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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en apelación. Alcoholemia y responsabilidad civil de seguros, mala fe

Sentencia en apelación. Alcoholemia y responsabilidad civil de seguros, mala fe

S E N T E N C I A  NUM. 11/13

         En la ciudad de Cuenca, a veinticuatro de enero de dos mil trece.

         Vistos en trámite de recurso de apelación los autos de  Procedimiento  Ordinario nº 505/2011, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cuenca  y su partido, promovidos a instancia de  X por su hija menor X,  representada por la  Procuradora de los Tribunales  Doña  Mercedes Carrasco Parrilla y asistida por el letrado Don José Javier Gómez Cavero, sustituido en el acto del Juicio por D. Félix Martínez García, contra X SEGUROS GENERALES, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Rosa María Torrecilla López y asistida por el Letrado  Don  Luís Miguel Sequi Muñoz, sobre reclamación de cantidad derivada de contrato de seguro.; En virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada en primera instancia con fecha cuatro de octubre de dos mil doce; habiendo sido ponente el Ilmo. Sr.  Don Ramón Ruiz Jiménez.

ANTECEDENTES DE HECHO 

         PRIMERO.- En los autos indicados al margen se dictó sentencia de fecha cuatro de octubre de dos mil doce, cuyo fallo era del siguiente tenor literal:

         "DESESTIMO la demanda formulada por la Procuradora de los tribunales Dª Mercedes Carrasco Parrilla en nombre y representación de Dª X, la cual actúa a su vez en nombre de su hija menor X".

         SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso por la Procuradora Doña Mercedes Carrasco Parrilla, en nombre y representación de Doña X, quien a su vez actúa en nombre y representación de su hija menor de edad X, recurso de apelación en tiempo y forma, el cual se tuvo por interpuesto por Diligencia de ordenación de fecha diecinueve de noviembre de dos mil doce, dándose traslado del recurso a las demás partes personadas a fin de que pudieran presentar escrito de oposición al recurso o impugnar la sentencia en aquellos extremos que pudieran resultarles desfavorables.

         Con fecha tres de diciembre de dos mil doce, por Doña Rosa María Torrecilla López, procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de X SEGUROS GENERALES, S.A., presento escrito oponiéndose al recurso de apelación, teniéndose por formalizada la oposición mediante Diligencia de Ordenación de fecha once de diciembre de dos mil doce, remitiéndose los autos a la Audiencia Provincial de Cuenca y emplazándose a las partes  por diez días para su personación ante dicho Tribunal.

         TERCERO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, con fecha   veinte de diciembre de dos mil doce, se procedió a formar el correspondiente rollo de apelación, asignándosele el número 467/2012  y turnándose su ponencia al Iltmo. Sr. D. Ramón Ruiz Jiménez. Por Providencia de fecha veintisiete de diciembre de dos mil doce se señaló para que tuviera lugar la correspondiente deliberación, votación y fallo el  día quince de enero de dos mil trece.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se parte de los que contiene la sentencia recurrida, que se aceptan, y se complementan con los que se exponen ahora.

PRIMERO.- La , demandante, que lo hace en nombre de su hija menor de edad reclama frente a la aseguradora   X SEGUROS GENERALES, por el fallecimiento del esposo de la primera y padre de la menor en accidente de circulación ocurrido el 6 de abril de 2009 al salirse de la vía y volcar el vehículo que conducía XX. El vehículo era propiedad de don X, padre del fallecido, quien tenía suscrita una póliza de seguro que incluía entre otras contingencias la muerte del conductor, con una suma de 42.070,85 euros, que ahora reclama. La demandada opuso la falta de cobertura, por estar excluida específicamente la contingencia de conducción bajo los efectos del alcohol, expresamente aceptadas por el tomador del seguro. La sentencia, hace un examen de la causa de oposición de la aseguradora, examina el contrato, la jurisprudencia sobre las causas limitativas, y desestima la demanda.

