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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia A.P. Cuenca. Materia concursal. Calificación como culpable de concurso de acreedores

Sentencia A.P. Cuenca. Materia concursal. Calificación como culpable de concurso de acreedores

SENTENCIA  Nº 282/2012

                 En Cuenca, a 16 de Octubre de dos mil doce.

     Vistos ante esta Audiencia Provincial, en trámite de recurso de apelación nº 176/2.011, los autos de Incidente de Oposición en la Pieza de Calificación del Concurso Ordinario 457/2008  procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca, en la que figuran como apelantes DON x representados por la Procuradora Dª Mª Ángeles Hernández Martínez, despues sustituida por la Procuradora Dª Susana Pérez Lanzar y defendidos por el Letrado D. Ismael Cardo Castillejo y por el Letrado D. Mariano Rueda Juan respectivamente, figurando como apelados el MINISTERIO FISCAL  y la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL y el MINISTERIO FISCAL, contra la Sentencia dictada en primera  instancia, por el ya referido Juzgado, en fecha 23 de Marzo de dos mil once; habiendo sido Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Solís García del Pozo.

 

                                   Antecedentes de hecho

 

    Primero.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca se dictó Sentencia, en fecha 23 de Marzo de dos mil once, en cuyo Fallo se estableció lo siguiente:

    "Que estimando íntegramente la propuesta de calificiación formulada por la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal, en consecuencia, acuerdo los siguientes pronunciamientos:

     1.- Declarar CULPABLE el concurso de Construcciones x S.L.

     2.- Declarar PERSONA AFECTADA por la calificación a Don x.

    3.- Imponer a D. x la INHABILITACIÓN para administrar bienes ajenos y para representar o administrar a cualquier persona por tiempo de 10 años.

    4.- Condenar a  D. x  a la pérdida de cualquier derecho que tuviera como acreedor concursal o de la masa.

     5.- Condenar a D. x a pagar los créditos concursales y contra la masa que los acreedores no cobren en la fase de liquidación con devengo de intereses procesales en la fase de liquidación con devengo de intereses procesales previsto en el artículo 576 LEC desde la fecha de la sentencia.

     6.- Pagar las costas causadas en esta instancia."

 

    Segundo.- Notificada la anterior Resolución a las partes, por la representación procesal de x, se preparó e interpuso contra la misma recurso de apelación, en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación,  interesaba la revocación de la Sentencia de instancia y resolviendo sobre la cuestión que es objeto del proceso, declare el CONCURSO como FORTUITO, con condena en costas.

   Contra dicha sentencia, preparó recurso de apelación la representación procesal de la concursada CONSTRUCCIONES x S.L. sin constituir el depósito para recurrir, ni subsanar dicho defecto en el plazo conferido, razón por la que por Auto de fecha 20/5/11 en cuya parte dispositiva se inadmitía el recurso presentado por la Procuradora de los Tribunales Dª María Ángeles Hernández Martínez en nombre y representación de Construcciones x S.L. quedando caducado el recurso.

  Contra dicha sentencia preparó y formalizó recurso de apelación la Procuradora de los Tribunales Dª Mª Angeles Hernández Martínez en nombre y representación de x que presentó tan solo primera hoja de su recurso sellada, y no atendiendo a la subsanación de este defecto tras ser requerido para ello por Diligencia de Ordenación se le tuvo por desistido del recurso de apelación. 

    Tercero.- Admitido a trámite el recurso de apelación interpuesto por de x, y dado el correspondiente traslado del escrito de interposición, por Administración Concursal se opuso al mismo interesando la íntegra confirmación de la sentencia de instancia con imposición de las costas a los recurrentes. Por parte del Ministerio Fiscal se reiteró en su informe sobre la calificación de concurso como culpable solicitando el dictado de la resolución oportuna.

    Cuarto.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el correspondiente Rollo de apelación; asignándole el número 176/2.011. Se turnó la ponencia y se señaló para deliberación, votación y fallo el día 16 de Octubre de 2012.

 

                               Fundamentos de derecho

 

        Primero.- Se articula el recurso de apelación a través de varios motivos el primero y el tercero de dichos motivos discute  la calificación del concurso como culpable y el segundo la condena de los administradores solidarios al pago de los créditos concursales y contra la masa que los acreedores no  cobren en la fase de liquidación. Realmente el recurso se limita a reproducir los argumentos que utilizaron los recurrentes en el escrito presentado en la pieza de calificación oponiéndose al informe de la administración concursal que solicitada la calificación el concurso como culpable, sin que se desvirtúen los hechos en los que se funda el juez, limitándose en la mayoría de las ocasiones a dar una valoración particular de los mismos sin ni llegar a negarlos y sin que tampoco se denuncie la infracción de los preceptos sustantivos por parte de la sentencia recurrida.

