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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia A.P. Cuenca. Protección de derechos reales inscritos

Sentencia A.P. Cuenca. Protección de derechos reales inscritos

    SENTENCIA

                En Cuenca, a 25 de Septiembre de dos mil doce.

     Vistos ante esta Audiencia Provincial, en trámite de recurso de apelación nº69/2.011, los autos de Juicio Verbal nº 458/2009 procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Motilla del Palancar, iniciados a instancias de DON x, representado por el Procurador Dª Eva García Martínez y dirigida por el Letrado D. Manuel Izquierdo Sancho en ejercicio de la acción de protección de derecho real inscrito, contra x S.L, representada por la Procuradora Dª Raquel Pinós Calvo y asistida por el Letrado D. Angel Muñoz Paz y DOÑA x representada por la Procuradora Dª María del Carmen Martínez Ruiz y asistida por el Letrado D. Vicent Xelvi i Clar, en virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de x S.L. y DOÑA x, contra la Sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado nº 1 de Motilla del Palancar el día 24/5/10; habiendo sido Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Solís García del Pozo.

                                Antecedentes de hecho

    Primero.- Que por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Motilla del Palancar nº 1 se dictó Sentencia, en fecha 24 de Mayo de dos mil diez, en cuyo Fallo se estableció lo siguiente:

    "Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO  la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. García Martínez, en representación de D. x contra x Y DOÑA x, representados por la Procuradora Sra. Pinos y Sra. Martínez, respectivamente, condenando a dichos demandados a que se abstenga de perturbar el derecho del actor sobre la finca "rustica, tierra de pastos secano en el paraje LLAMADA DE PASCUAL, del término municipal de x con una extensión superficial de una hectárea cuarenta y cuatro áreas cincuenta y siente centiáreas. Linda: Norte, x; Sur, x, x; Este,  y x; y Oeste, x. Es la parcela 22 del polígono 8, y con la referencia catastral x, inscrita en el Registro de la Propiedad de Motilla del Palancar al tomo 1196, Libro 45, folio 44, Finca número x de x", desalojándola y dejándola libre y expedita a disposición de su propietario registral, con apercibimiento de lanzamiento en caso de no hacerlo, con expresa imposición a los demandados de las costas causadas."

 Segundo.- Notificada la anterior Resolución a las partes, por la representación procesal de x S.L. y Dª x se interpusieron sendos recurso de apelación en los que se solicitaba de esta Audiencia Provincial el dictado de una sentencia que revocase la de instancia y estimase en su integridad las respectivas oposiciones a la demanda con imposición de las costas al demandante.

    Tercero.- Que admitido a trámite el recurso de apelación, y dado el correspondiente traslado del escrito de interposición, por la representación procesal de Don x se presentó escrito de oposición al recurso; interesando la ratificación en todos sus extremos de la sentencia de instancia con imposición de las costas a los recurrentes.

    Cuarto.- Que recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el correspondiente Rollo de apelación, asignándole el número 216/2012. Se turnó la ponencia y se señaló para deliberación, votación y fallo el día 18 de Julio de 2012.

  Por la recurrente x S.L. se presentó al amparo de lo establecido en el art. 271.2 de la LEC escrito al que acompañaba sentencia firme dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Cuenca en los autos 504/2.010. De dicho documento se dio traslado a la parte recurrida que se opuso a su admisión por extemporánea. Quedando la resolución sobre la admisión de este documento para sentencia conforme a lo dispuesto en el art. 271.2 de la LEC.

                          Fundamentos de derecho  

   Primero.- Previamente a resolver sobre el fondo del recurso hemos de pronunciarnos sobre la admisión del documento presentado por la parte recurrente ante esta Audiencia una vez fueron elevados a la misma por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Motilla del Palancar los autos de Juicio Verbal nº 458/2009 en el que se ejercitaba acción para la protección de derecho real inscrito.

    Dispone el art. 271 de la LEC que: "1. No se admitirá a las partes ningún documento, instrumento, medio, informe o dictamen que se presente después de la vista o juicio, sin perjuicio de lo previsto en la regla tercera del art. 435, sobre diligencias finales en el juicio ordinario.

