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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia A.P. Cuenca. Derechos de Propiedad Intelectual a abonar por Ayuntamientos

Sentencia A.P. Cuenca. Derechos de Propiedad Intelectual a abonar por Ayuntamientos

S E N T E N C I A  NUM.  288/12

     En la ciudad de Cuenca, a  16 de Octubre de dos mil doce.

     Vistos en trámite de recurso de apelación los autos de Juicio Ordinario num. 393/2011, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cuenca y su partido, promovidos a instancia SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE), representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Rosa María Torrecilla López y asistida por el Letrado  D. Jesús Torrecilla Orti, contra EL EXMO. AYUNTAMIENTO DE x,  representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Pilar León Irujo y asistido por el Letrado  Don Santiago Pérez Osma; en virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada en primera instancia de fecha a  cuatro de Junio de dos mil doce; habiendo sido ponente el Ilmo. Sr.  Don Ramón Ruiz Jiménez.

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- En los autos indicados al margen se dictó sentencia de fecha a cuatro de Junio de dos mil doce, en cuya parte dispositiva se establecía, literalmente: "Que debo DESESTIMAR COMO DESESTIMO íntegramente la demanda promovida por la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE) representada por el Procurador Sra. ROSA MARIA TORRECILLA LOPEZ  y en consecuencia debo absolver y absuelvo de todo pedimento a la demandada EXMO. AYUNTAMIENTO DE x  de todo pedimento condenando a su vez a la demandante SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE) al pago de las costas procesales causadas."

 

    SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso por la Procuradora Doña Rosa Maria Torrecilla López, Procuradora de este Tribunal en nombre y representación de  la Sociedad General de Autores y Editores,  recurso de apelación en tiempo y forma, el cual se tuvo por interpuesto por Diligencia de Ordenación de fecha cuatro de Julio de dos mil doce, dándose traslado del recurso a las demás partes personadas a fin de que pudieran presentar escrito de oposición al recurso o impugnar la sentencia en aquellos extremos que pudieran resultarles desfavorables.

 

 

    Con fecha veinte de Julio de dos mil doce, Doña Pilar León Irujo, procuradora de los Tribunales y del Ayuntamiento de x, presentó escrito oponiéndose al recurso de apelación.

 

    TERCERO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, con fecha  a seis de Septiembre de dos mil doce, se procedió a formar el correspondiente rollo, asignándosele el número del margen, turnándose ponencia, y señalándose para que tuviera lugar la correspondiente deliberación, votación y fallo el  día diecinueve de febrero de dos mil trece,  al haberse concedido por el Consejo General del Poder Judicial, una comisión de servicio  se le turna ponencia  al Ilmo. Sr. D. Ramón Ruiz Jiménez, se deja sin efecto la deliberación, votación y fallo acordada y se señala nuevamente para el día nueve de octubre de dos mil doce. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

PRIMERO.- Iniciado mediante procedimiento monitorio, la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES- SGAE- presentó reclamación contra el Excmo. Ayuntamiento de x en reclamación de 23.785,09 euros, por actividades culturales desarrollas por el demandado en el tiempo comprendido entre los años 2006 a 2006, llevando a cabo comunicación pública de las obras que gestiona la demandante, sin la autorización correspondiente. En la audiencia previa desistió respecto de determinadas obras, debiendo restarse de esa sula, 978,57 euros.  La demandada se opuso a la demanda, por razones de falta de legitimación activa y pasiva, y prescripción, negando, ya sobre el fondo, la realidad de los hechos afirmados en la demanda. La sentencia examina y valora la prueba practicada a instancias de la SGAE, entiende que no se aporta prueba bastante, añadiendo además el carácter público y gratuito, y desestima la demanda,  alzándose contra la sentencia la inicial demandante.

 

    SEGUNDO.- Se motiva el recurso, en primer lugar en vulneración del art. 218 LEC y del derecho de defensa del art. 24.º1 CE. Se fundamenta la sentencia, dice el recurrente, en no considerar acreditada la celebración de los eventos en los que se produjo comunicación pública de las obras que gestiona la demandante y que no se acredita el modo de calcular el importe de los derechos reclamados.

    Como pone de relieve la SAP Madrid 31-5-2011, "La pretensión -como petición fundada, fáctica y jurídicamente, que se dirige a un órgano jurisdiccional frente a otra persona sobre un bien de la vida, y que se configura como objeto individualizado del proceso- se delimita e identifica por los dos siguientes elementos: La petición (PETITUM) y la causa de pedir (CAUSA PETENDI).

