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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia A.P. Cuenca. Nulidad de contrato de permuta financiera

Sentencia A.P. Cuenca. Nulidad de contrato de permuta financiera

SENTENCIA

                En Cuenca, a 25 de Septiembre de dos mil doce.

     Vistos ante esta Audiencia Provincial, en trámite de recurso de apelación nº 27/2011, los autos de Juicio Ordinario nº 698/2010 procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Motilla del Palancar, iniciados por la mercantil x S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales Dª María del Carmen Martínez Ruiz y dirigida  por la Letrada D. Milagros Figeroa Rodríguez y Dª Susana Adrián Sanz, contra la entidad BANCO x, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Eva María López Moya y asistida por el Letrado D. Rafael García Merino, en solicitud de declaración de nulidad de contrato y reclamación de cantidad, en virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la sociedad BANCO x, contra la Sentencia dictada en primera instancia, por el ya referido Juzgado, en fecha 13 de Octubre de dos mil once; habiendo sido Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Solís García del Pozo.

                                Antecedentes de hecho

    Primero.- Que por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Motilla del Palancar se dictó Sentencia, en fecha 13 de Octubre de dos mil once, en cuyo Fallo se estableció lo siguiente:

    "QUE ESTIMANDO INTEGRAMENTE la demanda interpuesta por Dª María del Carmen Martínez Ruiz en representación de x S.A. se declara la nulidad del contrato sobre operaciones financieras firmado entre x S.A. y Banco x de fecha 9 de octubre de 2.007, con obligación de las partes de restituirse recíprocamente las prestaciones efectuadas en relación con el contrario, condenando a la demandada en virtud de la obligación de restitución, de abonar a la actora la cantidad de setenta y siete mil doscientos catorce euros y veintinueve céntimos (77.214,29 euros). Se imponen a la demandada las costas de la presente instancia.

        Segundo.- Que notificada la anterior Resolución a las partes, por la representación procesal del BANCO x ., se preparó e interpuso contra la misma recurso de apelación. En dicho recurso, tras invocarse los alegatos que se estimaron de aplicación, se solicitaba de esta Sala:

    "… dictar nueva resolución por la que dejando sin efecto la recurrida desestime la demanda rectora de las presentes actuaciones condenando a la parte actora al pago de las costas procesales devengadas en ambas instancias."

    Tercero.- Que admitido a trámite el recurso de apelación, y dado el correspondiente traslado del escrito de interposición, por la representación procesal de la entidad x S.A. se presentó escrito de oposición al recurso; interesando la confirmación de la Sentencia de instancia, con imposición de costas de la alzada a la parte recurrente.

    Cuarto.- Que recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el correspondiente Rollo de apelación, asignándole el número 27/2012. Se turnó la ponencia y se señaló para deliberación, votación y fallo el día 10 de Julio de 2012.

                          Fundamentos de derecho

        Primero.- Articula el recurso Ban. mediante tres motivos. En el primer de ellos, al que ahora se dará contestación, alega la vulneración del art. 326 de la LEC en cuanto a la fuerza probatoria de los documentos privados en relación con el art. 7.2 del C.C. y 247 de la LEC. También achaca a la sentencia una falta de congruencia con las pretensiones de las partes, en contra de lo establecido en el art. 218 de la LEC.

    La alegación de la vulneración de la fuerza probatoria de los documentos privados se hace en relación con dos concretos documentos: Uno es un correo electrónico que D. x, director de la oficina de empresas de Ban. en Albacete remitió a D. x, contable de x S.A el 24/9/07, previamente a la suscripción del contrato objeto del procedimiento  (documento nº 9 de la demanda). El otro es la contestación, que según mantiene Ban. dio al mencionado correo el contable, director financiero, según Ban., de x S.A. que es el documento nº 5 de la contestación y que consiste en una relación del endeudamiento de la entidad demandante y otras tres empresas relacionadas con la familia x.

