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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia A.P. Cuenca.. Aparcería y arrendamiento parciario

Sentencia A.P. Cuenca.. Aparcería y arrendamiento parciario

SENTENCIA NUM.261/12

Iltmos. Sres.: 

Presidente Acctal:

   Sr. Solís García del Pozo   

Magistrados:

   Sr. Casado Delgado (Ponente)

   Sra. Vicente de Gregorio

                      

   En la ciudad de Cuenca, a veintiocho de septiembre de dos mil doce.  

   Vistos en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial, los autos de Juicio Verbal  nº 179/2011 seguidos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de los de Cuenca a instancia de Dª. x, representada por el Procurador de los Tribunales Sr. García García y asistida por el Letrado Sr. Sales Rausell, contra Dª. x, representados por la Procuradora de los Tribunales Sra. Carrasco Parrilla y asistidos por el Letrado Sr. Gamazo Sanmiguel, sobre extinción de contrato de aparcería,; como consecuencia del recurso de apelación deducido por la representación procesal de la parte demandada contra la sentencia dictada en la instancia de fecha veintidós de noviembre de dos mil once, siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. Don Ernesto Casado Delgado, quién expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

   Primero.- Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de los de Cuenca se dictó, en el procedimiento referenciado,  sentencia de fecha veintidós de noviembre de dos mil once cuyo Fallo presenta el siguiente tenor: "Estimar la demanda formulada por el Procurador Sr. García García, en nombre y representación de Dª. x contra Dª. x, declaro extinguido por expiración de plazo el contrato de aparcería que liga a las partes contendientes, respecto a las fincas descritas en el hecho primero de la demanda; y, en consecuencia, condeno a los demandados a que dejen libre y a disposición de la actora los predios objeto de arrendamiento, con apercibimiento de lanzamiento si no lo verifican voluntariamente. Se imponen las costas a la parte demandada".

   Segundo.- Contra la anterior sentencia se interpuso por la representación procesal de x recurso de apelación por medio de escrito en el que, en esencia, vino a sostener: por un lado, que nos encontramos en presencia de un arrendamiento parciario , que no contrato de aparcería, al que si le es aplicable la Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos 1/1992 y como quiera al requerimiento de desalojo no se efectuó el ofrecimiento de la indemnización por parte de la demandante exigida por el art. 4.2 de la mencionada Ley, ello debe traer como consecuencia la desestimación de la demanda rectora, tal y como señala la jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencias de 22 de marzo de 2011 (Recurso 1545/2007) y de 20 de octubre de 2011.

   Tercero.- Admitido a trámite el recurso de apelación, evacuando el traslado conferido, por la representación procesal de Dª. MARIA LUZ IBAÑEZ FERNANDEZ se interesó la confirmación de la resolución recurrida.

   Cuarto.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el correspondiente rollo, asignándosele el número del margen, turnándose Ponencia que recayó en el Magistrado Ilmo. Sr. Don Ernesto Casado Delgado, se señaló para el once de septiembre del año en curso para deliberación, votación y fallo, habiéndose observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

   Se aceptan los contenidos en la sentencia recurrida.

   Primero.- Se alza la representación procesal de la parte demandada, x, contra la sentencia dictada en la instancia que califica el contrato que liga a las partes como contrato de aparcería y desestima la pretensión indemnizatoria deducida por la parte demandada prevista en la Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos sosteniendo que el régimen jurídico aplicable al contrato que liga a las partes es el previsto en la Ley de 31 de diciembre de 1980 que introduce por primera vez la figura del arrendamiento parciario configurando tres figuras; el indicado arrendamiento parciario, que es aquél en el que el propietario del terreno no aporta, además de la tierra, el ganado, la maquinaria o capital circulante o lo hace en proporción inferior al 25%; b) aparcería clásica, en la que el propietario cede la tierra a cambio de una parte alícuota de los frutos, y el ganado, la maquinaria o capital circulante en proporción igual o superior a un 25%; c) aparcería laboral. Así las cosas, como quiera que el contrato que liga a las partes el cedente no ha aportado nada más que la tierra, es aplicable la Ley 1/1992 dado el carácter histórico del mismo dado que la familia de la parte demandada viene cultivando las tierras con anterioridad a 1935 y, en lógica consecuencia, como quiera que la Ley 1/1992 es aplicable a los arrendamientos rústicos históricos, tratándose el contrato litigioso de un arrendamiento parciario, que no aparcería, la parte actora debió efectuar el requerimiento de desalojo con ofrecimiento de la indemnización prevista en la Ley 1/992 (1/3 parte del valor de las fincas rústicas) y al no hacerlo ello debe traer como consecuencia la desestimación de la demanda rectora, tal y como señala la jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencias de 22 de marzo de 2011 (Recurso 1545/2007) y de 20 de octubre de 2011.

