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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en Incidente Concursal sobre oposición a declaración como culpable del Cno 56/2008 Bastidores Valverde S.L.

Sentencia en Incidente Concursal sobre oposición a declaración como culpable del Cno 56/2008 Bastidores Valverde S.L.

SENTENCIA Nº 60/10

En Cuenca, a veintiuno de Diciembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca, con competencia exclusiva en materia mercantil, los presentes autos dimanantes del procedimiento concursal n° 56/08, a instancia de la Administración Concursal, representada por la Procuradora Doña Susana Melero de la Osa y asistida por el Letrado Don Juan Barrera Montero, y el Ministerio Fiscal, contra Bastidores Valverde S.L., representado por la Procuradora Doña Encarnación Catalá Rubio y asistido por el Letrado Don José Calvo Berber 

ANTECEDENTES   DE    HECHO

PRIMERO.- Declarado concurso necesario de la entidad Batidores Valverde S.L., y tramitada la fase común del procedimiento, recayó Auto dando por terminada dicha fase, abriendo la de liquidación y acordando incoar la Sección Sexta, de calificación.

 

SEGUNDO.- Previa la tramitación que es de ver en autos, y no habiéndose producido personaciones con adquisición de condición de parte en el sentido del artículo 168.1 de la Ley Concursal, se presentó por la Administración Concursal informe solicitando la calificación del concurso como culpable e identificando como personas afectadas por la calificación a Don xxxxx y Don xxxxxx.

 

TERCERO.- Previo traslado, el Ministerio Fiscal emitió dictamen, considerando igualmente culpable el concurso e identificando como personas afectadas por la calificación a Don xxxx y Don xxxxx.

 

CUARTO.- Mediante Providencia se acordó dar audiencia a la concursada y emplazar a todas las personas que pudieran ser afectadas por la calificación.

 

QUINTO.- Tras la tramitación obrante en las actuaciones, compareció la entidad concursada oponiéndose a la calificación efectuada.

 

SEXTO.- Por Providencia se acordó el señalamiento y citación a vista de incidente.

 

SÉPTIMO.- Al acto de la vista comparecieron la Administración Concursal y la entidad concursada, no compareciendo el Ministerio Fiscal. Oídas las alegaciones de los presentes, se admitió el interrogatorio de parte y la prueba documental propuesta por la Administración Concursal, quedando los autos vistos para Sentencia.

 

OCTAVO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales. 

FUNDAMENTOS   DE   DERECHO

 PRIMERO.- En la presente Sección de calificación, la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal han solicitado la declaración del concurso como culpable y por parte de la Administración Concursal se ha señalado como personas afectadas por la calificación a a Don xxx y Don xxxx. A tal fin, la Administración Concursal invoca  los artículos 164.1 y 2.1 y 165.1 y 2 de la Ley Concursal (Ley 22/2003, de 9 de julio, en adelante LC). Por lo que respecta a otros pronunciamientos, el informe de la Administración Concursal solicita, para Don xxxx y Don xxxx la inhabilitación por quince años para administrar bienes ajenos, así como para representar o administrar cualquier persona durante el mismo período, con pérdida de cualquier derecho personal de la afectada que por dicha declaración tuviera como acreedora concursal o de la masa, con condena a pagar los créditos concursales y contra la masa que los acreedores no cobren en la fase de liquidación con devengo de intereses procesales previstos en el artículo 576 LEC desde la fecha de la sentencia.

 

Por lo que respecta a la entidad concursada, se opone a la calificación efectuada de contrario por los motivos que constan en su escrito que se dan aquí por reproducidos.   

 

SEGUNDO.- El artículo 164 LC dispone:” 1. El concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho.

2. En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

1.  Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara.

2.  Cuando el deudor hubiera cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso o presentados durante la tramitación del procedimiento, o hubiera acompañado o presentado documentos falsos.

3.  Cuando la apertura de la liquidación haya sido acordada de oficio por incumplimiento del convenio debido a causa imputable al concursado.

4.  Cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores o hubiera realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación.

5.  Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos.

6.  Cuando antes de la fecha de la declaración de concurso el deudor hubiese realizado cualquier acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia.

3. Del contenido de la sentencia de calificación del concurso como culpable se dará conocimiento al registro público mencionado en el artículo 198.”.