2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior, las sentencias o resoluciones judiciales o de autoridad administrativa, dictadas o notificadas en fecha no anterior al momento de formular las conclusiones, siempre que pudieran resultar condicionantes o decisivas para resolver en primera instancia o en cualquier recurso.

Estas resoluciones se podrán presentar incluso dentro del plazo previsto para dictar sentencia, dándose traslado a las demás partes, para que, en el plazo común de cinco días, puedan alegar y pedir lo que estimen conveniente, con suspensión del plazo para dictar sentencia.

El Tribunal resolverá sobre la admisión y alcance del documento en la misma sentencia."

El documento que se presenta por la parte recurrente es una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cuenca dictada en el procedimiento abreviado nº 156/2.010. Sentencia firme conforme se certifica por el Sr. Secretario de dicho Juzgado y que fue dictada el día 17/12/10, es decir con posterioridad a la sentencia dictada en el procedimiento que nos ocupa. Dicha sentencia firme resuelve sobre la demanda de nulidad del titulo de adjudicación administrativa de las fincas registrales x y x de Minglanilla. Es decir se refiere a la misma finca registral inscrita a favor del demandado y objeto del procedimiento que nos ocupa para la protección que brinda al titular registral el art. 41 de la Ley Hipotecaria en relación con el art. 250.1,7º de la LEC. La mencionada sentencia afecta al titulo de propiedad inscrito al declarar la nulidad de la resolución de la Dirección Provincial de la TGSS de Cuenca de fecha 20/4/10 que desestimaba el recurso administrativo interpuesto contra la resolución de adjudicación de la finca registral x, así como la de la subasta producida en el procedimiento administrativo de apremio y de la adjudicación del mencionado inmueble.

   Resulta evidente que por ser el documento que se aporta una sentencia dictada después de la que es objeto de apelación su presentación es temporalmente oportuna por lo que se regula en el art. 271 de la LEC mas arriba reproducido, y además por declarar dicha sentencia la nulidad la adjudicación administrativa de la finca registral 5641 de Minglanilla al actor, es una resolución que puede tener trascendencia en lo que se discute en el presente procedimiento. Cumpliéndose así los requisitos exigidos por el art. 271 de la LEC procede admitirlo.

    Segundo.- D. x adquirió en el año 2.009 una finca rústica de pasto secano en la localidad de Minglanilla, paraje Llamada de Pascual, con una superficie de 14.457 metros cuadrados, con referencia catastral nº x, que es la parcela 22 del polígono 8, finca registral x en subasta celebrada en el expediente administrativo de apremio seguido contra x S.L. por la URE de Cuenca de la TGSS.

   Inscribió su titulo de adjudicación administrativa en el Registro de la Propiedad, siendo la descripción registral de dicha finca la siguiente: Tierra de pastos secano en el paraje Lanada de Pascual, del termino de x, con una extensión superficial de una hectáreas cuarenta y cuatro áreas cincuenta y siente centiáreas. Linda: Norte, x; Sur x; Este, x; y Oeste x. Es la parcela 22 del polígono 8 y con la referencia catastral x.

El importe de valoración de dicha finca en el procedimiento de apremio fue de 1.445,70 euros y el importe de la adjudicación de 2.100 euros.

Inscrita que fue la mencionada finca el titular registral presentó demanda contra x S.L. y subsidiariamente contra el que resulte ser ocupante de la finca inscrita alegando que en el interior de la misma existía una construcción que se encontraba ocupada ocasionalmente por personas y permanentemente por perros que le impedía el uso y disfrute de su propiedad, por lo que solicitaba la efectividad del derecho inscrito con la condena de los demandados a desalojarla y dejarla libre y expedita y a disposición de su propietario con apercibimiento de lanzamiento y en caso de no hacerlo a responder de los frutos indebidamente percibidos y a indemnizar al propietario de los daños y perjuicios causados.

