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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en apelación. Acción declarativa de dominio

Sentencia en apelación. Acción declarativa de dominio

SENTENCIA NUM. 16/13

Iltmos. Sres.: 

Presidente:

   Sr. Martínez Mediavilla   

Magistrados:

   Sr. Solís García del Pozo

   Sr. Casado Delgado (Ponente)  

   En Cuenca, a veinticuatro de enero de dos mil trece.  

   Vistos en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial, los autos de Juicio Ordinario nº 558/2010 procedentes del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Cuenca y su Partido, seguidos a instancia de D. x, D. x y D. x, representados por la Procuradora de los Tribunales Sra. Pinedo Ramos y asistidos por el Letrado Sr. Matas Cuéllar, contra x, S.L, representada  por el Procurador de los Tribunales Sr. Rodrigo Carcavilla y asistida por el Letrado Sr. Bachiller Ramón, sobre acción declarativa de dominio; como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte actora contra la sentencia dictada en primera instancia de fecha siete de diciembre de dos mil once, habiendo sido Ponente el Magistrado de Ilmo. Sr. D. Ernesto Casado Delgado, quién expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

   Primero.- En los autos indicados al margen, por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Cuenca y su Partido se dictó sentencia de fecha siete de diciembre de dos mil once, cuyo Fallo presenta el siguiente tenor: "Que desestimando la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales Dª. María Rosario Pinedo Ramos, en nombre y representación de D. x, D. x y D. x, absuelvo a la demandada x, S.L de los alegatos y pedimentos formulados en su escrito de demanda, imponiendo las costas procesales a la parte actora".

   Segundo.- Notificada la anterior resolución a las partes, por la representación procesal de D. x, D. x y D. x se interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación contra la reseñada sentencia por medio de escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó Suplicando al Juzgado "… se remitan los autos a la Audiencia Provincial y se dicte sentencia en su día por la que, con revocación de la recurrida, se declare que la superficie descrita de 106 metros cuadrados en el informe pericial presentado con la demanda que constituye el documento nº 11 es de la entera propiedad y dominio de los actores, condenando a la demandada a estar y pasar por tal pronunciamiento, así como al pago de las costas causadas en la presente litis".

   Tercero.- Admitido a trámite el recurso de apelación y conferido traslado a la contraparte, por la representación procesal de x, S.L se interesó la confirmación de la resolución recurrida.

   Cuarto.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el correspondiente Rollo de apelación, asignándole el número 267/2012, se turnó Ponencia que recayó en el Magistrado Ilmo. Sr. D. Ernesto Casado Delgado, habiéndose celebrado en la fecha señalada al efecto la deliberación, votación y fallo.

                      FUNDAMENTOS DE DERECHO

   Se aceptan los razonamientos jurídicos contenidos de la resolución recurrida.

   Primero.- Se alza la parte apelante contra la sentencia dictada en la instancia sobre una base argumental consistente en una errónea valoración de la prueba efectuada por el Juzgador "a quo" al haber conferido plena validez al informe emitido por el perito judicial sin tener en consideración el resto de las pruebas practicadas en autos, documental y pericial acompañada a la demanda rectora y, en especial, a la testifical depuesta por familiares de los anteriores propietarios de la finca de la entidad demandada, e incluso la testifical depuesta a instancia  de la parte demanda, que evidencian que la forma actual (oquedad) en el límite oeste entre las fincas de los litigantes tiene exactamente la misma forma que existía desde hace unos 50-60 años, de donde colige que conforme al resto de la prueba practicada que la superficie respecto de la que se ejercita la acción declarativa corresponde a la finca de los actores.

   Segundo.-  El éxito de la acción declarativa  exige – ex art. 348 del CC y reiteradísima y constante doctrina jurisprudencial- la concurrencia de los siguientes requisitos: a)Título de Dominio: que no se identifica necesariamente con la constatación documental del hecho generador, sino que equivale a prueba de la propiedad de la cosa en virtud de causa idónea para dar nacimiento a la relación en que el derecho real consiste; b) Identificación de la cosa y/o porción de terreno ; se trata de un requisito esencial para que prospere la acción reivindicatoria, de manera que no puedan suscitarse dudas sobre la misma, debiendo fijarse con precisión la situación, cabida y linderos de la finca demostrando que el predio o porción reclamada es al que se refiere el título de domino o bien se encuentra comprendido dentro del mismo, y c) que la parte respecto de la que se acciona discuta, se irrogue o atribuya la propiedad de la porción en conflicto.

   Al mismo tiempo,  esta Sala ha tenido ocasión de reiterar que en el marco de las acciones reivindicatorias, especialmente cuando las mismas se emprenden entre colindantes, es llano que el título de dominio de la finca propiedad de los actores, --en sí mismo no cuestionado--, no se alcanza para acreditar la propiedad sobre cualquier espacio de terreno, siendo preciso probar cumplidamente en estos supuestos que éste se halla ínsito en aquél. Es decir, no basta con acreditar ser propietario de una finca para que, de forma automática, se considere que el espacio reivindicado forma parte de ella, pues en tal caso es obvio que, ampliando sucesivamente el perímetro de aquélla vendría por ese procedimiento a ocuparse la totalidad de los terrenos colindantes.