 

El artículo 165 LC expresa lo siguiente:” Se presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores:

1.  Hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso.

2.  Hubieran incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y la administración concursal, no les hubieran facilitado la información necesaria o conveniente para el interés del concurso o no hubiesen asistido, por sí o por medio de apoderado, a la junta de acreedores.

3.  Si el deudor obligado legalmente a la llevanza de contabilidad, no hubiera formulado las cuentas anuales, no las hubiera sometido a auditoría, debiendo hacerlo, o, una vez aprobadas, no las hubiera depositado en el Registro Mercantil en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso.”.

 

Partiendo de lo anterior, debe reseñarse ante todo, que concurren lo supuestos previstos en el artículo 164.1 y 165 de la LC, dado que de la documentación aportada a los presentes autos y del interrogatorio de los administradores de la concursada, que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 304 LEC se les debe tener por reconocidos en los hechos en los que intervinieron personalmente y cuya fijación como ciertos les sea enteramente perjudicial, que en el caso de autos es la concurrencia de los presupuestos para calificar el concurso como culpable, se desprende existe dolo o culpa grave del deudor ya que la concursada ha cometido irregularidades en la formulación de la contabilidad para comprender la situación de la empresa, presentaba una delicada situación de tesorería desde el año 2.003, el fondo de maniobra es negativo, gran parte de la deuda a corto plazo se reclasifica como de largo plazo por los acuerdos de renovación y aplazamiento de la deuda, que los fondos ajeos son numeroso y los propios son escasos, existe un pasivo de 10.094.493,89 euros y la diferencia entre la masa activa y pasiva es de -5.652.431,92 euros, tal como consta en el informe de la Administración Concursal, de manera que no cabe sino concluirse que cuando la entidad concursada estaba en situación de insolvencia con bastante anterioridad a la solicitud de declaración de concurso, no habiendo además solicitado el concurso cuando se encontraba en situación de insolvencia desde el año 2.005, incumpliendo de esta manera lo dispuesto en el artículo 5 LC, debiendo de indicarse a mayor abundamiento que no llevaba los libros de actas tal como venía obligado por lo dispuesto en el artículo 26 CCo, no ha facilitado el libro de socios a la Administración Concursal, el libro diario y libro de inventarios y cuentas anuales están en blanco no habiendo sido facilitados tampoco a la Administración Concursal, siendo las últimas cuentas anuales depositadas las del ejercicio 2.004 puesto que las cuentas anuales del año 2.005, 2.006 y 2.007 se depositaron en fecha 1 de Abril de 2.008, después de la declaración de concurso y fuera del plazo establecido en el artículo 218 LSA y el artículo 365 RRM, siendo calificadas las mismas como defectuosas. De esta manera, Don xxxx y Don xxxxxx actuando con dolo o culpa grave han mantenido la apariencia de actividad de entidad concursada  agravando la situación de insolvencia de la empresa.

 

Además, se cumple lo dispuesto en el artículo 164.2.1º LC en el entendimiento de que la entidad deudora, legalmente obligada a la llevanza de contabilidad, ha incumplido sustancialmente la obligación prevista en el artículo 25 y 34 y concordantes CCo al haber cometidos irregularidades contables tal como se ha expuesto anteriormente. Así mismo, los ejercicios del año 2.006 y 2.007 de la concursada no reflejan la imagen fiel de la empresa, siendo así que sin la contabilización de dichos asientos la entidad concursada se encontraría en causa de disolución desde el cierre de los ejercicios 2.005, 2.006 y 2.007 según lo previsto en el artículo 260.1.4º LSA, lo que denota una ocultación de la verdadera situación contable de la empresa. Ello conlleva, “en todo caso” (artículo 164.2, ab initio, de la LC) la calificación del concurso como culpable.

 

TERCERO.- Por lo que respecta a las personas a que ha de afectar la calificación, debe incluirse a Don xxxx y Don xxxxx, administradores de la entidad durante los dos años anteriores al concurso, siendo el primero de ellos administrador Único desde el día 15 de Septiembre de 2.006 y el segundo de ellos hasta la citada fecha, habiendo sido Don xxxx y Don xxxxx administradores solidarios y con carácter indefinido de la entidad concursada hasta el día 15 de Septiembre de 2.006,  les es imputable el supuesto de calificación de culpabilidad del concurso que se ha apreciado en el fundamento precedente, al incardinarse en el ámbito de los deberes de su cargo.

