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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en Juicio Verbal Desahucio 478/2010. La prueba del pago corresponde al que pretende haberlo hecho

Sentencia en Juicio Verbal Desahucio 478/2010. La prueba del pago corresponde al que pretende haberlo hecho

SENTENCIA NUM. 175/2011

                  En Cuenca, a 5 de Octubre de dos mil once.

     Vistos ante esta Audiencia Provincial, en trámite de recurso de apelación nº 132/2011, los autos de Juicio Verbal nº 478/2010 procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca, promovidos por la entidad xxxx, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. María Isabel Herráiz Fernández y dirigida por la Letrada Dª. Cristina Fuentes Paños, contra Dª. xxxx, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Susana Melero de la Osa y asistida por la Letrada Dª. Margarita Collar de Cáceres, en virtud de recurso de apelación interpuesto, -tanto por la representación procesal de  xxxxx, S.L., como por la representación procesal de  Dª. xxxxx-, contra la Sentencia dictada en primera instancia, por el ya referido Juzgado, en fecha 7 de Marzo de dos mil once; y siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. José Eduardo Martínez Mediavilla.

Antecedentes de hecho

    Primero.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca se dictó Sentencia, en fecha 7 de Marzo de dos mil once, en cuyo Fallo se estableció lo siguiente:

    "Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña María Isabel Martínez Fernández, en nombre y representación de xxxx S.L., contra Doña xxxxx, y condeno a la demandada a los siguientes pronunciamientos:

    1. Declarar resuelto el contrato de arrendamiento por falta de pago de las rentas de la vivienda sita en la calle xxxxxx, bajo B, de la localidad de Chillarón (Cuenca).

    2. Desahucio de la vivienda sita en la calle xxxx, bajo B, de la localidad de Chillarón (Cuenca).

    3. Satisfacer a xxxxi S.L. la cantidad de 1.129,59 euros.

    4. Pagar los intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda hasta su completo pago.

    Cada parte deberá satisfacer las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad".

    Segundo.- Notificada la anterior Resolución a las partes, tanto por la representación procesal de Dª. xxxx como por la representación procesal de la entidad xxxxx, S.L., se preparó e interpuso contra la misma recurso de apelación.

    Tercero.- Admitidos a trámite dichos recursos de apelación, y dados los correspondientes traslados, la representación procesal de Dª. xxxxx se opuso al recurso de apelación presentado por xxxxx, S.L.  Dicha compañía no impugnó el recurso de apelación formulado por Dª. xxxx.

    Cuarto.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el correspondiente Rollo de apelación; asignándole el número 132/2011. Se turnó la ponencia y se señaló para deliberación, votación y fallo el día 4 de Octubre de 2011.

                                  Fundamentos de derecho

     Se aceptan los razonamientos jurídicos de la Sentencia que se revisa en este trámite; debiendo tenerse por íntegramente reproducidos en la presente Resolución.

   Primero.- Con el recurso de apelación planteado por la representación procesal de Dª. xxxxxx se solicita de esta Audiencia Provincial Sentencia que revoque la de instancia "…y en su lugar dictar otra por la que se condene a mi representada al pago de la única deuda admitida de 19,37 €, correspondiente al último recibo de luz del mes de mayo y pasado al cobro con posterioridad al desalojo de la vivienda, así como al pago de los intereses de dicha cantidad desde la fecha de la demanda hasta su total abono, CONDENANDO expresamente al demandante a las costas de esta instancia por su temeridad y mala fe".

      Dicho recurso viene a basarse, en esencia, en lo siguiente:

      .Es cierto que no se ha acreditado por parte de Dª xxxxx el pago de lo reclamado, pero tampoco se ha acreditado el impago por parte de la demandante. La credibilidad de uno y otro no ha quedado demostrada, pero la veracidad del demandante queda claramente en entredicho y a todas luces es menos digna de crédito cuando se ha atrevido a realizar algunas actuaciones con mala fe.

      . La Ley Procesal establece, (en los artículos 270 y 271), que no podrán ser admitidos documentos de fecha anterior a la de la demanda presentados con posterioridad a la misma. Prescindir de esa norma conlleva, a tenor del artículo 238.3º de la L.O.P.J., la nulidad de las actuaciones. La falsedad de la parte demandante al afirmar que los documentos presentados con posterioridad a la demanda son posteriores a la misma, (y para ello los simula y mezcla con documentos de fecha realmente posterior), equivoca al Juzgador que los admite y le sirven de base para dictar la Sentencia impugnada; incurriendo en un error que la Audiencia Provincial debe corregir.