 

 

   Segundo.- Debe ponerse de manifiesto, que según reiterado criterio jurisprudencial y conforme ha manifestado este Tribunal en reiteradas ocasiones, la valoración probatoria es facultad de los Tribunales sustraída a los litigantes, que sí pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza, pero en forma alguna tratar de imponerla a los juzgadores, pues no puede sustituirse la valoración que el juzgador de instancia hizo de toda la prueba practicada por la valoración que realiza la parte recurrente, función que corresponde única y exclusivamente al Juzgador "a quo" y no a las partes, habiendo entendido igualmente la jurisprudencia, que el Juzgador que recibe la prueba puede valorarla de forma libre, aunque nunca de manera arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal de segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión, pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez "a quo" de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencia o a las normas de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso (STS de 26-I-1998 y 15-2-1999).En definitiva la segunda instancia ha de limitarse, cuando de valoraciones probatorias se trata, a revisar la actividad del juzgador a quo, en el sentido de comprobar que esta aparezca suficientemente expresada en la resolución recurrida y no resulte arbitraria, injustificada o injustificable.

   Del mismo modo es preciso recordar que, conforme a la distribución de la carga de la prueba cuyas reglas se contienen en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, incumbe a la parte actora acreditar los hechos constitutivos de su pretensión (apartado 2º) mientras que a la parte demandada le incumbe, por el contrario, los hechos que impidan, extingan o enerven la ineficacia jurídica de los hechos alagados por el actor (apartado 3).

   Tercero.- En el supuesto sometido a revisión en la presente alzada, este Tribunal efectuada revisión completa del acervo probatorio practicado en la instancia, comparte las conclusiones alcanzadas por el Juzgador de Instancia.

  En efecto, ha sido objeto de intenso debate la naturaleza jurídica del contrato que liga a las partes y mientras el Juzgador de Instancia sostiene que nos encontramos en presencia de un contrato de aparcería, en el cuerpo del recurso se sostiene que se trata de un arrendamiento parciario, tesis que no comparte este Tribunal por cuánto de la propia documental obrante en el procedimiento (folios 147 y 148) se desprende que no solo se cede la tierra a cambio de una parte alícuota de los frutos sino que, además, participa en los costes de explotación en proporción de un 25%. Así se puede ver en el documento obrante al folio 145, cantidad entregadas a José Ibáñez por kilos de cebada con el descuento correspondiente de "abono" y de "urea" del año 1985 y en el documento obrante al folio nº 146 en el que se contienen los pagos correspondientes al año 1986 en el que se explicitan las rentas del año 1986 correspondientes a la cebada de cinco fincas en las que se consigna la cantidad que percibe el arrendador descontada la parte proporcional (25% de abono) en operación aritmética clara; 30.860 ptas (25 % del precio de la cebada) menos 24.136 ptas (25% de la parte de abono que debe satisfacer el propietario) dan como resultado la cantidad de 6.724 pesetas a percibir por el propietario arrendador.

   Así las cosas, nos encontramos en presencia de un contrato de aparcería clásica y no de un arrendamiento parciario, sea éste más o menos antiguo, siendo por tanto correcta la conclusión alcanzada por el Juzgador de Instancia por la que entiende no aplicable a dicho contrato la indemnización prevista en la Ley 1/992, de Arrendamientos Rústicos Históricos y si esto es así, como lo es, no le es aplicable la doctrina jurisprudencial invocada en el cuerpo que preconiza la vigencia del contrato hasta tanto no se efectúe el requerimiento de desalojo con simultáneo ofrecimiento del pago de la correspondiente indemnización, razones todas ellas por las que procede la íntegra confirmación de la sentencia dictada en la instancia.

   Tercero.- Desstimado el recurso, se imponen a la parte recurrente las costas procesales correspondientes a la presente alzada (art. 398.1º de la L.E.C) y la pérdida del depósito constituido.

   Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

   Que desestimando como desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Doña Mercedes Carrasco Parrilla, Procuradora de los Tribunales y de x, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Cuenca en el seno del Juicio Verbal nº 179/2011, del que dimana el presente Rollo de Apelación Civil nº 73/2012; y, en consecuencia, declaramos que CONFIRMAR COMO CONFIRMAMOS INTEGRAMENTE LA RESOLUCION RECURRIDA, todo ello, con imposición a la parte recurrente de las costas procesales correspondientes a la presente alzada y a la pérdida del depósito constituido.

   Notifíquese esta Sentencia a las partes; haciéndoles saber que es firme y que frente a ella no cabe recurso, sin perjuicio de que si cualquiera de las partes pudiera entender que existe interés casacional pudiese plantear recurso de casación, por razón de interés casacional, que se presentará, en el plazo de 20 días contados desde el siguiente al de la notificación de la presente Resolución, ante esta Audiencia Provincial; debiendo procederse, con arreglo a la Disp. Adic. 15ª de la L.O.P.J., a la consignación del correspondiente depósito.

   Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

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