Blogia
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en apelación. Vicio de incongruencia omisiva. Responsabilidad administradores societarios tras liquidación, acción de regreso y responsabilidad

Sentencia en apelación. Vicio de incongruencia omisiva. Responsabilidad administradores societarios tras liquidación, acción de regreso y responsabilidad

SENTENCIA  NUM. 391/2012  

Iltmos. Sres.: 

Presidente:

   Sr. Martínez Mediavilla

Magistrados:

   Sr. Solís García del Pozo

   Sr. Casado Delgado (Ponente)

   En Cuenca, a veintiocho de diciembre de dos mil doce.

   Vistos en trámite de recurso de apelación los autos de Juicio Ordinario número 170/2011, procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de los de Cuenca y su Partido, con competencias exclusivas en materia mercantil, promovidos a instancia de Dª. x, representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Herráiz Fernández y asistida por el Letrado Sr. Almagro Arquero, contra D.x , Dª. x, D. x y D. x, representados por el Procuradora de los Tribunales Sra. Herráiz Calvo y asistidos por el Letrado Sr. Domínguez Ruiz sobre acción de regreso y de responsabilidad de los administradores societarios; en  virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. x, Dª. x, D. x y D. x contra la sentencia dictada en primera instancia de fecha veinte de febrero de dos mil doce, habiendo sido Ponente el Ilmo. Sr. Don Ernesto Casado Delgado, quién expresa el parecer del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

   Primero.- En los autos indicados al margen se dictó sentencia de fecha veinte de febrero de dos mil doce por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de los de Cuenca y su Partido, en cuyo Fallo se establece: "Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda promovida por la Procuradora Sra. Herráiz Fernández, en nombre y representación de Dª. x y, en consecuencia, debo condenar y condeno a D. x, Dª. x, D.x  y D. x a que abonen, conjunta y solidariamente, a la parte actora la suma de 52.975,85 euros, más los intereses legales desde la interposición de la demanda, incrementados en dos puntos desde el dictado de la presente, condenado asimismo a los demandados al pago de las costas procesales causadas".

   Segundo.-  Contra la anterior sentencia se preparó y después interpuso por la representación procesal de D. x, Dª.x , D. xO y D. x  recurso de apelación por medio de escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando de la Sala "… se dicte en su día resolución por la que, con estimación del presente recurso, se revoque la sentencia de instancia y en su lugar se dicte otra por la que se desestime la demanda de la parte actora con imposición de costas"..

   Tercero.- Admitido a trámite el recurso de apelación y conferido traslado a la contraparte, por la representación procesal de Dª. x se dedujo oposición al recurso y se interesó la confirmación de la resolución recurrida.

   Cuarto.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el correspondiente rollo, asignándosele el número del margen, turnándose Ponencia que recayó en el Magistrado Ilmo. Sr. Don Ernesto Casado Delgado, habiéndose celebrado en la fecha señalada la deliberación, votación y fallo,  habiéndose observado las prescripciones legales, excepto el plazo para dictar sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

   No se aceptan los contenidos en la resolución recurrida.

   Primero.- El Juzgador de Instancia estima la demanda rectora condenando a los demandados, en su condición de administradores de la sociedad x Frio Industrial, a abonar a la actora la cantidad de 532.975,85 euros que se corresponde con la cantidad reconocida a la actora en la jurisdicción social como consecuencia del despido declarado improcedente, descontada la cantidad satisfecha por el FOGASA y  el coste de los profesionales en dicha jurisdicción. Y la condena procede, no en base al incumplimiento de la obligación de proceder a la disolución de la sociedad, sino por cuanto estima la acción de responsabilidad por daños dado que los administradores no provisionaron la cantidad que posteriormente le fue reconocida en la jurisdicción social como consecuencia de la improcedencia del despido, siendo conscientes de que la actora no estaría conforme con el mismo y reclamaría la cantidad que legalmente le correspondiera, lo que finalmente aconteció.