SEGUNDO.- Resulta consabido que la exclusión del riesgo de daños causados por la conducción de vehículos de motor bajo el influjo del alcohol sólo puede liberar al asegurador si esa cláusula limitativa "se incorpora a la póliza con los requisitos aludidos en el art. 3º de la Ley de Contrato de Seguro " ( STS, por todas, de 16-II-11). Pues bien; en la documentación del aseguramiento consta netamente la aceptación de tal condición contractual, consentimiento comprobado, hasta donde ha de estimarse posible y, así, exigible, por la suscripción, con su firma por tomador del seguro  en el que se  excluía "la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Es evidente, que  la conducción en estado de embriaguez no pueda ser un riesgo asegurable porque se trate de un ilícito penal; ni a la conclusión anterior es obstáculo lo establecido por el art. 19 de la LCS al señalar que el asegurador estará obligado al pago de la prestación, salvo en el supuesto de que el siniestro haya sido causado por mala fe del asegurado.

Respecto de lo primero, baste decir que la posibilidad de pactar el aseguramiento de riesgos dimanantes de la circulación distintos de los previstos, o incluso de los excluidos en la normativa del seguro obligatorio, está expresamente reconocida hoy en el art. 2.5 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, antes art. 2.3. Ninguna exclusión o prohibición se establece al respecto.

Causa limitativa no equivale a hecho intencional, sino que determina el alcance del seguro concertado a la luz del art. 1 y ss de la LCS.

Respecto de lo primero, baste decir que la posibilidad de pactar el aseguramiento de riesgos dimanantes de la circulación distintos de los previstos, o incluso de los excluidos en la normativa del seguro obligatorio, está expresamente reconocida hoy en el art. 2.5 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, antes art. 2.3.

Y en cuanto al último punto, como se recoge en la Sentencia de fecha 31-10-08 de la Sección 5ª de la AP de Málaga, el término de mala fe que emplea el referido artículo 19 de la LCS debe entenderse en un sentido finalista, esto es, que tanto la intencionalidad como esa mala fe han de ir orientados a la causación de un siniestro por la voluntad de quien está asegurado, y no por la mera actuación de éste. Ha de existir voluntariedad, y dentro de la misma, la intención directa de causar un perjuicio patrimonial provocando la causación del siniestro asegurado por la póliza, sin que sea factible asimilarla a la mayor o menor temeridad en su actuación. Y es que como sigue exponiéndose en la referida Sentencia, una conducta extremadamente temeraria no tiene por qué entrañar ese componente de intencionalidad que parece colegirse de la previsión, siendo inevitable traer a colación la distinción que en el ámbito penal se atribuye a la culpa consciente del dolo eventual. Como señala la sentencia de la sala 2ª del Tribunal Supremo de 30 de abril de 1.997 en la culpa consciente el sujeto activo advierte la posibilidad del daño no «antes de», sino «durante» la ejecución de los hechos y sin llegar a asumirlo; y ello sencillamente porque confía plenamente en que dicho resultado no se producirá, mientras que en el dolo eventual se asume el resultado que se aparece como inexcusable. Por tanto, la mera conducción con un índice de alcohol en el organismo de cierta entidad no entraña sin más la atribución como intencionada de las consecuencias dañosas de la conducción, no existiendo tampoco prueba alguna que muestre tal intención a través de la genérica conducción en estado de embriaguez.

En relación con el argumento de la mala fe, que no es sobre el que descansa la sentencia, dice así el Tribunal Supremo:

"La tasa de alcoholemia y la intencionalidad de la producción del accidente.