Entiende el recurrente que de haberse valorado correctamente dichos documentos debería haberse concluido que el contrato litigioso cumplía una finalidad de cobertura del riesgo de incremento del interés variable, pues el valor nocional del mismo se correspondía con  el importe del endeudamiento de las empresas del grupo, lo que además resulta coherente con los dos contratos de la misma naturaleza suscritos con anterioridad y con el hecho de que en el segundo de ellos   se  mencione como cliente también a la empresa x  S.L.. Así como con la declaración testifical de D.x , contable, o director financiero, según Ban., de x S.A. que aunque no reconoció el envío de dicho documento sí reconoció las partidas que lo integran.

   Para Ban. la correcta consideración del contrato suscrito como un contrato de cobertura, por la correspondencia entre el capital nocional y el nivel de endeudamiento del grupo, es determinante en la resolución del asunto. Imputando en este aspecto a la actora, por negar  la verdadera causa del contrato, una actuación abusiva, contraria a la buena fe que ha de presidir la ejecución de los contratos y contraria a sus propios actos.

  Además la recurrente considera que la sentencia de instancia es incongruente al dar al contrato de permuta financiera de tipos de interés una naturaleza especulativa ajena a la voluntad de las partes. Incongruencia que además se comete cuando deja de valorar los antecedentes del contrato y cuando se pronuncia sobre la existencia de un vicio en el consentimiento de la actora en los contratos antecedentes de 26/10/04 y 30/3/06.

   Segundo.- Muchas cosas, muy diferentes se alegan en el motivo, pero si algo es este motivo es un alegato contra la valoración de la prueba que ha realizado la Juez de instancia, pues en definitiva lo que sostiene la parte apelante es que se han dejado de valorar hechos fundamentales para la comprensión de la correcta naturaleza del contrato, para enjuiciar correctamente el cumplimiento por parte de Ban. de sus deberes respecto a su cliente y en consecuencia para resolver acertadamente el procedimiento. 

 Pues bien, el recurso de apelación (es algo conocido y por eso no hace falta insistir mucho en ello) por su naturaleza ordinaria permite al Tribunal conocer íntegramente de la cuestión resuelta en primera instancia, pudiendo examinar de nuevo todo el material probatorio y la actividad jurídico-procesal desarrollada en primera instancia y, en definitiva, resolver sobre si el pronunciamiento de la resolución impugna ha sido o no correcto sin más límites que los inherentes a la prohibición de la "reformatio in peius". Pero partiendo de este principio general es también un reiterado criterio jurisprudencial que la valoración probatoria es facultad de los Tribunales sustraída a los litigantes, que pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza, pero no imponer su valoración a los Juzgadores, pues no puede sustituirse la valoración que el Juzgador de instancia hizo de toda la prueba practicada por la valoración que realiza la parte recurrente, función que corresponde única y exclusivamente al Juzgador "a quo" y no a las partes, habiendo entendido igualmente la jurisprudencia que el Juzgador que recibe la prueba puede valorarla de forma libre, aunque nunca de manera arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal de segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión, pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez "a quo" de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencia o a las normas de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso, (SSTS de 26.01.1998 y 15.02.1999).

   En el presente caso hemos de partir de la consideración de que la Juez de instancia para formar su criterio sobre el carácter especulativo del contrato de permuta financiera suscrito entre las partes no solo contó con la prueba documental que invoca el recurrente, sino también con otra que, al igual que aquella, estaba sujeta a su valoración. Una valoración probatoria que la sentencia explica de forma extensa y razonada, en la que  la Sala no aprecia error valorativo alguno, compartiendo totalmente la valoración efectuada.

Así el documento nº 5 de la contestación, sobre cuya valoración se discute, no lleva firma, sello o signo que pueda aportar luz sobre su autoría. Lo único que consta es que la actora no lo reconoce como propio y tampoco lo hace D. x, contable de x S.A., que depone como testigo negando su envío. Contrariamente a lo que afirma la recurrente dicho testigo tampoco reconoce su contenido como cierto, negando partidas e importes.

   Además resulta que  el contrato objeto de este procedimiento de fecha 9/10/07 se suscribe solo y exclusivamente por x S.A., y en él no se  hace referencia a la finalidad de cobertura del riesgo de incremento del interés variable que tiene el mismo, tampoco se alude en consecuencia al concreto riesgo que cubre, a su conformación, ni se especifica en ningún la relación que supuestamente existe entre el capital nocional y el volumen de endeudamiento del cliente. Especificaciones que hubieran sido muy oportunas para dejar constancia de que el cliente conoce el exacto alcance y naturaleza del contrato que ahora se discute, dadas las obligaciones de claridad, transparencia y de información que pesan sobre la entidad demandada.

