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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia A.P. Cuenca. Enriquecimiento injusto

Sentencia A.P. Cuenca. Enriquecimiento injusto

S E N T E N C I A  NUM.  297/12

          En la ciudad de Cuenca, a 23  de Octubre  de dos mil doce.

 

         Vistos en trámite de recurso de apelación los autos de Juicio Ordinario nº 293/2011, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cuenca y su partido, promovidos a instancia de la entidad mercantil x. representada por el  Procurador de los Tribunales  Donm Enrique Rodrigo Carcavilla y asistida por la letrada Don Manuel Sanchez Jordan, contra a la mercantil BANCO x representada por la Procuradora Doña. Rosa Ma´ria torrecilla López , y asistida por el Letrado de Don Ismael Álvarez Vallina; en virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada en primera instancia con fecha cuatro de Junio de dos mil doce; habiendo sido ponente el Ilmo. Sr. Don Ramón Ruiz Jiménez.

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

         PRIMERO.- En los autos indicados al margen se dictó sentencia de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diez, cuyo fallo era del siguiente tener literal: "Que debo desestimar como desestimo íntegramente la demanda  planteada por la entidad mercantil x, representada por el  Procuradora don ENRIQUE RODRIGO CARLAVILLA  frente a la  mercantil BANCO x., absolviendo de todo pedimento a la indicada mercantil BANCO x, condenando a su vez a la parte actora COLOR 77 S.A. al pago de las costas ocasionadas."

 

         SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso por el Procurador Don Enrique Rodrigo Carlavilla, en nombre y representación de la mercantil "x S.A.", recurso de apelación en tiempo y forma, el cual se tuvo por interpuesto por  Diligencia de Ordenación de fecha diez de Julio de dos mil doce, dándose traslado del recurso a las demás partes personadas a fin de que pudieran presentar escrito de oposición al recurso o impugnar la sentencia en aquellos extremos que pudieran resultarles desfavorables.

 

         Con fecha veintitrés de julio de dos mil doce, por Doña Rosa María Torrecilla López, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación del Banco x., se presentó escrito oponiéndose al recurso de apelación interpuesto de contrario.

 

         TERCERO.-  Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, con fecha  a seis de Septiembre de dos mil doce, se procedió a formar el correspondiente rollo, asignándosele el número del margen, turnándose ponencia al Ilmo. Sr. Casado Delgado, y pasando las actuaciones al ponente para resolver respecto a la prueba. Con fecha  veintiuno de septiembre de dos mil doce se dicto Auto acordando  no admitir la practica de la prueba, al haberse concedido por el Consejo General del Poder Judicial, una comisión de servicio  se le turna ponencia  al Ilmo. Sr. D. Ramón Ruiz Jiménez, y se señala para el día dieciséis de octubre de dos mil doce. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.-  El conflicto que enfrenta a las partes, se inició a través de solicitud de proceso monitorio mediante el cual x S.A. reclamaba a CAJA x la suma de 163.908, 48 euros.  La demandante se dedica a la construcción de edificios y locales y la demandada había  concedido a la promotora x S.L. un préstamo promotor para la construcción de unas viviendas en x ( Valencia), siendo abandonada por el constructor  a finales del año 2009, cuando llevaba construida el 28% de la obra. Debido al abandono, la entidad x dejó de hacer frente al préstamo promotor que financiaba la vivienda. Ante ese hecho, el Director de la oficina de Valencia, encargó a la demandante que continuase la obra, con cargo al préstamo promotor que la entidad le tenía concedido. Cumplió el encargo a partir de mayo de 2010 – la obra estaba paralizada desde octubre de 2009- continuando en la obra hasta septiembre de  2010, en que por problemas de Caja x se le indicó que no continuase hasta que la nueva dirección decidiese. Reclamaba por los trabajos ejecutados, 163.908,48 euros. La demandada negaba los hechos que sustentaban la demanda, salvo el impago de x, negando que un directivo a la entidad ordenase continuar las obras a la demandante. La sentencia, desestimaba la demanda y se alza contra ella la demandante x S.A. Parte la  sentencia de la falta de prueba del acuerdo que se dice sobre la continuación de la obra y niega la existencia de un enriquecimiento injusto.

 

         SEGUNDO.- Denuncia el recurrente en primer lugar infracción de normas procesales que han generado indefensión,  vedada por el art. 24 C.E. Se justifica en la inadmisión de parte de la prueba que se propuso en la primera instancia. Ante todo, decir que el art. 460 LEC no autoriza sin más la practica de prueba en la segunda instancia cuando no se estima que concurren los requisitos para ello, la necesidad y oportunidad de la prueba. Ello no comporta sin más, vulneración de normas de rango constitucional.