      Segundo.- La sentencia de instancia funda la calificación de culpable del concurso de Construcciones y Proyectos Jucar S.L.  apoyándose en cuatro puntos o apartados: En primer lugar al amparo de lo establecido en el art. 164.1 de la LC presumiendo la existencia del dolo o culpa grave en la concursada en la generación o agravación del estado de insolvencia al amparo  de lo dispuesto en el art. 165.1 y 2: por haber incumplido la deudora el deber de solicitar la declaración de concurso y por haber incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso o la administración concursal. En segundo lugar la sentencia recurrida considera que concurre el supuesto del art. 164.2.1 de la Ley Concursal por existir irregularidades en la contabilidad relevantes para la comprensión de la situación patrimonial o financiera de la deudora. En tercer lugar entiende el juez que la concursada realizó actos de disposición en perjuicio de sus acreedores con anterioridad a la declaración de concurso que pueden encuadrarse en el art. 164.2.5 de la Ley Concursal. En cuarto y último lugar la sentencia funda la calificación del concurso en el supuesto del art. 165.3 de la LC, al no haber presentado la concursada cuentas anuales normales (en vez de las abreviadas que presentó) en las anualidades de 2006 y 2007, sin sujetarlas a la preceptiva auditoría conforme a su volumen de negocio y el importe de las partidas de su activo.

    El  recurso sin embargo no realiza alegación alguna contradictoria en relación a este último cuarto punto o apoyo de la sentencia, limitando sus alegaciones a lo tres primeros. Así pues el cuarto fundamento o argumento en que la sentencia se apoya para declarar el carácter culpable del concurso queda consentido, lo que determina la confirmación de la sentencia dictada, al margen del éxito o fracaso de lo que es objeto del recurso, pues el motivo no impugnado presume en base al incumplimiento de determinados aspectos por parte de la concursada de su obligación legal de llevanza de la contabilidad el dolo o culpa grave en la generación o agravación del estado de insolvencia. Presunción no contradicha y que ha de mantenerse al no poder extenderse el conocimiento de esta Sala mas allá de lo que es objeto de impugnación en el recurso. En consecuencia es en definitiva inútil el esfuerzo de impugnar solo algunos de los motivos determinantes de la calificación del concurso como culpable y no otros. 

     Tercero.- En cualquier caso ha de desestimarse el recurso en aquello que es objeto de impugnación. Así en relación a la desaparición del sistema de encofrado con valor contable superior a 60.000 euros y de maquinaria, útiles y herramientas con valor de adquisición de 362.226,71 euros y valor de realización ascendente a la cantidad de 149.938,12 euros los recurrentes se limitan a manifestar que no se pudo abrir la llave de la nave donde supuestamente se encontraban y no se les volvió a citar para reiterar la diligencia de entrega, alegación que no puede contradecir lo que resulta del acta de la diligencia de entrega de fecha 28/7/2010, ni el hecho de que  habiendo sido requerida la concursada a través de sus administradores solidarios la entrega de los bienes antes referidos no la efectuaron con una escusa banal como la de no tener la llave de la nave y no dieron tampoco posteriormente cumplimiento a la misma siendo su resultado la desaparición de importantes activos con un valor conjunto próximo a los 200.000 euros.

  Tampoco ha sido desvirtuada por los recurrentes la conclusión de la sentencia de instancia que considera que existió falta de colaboración de la deudora con el juez y la administración concursal en relación a la falta de cobro de dos deudas de 29.007,94 euros en la obra apartamentos de la Calle x y de 27.199,54 en la obra Nave de x, respecto de las que no consta la imposibilidad de su cobro, pues conociendo los recurrentes que este había sido uno de los puntos que mencionaba el informe de la administración concursal para solicitar la calificación de concurso culpable, no han aportado prueba alguna de que en relación a dichos créditos se desplegase alguna actividad relevante para su cobro, y lo que consta acreditado lo es en perjuicio de la concursada y en concreto que por un documento  fechado el día 4/9/08, 18 días antes del auto declarando el concurso, sobre el que los recurrentes no dan la mínima explicación , y del que la administración concursal tiene conocimiento después de emitir su informe, la concursada, representada por uno de sus administradores solidarios, liquida la mencionada obra de Constantino Garay, reconociéndose deudora una penalización de 27.500 euros, que se acuerda en ese momento, en dicho documento. No se trata ya solo de una falta de colaboración por no haber traído dicho documento inicialmente al concurso, sino que lo que se documenta en él podría, sin mucha dificultad, encuadrarse en el art. 164.2.5 LC y ser por sí solo causa de la calificación que se discute.

