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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en apelación derivada de JVD 395/2009

Sentencia en apelación derivada de JVD 395/2009

SENTENCIA NUM. 258/2010

Iltmos. Sres.: 

Presidente:

   Sr. Díaz Delgado   

Magistrados:

   Sr. Martínez Mediavilla  

   Sr. Casado Delgado

   En la ciudad de Cuenca, a quince de diciembre de dos mil diez.  

   Vistos en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial, los autos de Juicio Verbal nº 395/2008 seguidos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca a instancia de XXXXXX, S.L, representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Herráiz Calvo y asistida por el Letrado Sr. Ortega Fernández, contra D. XXXXX, representado por el Procurador de los Tribunales Sr. Marcilla López y asistido por el Letrado Sr. Pérez Medina, sobre extinción de contrato de arrendamiento; como consecuencia del recurso de apelación deducido por la representación procesal de D. XXXXXXX contra la sentencia de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diez, siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. Don Ernesto Casado Delgado.

ANTECEDENTES DE HECHO

   Primero.- Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de los de Cuenca se dictó, en el Juicio Verbal nº 395/2008,  sentencia de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diez cuyo Fallo presenta el siguiente tenor:

   "Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Herráiz Calvo,  en nombre y representación de "XXXXXXX, S.L", frente al demandado D. XXXXXX, representado por el Procurador Sr. Marcilla López, debo declarar y declaro:

   -La resolución del contrato de arrendamiento existente inter partes, respecto del local de negocio sito en la calle XXXXX nº XX, bajo, de Cuenca, por expiración del plazo contractual, decretando el desahucio del expresado demandado respecto del mismo.

   -La condena del demandado al abono de la totalidad de las costas procesales causadas."

   Segundo.- Contra la anterior sentencia se preparó y después interpuso por la representación procesal de D. XXXXXX recurso de apelación por medio de escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando de la Sala "… dicte en su día sentencia por la que, revocando la dictada por el Juzgado de Primera Instancia en los presentes autos, se desestime íntegramente demandad presentada por la actora, con imposición de las costas a la parte actora en esta instancia".

   Tercero.- Admitido a trámite el recurso y conferido traslado a la contraparte, por la representación procesal de "XXXXX, S.L", se presentó escrito de oposición al mismo en el que interesó su desestimación y la íntegra confirmación de la resolución recurrida.

   Cuarto.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el correspondiente rollo, asignándosele el número del margen, turnándose Ponencia y se dictó auto de fecha 18 de mayo de 2010 en el que se acordó no haber lugar a tener por incorporados al presente procedimiento los documentos adjuntados al escrito de interposición del recurso de apelación y, firme la anterior resolución, se señaló para que tuviera lugar la correspondiente deliberación, votación y fallo el catorce de diciembre del año en curso.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

   Se aceptan los contenidos en la sentencia recurrida.

   Primero.- Se interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera instancia, que estima la demanda en la que la parte actora ejercitaba acción de desahucio por expiración del plazo contractual del contrato de arrendamiento del local sito en C/ XXXXX nº XXX, bajo, de Cuenca, alegando, en esencia, un pretendido y supuesto error en la apreciación de la prueba padecido por la Juzgadora "a quo" y ello sobre la base argumental representada por que, según el recurrente, ha quedado acreditado que en fecha 15 de febrero de 1993 se pactó un contrato de arrendamiento con una duración de 15 años y en fecha 5 de mayo de 1993 la propietaria autorizó al arrendatario la realización de obras en el local y se modificó la duración del contrato conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, todo ello en base a la autenticidad del documento suscrito en fecha 5 de mayo de 1993 (folio 160) conforme resulta del informe pericial realizado por D. XXXXXX, debidamente ratificado en el acto de la vista, y las declaraciones prestadas por los testigos d. XXXX y D. XXXXX, junto con las manifestaciones del demandado y la documental obrante en autos que acredita, en su tesis, la realización de las obras una vez obtenida la autorización de la propiedad y el pacto modificativo del contrato de arrendamiento que se ajustaría, en cuanto al plazo de extinción, a los contratos de arrendamientos de locales de negocio concertados en el año 1966, para el supuesto de que la nueva LAU de 1994 así lo estableciese.

