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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en apelación. Acción cambiaria, cesión de pagarés "no a la orden". Comunicación de la cesión.

Sentencia en apelación. Acción cambiaria, cesión de pagarés "no a la orden". Comunicación de la cesión.

SENTENCIA Nº     324/2012 

             En Cuenca a 6 de Noviembre de dos mil doce.

Vistos ante esta Audiencia Provincial, en trámite de recurso de apelación nº 292/2.012, los autos de Juicio de Oposición Cambiaria nº 8/2011 procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Motilla del Palancar, iniciados por xxx S.A. representada por la Procuradora Dª Raquel Pino Calvo y dirigida por el Letrado D. Juan Crisóstomo Quintero, contra xx S.A. representada por la Procuradora Dª Cristina Poves Gallardo y dirigida por el Letrado D. Iván Sánchez Moreno, en virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de xx S.A., contra la Sentencia dictada en primera  instancia, por el ya referido Juzgado, en fecha 26 de Septiembre de 2.011; habiendo sido Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Solís García del Pozo.

                                 Antecedentes de Hecho.

Primero.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Motilla del Palancar se dictó Sentencia, en fecha 26 de Septiembre de dos mil once, en cuyo Fallo se estableció lo siguiente

"Que desestimando la demanda de oposición cambiaria presentada por el Procurador Sra. Poves Gallardo en nombre de xx  S.A. contra la entidad xxx S.A. acuerdo que la ejecución continúe adelante conforme se despachó. Con expresa condena en costas a la actora."

Segundo.- Notificada la anterior resolución a las partes por la representación procesal de xx  S.A. se preparó e interpuso recurso de apelación en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación,  interesaba el dictado de una sentencia que estime el recurso de apelación, revocando la sentencia impugnada y resolviendo en su lugar la plena desestimación de la demanda, absolviendo a la recurrente de todas las pretensiones ejercitadas contra ella e imponiendo a la demandante la condena al pago de las costas de primera instancia.

         Tercero.- Admitido a trámite el recurso de apelación, y dado el correspondiente traslado del escrito de interposición, por la representación procesal de xxx S.A., se presentó escrito de oposición al recurso; interesando la desestimación del recurso de apelación interpuesto de contrario y la confirmación de la sentencia recurrida con imposición de las costas procesales a la recurrente. En dicho escrito se solicitaba el recibimiento a prueba en la segunda instancia proponiéndose la práctica de prueba documental.

         Cuarto.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el correspondiente Rollo de apelación; asignándole el número 292/2.012. Se turnó la ponencia, se resolvió sobre la prueba propuesta en el sentido de admitir su practica en la segunda instancia, señalándose para la celebración de vista el día 16 de Octubre de 2012 y celebrada esta quedaron las actuaciones para deliberación, votación y fallo.

                       Fundamentos de derecho.

         Primero.- Se alza xxa S.A. contra la sentencia de instancia reiterando ahora los mismos argumentos que ya hizo valer en su oposición a la ejecución despachada. Así en primer lugar reitera la falta de legitimación de la ejecutante por entender que en su condición de cesionario, pues los pagarés incluyen todos en su tenor literal la cláusula no a la orden, carece el demandante de la acción cambiaria, pudiendo solo acudir al juicio ordinario para hacer efectivo el crédito objeto de cesión.

 Además invoca un error en la valoración de la prueba por parte del Juez a quo pues entiende que xxx S.A. no ha acreditado su condición de tenedor legítimo de los pagarés, condición que ha de justificarse extracambiariamente todo cesionario de un titulo cambiario. Dicha acreditación considera el recurrente no puede derivar del poder general para pleitos que se aportó con la demanda ejecutiva, al no ser este suficiente para probar cuestiones tan complejas como los cambios de denominación social y la escisión de la que dice el ejecutante derivar su derecho, máxime cuando como consecuencia de la escisión de xxx S.A. la ejecutante solo la sucedió en los créditos por suministros de hormigón, mientras que xxx Áridos S.L. la sucedió en los créditos por suministro de áridos, no resultando acreditado que los reclamados se correspondan con un suministro de hormigón lo que debería haberse probado.