      Con el recurso de apelación formulado por la representación procesal de MONCALPRI, S.L., se solicita de esta Audiencia Provincial "…nueva    Resolución por la que se revoque la sentencia dictada en primera instancia, acordando la estimación íntegra de la demanda y de la ampliación efectuada en la vista con la imposición de las costas causadas en primera instancia a la demandada por los motivos expuestos, así como las devengadas en esta alzada a quien se oponga al presente recurso".

     Tal recurso se basa, en síntesis, en lo siguiente:

     .Error en la valoración de la prueba. El Juzgador de instancia estima que se produjo la efectiva resolución del contrato a finales del mes de Mayo de 2010, basándose para llegar a tal conclusión en la declaración prestada por una testigo propuesta por la demandada; en concreto, Dª. xxxxxx. El testimonio de esta testigo sólo puede ser calificado de parcial, interesado y sectario. El Juzgador no debería haber tenido en cuenta tal testimonio. Del mismo no se puede extraer conclusión alguna, sólida y veraz, para considerar que ha existido la pretendida resolución de la relación arrendaticia.

    Segundo.- Comenzaremos con el análisis del recurso planteado por la representación procesal de Dª. xxxxxx.

    Tal recurso debe desestimarse; y ello por lo siguiente:

    A. La prueba del pago incumbe al que pretende haberlo hecho; postulado tajante del Legislador, (con arreglo al primer inciso del artículo 1.900 del Código Civil), ajeno al criterio de credibilidad que viene a sostenerse en el recurso que ahora analizamos. Por tanto, si la prueba del pago correspondía a la parte demandada, (con arreglo al postulado legal expuesto), y si la parte demandada no ha acreditado el pago, (como incluso se reconoce en la parte superior de la tercera página del recurso que nos ocupa; folio 146 de las actuaciones), resulta que la conclusión alcanzada por el Juzgador a quo ha sido correcta.

     B. El alegato relativo a la prueba documental deviene aquí inoperante; y ello por lo siguiente:

     .En primer lugar, porque la parte, (con arreglo al artículo 446 de la L.E.Civil), sólo puede impugnar ante el Tribunal ad quem la admisión indebida de pruebas durante la primera instancia denunciando la ilicitud en la obtención de dichas pruebas, -no denunciando la ilicitud de la aportación al proceso-, de forma que ni siquiera la alegación de indefensión podría entenderse comprendida en el artículo 446 de la L.E.Civil, ya que si bien la indefensión no es otra cosa que la vulneración de un derecho fundamental, -cual es el de defensa-, sólo mediante la denuncia de que la prueba ha sido irregular o ilegalmente obtenida puede la parte hacer valer sus derechos ante el Órgano de segunda instancia, (irregularidad o ilegalidad en la obtención de la prueba documental que aquí no se ha invocado), y en tal sentido se vienen pronunciando los Tribunales; por ejemplo, la Audiencia Provincial de Huesca, Sección 1ª, de 31.07.2006, recurso 4/2004, cuyo criterio compartimos.   

     .En segundo lugar, porque aunque hipotéticamente se pensase que la prueba documental presentada por la parte actora y que se admitió en el acto de juicio, (véase el folio 96 de las actuaciones), hubiera sido obtenida ilícitamente, (e insistimos que se trata de una simple hipótesis), no consta que la parte demandada formulara protesta, (véase también el folio 96 de las actuaciones), a efecto de hacer valer sus derechos en la segunda instancia, (conforme al artículo 446 de la L.E.Civil), razón por la cual tal admisión de prueba, (sin la protesta en la instancia), no podría impugnarse ahora ante el Tribunal ad quem, (y en tal sentido también se vienen pronunciando los Tribunales; por ejemplo, Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 1ª, de 17.06.2002, recurso 2062/2002).

    Tercero.- Examinaremos a continuación el recurso de apelación planteado por la representación procesal de xxxxx, S.L.

