Blogia
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en Ordinario mercantil sobre transportes 608/2009

Sentencia en Ordinario mercantil sobre transportes 608/2009

SENTENCIA nº 64 (mercantil)

En Cuenca, a veintidós de Diciembre de dos mil diez.

 Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia Nº 2 de Cuenca, con competencia exclusiva en materia mercantil, los presentes autos de Juicio Ordinario, seguidos en este Juzgado bajo el número 608 del año 2.009, a instancia de Don xxxxxx, representada por la Procuradora Doña Yolanda Araque Cuesta y asistido por el Letrado Don Pascual Chuliá March, contra la xxxxx S.L., representada por el Procurador Don Miguel Ángel García García y asistida por el Letrado Don Raffaele Giannattasio.

ANTECEDENTES   DE    HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora Doña Yolanda Araque Cuesta, en nombre y representación de Don xxxxxx, se presenta demanda de Juicio Ordinario en virtud de la cual reclama que se declare que la demandada resolvió de forma abusiva, sin justa causa y sin respetar el plazo de preaviso que la buena fe exige, las relaciones comerciales que venía manteniendo con el actor, condenando a la demandada a abonar al actor en concepto de indemnización por daños y perjuicios la cantidad de 16.311 euros; que se condene a la demandada a abonar a la actora la cantidad de 26.456,67 euros en concepto de pago de los portes de los transportes realizados, condenando a la demandada al pago de los intereses legales desde la fecha de presentación de la demanda así como al pago de las costas procesales.

 

SEGUNDO.- Por Auto de fecha 29 de Octubre de 2.009 se admite a trámite la demanda, dándose traslado a la parte demandada de copia de la misma así como de los documentos a ella acompañados emplazándola para que conteste en el plazo de veinte días hábiles.

 

TERCERO.- Por el Procurador Don Miguel Ángel García García, en nombre y representación de la xxxxxx S.L., contesta a la demanda de Juicio Ordinario presentada de contrario interesando la desestimación de la demanda en cuanto al fondo con expresa imposición de las costas causadas a la parte actora, formulando reconvención en la que solicita que se reconozca la compensación de créditos correspondiendo al actor un crédito de 525,87 euros respecto de su representada, dictándose sentencia rechazando cualquier pretensión indemnizatoria de daños y perjuicios, con imposición de las costas a la parte contraria.

 

Por el contrario, la parte actora contestó a la reconvención alegando la excepción de prescripción e interesando la desestimación de la misma en cuanto al fondo del asunto con imposición de las costas causadas a la parte demandada.

 

CUARTO.- Mediante Providencia dictada por este Juzgado en fecha 24 de Marzo de 2.010 se convoca a las partes al acto de la audiencia previa.

 

Al acto de la audiencia  previa concurren ambas partes proponiéndose como prueba por la actora: documental, interrogatorio del demandado y testifical. Por la parte demandada se propusieron como medios de prueba: documental, interrogatorio del actor y testifical.

Se admitieron todos los medios de prueba, convocándose a las partes para la celebración del acto del juicio.

 

QUINTO.- Celebrado el acto del juicio y practicadas todas las pruebas declaradas pertinentes, se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

 

SEXTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

 

FUNDAMENTOS   DE   DERECHO

PRIMERO.- El actor al amparo de lo establecido en los artículos 1.088 a 1.091, 1.100, 1.101, 1.106, 1.108, 1.124, 1.254 a 1.258, 1.261, 1.281, 1.283 a 1.287, 1.542 y 1.544 CC; el artículo 57 y 329 y siguientes CCo, la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres reclama que se declare que la demandada resolvió de forma abusiva, sin justa causa y sin respetar el plazo de preaviso que la buena fe exige, las relaciones comerciales que venía manteniendo con el actor, condenando a la demandada a abonar al actor en concepto de indemnización por daños y perjuicios la cantidad de 16.311 euros; que se condene a la demandada a abonar a la actora la cantidad de 26.456,67 euros en concepto de pago de los portes de los transportes realizados, condenando a la demandada al pago de los intereses legales desde la fecha de presentación de la demanda así como al pago de las costas procesales.

