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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en apelación. Tercería de dominio. 1335 Código Civil

Sentencia en apelación. Tercería de dominio. 1335 Código Civil

S E N T E N C I A  NUM.  381/2012

En la ciudad de Cuenca, a veintiocho de Diciembre de dos mil doce.

         Vistos en trámite de recurso de apelación los autos de Tercería de Dominio num. 61/2012, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cuenca y su partido, promovidos a instancia de DOÑA x, representada por el Procurador de los Tribunales Doña  José Antonio Nuño Fernández y asistida por el Letrado Don Alejandro Martínez Ramos, contra DON x,  representado por el Procurador de los Tribunales Don José Vicente Marcilla López y asistido por el Letrado Don Manuel Catala Rubio, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante contra la sentencia dictada en primera instancia de fecha dos de Julio de dos mil doce;  habiendo sido ponente el Ilmo. Sr.  Don Ramón Ruiz Jiménez.

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En los autos indicados al margen se dictó sentencia de fecha  dos de julio de dos mil doce, en cuya parte dispositiva se establecía, literalmente: "Desestimando la demanda promovida por el procurador D. José Antonio Nuño Fernández en nombre y representación de Doña x se absuelve a D. x de las pretensiones contenidas en el escrito  de demanda, alzamiento del embargo trabado sobre la finca urbana descrita en el expositivo primero de esta demanda se imponen las costas causadas a la parte actora."

         SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso por el  Procurador Don José Antonio Nuño Fernández, en nombre y representación de Doña x, recurso de apelación, teniéndose por interpuesto el mismo por Diligencia de Ordenación de diecisiete de septiembre de dos mil doce. De dicho Recurso se le dio traslado a las demás partes personadas a fin de que pudieran presentar escrito de oposición al recurso o impugnar la sentencia en aquellos extremos que pudieran resultarles desfavorables.

         Con fecha veintisiete de septiembre de dos mil doce,  Don José Vicente Marcilla López, Procurador de los Tribunales y de Don x, presentó escrito oponiéndose al recurso de apelación presentado de contrario.

         TERCERO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, con fecha  seis de noviembre de dos mil doce, se procedió a formar el correspondiente rollo, asignándosele el número 421/2012 y turnándose su ponencia al Iltmo. Sr. D. Ramón Ruiz Jiménez. Por Providencia de fecha dieciséis de noviembre de dos mil doce se señaló para que tuviera lugar la correspondiente deliberación, votación y fallo el  día  dieciocho de diciembre de dos mil doce.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

          PRIMER0.- Se presenta la demanda que da lugar a estas actuaciones por doña x , siendo demandado don x.  Refiere la demanda, que en el procedimiento de jura de cuentas 21/01 instado por el letrado don x en reclamación de los honorarios devengados por su cliente Sr. x, se acordó el embargo preventivo de la finca que describe, el piso en la calle x  que describe la demanda. La demandante dice ostentar la propiedad de dicha finca.  Afirma que está casada con el Sr. x, quien en el año 2000, ante Notario, otorgó capitulaciones, fijando el régimen de separación como el que habría de regir entre los esposos. La demandante había adquirido dicha vivienda como bien privativo en el año 1990, y las deudas por las que se ejecuta el bien, se contrajeron por su esposo en el año 2001. El demandado se opuso a la demanda, negando el carácter privativo de la vivienda y el origen de la deuda, y frente a la sentencia desestimatoria de la demanda se alza el inicial demandante. Parte la sentencia, que ciertamente la compra se hizo como bien privativo y el esposo, presente así lo confesó, y así se hizo constar en la inscripción, pero entiende que no existe prueba de este carácter privativo del bien, en aplicación del art. 1346 CC, al no constar la procedencia del dinero con el que se adquirió la finca. Recordar finalmente que la demandante contrajo matrimonio el 2 de agosto de 1986 rigiéndose por el régimen de gananciales, sustituido mediante escritura de  26 de mayo de 2000 que pactaron la separación absoluta de bienes.