         Es preciso significar que como se ha dicho con acierto, las funciones jurisdiccionales de declaración y ejecución pueden resultar insuficientes para satisfacer materialmente las pretensiones de tutela que se dirijan a los órganos jurisdiccionales, si algún obstáculo se interpone, con o sin intervención voluntaria, consciente y deliberada de alguno de los litigantes. La tutela, pues, puede no alcanzarse de modo completo -y en muchos casos no se puede lograr siquiera una satisfacción parcial o incompleta-, con los procesos tradicionales de declaración y ejecución, lo cual podría llegar a menoscabar el derecho a una tutela judicial efectiva, reconocido en el art. 24 de la Constitución. A paliar tales deficiencias, en gran medida motivadas por la dilación en el tiempo que aquellos procesos comportan, tiempo que, por su mero transcurso o por que, con ocasión de él se propicia la actividad aviesa del demandado o de un tercero, puede hacer inútil la resolución que se dicte en el proceso de declaración a los actos ejecutivos practicados en el proceso de ejecución, se encamina la llamada tutela cautelar, cuya finalidad es garantizar el cumplimiento efectivo de la función declarativa, con objeto de evitar el menoscabo de aquel derecho fundamental de méritos, ya que, como se cuida de precisar la Sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de febrero de 1992: «...la tutela judicial no es tal sin medidas cautelares adecuadas que aseguren el efectivo cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en el proceso...»

         Constituye  doctrina reiterada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo -por todas, STS 608/2007, de 21 de mayo - que el derecho a utilizar los medios pertinentes de prueba debe entenderse incluido en el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24-1 de la Constitución Española, pero que dicho derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes no configura un derecho absoluto e incondicionado a que se practiquen todas las pruebas propuestas por las partes, ni desapodera al Juez de su derecho a enjuiciar su pertinencia y sus consecuencias para la solución de la cuestión planteada. El Tribunal Constitucional ha ido configurando a través de numerosas resoluciones, de las que son exponentes, entre otras, las num. 190/97, 198/97, 100/98, 185/98 y 37/2000, un cuerpo de doctrina sobre el contenido del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes como un derecho fundamental, que se sitúa dentro del más amplio derecho a obtener la tutela judicial efectiva, y que es ejercitable en cualquier tipo de procesos y, consiguientemente, en los procedimientos civiles también -e inseparable del derecho mismo de defensa-, destacando su naturaleza como derecho de configuración legal, cuyo alcance debe encuadrarse dentro de la legalidad. No comprende, por tanto, un hipotético derecho a una actividad probatoria ilimitada. Como consecuencia de ello, en ningún caso podrá considerarse menoscabado el derecho cuando la inadmisión de una prueba se haya producido debidamente en aplicación estricta de normas legales, cuya legitimidad constitucional no pueda ponerse en duda.

         El propio apelante es consciente y lo era desde el primer momento de la dificultad probatoria, en razón a la extrañeza cuanto menos de que no se hiciera constar documentadamente un encargo de la trascendía como el que se llevó a cabo, en su tesis.

    Aun así, entiende la parte que existe un error en la valoración de la prueba, lo que permite y autoriza a la Sala, a un nuevo examen de la misma, atendida la naturaleza del recurso. Pese a hallarnos en el recurso de apelación ante un recurso de cognición plena respecto a todos los elementos probatorios de la instancia y la valoración probatoria en la alzada de los mismos, es doctrina jurisprudencial que el proceso valorativo de las pruebas es incumbencia de Jueces y Tribunales sentenciadores y no de las partes litigantes, a las que queda vedada toda pretensión de sustituir el criterio objetivo del órgano enjuiciador por el suyo propio, dado que la prevalencia de la valoración realizada por éste obedece a la mayor objetividad que la de las partes, pues sus particulares y enfrentados intereses determina la subjetividad y parcialidad de sus planteamientos ( T.S sentencias de 1 marzo de 1994 (3) y 20 julio de 1995 (4) ).

Ello obligará a señalar que no hay precepto que exija una constatación pormenorizada o examen de cada una de las pruebas y el Tribunal de segunda instancia tiene el conocimiento pleno de la cuestión, pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el juez a quo de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de la experiencia o a las normas de la sana crítica o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso.