 

Por el contrario, la parte demandada se opone a lo solicitado de contrario, estando conforme con el importe de los portes reclamados, formulando así mismo demanda reconvencional por medio de la cual interesa al amparo de lo establecido en el artículo 17 del Convenio de 19 de Mayo de 1.956, el artículo 377 CCo, los artículos 1.902, 1.903, 1.195 y 1.196 CC que se reconozca la compensación de créditos correspondiendo al actor un crédito de 525,87 euros respecto de su representada, dictándose sentencia rechazando cualquier pretensión indemnizatoria de daños y perjuicios, con imposición de las costas a la parte contraria.

 

     La parte actora se opuso a la demanda reconvencional planteada de contrario alegando la excepción de prescripción para reclamar las cantidades por la demandada y se opuso en cuanto al fondo del asunto por considerar que no existen los daños reclamados de contrario y existir una mala estiva por parte del cargador, interesando la imposición de las costas causadas a la parte demandada.

 

SEGUNDO.- En primer lugar hay que decir que la naturaleza jurídica del contrato mercantil de transporte resulta discutida desde una perspectiva doctrinal, hasta el punto de que frente opiniones que lo califican como contrato mixto de transporte, depósito y gestión, o de depósito con arrendamiento de cosas y servicios. Pero sin duda alguna se considera en la doctrina mercantil española encabezada en su día por GARRIGUES y fundada a su vez en la doctrina italiana (VIVANTE, RUGGIERO entre otros) que se trata de un contrato subespecie del de obra, lo que resulta acertado si se tiene en cuenta que la obligación que asume el transportista es de resultado, tesis que parece deducirse también de la intención del legislador civil cuando son los artículos 1601 a 1603 del Código Civil los que se ocupan del transporte civil, ciertamente hoy con escaso interés.

 

Atendiendo a tales características el contrato de transporte se puede calificar como bilateral, consensual, oneroso, conmutativo y normalmente de adhesión, extremo este de gran relevancia para la resolución de la Apelación interpuesta.

 Del concepto de contrato de transporte (aquél por el que una parte se compromete al traslado de personas y/o cosas de un lugar a otro a cambio de un precio) se deducen dos obligaciones esenciales: la primera a cargo del transportista consistente en el deber de aplicar los medios materiales y humanos a su alcance para la traslación del objeto a lugar designado por el remitente y la segunda, a cargo de este último y que consiste en el abono del precio convenido, todo ello, al margen de ciertos privilegios o ventajas que concede la Ley, tales como el del artículo 375 del Código de Comercio relativo a derechos de prenda y de cobro preferente.

 

Entrando en la resolución del fondo del asunto procede indicar que existe una relación contractual entre las partes litigantes en virtud de la cual la parte actora ha prestado servicios de transporte al demandado desde el mes de Mayo de 2.005 hasta el mes de Abril de 2.009, realizándose la contratación del servicio de una manera verbal y continuada, pero sin que por el contrario se hubiese establecido entre las partes litigantes que dicha relación contractual tuviese un plazo de duración determinado o indefinido, debiendo de indicarse además que la parte actora no ha acreditado tal como le corresponde al amparo de lo establecido en el artículo 217.2 LEC que exista un pacto de exclusividad entre el actor y el demandado puesto que no existe un contrato firmado entre las partes que determine la exclusividad por parte del actor en la prestación de los servicios transporte al demandado.

 

En este sentido, hay que decir que la suspensión de la prestación de esos servicios por la demandada a partir del mes de Abril de 2.009, no puede considerarse como resolución unilateral del contrato, al tratarse de prestaciones individualizadas cada una de las cuales constituye un contrato de transporte sujeto a las reglas pactadas por las partes litigantes en el momento de contratar cada servicio a prestar por el actor al demandado. En consecuencia, no existe causa alguna de incumplimiento contractual imputable a la Compañía Autofrigo Espamancha S.L. que origine la obligación del resarcimiento de los daños y perjuicios pretendida por Don Juan Ramón Navarro Garrido puesto que no se ha acreditado que en alguno de esos contratos de transporte el cargador hubiere ejercitado su derecho de disposición dando la oportuna contraorden de suspender el transporte, aparte de que en autos no consta prueba alguna que acredite, de manera concluyente, la existencia de relación de causalidad entra la conducta de la xxxxxx S.L. y los daños y perjuicios alegados, por lo que en este sentido no cabe sino desestimar la petición de resarcimiento interesada por la parte actora.

 

Respecto de los importes reclamados por la parte actora en concepto de portes por transportes realizados a la parte demandada, hay que reseñar que la parte demandada está conforme con su abono, por lo que procede acceder a esta petición formulada por la parte demandante.