   Por último la tampoco consiguen los recurrentes con sus alegaciones destruir la presunción de dolo o culpa grave en la generación o agravación de su estado de insolvencia derivada de haber incumplido su deber de solicitar la declaración de concurso, pues constatado mediante el informe de la administración concursal que ya en el ejercicio 2007 se puso de manifiesto la imposibilidad de atender el pago de proveedores y empresas subcontratadas, la negociación extrajudicial con los acreedores para alcanzar un convenio por sí sola no impide el incumplimiento de dicha obligación cuando no consta el cumplimiento de la comunicación al juzgado al que se refiere el art. 5.3 de la LC, en la redacción vigente entonces. Siendo a este efecto significativo que la concursada se allanase a la petición de concurso efectuada por un acreedor y no se opusiera a dicha solicitud haciendo valer entonces esta circunstancia para evitar la declaración de concurso necesario (art. 15 y 22 LC).

  Cuarto.- Tampoco puede estimarse la defensa de los recurrentes en relación a la imputación que hace la sentencia en relación a las irregularidades en la contabilidad de la concursada con relevancia para la comprensión de la situación económica y financiera de la concursada, que son enumeradas en la propia sentencia fundándose en el informe de la administración concursal y que se refieren fundamentalmente a la falta de constancia en contabilidad de determinadas propiedades adquiridas por la actora en Valverde del Júcar; falta de identificación del concepto de los apuntes registrados en varias cuentas con determinadas sociedades (en algunos casos estos apuntes se califican después por la sentencia recurrida como supuestos de salida fraudulenta de bienes y derechos del patrimonio del deudor como el caso del pago el 1/4/2008 por la concursada de deudas de otra sociedad, x Proyectos S.L., por importe de 440.266,64 euros, o el registro el 22/9/2008 como perdidas de una deuda que por importe de 234.208,35 euros que x S.L. mantenía con la concursada); imposibilidad de constatación de la facturación y movimientos en relación con Grupo Inmobiliario x S.L. (En relación con dicha sociedad y partiendo de un saldo a favor de la concursada de 464.555,75 euros se pasa a un documento transaccional en virtud del cual la concursada reconoce un deuda de mas de un millón y medio de euros parte de la cual se garantiza con hipoteca, que fue rescindida por sentencia dictada por el juez del concurso); imposibilidad de identificar la obra en curso en cada una de las obras ejecutadas existente en cada una de las anualidades desde 2005 a 2008 al no existir mas que un apunte genérico para toda ella.

  Es evidente que en muchas ocasiones estas las irregularidades son la expresión contable de operaciones de disposición fraudulentas en periodos inmediatamente anteriores a la declaración de concurso, siendo pues irregularidades contables instrumentales que quizá no merecieran por sí solas una consideración específica en la calificación del concurso. Pero en cualquier caso ocurre, que los recurrentes no explican dichas disposiciones, no justifican su causa y no contradicen pues el carácter fraudulento de las mismas, limitándose a hacer referencia a la existencia de esos asientos que las reflejan, asientos que no justifican las operaciones, sino tan solo las reflejan. Tampoco se da siquiera una explicación por los recurrentes de la falta de registro contable de las propiedades de de x Jucar. En definitiva ha de mantenerse las conclusiones de la sentencia de instancia fundamentalmente en relación al carácter fraudulento de determinadas operaciones que constituye por sí y en todo caso causa suficiente de la calificación discutida y también en relación a las irregularidades contables siquiera por la falta de reflejo en la misma de elementos del activo de la concursada y la falta de individualización contable de cada una de las obras en curso durante las anualidades 2005 y 2008, pues sin duda afectan de manera relevante a la compresión de la situación de la concursada.