Siendo inaplicable, tal como se ha razonado, la cláusula limitativa que se toma en consideración por la sentencia recurrida, procede examinar el motivo de oposición formulado por la parte recurrente en el escrito de contestación a la demanda, en el que se alega que se trata de un supuesto excluido del concepto de accidente que determina el artículo 100 LCS, no susceptible de aseguramiento conforme al artículo 19 LCS, por haber sido causado el siniestro por mala fe del asegurado mediante un acto delictivo contra la seguridad del tráfico imputado al asegurado cuya responsabilidad penal se declaró extinguida por muerte y, en relación con el artículo 100 LCS, por haber sido originado el siniestro por una causa no ajena a la intencionalidad del asegurado, a la que debe equipararse la imprudencia extrema o temeraria, circunstancia que determina la liberación del asegurador de acuerdo con el artículo 102 LCS, dada la demostración de una elevada tasa de alcoholemia en el conductor fallecido .

En la STS de 7 de julio de 2006, rec. núm. 4218/1999, se resuelve una cuestión similar a la aquí planteada – se refiere a la intencionalidad- en los términos que figuran a continuación.

En relación con diversas modalidades de seguros de accidentes y de daños, se ha planteado ante los tribunales la extensión de la cobertura del seguro a los accidentes de circulación sufridos por conductores que superan la tasa de alcoholemia establecida como límite para la conducción.

La respuesta dada por las distintas Audiencias Provinciales a esta cuestión ha sido diversa. Por lo general, viene aceptándose - no sin excepciones- que la exclusión del accidente padecido en tales circunstancias tiene validez cuando figura en una cláusula que, como limitativa de los derechos del asegurado, figura resaltada y específicamente aceptada por éste (vid. STS de 7 de abril de 2003, que reconoce la validez de una cláusula de la póliza de seguros, firmada y reconocida por el demandado en la que se señala expresamente que: «quedan excluidas las consecuencias derivadas de los hechos cuando el conductor se halle en estado de embriaguez»). Sin embargo, no son pocos los tribunales de apelación que -frente al criterio seguido por otras Audiencias Provinciales- rechazan que el siniestro, aun cuando no figure válidamente en la póliza ninguna de dichas cláusulas, no se halla bajo la cobertura del contrato de seguro, por aplicación de los preceptos legales que excluyen los siniestros causados por mala fe del asegurado ( art. 19 LCS); y, en relación específicamente con el seguro de accidentes, los que excluyen los siniestros derivados de causas que no sean ajenas a la intencionalidad del asegurado ( artículo 100 LCS) y los provocados intencionadamente por éste ( artículo 102 LCS).

En la argumentación tendente a sustentar esta última tesis suele aludirse al hecho de que la conducción en contra de lo prevenido en la ley o incurriendo en conductas penalmente castigadas implica un hecho intencional que no puede ser objeto de cobertura por el contrato de seguro, pues el que actúa bajo la influencia de bebidas alcohólicas es consciente de que infringe el ordenamiento jurídico aunque el resultado dañoso no sea querido. Tampoco es infrecuente hacer referencia a la gran sensibilidad social existente en la actualidad en relación con los accidentes de circulación causados por conductores que superan la tasa de alcoholemia legalmente permitida; y a esta circunstancia, factor revelador del ejercicio antisocial de los derechos relevante para la interpretación de ley de acuerdo con la realidad social, hace referencia la parte recurrida.

Esta tesis, sin embargo, no puede ser aceptada. La intencionalidad que exige la LCS para que concurra esta exclusión no se refiere en abstracto a cualquier conducta de la que se siga el resultado del siniestro, sino a la causación o provocación de éste. Admitir que, por principio, todo resultado derivado de una conducta tipificada como delictiva, aunque se trate de figuras de riesgo, no puede ser objeto de aseguramiento (dado que la exclusión de los supuestos de mala fe del asegurado responde a razones de moralidad del contrato ligadas a la licitud de su causa) no es compatible, desde el punto de vista lógico-formal, con el principio de libre autonomía de la voluntad que rige en esta materia contractual; y, desde una perspectiva lógico-material, no soporta una verificación del argumento cuando se contrasta con sus consecuencias desproporcionadas y contradictorias en relación con el ámbito usual del contrato de seguro y con el contenido que le asigna la ley en diversas modalidades obligatorias relacionadas con actividades susceptibles de causar accidentes.