 

TERCERO.- Entrando en el conocimiento de la demanda reconvencional hay que decir que en primer término hay que examinar la excepción de prescripción planteada por la parte actora en su contestación a la demanda reconvencional.

 

Pues bien, el artículo 1.968.2 CC dispone que prescribe por el transcurso de un año la acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1.902. Y el artículo 1.973 CC expresa:” La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.”.

 

     El artículo 944 CCo dispone lo siguiente:”La prescripción se interrumpirá por la demanda u otro cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor; por el reconocimiento de las obligaciones, o por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor.

 

Se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial, si el actor desistiese de ella, o caducara la instancia, o fuese desestimada su demanda.

 

Empezará a contarse nuevamente el término de la prescripción en caso de reconocimiento de las obligaciones, desde el día en que se haga; en el de su renovación, desde la fecha del nuevo título; y si en él se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligación, desde que éste hubiere vencido.”.

 

     El artículo 952.2 CCo establece que prescriben al año las acciones sobre entrega del cargamento en los transportes terrestres o marítimos, o sobre indemnización por sus retrasos y daños sufridos en los objetos transportados, contado el plazo de la prescripción desde el día de la entrega del cargamento en el lugar de su destino, o del en que debía verificarse según las condiciones de su transporte.

 

     El artículo 1 del Convenio de 19 de mayo de 1956, al que España se adhirió por Instrumento de 12 de septiembre de 1973 y publicado en el BOE el 7 de mayo de 1974 somete a su regulación, con independencia del domicilio y nacionalidad de las partes contratantes, con las excepciones establecidas en su párrafo cuarto, los transportes de mercancías por carretera siempre que concurran los siguientes requisitos: que el contrato sea oneroso, que el transporte se efectúe por automóviles, vehículos articulados, remolques y semirremolques, y, finalmente, que los puertos de origen o toma de la mercancía y el lugar de destino estén situados en dos países diferentes, uno de los cuales, al menos, sea contratante. Además, el artículo 32.2 del Convenio CMR (Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera de 19 de mayo de 1956, que se complementa con Protocolo de 5 de julio de 1978, y que constituye norma de nuestro Derecho interno -España se adhirió por Instrumento de 12 de septiembre de 1973; BOE 7 de mayo de 1974-) dispone que las acciones a las que pueda dar lugar el transporte regulado por este Convenio prescriben al año, estableciéndose en el párrafo segundo del citado artículo que la reclamación escrita interrumpe la prescripción hasta el día en que el transportista rechace la reclamación por escrito y devuelva los documentos que acompañan a la misma. En caso de aceptación parcial a la reclamación, la prescripción no vuelve a tomar su curso más que por la parte reclamada y de la devolución de documentos corren a cargo de quien invoque este hecho. Las reclamaciones ulteriores que tengan el mismo objeto no interrumpen la prescripción.

En relación a la aplicación del plazo prescriptivo no podemos olvidar que el artículo 944 CCo establece un régimen especial al indicar "Se considera la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial, si el actor desistiere de ella, o caducará la instancia o fuese desestimada su demanda". Precepto objeto de exégesis por la reciente STS de 8/10/2009 en la que se debatía si la consolidada jurisprudencia de la Sala Primera acerca de la prevalencia del art. 1973 CC sobre el art. 944 C.Com para considerar también la reclamación extrajudicial como un medio de interrupción de las acciones procedentes de los contratos mercantiles, pese a no aparecer contemplada tal reclamación en el párrafo primero de dicho art. 944 , suponía asimismo una prevalencia aún más general del régimen del CC en materia de prescripción extintiva y, en consecuencia, para interrumpir la prescripción de las acciones procedentes de contratos mercantiles bastaría con la interpelación o reclamación judicial al margen de la suerte que corriera la demanda.

Esta sentencia sienta la siguiente doctrina "El problema es, por tanto, si la jurisprudencia de esta Sala sobre la interpretación del art. 944 C.Com en función de lo dispuesto en el art. 1973 CC permite o no considerar derogado el párrafo segundo de aquél para que, así, y pese a la clara dicción literal del precepto, la caducidad de la instancia no excluya la interrupción de la prescripción en caso de interpelación judicial.

Pues bien, la respuesta ha de ser negativa y por tanto el recurso ha de ser desestimado.

