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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en apelación. Acción reivindicatoria, requisitos.

Sentencia en apelación. Acción reivindicatoria, requisitos.

SENTENCIA NUM. 388/2012

Iltmos. Sres.: 

Presidente:

   Sr. Martínez Mediavilla  

Magistrados:

   Sr. Solís García del Pozo

   Sr. Casado Delgado (Ponente) 

   En Cuenca, a veintiocho de diciembre de dos mil doce. 

   Vistos en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial, los autos de Juicio Ordinario nº 124/2010 procedentes del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Tarancón y su Partido, seguidos a instancia de D. X, representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Castell Bravo y asistido por el Letrado Sr. García-Marquina Cascallana, contra D. X, representado  por el Procurador de los Tribunales Sr. Díaz-Regañón Fuentes y asistido por el Letrado Sr. Godoy Ortega y Dª. X, representado por el Procurador de los Tribunales Sr. Díaz-Regañón Fuentes y asistido por el Letrado Sr. Aparicio Matesanz, sobre acción reivindicatoria de bien inmueble; como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.X  contra la sentencia dictada en primera instancia de fecha tres de febrero de dos mil doce, habiendo sido Ponente el Magistrado de Ilmo. Sr. D. Ernesto Casado Delgado, quién expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

   Primero.- En los autos indicados al margen, por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Tarancón y su Partido se dictó sentencia de fecha tres de febrero de dos mil doce, cuyo Fallo presenta el siguiente tenor: "Que estimando parcialmente la demanda deducida por la Procuradora de los Tribunales Sr. Castell Bravo, en nombre y representación de X, contra X Y X, debo declarar y declaro que la parcela urbana sita en X es propiedad de X con la extensión y linderos establecidos en el informe pericial del Sr. Corpa Infante, debiendo condenar a los demandados X y Xz a que retiren el vehículo estacionado parcialmente en la propiedad del actor conforme se refleja en el propio informe pericial del Sr. Corpa Infante, todo ello, con la obligación de que cada una de las partes litigantes abonen las costas procesales causadas a su instancia y las comunes, por mitad".

   Segundo.- Notificada la anterior resolución a las partes, por la representación procesal de X se interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación contra la reseñada sentencia por medio de escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó Suplicando al Juzgado "… se remitan los autos a la Audiencia Provincial y se dicte sentencia en su día por la que, con revocación de la recurrida, se estimen en su integridad todas las pretensiones articuladas en nuestro escrito de demanda y ello con cuantos pronunciamientos resulten procedentes en derecho y la expresa imposición de las costas causadas".

   Tercero.- Admitido a trámite el recurso de apelación y conferido traslado a la contraparte, por la representación procesal de X Y X se presentaron sendos escritos de oposición al recurso de apelación deducido de contrario, interesando la confirmación de la resolución recurrida.

   Cuarto.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el correspondiente Rollo de apelación, asignándole el número 181/2012, se turnó Ponencia que recayó en el Magistrado Ilmo. Sr. D. Ernesto Casado Delgado y se celebró en fecha trece de noviembre del año en curso la deliberación, votación y fallo.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

   Se aceptan los razonamientos jurídicos contenidos de la resolución recurrida.

   Primero.- Se alza la parte apelante contra la sentencia dictada en la instancia sobre una base argumental consistente en una errónea valoración de la prueba efectuada por el Juzgador "a quo" al haber conferido plena validez al informe parcial emitido por el ingeniero técnico agrícola Sra. Corpa Infante cuando el mismo carece de competencias en materia de fincas urbanas conforme al Decreto 2094/1971 regulador de las competencias de los ingenieros técnicos agrícolas y, por otro lado, no tomando en consideración, por el contrario, el informe emitido por el perito judicial ( arquitecto9 en cuyas conclusiones se señala que en la finca propiedad del actor se habían producido por los demandados actos perturbatorios de la propiedad como es la instalación de una furgoneta, restos de hierros y demás enseres.

   Segundo.-  El éxito de la acción reivindicatoria exige – ex art. 348 del CC y reiteradísima y constante doctrina jurisprudencial- la concurrencia de los siguientes requisitos: a)Título de Dominio: que no se identifica necesariamente con la constatación documental del hecho generador, sino que equivale a prueba de la propiedad de la cosa en virtud de causa idónea para dar nacimiento a la relación en que el derecho real consiste; b) Identificación de la cosa y/o porción de terreno ; se trata de un requisito esencial para que prospere la acción reivindicatoria, de manera que no puedan suscitarse dudas sobre la misma, debiendo fijarse con precisión la situación, cabida y linderos de la finca demostrando que el predio o porción reclamada es al que se refiere el título de domino o bien se encuentra comprendido dentro del mismo, y c) Posesión por otro: para que prevalezca la acción reivindicatoria ha de demostrarse que el demandado posee actualmente los bienes reclamados aunque afecte la acción a los poseedores anteriores.

   Al mismo tiempo,  esta Sala ha tenido ocasión de reiterar que en el marco de las acciones reivindicatorias, especialmente cuando las mismas se emprenden entre colindantes, es llano que el título de dominio de la finca propiedad de los actores, --en sí mismo no cuestionado--, no se alcanza para acreditar la propiedad sobre cualquier espacio de terreno, siendo preciso probar cumplidamente en estos supuestos que éste se halla ínsito en aquél. Es decir, no basta con acreditar ser propietario de una finca para que, de forma automática, se considere que el espacio reivindicado forma parte de ella, pues en tal caso es obvio que, ampliando sucesivamente el perímetro de aquélla vendría por ese procedimiento a ocuparse la totalidad de los terrenos colindantes.

