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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Derecho de autoorganización societaria. Sentencia en apelación derivada de Ordinario societario 294/2010

Derecho de autoorganización societaria. Sentencia en apelación derivada de Ordinario societario 294/2010

SENTENCIA:  97/2012.

                En Cuenca, a 13 de Marzo de dos mil doce.

     Vistos ante esta Audiencia Provincial, en trámite de recurso de apelación nº 170/2011, los autos de Juicio Ordinario nº 294/2010 procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca, promovidos por D. xx, representado por el Procurador de los Tribunales D. Miguel Ángel García García y dirigido por el Letrado D. Eduardo Bedate Gutiérrez, contra la entidad xxxx, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Sonia Martorell Rodríguez y defendida por el Letrado D. Luis Miguel García-Marquina Cascallana, (sobre impugnación de Acuerdos Sociales adoptados en Junta General de Socios celebrada el 23.03.2010), en virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. xxxx  contra la Sentencia dictada en primera instancia, por el ya referido Juzgado, en fecha 26 de Abril de dos mil once; habiendo sido Ponente el Ilmo. Sr. D. José Eduardo Martínez Mediavilla.

                              Antecedentes de hecho

 

    Primero.- Que por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca se dictó Sentencia, en fecha 26 de Abril de dos mil once, en cuyo Fallo se estableció lo siguiente:

    "Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador Don Miguel Ángel García García, en nombre y representación de xxx, contra xx S.L., con imposición de las costas causadas a la parte demandante".

    Segundo.- Que notificada la anterior Resolución a las partes, por la representación procesal de D. XXXX se preparó e interpuso contra la misma recurso de apelación. En dicho recurso, tras plantearse los alegatos que se consideraron de aplicación,  se interesaba de esta Sala que:

     <<…revoque y deje sin efecto el pronunciamiento de la Sentencia recurrida desestimando la declaración de nulidad del acuerdo adoptado por la Junta…..General Extraordinaria de Socios de la Sociedad "XXX, S.A.", celebrada el día 23 de marzo de 2010, en cuanto al tercero de los puntos del Orden del Día de la Junta, consistente en añadir a los Estatutos Sociales el "TÍTULO V BIS. INFRACCIONES Y SANCIONES", integrado por los nuevos artículos 24 bis y 24 ter, y dicte otra en su lugar por la que se declare dicha nulidad.

    Todo ello con imposición de costas a la demandada>>.

    Tercero.- Que admitido a trámite el recurso de apelación, y dado el correspondiente traslado del escrito de interposición, por la representación procesal de XX, S.L., se presentó escrito de oposición al recurso; interesando la confirmación de la Sentencia de instancia, con imposición de las costas procesales causadas a la parte recurrente.

    Cuarto.- Que recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el correspondiente Rollo de apelación, (asignándole el número 170/2011). Se turnó la ponencia y se señaló para deliberación, votación y fallo el día 13 de Marzo de 2012.

                             Fundamentos de derecho

     Se aceptan los razonamientos jurídicos de la Sentencia que se revisa en este trámite exclusivamente en lo que no se opongan a los que se fijarán en la presente Resolución.

    Primero.- Se recurre exclusivamente la desestimación de la declaración de nulidad del Acuerdo adoptado por la Junta General Extraordinaria de Socios de la mercantil XX, S.L., celebrada el día 23 de marzo de 2010, en cuanto al tercero de los puntos del Orden del día de tal Junta, consistente en añadir a los Estatutos Sociales el TÍTULO V BIS: INFRACCIONES Y SANCIONES; integrado por los nuevos artículos 24 bis y 24 ter.

     El recurso de apelación objeto de análisis viene a basarse, en síntesis, en lo siguiente:

    .El Acuerdo de aprobación de los artículos 24 bis y 24 ter debe ser declarado nulo; y ello por lo siguiente:

    1º.:

    A. Ni la antigua Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, vigente cuando se adoptó el Acuerdo, ni los Estatutos Sociales, autorizaban la imposición de sanciones económicas, (multas), a los socios.

     B. La Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada no autorizaba con carácter general la expulsión del socio. Únicamente contemplaba esa posibilidad por los motivos tasados que se establecían en el artículo 98.1 de tal Ley; que no coinciden en absoluto con los supuestos establecidos en los nuevos artículos estatutarios 24 bis y 24 ter. Debería haberse aplicado el artículo 98.2 de la referida Ley.