   Segundo.- Se alza la representación procesal de la parte demandada contra la sentencia de instancia interesando se revoque la misma y se dicte nueva resolución por la que desestime la demanda todo ello por medio de escrito en el que alega, en esencia, un que el Juzgador de Instancia ha incurrido en incongruencia extra-petita dado que ha alterado los términos del debate planteados por las partes en tanto no se ejercita en la presente litis una acción de responsabilidad del liquidador único de la sociedad, ni acción de responsabilidad con causa en las operaciones de liquidación de al compañía, ni acción de responsabilidad contra los socios por razón de las deudas sociales con causa en las cuotas de liquidación, fado que el Juez estima la acción de responsabilidad en el único hecho de considerar que los administradores, bien en las cuentas anuales, bien en la memoria, o bien en el balance final de la disolución deberían haber previsto la contingencia de la indemnización debida a la actora por razón de su despido y este hecho no resulta de la demanda ni de la fijación de los hechos en la audiencia previa.

   Tercero.- El Tribunal Constitucional ha venido afirmando, en una reiterada y consolidada doctrina, que el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonable, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes durante la sustanciación del proceso (STC 218/2004, de 29 de noviembre, por todas). En el caso ahora enjuiciado debemos determinar, en concreto, si la Sentencia dictada en el grado jurisdiccional de suplicación e impugnada en amparo ha incurrido, tal como aduce la parte recurrente, en un vicio procesal de incongruencia, lesivo del referido derecho fundamental en su vertiente de acceso a los recursos legalmente procedentes.

   La congruencia viene referida desde un punto de vista procesal al deber de decidir por parte de los órganos judiciales resolviendo los litigios que a su consideración se sometan, a su potestas en definitiva, exigiendo que el órgano judicial ofrezca respuesta a las distintas pretensiones formuladas por las partes a lo largo del proceso, a todas ellas, pero sólo a ellas, evitando que se produzca un "desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido" (SSTC 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3 EDJ 2000/11397 ; 114/2003, de 16 de junio, FJ 3; ó 174/2004, de 18 de octubre, FJ 3 ; entre muchas otras).

   Recordaba en ese sentido la STC 130/2004, de 19 de julio, que desde pronunciamientos aún iniciales como la STC 20/1982, de 5 de mayo (FFJJ 1 a 3), hemos definido en una constante y consolidada jurisprudencia el vicio de incongruencia como aquel desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado su pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso en los escritos esenciales del mismo. Al conceder más, menos o cosa distinta a lo pedido, el órgano judicial incurre en las formas de incongruencia conocidas como ultra petita, citra petita o extra petita partium. Son muy numerosas las decisiones en las que este Tribunal ha abordado la relevancia constitucional del vicio de incongruencia de las resoluciones judiciales, precisando cómo y en qué casos una resolución incongruente puede lesionar el derecho fundamental reconocido en el art. 24.1 CE. Se ha elaborado así un cuerpo de doctrina consolidado, que puede sistematizarse, a los efectos que a este amparo interesan, en los siguientes puntos:

   a) El vicio de incongruencia, entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela judicial siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en los que discurrió la controversia procesal.El juicio sobre la congruencia de la resolución judicial precisa de la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso delimitado por sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y petitum. Ciñéndonos a estos últimos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar la causa petendi, alterando de oficio la acción ejercitada, pues se habrían dictado sin oportunidad de debate, ni de defensa, sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el thema decidendi.

   b) Dentro de la incongruencia hemos venido distinguiendo, de un lado, la incongruencia omisiva o ex silentio, que se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, y sin que sea necesaria, para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen por las partes como fundamento de su pretensión, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales.

De otro lado, la denominada incongruencia por exceso o extra petitum, que se produce cuando el órgano judicial concede algo no pedido o se pronuncia sobre una pretensión que no fue oportunamente deducida por los litigantes, e implica un desajuste o inadecuación entre el fallo o la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones. En este sentido ha de recordarse que el principio iura novit curia permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque los litigantes no las hubieren invocado, y que el juzgador sólo está vinculado por la esencia y sustancia de lo pedido y discutido en el pleito, no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como hayan sido formuladas por los litigantes, de forma que no existirá incongruencia extra petitum cuando el Juez o Tribunal decida o se pronuncie sobre una de ellas que, aun cuando no fuera formal y expresamente ejercitada, estuviera implícita o fuera consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida en el proceso.

   Más concretamente, desde la perspectiva constitucional, este Tribunal ha venido declarando reiteradamente que, para que la incongruencia por exceso adquiera relevancia constitucional y pueda ser constitutiva de una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), se requiere que la desviación o desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones, por conceder más de lo pedido (ultra petitum) o algo distinto de lo pedido (extra petitum), suponga una modificación sustancial del objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo extraño a las respectivas pretensiones de las partes, de forma que la decisión judicial se haya pronunciado sobre temas o materias no debatidas oportunamente en el proceso y respecto de las cuales, por consiguiente, las partes no tuvieron la oportunidad de ejercitar adecuadamente su derecho de defensa, formulando o exponiendo las alegaciones que tuvieran por conveniente en apoyo de sus respectivas posiciones procesales.

