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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en apelación. Comunidad de bienes, allanamiento y rebeldía procesal; prueba de los hechos

Sentencia en apelación. Comunidad de bienes, allanamiento y rebeldía procesal; prueba de los hechos

S E N T E N C I A  NUM. 319/12

 

         En la ciudad de Cuenca, a  30 de Octubre de dos mil doce.

Vistos en trámite de recurso de apelación los autos de Juicio Verbal  num. 60/2012, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 2 de  Cuenca y su partido, promovidos a instancia DON  x, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña  María José Martínez Herraiz y asistido por la Letrada  Dª Milagros Soler Palasi, contra x C.B,  en rebeldía procesal ; en virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada en primera instancia de fecha a quince de junio de dos mil doce; habiendo sido ponente el Ilmo. Sr.  Don Ramón Ruiz Jiménez.

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- En los autos indicados al margen se dictó sentencia de fecha a quince de junio dos mil doce, en cuya parte dispositiva se establecía, literalmente: "Que debo desestimar como desestimo íntegramente la demanda presentada por  D. x, representado por la Procuradora Dª Mª José Martínez Herraiz, frente a Dª x y x (x CB) con imposición de las costas ocasionadas a la parte actora.".

         SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso por Doña María José Martínez Herraiz , procuradora de los Tribunales en nombre y representación de Don x, recurso de apelación en tiempo y forma, recurso que fue admitido a medio de Diligencia de Ordenación  de fecha  veintiséis de Julio de dos mil doce, dándose traslado a la parte contraria para que pudiera presentar escrito de oposición al recurso o impugnar la sentencia en aquellos extremos que pudieran resultarles desfavorables.

         TERCERO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, con fecha a cinco de octubre de dos mil doce, se procedió a formar el correspondiente rollo de apelación, asignándosele el número 384/2012, turnándose ponencia y señalándose para que tuviera lugar la correspondiente deliberación, votación y fallo el  día veintitrés de octubre de dos mil doce.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

No se aceptan los de la sentencia recurrida en lo que se opongan a las que siguen.

         PRIMERO.- La sentencia que se recurre, desestima la demanda que se presentaba, desestimaba la demanda que se promueve frente a x  y x. Recordemos que la demanda se presentó frente  a la comunidad de bienes x CB, integrada por las dos nombradas anteriormente. Se justificaba la pretensión en la existencia de un contrato de subarriendo entre don x y las demandadas, celebrado el 1 de enero de 2010 sobre local de negocio, y pactándose una renta de 1000 euros mensuales. Se reclamaban 10.977,45 euros por los meses impagados y suministros de luz y gas, congelador y comunidad. Se aportaba contrato de subarriendo suscritos como subarrendatario por x C.B. con domicilio fiscal en x- el local subarrendado- y número de identificación fiscal  CIF x. La sentencia, de 15 de junio de 2012, dictada en rebeldía de las demandadas, desestima la demanda por falta de prueba. Se alza contra la sentencia el inicial demandante.

         SEGUNDO.- Discrepa el recurrente con la valoración de la prueba que se hace en la sentencia. Así pone de relieve la existencia de un contrato  de subarriendo en el que aparecen como subarrendataria la C.B. x C.B, firmando dos personas con ese carácter, asimismo la remisión de una carta con acuse de recibo, en la que se les reclama la misma suma objeto de la demanda, siendo firmado el acuse de recibo por una de las integrantes de la comunidad, y finalmente las demandadas fueron citadas al acto del juicio, no compareciendo, solicitando la actora se les tuviera por confesas.

    Es cierto, que pese a hallarnos en el recurso de apelación ante un recurso de cognición plena respecto a todos los elementos probatorios de la instancia y la valoración probatoria en la alzada de los mismos, es doctrina jurisprudencial que el proceso valorativo de las pruebas es incumbencia de Jueces y Tribunales sentenciadores y no de las partes litigantes, a las que queda vedada toda pretensión de sustituir el criterio objetivo del órgano enjuiciador por el suyo propio, dado que la prevalencia de la valoración realizada por éste obedece a la mayor objetividad que la de las partes, pues sus particulares y enfrentados intereses determina la subjetividad y parcialidad de sus planteamientos ( T.S sentencias de 1 marzo de 1994 (3) y 20 julio de 1995 (4) ).