     2º. Ni en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada ni los Estatutos Sociales se autorizaba al órgano de administración para incoar, instruir y resolver el procedimiento sancionador a socios de la Sociedad. Esa competencia sancionadora a favor del órgano de administración colisionaría con la facultad que dicha Ley sí reconoce expresamente a los socios de censurar la gestión del órgano de administración de la Sociedad.

     3º. Juzgar e imponer sanciones a los socios, y muy especialmente la expulsión de los mismos de la Sociedad, es competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales.

     4º. En el artículo 24 bis concurre una falta de relación entre la obligación principal fijada a los Socios y las conductas que se consideran punibles; las cuales nada tienen que ver con aquella obligación principal. Se confiere una absoluta discrecionalidad a la Junta de Socios o al órgano de administración. Existe un enorme grado de indefinición de las conductas; circunstancia que produce indefensión y vulnera el principio de tipicidad que debe regir la actuación sancionadora.

    5º. En el artículo 24 ter falta claridad; lo que provoca indefensión para el socio que se ve afectado por dicho procedimiento sancionador. No se indica cuando se inicia el procedimiento por el órgano de administración y cuando por la Junta General. No se dice cuando corresponde a la junta de socios y cuando al órgano de administración la instrucción. No se establece el órgano facultado para sancionar.

     6º. Abuso de derecho, ya que los dos socios mayoritarios y únicos administradores, al aprobar los nuevos artículos 24 bis y 24 ter con la oposición expresa del otro socio, han vulnerado lo dispuesto en el artículo 7.2 del Código Civil.

     Segundo.- Antes de comenzar con el análisis del recurso parece conveniente reproducir el concreto texto estatutario objeto de apelación; que es el siguiente:

     "TÍTULO V BIS: INFRACCIONES Y SANCIONES.

     Artículo. 24 bis. Infracciones y sanciones.-

     Los socios de la entidad deben acatar las directrices dadas por el órgano de administración de la sociedad. A tal fin constituyen faltas sociales las siguientes:

     .La falta del debido respeto a los administradores.

     .El incumplimiento de las directrices y normas dadas por el órgano de administración de la sociedad.

     .La revelación de secretos inherentes a la actividad desarrollada por la sociedad.

     .El ejercicio de cualquier acción que suponga un daño o perjuicio para la sociedad.

     Tales infracciones podrán ser sancionadas mediante multa pecuniaria que oscilará entre los 20.000 y 200.000 euros, de acuerdo a la gravedad de la acción cometida.

     La comisión de dos faltas podrá dar lugar a la expulsión del socio correspondiente, sin perjuicio de las acciones económicas a imponer por las mismas.

     Articulo 24.ter. Procedimiento Sancionador. El procedimiento sancionador será iniciado mediante acuerdo, bien del órgano de administración, bien de la Junta General. De dicho acuerdo se dará traslado al socio afectado por término de quince días naturales para alegaciones.

     Una vez remitidas éstas o expirado el plazo sin efectuarse, el órgano de administración o la Junta General, en su caso, acordará lo necesario y pertinente a la vista de las alegaciones y medios de prueba que se incorporen al expediente.

     La resolución que se adopte le será notificada al socio afectado, quien podrá impugnar el acuerdo los términos previstos en la ley".

     Tercero.- Sentado lo anterior debe indicarse lo siguiente:

     A. Los alegatos de la parte recurrente que vienen a sintetizarse en los  apartados 1º A, 2º, 4º y 5º del primero de los Fundamentos de Derecho de la presente Sentencia deben rechazarse; y ello por lo siguiente:

     1. De la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de noviembre de 1988, recurso 1008/1986, BOE 306/1988, de 22 de diciembre de 1988, se desprende que los Tribunales deben respetar el derecho de autoorganización que forma parte del derecho de asociación; siempre que tal autoorganización no sea contraria a la Constitución ni a la Ley.

     2. Pues bien, si la Ley no autorizaba las actuaciones a las que vienen a referirse dichos apartados 1º A, 2º, 4º y 5º, (como señala la parte recurrente), lo cierto es que tampoco las prohibía, motivo por el cual consideramos que dichas actuaciones se integran válidamente en el citado derecho de autoorganización; y ello teniendo en cuenta, por un lado, que si la mencionada Sentencia del Tribunal Constitucional establece que la potestad de organización que comprende el derecho de asociación se extiende con toda evidencia a regular en los Estatutos las causas y procedimientos de expulsión es evidente que en tal potestad de organización se engloban otras causas y procedimientos con consecuencias menos gravosas que la expulsión, (como es la sanción pecuniaria), por otro lado, que la facultad de censurar la gestión del órgano de administración de la Sociedad seguiría siendo una actuación factible y previa al incumplimiento de directrices y normas que, con posterioridad a su hipotética discusión, adquieran firmeza, (que en realidad y al respecto es a lo que vendría a referirse el nuevo artículo 24 bis), y, por último, que la cuestión relativa a la tipicidad viene a ser un tema de valoración ulterior, (en el momento de impugnarse una sanción; si fuera el caso), no de valoración previa a la hora de descripción de las conductas en los Estatutos.