    Según reiterado y constante criterio Jurisprudencial, y de esta Sala, la valoración probatoria es facultad de los Tribunales sustraída a los litigantes, que sí pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza, pero en forma alguna tratar de imponerla a los juzgadores, pues no puede sustituirse la valoración que el juzgador de instancia hizo de toda la prueba practicada por la valoración que realiza la parte recurrente, función que corresponde única y exclusivamente al Juzgador "a quo" y no a las partes, habiendo entendido igualmente la jurisprudencia que el Juzgador que recibe la prueba puede valorarla de forma libre, aunque nunca de manera arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal de segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión, pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez "a quo" de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencia o a las normas de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso, (SSTS de 26.01.1998 y 15.02.1999).

     Pues bien, en el caso de autos consideramos que la valoración de la prueba efectuada por el Juzgador a quo es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso; y  ello por lo siguiente:

     .Porque tras contestar la testigo a las generales de la Ley, (véase el folio 96 de las actuaciones), la parte demandante podía haber hecho uso inmediato del artículo 367.2 de la L.E.Civil y, sin embargo, no consta que lo hiciera, (como se comprueba en el citado folio 96 de las actuaciones), razón por la cual consideramos que deviene ahora inoperante invocar una pretendida   parcialidad en la testigo.

    .Porque, (una vez sentado lo anterior), resulta que efectivamente de las manifestaciones de la testigo Dª. xxxxx, que se plasman en el folio 96 de las actuaciones, se infiere que la arrendataria instó la resolución del contrato y que tal resolución contractual fue aceptada por el arrendador; teniendo en cuenta que para tomar en consideración lo manifestado por dicha testigo es irrelevante, (en contra de lo que viene a pretenderse en el recurso), que ella conociera o no al Sr. xxxxx, que pudiera o no identificar al interlocutor de la demandada o que alcanzara o no a escuchar lo que el interlocutor contestó a la Sra. xxxx, pues los testigos pueden narrar circunstancias conocidas personalmente por ellos o conocidas por referencias, (como sucede en este caso; al conocer la testigo lo sucedido al habérselo contado la demanda), y el Órgano Judicial puede considerar perfectamente eficaces esas manifestaciones por referencias, (como aquí vino a ocurrir).

    En consecuencia, el recurso de la entidad xxxx, S.L., también será desestimado.

    Cuarto.- La desestimación del recurso de apelación planteado por la representación procesal de Dª. xxxxx, (como se concretó en el segundo de los Fundamentos de Derecho de esta Sentencia), comportará la imposición de las costas causadas en esta alzada por el mismo a Dª. xxxxxxx, (arts. 394.1 y 398.1 de la L.E.Civil).

    La desestimación del recurso de apelación formulado por la representación procesal de la entidad xxxxx, S.L., comportará, por un lado, la imposición de las costas causadas en esta alzada por el mismo a xxxxx, S.L., (arts. 394.1 y 398.1 de la L.E.Civil), y, por otro lado, la pérdida del depósito de 50 € que dicha mercantil verificó para tal apelación, (Disposición Adicional 15ª de la L.O.P.J.).

    Vistos los preceptos legales invocados y demás de general y pertinente aplicación

                                              Fallamos

     Que desestimando como desestimamos tanto el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dª. Susana Melero de la Osa, en nombre y representación de Dª. xxxxx, como el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dª. Isabel Herráiz Fernández, en nombre y representación de la entidad xxxxx, S.L., contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Cuenca  en fecha 7 de Marzo de dos mil once, en el procedimiento de Juicio Verbal nº 478/2010, del que dimana el Rollo de Apelación nº 132/2011, declaramos que debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS ÍNTEGRAMENTE LA RESOLUCION RECURRIDA.

    Las costas causadas en esta alzada por el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Dª. Susana García Serrano se imponen a Dª. xxxxx. 

    Las costas causadas en esta alzada por el recurso de apelación planteado por la representación procesal de xxxxx, S.L., se imponen a la entidad MONCALPRI, S.L.

     Se acuerda la pérdida del depósito de 50 € efectuado por MONCALPRI, S.L., para recurrir en apelación; al cual se le dará el destino legal.

     Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber que es firme y que frente a ella no cabe recurso.

   Así por esta nuestra Sentencia,  lo pronunciamos, mandamos y firmamos

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