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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en apelación. Nulidad de contrato de gestión de riesgos financieros

Sentencia en apelación. Nulidad de contrato de gestión de riesgos financieros

SENTENCIA  num. 49/2013  

Iltmos. Sres.: 

Presidente:

   Sr. Martínez Mediavilla

Magistrados:

   Sr. Solís García del Pozo

   Sr. Casado Delgado (Ponente)

   En Cuenca, a siete de febrero de dos mil trece.

   Vistos en trámite de recurso de apelación los autos de Juicio Ordinario número 314/2011, procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de los de Cuenca y su Partido, promovidos a instancia de x, S.L, representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Córdoba Blanco y asistida por el Letrado Sr. Ayerza Martínez, contra BANCO x, S.A, representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Torrecilla López y asistida por el Letrado Sr. Cerrillo Martínez, sobre acción de nulidad contractual; en  virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandada contra la sentencia dictada en primera instancia de fecha treinta de abril de dos mil doce, habiendo sido Ponente el Ilmo. Sr. Don Ernesto Casado Delgado, quién expresa el parecer del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

   Primero.- En los autos indicados al margen se dictó sentencia de fecha treinta de abril de dos mil doce por el Juzgado de Primera Instancia número uno de los de Cuenca y su Partido, en cuyo Fallo se establece: "Estimando la demanda formulada por el Procurador D. Jesús Córdoba Blanco, en  nombre y representación de x, S.L, se declara la nulidad del contrato aportado al nº 2 de los documentos que se acompañan a esta demanda, debiendo volver las partes a la situación en la que se encontraban con anterioridad a la firma de los mismos con devolución por la demandada al actor de la cantidad de 27.545,85 con sus intereses correspondientes a las cantidades pagadas a mi mandante a consecuencia de las liquidaciones practicadas así como las que, en su caso, se sigan devengando con posterioridad a la presentación de la demanda y que se fijaran en el momento de la ejecución de la sentencia de las cantidades que resulten de restar de las abonadas a mis mandantes por la demandada las cantidades cobradas por ésta hasta la fecha de esta sentencia. Se imponen las costas a la parte demandada Banco x".

   Segundo.-  Contra la anterior sentencia se interpuso por la representación procesal de BANCO x, S.A, la parte demandada recurso de apelación por medio de escrito en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando de la Sala "… se dicte en su día resolución por la que, con estimación del presente recurso, se revoque la sentencia de instancia y se desestime la demanda formulada contra mi representada".

   Tercero.- Admitido a trámite el recurso de apelación y conferido traslado a la contraparte, por la representación procesal de x, S.L se dedujo oposición al recurso y se interesó la confirmación de la resolución recurrida.

   Cuarto.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el correspondiente rollo, asignándosele el número del margen, turnándose Ponencia que recayó en el Magistrado Ilmo. Sr. Don Ernesto Casado Delgado, se señaló el día dieciocho de diciembre de dos mil doce  para la deliberación, votación y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

   Primero.- Se alza la representación procesal de la parte demandada contra la sentencia de instancia alegando los siguientes motivos de discrepancia:

a) Existe vulneración del principio de justicia rogada dado que el Juzgador estima la demanda en base a motivos distintos de los esgrimidos por la parte actora, esto es, se declara la nulidad del contrato de gestión de riesgos financieros por considerar abusivas sus condiciones particulares al amparo del art. 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, pr el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, cuando la parte actora ha postulado la nulidad del contrato sobre la base exclusiva de la existencia de un error que había viciado su consentimiento, sin que la actora haya podido defenderse.

   b) Como se afirma en la sentencia no puede hablarse de error invalidante del consentimiento cuando la parte actora tuvo tiempo suficiente para informarse del contenido del contrato y, además, ha resultado acreditado que el legal representante de la actora suscribió voluntariamente el contrato, sus términos son claros y precisos, la actora contó con el asesoramiento previo de su gestor financiero (S.F.C x, S.L), la demandada cumplió en todo momento ,en su forma de proceder, las formalidades legales al someter al demandante al Test de Conveniencia exigido por la legislación vigente en materia de Mercados de Instrumentos Financieros (MIFID) resultando ser "no apto" y a pesar de ello el actor decidió concertar el contrato.

   No obstante lo anterior, la recurrente argumenta que el contrato no produce desequilibrio entre las obligaciones y derechos de las partes, dado que en el propio contrato se establece claramente que las liquidaciones trimestrales podrán ser a favor o en contra, cláusula comprensible para cualquier persona con capacidad jurídica y de obrar, solicitando se estime el recurso y se revoque la sentencia de instancia absolviendo a la demandada de las pretensiones deducidas en su contra en la presente litis.

  Segundo.- La parte apelada, demandante en la instancia, se opone al recurso deducido de contrario interesando que, dado que no puede impugnar la sentencia por serle favorable a sus intereses, que el Tribunal analice la causa de pedir invocada en la demanda, esto es, la nulidad del contrato por vicio en el consentimiento.

   Tercero.- Debe ponerse de manifiesto, que según reiterado criterio jurisprudencial, que la valoración probatoria es facultad de los Tribunales sustraída a los litigantes, que sí pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza, pero en forma alguna tratar de imponerla a los juzgadores, pues no puede sustituirse la valoración que el juzgador de instancia hizo de toda la prueba practicada por la valoración que realiza la parte recurrente, función que corresponde única y exclusivamente al Juzgador "a quo" y no a las partes, habiendo entendido igualmente la jurisprudencia, que el Juzgador que recibe la prueba puede valorarla de forma libre, aunque nunca de manera arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal de segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión, pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez "a quo" de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencia o a las normas de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso (STS de 26-I-1998 y 15-2-1999).En definitiva la segunda instancia ha de limitarse, cuando de valoraciones probatorias se trata, a revisar la actividad del juzgador a quo, en el sentido de comprobar que esta aparezca suficientemente expresada en la resolución recurrida y no resulte arbitraria, injustificada o injustificable.

   Cuarto.- En el supuesto que se somete a la consideración de este Tribunal y en relación al primero de los motivos articulados en el cuerpo del recurso, esto es, infracción del principio de justicia rogada y del principio de disposición de las partes, debemos traer a colación la doctrina del Tribunal Constitucional conforme a la que, en una reiterada y consolidada doctrina, afirma que el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonable, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes durante la sustanciación del proceso (STC 218/2004, de 29 de noviembre, por todas). La congruencia viene referida desde un punto de vista procesal al deber de decidir por parte de los órganos judiciales resolviendo los litigios que a su consideración se sometan, a su potestas en definitiva, exigiendo que el órgano judicial ofrezca respuesta a las distintas pretensiones formuladas por las partes a lo largo del proceso, a todas ellas, pero sólo a ellas, evitando que se produzca un "desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido" (SSTC 124/2000, de 16 de mayo; 114/2003, de 16 de junio; ó 174/2004, de 18 de octubre; entre muchas otras).

   Pues bien, el examen de las actuaciones revela incongruencia en la sentencia dado que las partes fijaron definitivamente los términos del debate en la existencia o no de un error (vicio del consentimiento como causa de nulidad del contrato suscrito, no así sobre si las concretas cláusulas del contrato pudieran ser declaradas nulas por ser abusivas, razones que impiden que se analice y se resuelva la pretensión en base a circunstancias fácticas y jurídicas distintas de las expresamente acotadas y perfiladas por las partes. Ello no obstante, como ninguna de las partes ha interesado la declaración de nulidad de la sentencia este Tribunal va a resolver la cuestión controvertida en los términos fijados por las partes.

   Así las cosas, debemos ya manifestar que el recurso de apelación no merece acogimiento por cuánto, efectuado el juicio revisorio sobre la prueba practicada en la litis con plenitud de conocimiento, este Tribunal considera que la entidad actora no prestó un consentimiento válido y eficaz al contrato suscrito debiendo reputarse el mismo nulo de pleno derecho. Así, la declaración del legal representante de la entidad actora es clara y terminante en el sentido de que se le ofreció un producto para cubrir la subida de los tipos de interés que, a fecha de septiembre de 2008, era inusualmente alto y sin visos de bajada y lo declaró, abierta y francamente, haciendo especial hincapié en que pagaba un hipoteca elevada y quería seguir pagando la misma renta mensual (4.500 a 5.000 euros) y se le informó, por que esto era lo que le interesaba, que con este producto iba a pagar la misma cuota  sin bajadas ni subidas, siendo significativas sus expresiones cuando afirmó que pregunto ¿cuánto me va a costar? y la respuesta que obtuvo "T, coste cero". A ello podrá alegarse que se la realizó el test de conveniencia y que resultó "no apto", pero a ello debemos objetar que toda la documentación, realización de test, informe de no aptitud y firma del contrato, se realizó prácticamente en unidad de acto y en el propio local de la entidad actora. Si a lo anterior se añade que el gestor financiero (S.F.C x, S.L), en concreto su legal representante, manifestó claramente que no asesoró al cliente sobre este producto, que solo le informó sobre sus características, que se le informó por empleados de la actora de sus características no como asesor de la entidad actora sino como entidad que se dedica profesionalmente al asesoramiento, fácil es comprender que no puede estimarse acreditado, en modo alguno, que el legal representante de la actora tuviera un perfecto y cabal conocimiento de un producto financiero complejo como el que es objeto de análisis. Y decimos que es complejo por cuánto, si bien es cierto que se plasma en el miso que los resultados de las liquidaciones pueden ser a favor o en contra del banco o del cliente, respectivamente, ello no es así aparentemente cuando para efectuar los cálculos se hace referencia a "precio de mercado", pero ¿de qué mercado? sin que, por otro lado, se hayan aportado a los autos simulación alguna realizada con el cliente para comprender el verdadero alcance de una subida y/o bajada brusca del interés variable que pudiera permitir (al cliente) tomar conocimiento exacto de los riesgos que asumía, y ello a pesar de que el testito que depuso a instancia de la actora manifestó que si se habían realizado las mismas, siendo que dicha afirmación en aplicación del principio de facilidad probatoria  –ex art. 217 LEC- que la tenía y tiene la demandada, pueda tenerse por acreditada.

   A modo de conclusión, se ha acreditado que la actora, a través de su legal representante T., no era conocedora de las características del producto financiero contratado siendo su error inexcusable lo que determina – ex arts. 1261 y concordantes del Código Civil- la nulidad del contrato con las consecuencias legales inherentes que son las preconizadas en la sentencia de instancia.

   En este mismo sentido se expresan diversas resoluciones de Tribunales, a modo de ejemplo la SAP de Barcelona (Sección 11) de 11/10/2012 (Recurso 523/2011), con cita de sentencia de la misma Sección de 30/01/2012, en la que se citan sentencias de la AP Madrid (13ª) de 14/02/2012, (14ª) de 13/09/2011, (25ª) de 20/11/2011,  y otras sentencias de la AP Toledo (1ª) de 02/11/2011 y 07/07/2012, de Burgos (3ª) de 07/02/2012.

   En atención a las anteriores consideraciones procede la confirmación de la resolución recurrida.

   Quinto.- Desestimado el recurso, se imponen a la parte recurrente las costas procesales de la presente alzada (arts. 394 y 398 LEC) y la pérdida del depósito constituido.

   Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación a los presentes autos.

FALLAMOS

   Que desestimando como desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de BANCO x, S.A, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de los de Cuenca y su Partido en su Juicio Ordinario nº 314/2011, del que dimana el presente Rollo de Apelación Civil nº 318/2012;y, en su consecuencia, declaramos que debemos CONFIRMAR COMO CONFIRMAMOS LA RESOLUCION RECURRIDA; todo ello, con la condena a la parte recurrente al pago de las costas procesales correspondientes a la presente alzada y con pérdida del depósito constituido.

   Contra la presente resolución cabe interponer recurso de casación si la parte entiende que presenta interés casacional en el plazo de veinte días ante este Tribunal a partir del siguiente al de su notificación, previa constitución del depósito exigido por la Disposición Adicional 15ª de la L.O.P.J y de la tasa legalmente prevista.

   Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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