 

La petición -que ha de consignarse explícitamente, con claridad y precisión, en toda demanda conforme a lo prevenido por el artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil - es la solicitud que se dirige al tribunal reclamando su decisión o actuación jurisdiccional referida a uno de los tipos de tutela jurisdiccional contemplados en el artículo 5 de la propia Ley de Enjuiciamiento Civil: La condena a determinada prestación (de dar o entregar, de hacer o de no hacer), la declaración de la existencia de derechos y de situaciones jurídicas, la constitución, modificación o extinción de estas últimas, la ejecución, la adopción de medidas cautelares y cualquier otra clase de tutela que esté expresamente prevista por la ley.

 

La causa de pedir -que ha de desprenderse de la fundamentación fáctica y jurídica que necesariamente ha de contener la demanda conforme a lo prevenido en el anteriormente citado artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil - es la razón o fundamentación que especifica, determina, particulariza y concreta la petición, configurándose, no por normas ni por calificaciones jurídicas -pues ni unas ni otras pueden cumplir con la finalidad de individualizar un proceso con respecto a otros posibles-, sino por el conjunto de hechos, con trascendencia jurídica, que individualizan la petición dirigida al órgano jurisdiccional. Esto es, por los hechos y actos alegados y por las relaciones jurídicas -vínculo entre dos o más personas, o entre una persona y una cosa, a la que el derecho otorga consecuencias jurídicas-expuestas.

    Sobre la motivación y congruencia de la sentencia. La exigencia de una respuesta motivada , expresamente sancionada por el artículo 120.3 de la Constitución, que es referible con todo rigor a las «pretensiones» de las partes ( sentencias 109/1992, de 14 de septiembre y 135/1995, de 25 de septiembre, del Tribunal Constitucional) y, acaso también, a las «cuestiones» inherentes a ellas que hayan sido objeto de controversia ( sentencia 67/1993, de 1 de marzo, del Tribunal Constitucional), no impone un paralelismo servil del razonamiento judicial con el esquema discursivo de los escritos forenses ( sentencia 171/1993, de 27 de mayo, del Tribunal Constitucional), ni reclama una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las «alegaciones» vertidas en el proceso, para las que puede bastar, en atención a las circunstancias concurrentes, con una respuesta global o genérica ( sentencias 146/1990, de 1 de octubre, 144/1991, de 1 de julio, 26/1997, de 11 de febrero, 1/1999, de 25 de enero, 23/2000, de 31 de enero y 77/2000, de 27 de marzo, del Tribunal Constitucional), ni obliga en fin al juzgador a rebatir uno a uno los «argumentos» que a lo largo de las instancias puedan desgranar las partes ( sentencias de 12 de noviembre de 1990 y 27 de diciembre de 1994 del Tribunal Supremo). Ha declarado el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, que el deber de motivación de las sentencias no supone que haya de hacerse un análisis pormenorizado de todos y cada uno de los argumentos de las partes, y cabe así distinguir entre peticiones, a las que es exigible una respuesta efectiva, y alegaciones ( SSTC 56/1996, 58/1996, 16/1998, 1/1999, 94/1999, 132/1999, 23/2000 y 77/2000 y STS 29 de mayo de 2000, entre otras).

    Esta misma sección, en sentencia de 14-4-2011, en línea  con lo expuesto,  pone de relieve que "la congruencia exigible a toda sentencia comporta inexcusablemente una adecuada correspondencia o correlación de su parte dispositiva o fallo no sólo con las peticiones oportunamente deducidas por las partes -"petitum"-, sino también con el soporte fáctico -"causa petendi"- de las mismas, sin que sea lícito al juzgador alterar la causa de pedir o sustituir las cuestiones objeto de debate por otras, pues de hacerlo, incurre en vicio de incongruencia. La S.T.S., Sala Primera, 779/1993, de 21 de julio, señaló que: "es doctrina constante y reiterada de esta Sala que no se puede apreciar incongruencia de la sentencia cuando concede menos de lo pedido, sin que se requiera que lo concedido hubiera sido solicitado" -en el mismo sentido, SS.T.S., Sala Primera, 1006/1993, de 2 de noviembre, 1 de marzo de 1991, 1 de julio de 1985 y 21 de mayo de 1985 -.

 

    Es asimismo conocida la doctrina jurisprudencial que reiteradamente declara que no incide en el vicio de incongruencia la sentencia que desestima la demanda, pues resuelve por sí misma, de manera congruente, todos los pedimentos de los litigantes, salvo cuando tal desestimación venga predeterminada por el acogimiento de una excepción no alegada ni susceptible de ser estimable de oficio - Sentencias 30 de junio de 1988, 12 de mayo de 1989, 3 y 10 de octubre de 1990, 11 de noviembre de 1991, 4 de diciembre de 1992, 28 de septiembre de 1993, 8 de junio de 1994, y 28 de enero de 1995, entre otras-, y la que asimismo establece que si bien es verdad que la motivación se incardina dentro del derecho a la tutela judicial sin indefensión, lo que exige que la sentencia contenga los razonamientos fácticos y jurídicos precisos en torno a la apreciación y valoración de las pruebas y la aplicación del derecho a fin de dar la respuesta judicial demandada sobre todas las cuestiones debatidas, no lo es menos que este requisito esencial de la sentencia no está reñido con la parquedad ni exige una pormenorizada respuesta a todas las alegaciones de las partes o una crítica individualizada de cada medio de prueba - Sentencias del Tribunal Constitucional 184/98, de 28 de septiembre, 165/99, de 27 de septiembre -.

