quien fue su esposo, don  x, quien sigue ocupando la plaza de garaje de vivienda de propiedad exclusiva de aquella, sin título y sin pagar merced. Se trata de vivienda unipersonal y plaza de garaje anexa atribuida además a la esposa en procedimiento de divorcio. Frente a la sentencia desestimatoria de la demanda se alza la inicial demandante.

            SEGUNDO.- Una de las novedades que ha aportado la normativa procesal actual, es la supresión de la cuestión compleja, como alegación que, de prosperar, comportaba la desestimación de la demanda en los procesos de esta naturaleza, y ello porque, contrariamente a la situación existente antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, el juicio de desahucio por precario, o lo que es lo mismo, el proceso verbal a que se refiere el artículo 250.1, 2º de referida Norma, no es un juicio sumario, sino un proceso plenario que finaliza por sentencia con efectos de cosa juzgada. Por tanto, en el presente proceso no cabe la alegación de cuestión compleja, ya que en el mismo se pueden y deben ventilarse todas las cuestiones referentes a la posesión, tal y como se señala en la Exposición de Motivos de la Ley Procesal (Ordinal XII), que al justificar la no inclusión de este proceso en el artículo 447, esto es dentro de aquellos en los que la sentencia dictada carece de los efectos de cosa juzgada, justifica tal exclusión al decir que: "La experiencia de ineficacia, inseguridad jurídica y vicisitudes procesales excesivas aconseja, en cambio, no configurar como sumarios los procesos en que se aduzca, como fundamento de la pretensión de desahucio, una situación de precariedad: parece muy preferible que el proceso se desenvuelva con apertura a plenas alegaciones y prueba y finalice con plena efectividad".

            Quiebra por ello la sentencia cuando parte y reitera la consideración de proceso sumario y cita jurisprudencia anterior a la nueve legislación procesal.

            En la actual regulación del proceso por precario, cabe tratar todas las cuestiones relativas a la posesión que se detenta y resolverlas en sentencia.

            Como dice la SAP Madrid 26-12-2012, "El precario es una institución con escasa regulación legal, ya que solo se encuentran referentes normativos de la misma en el artículo 1.563. 3º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 (actualmente, en el artículo 250. 2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil), en el artículo 1.750 del Código Civil  e, indirectamente, en el artículo 41 de la Ley Hipotecaria; su desarrollo se ha producido, primordialmente, a través de los pronunciamiento judiciales que el planteamiento de cuestiones referentes a esta institución ha ido generando. Así la STS. de 30 de octubre de 1.986 dice: tiene declarado esta Sala, en sentencia de 13 de febrero de 1958, que conforme a repetida jurisprudencia, el concepto de precarista a que alude el número 3.º del artículo 1565 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no se refiere a la graciosa concesión a su ruego del uso de una cosa mientras lo permite el dueño concedente, en el sentido que a la institución de precario le atribuyó el Digesto, sino que se extiende a cuantos sin pagar merced utilizan la posesión de un inmueble sin título para ello, o cuando sea ineficaz el invocado para enervar el dominical que ostente el actor, y como ha declarado la sentencia de 28 de junio de 1926, tomando el precario en el apropiado y amplio sentido que le ha dado la jurisprudencia, es aplicable al disfrute o simple tenencia de una cosa sin título y sin pagar merced, por voluntad de su poseedor, o sin ella, pues si bien es cierto que la oposición del propietario pone término, naturalmente, a su tolerancia, la resistencia contraria del tenedor u ocupante no puede mejorar su posición ni enervar la acción del dueño para hacer efectiva su voluntad de rescatar la cosa, pues, según lo también declarado por la jurisprudencia, ésta ha ido paulatinamente ampliando el concepto del precario hasta comprender no solamente los supuestos en que se detenta una cosa con la tolerancia o por cuenta de su dueño, sino también todos aquellos en que la tenencia del demandado no se apoya en ningún título y presenta caracteres de abusiva; así como que como síntesis de la doctrina jurisprudencial elaborada en torno al concepto de precario, merece ese calificativo, para todos los efectos civiles "una situación de hecho que implica la utilización gratuita de un bien ajeno, cuya posesión jurídica no nos corresponde, aunque nos hallemos en la tenencia del mismo y por tanto la falta de título que justifique el goce de la posesión, ya porque no se haya tenido nunca, ya porque habiéndola tenido se pierda o también porque nos otorgue una situación de preferencia, respecto a un poseedor de peor derecho"; el hecho de pagar merced que excluya la condición de precarista no está constituido por la mera entrega de una cantidad de dinero, sino que ha de ser esa entrega por cuenta propia y a título de merced o de alquiler por el arrendamiento constituido o presunto a nombre del que paga "siendo acatada la entrega", en tal concepto, sin que equivalga a la renta los gastos o pagos que sobre el ocupante de los bienes pesen en su propia utilidad como los de luz, gas, calefacción y conservación ( Sentencia de 10 de enero de 1984).