En el procedimiento administrativo de apremio no se mencionaba la existencia de una construcción en la finca objeto de ejecución, ni siquiera se hacía mención a ella en el informe de tasación realizado en  el expediente de apremio por la Sociedad Valoraciones del Mediterráneo SA por encargo de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio S.A..

   Tercero.- En el juicio verbal nº 458/2009 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Motilla del Palancar se personó Dª x alegando que la vivienda residencial existente en la finca objeto del referido procedimiento era de su propiedad, aportando un informe de tasación de dicha construcción por un valor de 88.000 euros. Por auto del Juzgado de fecha 25/3/05 se admitió la intervención en el proceso como demandada de Dª x.

Cuarto.-  Por lo que aquí interesa los demandados fundaron su oposición a las pretensiones del actor por la causa nº 1 del art. 444.2 de la LEC: "Falsedad de la certificación del Registro u omisión en ella de derechos o condiciones inscritas, que desvirtúen la acción ejercitada." y la nº 4 de dicho precepto: "No ser la finca inscrita la que efectivamente posea el demandado."

   El Juzgado nº 1 de Motilla del Palancar, tras desestimar por auto de fecha 3/5/10 la excepción de prejudicialidad administrativa opuesta por x S.L., dictó sentencia estimando la demanda al considerar que el titular registral está protegido por el principio de legitimación registral del art. 38 de la LH que presume la veracidad de los asientos del Registro, en cuanto a su existencia, extensión y titularidad de los derechos inscritos sin contradicción, derivando la estimación de la aplicación de dicho precepto y de lo establecido en los artículos 39 y 40 de la mencionada LH, entendiendo que de existir una finca diferenciada dentro de la finca registral cuya protección se insta debería ser ventilada en el procedimiento declarativo correspondiente.

Los demandados recurrieron dicha sentencia alegando la demandada x S.L. error en la valoración de la prueba con infracción de los artículos 316, 319 y 376 de la LEC al haber desconocido el Juzgado la prueba practicada que acredita la existencia de una casa construida sobre la parcela adjudicada en subasta y en consecuencia la divergencia entre la realidad física y la registral, así como la infracción de los artículos 444.2 regla 2ª LEC (el razonamiento versa sobre la causa 4ª por lo que la indicación de la regla 2ª ha de tenerse por un mero error material) en relación con el art. 38 de la LH por no ser la finca inscrita la que posee el demandado, pues lo inscrito es un campo yermo sin construcción ninguna.

Por su parte Dª x, alega su propiedad sobre la construcción que existe en la finca rustica. Finca que  le fue cedida en precario por x S.L. desde que dicha sociedad adquirió la finca, contruyendo ella sobre unas ruinas de lo que en su día fue un cobertizo para aperos agrícolas una vivienda y abonando su coste con un préstamo que solicitó en su día, asumiendo todos los gastos de mantenimiento y conservación de la misma. Alega que al adjudicatario conocía la existencia de esa construcción y que no pertenecía al deudor ejecutado. Argumentando sobre la causa de oposición en la actualidad recogida en el art. 444.2.2ª de la LEC: "Poseer el demandado la finca o disfrutar el derecho discutido por contrato u otra cualquier relación jurídica directa con el último titular o con titulares anteriores o en virtud de prescripción, siempre que ésta deba perjudicar al titular inscrito." y la interpretación que de dicha causa de oposición en relación con la anterior redacción del art. 41 de la LH han venido haciendo los Tribunales.

   Como resulta del documento aportado por la parte recurrente, en fase de recurso de apelación, una vez dictada sentencia civil, recayó sentencia contenciosa firma que anulaba la adjudicación administrativa de la finca registral 5.641 al actor.