    Y la de 21-9-2010, enseña, que "el vigente art. 218 LEC 1/2000 precisa, bajo la rúbrica "Exhaustividad y congruencia de las sentencias. Motivación " precisa que:

 

"1. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

 

El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.

 

2. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón.

 

3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos".

 

Y aun cuando se refiere nominatim únicamente a las sentencias, una interpretación integradora de la norma permite aplicar sus prescripciones a cualesquiera otras resoluciones que potestativa o imperativamente hayan de ser motivadas . 

    Entiende el apelante que los hechos objeto de debate, fijados en la audiencia previa, no venían referidos a los motivos que se exponen en la sentencia como causa del rechazo de la demanda,  no negándose el hecho de  la comunicación, sino que se referían a quien era la persona o entidad que comunica públicamente las obras que se reclaman, si se precisaba o no autorización, si los eventos de que se trataba, generan derechos de autor, las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva y prescripción y si es posible aceptar las facturas como válidas sin mediar una relación contractual previa. Entiende que los hechos no controvertidos han de considerarse probados a la hora de resolver el conflicto.

    El art. 428 LEC dispone, que  : 1. En su caso, la audiencia continuará para que las partes o sus defensores, con el Tribunal, fijen los hechos sobre los que exista conformidad y disconformidad de los litigantes . 2. A la vista del objeto de la controversia, el Tribunal podrá exhortar a las partes o a sus representantes y a sus abogados para que lleguen a un acuerdo que ponga fin al litigio. En su caso, será de aplicación al acuerdo lo dispuesto en el art. 415 de esta Ley. 3. Si las partes no pusieran fin al litigio mediante acuerdo, conforme al apartado anterior, pero estuvieren conformes en todos los hechos y la discrepancia quedase reducida a cuestión o cuestiones jurídicas, el Tribunal dictará sentencia dentro de veinte días a partir del siguiente al de la terminación de la audiencia.

 

    Se denuncia luego error en la valoración de la prueba en cuanto a la acreditación de los eventos en los que se produce la comunicación pública de obras por cuyos derechos de autor se reclama. La sentencia rechaza que se pueda reclamar genéricamente la exhibición de las obras entre los años 2005 a 2009 sin determinar cuando se produjo la exhibición, donde y quien la efectuó. Se remite el recurrente a su escrito de demanda, en cuyo hecho 5º - folios 7 y 8 de las actuaciones- se especifican las  actuaciones que generaron los derechos ahora reclamados, y a ello se refiere el suplico mismo de la demanda. Por otra parte la realidad de los eventos no se ha negado en ningún momento. El propio Ayuntamiento aportó documentación acerca de alguno de los conciertos a que se refiere la demanda, y lo admite en escrito de 10 de abril de 2010.

    También se apoya su discrepancia en la nula valoración de las facturas, que si no justifican la reclamación, sí constituyen una base de la certeza de los hechos a que se refieren. La impugnación de las mismas, nace, según la sentencia de la ausencia  de contrato previo acreditado y porque no consta reclamación administrativa previa con justificación documentada. Desde luego, no cabe desconocer que la jurisprudencia no priva de valor probatorio a los documentos privados, aun impugnados,  en relación con el resto del material probatorio.

    Cuestiona asimismo el recurrente y sustenta el recurso en la acreditación de la forma de liquidar cada uno de los eventos que se lleva a cabo por la demandante, respecto a los cuales la sentencia que no se explica la manera en que ha obtenido la cuantía de la que obtiene la reclamación. Destaca la apelante que la tarifa se aplica en función del carácter gratuito de los espectáculos en la manera que detalla la demanda.

    Finalmente descansa el recurso en vulneración del art. 150 de la Ley de Propiedad Intelectual. Dispone el precepto, que "Las entidades de gestión, una vez  que autorizadas, estarán legitimadas en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales. Para acreditar dicha legitimación, la entidad de gestión únicamente deberá aportar al inicio del proceso copia de sus estatutos y certificación acreditativa de su autorización administrativa. El demandado sólo podrá fundar su oposición en la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo o el pago de la remuneración correspondiente." Entiende con apoyo en las sentencias que cita, que sería el Ayuntamiento el obligado a probar que las obras públicamente comunicadas  lo habían sido con la autorización de su autor o con el previo pago de la remuneración correspondiente.

