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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en apelación. Responsabilidad individual y por deudas de administradores societarios

Sentencia en apelación. Responsabilidad individual y por deudas de administradores societarios

SENTENCIA   num. 404/2012

                    En Cuenca, a 28 de Diciembre de dos mil doce.

     Vistos ante esta Audiencia Provincial, en trámite de recurso de apelación nº 194/2012, los autos de Juicio Ordinario nº 226/2009 procedentes del Juzgado de Primera Instancia y de lo Mercantil nº 2 de San Clemente a instancia de XXXX S.L., representada por la Procuradora Dª Susana Melero de la Osa  y defendida por el Letrado D. José Luis Pacheco Cano, contra DON XXXX, representado por la Procuradora Dª Yolanda Segovia Rubio y defendido por el Letrado D. Carlos Risueño Jiménez y DOÑA XXXX, representada por la Procuradora Dª Yolanda Segovia Rubio y defendida por el Letrado D. José Angel Lara Rubio, sobre reclamación de cantidad por responsabilidad de los administradores sociales, en virtud del recurso de apelación interpuesto por DON X  y por DOÑA XX contra la Sentencia dictada en primera instancia, por el ya referido Juzgado, en fecha 21 de Febrero de dos mil doce; habiendo sido Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Solís García del Pozo

Antecedentes de hecho 

    Primero.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca se dictó Sentencia, en fecha 21 de Febrero de dos mil doce cuya parte dispositiva decía: "Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO íntegramente la demanda promovida por la Procuradora Dª Susana Melero de la Osa en la representación que ostenta de X S.L. y en consecuencia debo condenar y condeno a D. X y Dª X  a que abonen conjunta y solidariamente a la parte actora la suma de 55.906.17 euros mas los intereses legales de la misma devengados desde la interposición de la demanda y hasta el completo pago de la deuda, condenando asimismo a las demandadas al pago de las costas procesales causadas."

    Segundo.- Notificada la anterior resolución a las partes, por la representación procesal de DON X se interpuso contra la misma recurso de apelación, en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaban de aplicación, interesaba la estimación del recurso y el dictado de una sentencia por la que estimando el recurso de apelación, se revoque la sentencia de instancia, absolviendo al recurrente con imposición de las costas a la parte actora.

    Tercero.- De la misma manera se interpuso recurso de apelación por Dª X en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaban de aplicación, interesaba la estimación del recurso y el dictado de una sentencia por la que estimando el recurso de apelación, se revoque la sentencia de instancia, absolviendo al recurrente con imposición de las costas a la parte actora.

   Cuarto.- Admitido a trámite el recurso de apelación, y dado el correspondiente traslado del escrito de interposición, por la parte demandante, XX S.L. se presentaron sendos escritos de oposición a los recursos interpuestos; interesando la confirmación de la sentencia de instancia con imposición de las costas a los apelantes.

    Quinto.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el correspondiente Rollo de apelación; asignándole el número 194/2012. Se turnó la ponencia y se señaló para deliberación, votación y fallo el día 4 de Diciembre del año en curso.

Fundamentos de derecho

       PRIMERO.- X S.L., acreedor de la Sociedad Limitada X S.L., interpuso demanda contra los administradores de la dicha sociedad, D. X y Dª X, en reclamación de la cantidad de 55.906,17 euros ejercitando acumuladamente la acción de responsabilidad individual de los administradores por daño por el daño causado a su patrimonio al amparo de lo dispuesto en el art. 69 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada en relación con el art. 135 de la Ley de Sociedades Anónimas y de la acción de responsabilidad por deudas del art. 105.5 de la mencionada LSRL. Leyes aplicables al asunto por sustentarse en hechos anteriores al 1 de septiembre de 2.010 fecha de entrada en vigor de la Ley de Sociedades de Capital.

    Los hechos que sustentaban estas acciones se contraían a que la demandante prestó servicios de enlucido de yeso para x S.L. emitiendo el 8/5/08 y el 28/6/08 dos facturas por importe total de 48.133,71 euros para cuyo pago la deudora le entregó cuatro pagarés que resultaron impagados a su vencimiento (entre el 15/8/2008 y el 12/9/2008). La actora promovió juicio cambiario (nº 321/2008 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de San Clemente) en el que recayó sentencia condenando a la demandada al pago de 41.811,74 euros mas 14.094,43 euros de costas. Cantidades que nunca pudieron hacerse efectivas al carecer la ejecutada de cualquier tipo de patrimonio. No habiendo presentado en el Registro Mercantil las cuentas anuales del año 2.009 por lo que la hoja de dicha sociedad aparece cerrada provisionalmente.