Aunque algunas sentencias de esta Sala contengan pasajes que, aislados de su contexto, permitan imaginar que la prevalencia del art. 1973 CC sobre el art. 944 C.Com es absoluta, en el sentido de considerar totalmente derogado este último por el primero, basta con leerlas por entero para comprobar que tal prevalencia se afirma única y exclusivamente para justificar la eficacia de la reclamación extrajudicial como medio de interrumpir la prescripción extintiva de las acciones también en el ámbito mercantil, pues de esto es de lo que tratan (p. ej. SSTS 4-12-95 en rec. 1638/92, 4-4-03 en rec. 2619/97 y 8-3-06 en rec. 2414/00), como se desprende del sentido que a la jurisprudencia de esta Sala atribuye la sentencia de 6 de octubre de 2006 (rec. 4813/99).

Por el contrario, la vigencia y plena aplicabilidad del párrafo segundo del art. 944 C.Com resulta no sólo de sentencias anteriores y contemporáneas de las que iniciaron aquella línea jurisprudencial, limitada como se viene insistiendo al problema de la reclamación extrajudicial, sino también de alguna otra muy posterior. Así, la sentencia de 28 de diciembre de 1989 no pone en duda la vigencia de dicho precepto, aunque considera que en el caso no llegó a darse una verdadera desestimación de la demanda precedente porque lo declarado por la sentencia del juicio ejecutivo fue la nulidad de éste. La sentencia de 9 de noviembre de 1993 (rec. 3227/90) da por vigente el párrafo segundo del art. 944 C.Com y lo aplica por haberse dictado sentencia desestimatoria en un juicio ejecutivo que había precedido al declarativo. La sentencia de 12 de diciembre de 1995 (rec. 1778/92) trata muy especialmente del desistimiento de la demanda, asimismo contemplado en el párrafo segundo del art. 944 C.Com como excluyente de la interrupción, y considera tan vigente este precepto que ni siquiera se plantea la aplicabilidad del art. 1973 CC . La sentencia de 14 de julio de 2005 (rec. 1038/99), centrada en un caso de interrupción de la prescripción por reclamación extrajudicial, considera sin embargo vigente el párrafo segundo del art. 944 C.Com en cuanto excluye la interrupción si se desestima la demanda, exclusión que esta sentencia califica de"tajante". Finalmente, la sentencia de 9 de marzo de 2006 (rec. 2427/99) se refiere a los arts. 1973 CC y 944 C.Com., en pie de igualdad, para razonar que ambos exigen identidad de las acciones ejercitadas en el proceso interruptivo de la prescripción y en el posterior.

 

No hay, en realidad, ninguna razón de peso para considerar derogado el párrafo segundo, como tampoco el tercero, del art. 944 C.Com. Sea por la mayor agilidad del tráfico mercantil, sea por razones históricas, lo cierto es que el Código de Comercio de 1885 tiene un régimen con sus propias peculiaridades en relación con el Código Civil de 1889; que la remisión del art. 943 C.Com a las disposiciones del Derecho común debe entenderse sólo al plazo de ejercicio de las acciones; y que el art. 4.3 CC dispone su aplicación a las materias regidas por otras leyes sólo como supletoria.

 

Nuestra jurisprudencia ha hecho constante aplicación de este sistema de interrupción extrajudicial para todo contrato de transporte desde la discutida STS de 4 diciembre 1995, cuya línea fue seguida por las de 31 de diciembre de 1998, 21 de marzo de 2000, 31 marzo de 2001 y 28 octubre de 2002, que trataron la problemática sobre la duda de la elección entre la prevalencia del artículo 944 del Código de Comercio según la naturaleza mercantil del contrato de transporte, del que nace el débito, que no contempla específicamente la reclamación extrajudicial como causa de la interrupción de la prescripción, sobre el artículo 1973 del Código Civil o, por el contrario, la prevalencia de este último precepto, cuya fuerza expansiva o integradora haría posible que se estimara eficaz en el ámbito mercantil la expresada forma interruptiva de la prescripción, optando por esto último. En interpretación de este artículo la doctrina establecida, entre otras, en la sentencia del Tribunal Supremo de 20 octubre de 2004 dispone que "aunque el artículo 944 del Código de Comercio no contemple expresamente la reclamación extrajudicial entre las causas de interrupción del plazo de prescripción de las acciones relativas a los contratos mercantiles, la jurisprudencia, en su función integradora del ordenamiento, ha considerado que, en este punto, el régimen de interrupción de las obligaciones contenido en el Código Civil y el de Comercio es el mismo y ha atribuido tal eficacia a dicho tipo de reclamación en el ámbito de este último."