La exclusión de la cobertura del seguro de los siniestros ocasionados o padecidos por el asegurado conduciendo un vehículo de motor en situación de exceso de alcoholemia no puede aceptarse, aun reconociendo la gran relevancia de la función social del seguro, y aunque se considere necesaria su introducción en virtud de políticas de prevención o de otra índole, si no es objeto de una previsión específica en la norma. Así ocurre actualmente, a raíz de la transposición de normas de orden comunitario, en la regulación del seguro de responsabilidad civil en la circulación de vehículos de motor, aunque únicamente respecto del asegurado y no respecto del tercero que ejercita la acción directa como víctima o perjudicado (art. 10. y 9.4 de su Reglamento y sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 28 de marzo de 1996). En otro caso, sólo cabe su introducción en las cláusulas de la póliza, pues, aun cuando es indudable que la ingestión excesiva de bebidas alcohólicas y la consiguiente conducción aumenta el riesgo de siniestro, no toda situación que incremente el riesgo debe equipararse a la existencia de dolo, intencionalidad o mala fe y son las aseguradoras quienes, en la economía del contrato de seguro, deben ponderar, mientras lo permita la ley, con sujeción a los requisitos en ella establecidos, la oportunidad de excluir determinados riesgos en uso de la libertad de pactos.

El art. 3 LCS, ha de recordar que expone, que "Las condiciones generales, que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los asegurados, habrán de incluirse por el asegurador en la proposición de seguro si la hubiere y necesariamente en la póliza de contrato o en un documento complementario, que se suscribirá por el asegurado y al que se entregará copia del mismo. Las condiciones generales y particulares se redactarán de forma clara y precisa. Se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito.

Las condiciones generales del contrato estarán sometidas a la vigilancia de la Administración pública en los términos previstos por la ley.

Declarada por el Tribunal Supremo la nulidad de alguna de las cláusulas de las condiciones generales de un contrato la Administración pública competente obligará a los aseguradores a modificar las cláusulas idénticas contenidas en sus pólizas.

A la hora de calificar una determinada cláusula del contrato de seguro como delimitadora del riesgo o limitativa de los derechos del asegurado, el Tribunal Supremo reiteradamente ha señalado la dificultad práctica que ello conlleva (v.gr. sentencia de 8 de marzo de 2007, en la que refleja el criterio adoptado en el Pleno de la Sala el 11 de septiembre de 2006 y el de otras resoluciones varias); en todo caso, al referirse a las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado -sujetas al requisito que impone el art. 3 de la LCS de específica aceptación por escrito por parte del asegurado-, señala que operan para restringir, condicionar o modificar el derecho del asegurado a la indemnización una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido; por el contrario, las cláusulas delimitadoras del riesgo- sometidas al régimen de aceptación genérica sin necesidad de requisitos específicos de asunción por parte del asegurado-, lo que determinan es qué clase de ellos se han constituido en objeto del contrato, fijando qué riesgos, en caso de producirse, hacen surgir en el asegurado el derecho a la prestación, y en la aseguradora el recíproco deber de atenderla.

Denuncia el apelante en primer lugar, aplicación  indebida del art. 3 LCS, vulnerando así la doctrina jurisprudencial sobre dicho precepto. Se orienta el recurso en las cláusulas delimitadoras del riesgo, y por ello no sujetas a las previsiones del art. 3 dicho y las limitativas de derechos del asegurado.

El precepto citado, establece que "Las condiciones generales, que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los asegurados, habrán de incluirse por el asegurador en la proposición de seguro si la hubiere y necesariamente en la póliza de contrato o en un documento complementario, que se suscribirá por el asegurado y al que se entregará copia del mismo. Las condiciones generales y particulares se redactarán de forma clara y precisa. Se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito.

Las condiciones generales del contrato estarán sometidas a la vigilancia de la Administración pública en los términos previstos por la ley.

