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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en apelación. Allanamiento y costas, mala fe o temeridad

Sentencia en apelación. Allanamiento y costas, mala fe o temeridad

S E N T E N C I A  NUM.  342/2012

         En la ciudad de Cuenca, a  veintisiete de Noviembre de noviembre  de dos mil doce.

         Vistos en trámite de recurso de apelación los autos de Juicio Verbal núm. 219/2011, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Cuenca y su partido, promovidos a instancia de xx, S.L.L., representada por la Procuradora de los Tribunales Doña  Maria Isabel Herraiz Fernández y asistida por el Letrado D. Javier Illana Rodríguez, contra D.xx , S.L., DÑA. xx, DÑA. xxA y  DÑA. xx, representados por la Procuradora de los Tribunales  Doña Rosa María Torrecilla López y asistidos por el Letrado  Don Luis Miguel Sequi Muñoz, en virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada en primera instancia de fecha cinco de marzo de dos mil doce; habiendo sido ponente el Ilmo. Sr.  Don Ramón Ruiz Jiménez.

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En los autos indicados al margen se dictó sentencia de fecha cinco de marzo de dos mil doce, en cuya parte dispositiva se establecía, literalmente: " Acuerdo tener por allanada a la parte demandada, xxx, S.L.L., en todas las pretensiones de la parte demandante, xx, S.L., xx, xx Y xx, estimándose la demanda y ratificando la suspensión de la obra acordada con apercibimiento de demolición a costa de los demandados de lo que se hiciera, imponiendo a la parte demandada las costas causadas."

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se  interpuso por Doña María Isabel Herráiz Fernández, procuradora de los Tribunales en nombre y representación de la mercantil xx S.L.L., recurso de apelación en tiempo y forma, recurso que fue admitido por Diligencia de Ordenación de fecha veintiocho de mayo de dos mil doce, dándose traslado a la parte contraria para que pudiera presentar escrito de oposición al recurso o impugnar la sentencia en aquellos extremos que pudieran resultarles desfavorables.

         Con fecha seis de junio  de dos mil doce, Doña Rosa María Torrecilla López, Procuradora de los Tribunales en nombre y representación de xxx y otros, presentó escrito oponiéndose al recurso interpuesto.

         TERCERO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, con fecha seis de septiembre de dos mil doce, se procedió a formar el correspondiente rollo de apelación, asignándosele el número 362/2012, turnándose ponencia y señalándose para que tuviera lugar la correspondiente deliberación, votación y fallo el  día  veinte de noviembre de dos mil doce.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se  parte de los que contiene la resolución recurrida, que se van a complementar con los que siguen.

PRIMERO.- La sentencia que se recurre,  tiene por allanada a la demandada en todas las pretensiones de la demandante  estimando la demanda e imponiendo las costas a la demandada allanada xx S.L.L. Este es el extremo sobre el que se centra el recurso.

SEGUNDO.- Se denuncia violación del art. 395.1 LEC al imponerle las costas al demandado allanado, que precisa se declare la existencia de mala fe en el demandado. La sentencia, pone de relieve como criterio para la imposición de las costas, la conducta del demandado que obligó a la contraria procesal a acudir al proceso, lo que veladamente supone un reconocimiento de temeridad o mala fe en su conducta. Niega la recurrente se existiera requerimiento fehaciente previo a la presentación de la demanda y se pregunta si pudo cumplir antes de la presentación de la misma.

Recordar que el procedimiento instado, se trataba de un proceso de suspensión de obras, antiguo interdicto de obra nueva en la que se pedia la suspensión de la misma con los apercibimientos legales.

Mediante escrito de 25 de mayo de 2011 se solicitó del juzgado la suspensión del procedimiento por 60 días al estar las partes en trámites de arreglo, lo que acordó por Decreto y se dejó sin efecto el señalamiento acordado para el 27 del mismo mes y año, instando los demandantes la continuación mediante escrito de 6 de julio, y hecho nuevo señalamiento, por escrito de 22 de febrero de 2012, se allanaron los demandados.

El recurso debe prosperar. En efecto, La sentencia de 17 .6.2005, de la Audiencia Provincial de Madrid,  recoge que "El criterio legal en el supuesto de allanamiento es, por tanto, el de no imposición de las costas, con la excepción establecida en el citado precepto, cual es, la existencia de "mala fe" en el demandado.

Las resoluciones judiciales que han tratado esta cuestión destacan que la mala fe a la que se alude, cuya apreciación por el juez resulta inexcusable como presupuesto para imponer las costas al demandado allanado, debe estar referida a su comportamiento previo al proceso, con los siguientes matices:

a) La mala fe no puede identificarse o deducirse del solo hecho de no realizarse por el demandado antes de la demanda lo pretendido en ella por el actor, porque la excepción se convertiría en regla general dado que la misma hipótesis de que haya reclamación y allanamiento presupone la no realización previa de lo exigido.

b) La mala fe precisa algo más que la mera falta de cumplimiento de lo debido durante un tiempo más o menos dilatado; exige un comportamiento malicioso de injustificada negativa a una pretensión que se sabe justa haciendo caso omiso a las reclamaciones que de la misma se le formulen, obligando así al titular del derecho a ejercitar finalmente su acción en proceso judicial para exigir la conducta que sabiendo el deudor que es debido no ha querido maliciosamente cumplir.

Sobre esta cuestión existe un criterio de los Tribunales en el sentido de entender que existe suficiente motivo para apreciar mala fe en los supuestos en que el demandado reconoce sin más los hechos después de ser emplazado, siempre que previamente hubiera sido requerido por la actora para que realizará alguna actividad o abonara una determinada cantidad a fin de evitar una posterior reclamación judicial ante la conducta pasiva del requerido (S. 27.9.2001 de la A.P. de La Rioja).

En el mismo sentido se pronuncia la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Castellón de 3 de julio de 2002 al señalar: Por mala fe debe entenderse la postura del demandado que haya sido determinante de la necesidad de iniciar el pleito para conseguir su pretensión, es decir, debe apreciarse ... cuando el deudor conociendo extrajudicialmente la reclamación justa que pretende el actor no la atiende o hace caso omiso a los requerimientos, forzando al mismo a entablar un proceso ante los Tribunales con el consiguiente perjuicio económico derivado del ejercicio de la acción, lo que exigirá una previa reclamación extrajudicial que el demandado haya desatendido, obligando al actor a tener que interponer la demanda..."

Habrá por lo tanto lugar a la declaración de temeridad cuando se litiga de forma maliciosa, a sabiendas de la injusticia de la pretensión, y cuando de modo negligente se continúa el procedimiento pese a conocer lo improcedente de la pretensión ( STS de 21 de diciembre de 1985 ), lo que ciertamente no ocurre ahora.

El mero hecho de mantener conversaciones las partes en orden a resolver entre ellas el conflicto, pone de relieve de una parte la buena disposición de la demandada y de otro la misma incertidumbre de la pretensión, resuelta finalmente por el allanamiento, que permitió la respuesta inmediata del juzgado. No cabe entonces tachar la conducta de temeraria ni desde luego de afecta de mala fe, y no se hace entonces merecedora de la condena en costas.

TERCERO.- La estimación del recurso comporta la no imposición de las costas derivadas del mismo ( arts. 398 y 394 LEC).

Por lo expuesto

FALLAMOS

ESTIMAR EL RECURSO INTERPUESTO POR LA MERCANTIL xxx, S.L.L., CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR  EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 DE CUENCA EN PROCEDIMIENTO JUICIO VERBAL Nº 219/2011, SUSPENSION OBRA NUEVA, SEGUIDO A INSTANCIAS DE DON xx, xx SL, xx, xx Y xx  EN EL SENTIDO DE NO IMPONER LAS COSTAS DE LA PRIMERA INSTANCIA A LA DEMANDADA. NO SE HACE CONDENA TAMPOCO DE LAS DEVENGADAS EN ESTA ALZADA.

Contra esta Resolución no cabe Recurso alguno.

         Se acuerda la devolución a la parte recurrente del depósito de 50 € que ella verificó para apelar.

         Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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