     B. Los alegatos de la parte recurrente que vienen a sintetizarse en el apartado 3º del primero de los Fundamentos de Derecho de la presente Sentencia también deben rechazarse; y ello por lo siguiente:

     .La ya mencionada Sentencia del Tribunal Constitucional establece que cuando se produce la expulsión el control judicial sigue existiendo; y podemos añadir que no existe obstáculo alguno para que tal control se aplique igualmente respecto de hipotéticas sanciones pecuniarias.

     C. Los alegatos de la parte recurrente que vienen a sintetizarse en el apartado 6º del primero de los Fundamentos de Derecho de la presente Sentencia deben igualmente rechazarse; y ello por lo siguiente:

     .Cuando se ejercita un derecho en los términos previstos por el Legislador, (y aquí se estaría, -conforme a la interpretación dada por el Tribunal Constitucional a la potestad de organización que comprende el derecho de asociación; y que ya se ha expuesto-, dentro de los términos legales), no puede hablarse de vulneración del artículo 7.2 del Código Civil; en cuanto que no se ejercita un derecho de manera antisocial o fuera de los límites que resultan del establecimiento por el Legislador de un derecho, (y en tal sentido se pronuncia, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 15.01.2009).

     Cuarto.- Con respecto al alegato de la parte recurrente que viene a sintetizarse en el apartado 1º B del primero de los Fundamentos de Derecho de la presente Sentencia debe señalarse lo siguiente:

     1. La Sentencia del Tribunal Constitucional ya mencionada, (de 22.11.1988), establece la posibilidad de regular en los Estatutos las causas y procedimientos de expulsión; regulación que, como el mismo Tribunal indica, no puede ser contraria a la Constitución ni a la Ley. Es decir, que cabrá tal regulación siempre y cuando se observen los presupuestos legales sobre el particular.

     2. La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 08.07.1999, BOE de 10.08.1999, (Resolución que menciona la parte apelada en su escrito de oposición al recurso de apelación), admite que se incluyan en los Estatutos causas de exclusión no previstas en la Ley; pero sin que trate el tema relativo a la necesidad o no de consentimiento de todos los socios al respecto, y así se comprueba con la siguiente argumentación literal que figura en la misma:

   <<……….TERCERO.- El tercero y último de los defectos recurridos plantea la cuestión de determinar si es inscribible la cláusula estatutaria por la que se incluyen como causas de exclusión de socios el embargo de sus participaciones, o el hecho de haberlas adquirido a través de algún procedimiento de ejecución seguido contra una persona que era previamente socio.

     El tema de la exclusión de socios se ha planteado siempre en torno a las sociedades personalistas, dada la trascendencia que el «intuitu personae» tiene en estos tipos sociales. Ya el art. 218 CCom., con su enumeración de supuestos en los que cabe lo que el texto legal denomina «rescisión parcial» del contrato de compañía en las sociedades colectivas y comanditarias, supuso un remedio en el ámbito mercantil a la excesiva rigidez de los arts. 1699 y 1.700 CC, inspirado en la necesidad, más sentida en el mundo empresarial, de salvar el principio de conservación de la empresa, aunque es cierto que se limita esta posibilidad de rescisión parcial a, casos de incumplimiento por el socio de determinadas obligaciones, o de actuaciones desleales o dañinas para la sociedad. Y así, como exclusión-sanción, se vino entendiendo tradicionalmente esta figura. En la actualidad, sin embargo, la configuración doctrinal y legislativa de la exclusión del socio ha cambiado sustancialmente en torno a la sociedad de responsabilidad limitada. En efecto, el art. 98 de su Ley especial, al tiempo que afirma la posibilidad de excluir al socio que incumple ciertas obligaciones o causa perjuicios a la sociedad, admite -lo que constituye una novedad legislativa, que no doctrinal-, que se incluyan en los Estatutos otras causas de exclusión o se modifiquen las existentes. Se ha acogido así, al no establecer restricciones a la autonomía de los socios en este punto, lo que venía constituyendo una opinión doctrinal generalizada, en el sentido de que la exclusión del socio no debe configurarse solo como sanción, sino como un remedio perfectamente lícito para que, a través de la voluntad de los socios, puedan evitarse situaciones que se consideran perjudiciales a la sociedad como consecuencias del cambio en las situaciones personales de los socios, o alteración de la situación de confianza entre ellos, que se estiman potencialmente dañosas para, el cumplimiento del fin social.

      Pese a ello, tampoco la autonomía de la voluntad puede en este punto ser omnímoda, permitiendo establecer a su amparo causas de exclusión que, como aquellas cuya inscripción se rechaza en este caso, también son contrarias al orden público, al igual que ocurría con la anteriormente vista, con el que guarda evidente analogía. No solo se penaliza con la exclusión al socio que se ve afectado por una medida cautelar, como es el embargo de sus participaciones, frente a las que cabe reaccionar logrando incluso levantarla y cuyo desenlace último es aún impredecible, sino a un tercero como es el acreedor que tiene derecho a obtener, a través de la realización de los bienes de su deudor, la mayor suma de dinero que la libre presentación de ofertas en una subasta pública permita para hacer posible la satisfacción de su crédito y que, además, caso de ostentar ya la condición de socio ve como a la anterior se le acumula una nueva sanción, la pérdida de tal condición. La pretendida justificación de estas medidas, el mantener la armonía dentro del cuerpo social de un tipo societario en el que las relaciones de confianza entre sus miembros pueden ser determinantes para el mejor logro de su objeto último, razón que avala la admisión de medidas estatutarias que lo defiendan frente al ingreso de extraños, tiene ya, para la mayoría de los supuestos que se tratan de salvaguardar por vía estatutaria, la cobertura legal que le brinda el art. 31 LSRL, donde se combinan las exigencias del orden público que preside la realización forzosa de los créditos con la defensa de los intereses sociales>>.

     3. La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 30.03.1999, BOE de 01.05.1999, (que también menciona la parte apelada en su escrito de oposición al recurso de apelación), tampoco trata el concreto tema relativo a la necesidad o no de consentimiento de todos los socios para establecer en los Estatutos causas de exclusión distintas de las establecidas en la Ley.

     4. Los Órganos Judiciales vienen entendiendo que para incluir causas de exclusión en los Estatutos distintas de las establecidas en la Ley se necesita la unanimidad; el consentimiento de todos los socios. Así, por ejemplo:

     -la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Santander de 17.12.2007, número 202/2007, dictada en el Procedimiento 620/2006, establece, dentro de su Fundamento de Derecho cuarto, lo siguiente:

     "……Su carácter es restrictivo puesto que amplía las cláusulas de exclusión legalmente establecidas en el artículo 98 LSRL que permite tal opción siempre que medie el consentimiento de todos los socios para su inclusión en los Estatutos Sociales. Esta exigencia de unanimidad da cuenta del carácter excepcional que tiene la fijación de causas de exclusión no previstas legalmente y determina que hayan de ser interpretadas restrictivamente";

      -la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5ª, de 20.09.2000, recurso 102/2000, establece, dentro de su Fundamento de Derecho cuarto, lo siguiente:

      <<…Y siguiendo en esa línea de claridad que exige en la ley, en orden a garantizar la adecuada, consciente e informada voluntad de los socios, la Ley impondrá unos requisitos especiales para la exclusión de los socios, pues por una parte el art. 98 impone la necesidad de "consentimiento de todos los socios" para incorporar a los estatutos otras causas de exclusión o modificarse las estatutarias…>>;

      -y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 02.09.2008, recurso 766/2007, (que es invocada por la parte apelada en su escrito de oposición al recurso de apelación), también viene a mantener en último término la tesis que venimos exponiendo, (no la que refiere la parte apelada en su escrito de oposición al recurso; pues la apelada viene a plasmar una cierta corriente doctrinal a la que se hacía mención en la Sentencia de instancia y que mencionó dicha Audiencia, pero no la fundamentación última dada por la Sala). El Juzgado había establecido el siguiente Fallo: "Estimando la demanda interpuesta por la representación en autos de la entidad mercantil LIVING PROPERTIES BARCELONA S.L. se decreta la nulidad del acuerdo de exclusión en su cualidad de socio por ser contrario a derecho, el acuerdo había sido adoptado en junta general de accionistas de 31 de julio de 2006 de la mercantil INMOBLAU TRADE S.L. Cada parte asumirá sus costas y las comunes por mitad"; y la Sala, (que desestimó el recurso), razonó, de forma literal, lo siguiente:

      <<……SEGUNDO.- La sociedad demandada justificó el acuerdo de exclusión por los graves perjuicios que las actividades delictivas del Sr. Leovigildo causaban a INMOBLAU TRADE S.L., incluyendo la posibilidad de que la sociedad pudiera haber sido utilizada para las conductas de blanqueo de capitales.

       Para dotar de cobertura legal al acuerdo, puesto que el art. 98 LSRL no contempla expresamente como causa de exclusión un supuesto de hecho como el contemplado por la junta general, se acudía en la contestación, con apoyo en doctrina especializada, a la aplicación analógica de dicho precepto (conforme al art. 4.1 CC) ya que, en el decir de la parte, la enumeración de las causas legales en el art. 98 LSRL no es excluyente o cerrada y por ello la norma no impide la exclusión del socio por concurrencia de una "justa causa", como en general lo es cualquier comportamiento o circunstancia personal de un socio que haga imposible o ponga en peligro la consecución del fin social, o que de cualquier otra forma haga inexigible para los demás la permanencia de dicho socio en la sociedad.

     TERCERO.- La sentencia de primera instancia ofreció una fundamentación congruente y razonable para solventar el conflicto, ponderando todas las circunstancias conocidas del caso examinado. Tuvo en cuenta el Sr. Magistrado que, pese al sistema de enumeración de causas de exclusión que acoge el art. 98 LSRL, cierta doctrina aboga por una interpretación que supera la idea de catálogo cerrado y entiende posible al amparo del precepto la exclusión del socio en atención a la concurrencia de una "justa causa", por quebranto por parte del socio, en función de su comportamiento o circunstancias personales, del principio de la buena fe y del deber de fidelidad frente a la sociedad. Con todo, estimó el Juez mercantil que el precepto no impide, cuando menos desde un punto de vista abstracto, que pueda aceptarse una causa de exclusión del socio que, siendo justa, no aparezca expresamente recogida en los estatutos o en la Ley. Pero, en el supuesto enjuiciado, no apreció la presencia de una justa causa de exclusión.

      Siendo razonable la preocupación o inquietud de los demás socios por la situación creada -exponía la sentencia-, tratándose de una sociedad dedicada a la gestión de un patrimonio inmobiliario (explota un hotel en Barcelona) y que no exige estatutariamente cualidades o identidades precisas en sus socios, no es estimable el amparo del acuerdo en la norma legal cuando el Sr. Leovigildo no ha sido condenado por sentencia firme; juega a su favor el principio de presunción de inocencia; la causa penal no ha tenido incidencia directa e inmediata en la sociedad ni en su actividad; no aparece referencia alguna a la sociedad en la causa penal (no resulta de la documentación aportada) ni tampoco en su repercusión mediática (ni siquiera consta referencia alguna, añadimos, a LIVING PROPERTIES); el elemento personal no es o no ha sido determinante en la composición de la sociedad pues, pese a la forma social elegida, son partícipes otras personas jurídicas que sirven de vehículos de inversión, y el socio conflictivo no es una persona física sino jurídica.

     El criterio judicial nos parece acertado, sin ocultar las dudas jurídicas que el caso suscita, y el recurso de apelación de la sociedad demandada, que se limita a reproducir los argumentos expuestos en la contestación, debidamente tratados en la sentencia, no ofrece méritos suficientes para modificarlo.

     CUARTO.- El art. 98 de la vigente LSRL no refrenda, en principio, la legalidad del acuerdo impugnado, porque, a diferencia del art. 31 de la anterior Ley de 17 de julio de 1953 (que, entre otras, aceptaba como causa de exclusión la contemplada en términos más genéricos que concretos en el art. 218.7º del Código de Comercio), no ha optado por una formulación general, de regla abstracta necesitada de concreción para cada caso, a la hora de configurar las causas de exclusión del socio, sino, por el contrario, por un sistema de enumeración de causas, que más se aproxima a un catálogo cerrado ya que no contiene, finalmente, una cláusula abierta que resuma su espíritu o condense un concepto fundamental que pueda legitimar el acuerdo social de exclusión. Puede sorprender incluso que se omitan ciertos comportamientos, al margen del aquí concurrente, que denotan un grave incumplimiento por el socio de sus principales obligaciones frente a la sociedad, además del que contempla la norma (el incumplimiento de las prestaciones accesorias), como la falta de aportación de los bienes no dinerarios o el engaño en su valoración, o cualesquiera otros relacionados con la debida integración del capital social, y acaso otros que pudieren dificultar el desenvolvimiento en términos de normalidad de la actividad que constituye el objeto social, o quizá otros que dificulten, por su abuso, la vida social interna. Pero lo cierto es que el precepto, y la Ley en general, no imponen al socio un deber de facilitar la consecución del objeto social, de no dificultarlo, o en general de no perjudicar por sus circunstancias personales a la sociedad, so pena de exclusión. El mecanismo que ofrece la Ley para lograr este resultado, si se dan tales circunstancias, no es otro que la inclusión en los estatutos de otras concretas causas de exclusión, si bien se sujeta al régimen de la unanimidad: "con el consentimiento de todos los socios podrán incorporarse a los estatutos otras causas de exclusión o modificarse las estatutarias", dice el último apartado del art. 98 LSRL (y en consonancia con él, el art. 207 RRM).

      Las reflexiones de la sentencia y de la doctrina con la que se ilustra la postura defensiva son desde luego razonables, pero no ocultan el forzamiento del precepto, que no habla de una "justa causa" de exclusión, sino de causas concretas, que merecen interpretación restrictiva desde el momento en que la disposición es privativa de derechos. Ello no impide el recurso a la analogía, pero en este caso resulta muy dudosa la identidad de razón, que debería apreciarse respecto de una de las causas de exclusión legalmente recogidas, aquí concretamente la referida al socio administrador que hubiera sido condenado por sentencia firme a indemnizar a la sociedad los daños y perjuicios causados por actos contrarios a esta Ley o a los estatutos o realizados sin la debida diligencia. Pero no se trata aquí del socio administrador, no ha sido condenado por sentencia firme y no se le imputan actos en quebranto del patrimonio social……>>.

       5. Pues bien, esta Audiencia Provincial comparte el criterio mantenido al respecto por los citados Órganos Judiciales, (referidos en el anterior apartado 4 del presente Fundamento de Derecho), y por ello, (y considerando que en el supuesto que nos ocupa ni siquiera concurre una hipotética identidad de razón que en cualquier caso debería apreciarse respecto de las causas de exclusión legalmente recogidas), deben prosperar los alegatos planteados por la parte recurrente sobre el particular, (sintetizados en el apartado 1º B del primero de los Fundamentos de Derecho de la presente Sentencia), razón por la cual se declarará la nulidad, (por contrariar la Ley), del párrafo del artículo 24 bis de los Estatutos que establece lo siguiente: "La comisión de dos faltas podrá dar lugar a la expulsión del socio correspondiente, sin perjuicio de las sanciones económicas a imponer por las mismas".

     Por tanto, y en base a todo lo expuesto, el recurso de apelación formulado por la representación procesal de D. XXX será estimado parcialmente; y ello en el único sentido de declarar la nulidad exclusivamente del párrafo que acaba de transcribirse del artículo 24 bis de los Estatutos.

     Quinto.- De conformidad con lo previsto en los arts. 398.2 y 394 de la L.E.Civil, (ante la estimación parcial del recurso de apelación interpuesto y, consiguientemente, al derivarse por ello una estimación parcial de la demanda), no procede realizar pronunciamiento sobre las costas de la presente alzada ni de la instancia.

     Por otro lado, la estimación parcial del recurso comportará la devolución a la parte apelante del depósito de 50 € que ella verificó para recurrir, (Disposición Adicional 15ª de la L.O.P.J.).

     Vistos los preceptos legales invocados y demás de general y pertinente aplicación

                                      Fallamos

     Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. XXXXX contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca en fecha 26.04.2011, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS la Resolución recurrida, DECIDIENDO EN SU LUGAR estimar parcialmente la demanda en su día interpuesta por la representación procesal de D. XXXXX, anulando, dejando sin efecto, el párrafo del artículo 24 bis de los Estatutos que establece lo siguiente: "La comisión de dos faltas podrá dar lugar a la expulsión del socio correspondiente, sin perjuicio de las sanciones económicas a imponer por las mismas", con todas las consecuencias inherentes a dicha nulidad, y todo ello sin hacer expresa imposición de las costas ocasionadas en primera instancia ni en la presente alzada.

     Se acuerda la devolución a la parte recurrente del depósito de 50 € que ella verificó para apelar.

     Notifíquese esta Sentencia a las partes; haciéndoles saber que es firme y que frente a ella no cabe recurso.

   Así por esta nuestra Sentencia,  lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

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