Declarada por el Tribunal Supremo la nulidad de alguna de las cláusulas de las condiciones generales de un contrato la Administración pública competente obligará a los aseguradores a modificar las cláusulas idénticas contenidas en sus pólizas.

Lo que exige el precepto analizado, es que "se destaquen de modo especial "las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito". Como pone de relieve la sentencia TS 8-10-2008 – Sala 1ª- , con cita de jurisprudencia de la misma Sala, "con el fin de que no haya duda de que el tomador del seguro las conoce y las acepta, estén incluidas en condiciones generales o particulares del contrato, exige el artículo 3 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro, que las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados se destaquen de modo especial y sean específicamente aceptadas por escrito".

También lo es que las sentencias a que se refiere la recurrente -además de otras muchas, entre las recientes, las de 15 de julio y 12 de noviembre de 2009 y 7 de enero de 2010- distinguen de las cláusulas limitativas las delimitadoras del riesgo y consideran que éstas son susceptibles de incluirse en las condiciones generales para formar parte del contrato, quedando sometidas al régimen de aceptación genérica sin la necesidad de la observancia de los requisitos de incorporación que se exigen para las limitativas.

No obstante -al margen de que, como precisa la sentencia de 10 de mayo de 2005, "la diferenciación entre cláusula limitativa y de determinación del riesgo no es, al efecto de aplicar o no el artículo 3, siempre nítida ni absoluta, - el subrayado no lo recoge la sentencia-  dado que merece la primera calificación una cláusula de este último contenido que, al identificar el riesgo, lo haga de un modo anormal o inusual, ya sea porque se aparte de la cobertura propia del tipo de contrato de seguro de que se trate, ya porque introduzca una restricción que haya que entender, en aplicación de un criterio sistemático en la interpretación, más limitado que el riesgo contractualmente aceptado de modo evidente"- el Tribunal de apelación basó su decisión no en la calificación como limitativa de la cláusula a que se refiere el motivo ni, por ende, en no haber sido aceptada por escrito por la asegurada, sino en la negación de que la referida cláusula "forme parte del contenido del contrato", al no haber aportado la aseguradora demandada y ahora recurrente "documentación alguna u otro medio de prueba que acredite su entrega".

Conforme con la  doctrina del Tribunal Supremo contenida en sentencia de 7 de julio de 2003, que expresa: " (...) las Condiciones (rectius, cláusulas contractuales) Particulares, Especiales y Generales del Contrato señalan el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura de forma positiva -determinados daños- y de forma negativa -ciertos daños o mejor ciertas causas del daño- quedando así delimitado el riesgo. Por tanto, el riesgo queda bien determinado; no limita derechos, sino que como dice la sentencia de 5 de marzo de 2003 no puede estimarse como cláusula limitativa, sino como constitutiva del objeto o núcleo del seguro, pues concreta exactamente hasta donde puede alcanzar la acción indemnizatoria. La expresión del art. 3 LCS, no se refiere a una condición general o a sus cláusulas excluyentes de responsabilidad de la asegurada, sino a aquellas que son limitativas de los derechos del asegurado (...); en este sentido se pronuncian las sentencias de esta Sala de 16 de mayo y 16 de octubre de 2000, 23 de octubre de 2002 y 21 de febrero de 2003 (...)"; y en sentencia de 20 de marzo de 2003, que dice: " (...) interesa observar que el artículo 1 de la Ley establece que la obligación del asegurador existe dentro de los limites pactados, idea que repite la Ley en general en los artículos que definen las distintas modalidades del contrato de seguro al repetir la frase que el asegurador se obliga dentro de los limites establecidos en la Ley y en el contrato.  Como pone de relieve la SAP Madrid de 15-9-2009,  "Las exigencias formales que afectan a las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado impuestas por el artículo 3 LCS, entre las cuales figura la especial aceptación por parte de éste, deben ser interpretadas en consonancia con este principio. "