    Quinto.- El procedimiento para la protección de los derechos reales inscritos del art. 41 de la LH que se tramita hoy por el cauce del juicio verbal a tenor de lo dispuesto en el art. 250.1.7 de la LECiv es un proceso declarativo especial y sumario que tiene como objeto la obtención del cese de la perturbación del derecho real inscrito en el Registro de la Propiedad contra quienes, sin título, se opongan a dichos derechos o perturben su ejercicio, siempre que por certificación del Registro se acredite la vigencia sin contradicción alguna del asiento correspondiente. Su naturaleza sumaria viene avalada por tres características básicas: a) hay una limitación a su ejercicio, por cuanto solo puede ser utilizado por el titular inscrito; b) el derecho de defensa también aparece limitado, por cuanto la causas de oposición están taxativamente determinadas en el artículo 444 de la LEC, correspondiendo al demandado la acreditación del motivo de oposición alegado, lo que si se consigue determinará   el fracaso de la acción del art. 41 de la LH y c) los efectos de la sentencia quedan limitados, al no producir los efectos de la cosa juzgada.

La mencionada naturaleza sumaria del procedimiento impide que se utilice para dilucidar cuestiones como la declaración de la existencia o nulidad de un determinado derecho real, pues no es apto para declarar derechos, ni decidir cuestiones complejas encaminadas a resolver problemas de fondo relativos a la existencia, validez y vigencia del título alegado por el demando para justificar la legitimidad de la posesión de que se trate.

La acción derivada pues del precitado art. 41 de la LH no es otra cosa que una consecuencia mas del principio legitimador contenido en el art. 38 de la misma LH que presume la posesión del derecho real inscrito en favor del titular que en el asiento aparece como tal, al decir que se presume que los derechos reales inscritos existen y pertenecen a quien en ellos aparece como titular en la forma que determina el asiento respectivo. Sin embargo el principio de legitimación registral que contiene el artículo 38 de la Ley Hipotecaria no es absoluto, siendo la presunción que contiene de carácter iuris tantum ya que el Registro de la Propiedad carece de una base fáctica fehaciente, pues como se desprende de los artículos 2, 7 y 9 de la Ley Hipotecaria , el mismo se apoya en las declaraciones de los propios solicitantes de las inscripciones, por lo que quedan fuera de las garantías que pueden otorgar los datos registrales lo relativo a hechos materiales y, como consecuencia de ello, la institución registral no responde de la exactitud de los actos y circunstancias fácticas, ni por tanto de las descripciones que de las fincas se hagan e incluso de su existencia, al ostentar las inscripciones registrales por principio carácter declarativo y voluntario (Sentencias de 1-10-1991, 30-9-1992, 10-12-1992, 14-11-1994 y 22-2-1996).

    Sexto.- La controversia planteada por los demandados en el presente procedimiento deriva de la existencia de una casa en la finca rustica registrada. Casa a la que se refiere el demandante en su demanda, alegando que su ocupación ocasional por personas y permanente por perros le impide usar y disfrutar su derecho. Mediante los dos informes de valoración aportados por los demandados, uno de ellos efectuados por la misma entidad que valoró la finca rustica objeto de subasta en el procedimiento de apremio administrativo, Valmesa, se ha probado que dicha casa consta de dos plantas sobre rasante, con una superficie total construida próxima a los 300 metros cuadrados y que su construcción es muy anterior a la adquisición por el actor de la finca rustica sobre la que se asienta, al datar esta del año 1.965, datando su última reforma general de hace 18 años y la última reforma del año 2.008. Dicha vivienda según la tasación realizada por Valmesa tiene un valor, sin computar el del suelo, de 71.937,10 euros.

Consta igualmente acreditado con el mencionado informe de tasación y de la consulta de datos catastrales que dicha vivienda tiene una referencia catastral distinta a la de la finca rustica sobre la que está construida, referencia nº x, datando su construcción del año 1.965, su última reforma general de hace 18 años y la última reforma del año 2.008. La mencionada construcción nunca accedió al Registro de la Propiedad.