    La sentencia de instancia estimó la demanda contra los administradores desestimando la acción de responsabilidad por deudas al no haberse constatado que durante el tiempo que se desarrollaron las relaciones comerciales entre ambas sociedades existiera una situación que obligara a los administradores demandados a proceder a la disolución de la mercantil o a la solicitud de concurso al no haberse probado que el ejercicio 2008 fuera o se encontrara con un capital social inferior al 50%, no siendo trascendente la falta de presentación de las cuentas del 2009, ni los embargos y comunicaciones a los que se refiere la actora que se corresponden al año 2.009 posteriores al nacimiento de la obligación. Sin embargo se estimó la acción de responsabilidad por daño del art. 135 de la LSA por considerar que existió una actuación negligente y contraria a la buena fe mercantil por parte de los administradores demandados al constatarse que con un ínfimo capital social (el mínimo exigido) contrajeron una deuda siendo conscientes de que no iban a poder hacer frente a la misma, como prueba el hecho de la imposibilidad de cobro de los pagarés emitidos, imposibilidad que se manifestó prácticamente de forma inmediata.

     SEGUNDO.- Descartada la concurrencia de los requisitos de la responsabilidad por deudas de los administradores sociales demandados se alzan estos contra la sentencia de instancia en cuanto estimó que existió una actuación negligente de los recurrentes consistente en contraer obligaciones conociendo la imposibilidad de hacerles frente, cuando de lo actuado lo que resulta es una mera situación de iliquidez en la sociedad administrada derivada a su vez del impago de los créditos ostentados por la sociedad frente a terceros. Ambos recurrentes resaltan la contradicción en que a su juicio incurre la sentencia de instancia afirmar que no se constata una insuficiencia patrimonial en la sociedad administrada y a continuación hacer responsables a los administradores por conocer que era imposible atender las obligaciones que contraían.

       Efectivamente la Sala revisando la totalidad de la prueba practicada entiende que el recurso ha de ser estimado por no haberse constatado que los administradores sociales concertaran obligaciones pese a conocer que no podían hacer frente a las mismas. Tal situación no resulta acreditada con la prueba practicada, sino que es un hecho que extrae el juzgador de instancia del solo dato del impago, tras afirmar que no se ha acreditado la insuficiencia patrimonial de la sociedad. Este solo hecho del impago por sí mismo no acredita el conocimiento previo de la imposibilidad del cumplimiento de la obligación. Falta pues la acreditación de la acción u omisión ilícita por parte de los administradores que es un requisito ineludible de la responsabilidad por el daño causado. En este sentido el Tribunal Supremo, entre otras sentencias de 28 de junio de 2000 y de 30 de marzo de 2001, señala que «para condenar a un administrador con base en el art. 135 de la LSA  no basta que el tercero haya sufrido el daño, sino que es necesaria prueba de actos u omisiones dolosas o culposas de los administradores de los que se deriven adecuadamente los daños a terceros, pesando sobre la demandante la carga de la probar no solo el daño, sino también la conducta de los administradores ilegal o carente de diligencia de un ordenado empresario, así como el nexo causal entre ambos (STS de 22.7.04, 30.3.01, 20.7.01, 24.12.02 y 4.3.03) sin inversión de la carga de la prueba para los demandados (STS 20.7.01, 25.4.02  o 22.7.04)»).

   Igualmente afirma la jurisprudencia, al menos como principio general, que el impago de la deuda por parte de la sociedad no es bastante para exigir responsabilidad al administrador, sino que es preciso que pueda identificarse una acción negligente en su comportamiento que sea causa de la lesión patrimonial sufrida por el acreedor, a menos que el riesgo comercial quiera eliminarse por completo del tráfico entre empresas, o se pretenda desvirtuar el principio básico de que los socios no responden personalmente de las deudas sociales (Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 1.ª, de lo Civil, de 20 de noviembre de 2003, 25 de abril de 2005, 26 de mayo de 2005, 28 de mayo de 2005, 14 de marzo de 2008 y 18 de Julio de 2012 entre otras, así como la SAP de Madrid de 12 de mayo de 2012).

   Ahora bien, el art. 135 de la LSA contempla un genérico y  amplio abanico de posibles conductas culposas por parte de los administradores sociales. Así en ocasiones, como excepción o salvedad al aludido principio general, se ha predicado esta responsabilidad por haber contraído el administrador una obligación en nombre de la sociedad pese a ser consciente de la carencia de recursos de esta, casos en los que se ha llegado a  declarar la responsabilidad del administrador sobre la mencionada conducta culposa fijándose la indemnización en cuantía igual a la de la deuda social impagada  (SSTS 31-10-02, 10-3-03 o 25-5-10). Sin embargo es preciso probar este conocimiento o conciencia de la imposibilidad de atender la obligación con anterioridad a la concertación de la misma, prueba que como se dijo incumbe al actor, sin que pueda tal circunstancia deducirse sin mas de impago posterior.

  En el presente caso ha resultado acreditado que las deudas sociales derivan de trabajos de enlucido de yeso que se facturaron en mayo y junio de 2008. Consta también por la declaración anual de operaciones con terceras personas de xx S.L. correspondiente al año 2008 que en dicha anualidad la facturación emitida por la actora a la sociedad administrada por los demandados ascendió a 193.136,25 euros. Lo que evidencia que se trataba de una relación comercial prolongada en el tiempo y continuada. De dicha cantidad quedó pendiente de abono la de 41.811,74 euros objeto de condena en el juicio cambiario entre las sociedades. Siendo imposible concluir razonablemente a juicio de esta Sala en una relación extendida en el tiempo y en la que la mayor parte de los trabajos realizados en la anualidad han sido abonados que un concreto encargo o trabajo se concertó con conciencia de la imposibilidad de atender el pago del precio,  máxime cuando se desconoce exactamente la fecha de dicho encargo y su relación con los demás trabajos facturados. Y esto con mas razón cuando no se ha acreditado, como la propia sentencia recurrida afirma, que existiera en dicha anualidad una situación de insuficiencia patrimonial por parte de la sociedad deudora.

  Resulta, de otro lado, que con la prueba practicada no puede tenerse por acreditado siquiera la existencia de pérdidas en dicha anualidad por la sociedad deudora. En este sentido la única prueba de ellas, el documento 38 de los aportados con la demanda, carece de cualquier eficacia probatoria al constar en una simple fotocopia que no está ratificada o adverada por su autor, el cual, quien quiera que fuese, deja constancia en dicho documento de que no garantiza la corrección absoluta de la información en él contenida.

     Además de lo anterior los recurrentes aportaron al inicio del juicio un documento consistente en una sentencia dictada en un procedimiento entre x SLU y Construcciones x SA en el que se condena a esta última a abonar a la primera una cantidad superior al millón de euros. Dicho documento pese a ser admitido no figura en las actuaciones, pero esta Audiencia lo conoce al haber dictado sentencia en el recurso de apelación interpuesto contra la misma. Se trata de la sentencia dictada en el Juicio Ordinario nº 371/2010 por el Juzgado de  Primera Instancia nº 3 de Cuenca el 30/11/11, que fue revocada parcialmente por esta Audiencia en sentencia de 13/11/12 en  el rollo de apelación 94/2012, rebajando la cantidad que Inmobiliaria xx SA tenía que abonar a x S.L.U. a la de 955.259,43 euros. Dicha deuda se generó por la falta de abono a la constructora X  S.L.U. de trabajos ejecutados en la construcción de 144 viviendas que promovió en la localidad de X Inmobiliaria X S.A. Impagos que determinó que X S.LU tuviera que abandonar la construcción por falta de liquidez para hacer frente a sus compromisos cuando había ejecutado ya el 98,07 % de la obra contratada. La importancia de dicho documento deriva de que como se desprende de la documental obrante en el presente procedimiento X S.L.U. tiene como único socio y administrador a D. X, el hoy demandado, quien en juicio manifestó que la deuda que se le reclama en el presente procedimiento deriva de los trabajos de construcción  ejecutados en aquella obra como subcontratista que según la declaración anual de operaciones ascendieron en aquel año a la cantidad de 1.816.436,11 euros de la que quedó una factura pendiente de pago por X S.L. de 312.200 euros, según factura acompañado como documento nº 2 de la demanda. Parte de dichos trabajos fueron subcontratados a su vez con la hoy actora y fueron igualmente parcialmente impagados.

    De lo cual deriva que mas bien la deuda impagada es consecuencia no de una actuar culposo de los administradores sino de una cadena de impagos que se inicia en la promotora y  que repercute en la cadena de subcontratas de la constructora de una obra.

     TERCERO.- Finalmente ha de recordarse que en el año 2008, cuando se ejecutaron los  trabajos impagados la sociedad administrada por los demandados seguía en pleno funcionamiento y ejecución de su objeto social. Que en el año 2009 lo mantuvo como demuestra las liquidaciones trimestrales y anuales del IVA e incluso la efectuada en el primer trimestre de 2.010 y que fue solo en aquel año cuando la sociedad fue dada de baja en su actividad. Lo que excluida la responsabilidad por deudas por al sentencia de instancia, extremo este que no es objeto del recurso de apelación, impide considerar dicha inactividad o paralización social, producida casi dos años después de devengada la deuda a los efectos de la acción individual responsabilidad por daño de los administradores. Máxime cuando según la legislación aplicable al supuesto de hecho (art. 104.1.d de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada) solo es causa de disolución la falta de ejercicio de la actividad que constituye el objeto social durante tres años consecutivos.

    En análogo sentido resulta también intrascendente el cierre de la hoja Registral por no presentación de las cuentas correspondientes al año 2009, pues aunque la falta de presentación de las cuentas sociales constituye un incumplimiento de los deberes del administrador societario, dicho incumplimiento no es por sí solo determinante de la responsabilidad de este último, siendo menester acreditar un preciso y directo enlace causal con el daño sufrido por quien se dice perjudicado por la actuación de aquél. Siendo ello así, no se alcanza a ver en qué medida la falta de depósito de las cuentas sociales ha sido en el caso que nos ocupa elemento directamente determinante del impago de los pagarés del que trae causa las pretensiones de la actora, ni de qué manera la eventual presentación de dichas cuentas en el Registro Mercantil hubieran contribuido a evitar tal impago. No puede en este sentido obviarse que la presentación de las cuentas del año 2.009 no puede producirse sino finalizada dicha anualidad, es decir en el año 2.010, razón por la que este hecho ni impidió por su fecha conocer a la actora la situación de la sociedad con la que contrataba, ni del mismo puede deducirse que los administradores contrataron, mucho antes, en el año 2008 conociendo que no podrían hacer frente al cumplimiento de las obligaciones que asumía la sociedad.

    Por último hemos de indicar que no existe prueba, como resulta de lo hasta aquí expuesto, de que el daño sufrido por la actora derive de la ignorancia o desconocimiento de la actividad, funcionamiento y situación de la sociedad administrada por parte de Dª X.

   CUARTO.- La estimación del recurso con la consiguiente revocación de la sentencia de instancia y el dictado de otra por la que se desestima íntegramente la demanda determina que conforme a lo regulado en el art. 394 de la LEC se impongan las costas de aquella primera instancia a la parte actora. Sin que se haga pronunciamiento respecto a las causadas en esta segunda instancia conforme al art. 398 de la LEC ante la estimación del recurso de apelación.

     Se acuerda la devolución a la parte recurrente del depósito constituido para recurrir.

    Vistos los preceptos legales invocados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

     Que estimando los recursos de apelación interpuestos por D. X y Dª X contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia y de lo Mercantil nº 2 de Cuenca en el Juicio Ordinario 226/2011 con fecha 21 de Febrero de dos mil doce REVOCAMOS dicha sentencia y en su lugar dictamos otra por la que se desestima en su integridad la demanda interpuesta por X S.L. con la absolución de los demandados de las pretensiones ejercitadas en su contra. Condenando a la parte actora al abono de las costas devengadas en la primera instancia. Todo ello sin hacer pronunciamiento de condena respecto a las costas de esta segunda instancia.

              Se ordena la devolución del depósito constituido para recurrir. 

    Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber que frente a ella no cabe recurso.

   Así por esta nuestra Sentencia,  lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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