 

CUARTO.- Como se ha señalado, el informe de la Administración Concursal solicita una inhabilitación por quince años respecto a Don xxxx y Don xxxxxx para administrar bienes ajenos, así como para representar o administrar cualquier persona durante el mismo período, con pérdida de cualquier derecho personal de la afectada que por dicha declaración tuviera como acreedora concursal o de la masa con condena a pagar loa créditos concursales y contra la masa que los acreedores no cobren en la fase de liquidación con devengo de intereses procesales previstos en el artículo 576 LEC desde la fecha de la sentencia.

 

En cuanto a la inhabilitación, teniendo en cuenta la causa por la que se declara el concurso culpable, la entidad de los hechos y que su actividad influyó en la causación de un mayor perjuicio a los intereses del concurso, procede fijarla por un período de 15 años.

 

Procede, asimismo, la condena a las personas afectadas a la pérdida de cualquier derecho que tuviera como acreedor concursal o de la masa.

 

QUINTO.- Finalmente, se ha solicitado la condena a pagar los créditos concursales y contra la masa que los acreedores no cobren en la fase de liquidación con devengo de intereses procesales previstos en el artículo 576 LEC desde la fecha de la sentencia por lo dispuesto en el artículo 172.2.3º, in fine, y en el artículo 172.3 de la LC.

 

En este sentido hay que decir que otro efecto que la culpabilidad conlleva es la eventual responsabilidad que contempla el art.172.3 LC. Al respecto, existe una corriente doctrinal que considera esta responsabilidad como sanción civil de naturaleza esencialmente punitiva, partiendo para ello de su contenido objetivo (no se trata de reparar el daño al patrimonio social o individual de los acreedores sino cubrir la totalidad o parte del perjuicio), la coexistencia en el concurso de las acciones de responsabilidad por daño (lo que garantiza la función de satisfacer los créditos de los acreedores sociales no satisfechos, la condena por infringir deberes legales por los sujetos afectados, castigando deberes preconcursales, como concursales y la responsabilidad desvinculada de la provocación o agravación de la insolvencia), así como los presupuestos del nuevo sistema de calificación concursal. Es una sanción que tiene sus propias características ya que es personal (los afectados quedan obligados a realizar los pagos con todos su bienes presentes y futuros), es subjetiva (se requiere la imputación subjetiva a los responsables de una conducta en que consista el acto ilícito), es limitada (queda acotada al importe de los créditos concursales que no se satisfagan con la liquidación de la masa activa), es autónoma (ya que no se vincula la responsabilidad a los mecanismos indemnizatorios por daños ex art.133 y siguientes LSA u otros sancionadores ex art.262.5 LSA, como se demuestra con la compatibilidad enunciada en el art42.2 LC) y es cumulativa (ya que al sujeto afectado se le condena a un conjunto de sanciones por su conducta infractora, conforme al art.172 LC ).

 

Se trata de una sanción potestativa, que queda en manos del órgano judicial (conforme a la dicción del precepto, que utiliza el término "podrá"), y que puede consistir en el pago de todo o parte del déficit patrimonial existente; todo ello a juicio del Juzgador, al que le incumbe decidir al efecto, partiendo de la declaración de culpabilidad, siempre y cuando concurran el resto de requisitos que la norma contempla y que ahora no se discuten. Sin embargo, la doctrina elaborada por los Tribunales de Justicia más recientes conducen esta responsabilidad por otro camino; así la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de febrero de 2006 , en relación con el artículo 172.3º de la Ley Concursal, concluye que se trata de un supuesto de responsabilidad por daño y culpa, esto es, que sólo procederá cuando en la generación o agravación de la insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave de los administradores y liquidadores, conforme exige el artículo 164.1º de la Ley. El tenor literal del artículo 172.3º avalaría dicha tesis, frente a quienes entienden que se trata de una sanción automática consecuencia de la calificación de concurso culpable, dado que permite al Juez condenar o no al administrador. Por tanto hay que valorar la conducta del administrador y su participación en la generación o agravación de la insolvencia, de tal suerte que sólo si se prueba la existencia de relación de causalidad entre la conducta culposa y el daño o perjuicio, será procedente la condena al administrador para que indemnice el daño.

