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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en apelación. Facultad moderadora de los Jueces 1154 Código Civil

Sentencia en apelación. Facultad moderadora de los Jueces 1154 Código Civil

S E N T E N C I A  NUM. 9/13

         En la ciudad de Cuenca, a  veinticuatro de enero de dos mil trece.

         Vistos en trámite de recurso de apelación, procedente del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cuenca y su partido. los autos de Incidente derivado del Proceso concursal registrado con el numero 538/11/001 iniciado por la Procuradora Doña Maria Josefa Herraiz Calvo en nombre y representación del Administrador Concursal,  frente a la concursada x S.L. Y x y en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada en primera instancia con fecha dieciséis de Julio de dos mil doce; habiendo sido ponente el Ilmo. Sr.  Don Ramón Ruiz Jiménez.

ANTECEDENTES DE HECHO 

         PRIMERO.- En los autos indicados al margen se dictó sentencia de fecha   dieciséis de Julio de dos mil doce, cuyo fallo era del siguiente tener literal: "Que debo desestimar como desestimo la demanda formulada por la A.C. frente a x Y x  S.L., absolviendo a las mismas de todo pedimento, sin efectuar  pronunciamiento en relación a las costas ocasionadas en la demanda reconvencional."

         SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso por la Procuradora Doña María Josefa Herraiz Calvo, en nombre y representación de x S.L., recurso de apelación. Con fecha nueve de octubre de dos mil doce se dicto auto  no teniéndose por interpuesto el recurso. Se decreta la nulidad del auto anterior con fecha treinta de octubre de dos mil doce, teniéndose el mismo por interpuesto mediante  Diligencia de Ordenación y dándose traslado  a las demás partes personadas a fin de que pudieran presentar escrito de oposición al recurso o impugnar la sentencia en aquellos extremos que pudieran resultarles desfavorables.

         Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil doce, Doña Yolanda Araque Cuesta, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de D. x,  presento escrito oponiéndose al recurso de apelación.

         TERCERO.-   Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, con fecha veintiocho de diciembre de dos mil doce, se procedió a formar el correspondiente rollo de apelación, asignándosele el número 475/2012, turnándose ponencia y señalándose para que tuviera lugar la correspondiente deliberación, votación y fallo el  día  quince de Enero de dos mil trece.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

          PRIMERO.- La demanda que da inicio a este procedimiento, se presentó por don x, al amparo de la Ley Concursal – LC desde ahora-, siendo demandados don x y x S.L. Se solicitaba la resolución del contrato en interés del concurso y restituciones procedentes.

          El 12 de julio de 2006 se suscribió contrato de compraventa entre don x de una parte y don x y don x de otra. Se concertó la compraventa de una finca sita en x por precio de 1.352228 euros, a  la firma del contrato se entregarían 150.000 euros. El 11 de agosto de 2006 por don x y donx  se produce una cesión de la totalidad del contrato a favor de la concursada, sobre la base de que la propia concursada fue la que abonó los 150.000 euros. Con fecha 28 de marzo de 2007 se firma anexo al contrato en el que se amplia la cantidad entregada en concepto de señal, a 350.000 euros, en concepto de señal y parte de pago. El anexo, pese a que se indica lo contrario, no aparece firmado por don x. La suma es pagada por x S.L. Finalizado 2007, don x mantiene en su poder el terreno y además el dinero entregado a cuenta. El 20-2-2008 se lleva a cabo escritura de compraventa, de manera que don x, vende a don x , don x y don x una parte de la parcela, con un total de 1773,58 m2 por precio de 340.527,36 euros. Hubo conocimiento de esta operación por la concursada. El propietario, ha cobrado en consecuencia 840.527,36 euros y mantiene casi el 90% del terreno, según la demandante.

          En el suplico de la demanda se pide una sentencia de que declare la nulidad del contrato suscrito entre don x y x S.L.. Subsidiariamente la resolución del contrato dicho, y se condene a don x a pagar a la masa del concurso la suma de 500.000 euros. Subsidiaria, de no aceptarse esa suma, se le condene a pagar 350.000 euros. Y sus intereses en todo caso.

          Por don x, se presentó escrito oponiéndose a la demanda, y sin negar la realidad del contrato que como doc. 1 presentaba el demandante, afirmar que el mismo quedó sin efecto el 12 de julio del mismo año, según documento que presentaba, hecho que oculta el demandante. Se convino asimismo que la falta de  formalización de la escritura tenía la consideración de condición resolutoria expresa. Niega que fuera la concursada quien pagara cantidad alguna, sino los compradores. Que no tuvo conocimiento alguno de la cesión de contrato. Admite el contrato-anexo de 28-3-2007 y haber recibido 350.000 euros, y se fija como fecha de elevación a escritura pública el 12 de julio de 2007, siendo la fecha del anexo el 28 de marzo de 2007. Que la suma de 150.000 euros tenían la consideración de arras penitenciales y los 350.000 euros  a la firma del anexo, arras confirmatorias. Reitera que el único contrato firmado es el que presenta como doc. 2 con su escrito de contestación. El contrato, dice, estaba perfeccionado desde el 12 de julio de 2006; desde esa fecha el comprador tiene la posesión y posee la finca comprada, llevando a cabo actos de dominio. Niega que exista ningún contrato vigente entre la demandante y el que Sr. Arquero, pues aquel fue resuelto en febrero de 2008.

          Por la codemandada  x S.L., se allanó a la demanda.

          La sentencia, de 16 de julio de 2012, desestima la demanda, no haciendo condena en las costas atendidas dudas que la cuestión suscita. Se alza la demandante contra la misma.

          SEGUNDO.- Se orienta el recurso, bajo lo que la parte denomina "alegaciones" que ponen de relieve, la discrepancia con la sentencia que se ha dictado.  La primera de ellas hace referencia a la nulidad del contrato.

          Surge la discusión en relación con el contrato que aporta la demandante como doc. 1 relativo al contrato privado de compraventa firmado entre x, como vendedor y x y x como compradores, fechado el 12 de julio de 2006, y al que hace referencia la demanda, de igual fecha. En el segundo de ellos, solo en cuanto a la presentación, porque  aparecen fechados en el mismo día se contienen variaciones, extendiendo la venta a dos viviendas. Extrae la recurrente de este hecho unas consecuencias ajenas al contenido de la sentencia en este aspecto, teniendo en cuenta que la propia parte no impugna el documento, que lo da en consecuencia por cierto, y que no se se extrae del contenido de la sentencia una inversión de la carga de la prueba, y sí una valoración, llevada a cabo por el juzgador.

          En la apelación es posible la revisión de la valoración conjunta de la prueba practicada que hubiere realizado el juzgador de primera instancia, si bien sólo cuando la parte llegue a objetivar una razón que ponga en evidencia que dicho Juzgador ha incurrido en algún tipo de error, bien por no haber tenido en cuenta ciertos medios probatorios, o por no haberlos interpretado adecuadamente, o bien porque, sobre su base, llegue a consecuencias arbitrarias, irracionales o absurdas, contrarias a la lógica y al sentido común y, en este caso, la apreciación de la prueba por el juez de primera instancia, que es lo que viene a cuestionar la apelante en el recurso, ha sido la procedente al mostrarse adecuada a los resultados obtenidos en el proceso, valorando conjuntamente todo el material probatorio de forma lógica y conforme a las normas de la sana crítica.

          No lleva a cabo la parte una crítica valoración de la valoración de la prueba que se hace en la sentencia, y se limita a discrepar de la misma, sin sustento alguno, pretendido extraer de un hecho, la fecha de dos de los documentos aportados, consecuencias que se apartan de el simple hecho que se cuestiona.

          La alegación segunda, se justifica en el contenido del fundamento tercero de la  sentencia. Se basa en las sumas entregadas al demandado, de las que 150.000 euros tenían el concepto de arras penitenciales, no asi los 350.000 euros que se entregaron y supondrína un injusto enriquecimiento para la parte. La demandada  hace suya esa suma, en aplicación del contrato aportado como doc. 2 de la contestación, estipulación segunda, según la cual "…si finalizado el plazo fijado en la anterior estipulación, no se realizara la compraventa por causas imputables a la parte compradora, éste perderá la cantidad entregada en beneficio de la parte vendedora como cláusula penal e indemnización, dando lugar igualmente como condición resolutoria a la resolución del presente contrato". Entiende el apelante que la suma que debe hacer suya sería en su caso, la primera recibida, no así los 350.000 euros,  que supondría un enriquecimiento injusto para la parte.

          Las propias partes califican de cláusula penal la que le autoriza al demandado a hacer suyas las sumas recibidas y en concreto las 350.000 euros, parte del precio. La doctrina es clara en orden a la facultad moderadora de la clausula penal.

