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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en apelación derivada de JVD 458/2010

Sentencia en apelación derivada de JVD 458/2010

SENTENCIA num. 107/2011

                   En Cuenca, a 7 de Junio de dos mil once.

     Vistos ante esta Audiencia Provincial, en trámite de recurso de apelación nº 86/2011, los autos de Juicio Verbal de Desahucio por expiración de plazo nº 458/2010, procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca, iniciados a instancia del AYUNTAMIENTO de XXXXX, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª. Pilar León Irujo y dirigido por el Letrado D. José Manuel Ruiz Muñoz, contra Dª. XXXX, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Yolanda Araque Cuesta y asistida por el Letrado D. Fernando Gómez-Chaparro Díaz, en virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del  AYUNTAMIENTO de XXXXXcontra la Sentencia dictada en primera instancia, por el ya referido Juzgado, en fecha 4 de Enero de dos mil once; habiendo sido Ponente el Ilmo. Sr. D. José Eduardo Martínez Mediavilla.

                                  Antecedentes de hecho

 

    Primero.- Que la representación procesal del AYUNTAMIENTO de XXXX presentó demanda solicitando Sentencia que declarase resuelto, por expiración de plazo, el contrato de arrendamiento litigioso.

     Por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca se dictó Sentencia, en fecha 4 de Enero de dos mil once, en cuyo Fallo se decidió lo siguiente:

    "Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña Pilar León de Irujo, en nombre y representación del Ayuntamiento de El XXXX, contra Doña XXXXX, con imposición de las costas causadas a la parte demandante".

    Segundo.- Notificada la anterior Resolución a las partes, por la representación procesal del AYUNTAMIENTO de XXXX se preparó e interpuso contra la misma recurso de apelación, en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación,  interesaba que se revocase la Sentencia de instancia; declarando la resolución, por expiración de plazo, del contrato de arrendamiento existente entre los litigantes.

    Dicho recurso se fundamenta, en síntesis, en lo siguiente:

    1. Errónea valoración de la prueba. De la documental, (poder para pleitos aportado por la Sra. XXXX y burofax enviados por la parte actora a la demandada), y de las testificales resulta que el inmueble objeto del contrato no constituye la residencia habitual de Dª. XXXXX.

    2. Resulta aplicable la figura de la tácita reconducción que se plasma en el Código Civil.

    Tercero.- Admitido a trámite el recurso de apelación, y dado el correspondiente traslado del escrito de interposición, la representación procesal de Dª. MARÍA LUZ CORREAS MONTE presentó escrito de oposición al recurso; interesando la confirmación de la Sentencia de instancia, con imposición de las costas a la parte recurrente.

    Cuarto.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el correspondiente rollo de apelación; asignándole el número 86/2011. Se turnó la ponencia y se señaló para deliberación, votación y fallo el día 7 de Junio de 2011.

 

                                  Fundamentos de derecho

 

     Se aceptan los razonamientos jurídicos de la Sentencia que se revisa en este trámite; debiendo tenerse por íntegramente reproducidos en la presente Resolución.

   Primero.-  Examinaremos el primer motivo de recurso, (error en la valoración de la prueba).

   Según reiterado y constante criterio Jurisprudencial y de esta Sala, la valoración probatoria es facultad de los Tribunales sustraída a los litigantes, que sí pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza, pero en forma alguna tratar de imponerla a los juzgadores, pues no puede sustituirse la valoración que el juzgador de instancia hizo de toda la prueba practicada por la valoración que realiza la parte recurrente, función que corresponde única y exclusivamente al Juzgador "a quo" y no a las partes, habiendo entendido igualmente la jurisprudencia que el Juzgador que recibe la prueba puede valorarla de forma libre, aunque nunca de manera arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal de segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión, pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez "a quo" de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencia o a las normas de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso, (SSTS de 26.01.1998 y 15.02.1999).

     Pues bien, sabido es que la obligación que el artículo 120.3 de la Constitución, en relación con el artículo 24.1 del mismo Texto, impone a los Tribunales de motivar debidamente las Resoluciones por ellos dictadas en el ejercicio de su Jurisdicción con el fin de dar a conocer a las partes las razones de las decisiones judiciales y propiciar su crítica a través de los recursos, permite, según ha señalado reiterada doctrina emanada tanto del Tribunal Constitucional, (Sentencias del T. Cons., por ejemplo, 231/97, 116/98 ó 187/2000), como de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, (Sentencias, por ejemplo, de 2 y 23 de Noviembre de 2001), la motivación por remisión a una Resolución anterior, cuando la misma se estime adecuada, y precisamente porque en ella se exponen argumentos correctos y bastantes que fundamentaban la decisión adoptada, ya que no cabe duda que en tales supuestos, y como precisa la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, por ejemplo, de 20.10.1997, subsiste la motivación de la Resolución puesto que se asume explícitamente por el otro Juzgado o Tribunal. Y en el caso de autos asumimos explícita e íntegramente las argumentaciones del  Juzgador de instancia; considerando por ello que la valoración de la prueba llevada a cabo por el mismo ha sido correcta, máxime teniendo en cuenta lo siguiente:

     1. El documento público extendido por un Notario, (en este caso un poder de representación procesal; véanse los folios 95 a 100 de las actuaciones), da fe del hecho y de la fecha, (de lo comprendido en la unidad de acto; como viene manteniendo la Jurisprudencia del Tribunal Supremo), no de la verdad extrínseca; razón por la cual dicho documento es irrelevante para determinar la residencia habitual de la demandada.