 

    TERCERO.- La posición del Ayuntamiento demandado, fue clara desde el primer momento y así, ya en la oposición al procedimiento monitorio, opone falta de legitimación activa y pasiva, por no haber sido ejecutadas por el demandado la sobras teatrales y los conciertos por los que se reclaman, sino por terceras compañías, es decir no negaba la ejecución misma, si bien por terceros. . También negaba que hubiera obligación de pago derivada de una compraventa mercantil y que no existía documento de deuda firmado por el Ayuntamiento. En el escrito de contestación a la demanda de 8 de noviembre de 2011, se reiteraba la falta de legitimación pasiva y la no presentación de facturas. Oponía las mismas excepciones referidas al oponerse al monitorio, reiterando la falta de documentos  firmados por el Ayuntamiento, y la prescripción. Añade al folio 6 de su escrito, que " en resumen y con independencia de que – en su caso- una vez finalizado el presente procedimiento se acredite la existencia del pago de los derechos de autor correspondientes y que el mismo corresponda al Ayuntamiento o a las  compañías de representación, resulta, que de las facturas reclamadas solo pueden estar válidamente formuladas las que recoge en su escrito por importe de  3.538 euros más IVA.

    La sentencia, no obstante esta afirmación, y rechazar la falta de legitimación activa y pasiva y la prescripción, desestima íntegramente la demanda.

    El recurso merece ser acogido. La actividad probatoria desplegada por la demandante, resulta suficiente para dar por ciertos los hechos que justifican la pretensión. La amplísima prueba documental, las propias manifestaciones de la demandada y reconocimiento parcial de los hechos y no negada la realidad de la actividad que se achaca a la demandada, no cabe tampoco cuestionar las operaciones llevadas a cabo por la actora para obtener el total de la suma reclamada.

    Conforme a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley de Propiedad Industrial, Texto Refundido del Real Decreto 1/1996 de 12 de abril, redactado por la Disposición Final Segunda, Apartado 4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, las entidades de gestión, una vez autorizadas, estarán legitimadas en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales, disponiendo asimismo que para acreditar dicha legitimación, la entidad de gestión únicamente deberá aportar al inicio del proceso copia de sus estatutos y certificación acreditativa de su autorización administrativa, pudiendo solo el demandado fundar su oposición en la falta de representación de la actora, la autorización del titular del derecho exclusivo o el pago de la remuneración correspondiente. Con relación a lo anterior, dos sentencias del Tribunal Supremo de fecha de 29 de octubre de 1999 han puesto de manifiesto que entre las entidades a las que se reconoce legitimación presunta, nacida del régimen jurídico al que están sometidas y de los derechos que gestionan, están las entidades de gestión de los derechos de autor para cuando se trate de la defensa de los derechos de comunicación que requieren una autorización global, y en consecuencia basta a la SGAE para la defensa en juicio de los derechos a que se refiere el litigio con la aportación de la autorización administrativa que la habilita para gestionar esta modalidad de derechos de autor y los estatutos aprobados por el Ministerio de Cultura para tener así por cumplido lo exigido en el artículo 503-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

    Desestimadas como se ha dicho las excepciones, la lectura de los escritos de la parte, tanto de oposición a la solicitud de monitorio, como contestación a la demanda y acto de la vista, es cierto que los hechos sustanciales de la demanda no se cuestionan, y quedan acreditados, pues en contra de lo que se afirma, la parte actora, tanto en la  solicitud de monitorio, como en la demanda aporta datos bastantes acerca de las actividades por las que se reclama.

 

    CUARTO.- La  estimación del recurso, comporta la no imposición en las costas del mismo ( arts. 398 y 394), pero sí, al acoger la demanda ,imponer al demandado, ahora condenado las costas de la primera instancia.

 

Por lo expuesto,                   

FALLAMOS

ESTIMAR EL RECURSO INTERPUESTO POR SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES DE ESPAÑA (SGAE), CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE INSTANCIA NUM. 2 DE CUENCA, EN  EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO NUM. 393/2011, SEGUIDO CONTRA EL AYUNTAMIETNO DE HORCAJO DE SANTIAGO Y REVOCANDO LA MISMA, ESTIMAR LA DEMANDA, CONDENANDO A LA DEMANDADA AL PAGO DE LA SUMA DE 22.806,52 EUROS. NO SE HACE CONDENA EN LAS COSTAS DEL RECURSO, Y SE IMPONEN LAS DE PRIMERA INSTANCIA AL DEMANDADO.   

Contra esta resolución no cabe recurso alguno..    

Se acuerda la devolución a la parte recurrente del depósito de 50 € que ella verificó para apelar.

    Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

PUBLICACIÓN.- Esta sentencia ha sido leída y publicada el mismo día de su fecha por el Magistrado ponente, y se ha celebrado audiencia pública. Doy fe.

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