    Ello obligará a señalar que no hay precepto que exija una constatación pormenorizada o examen de cada una de las pruebas y el Tribunal de segunda instancia tiene el conocimiento pleno de la cuestión, pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el juez a quo de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de la experiencia o a las normas de la sana crítica o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso.

 

         Conforme a lo establecido en el artículo 496.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo en los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario (AP Cuenca 1-7-2008). En la misma línea, la de la Audiencia de Madrid, sección 25ª de 10-7-2012, reitera, que efectivamente, la situación procesal de rebeldía del demandado, como precisa el artículo 496.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 -recogiendo reiterada y consolidada doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, Sentencias de 27 de noviembre de 1897, 4 de mayo de 1909, 23 de mayo de 1914, 26 de junio de 1946, 25 de junio de 1960, 17 de enero de 1964, 16 de junio de 1978 EDJ1978/208 o 29 de marzo de 1980, entre otras-, no implica allanamiento, ni reconocimiento o confesión de los hechos constitutivos de la pretensión objeto del proceso, ni libera al demandante de probar aquellos hechos constitutivos, conforme a las reglas que sobre la carga de la prueba derivan de lo establecido por el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

         La sentencia de la Sección 11ª de esta Audiencia Provincial, de 30 de septiembre de 2009, recuerda las consecuencias de la permanencia del apelante en rebeldía durante la sustanciación del litigio en primera instancia: "Desde el punto de vista probatorio, no supone una admisión de los hechos de la demanda, ni exime a la parte demandante de la carga de acreditar aquellos en los que se funde su pretensión, conforme a las reglas distributivas de la carga de la prueba, del mismo modo que tampoco queda el tribunal sentenciador exonerado de examinar y valorar el material probatorio para formar su convicción acerca de tales hechos". En tal sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2.004 indica que "la situación procesal de la rebeldía del demandado, no supone allanamiento, ni siquiera admisión de hechos y no presenta otro alcance que el meramente preclusivo y el de la forma de las notificaciones -artículos 281 a 283- y la posibilidad brindada al actor de solicitar la medida cautelar. Ya el Tribunal Supremo, desde las añejas sentencias de 25 de junio de 1960, 17 de enero de 1964, 16 de junio de 1978, tiene declarado que no implica allanamiento, ni libera al demandante de probar los hechos constitutivos de su pretensión, recogiendo la sentencia de 27 de noviembre de 1897 que subsiste en la actora el "onus probandi", no significando el silencio del rebelde confesión de los hechos de la demanda - sentencia de 4 de mayo de 1909 -". Doctrina jurisprudencial que ha sido ha sido recogida de forma positiva en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, estableciéndose en el artículo 496.2 que "la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario.".

         Ciertamente, la situación de rebeldía tampoco puede colocar al demandante en situación de especial dificultad, obligado a una especie de diabólica prueba, como el que se sugiere en la sentencia, así el no pago de la renta, o el contrato mismo, cuando la documentación avala su existencia como la de los gastos que se reclaman.

         La prueba que se presenta es bastante, y si bien el contrato aparece a nombre de la comunidad de bienes, se identifican a las dos integrantes, que aparecen asimismo como demandadas, y se les cita con tal carácter y firman la notificación en su caso. Ciertamente la ausencia de personalidad de la comunidad, se suple al ser llamadas todas – las dos- integrantes de la misma. El recurso por ello ha de prosperar.

         TERCERO.- La estimación del recurso comporta la condena a la demandada  en las costas  de la primera instancia sin que proc3eda condena en las de esta alzada ( arts. 398 y 394 LEC).

FALLAMOS

ESTIMAR EL RECURSO INTERPUESTO POR DON x, CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. 2 DE CUENCA, EN EL  PROCEDIMIENTO JUICIO VERBAL NUM. 60/2012, SEGUIDO CONTRA  x C.B. Y REVOCANDO LA MISMA, ESTIMAR LA DEMANDA, CONDENANDO A LAS DEMANDADAS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD DE BIENES x C.B., AL PAGO DE LA SUMA DE 10.977,45 EUROS Y COSTAS DE LA PRIMERA INSTANCIA. NO SE HACE CONDENA EN LAS COSTAS DEL RECURSO.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

     Se acuerda la devolución a la parte recurrente del depósito de 50 € que ella verificó para apelar.                           

            Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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