El Tribunal Supremo, en sentencia dictada por el Pleno de la Sala 1, de 11 de septiembre de 2006 y con el propósito de mantener un criterio uniforme, ha distinguido entre las cláusulas del imitadoras del riesgo y las cláusulas que restringen los derechos de los asegurados, señalando que son cláusulas restrictivas de los derechos de los asegurados aquellas que condicionan, modifican o restringen el derecho del asegurado a percibir la indemnización una vez que el riesgo objeto de cobertura del seguro se ha producido, mientras que cláusula delimitadora del riesgo es aquella que define los riesgos que son objeto de cobertura, señalando a este respecto la referida Sentencia del Tribunal Supremo, con cita de la sentencia del Tribunal Supremo de STS de 16 octubre de 2000, que: "la cláusula limitativa opera para restringir, condicionar o modificar el derecho del asegurado a la indemnización una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido, y la cláusula de exclusión de riesgo es la que especifica qué clase de ellos se ha constituido en objeto del contrato.

TERCERO.- Examen del recurso presentado por la inicial demandante.

Se denuncia infracción de lo dispuesto en el art. 3 LCS, en razón al carácter limitativo de la cláusula relacionada con la conducción en estado de embriaguez. Confunde la parte su estrategia y en consecuencia la motivación de su recurso, pues lo orienta en relación con la intencionalidad del sujeto, y en ese sentido se pronuncian las sentencias que cita, pero lo que no es el caso que nos ocupa, referido, en suma a si el riesgo estaba o no cubierto por la póliza suscrita.

Describe luego las circunstancias del accidente en relación con la exclusión del supuesto de conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas, describiendo  la manera en la policía interviniente describe aquel. No oculta lo anterior,  el estado del conductor, que releva a criterio de la Sala, las concretas circunstancias, y en especial el estado del terreno, que exigiría, una mayor atención y que no se opone a que el riesgo de que se trata, recogido de manera  clara y terminante quedara fuera de la cobertura de la póliza. Tampoco se vulnera el derecho a la presunción de inocencia que no se discute, sino que estamos ante un hecho objeto, excluido del contrato por expresa voluntad de las partes, que lo plasman así en el contrato. No se cuestiona que pudiera haberse incluido que no obstante, podría haber incluido el contrato, incluir el supuesto de conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas, en otras condiciones presumiblemente, pero lo cierto es que no se hizo así, y el tomador fue informado y aceptó expresamente ese límite, que marcaba el ámbito del seguro que se contrataba ( art. 1 LCS).

Tampoco cabe cuestionar con éxito el hecho cierto claro y plenamente acreditado de las condiciones bajo las que la víctima conducía, acreditadas de los informes existentes y valorada correctamente por el juzgador.

CUARTO.- La desestimación del recurso comporta la condena al apelante en las costas de la alzada ( arts. 398 y 394 LEC).

Por lo expuesto,

FALLAMOS

DESESTIMAR EL RECURSO INTERPUESTO POR X CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 3 DE CUENCA EN EL PROCEDIMIENO ORDINARIO NUMERO 505/2011 SEGUIDO CONTRA REALE SEGUROS GENERALES, S.A., CONFIRMANDO LA SENTENCIA E IMPONIENDO A LA APELANTE LAS COSTAS DEL RECURSO.

Póngase en conocimiento de las partes que contra esta Resolución cabe recurso de casación, por razón de interés casacional, y de infracción procesal, (en este último caso cuando concurra interés casacional y se admita conjuntamente un recurso de casación interpuesto conjuntamente contra la Sentencia), que se presentarán, en el plazo de 20 días contados desde el siguiente al de la notificación de la presente Resolución, ante esta Audiencia Provincial; debiendo procederse en su caso, y con arreglo a la Disp. Adic. 15ª de la L.O.P.J., a la consignación del correspondiente depósito.

         Se declara la pérdida del depósito de 50 € efectuado por la parte  recurrente para la apelación; al cual se le dará el destino legal.

      Así por esta nuestra Sentencia,  lo pronunciamos, mandamos y firmamos

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