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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en apelación. Nulidad por donación y rescisión por fraude de acreedores

Sentencia en apelación. Nulidad por donación y rescisión por fraude de acreedores

SENTENCIA NUM. 50/2013  

Iltmos. Sres.: 

Presidente:

   Sr. Martínez Mediavilla  

Magistrados:

   Sr. Solís García del Pozo 

   Sr. Casado Delgado (Ponente) 

   En Cuenca, a siete de febrero de dos mil trece.

   Vistos en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial, los autos de Juicio Ordinario nº 297/2011 procedentes del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Cuenca seguidos a instancia de BANCO x, S.A, representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Porres Moral y asistida por el Letrado Sr. Sánchez Castellanos, contra D. x, Dª. x y Dª. x, representados por la Procuradora de los Tribunales Sra. Martorell Rodríguez y asistidos por el Letrado Sr. Barrera Montero, sobre acción de nulidad y alternativa acción pauliana; venidos a conocimiento de este Tribunal como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Banco x, S.A contra la sentencia dictada en la instancia de fecha nueve de abril de dos mil doce, habiendo sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. Don Ernesto Casado Delgado, quién expresa el parecer de este Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

     Primero.- Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de los de Cuenca se dictó sentencia de fecha nueve de abril de dos mil doce, cuyo Fallo es el siguiente tenor: "Desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora Dª. María Jesús Porres Moral, en nombre y representación del Banco x, S.A, debo absolver y absuelvo de las pretensiones contenidas en la misma a D. x, Dª. x y Dª. x. Se imponen las costas causadas a la parte actora".

   Segundo.- Notificada las anterior resolución a las partes, por la por la representación procesal de BANCO x, S.A se interpuso recurso de apelación contra la misma por medio de escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando de la Sala se dicte sentencia por la que "… se declare celebrada con simulación y por tanto nula la donación celebrada el 1 de abril de 2005 ante el Notario D. x, sobre la finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Cuenca, registral nº x y cualquier otra posterior transmisión de la misma y, en consecuencia, se declare la nulidad de la referida inscripción registral 3ª, ordenando su cancelación y demás pronunciamientos que procedan. Y, alternativa y subsidiariamente, decretar la revocación de dicha donación y subsiguiente inscripción, con el resto de los pronunciamientos anteriormente detallados".

   Tercero.- Admitido a trámite el recurso de apelación y conferido traslado a la contraparte, por la representación procesal de D. x, Dª. x y Dª. x se presentó escrito de oposición al recurso en el que interesó la confirmación de la sentencia de instancia.

   Cuarto.- Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial, se procedió a la formación del correspondiente rollo, asignándosele el número del margen, se designó Ponente que recayó en el Magistrado Ilmo. Sr. D. Ernesto Casado Delgado y se señaló el día cuatro de diciembre de dos mil doce para la deliberación, votación y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

   Se aceptan los razonamientos jurídicos contenidos de la resolución recurrida.

   Primero.- Por el Juzgador de Instancia se dicta sentencia por la que, considerando que son excluyentes la acción de nulidad por simulación y acción rescisoria por fraude de acreedores, y considerando que la auténtica causa de pedir deducida en la demanda rectora es la segunda, desestima la demanda rectora por cuanto de la valoración conjunta de la prueba considera acreditada que la donación tuvo lugar en el año 2005 y que el crédito de la actora quedó determinado por escrituras de 13 de octubre de 2010 que fijó el saldo debido como consecuencia de la suscripción de dos pólizas de préstamo de fecha 17 de marzo de 2010 por lo que resulta evidente que cuando se otorgó la donación no existía intención defraudatoria pues el crédito de la demandante ni estaba próximo ni era seguro por lo que no procede declarar la rescisión del contrato de donación, y, a mayor abundamiento, por cuánto la donación se inscribió en el año 2009 y el crédito nació en el año 2010.

   Segundo.- Se alza la parte recurrente contra la sentencia de instancia interesando se estime la demanda rectora y se condene a la entidad demandada en los términos del suplico de la demanda rectora que se han trascrito en el antecedente de hecho segundo de la presente resolución.

  Se alega, en esencia, que los créditos concedidos a las sociedades x, S.L y x, S.L avalados por los Srs. x Y x se remontan al año 2006 y que, como consecuencia de sus sucesivos impagos, fueron renovados sucesivamente mediante renegociaciones de deuda que culminaron con la suscripción de dos pólizas de préstamo en fecha 17 de marzo de 2010 pro importe de 95.000 euros cada una de ellas, que resultan definitivamente impagados (saldo deudor a fecha 13 de octubre de 2010). Partiendo de lo anterior la recurrente sostiene que efectuada la donación en año 2005 y no inscrita sino hasta el año 2009, concurren los requisitos de la acción rescisoria por fraude de acreedores – ex arts. 1291.3 en relación con los arts. 1111 y 643 CC-  por cuánto la donación se inscribe en el Registro cuando los deudores (avalistas) ya preveían su condición de morosos por no poder hacer frente a la póliza de 18 de diciembre de 2008, y como quiera que las operaciones financieras se efectuaron en atención a la solvencia de los deudores (avalistas) se produjo el "consilium fraudis" dado que engañan a los acreedores aparentando ser propietarios de una vivienda valorada en 628.000 euros cuando ya habían donado su nuda propiedad con anterioridad.

   Tercero.- Debe ponerse de manifiesto, que según reiterado criterio jurisprudencial, que la valoración probatoria es facultad de los Tribunales sustraída a los litigantes, que sí pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza, pero en forma alguna tratar de imponerla a los juzgadores, pues no puede sustituirse la valoración que el juzgador de instancia hizo de toda la prueba practicada por la valoración que realiza la parte recurrente, función que corresponde única y exclusivamente al Juzgador "a quo" y no a las partes, habiendo entendido igualmente la jurisprudencia, que el Juzgador que recibe la prueba puede valorarla de forma libre, aunque nunca de manera arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal de segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión, pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez "a quo" de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencia o a las normas de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso (STS de 26-I-1998 y 15-2-1999).En definitiva la segunda instancia ha de limitarse, cuando de valoraciones probatorias se trata, a revisar la actividad del juzgador a quo, en el sentido de comprobar que esta aparezca suficientemente expresada en la resolución recurrida y no resulte arbitraria, injustificada o injustificable.

   Cuarto.- El recurso de apelación no merece acogimiento.

   Debe señalarse, de entrada, que a pesar de que en el suplico del recurso se interesa se declare la nulidad de la donación por simulación y alternativa y subsidiariamente, decretar su revocación y subsiguiente inscripción, en el cuerpo del recurso no se hace la más mínima mención a la acreditación de la simulación alegada centrándose todos los argumentos en la acción rescisoria por fraude de acreedores, razones que abocan a desestimar la primera de las pretensiones. Ello no obstante, a los efectos de dispensar la tutela judicial pretendida, la prueba practicada en el procedimiento no acredita, en modo alguno, que el contrato de donación sea ficticio e irreal ni que no tenga causa alguna, razones por las que tampoco puede estimarse la pretensión articulada en el recurso.

   Por lo que respecta a la acción rescisoria por fraude de acreedores, la conclusión alcanzada por el Juzgador de Instancia debe ser mantenida y ello por cuánto, en contra de lo sostenido en el cuerpo del recurso, la prueba practicada en el procedimiento no acredita el hecho nuclear, esto es, que la donación se efectuó con la finalidad específica de defraudar los legítimos derechos del acreedor. Nos explicamos, la donación se formaliza en el año 2005 y no se inscribe sino hasta el año 2009 y la explicación que dio el Sr. x no es, en absoluto, descabellada dado que manifestó que se presentó a inscripción en esa fecha a efectos de poder ahorrarse los correspondientes impuestos. Pues bien, hemos de convenir, en todo caso, que la inscripción en el Registro de la donación no es constitutiva sino que se perfecciona -ex art. 633 CC- en la misma escritura en la que es aceptada por la donataria, razón esta por la que el hecho de que no se inscribiera en el Registro debe ser analizado desde la perspectiva de si dicha ocultación influyó o fue determinante para la concesión o denegación de las operaciones financieras. Pues bien, no consta en la documentación aportada por la actora que los avalistas aportaran, o se les exigiera, una relación circunstanciada de bienes que fuere determinante de una aparente solvencia para la obtención de dichos productos financieros, razón ésta por la que no puede tenerse por acreditado que los productos financieros se otorgaran porque los avalistas tenían "fincabilidad", esto es, una vivienda de gran valor que cubriría cualquier incumplimiento. Antes al contrario, lo que manifestó el empleado de la actora es que se requería la documentación contable de las sociedades y cuando las empresas presentaron dificultades se cambió el producto financiero de crédito a préstamo y ello en atención a que el Sr. x era una persona de notoriedad pública dado que era el x y había que evitar que las empresas x pasaran a "mora". Y si dicha dificultad se apreció y constató en el año 2009-2010 y no antes, dado que  no consta en la causa acreditado documentalmente el descubierto de los productos financieros ni, por otro lado, el testigo propuesto por la actora (empleado de la misma) pudo determinar el saldo deudor cuando fue interrogado por la dirección letrada de los demandados, hemos de convenir que, dado el lapso temporal entre las primeras pólizas 2006 y las que los préstamos concertados en 2010 que dieron origen a los procedimientos judiciales de ejecución, no podemos considerar acreditado que la deuda reclamada traiga causa desde el año 2006, a modo de renovación por renegociación de deudas, razón ésta por la que no puede considerarse acreditado que cuando se formalizó la donación en el año 2005 los avalistas mantuvieran deuda alguna con la entidad financiera o bien que la misma fuera próxima en el tiempo y, en todo caso, que dicha donación se efectuara con ánimo e intención de perjudicar a la entidad financiera, razones todas ellas que conducen a la desestimación del recurso objeto de la presente alzada.

   Quinto.- Desestimado el recurso, se imponen a la parte recurrente las costas de la presente alzada (arts. 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), con pérdida del depósito constituido.

   Vistos los artículos citados y demás  preceptos de aplicación general.

FALLAMOS

   Que desestimando como desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de BANCO x, S.A contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de los de Cuenca en el seno del Juicio Ordinario nº 297/2011, de los que dimana el presente Rollo de Apelación nº 277/2012; y, en consecuencia, declaramos que debemos CONFIRMAR COMO CONFIRMAMOS LA RESOLUCION RECURRIDA; todo ello, con condena a la parte recurrente a las costas procesales devengadas en la presente alzada, y con pérdida del depósito constituido.

      Notifíquese esta Sentencia a las partes haciéndoles saber que frente a ella cabe interponer recurso de casación al amparo del artículo 477.2.2ª de la LEC y recurso de casación por infracción procesal por los motivos previstos en el artículo 469 de la L.E.C que deberán interponerse conjuntamente mediante escrito que se presentará, en el plazo de 20 días contados desde el siguiente al de la notificación de la presente Resolución, ante esta Audiencia Provincial; debiendo procederse, con arreglo a la Disposición Adicional 15ª de la L.O.P.J., a la consignación del correspondiente depósito.

   Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo de Sala y otro a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

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