   Quinto.- Discuten también los recurrentes la condena que se les impone al pago de los créditos concursales que no resulten satisfechos tras la fase de liquidación, a estos efectos argumentan que a D. x no puede imputársele falta de colaboración con la administración concursal, pues ha estado a disposición de la misma, acudiendo a todas las reuniones que ha sido convocado. Argumento que no puede impedir dicha condena de un lado porque el deber de colaboración no se integra solamente por la asistencia a las convocatorias de la administración sino también por prestar efectivamente a esta y al juez del concurso una diligente y eficaz asistencia. En este sentido ha de recordarse que el actor efectivamente fue uno de los dos administradores solidarios que comparecieron a la diligencia de entrega de fecha 28/7/2010, pero esta asistencia no obvia que ninguno de ellos dio satisfacción a dicho requerimiento de entrega de determinados equipos, herramientas y  maquinaria que con un elevado valor, próximo a los 200.000 euros tomando en consideración el valor contable de unos y el de realización en otros, no han aparecido y todo ello con la banal e inconsistente escusa de no haberse encontrado las llaves de la nave en la que se encontraban cuando la administración previa convocatoria para la practica de esta diligencia de entrega se personó en la misma, sin que tampoco después conste intento alguno por parte del recurrente de cumplir aquel requerimiento de entrega que quedó incumplido el 28/7/2010, como bien le constaba.

   De otro lado porque no es solo esta conducta de falta de colaboración la que justifica su condena, sino que en la sentencia el juez de instancia funda la misma en la imputación que hace sobre los administradores del incumplimiento de la obligación de solicitar la declaración de concurso, las irregularidades en el incumplimiento de sus obligaciones y en la realización de operaciones con anterioridad a la declaración de concurso de operaciones que han contribuido a agravar la situación de insolvencia. Todos estos hechos han sido objeto de la presente sentencia y la imputación de los mismos a los administradores solidarios últimos responsables de dichas decisiones se considera fundada y consistente, sin que D. x haya siquiera discutido que tales hechos no le son directamente imputables a él, pues aunque puedan existir algunos, como el pacto ex novo de una cláusula penalizadota al liquidar la obra de la nave de Constantino x  que pueden relacionarse con un concreto administrador, esto no ocurre en la mayoría de los hechos determinantes de la agravación de la situación de insolvencia de la concursada.

    Igualmente deben desestimarse las alegaciones con las que D. x pretende se revoque su condena a responder de los créditos insatisfechos tras la liquidación. En este caso se mantiene que renunció al cargo de administrador  el 4/7/2008. Circunstancia esta que lo hace quedar comprendido en el art. 172 de la LC como resulta del apartado tercero de la misma en la redacción vigente al tiempo de la sentencia recurrida, aunque ciertamente lo coloca en una situación específica y distinta de la de los demás administradores en relación al deber de colaboración con la administración y el juez del concurso. Sin embargo el  hecho aducido por el recurrente no basta para revocar el pronunciamiento de responsabilidad de la sentencia de instancia, porque como ya se explicó en relación al D. x, sino que el juez de instancia funda la misma en la imputación que hace sobre los administradores del incumplimiento de la obligación de solicitar la declaración de concurso, las irregularidades en el incumplimiento de sus obligaciones y en la realización de operaciones con anterioridad a la declaración de concurso de operaciones que han contribuido a agravar la situación de insolvencia. Afectando todas ellas al recurrente, desde incumplimiento de su obligación de solicitar la declaración del concurso, pues como dijimos y según el informe de la administración concursal, que no ha sido desvirtuado, ya en el ejercicio 2007 se puso de manifiesto la imposibilidad de atender el pago de proveedores y empresas subcontratadas, hasa las irregularidades contables, pues muchas de las imputadas se producen antes de su dimisión, como los actos de disposición en perjuicio de los acreedores que también ocurren en la  mayoría de los casos antes de su dimisión.

 

    Sexto.-  De conformidad con lo previsto en los arts. 398 y 394 de la L.E.Civil, en relación con el art. 196 de la Ley Concursal la desestimación del recurso determina la imposición al recurrente de las costas generadas en esta alzada, así como la perdida de los depósitos constituidos para recurrir conforme dispone la Disposición Adicional 15ª de la LOPJ.

     Vistos los preceptos legales invocados y demás de general y pertinente aplicación

 

                                                    Fallamos

     Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de x y x, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca en fecha 23 de Marzo de dos mil once, declaramos que debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS ÍNTEGRAMENTE LA RESOLUCION RECURRIDA; con imposición a la parte recurrente de las costas procesales devengadas en la presente alzada.

    Se declara la pérdida de la cantidad depositada para recurrir por la parte apelante. 

     Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber que es firme y que frente a ella no cabe recurso.

   Así por esta nuestra Sentencia,  lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

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