 

     Así, procede indicar que respecto a la reclamación de las cantidades que son objeto de la demanda reconvencional hay que decir que previamente a la interposición de la demanda reconvencional la parte actora ha sido requerida por la demandada en fecha 5 de Mayo de 2.009 para el pago de la cantidad de 19.720 euros por los daños ocasionados a una cisterna en un accidente sufrido en fecha 16 de Julio de 2.008 y la cantidad de 730,80 euros en concepto de un embarque realizado en fecha 7 de Abril de 2.008 (documento nº 8 acompañado con la demanda y documento nº 11 acompañado con la contestación a la demanda). En este sentido, procede indicar que posteriormente a la reclamación extrajudicial en fecha 5 de Mayo de 2.009 se realizó otra reclamación extrajudicial en fecha 5 de Junio de 2.009 (documento nº 20 acompañado con la demanda), interponiéndose demanda reconvencional el día 21 de Diciembre de 2.009, de manera que desde que se produjo la entrega de la mercancía y los daños causados en la cisterna no se ha producido ninguna reclamación judicial en el plazo de un año si bien se han producido dos reclamaciones extrajudiciales tal como se ha indicado anteriormente, por lo que de conformidad con la doctrina expuesta anteriormente y lo dispuesto en los artículos reseñados anteriormente la acción en reclamación de la cantidad en concepto de los daños ocasionados a la cisterna no ha de considerarse prescrita al no haber transcurrido el plazo prescriptivo de un año, teniendo que indicarse a mayor abundamiento que la cantidad de 730,80 euros reclamada en concepto de un embarque realizado en fecha 7 de Abril de 2.008, que no ha sido reclamada extrajudicialmente hasta el día 5 de Mayo y 5 de Junio de 2.009 y judicialmente hasta el día 21 de Diciembre de 2.009, tal como se ha expuesto anteriormente, por lo que la reclamación de la cantidad de 730,80 euros ha de considerarse prescrita al haber transcurrido el plazo prescriptivo de un año .

 

     Además de las citadas cantidades, la parte demandada reclama la cantidad de 4.000 euros en concepto de complemento en la reparación de la cisterna 114 y 4.000 euros en concepto de reparación del semirremolque matrícula xx-5449.  En este sentido hay que decir que no habiéndose reclamado dichas cantidades desde la fecha del accidente, el día 16 de Julio de 2.008, y desde la fecha de entrega de las mercancías hasta la fecha de la interposición de la demanda reconvencional el día 21 de Diciembre de 2.009, no cabe sino concluir de conformidad con la doctrina expuesta anteriormente y con los artículos aludidos anteriormente que la acción en reclamación de estas cantidades está prescrita. 

 

     CUARTO.- El artículo 361 CCo establece:” Las mercaderías se transportarán a riesgo y ventura del cargador, si expresamente no se hubiere convenido lo contrario.

En su consecuencia, serán de cuenta y riesgo del cargador todos los daños y menoscabos que experimenten los géneros durante el transporte, por caso fortuito, fuerza mayor o naturaleza y vicio propio de las cosas.

La prueba de estos accidentes incumbe al porteador.”.

 

El artículo 362 CCo dispone:” El porteador, sin embargo, será responsable de las pérdidas y averías que procedan de las causas expresadas en el artículo anterior, si se probare en su contra que ocurrieron por su negligencia o por haber dejado de tomar las precauciones que el uso tiene adoptadas entre personas diligentes, a no ser que el cargador hubiese cometido engaño en la carta de porte, suponiéndolas de género o calidad diferente de los que realmente tuvieren.

Si, a pesar de las precauciones a que se refiere este artículo, los efectos transportados corrieran riesgo de perderse, por su naturaleza o por accidentes inevitables, sin que hubiese tiempo para que sus dueños dispusieran de ellos, el porteador podrá proceder a su venta, poniéndolos con este objeto a disposición de la autoridad judicial o de los funcionarios que determinen disposiciones especiales.”.