             A la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil quedó derogado y sin contenido el número  3º del artículo 1.565 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881  y subsistente el artículo 1.750 del Código Civil  . La derogación del número 3º del artículo 1.565 de la vieja ley procesal deja vacía de contenido la doctrina jurisprudencial basada en el mismo (aunque en algunas de las sentencias integradoras de esta doctrina no se citara el precepto legal que le sirve de fundamento). Y en el número 2º del apartado 1 del artículo 250 de la nueva ley rituaria se dice que: "Se decidirán en juicio verbal las demandas que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca". La dicción legal en la nueva y en la vieja ley procesal es distinta, pues mientras, en la nueva, sólo se permite la recuperación de la posesión, por este cauce procedimental, respecto de "fincas cedidas en precario", en la vieja ley se permitía la recuperación de la posesión, por el juicio de desahucio, respecto de "fincas disfrutadas o tenidas en precario sin pagar merced". De tal manera que, en la nueva ley rituaria, desaparece el concepto amplio de precario (posesión concedida, tolerada y sin título por ausencia originaria o sobrevenida) acogiéndose el concepto estricto o restringido del artículo 1.750 del Código Civil (posesión concedida). Así se desprende de la comparación entre lo que se decía en el número 3º del artículo 1.565 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881  y lo que ahora se dice en el número 2º del apartado 1 del artículo 250 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, siempre que tengamos en cuenta, para hacer la comparación, los dos conceptos de precario existentes, el estricto o restringido y el amplio.

            La jurisprudencia – SS TS 26-12-2005,13 y 14-11-2008 ha sentado como doctrina general la siguiente: "La situación de quien ocupa una vivienda cedida sin contraprestación y sin fijación de plazo por su titular para ser utilizada por el cesionario y su familia como domicilio conyugal o familiar es la propia de un precarista, una vez rota la convivencia, con independencia de que le hubiera sido atribuido el derecho de uso y disfrute de la vivienda, como vivienda familiar, por resolución judicial".

            En contra de lo que se afirma en la sentencia, no se cuestiona la propiedad privativa de la vivienda y garaje por la demandante, ni el hecho de la ocupación, sin uso efectivo por el demandado sin título alguno, sin pagar renta y solo amparado en el hecho de haber sido esposo de aquella, de modo que ciertamente se impone acoger el recurso y estimar la demanda. La amplísima prueba documental, pone de relieve que se basa la oposición del demandado en meras conjeturas, no aporta prueba alguna frente a la de la actora respecto a la titularidad del inmueble, que por otra parte no le niega el demandado.

            TERCERO.- La estimación del recurso y con ello de la demanda, comporta la condena al demandado en las costas de la primera instancia sin que proceda condena en las devengadas en la alzada ( arts. 398  y 394 LEC).

Por lo expuesto,

FALLAMOS

ESTIMAR EL RECURSO INTERPUESTO POR CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR DOÑA x, EN  EL PROCEDIMIENTO DE DESAHUCIO NUM. 182/2010,  SEGUIDO CONTRA  DON x Y REVOCANDO LA MISMA, ESTIMAR LA DEMANDA, CONDENANDO AL DEMANDADO AL DESALOJO DE LA PLAZA DE GARAJE Y CON CONDENA EN COSTAS AL MISMO. NO SE HACE CONDENA EN LAS COSTAS DE ESTA ALZADA.

Contra esta Resolución no cabe Recurso alguno.

         Se acuerda la devolución a la parte recurrente del depósito de 50 € que ella verificó para apelar.

Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

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