          SEGUNDO.- La presentación del recurso, lejos de concretar los  motivos de oposición, se limita a citar doctrina contraria al criterio del juzgador, en parte, ya expuesta en el escrito de demanda. Cabe pensar que la conformidad en los hechos es total y se discrepa con  la valoración de la norma aplicada y la calificación de ganancial de la vivienda.

          El procedimiento del que deriva la jura de cuentas, origen del crédito que da lugar al embargo, es el menor cuantía 142/ 1998, admitiendo la parte que en esa época la demandante estaba casada en régimen de gananciales con el Sr. x, lo que por otra parte se extrae de la documentación incorporada a los autos. Dice la SAP Madrid, 16-1-2012, que no basta frente a terceros la sola confesión de uno de los esposos del carácter no ganancial de los bienes, pues no olvidemos, se dice,  que el artículo 1.324 CC  únicamente establece un mecanismo para probar entre los cónyuges la titularidad de los bienes, reduciendo al marco de la pareja su efectividad, sin extenderse a terceros como los acreedores, ya lo sean de la comunidad o de cada uno de los cónyuges , como tampoco perderán su derecho de actuar contra los bienes que fueron comunes en el momento de generarse la deuda por la interesada disolución del régimen económico matrimonial.

Con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma de 13 de mayo de 1981, en suma, ni los cónyuges podían válidamente transferir un bien de una masa patrimonial a otra ni atribuir a un bien privativo el carácter de ganancial o viceversa".

El artículo 1335 del Código Civil  responde a la finalidad de dotar a la autonomía de la voluntad de los cónyuges la calificación jurídica de determinados bienes. Se trata, en definitiva, de una "fictio iuris" `para variar la naturaleza de los bienes en el campo familiar, como corolario lógico a la admisibilidad jurídica de las donaciones entre cónyuges , convirtiendo en consorcial un bien privativo y viceversa. Supuestos doctrinalmente conocidos como de "restricción" o "extensión" de la comunidad, sin que sea exigible que esa atribución de bienes precise causa.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2004, confiere a esa declaración el valor de "confesión probatoria inter partes", es decir, en el ámbito de las relaciones entre los cónyuges , más concretamente, de uno frente al otro. De esta manera -dice- el artículo 1335 del Código Civil  , ". autoriza a los citados cónyuges a establecer, de común acuerdo, la facultad de atribuir esa condición de ganancialidad a los bienes adquiridos a título oneroso durante el matrimonio, cualquiera que sea la procedencia del precio".

          En el caso presente, la consideración de privativo, se hace, en contra de lo que se dice en la demanda, en tiempo sospechoso, pues el procedimiento del que dimana la deuda ya había nacido, de modo que el juzgador, con acierto y en respeto de terceros, no confiere validez plena a la sola confesión de la otra parte, cuando no existe mínima justificación de la procedencia del dinero con el que se lleva a cabo la compra. Debe en consecuencia desestimarse el recurso lo que comporta la condena en costas a la parte apelante (Art. 398 y 344 de la LEC).

Por lo expuesto,

FALLAMOS

   Desestimar el recurso interpuesto por Doña x contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia num. 1 de Cuenca En el procedimiento de Tercería de Dominio num. 61/2012, seguido contra Don x. Confirmando la misma e imponiendo a la apelante las costas del recurso.

                Póngase en conocimiento de las partes que contra esta Resolución cabe recurso de casación, por razón de interés casacional, y de infracción procesal, (en este último caso cuando concurra interés casacional y se admita conjuntamente un recurso de casación interpuesto conjuntamente contra la Sentencia), que se presentarán, en el plazo de 20 días contados desde el siguiente al de la notificación de la presente Resolución, ante esta Audiencia Provincial; debiendo procederse en su caso, y con arreglo a la Disp. Adic. 15ª de la L.O.P.J., a la consignación del correspondiente depósito.           

         Se declara la pérdida del depósito de 50 € efectuado por la parte  recurrente para la apelación; al cual se le dará el destino legal.

         Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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