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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en apelación derivada de Ord mercantil 500/2009

Sentencia en apelación derivada de Ord mercantil 500/2009

SENTENCIA  Nº   109/2011.

                   En Cuenca, a 14 de Junio de dos mil once.

      Vistos ante esta Audiencia Provincial, en trámite de recurso de apelación nº 336/2010, los autos de Juicio Ordinario nº 500/2009 procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca, iniciados a instancia de la entidad xxxx, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Yolanda Araque Cuesta y dirigida por la Letrada Dª. Ana Inés Verdet Ródenas, contra la mercantil xxxx IMPORT, S.L., y D. xxxxx,  representados por la Procuradora de los Tribunales Dª. Encarnación Catalá Rubio y asistidos por el Letrado D. Luis M. Soriano Santos, en solicitud de un principal de 44.958,90 €, (en  ejercicio de acción de reclamación de cantidad y de acción de responsabilidad del administrador societario), en virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de xxxxx, S.A., contra la Sentencia dictada en primera instancia, por el ya referido Juzgado, en fecha 22 de Julio de dos mil diez; habiendo sido Ponente el Ilmo. Sr. D. José Eduardo Martínez Mediavilla.

 

Antecedentes de hecho

    Primero.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca se dictó Sentencia, en fecha 22 de Julio de dos mil diez, desestimando íntegramente la demanda y absolviendo a la parte demandada de los pedimentos deducidos en su contra; con imposición de costas a la parte actora.

    Segundo.- Notificada la anterior Resolución a las partes, por la representación procesal de xxxxx, S.A., se preparó e interpuso contra la misma recurso de apelación. En dicho recurso, tras alegarse los hechos y fundamentos de derecho que se estiman de aplicación, se interesa la revocación de la Sentencia de instancia; con estimación íntegra de la demanda iniciadora del procedimiento.

    Tercero.- Admitido a trámite el recurso de apelación, y dado el correspondiente traslado del escrito de interposición, por la  representación procesal de xxxx IMPORT, S.L., se presentó escrito de oposición al recurso; interesando la confirmación de la Sentencia de instancia, con imposición de las costas al recurrente.

     Cuarto.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el correspondiente Rollo de apelación; asignándole el número 336/2010. Se turnó la ponencia y se señaló para deliberación, votación y fallo el día 14 de Junio de 2011.

                              Fundamentos de derecho

    Primero.- El recurso de apelación se basa, en síntesis, en lo siguiente:

    1. Con respecto a la acción de reclamación de cantidad frente a M.A.Y.R IMPORT, S.L.:

    -manifiesto error en la valoración de la prueba.

    2. Con respecto a la reclamación de responsabilidad contra el Administrador:

    -infracción de los artículos 104.1.e) y 105 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

    Segundo.- Examinaremos el primer motivo de recurso.

    Dado el carácter revisor del presente recurso y las facultades del Tribunal para examinar y valorar la totalidad de la prueba practicada, se llevará a efecto por esta Sala dicha valoración, pues, como tiene declarado el Tribunal Supremo, (Ss. de 19.07.89 y 22.02.99, entre otras muchas), el recurso de apelación permite al Tribunal de segundo grado examinar en su integridad el litigio; esto es, que el Tribunal de segunda instancia se encuentra en la misma situación que el de la primera, siéndole transferido el conocimiento íntegro y pleno y, por tanto, con amplias facultades, de todas las cuestiones objeto de la litis.

    En el caso de autos existen a criterio de esta Sala dos datos que vienen a resultar fundamentales para la resolución del motivo que tratamos:

    A. El primero de ellos es el fax aportado por la parte demandante en la audiencia previa, (folio 146 de las actuaciones), documento que viene a poner de relieve que sí existió el pedido de material de la compañía demandada a la parte demandante en fecha 08.10.2008. El hecho de que el representante legal de la empresa demandada manifestara en su interrogatorio que no reconocía haber efectuado pedido, (como se comprueba en la grabación de la vista), consideramos que no constituye obstáculo alguno para considerar totalmente válido y eficaz dicho documento; y ello por lo siguiente:

    -el hecho de manifestar tal representante que no reconocía haber efectuado pedido, (como acaba de decirse), viene a ser equivalente al hecho de negar validez al mencionado fax;