 Tan solo  hay una cláusula en el contrato que se refiere al propósito de cobertura del contrato, la decimoquinta, que no es de aplicación a la demandante porque se incluye solo para clientes que ostenten la condición de derecho público.

  Está igualmente acreditado, por no se controvertido, que a la fecha de suscripción del contrato x S.A. tenía suscrita una póliza de crédito con Ban. por importe de 400.000 euros y que esta póliza venció a los pocos días de suscribir el contrato de permuta financiera, como se venía haciendo al menos desde el año 2.004. No se conoce que la actora tuviera ningún otro contrato suscrito del que pudiera derivar la obligación de pagar intereses variables. Y por último consta que el nivel de endeudamiento de x S.A. era en el año 2.004 fecha de la firma del primer contrato de permuta financiera del que los siguientes, incluido el que nos ocupa, son una reestructuración era superior (la póliza de crédito con Ban, era de 540.000 euros y sorprendentemente en ella se establecía un interés fijo), siendo en aquel inicial contrato el capital nocional inferior, 1.700.000 euros.

Consta en autos (documento nº 25 de la demanda) un documento de Ban. anterior al pleito, de fecha 27/11/09, consistente en las alegaciones que hace dicha entidad al Banco de España ante la denuncia de x S.A. En dicho documento Banesto alega que el contrato original, del que deriva el que  nos ocupa, se suscribió con relación a una línea de 540.000 euros contratada por la actora, explicando después que la diferencia entre el importe de cobertura y la línea podría obedecer a la intención del cliente de cubrir otras posiciones financieras, que como se ha dicho no constan, o simplemente, de contratar un producto que le proporciones una rentabilidad financiera. Ban. pues no es capaz de explicar esa diferencia y admite pueda tener una finalidad especulativa.

   No consta en autos que x S.A. constituyera con x S.A., Hotel x S.L. yx  S.L. un grupo de empresas de carácter mercantil, que estuvieran recíprocamente participadas, que entre ellas exista relaciones de control, que existan entre ellas relaciones comerciales o mercantiles, que compartan algún tipo de riesgo financiero. No hay pues explicación para que Ban. considerara riesgos ajenos a x S.A. en la concertación de un contrato de permuta financiera.

 Consta en autos una renuencia reiterada y mantenida por parte de x S.A, de involucrar a cualquier otra mercantil en dicho contrato. Ocurre con el del año 2.006 que nunca firmó dicha entidad por figurar en el mismo como cliente otra mercantil x S.L. y se demuestra después con la negativa a sustituir el contrato que es objeto de este procedimiento en el año 2.008 a propuesta de Ban. por otro avalado por dos de las sociedades que  supuestamente formaban grupo con la actora.

Finalmente se practicó en el procedimiento un informe pericial con un auditor de cuentas que descarta la finalidad de cobertura en el contrato suscrito ante la inexplicable diferencia entre el endeudamiento de  la actora y el capital nocional. Concluyendo además que cada reestructuración suscrita era mas perjudicial para el cliente y mas beneficiosa para Ban..

 Todo esta prueba justifica la conclusión del Juez a quo sobre la falta de relación entre el nominal del contrato y el endeudamiento de la actora y con ello la finalidad de cobertura que Ban. defiende en el mismo.

     Tercero.- La alegación de haber actuado la actora en contra de la buena fe, de forma abusiva y contra sus propios actos hace supuesto de la cuestión al partir de conclusiones fácticas diferentes a las de la sentencia de instancia y que no han sido asumidas por esta Sala, como se acaba de razonar.