         Menciona, como hechos de interés para facilitar la prueba los que siguen: que la obra a que se refieren las actuaciones se inicia como promotor por x con la financiación de la entidad bancaria demandada, extremo éste que no se cuestiona, como también los que siguen acerca de las dificultades del constructor y abandono de la obra; donde se presenta la dificultad probatoria, es a la hora de acreditar el encargo que dice recibido el demandante de terminar las obras; existe sin embargo material probatorio puede autorizar una interpretación distinta de que contiene la sentencia. Así el testimonio de don x, que refiere el encargo de C. de buscar una solución al abandono de la obra, o cuando refieren que presentaron a x, de manera x se desentiende de la obra y queda x, lo que ratifica el arquitecto de la obra Sr. Segarra; de otra parte las reuniones del representante de x con don x en la dirección territorial de C., que no encuentran explicación alguna, siendo la demandada la que debía darla. Estos trabajos, se desarrollan a la vista de C.M la demandada, que los permite y recibe las certificaciones de obra ( prueba testifical) y solicita un informe x que claramente explica que no le era ajena la obra que se construía ( testigo Sr. x) que tiene por finalidad determinar el importe de la obra y que paga x en una cuenta de C. ( ver do. 31 demanda). No parece que sea una explicación razonable, el que la demandante se introduce en la obra y lleva a cabo trabajos que nadie le ha encomendada, bajo la sombra, eso sí, de la propia demandada.

         Respecto al enriquecimiento injusto, es evidente que la demandada  recibe una obra en la que la parte construida en muy superior a la existente en el momento del abandono de la obra, y que se beneficia de ello. Necesariamente conlleva ello un enriquecimiento de la parte, y consiguiente empobrecimiento de la contraria que no ha percibido el importe de las obras ejecutadas que nadie cuestiona.

         Tal y como tiene declarado el Tribunal Supremo, entre otras muchas, en sentencia de 30 de septiembre de 1993 , según tiene establecido la Sala, el enriquecimiento injusto exige los siguiente requisitos: a) un enriquecimiento por parte del demandado que sea injusto, representado por un aumento de su patrimonio o una no disminución del mismo; b) un empobrecimiento del actor representado por un daño positivo o por un lucro frustrado; y c) la inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación de este principio al caso concreto ( SS de 2 de enero, 5 y 23 de febrero, 7 de marzo, 23 de abril, 22 de octubre y 13 de diciembre, todas de 1991 ); sin que sea necesario para su aplicación que exista negligencia, mala fe o un acto ilícito por parte del enriquecido, sino que es suficiente el hecho de haber obtenido una ganancia indebida, lo que es compatible con la buena fe ( SS de 23 y 31 de marzo de 1992, que citan la de 12 de junio de 1955 ). Reitera el Alto Tribunal su doctrina en su posterior Sentencia de 14 de diciembre de 1996 , al considerar que para la aplicación de la institución del enriquecimiento injusto no es necesario que exista negligencia, mala fe o un acto ilícito por parte del demandado como supuestamente enriquecido, sino que es suficiente el hecho de haber obtenido una ganancia indebida, lo que es compatible con la buena fe ( SS de 23 y 31 de marzo de 1992, 30 de septiembre de 1993 , entre otras) y, por otro lado, la existencia de dolo o mala fe por parte del demandado, que podrá dar lugar a la exigencia de otro tipo de responsabilidades, no basta, por sí sola, para dar vida a la figura del enriquecimiento sin causa, si no concurren todos los requisitos que condicionan su existencia. Como consagra la doctrina en sentencia del TS de 26 de diciembre de 1998 el enriquecimiento injusto, aún no regulado en el CC, ha sido acogido como principio general del derecho, por la jurisprudencia ( TS 1ª SS de 25 de noviembre de 1985, 3 de noviembre de 1986 y 12 de marzo de 1987 ).

         La situación de la entidad demandada, se vio indudablemente beneficiada por el aumento de la obra, cuya cuantía no se cuestiona y que ha de llevar a acoger el recurso y con ello la demanda.

 

         TERCERO.- La estimación dl recurso y con ello de la demanda, lleva consigo la condena a la demandada en las costas de la primera instancia sin que proceda condena de las devengadas en esta alzada ( arts. 398 y 394 LEC).

 

 

Por lo expuesto,

 

 

FALLAMOS

 

 

         ESTIMAR EL RECURSO INTERPUESTO POR LA ENTIDAD COLOR 77 S.A. CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO  DE INSTANCIA NUM. 2 DE CUENCA EN EL  PROCEDIMIENTO ORDINARIO NUM. 293/2011 SEGUIDO CONTRA BANCO x Y REVOCANDO LA MISMA, ESTIMAR LA DEMANDA CONDENANDO A LA DEMANDADA AL PAGO DE  163.908,48 EUROS. SE IMPONEN LAS COSTAS DE LA PRIMERA INSTANCIA A LA DEMANDADA Y NO SE HACE CONDENA DE LAS DEVENGADAS EN ESTA ALZADA.

 

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

     Se acuerda la devolución a la parte recurrente del depósito de 50 € que ella verificó para apelar.

            Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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