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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en apelación derivada de Juicio Verbal Desahucio 626/2009

Sentencia en apelación derivada de Juicio Verbal Desahucio 626/2009

SENTENCIA NUM. 75/2011

Iltmos. Sres.: 

Presidente:

   Sr. Díaz Delgado   

Magistrados:

   Sr. Martínez Mediavilla  

   Sr. Casado Delgado (Ponente)

   En la ciudad de Cuenca, a treinta y uno de marzo de dos mil once.  

   Vistos en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial, los autos de Juicio Verbal nº 626/2009 seguidos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca a instancia de D. XXXXX, representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Porres Moral y asistido por el Letrado Sr. Limones Esteban, contra Dª. XXXXX, representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Araque Cuesta y asistida por la Letrada Sra. Martínez Escutia, sobre extinción de resolución de contrato de arrendamiento y reclamación de cantidad; como consecuencia del recurso de apelación deducido por la representación procesal de D. XXXXXX contra la sentencia de fecha veintitrés de marzo de dos mil diez, siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. Don Ernesto Casado Delgado, quién expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de los de Cuenca se dictó, en el Juicio Verbal nº 626/2009,  sentencia de fecha veintitrés de marzo de dos mil diez cuyo Fallo presenta el siguiente tenor: "Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Porres Moral,  en nombre y representación de D. XXXXX frente a la demandada Dª. XXXXXX, representada por la Procuradora Sra. Yolanda Araque Cuesta, debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones en su contra formuladas. Con imposición expresa de las costas procesales causadas al actor".

   Segundo.- Contra la anterior sentencia se preparó y después interpuso por la representación procesal de D. XXXXX recurso de apelación por medio de escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando de la Sala "… dicte sentencia que revoque y deje sin efecto la de instancia, declare haber lugar al recurso conforme al suplico de nuestra demanda en el siguiente tenor: declare resuelto el contrato de arrendamiento que liga a las partes por la falta de pago de las mensualidades arrendaticias más cantidades asimiladas a la renta y se condene, igualmente, a la parte demandada a satisfacer las rentas vencidas y no satisfechas acumuladas hasta el momento del efectivo desalojo que en la demanda se postulaban por importe de 6453,61 € y en el acto del juicio, por acumulación de las mismas y cantidades asimiladas pactadas, ascendían en febrero de 2010 a la suma de 8.857,65 €, teniendo en cuenta asimismo que la demandada ha desalojado la vivienda cuya resolución de contrato se interesa, mediante comparecencia de entrega de llaves ante el Juzgado de Instancia de fecha 23/04/2010, todo ello con expresa condena en costas y gastos que se causen en juicio".

   Tercero.- Admitido a trámite el recurso y conferido traslado a la contraparte, por la representación procesal Doña XXXXXX se presentó escrito de oposición al mismo en el que interesó su desestimación y la íntegra confirmación de la resolución recurrida.

   Cuarto.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el correspondiente rollo, asignándosele el número del margen, turnándose Ponencia que recayó en el Magistrado Ilmo. Sr. Don Ernesto Casado Delgado, habiéndose observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

   No se aceptan los contenidos en la sentencia recurrida.

   Primero.- Se interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera instancia, que desestima la demanda de resolución de contrato de arrendamiento de vivienda y, acumulada, la acción de reclamación de cantidad por impago de rentas y cantidades acumuladas, sobre la base argumental representada por una pretendido y supuesto error en la apreciación de la prueba padecido por el Juzgador "a quo" y, al mismo tiempo, una indebida aplicación del instituto de compensación de créditos.

   Así, por lo que respecta al primer motivo del recurso, se alega que la demandada reconoció haber dejado de satisfacer las rentas pactadas en julio de 2009 y entregó las llaves mediante comparecencia en el Juzgado en fecha 14 de abril de 2010, siendo por tanto que la resolución contractual por impago de la renta está justificada. Por otro lado, sostiene el recurrente que, de seguir la tesis sostenida por la Juzgadora de Instancia, si se estimase que la demandada ha satisfecho indebidamente los gastos de comunidad, cosa que es negada por el recurrente al existir acuerdo al respecto, la cantidad que se debiera reconocer a favor del actor debiera ascender a la suma de 557,42 € a su favor.

   Por lo que respecta al segundo motivo del recurso, esto es la indebida aplicación de la compensación de créditos, sostiene el recurrente que la propia Juzgadora reconoce que en el proceso de desahucio por falta de pago no cabe oponer la compensación dado que las causas de oposición están limitadas –ex lege- al pago o enervación.

   Finalmente, en orden a la cantidad reclamada como gastos de comunidad, se alega que se hizo el mismo en virtud de pacto al respecto.

   Segundo.- Debe ponerse de manifiesto, que según reiterado criterio jurisprudencial y conforme ha manifestado este Tribunal en reiteradas ocasiones, la valoración probatoria es facultad de los Tribunales sustraída a los litigantes, que sí pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza, pero en forma alguna tratar de imponerla a los juzgadores, pues no puede sustituirse la valoración que el juzgador de instancia hizo de toda la prueba practicada por la valoración que realiza la parte recurrente, función que corresponde única y exclusivamente al Juzgador "a quo" y no a las partes, habiendo entendido igualmente la jurisprudencia, que el Juzgador que recibe la prueba puede valorarla de forma libre, aunque nunca de manera arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal de segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión, pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez "a quo" de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencia o a las normas de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso (STS de 26-I-1998 y 15-2-1999).En definitiva la segunda instancia ha de limitarse, cuando de valoraciones probatorias se trata, a revisar la actividad del juzgador a quo, en el sentido de comprobar que esta aparezca suficientemente expresada en la resolución recurrida y no resulte arbitraria, injustificada o injustificable.