   Por otro lado, el artículo 38 de la Ley Hipotecaria se refiere a los derechos reales inscritos, presumiendo "iuris tantum" que existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo, pero en forma alguna garantiza la rectitud de los datos de mero hecho y, singularmente, la superficie o extensión de las fincas, por lo que la condición invocada de tercero hipotecario en ningún caso llegaría a lograr la protección aquí pretendida. En este mismo sentido, las SSTS de fechas 16/04/68, 3/06/89 y 5/06/2000, afirman que: "la fe pública del registro asegura la existencia y contenido jurídico de los derechos reales inscritos, pero no garantiza la exactitud de los datos de mero hecho relativos a la inscripción de la finca, quedando ello sometido al resultado de las pruebas practicadas", y en similares términos se pronuncia también la sentencia de 19/07/2.005 en el sentido de que "las inscripciones en el Registro de la Propiedad no dan fe de las características físicas de los inmuebles que comprenden, al prevalecer la realidad extraregistral distinta, que habrá de ser cumplidamente probada".

   También es sabido que nuestro Tribunal Supremo ha venido señalando que el Registro de la Propiedad carece de una base física fehaciente, ya que reposa sobre simples declaraciones de los otorgantes y por ello caen fuera de la garantía que presta cuantos datos registrales se correspondan con hechos materiales o físicos, tanto a los efectos de la fe pública como a los efectos de la legitimación registral, sin que por tanto la institución responda de los datos y circunstancias de puro hecho ni, por consiguiente, de los datos descriptivos de la finca, como son los referentes a su superficie (en este sentido, por todas, SSTS de fechas 1 de julio de 1.995 y 31 de diciembre de 1.999 ).

   Tercero.- En el caso sometido a revisión en alzada, la Sala comparte las conclusiones alcanzadas por el Juzgador de Instancia que valora correctamente el acervo probatorio ante el practicado.

   En efecto, la prueba practicada en el seno del procedimiento, a pericial practicada a instancia de las partes y, en especial, el informe del perito judicial al que el Juzgador da prevalencia, por su objetividad, permite aseverar que la zona de conflicto (lindero oeste donde se ubica una guijera) ha sufrido una modificación al haberse horadado la tierra y si esto es así, como lo es, no puede tenerse por acreditado que los concretos metros cuadrados reclamados se integren en el título del actor. Y al respecto, tampoco la prueba testifical arroja luz sobre la cuestión controvertida pro cuánto los testigos propuestos por la parte actora, solo x manifestó que la oquedad existía ya cuando la finca de arriba (de la demandada) pertenecía a su familia, y tanto el como su primo Luis manifestaron que en la zona de curva la familia tenía los perros. Por su parte, la testigo propuesta por la parte demandada x manifestó que la finca tenía forma curva pero que entraron las máquinas para vallar y tocaron la roca del fondo, no solo los laterales para colocar el vallado. Al hilo de lo expuesto, lo que podemos tener por acreditado es, precisamente, que el terreno en conflicto venía siendo usado por los antiguos propietarios de la alfarería, de quién adquiere la parte demandada, y no esta usado por la parte actora luego no puede invocar la prescripción a su favor. Recapitulando, si mediante prueba pericial se tiene por acreditado por el Juzgador de Instancia que el terreno en disputa se ha ganado por medio del trabajo del hombre y que el lindero se corresponde con el que figura en catastro (línea recta) y así se refleja en el informe pericial y se constata en las fotografías obrantes en el procedimiento y dicha conclusión no se revela ilógica, arbitraria en base al resto de las pruebas practicadas en el procedimiento, el resultado no puede ser otro, conforme a reiterada y notoria doctrina jurisprudencia, que la confirmación de la resolución recurrida en tanto no puede prevalecer el subjetivo criterio de la parte sobre la valoración de la prueba, legítimo pero interesado, frente al ponderado y objetivo criterio del Juzgador de Instancia.

   Cuarto.- Desestimado el recurso de apelación, procede imponer las costas de la alzada a la parte recurrente (art. 398.1º en relación con el art. 394.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

   Vistos los preceptos legales invocados y demás de general y pertinente aplicación

 FALLAMOS

   Que desestimando como desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Dª. Rosario Pinedo Ramos, Procuradora de los Tribunales y de D. x, D.x y D. x, contra la sentencia dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Cuenca en el Juicio Ordinario nº 558/2010, de los que dimana y a ellos se contrae el Rollo de Apelación nº 267/2012, declaramos que debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS INTEGRAMENTE LA RESOLUCION RECURRIDA; todo ello, con imposición a la parte recurrente de las costas procesales correspondientes a al presente alzada y con pérdida del depósito constituido.

   Notifíquese esta Sentencia a las partes; haciéndoles saber que es firme y que frente a ella no cabe recurso, sin perjuicio de que si cualquiera de las partes pudiera entender que existe interés casacional pudiese plantear recurso de casación, por razón de interés casacional, que se presentaría, en el plazo de 20 días contados desde el siguiente al de la notificación de la presente Resolución, ante esta Audiencia Provincial; debiendo procederse a la consignación del correspondiente depósito y de la tasa legalmente establecida.

   Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgado en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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