 

De esta manera, de acuerdo con lo expuesto anteriormente debe realizarse el pronunciamiento de condena que se ha interesado por la Administración Concursal, puesto que tal como se ha indicado en la presente resolución la situación de insolvencia que sufre la entidad concursada se ha agravado como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de los administradores afectados, los cuales, conscientes de la situación de insolvencia en la que se encontraba la entidad concursada no adoptaron medidas paliativas de aquella, provocando que la cifra de acreedores fuese engrosando hasta alcanzar la cifra actual reconocida en el informe de la administración concursal. Una situación realmente grave deducida de la conducta demostrada por los administradores que conllevó al cierre de la empresa y a la extinción de la totalidad de los contratos de trabajo de los empleados de la entidad concursada. Unos responsables que no ofrecían la imagen fiel de la sociedad mediante la configuración de irregularidades contables y la falta de depósito y publicidad de las cuentas anuales, evitando cualquier fiscalización de su situación financiera, y generando una confianza falsa que ha conducido hasta la situación irremediable de cierre de la empresa y extinción d elos contratos de trabajo, con el consiguiente perjuicio para la masa pasiva, que ve cercenadas sus legítimas esperanzas de cobrar sus créditos por la conducta culpable de quienes administraba la sociedad. Necesariamente debe sancionarse dicha conducta, y no solo con un pronunciamiento declarativo de culpabilidad acompañado de una inhabilitación; procede reparar el daño causado a los terceros que contrataron bajo la falsa confianza que se les ofreció, que se creó, sin que se a tolerable que deban sufrir las consecuencias de ese agravamiento de la insolvencia.

 

     Por todo lo dispuesto anteriormente, procede condenar a los administradores Don xxxx y Don xxxx apagar los créditos concursales y contra la masa que los acreedores no cobren en la fase de liquidación con devengo de intereses procesales previstos en el artículo 576 LEC desde la fecha de la sentencia.

 

SEXTO.- En materia de costas, en virtud del juego de remisiones de los artículos 171.1, 194 y 196.1 de la LC, dada la desestimación integra de la oposición a la calificación se imponen las costas causadas  ala parte demandada.

 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

 

Que estimando íntegramente la propuesta de calificación formulada por la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal, condeno a la parte demandada a los siguientes pronunciamientos:

 

1.- Declarar CULPABLE el concurso de Bastidores Valverde S.L.

 

2.- Declarar PERSONA AFECTADA por la calificación a Don xxxxx y Don xxxx.

 

3.- Imponer a Don xxxxx y Don xxxxx la INHABILITACIÓN para administrar bienes ajenos y para representar o administrar a cualquier otra persona por tiempo de 15 años.

 

4.- Condenar a Don xxxx y Don xxxxx a la pérdida de cualquier derecho que tuviera como acreedor concursal o de la masa.

 

5.- Condenar a Don xxxxx y Don xxxxx a pagar los créditos concursales y contra la masa que los acreedores no cobren en la fase de liquidación con devengo de intereses procesales previstos en el artículo 576 LEC desde la fecha de la sentencia.

6.- Pagar las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, dando cumplimiento al artículo 208.4 de la LEC, en relación con el artículo 197 de la LC, y al apartado 6 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, según redacción dada por Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre. En este sentido, quienes hubieran sido parte en la Sección de calificación podrán interponer frente a la Sentencia recurso de apelación (artículo 172.4 de la LC), que deberá prepararse ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días contados desde el día siguiente a la notificación (artículos 197.1 de la LC y 457.1 de la LEC). Para preparar el recurso, y salvo derecho de asistencia jurídica gratuita o exención legal, la parte recurrente deberá haber consignado previamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones, un depósito de 50 euros (Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).

Firme la presente Sentencia, procédase a su publicación en el Registro Público Concursal (artículos 164.3 y 198 de la LC), y líbrense mandamientos a todos los registros públicos donde pueda tomarse razón de la condena de inhabilitación, y en particular al Registro Mercantil, Registro de la Propiedad y Registro Civil. Requiérase formalmente al inhabilitado, bajo oportunos y legales apercibimientos, para que se abstenga de realizar los actos de administración o representación prohibidos durante el periodo de inhabilitación, que se computará desde la firmeza de esta Sentencia.

 Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido. Doy fe. 

 

PUBLICACIÓN: La presente Sentencia ha sido publicada y leída en el día de la fecha por el Magistrado que la suscribe, estando celebrando audiencia pública, ante mí, Secretario Judicial, que doy fe.

 

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