     Finalmente hemos de negar la incongruencia que se achaca a la sentencia de instancia, que resuelve todas las cuestiones planteadas, la analiza y motiva con encomiables detenimiento y claridad. La incongruencia deriva de la falta de correspondencia entre lo que las partes piden y lo que resuelve la sentencia produciéndose cuando la sentencia deja de pronunciarse sobre lo pedido o parte de lo pedido, cuando da mas o cosa distinta de la pedido por las partes.   Nada de lo cual se ha producido en el presente caso, no existiendo vicio de incongruencia por el hecho de que el Juez valore, en uso de sus facultades determinadas pruebas con preferencia sobre otras. En este sentido la STS de 16/3/2007 que respecto al deber de congruencia de las sentencias y su relación con la valoración de la prueba señala que: "El deber de congruencia se resume en la necesaria correlación que ha de existir entre los pedimentos de las partes oportuna y convenientemente deducidos y el fallo de la sentencia, teniendo en cuenta el petitum [petición] y la causa petendi [causa de pedir] o hechos en que se funda la pretensión deducida (SSTS de 24 de junio de 2005, 28 de junio de 2005 , 28 de octubre de 2005 , 1 de febrero de 2006 , 24 de octubre de 2006, 27 de septiembre de 2006, 30 de noviembre de 2006 y 12 de diciembre de 2006 , entre otras muchas). No impone la obligación de dar respuesta a todos los aspectos suscitados por las partes, ni de enfrentarse a sus puntos de vista, bastando, como recuerda la sentencia de 12 de diciembre de 2005 (recurso 1851/1999 ), que se respete en esencia el componente fáctico y jurídico de la acción ejercitada. Somete al tribunal a los límites de los hechos alegados y probados por las partes en el proceso, pero no puede convertirse en un instrumento en manos del recurrente para revisar, so pretexto de su vulneración, el resultado de la prueba aportada al proceso ( SSTS de 24 de marzo de 2001 [ RJ 2001, 3986]  , 17 de septiembre de 2001 y 23 de noviembre de 2005 [ RJ 2005, 7679]  ), de forma que, como precisa la sentencia de 12 de diciembre de 2005 (recurso 1851/1999), recogiendo pacífica doctrina, «no se afecta a la incongruencia cuando se fijan los hechos alegados de modo definitivo según el resultado de las pruebas»."

       Cuarto.- En el segundo motivo del recurso alega Ban. la infracción del art. 19 de la Ley 36/2003, de los artículos 1089, 1254 y 1255 del Código Civil y del art. 50 del Código de Comercio.

      Parece ser que esta se alegación se realiza porque  la sentencia de instancia concluye que la suscripción inicial del contrato de permuta financiera y sus posteriores cancelaciones y reestructuraciones fueron a instancia de Ban. y porque así lo aconsejó el Banco. Manteniendo el recurrente que dicho contrato se suscribió tras informar al cliente de los productos de cobertura de que disponía, siendo estos analizados, estudiados y evaluados con la actora. Resultado de dichas negociaciones fue la suscrición en el 2004 del primer contrato de permuta financiera contrato de la misma naturaleza, complejidad y eficacia que los dos suscritos posteriormente en el 2006 y 2007, sin que x SA formulara queja alguna hasta como consecuencia de la bajada de intereses en 2008 se generaron abonos a cargo de la actora.

  El motivo que analizamos además realiza extensas consideraciones sobre la naturaleza y las características de contrato de permuta financiera y sobre ciertos aspectos de la legislación sobre el mercado de valores que rompen el hilo argumental del mismo.

  También este motivo ha de ser desestimado pues para empezar el art. 19 de la Ley 36/2003 no es aplicable al caso que nos ocupa pues como se desprende de su tenor literal regula los deberes de información sobre instrumentos, productos o sistemas de cobertura del riesgo de incremente del tipo de interés que las entidades de crédito tienen respecto a sus deudores hipotecarios con los que hayan suscritos prestamos hipotecarios con tipos de interés variable, lo que no es el caso, pues la operación suscrita por x  S.A. era una póliza de crédito y no un préstamo hipotecario. No puede aceptarse pues que el ofrecimiento hecho por Ban. o la actora de la permuta financiera fuera consecuencia de una obligación legal.