 

La Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo expresa:” sentencia de 21 de noviembre de 1996, poniendo en relación el art. 362 del Código de Comercio con el art. 1602 del Código Civil, declaró que para las averías y pérdidas de los efectos transportados "se establece una presunción legal de culpa en el transportista, actuando inversión de la carga de la prueba, ya que en tanto no demuestre la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, se le imputa la pérdida o las consecuencias de los daños de las mercancías que recibió y transportó. Su responsabilidad sigue subsistiendo si demuestra que ha incurrido en negligencia o no adoptó las precauciones acostumbradas y diligencias debidas".”.

 

Aplicando lo dispuesto anteriormente al caso de autos hay que decir que el actor contrató con el demandado el transporte de una cisterna propiedad del demandado desde la ciudad de Barcelona hasta la localidad de Tres Cantos (Madrid), que atracó el día 15 de Julio de 2.008 en el puerto de Barcelona procedente de Livorno (Italia). Pues bien, del atestado elaborado por la Guardia Civil que ha sido incorporado a los presentes autos se desprende que el día 16 de Julio de 2.008, sobre las 01:45 horas, el camión cisterna marca Scania 164-L, matrícula xxxx-Bxx, conducido por Don xxxxx sufrió un accidente como consecuencia de circular a una velocidad inadecuada, no habiéndose acreditado que el conductor circulase a una velocidad de 60 km/hora tal como indica el informe pericial aportado por la parte demandada (documento nº 6 acompañado con la contestación a la demanda) puesto que el citado informe pericial no merece credibilidad en este sentido al haber realizado el perito una peritación de los daños de la cisterna en las instalaciones de Auto Frigo Sud Service el día 18 de Julio de 2.008, dos días después de suceder el accidente, no habiendo determinado los motivos por los que llega a la conclusión que la cabeza tractora circulaba a la citada velocidad teniendo en cuenta además que no ha visto el lugar del accidente para llegar a la conclusión que el conductor circulaba a una velocidad de 60 km/hora.

 

En este sentido hay que decir que no obstante indicarse el atestado obrante en autos que el accidente acaeció por una velocidad inadecuada unido al movimiento de la carga, sin embargo el porteador no ha acreditado tal como le corresponde al amparo de lo establecido en el artículo 217.2 LEC que el accidente se ocasionó por caso fortuito, fuerza mayor o naturaleza, o vicio propio de las cosas de conformidad con lo dispuesto en los artículo 361 y 362 CCo, teniendo en cuenta a mayor abundamiento que tampoco ha acreditado el actor, tal como sostiene, que exista una defectuosa colocación de la carga por parte del cargador así como que exista un defectuoso mantenimiento de la cisterna o ésta no tenía un buen estado de conservación, de manera que el porteador deberá responder de los daños causados en la cisterna que ascienden al importe de 17.000 euros (documento nº 9 acompañado con la contestación a la demanda).

 

No obstante lo anterior, hay que decir que debiendo satisfacer el demandado al actor la cantidad de 26.456,67 euros tal como se ha indicado anteriormente, procede compensar el pago de la citada cantidad con el importe que el actor debe al demandado que asciende al importe de 17.000 euros, al cumplirse los requisitos previstos en el artículo 1.195 y 1.196 CC para efectuar la compensación dado que las dos deudas son líquidas, vencidas y exigibles, de manera que el demandado deberá satisfacer al actor la cantidad de 9.456,67 euros. 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 y 341 CCo la cantidad a cuyo pago se ha condenado a la parte demandada devengará los intereses legales desde la fecha de interpelación judicial hasta su completo pago.

 

SEXTO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 394.2 L.E.C., dada la estimación parcial de la demanda y estimación parcial de la reconvención cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

 

FALLO

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña Yolanda Araque Cuesta, en nombre y representación de Don xxxxxx, contra la xxxxxx S.L.; y debo estimar y estimo parcialmente la demanda reconvencional interpuesta por el Procurador Don Miguel Ángel García García, en nombre y representación de la xxxxx S.L., contra Don xxxxx, condenando a la parte demandada a los siguientes pronunciamientos:

 

1.  Pagar a Don xxxxx la cantidad de 9.456,67 euros.

  • Pagar los intereses legales desde la fecha de la interpelación judicial hasta su completo pago.

 

Cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad

El tipo de interés legal a cuyo pago se ha condenado a la demandada se verá incrementado en dos puntos, de conformidad con lo previsto en el artículo 576 LEC, desde la fecha de la presente Sentencia hasta su completo pago.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma. Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido. Doy fe.  

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres