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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en apelación. Contrato de suministro con aportación de materiales; legitimación

Sentencia en apelación. Contrato de suministro con aportación de materiales; legitimación

S E N T E N C I A  NUM.  47/13

         En la ciudad de Cuenca, a cinco de febrero de dos mil trece.

         Vistos en trámite de recurso de apelación los autos de Incidente Concursal num. 596/10-9, procedente del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cuenca y su partido, iniciado por la Procuradora Dña. Yolanda Araque Cuesta en nombre y representación de x, S.L., frente a la concursada x, S.L.,  y la Administración Concursal; en virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada en primera instancia de fecha dos de Abril de dos mil doce; habiendo sido ponente el Ilmo. Sr.  Don Ramón Ruiz Jiménez.

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- En los autos indicados al margen se dictó sentencia de fecha a dos de Abril de dos mil doce, en cuya parte dispositiva se establecía, literalmente: "A/ Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda incidental interpuesta por la Procuradora Dª Yolanda Araque Cuesta en nombre y representación de x, S.L. frente a x, S.L.,  y en consecuencia:

1.- Declaro vigente el contrato suscrito entre partes en fecha 23 de abril de 2008.

2.- Declaro la nulidad del apartado quinto de la cláusula onceava del referido contrato, en relación exclusivamente a la mención que en ella se hace a "suspensión de pagos o quiebra", manteniendo en su totalidad  e inalterable el resto del contenido de dicha cláusula.

3.- No procede efectuar pronunciamiento en relación a las costas de la  demanda principal.

B/ Que debo desestimar como desestimo la demanda  reconvencional formulada por D. JESUS CORDOBA BLANCO frente a x S.L.,  absolviendo a la misma de todo  pedimento, sin efectuar pronunciamiento en relación a las costas ocasionadas en la demanda reconvencional.

         SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso por Don Jesús Córdoba Blanco, Procurador de este Tribunal en nombre y representación de x, S.L., recurso de apelación en tiempo y forma, recurso que fue admitido a medio de  Providencia de fecha diecinueve de Octubre de dos mil doce, dándose traslado a las partes contrarias para que pudiera presentar escrito de oposición al recurso o impugnar la sentencia en aquellos extremos que pudieran resultarles desfavorables.

         Con fecha doce de Noviembre de dos mil doce,  Don Jesús Saiz Herraiz y Dª Carmen Izquierdo Pérez, designados Administradores Concúrsales en el Procedimiento de concurso necesario de la entidad "construcciones x, S.L, presentó escrito adhiriéndose  al recurso interpuesto por la concursada.

         Con fecha catorce de Septiembre de dos mil doce, Doña Yolanda Araque Cuesta, Procuradora de los Tribunales en nombre y representación de x S.L.,  presento escrito oponiéndose al recurso de apelación presentada por la concursada.

         TERCERO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, con fecha  a  veintiséis de Diciembre de dos mil doce, se procedió a formar el correspondiente rollo, asignándosele el número del margen, turnándose ponencia, sin que se estimara necesaria la celebración de vista, y señalándose para que tuviera lugar la correspondiente deliberación, votación y fallo el  día  ocho de enero de dos mil trece.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

         PRIMERO.-  La demanda que origina estas actuaciones, se presenta por la representación de x S.L. contra la administración concursal y contra la sociedad concursada construcciones x S.L. Los hechos que la justifican, parten del contrato de fecha 23 de abril de 2008 de ejecución de obra con aportación de materiales entre la concursada y quien ahora demanda para la suministro de 87 cocinas en una promoción denominada Edificio x. Cuando tenía preparadas 38 cocinas por un importe de 29.505,38 euros, manteniendo la demanda el silencio durante parte de 2009 y 2010, conociendo la situación de concurso por sus contactos con Cajamar, ya en noviembre de 2010. Solicitaba en el suplico de su demanda, se declarase la nulidad de pleno derecho de la cláusula 11ª del contrato, en aplicación del art. 61.2 de la L.C. Dar traslado a la demandada sobre la conclusión del contrato de equipamiento para 87 viviendas y en caso negativo, resolver el contrato  siendo el crédito de la demandante, de 29.505,38 euros más la indemnización por daños y perjuicios, totalizando un crédito contra la masa por 52.127,56 euros, y subsidiariamente se admite en la lista de acreedores con un crédito de 29.505.38 euros.

         La demandada x S.L.  se opuso a la demanda y formuló reconvención. Entiende en primer lugar que el crédito no puede ser reconocido, y de serlo nunca como crédito contra la masa, pues se interesó su reconocimiento  transcurrido el plazo de un mes desde la última publicación del auto de concurso (BOE 14-12-2010). Se oponía incumplimiento previo de x, pues el contrato hacia referencia a suministro de muebles de cocina y electrodomésticos y el plazo era de 1 de Julio a 20 de agosto de 2008. Improcedencia de nulidad de cláusula 11ª por previo  incumplimiento de la actora y la inexistencia de daños y perjuicios. Se hacia referencia asimismo a la extemporánea impugnación de la lista de acreedores, siendo la última publicación el extemporáneo impugnación de la lista de acreedores, siendo la última publicación el BOE de 16 de marzo de 2011. La reconvención, se basada en el incumplimiento de la demandante con carácter previo del contrato concertado, solicitando la resolución del contrato y condena en costas. Se opuso el demandado por vía reconvencional, en razón  al claro incumplimiento de la demandada inicial  que aun no ha concluido la promoción. Los administradores de la quebrada, haciendo constar la falta de conocimiento sobre la demanda reconvencional conforme al art. 54.2. LC.

         La sentencia estima en parte la demanda y desestima la reconvención y se alza contra ella x S.L.

         SEGUNDO. Se motiva en primer lugar el recurso en la inaplicación del art. 1124 CC, por incumplimiento previo a la declaración del concurso, por parte de la demandante y consiguiente falta de capacidad ad causam, para luego añadir que la sentencia confunde falta de legitimación ad causam v ad procesum.

         Es harto conocido que en nuestro Derecho existen dos tipo de legitimación: 1.- La denominada "ad procesum" o procesal que se reconoce a todo aquel que tiene las condiciones y aptitudes necesarias para poder ser parte, en abstracto, en un proceso civil, y que se equipara con la denominada capacidad para ser parte que se regula en los artículo 6 a 9 de la Ley de Enjuiciamiento civil; este tipo de legitimación o capacidad procesal es la que se configura como una auténtica excepción procesal que debe concurrir al inicio del proceso y cuya estimación impide una sentencia sobre el fondo del asunto, debiendo de ser resuelta no en la sentencia sino en un momento anterior (audiencia previa o en la vista del juicio verbal antes del recibimiento a prueba), de tal manera que en caso de ser subsanable se concedería un plazo para tal subsanación y en caso de ser  insubsanable se dictaría un auto poniendo fin al proceso en la instancia y sin entrar a conocer del fondo del asunto. 2.- La denominada legitimación "ad causam " o causal, en la que se requiere que el sujeto actúe y  comparezca en el proceso como titular de la relación jurídica cuya tutela judicial se pretende en el proceso; a ella se refiere el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al señalar que "serán considerados como partes legitimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso"; estará legitimado activamente y tendrá por ello acción para impetrar la tutela jurisdiccional en los términos del articulo 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil aquel que sea el titular de la relación jurídica concreta que se pretenda en el proceso.

         Como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de Febrero de 2004, recogiendo la de 28 de Febrero de 2002, "la legitimación "ad causam" consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito  que determina una aptitud para actuar en el mismo como parte; se trata de una cualidad de la persona que hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que se trata de ejercitar. La sentencia de 31 de marzo de 1997, a la que sigue  la de 28 de diciembre de 2001, hace especial hincapié en la relevancia de la coherencia jurídica entre la titularidad que se afirma y las consecuencias  jurídicas que se pretenden, pues la legitimación exige una adecuación en la titularidad jurídica afirmada (activo o pasivo) y el objeto jurídico pretendido".

         Y como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 2000, en relación a la situación anterior y acerca de la confesión entre la que generalmente se conoce como legitimación "ad processum" y legitimación "ad causam", "ya se considere este última como la cualidad de un determinado sujeto jurídico consistente en hallarse dentro de una situación jurídica determinada, en la posición que fundamenta, según el derecho, el reconocimiento a su favor de la  pretensión que ejercita, ya se entienda que la teoría de la legitimación es superflua porque basta la afirmación de una relación jurídica como propia por  el actor para fundar suficientemente su legitimación, ya se  identifique, en  fin la falta de legitimación "ad causam"  con la falta  de acción, lo cierto es  que tanto  la doctrina como la jurisprudencia coinciden mayoritariamente en afirmar la estrecha relación de la  llamada legitimación "ad causam" con el fondo del asunto. Y es que el examen de cualquier pretensión pasa, necesariamente por comprobar si existe o no la relación entre sujeto y objeto que pueda permitir la estimación de aquella.  De ahí que en la jurisprudencia mas reciente de esta Sala se diga que la legitimación "ad causam" es cuestión preliminar al fondo pero que puede exigir un examen del fondo (sentencia de 2 de septiembre de 1996, en recurso número 3741/92, fundándose a su vez en la de 18 de marzo de 1993), o que mientras la falta de legitimación "ad processum" equivale a la falta de capacidad procesal, la falta de legitimación "ad causam" equivale a la falta de acción (sentencia de 4 de junio de 1997 en recurso  número 1626/93 EDJ1997/4905), o que el artículo 533-2ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 EDL1881/1 solamente se refiere a la falta de legitimación "ad processum" (sentencia 17 de mayo de 1999 en recurso numero 2694/94) o, en fin, intentando precisar al máximo, que "como recoge la sentencia de esta Sala de 18 de marzo de 1993, el termino "legitimación" (en el orden procesal, se entiende) y sus aspectos conceptuales y clases son de elaboración doctrinal  y no figuran  reconocidos expresa o directamente en la Ley de Enjuiciamiento civil de aquí, imprecisiones, a veces y matices diferenciales en razón de la posición  doctrinal inspiradora. Se considera al examinar la legitimación activa que la cuestión afecta al orden publico procesal pues, como mantiene la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1992, la legitimación "especifica, en relación con el caso, el alcance efectivo del derecho general de accionar, reconocido por el artículo 24 de la Constitución y, consecuentemente, apareja, si no es aplicado rectamente, una objetiva denegación de justicia. Tal poder concreto, en los asuntos civiles, se considera insito en quien por afirmar la titularidad del derecho pretende acreditar por ello el máximo interés  en su satisfacción". Pero la legitimación no radica en la manera afirmación de  un derecho sino que, también,  depende de la coherencia jurídica entre la titulariza que se afirma y las consecuencias jurídicas que se pretenden. En suma, la legitimación  en el proceso civil se manifiesta como un  problema de consistencia jurídica, en cuanto que exige la adecuación entre la titularidad jurídica que se afirma y el objeto jurídico que se  pretende, lo que se traduce en que el tema de la legitimación comporta siempre   una "questio iuris" y no una "questio facti" que, aunque afecta a los argumentos jurídicos de fondo, puede determinarse con carácter previo a la resolución del mismo, pues únicamente obliga  a establece si, efectivamente, guardada coherencia jurídica la posición subjetiva que se invoca en relación con las peticiones que se deducen. Se puede por ello, estar legitimado y carecer del derecho que  se controvierte.

         El soporte de este motivo, lo hace la parte con cita de jurisprudencia, en lo esencial anterior a la nueva ley procesal 1/2000, y desde luego las razones que a criterio de la parte justifican esta carencia de legitimación no cabe acogerlas. Se concreta en suma en un  incumplimiento por el demandante, lo que le invalida para solicitar la resolución del contrato. Ha de explicar la parte, que justificación encuentra  para mantener un contrato que de antemano ha incumplido claramente el apelante, pero es que además, el documento que cita, la carta de 17 de Julio de 2008, no acredita desde luego el incumplimiento de la parte, solo una lectura parcial y limitada del mismo, que  esta Sala no comparte, autorizaría esa interpretación. La Lectura del documento, folio 166, relava de mas explicaciones), pues la actual apelante nada  opuso y se trataba en suma reconversaciones en relación a la ejecución del contrato que no comportaban incumplimiento alguno. El plazo de terminación de los trabajos, ha de recordarse que era  de 1 julio a 20 de agosto del 2008, y a la fecha de la carta, en la que centra la apelante el incumplimiento, 17 de julio, no habían comenzado los trabajos que había de  ejecutar x, de modo que mal podría exigirle un cumplimiento imposible en fecha que aún no había  concluido y cuando por la pasividad de la demandada era fecha que aún no había concluido y cuando pro la pasividad de la demandada era imposible en ese momento. El incumplimiento que se achaca, es meramente artificial, en la idea de provocar una resolución basada en esta causa que la recurrente sabe que no existía, ni había voluntad de incumplir, y que ella no esta dispuesta a mantener, en razón a la cris financiera que sufría. Como el motivo segundo descansa sobre la misma falsa, el incumplimiento, desde luego no existente por la demandante, la respuesta ha de ser la misma.

         La valoración de la prueba que se contiene en la sentencia, ha de mantenerse en su  integridad y con ello, el contenido de la misma.

         TERCERO.-  La desestimación del recurso comporta la condena al apelante en las costas del mismo (arts. 398 y 394 LEC). 

Por lo expuesto,

FALLAMOS

    DESESTIMAR EL RECURSO INTERPUESTO POR CONSTRUCCIONES x S.L. CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL  JUZGADO DE  INSTANCIA NUM. 2 DE CUENCA (MERCANTIL), EN EL PROCEDIMIENTO INCIDENTE CONCURSAL NUM. 596/10-9, SEGUIDO A INSTANCIAS DE  x S.L.  CONFIRMANDO LA MISMA E IMPONIENDO A LA APELANTE LAS COSTAS DEL RECURSO.

         Contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno.

         Se declara la pérdida del depósito de 50 € efectuado por la parte  recurrente para la apelación; al cual se le dará el destino legal.

         Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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