   En algunas ocasiones, tiene declarado este Tribunal, ambos tipos de incongruencia pueden presentarse unidas, dándose la llamada incongruencia por error, que es aquélla en la que concurren al unísono las dos anteriores clases de incongruencia. En efecto, se trata de supuestos en los que, por error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión o pretensiones formuladas por las partes en la demanda o sobre los motivos del recurso, sino que equivocadamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta (por todas, SSTC 15/1999, de 22 de febrero, FJ 2; 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3;182/2000, de 10 de julio, FJ 3; 213/2000, de 18 de septiembre, FJ 3; 211/2003, de 1 de diciembre, FJ 4; 8/2004, de 9 de febrero, FJ 4).

  Cuarto.- El recurso de apelación merece acogimiento por parte de este Tribunal.

  En efecto examinada la demanda rectora y los términos del debate podemos afirmar que el Juzgador de Instancia ha alterado, sustancialmente, las bases fácticas articuladas por las partes al resolver la cuestión sometida a enjuiciamiento. Y ello es así por cuánto, respecto de la acción de responsabilidad por daños, que es la que se estima en la sentencia, la actora la justifica en el hecho de que la empresa ha desaparecido sin activo y ha dejado una deuda a favor de la actora por importe de unos 60.000 euros, cuando en la sentencia se estima la acción sobre la base de no haber provisionado los administradores la cantidad que posteriormente le fue reconocida en la jurisdicción social como consecuencia de la improcedencia del despido.

   Ahora bien, la consecuencia de la incongruencia es salvada por este Tribunal en la presente resolución. Así debe ya adelantarse que la demanda debe ser desestimada y ello por cuánto acordada la disolución de la sociedad por acuerdo de los socios, los administradores cesan en su actuación que es desarrollada por el liquidador nombrado de modo que no existe acto u omisión imputable a los administradores, negligente o no desempeñado con la diligencia de un ordenado comerciante y la necesaria relación de causalidad entre el mismo y el daño que se dice inferido a la actora, presupuestos éstos necesarias para que prospere la acción ejercitad por la actora, por cuánto de existir conducta negligente referente a la no provisión de fondos, ésta sería o debiera ser imputada al liquidador y en este procedimiento no se ejercita acción alguna al respecto, razones todas ellas que conducen a la estimación del recurso y a la revocación de la sentencia de instancia con la consiguiente absolución de los demandados de las pretensiones contra ellos ejercitadas. Ello no obstante, concurren razones de justicia para no imponer las costas procesales a la actora que se ha limitado a ejercitar una pretensión de condena sobre la base de una indemnización reconocida por un Tribunal de Justicia (art. 394 LEC).

   Cuarto.- Estimado el recurso, no se efectúa expreso pronunciamiento condenatorio sobre las costas de la alzada (art. 398.2 LEC).

   Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación a los presentes autos.

FALLAMOS

   Que estimando como estimamos el recurso de apelación interpuesto por Doña María Josefa Herráiz Calvo, Procuradora de los Tribunales y de D. x, Dª.x, D.x  y D. x, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de los de Cuenca y su Partido en su Juicio Ordinario nº 179/2011, del que dimana el presente Rollo de Apelación Civil nº 201/2012; y, en su consecuencia, debemos REVOCAR COMO REVOCAMOS LA RESOLUCION RECURRIDA; todo ello, que se deja sin efecto y, en su lugar, dictamos la presente por la que desestimando como desestimamos la demanda interpuesta por Dª. x contra x, debemos absolver y absolvemos a los demandados de las pretensiones deducidas en su contra en la presente litis; todo ello, sin expreso pronunciamiento condenatorio respecto de las costas procesales de la instancia y de la presente alzada y con devolución del depósito constituido a la parte recurrente.

   Contra la presente resolución cabe interponer recurso de casación si la parte entiende que presenta interés casacional en el plazo de veinte días ante este Tribunal a partir del siguiente al de su notificación, previa constitución del depósito exigido por la Disposición Adicional 15ª de la L.O.P.J y de las tasa prevista legalmente.

   Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.  

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres