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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en apelación. Incidente concursal de resolución de contratos. Aplicación de la Ley Concursal y no la Ley de Cooperativas

Sentencia en apelación. Incidente concursal de resolución de contratos. Aplicación de la Ley Concursal y no la Ley de Cooperativas

S E N T E N C I A  NUM. 63/2012  

       En la ciudad de Cuenca, a seis de Febrero de dos mil doce.

 

       VISTOS por el Magistrado Ponente de esta Audiencia Provincial Ilmo. Sr. Presidente D. Antonio Díaz Delgado, los autos de juicio de Incidente Concursal  número 189/2010 procedente del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cuenca (Mercantil) y su partido, promovidos a instancia de la MERCANTIL xx, S.L. representada por el Procurador de los Tribunales  Sr.  Córdoba Blanco y asistido por el Letrado Don Ismael Olmo Pérez, contra xx,  representado por el Procurador de los Tribunales  Sr. Marcilla López y asistido por el Letrado Don Pascasio Martínez Quilez y la ADMINISTRACCION CONCURSAL xxx S.L.,  representada por el Procurador Sr. Rodrigo Carcavilla y asistida por el Letrado Don José Ángel Cañas Cañada; en virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada en primera instancia de fecha veintiocho de Junio de dos mil once.

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- En los autos indicados al margen se dictó sentencia de fecha veintiocho de junio de dos mil once, en cuya parte dispositiva se establecía, literalmente: " Que debo desestimar íntegramente la demanda incidental interpuesta por el Procurador Don Jesús Córdoba Blanco, en nombre y representación de xx S.L., contra xxxx y Administración Concursal y declaro no haber lugar a la resolución de los contratos solicitada, con expresa condena en costas a la actora.".

       SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se preparó y después interpuso por Don Jesús Córdoba Blanco, Procurador de los Tribunales en nombre y representación de xxx S.L., recurso de apelación en tiempo y forma, recurso que fue admitido por medio de Providencia de fecha cinco de octubre de dos mil once, dándose traslado a la parte contraria para que pudiera presentar escrito de oposición al recurso o impugnar la sentencia en aquellos extremos que pudieran resultarles desfavorables.

 

       Con fecha trece de Octubre de dos mil once, Don Enrique Rodrigo Carlavilla, Procurador de los Tribunales en nombre y representación de la Administración Concursal de "xxx S.L", presentó escrito impugnando de la referida sentencia, adhiriéndose al recurso de apelación interpuesto de contrario.

       Con fecha veinticuatro de octubre de dos mil once, Don José Vicente Marcilla López, Procurador de los Tribunales, actuando en nombre y representación de la xxx, sociedad cooperativa de Castilla-La Mancha, presentó escrito  oponiéndose al recurso de apelación.

       TERCERO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, con fecha dos de diciembre de dos mil once, se procedió a formar el correspondiente rollo, asignándosele el número del margen, turnándose ponencia y habiéndose cumplido la totalidad de las previsiones legales, sin que se estimara necesaria la celebración de vista, y señalándose para que tuviera lugar la correspondiente deliberación, votación y fallo el  día  treinta y uno de enero de dos mil doce.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  El primer motivo del recurso al que se ha adherido la Administración Concursal no puede ser estimado.  La resolución no esta falta de motivación, pues es una sentencia que sienta una conclusión en base a unos argumentos. Luego en definitiva la conclusión podrá no gustar al recurrente, pero en modo alguno puede decirse que no esta argumentada la decisión que  contiene de que no es aplicable la Ley concursal, sino la Ley de cooperativas, y que tal aplicación hace que no pueda aplicarse a su vez el artículo 61.2 de la Ley concursal. Realmente no se deja imprejuzgada la acción como aduce el recurrente.

 

SEGUNDO.-  Por consiguiente la cuestión a resolver estriba,  en dejar sin efecto la relación del cooperativista de la concursada con esta, por la vía de la resolución de los contratos (denominados por la concursada  de suministro), dejando a un lado las normas para darse de baja en la cooperativa, que la cooperativista concursada aceptó en su momento; alegando el interés del concurso. Es decir, estamos ante un supuesto de dejar sin efecto las normas estatutarias de la cooperativa por la vía de la aplicación de la Ley Concursal, lo que hace que estemos ante una cuestión controvertida.

 

Es evidente y este Tribunal lo entiende así, que al dar una resolución motivada en derecho, implica elegir la solución más favorable para las partes implicadas.

 

Por ello el Tribunal entiende que en estos supuestos, de lo que debe  partirse es de que la declaración del concurso de la apelante, no afecta a las obligaciones asumidas en virtud de las normas estatutarias, por esa razón la Ley concursal establece, que las prestaciones a que esta obligado el concursado, se realizarán con cargo a la masa. Y esa obligación de cumplimiento existe, en tanto no se produzca una declaración judicial de resolución del negocio jurídico en interés del concurso. Y este es el quid de la cuestión, el interés del concurso que consiste en conservar la masa activa de la concursada del modo más conveniente a los interés de todos los intervinientes (Articulo 43), no sólo del concursado.

 

Y en esa vertiente, este Tribunal considera que en modo alguno se puede compartir el criterio de la sentencia recurrida en el que parece que las normas de las sociedades cooperativas están por encima de las Leyes Mercantiles, como es la Ley Concursal. La Ley Concursal es una ley plenamente aplicable tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas, y por ello puede aplicarse a una persona jurídica socia de una cooperativa, que solicita el amparo de las normas legales, y sin que las normas estatutarias de la cooperativa pueden interferir en la aplicación de la legislación mercantil, y por ello el interés del concurso solicitado por el socio cooperativista es el que debe preponderar por ser el que mejor protege los intereses de ambas partes, el de la concursada en orden a su viabilidad y, el de los acreedores como parece ser que es la sociedad cooperativa frente a la concursada, porque el crédito que dice tener contra la sociedad cooperativista queda integrado en la masa de acreedores y debidamente protegido en consecuencia. De aquí que la resolución de los contratos que pide el apelante en aplicación de la ley concursal, siendo plenamente posible, es la solución más correcta en orden al interés del concurso, y por ello en consecuencia debe estimarse el recurso de apelación interpuesto, revocando en consecuencia la sentencia recurrida.

 

TERCERO.- Las costas de esta apelación que en su caso llevan aparejada la estimación de la demanda, y supondrían la imposición de las costas a la demandada por imperativo legal; haría que deba revocarse por consiguiente la condena en costas por la misma razón, impuesta en la primera instancia (Articulo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

 

Siendo esto así, el citado artículo al que se remite el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dice que no obstante darse las condiciones de un vencimiento objetivo, pueden no imponerse las costas, según dicho principio cuando estamos en una cuestión controvertida en derecho.

 

Por ello tanto las costas de instancia como las de apelación, no se imponen a litigante alguno. 

Por lo expuesto,

FALLAMOS

       Que debemos estimar y estimamos el presente recurso de apelación, revocando la resolución recurrida, lo que implica estimar la demanda interpuesta por xx S.L. salvo en las costas de la primera instancia, sin que la estimación de la apelación suponga la imposición de las costas a litigante alguno.

       Contra esta resolución cabe recurso de casación por interés casacional.

    Se acuerda la devolución a la parte recurrente del depósito de 50 € que ella verificó para apelar.

        Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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