   Del mismo modo es preciso recordar que, conforme a la distribución de la carga de la prueba cuyas reglas se contienen en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, incumbe a la parte actora acreditar los hechos constitutivos de su pretensión (apartado 2º) mientras que a la parte demandada le incumbe, por el contrario, los hechos que impidan, extingan o enerven la ineficacia jurídica de los hechos alagados por el actor (apartado 3).

   Tercero.- En el supuesto sometido a revisión en la presente alzada, este Tribunal efectuada revisión completa del acervo probatorio practicado en la instancia, no comparte la totalidad de las conclusiones alcanzadas por la Juzgadora de Instancia.

   En efecto, partiendo de la naturaleza de la acción ejercitada (resolución contractual más reclamación de cantidad por impago de rentas) es evidente que los medios de oposición que puede esgrimir la parte demandada (arrendataria) son conforme determina el artículo 44.1 de la LEDC "... el pago o las circunstancias  relativas a la enervación". Así las cosas, reconocido por la demandada en el acto del juicio que ha dejado de abonar las rentas desde el mes de julio de 2009 y constando acreditado que la demandada efectuó la entrega de las llaves de la vivienda mediante comparecencia efectuada en el Juzgado en fecha 14 de abril de 2010 (folio 127) resulta procedente declarar la resolución contractual interesada y la condena de la demandada a satisfacer la cantidad de 5.689,51 € en concepto de rentas ( 9 meses a 601,01 € y 14 días a razón de 20,03 €/día). A la anterior cantidad debe adicionarse la suma de 148,33 e por consumos de agua, lo que hace un total de 5.872,84 euros.

   Por lo que respecta a los gastos de comunidad compartimos la conclusión obtenida por la Juzgadora "a quo" por la que, no constando expresamente pactado el pago a cargo de la arrendataria en el contrato suscrito entre las partes en fecha 1 de mayo de 2002 (doc. nº 2 de la demanda) a diferencia de otras cantidades asimiladas a la renta sobre las que si existe pacto de pago por la inquilina conforme a lo estipulado en la cláusula sexta "... los gastos por servicios con que cuenta la finca tales como agua, electricidad, depuradora y alcantarillado o cualquier otro que se individualice mediante aparato contador, serán en todo caso de cuenta de la arrendataria", no puede condenarse a la misma al pago de las cantidades reclamadas y ello por cuánto la parte actora no ha acreditado -ex art. 217.2 de la LEC- el pacto verbal, que no escrito, por el que la demandada se hacía cargo de las cuotas de la comunidad de propietarios. Ello no obstante, toda vez que en el presente procedimiento tan solo se entra a conocer de las acciones esgrimidas por la actora dado que no puede valorarse la existencia de un crédito compensable, procede estimar parcialmente la demanda rectora declarando haber lugar a la resolución del contrato de arrendamiento que liga a las partes y la condena a la demandada a satisfacer a la actora las cantidades adeudadas por rentas impagada y consumo de agua y todo ello sin perjuicio de las acciones que pudieran asistir a la demandada para reclamar al actor las cantidades satisfechas en concepto de cuotas comunitarias.

   Cuarto.- Estimada parcialmente la demanda rectora no procede pronunciamiento condenatorio sobre las costas procesales devengadas en la instancia (art. 394 LEC) y estimado parcialmente el recurso de apelación, tampoco procede pronunciamiento condenatorio respecto de las costas procesales correspondientes a la presente alzada (art. 398.2º de la L.E.C).

   Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

   Que estimando como estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Doña María Jesús Porres Moral, Procuradora de los Tribunales y de D. XXXXXX, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de los de Cuenca y su Partido en su Juicio Verbal nº 626/2009, del que dimana el presente Rollo de Apelación Civil nº 207/2010; y, en consecuencia, declaramos que DEBEMOS REVOCAR COMO REVOCAMOS INTEGRAMENTE LA RESOLUCION RECURRIDA, que se deja sin efecto y, en su lugar, dictamos la presente por la que ESTIMANDO COMO ESTIMAMOS PARCIALMENTE la demanda interpuesta por D. XXXXX, representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Porres Moral, contra Dª. XXXX, representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Araque Cuesta, declaramos:

   1.- Resuelto el contrato de arrendamiento de vivienda que ligaba a las partes concertado en fecha 1 de mayo de 2020 y que tenía por objeto la vivienda sita en C/ XXXXX, con plaza de garaje nº 1 2 y trastero nº 4.

   2.- Condenamos a Dª. XXXXX a satisfacer a D. XXXXX la cantidad de 5.872,84 euros, intereses legales desde la interpelación judicial.

   3.- Absolvemos a Dª. XXXXX del resto e las pretensiones deducidas en su contra en el presente procedimiento.

   4º.- No ha lugar a efectuar pronunciamiento condenatorio respecto de las costas procesales correspondientes a la instancia y a la presente alzada.

   Procédase a la devolución al recurrente del depósito constituido.

   Contra la presente sentencia podrá interponerse recurso de casación al amparo de lo dispuesto en el artículo 477.2.3º y 3 de la LEC, que deberá prepararse en el plazo de cinco días siguientes al de su notificación cumplidos los requisitos exigidos por el art. 479.4 de la LEC  y art. 449.1 y 2 del mismo Cuerpo Legal, previa constitución del depósito en los términos exigidos por la Disposición Adicional 15ª de la L.O.P.J.

 

   Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

SENTENCIA DICTADA EN PRIMERA INSTANCIA

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