    -pues bien, la Sala 1ª del Tribunal Supremo ya ha venido estableciendo, (por ejemplo, en Sentencia 22.06.2000, recurso 2290/1995), que el hecho de darse valor a un documento privado cuya validez fue negada por la parte es posible ya que el Tribunal puede doblegar una negativa de parte interesada si su convicción la obtiene del conjunto probatorio;  como aquí sucede, pues teniendo en cuenta, por un lado, que las mercancías que se reseñan en dicho fax, (folio 146 de las actuaciones), vienen a ser coincidentes con las mercancías que se reflejan tanto en los albaranes como en la factura de 01.12.2008 que procedió a expedir la parte demandante, (folios 15 a 18), y, por otro lado, que el formato de dicho documento-fax, (obrante al folio 146 de las actuaciones; como se ha dicho), viene a ser coincidente con el formato de otros diversos documentos acompañados junto a la contestación a la demanda, (por ejemplo, con los que obran a los folios 115 y 116 de los autos; ya que coinciden exactamente los anagramas que figuran en la parte superior de todos esos documentos), se deduce que el referido      documento-fax es genuino y que fue efectivamente enviado por la compañía demandada a la parte demandante.

    B. El segundo de los datos anteriormente referidos es el interrogatorio del perito en el acto del juicio. Él manifestó, (y así se comprueba en la grabación de la vista), que de las 39 máquinas nuevas que estaban embaladas, (que son las que vienen a reflejarse en la factura obrante a los folios 15 y 16 de los autos), probó 2 máquinas, (una de cada modelo), y que funcionaban correctamente. Por tanto, no existe argumento alguno para pensar que en dichas concretas máquinas entregadas por la parte demandante a la compañía demandada existiera inhabilidad alguna, (al menos no lo ha probado la parte demandada; cuando sobre ella recaía, al amparo del art. 217 de la L.E.Civil, la carga de acreditar una hipotética inhabilidad de las mismas), resultando irrelevante para el caso concreto que analizamos la inhabilidad o no de otra maquinaria suministrada por la parte demandante a la compañía demandada con anterioridad al suministro que en este pleito nos ocupa.

    En consecuencia, existiendo pedido, (por lo ya razonado), y también  entrega del mismo, (teniendo en cuenta que incluso el representante de la compañía demandada reconoció en su interrogatorio que se había recepcionado la mercancía), y puesto que dicho material no tenía inhabilidad alguna, (por los motivos que acaban de exponerse), debe prosperar el primer motivo de recurso y, en consecuencia, la reclamación de cantidad frente a la compañía demandada, (y ello a la vista tanto del importe total que figura en la factura, -folio 16 de las actuaciones-, como de los gastos bancarios correspondientes a efectos  impagados, -folios 22 a 24 de las actuaciones-).

    Tercero.- Analizaremos a continuación el segundo motivo de recurso.

    Pues bien:

    A. Tratándose, como se trata, de una Sociedad de responsabilidad limitada, deben aplicarse los arts.  104.1 e) y 105.5 de la L.S.R.L., (en vigor en la época de los hechos que nos ocupan), que hacían incurrir en responsabilidad al Administrador que no procedía a disolver la Sociedad por pérdidas que dejasen reducido el patrimonio a menos de la mitad del capital social. La acción prevista en el art. 105.5 L.S.R.L. sentaba la responsabilidad solidaria de los Administradores por las obligaciones sociales siempre que, habiéndose producido una causa de disolución, incumplieran la obligación de convocar en el plazo de 2 meses la Junta General para que adoptase el Acuerdo, en su caso, de disolución o solicitar la disolución judicial. La Ley quería evitar, de esta forma, que, producida una causa de disolución, se pudiera eludir la disolución efectiva de la sociedad. De acuerdo con el principio general de responsabilidad patrimonial, la responsabilidad de los Administradores tenía carácter ilimitado y solidario. Y en relación al ámbito objetivo de tal responsabilidad, es necesario subrayar que se extendía a las obligaciones sociales. Debiendo entenderse, por tanto, que no se limitaba a las obligaciones asumidas con posterioridad al incumplimiento de aquella obligación de convocatoria de la Junta o de solicitud de disolución judicial, sino que se extendía también a las obligaciones sociales asumidas con anterioridad a aquel incumplimiento y cualquiera que fuera el órgano o persona con representación que las hubiera contraído en nombre de la Sociedad, (Ss. del T.S. 20.07.2001, 12.02.2003, 20.10.2003; entre otras).