   Séptimo.- Ante los mencionados hechos es evidente que no concurre en el presente caso la causa de oposición recogida en el art. 444.2.1º de la LEC: la falsedad de la certificación del registro u omisión en ella de derechos o condiciones inscritas, que desvirtúen la acción ejercitada. La mencionada causa se refiere a la inscripción del derecho real, no al derecho en sí mismo considerado, no habiéndose probado en ningún momento que exista cualquier clase de defecto en la certificación registral sobre la titularidad de la finca x de la localidad de x. No constando tampoco, pues ni siquiera se ha propuesto prueba tendente a ello, que en la mencionada certificación se hayan omitido derechos o condiciones inscritas que desvirtúen la acción ejercitada. Realmente no se hace cuestión en el presente caso del contenido de la certificación de la inscripción registral de la finca número x, ni se pone en duda la correspondencia entre la certificación acompañaba por el actor con el escrito de demanda en prueba de su legitimación y el contenido de los asientos. Lo que se discute es que la protección que reclama el actor como titular registral abarque a una construcción destinada a vivienda levantada en la parcela rústica inscrita pero que ni fue objeto de adjudicación al no estar siquiera mencionada en el procedimiento de apremio administrativo, ni nunca llegó a tener acceso al Registro de la Propiedad y respecto de la cual un tercero, Dª x, se atribuye la propiedad manteniendo que la reconstruyó, mejoró y abonado los gastos de mantenimiento y conservación que la misma conlleva, sin que en estas afirmaciones estén contradicha por el anterior titular registral del predio rustico, xl S.L., cuyo representante legal depuso en prueba de interrogatorio en el procedimiento.

   Sí concurre sin embargo a la vista de lo acreditado la causa de oposición del art. 444.2.4º de la LEC: No ser la finca inscrita la que efectivamente posea el demandado. Pues la identidad de la finca o cosa reivindicada es exigible no solo en cuanto a la exacta determinación física sobre el terreno, sino también en cuanto a su completa correspondencia con el titulo, pues en otro caso quedaría sin contenido la presunción posesoria del asiento registral, y tal exigencia, ya se considere como incluida en la causa 4ª del art. 444.2 de la LEC, ya se estime como requisito previo de la acción, es de imprescindible y esencial concurrencia para obtener la protección pretendida.

     Lo que debe conducir a la estimación del recurso de apelación interpuesto y a la consiguiente desestimación de la demanda rectora del presente procedimiento, pues su objeto, como se dijo anteriormente, está limitado a la defensa del derecho real inscrito ante una limitación u oposición de un tercero, quedando reducido a determinar el derecho a disfrutar y a la realización del acto del perturbación o despojo. La cognición en este procedimiento viene constreñida por las causas de oposición que se permiten legalmente y que de concurrir han de alcanzar éxito siempre que, como en el presente caso tengan una clara y razonable base en que apoyarse, de esta manera cuando surgen dudas o situaciones complejas referidas a los actos de perturbación, la cuestión queda excluida de los límites de este procedimiento, debiendo discutirse en el declarativo que corresponda.

   Octavo.- Todo lo anterior queda confirmado con mas razón cuando se ha acreditado que ha resultado anulada por sentencia judicial firme del orden contencioso administrativo el procedimiento de apremio administrativo en el que se adjudicó al actor la finca registral 5.641, la subasta celebrada y el titulo mismo de adjudicación administrativa al actor de la finca registral  5641. Pues aunque no consta se hayan ejercitado acciones contra la inscripción registral esta recoge en la actualidad una titularidad dominical cuyo titulo de adquisición ha sido declarado nulo, siendo en consecuencia una situación registral inestable y claudicante.

  Noveno.- La estimación de los recursos interpuestos por los demandados determina que no se haga condena en costas en esta alzada, asi como que se modifique el pronunciamiento sobre constas en la instancia, condenando a la parte demandante al abono de las causadas en la instancia.

  Se acuerda la devolución de los depósitos constituidos para recurrir.

    Vistos los preceptos legales invocados y demás de general y pertinente aplicación

                                       Fallamos

     Que estimando los recursos de apelación interpuestos por x S.L. y Dª x contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Motilla del Palancar en fecha 24/5/10, debemos REVOCAR la misma absolviendo a los  referidos demandados de las pretensiones ejercitadas en su contra en la demanda rectora del procedimiento verbal nº 458/2009, condenando a la demandante a abonar las costas causadas en la instancia. Sin hacer expresa imposición de costas en la alzada.

 Se acuerda la devolución de los depósitos constituidos para recurrir.

         Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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