   Del mismo modo, se ha sostenido por este Tribunal la plena compatibilidad de las acciones de deslinde y reivindicatoria en el marco concreto de procedimientos en los que se está ante una discusión de cuáles son los linderos correcto de las fincas, más aún, cuando el anterior lindero hubiere desaparecido bien por efecto del transcurso del tiempo o bien por obra de la acción humana, de tal suerte que en el momento en que se postula la pretensión no se advierta la necesaria y correcta determinación de los mismos existiendo evidentes divergencias entre los titulares de los predios colindantes.

   Por otro lado, el artículo 38 de la Ley Hipotecaria se refiere a los derechos reales inscritos, presumiendo "iuris tantum" que existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo, pero en forma alguna garantiza la rectitud de los datos de mero hecho y, singularmente, la superficie o extensión de las fincas, por lo que la condición invocada de tercero hipotecario en ningún caso llegaría a lograr la protección aquí pretendida. En este mismo sentido, las SSTS de fechas 16/04/68, 3/06/89 y 5/06/2000, afirman que: "la fe pública del registro asegura la existencia y contenido jurídico de los derechos reales inscritos, pero no garantiza la exactitud de los datos de mero hecho relativos a la inscripción de la finca, quedando ello sometido al resultado de las pruebas practicadas", y en similares términos se pronuncia también la sentencia de 19/07/2.005 en el sentido de que "las inscripciones en el Registro de la Propiedad no dan fe de las características físicas de los inmuebles que comprenden, al prevalecer la realidad extraregistral distinta, que habrá de ser cumplidamente probada".

   También es sabido que nuestro Tribunal Supremo ha venido señalando que el Registro de la Propiedad carece de una base física fehaciente, ya que reposa sobre simples declaraciones de los otorgantes y por ello caen fuera de la garantía que presta cuantos datos registrales se correspondan con hechos materiales o físicos, tanto a los efectos de la fe pública como a los efectos de la legitimación registral, sin que por tanto la institución responda de los datos y circunstancias de puro hecho ni, por consiguiente, de los datos descriptivos de la finca, como son los referentes a su superficie (en este sentido, por todas, SSTS de fechas 1 de julio de 1.995 y 31 de diciembre de 1.999 ).

   Tercero.- En el caso sometido a revisión en alzada, la Sala comparte las conclusiones alcanzadas por la Juzgadora de Instancia que valora correctamente el acervo probatorio ante el practicado.

   En efecto, la prueba practicada en el seno del procedimiento, documental consistentes en los respectivos títulos de dominio y las periciales aportadas por los demandados y el perito judicial, no permite tener por acreditado que la porción de terreno reivindicada por el actor se corresponda con su título de dominio, y ello por cuánto, no compartiendo en absoluta la tesis sostenida por el recurrente referida a que el perito Sr. Corpa Infante carezca de competencias para emitir un dictamen pericial al tratarse de fincas urbanas, conforme a consolidada jurisprudencia que preconiza la aptitud para realizar informes de mediciones de fincas, lo realmente relevante es que el título del actor por su lado sur linda con "carril" y el titulo de los demandado linda con "senda", y es aquí donde el perito judicial fija dicho lindero con la C7 Calvario desconociendo completamente el propio título de los demandados, que es reconocido por el actor y el propio título del actor que, por ese lugar linda con carril,. Si a lo anterior se añade que el propio perito judicial reconoció que " no podía decir si los muebles y objetos están en una finca u otra", es claro y palmario, a criterio de este Tribunal que no procede estimar la acción reivindicatoria en la totalidad de lo postulado en la demanda sino, por el contrario, en la forma reconocida en la resolución judicial que confiere validez al informe del ingeniero técnico agrícola Sr. Corpa Infante , valorado conforme a las reglas de la sana crítica, dado que se ajusta al contenido de los respectivos títulos de dominio de las partes litigantes y en concreto en la zona de colindancia separada por senda o carril, razones por las que procede la íntegra confirmación de la sentencia dictada en la instancia.

   Cuarto.- Desestimado el recurso de apelación, procede imponer las costas de la alzada a la parte recurrente (art. 398.1º en relación con el art. 394.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

   Vistos los preceptos legales invocados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

   Que desestimando como desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Dª. Milagros Castell Bravo, Procuradora de los Tribunales y de D. x, contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Tarancón en el Juicio Ordinario nº 124/2010, de los que dimana y a ellos se contrae el Rollo de Apelación nº 181/2012, declaramos que debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS INTEGRAMENTE LA RESOLUCION RECURRIDA; todo ello, con imposición a la parte recurrente de las costas procesales correspondientes a al presente alzada y con pérdida del depósito constituido.

   Notifíquese esta Sentencia a las partes; haciéndoles saber que es firme y que frente a ella no cabe recurso, sin perjuicio de que si cualquiera de las partes pudiera entender que existe interés casacional pudiese plantear recurso de casación, por razón de interés casacional, que se presentaría, en el plazo de 20 días contados desde el siguiente al de la notificación de la presente Resolución, ante esta Audiencia Provincial; debiendo procederse a la consignación del correspondiente depósito y de la tasa legalmente establecida.

   Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgado en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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