     Dichas alegaciones deben ser desestimadas. En primer lugar porque quien hoy constituye jurisprudencia inconcusa que quien ostenta la condición de cesionario, se coloca en la posición del cedente y queda habilitado para el ejercicio de las acciones cambiarias. Así resulta por ejemplo de las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo núm. 894/2010, de 18 de enero, y núm. 341/2011, de 6 de junio, en cuanto mantienen que la inclusión en el pagaré de las palabras "no a la orden" o expresión equivalente no son determinantes de que pierda su naturaleza de título cambiario, ya que el único efecto que la norma anuda a la utilización de tal cláusula facultativa es que "el título no será transmisible, sino en la forma y con unos efectos de una cesión ordinaria" ( art. 14 de la Ley Cambiaria y del Cheque), por lo que, en tal caso, el cesionario en lugar de adquirir "todos los derechos resultantes de la letra de cambio" (o pagaré) a que se refiere el artículo 17 de la Ley Cambiaria, adquiere, de conformidad con el artículo 24 de la propia Ley "todos los derechos del cedente", y en base a ello puede ejercitar la acción cambiaria con la única especialidad de que frente al ejercicio de la acción cambiaria por el cesionario, aunque sea adquirente de buena fe, el deudor cambiario puede oponer las excepciones que tiene frente al cedente, cuyos derechos ha adquirido el cesionario.

    En segundo lugar porque la Sala considera acreditado el negocio causal de la adquisición de los pagarés y con ello su legitima titularidad de los mismos por parte de la ejecutante. Así resulta no solo del poder para pleitos, que como documento publico recoge los cambios de denominación de la tomadora de los pagarés, xx S.A.U., por xxx S.A. y la posterior escisión de la misma a favor de la ejecutante y de xx Áridos S.L., sino también con las escritura de cambio de denominación social que se acompañó en esta segunda instancia como documento nº 2 y la escritura de escisión de xxx S.A. que se acompañó como documento nº 1 en esta segunda instancia. De esta manera xxx S.A. no solo acredita ser la poseedora de los pagarés, los aporta con la demanda ejecutiva, sino también la razón, el  negocio jurídico, por el que han llegado a su poder: la escisión de sociedad tomadora de la misma y su condición de sucesora a titulo universal de aquella. Quedando así justificada la legitimación que le niega la ejecutada.

     Segundo.- En el segundo motivo del recurso alega la recurrente la falta de comunicación a la ejecutada de la cesión del crédito como resulta del art. 347 del Código de Comercio, lo que no se ha conseguido mediante el burofax que como documento nº 20 se acompañó a la demanda ejecutiva, al no constar que fuera entregado a la ejecutada y en cualquier caso por no aludir en su contenido a la cesión que debió comunicarse.

       En este caso la desestimación deriva de que la notificación al deudor no tiene en nuestro derecho el carácter de requisito que perfeccione la cesión; esta es ya eficaz y válida inter partes desde el momento en que se cruza el consentimiento del cedente y el cesionario, por lo que la notificación al deudor, o el conocimiento de ella por éste, es simplemente un requisito necesario para que la cesión surta efectos contra él, de forma que el pago ya no es un abono legítimo, y en consecuencia no se libera de la obligación frente al nuevo acreedor. Consecuentemente con lo anterior ya la STS de 24 febrero 1.993 estableció que no siendo el consentimiento del cedido requisito que afecte a la existencia del contrato, sino que queda al margen del mismo ha de reputarse válido y eficaz, siendo también plenamente válida la comunicación al deudor hecha al contestar la demanda y reconvenir, a los efectos de lo dispuesto en el art. 1.526 del Código Civil, quedando el deudor obligado con el nuevo acreedor. En el mismo sentido la STS de 23 junio 1.983, consideró válida la notificación en el acto del emplazamiento en juicio al deudor. Razón por la cual en el ejercicio de la acción cambiaria por el cesionario conforme al art. 24 de la LCCH se entiende cumplido el requisito de la comunicación de la transmisión del crédito con el requerimiento de pago tras el despacho de ejecución.

 Tercero.- La desestimación del recurso de apelación comportará, por un lado, la imposición de las costas de la alzada a la parte recurrente, (art. 398.1 de la L.E.C. en relación con el art. 394.1 del mismo Texto Legal), y, por otro lado, la pérdida del depósito de 50 € efectuado por la misma parte para apelar, (Disposición Adicional 15ª de la L.O.P.J.).

    Vistos los preceptos legales invocados y demás de general y pertinente aplicación

                                         Fallamos

          Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dª Cristina Poves Gallardo en nombre y representación de xx S.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instancia nº 2 de Motilla del Palancar de fecha 26 de Septiembre de dos mil once  en los autos de Juicio de Oposición Cambiaria nº 8/2011, del que dimana el Rollo de Apelación nº 292/2012, CONFIRMAMOS ÍNTEGRAMENTE LA RESOLUCION RECURRIDA; con expresa imposición de las costas causadas en esta alzada a la parte apelante.

      Se declara la pérdida del depósito de 50 € efectuado por la parte  recurrente para la apelación; al cual se le dará el destino legal.

       Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber que es firme y que frente a ella no cabe recurso.

    Así por esta mi Sentencia,  lo pronuncio, mando y firmo.

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