     2. Los burofax remitidos por la parte actora a la demandada tampoco sirven para determinar la residencia habitual de la Sra. Correas, pues lo único que ponen de relieve tales documentos es que en un determinado momento, (en concreto en el de la específica entrega de los mismos), el destinatario se haya o no presente en un lugar; sin que sirvan para poner de manifiesto la presencia permanente o no del destinatario de aquéllos en un determinado sitio.

     3. Tampoco las testificales amparan la postura de la parte actora, ya que:

     -el testigo D. XXXXXindicó que María Luz Correas vive en El Pozuelo desde que se separaron en 2002; agregando que cuando su mujer va a Pozuelo de Alarcón lo hace ocasionalmente para ver a sus hijos;

     -el testigo D. XXXXX indicó que él vive habitualmente en Carabanchel; razón por la cual, (si él no vive permanentemente en XXXX), no puede saber si la demandada vive o no de forma habitual en XXXX;

     -el testigo D. XXXX ero señaló que XXXXX reside en Madrid y en verano en el pueblo; razón por la cual la testifical de D. XXXX tampoco ampara la tesis de la parte actora, ya que si él, (el Sr. XXXX), no vive permanentemente en el Pozuelo, (como manifestó el testigo Sr. Tablero), tampoco puede saber si la demandada vive o no de forma habitual en dicho municipio.

     4. Y, además, existen dos datos muy relevantes para esta Sala que vienen a poner de relieve que la demandada, (en contra de lo sostenido en el recurso), sí tiene su residencia habitual en El Pozuelo, (entendida como vocación de permanencia y que constituye la sede física de la persona), y son los siguientes:

     -por un lado, el volante de empadronamiento emitido el 16.11.2010, (obrante al folio 90 de las actuaciones), en el que aparece inscrita la demandada en la Plaza de la Constitución, -nº 12, letra B-, de El Pozuelo, (volante que viene a constituir un fundamental principio de prueba de la residencia habitual de la Sra. Correas);

     -y, por otro lado, la existencia de constantes y variables consumos de energía eléctrica en la vivienda ubicada en Plaza de la Constitución, 12-B, de XXXX, (como viene a resultar de la documental obrante a los folios 115 a 144 de las actuaciones).

     En conclusión, y por todo lo razonado, el primer motivo de recurso debe rechazarse.

    Segundo.- El segundo de los motivos de recurso también debe rechazarse; y ello por lo siguiente:

    .Partiendo de lo establecido en el anterior fundamento de derecho, resulta que es aplicable la Ley de Arrendamientos Urbanos. Y sentado ello, y dado que el contrato se prorrogó legalmente el 01.05.2009,  (pues, como resulta de los folios 19 a 21 de las actuaciones, la parte actora no notificó a la demandada su voluntad de dar por concluido el alquiler con treinta días de antelación a la finalización del contrato), la duración de esa prórroga no es otra que la de tres años prevista en el art. 10 de la L.A.U.; y no la pretendida tácita reconducción.

    En consecuencia, el recurso de apelación planteado por la representación procesal del Ayuntamiento de XXXXX será desestimado.

    Tercero.- La desestimación del recurso comportará, por un lado, la imposición de las costas de esta alzada a la parte recurrente, (artículos 398.1 y 394 de la L.E.Civil), y, por otro lado, la pérdida de la cantidad de 50 € depositada para la apelación, (Disposición Adicional 15ª de la L.O.P.J.).

    Vistos los preceptos legales invocados y demás de general y pertinente aplicación

Fallamos

    Que desestimando como desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dª. Pilar León Irujo, en nombre y representación del AYUNTAMIENTO de XXXXX contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca en fecha 4 de Enero de dos mil once, en el Juicio Verbal de Desahucio por expiración de plazo nº 458/2010, del que dimana el Rollo de Apelación nº 86/2011, declaramos que debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS ÍNTEGRAMENTE LA RESOLUCION RECURRIDA.

    Se imponen a la parte recurrente las costas causadas en esta alzada.

    Se acuerda la pérdida de la cantidad de 50 € que la parte recurrente depositó para apelar; importe al que se le dará el destino legal.

    Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber que es firme y que frente a ella no cabe recurso.

   Así por esta nuestra Sentencia,  lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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