    No siendo el mencionado precepto de directa aplicación al caso no puede sustentarse el recurso en su infracción. No obstante ha de indicarse que la sentencia de instancia analiza los deberes de información, de transparencia, de claridad que pesaban sobre la entidad de crédito por aplicación de las normas que sobre dicha materia eran de aplicación al momento de suscribirse el contrato de permuta financiera, concluyendo el incumplimiento de los mismos por parte de la entidad bancaria. Además la sentencia de instancia analiza la prueba practicada, análisis que no vamos a reproducir aquí ahora pero que la Sala comparte plenamente, y partiendo de la prueba testifical practicada, de la prueba documental obrante en autos y de las conclusiones del perito que depuso en el juicio llega a la conclusión de que la suscripción del contrato de permuta financiera se hizo a instancias de Banesto, así como sus reestructuraciones, siempre empeorando la condición del cliente y sobre la base de una falta de información adecuada para el cliente en la que se obviaba  las consecuencias negativas que para él podía tener dicho producto.

   Pues bien, en el anterior motivo cuando nos referíamos a la valoración de al prueba decíamos que las partes no pueden sin mas sustituir la valoración que hace del conjunto de la prueba el juez de instancia por la suya propia, siendo aquella razonable y coherente con la prueba practicada y ahora tenemos que añadir, siendo este la causa fundamental de la desestimación del segundo motivo del recurso, que tampoco puede la parte recurrente intentar el mismo efecto (es decir sustituir la valoración judicial por la suya), invocando la infracción de preceptos sustantivos cuya aplicación sólo sería procedente si se alterasen los datos facticos sentados por el juzgador de instancia, pues esto sería tanto como pretender la revisión de la actividad probatoria haciendo supuesto de la cuestión, lo que es incompatible con el método de discusión racional al que se ajusta el proceso judicial (STS 3/9/08 y las que en ella se citan).

   En definitiva el recurrente parte de que cumplió escrupulosamente los deberes de información, de transparencia y de claridad que la legislación le imponían respecto al cliente de productos financieros, lo que situó  a Pescados Cervera S.A. en una posición adecuada para comprender y aceptar el producto financiero que se le ofrecía, pese a la complejidad de dicho producto y al alto riesgo que su suscripción comportaba. Pero esto no es lo que tiene por probado la sentencia de instancia, sino todo lo contrario, y claro está partiendo de la posición del recurrente sería aceptable reclamar la validez de las obligaciones asumidas en el contrato y alegar la infracción del art. 1.089 y el 1.255 del C.C.. Pero la alegación de esta infracción obvia lo que la sentencia de instancia ha dado por probado, que ni siquiera es combatido frontalmente por el recurrente, construyendo el motivo de vulneración de normas sustantivas sobre otro soporte fáctico mas favorable para obtener la conclusión que le conviene. Lo que como indica la jurisprudencia citada no es aceptable porque rompe con el discurso racional propio del proceso judicial.

 

  Quinto.-  Finalmente en el tercer motivo del recurso denuncia Ban. la infracción de los artículos 1.261, 1300 y concordantes del Código Civil. En dicho motivo se expone extensamente el régimen legal y la jurisprudencia sobre la nulidad de los contratos por error en el consentimiento para acabar concluyendo que la conclusión a la que llega la sentencia de instancia se construye sobre una presunción carente de cualquier apoyo probatorio: que Ban. tenía  un conocimiento, del que realmente carecía, sobre la evolución del EURIBOR aplicable en la zona euro y sobre la importante bajada de tipos de interés que provocó la crisis económica que nos azota.

   También este motivo ha de ser desestimado pues la sentencia no concluye la existencia de un consentimiento viciado por error en el actor como consecuencia de la falta de información al cliente de los supuestos conocimientos de Ban. sobre la evolución del Euribor, sino sobre el incumplimiento de su deber de información acerca de las características esenciales del producto financiero que ofreció a x S.A. y sobre el alcance que podrían llegar a tener las prestaciones asumidas. Todo ello sin perjuicio de que las  entidades financieras se encuentran, por lo general, en una situación de superioridad frente a sus clientes, dado que disponen de mayor información para gestionar sus intereses en este mercado y también para asesorar o recomendar a los clientes la contratación de unos u otros productos financieros.

  La sentencia de instancia tras exponer la doctrina general sobre el error invalidante del consentimiento y sobre las obligaciones de información de la entidad bancaria ofertante del producto financiero que a la fecha de suscripción de la permuta financiera se contenía en el art. 48.2 de la Ley 26/1988 sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, el art, 79 de la Ley del Mercado de Valores en su redacción anterior a la ley 47/2007 y en el Real Decreto 629/1993, examina determinadas circunstancias del caso que son relevantes para determinar tanto el cumplimiento por parte de Ban. de los deberes de información recogidos en aquellas  normas como la existencia de un error en el consentimiento de x S.A.. Analizando para ello la prueba practicada y llegando a conclusiones fácticas trascendentes en la resolución del caso que son a juicio de esta Sala fundadas, razonables, lógicas y coherentes con el contenido de la prueba que examina. Así considera acreditado que la permuta financiera de tipos de interés se ofreció por Banesto y se concertó por Pescados Cervera con la finalidad de dar cobertura al cliente de los riesgos de variación de los tipos de intereses en consideración al endeudamiento de dicha empresa exclusivamente y sin embargo el capital nocional desde el inicio del contrato no guardaba correspondencia con el nivel de endeudamiento de la empresa.

Considera igualmente acreditado que dicho contrato se suscribió a instancias de Ban. y en base a la confianza que el cliente tenía depositada con dicha entidad y las relaciones de amistad con el director de la sucursal de su plaza, x, así como que dicho producto financiero se le presentó como buenísimo sin que los empleados de Ban. le facilitaran información relevante acerca de los riesgos que la operación comportaba, ni se le explicara con ejemplos prácticos las consecuencias económicas perjudiciales que podría tener par él en caso de bajadas importantes del tipo de interés. La información facilitada fue somera y en ella no se entregó al cliente folletos informativos. Esta misma limitación en la información presidió las posteriores reestructuraciones en las que tan solo se le explicó el beneficio que podía obtener de las mismas, pero sin que se le facilitara información sobre los riesgos de la reestructuración. Concluye la juez que faltó una información completa y rigurosa a la que estaba obligada la entidad bancaria.

Analiza a continuación las características del cliente, una PYME sin conocimientos financieros, y sobre el hecho de que las sucesivas cancelaciones y renovaciones se hicieron siempre en condiciones que favorecían la situación contractual del Banco y agravaban la posición del cliente.

De todos estos datos concluye la sentencia que x SA al suscribir el contrato sufrió un error consintiendo una relación jurídica de alto riesgo por la confianza en Ban. y sus empleados y la parcial e inveraz información que este le facilitó a cerca de la realidad del riesgo asumido y la finalidad del contrato. Presupuesto fáctico que permite concluir la existencia de un error en el consentimiento acerca de los elementos esenciales del contrato, de carácter invalidante y al que es aplicable los preceptos que se invocan como infringidos y la doctrina jurisprudencias que se recoge en el recurso sobre el error. De manera que no ha existido la infracción de las normas cuya vulneración denuncia la recurrente sino una aplicación correcta de las mismas y adecuadas a las concretas circunstancias del caso.

    Sexto.- La desestimación del recurso de apelación comportará, por un lado, la imposición de las costas de la alzada a la parte recurrente, (art. 398.1 de la L.E.Civil en relación con el art. 394.1 del mismo Texto Legal), y, por otro lado, la pérdida del depósito de 50 € efectuado por la misma parte para apelar, (Disposición Adicional 15ª de la L.O.P.J.).

    Vistos los preceptos legales invocados y demás de general y pertinente aplicación

                                       Fallamos

     Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por el BANCO x S.A. contra la sentencia dictada el día 13/10/11 por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Motilla del Palancar en los autos de Juicio Ordinario nº 698/12 debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la referida sentencia en su integridad, con imposición a la parte recurrente de las costas causadas en este alzada.

 Se declara la pérdida del depósito de 50 € efectuado por la parte  recurrente para la apelación; al cual se le dará el destino legal.

          Póngase en conocimiento de las partes que, (en observancia de los Acuerdos de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de fecha 30.12.2011, sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal), contra esta Resolución cabe recurso de casación, por razón de interés casacional, y de infracción procesal, (en este último caso cuando concurra interés casacional y se admita conjuntamente un recurso de casación interpuesto conjuntamente contra la Sentencia), que se presentarán, en el plazo de 20 días contados desde el siguiente al de la notificación de la presente Resolución, ante esta Audiencia Provincial; debiendo procederse, con arreglo a la Disp. Adic. 15ª de la L.O.P.J., a la consignación del correspondiente depósito.

    Así por esta nuestra Sentencia,  lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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