          La SAP 11-4-2012, pone de relieve que finalidad del artículo 1.154 del Código Civil  : ("el Juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor") no reside en rebajar equitativamente una pena excesivamente elevada, sino en que las partes, al pactar la pena, pensaron en el caso de incumplimiento total y evaluaron la pena en consideración a esta hipótesis: nada más lógico que si el incumplimiento no fue total en la intención de las partes no se deba íntegramente la pena sino en proporción al pago parcial. Y de ahí que, no proceda la modificación equitativa de la pena, cuando el cumplimiento defectuoso o parcial de la obligación principal es precisamente el supuesto pactado que determina la aplicación de la pena. Y que es lo que ocurre en el presente caso.

                     Expresa la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de enero de 2012 que la libertad de pactos sobre la que se asienta nuestro Ordenamiento, de forma similar a otros próximos, permite asegurar el cumplimiento de las obligaciones mediante un pacto accesorio que deroga el régimen general de indemnización de daños y perjuicios para el caso de incumplimiento de lo pactado, por lo que en tal supuesto se obliga al deudor a ejecutar una prestación consistente en general en el pago de una determinada cantidad de dinero, con una finalidad en ocasiones liquidatoria de daños y perjuicios, en otras liberatoría, y en otras puramente punitiva o cumulativa, precisamente por ello no será revisable en casación la facultad moderadora de que hubiese hecho el Juez artículo 1154 del Código Civil, por tratarse, concluye la repetida sentencia, de un juicio de equidad. Respecto de la configuración y los fines de las obligaciones con cláusula penal, se ha pronunciado, en múltiples ocasiones, la doctrina y la jurisprudencia pero a nosotros lo que ciertamente nos interesa en este litigio es conocer el alcance que haya de darse al artículo 1.154 del Código Civil  , donde se expresa que el Juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiere en parte o irregularmente cumplida por el deudor; artículo éste que, como detalla la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 13 de febrero del año 2008, contiene un mandado para el Juzgador en orden a proceder a moderar equitativamente la plena pactada por los contratantes en los supuestos de cumplimiento parcial o irregular ( sentencias de 6 de octubre de 1976 , 20 de octubre de 2008, 2 de noviembre de 498 y 9 de octubre del año 2009); constituye, pues, "presupuesto ineludible" para la aplicación del citado precepto, como señala la sentencia de 8 de febrero del año 2000, que el deudor cumpla en parte o irregularmente la obligación; teniendo señalada la doctrina jurisprudencial de esta Sala-sentencia, entre otras, de 5 de julio de 2006 - que "la facultad que permite al Juez, a tenor del artículo 1.154 del Código Civil  , moderar equitamente la pena cuando la obligación principal arrendaticia hubiese sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor, es una facultad que en los Juzgadores de instancia es ilimitada y no sujeta a las reglas del recurso de casación.

          En razón a lo expuesto y al cumplimiento que al menos en parte ha llevado a cabo el comprador, debe limitarse el alcance de la cláusula penal a la suma de 100.000 euros, cantidad en la que se acoge la demanda.

          La alegación tercera, se refiere a lo que denomina "negociación de las partes", opone la existencia de unas conversaciones entre las partes, mantenidas en el tiempo y tendentes a lograr un acuerdo extrajudicial, que no han prosperado, lo que su criterio evidencia la justicia de su pedimento. Desde luego, no cabe traer al proceso, como hecho nuevo la existencia de conversaciones extrajudiciales, cuando las partes han mantenido conflicto hasta el final, y sin que sea posible dar valor a una posición encaminada a evitar un proceso, que no se logró.

          TERCERO.- En orden a la condena en costas, la parcial acogida del recurso y con ello de la demanda, obliga a no hacer condena de las costas devengadas en ninguna de las instancias ( arts. 398 y 394 LEC).

Por lo expuesto,

FALLAMOS

Estimar en parte el recurso y con ello la demanda presentada por Don x, Administrador Concursal, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instancia num. 2 de Cuenca, en procedimientote del Incidente Concursal  num. 538/2011, seguido contra x y la mercantil x S.L. y revocando en parte la misma, estimar parcialmente la demanda de modo que declarando resuelto el contrato, condenar a don x a devolver 125.000 euros a la actora. No se hace condena en las costas de  ninguna de las instancias.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

     Se acuerda la devolución a la parte recurrente del depósito de 50 € que ella verificó para apelar.

            Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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