    B. El capital social de la mercantil demandada era de 3.010 €, (véase, por ejemplo, el folio 150 de las actuaciones).

    C. Los fondos propios de la mercantil demandada eran los siguientes:

    .En el ejercicio 2007:  -34.759,36 €, (folio 43 de las actuaciones), presentando entonces unas pérdidas de 26.339,27 €, (folio 45 de las actuaciones).

    .En el ejercicio 2008:  -37.176,79 €, (folio 125 de las actuaciones), presentando entonces unas pérdidas de 2.417,43 €, (también folio 125 de las actuaciones). 

    D. Y del contraste de los datos expuestos en los anteriores apartados B y C resulta que la compañía demandada ya estaba incursa en causa de disolución al menos desde la fecha de depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2007, (lo que se llevó a cabo, según el folio 30 de las actuaciones, el 01.12.2008), pues por consecuencia de las pérdidas había quedado reducido su patrimonio, (atendiendo a sus fondos propios, -antes   reseñados-, y ello conforme a la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas de 20.12.1996), a una cantidad inferior a la mitad del capital social; sin que éste se viera aumentado en la medida suficiente ni siquiera con posterioridad a la época referida, ya que en el ejercicio 2009 el capital social seguía siendo de 3.010 €, (folio 150 de las actuaciones), y los fondos propios ascendían a la cifra negativa de 15.119,30 €, (también folio 150 de los autos).

    En consecuencia,  hallándose la compañía demandada incursa en causa de disolución al menos desde el 01.12.2008, (por lo ya razonado), y puesto que por su Administrador no se cumplieron los deberes que al respecto le imponía el artículo 105.5 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, también debe estimarse el segundo motivo de recurso; debiendo responder solidariamente el Sr. Martínez Picazo, en base al referido artículo 105.5, de las obligaciones sociales, (tanto anteriores como posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución, -como ya se ha dicho que venía disponiendo el Tribunal Supremo-, si bien podemos precisar que en el caso de autos se trataría de una obligación posterior, ya que, en definitiva, la fecha de vencimiento de la factura emitida por la parte demandante contra la compañía demandada vendría a ser posterior al ya antes citado momento de presentación de las cuentas anuales del ejercicio de 2007).

    Por tanto, y por todo lo razonado, se estimará en su integridad el recurso de apelación formulado y, consiguientemente, se estimará íntegramente la demanda planteada por HISPAES, S.A.

    Cuarto.- La conclusión que acaba de exponerse comportará dos consecuencias:

    -por un lado, la imposición de las costas de la primera instancia a los demandados, (de forma solidaria; y ello en observancia de la doctrina que contiene el Auto dictado por la Sala 1ª del Tribunal Supremo, Sección 1ª, en fecha 16.10.2007, recurso 2503/2003),  sin hacer expresa imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada, (todo ello en aplicación de los artículos 398.2 y 394 de la L.E.Civil);

    -por otro lado, la devolución a la parte apelante de los 50 € que depositó para recurrir, (Disp. Adic. 15ª de la L.O.P.J.).

     Vistos los preceptos legales invocados y demás de general y pertinente aplicación

 

                                         Fallamos

    Que estimando en su integridad el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad xxxx, S.A., contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca en fecha 22.07.2010, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS en su totalidad la Resolución recurrida, ACORDANDO EN SU LUGAR estimar íntegramente la demanda en su día interpuesta por la representación procesal de xxxx, S.A., condenando a los demandados, xxxx IMPORT, S.L., y D. xxxx, a abonar de forma solidaria a la parte actora la cantidad 44.958,90 €; mas los intereses moratorios devengados desde la fecha de vencimiento de la factura, de conformidad con la Ley 3/2004, de 29 de Diciembre.

    Se imponen a los demandados, de forma solidaria, las costas causadas en la primera instancia.

     No se realiza expresa imposición de las costas ocasionadas en esta alzada.

     Se acuerda la devolución a la parte recurrente del depósito de 50 € que ella verificó para apelar.

   Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber que es firme y que frente a ella no cabe recurso.

   Así por esta nuestra Sentencia,  lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

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