   Segundo.- La parte recurrida se opone a la estimación del recurso de apelación interesando la confirmación de la resolución dictada en la instancia sobre la base argumental representada por la inexistencia de error alguno padecido por la Juzgadora de Instancia al valorar el conjunto de la prueba practicada, existiendo dos dictámenes periciales que acreditan que la firma estampada en el documento obrante al folio 160 no se corresponde con las tres firmas indubitadas pertenecientes a la propietaria, de donde colige la no autenticidad del reseñado documento, sin que la existencia del pacto modificativo del plazo contractual se haya acreditado a través del resto de las pruebas practicadas en el procedimiento. Se alega, en todo caso, que para el supuesto de que se estimase que dicho documento es auténtico, el mismo contiene un compromiso de modificar el contrato para adecuarlo a la normativa futura de la LAU, que no se llevó a cabo durante la vigencia del contrato al no haberse requerido por el propio arrendatario a la propiedad en tal sentido.    

Tercero.- Debe ponerse de manifiesto, que según reiterado criterio jurisprudencial y conforme ha manifestado este Tribunal en reiteradas ocasiones, la valoración probatoria es facultad de los Tribunales sustraída a los litigantes, que sí pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza, pero en forma alguna tratar de imponerla a los juzgadores, pues no puede sustituirse la valoración que el juzgador de instancia hizo de toda la prueba practicada por la valoración que realiza la parte recurrente, función que corresponde única y exclusivamente al Juzgador "a quo" y no a las partes, habiendo entendido igualmente la jurisprudencia, que el Juzgador que recibe la prueba puede valorarla de forma libre, aunque nunca de manera arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal de segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión, pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez "a quo" de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencia o a las normas de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso (STS de 26-I-1998 y 15-2-1999).En definitiva la segunda instancia ha de limitarse, cuando de valoraciones probatorias se trata, a revisar la actividad del juzgador a quo, en el sentido de comprobar que esta aparezca suficientemente expresada en la resolución recurrida y no resulte arbitraria, injustificada o injustificable.

   Del mismo modo es preciso recordar que, conforme a la distribución de la carga de la prueba cuyas reglas se contienen en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, incumbe a la parte actora acreditar los hechos constitutivos de su pretensión (apartado 2º) mientras que a la parte demandada le incumbe, por el contrario, los hechos que impidan, extingan o enerven la ineficacia jurídica de los hechos alagados por el actor (apartado 3).

   Cuarto.- En el supuesto sometido a revisión en la presente alzada, este Tribunal efectuada revisión completa del acervo probatorio practicado en la instancia, no advierte error alguno en la valoración de la prueba efectuada por la Juzgadora " a quo" siendo que sus conclusiones, razonadas y razonables, son plenamente compartidas por este Tribunal.

   En efecto, debe convenirse que la cuestión nuclear sobre la que ha gravitado la prueba se residencia en determinar la autenticidad del documento obrante al folio 160 que lleva por rúbrica " "AUTORIZACION PARA LA REALIZACION DE OBRA" y en el que aparece una firma de XXXXX y abajo " Leído y conforme: XXXXXX, con su firma".  Pues bien, la Juzgadora " a quo" valorando en conjunto la totalidad de la prueba practicada consistente en el interrogatorio del demandado, la testifical de XXXX ( hija de XXXXX , D. XXXXX, D. XXXXX, D. XXXXXX, la pericial caligráfica de D. XXXX, de D. XXXXX y de D. XXXX, junto con la documental obrante en el procedimiento llega a dos conclusiones fundamentales, a saber:

   a) Por un lado, no existe prueba testifical que avale las circunstancias que concurrieron en la elaboración y firma del documento de 5 de mayo de 1993 sostenidas pro el demandado, esto es, que dicho documento lo redactó el Letrado D,. XXXXXX (fallecido) y que lo llevó el Sr. XXXXXX a Madrid para que lo firmara la Sra. Dª.XXXXXX  y que lo firmó a cambio de 2.500.000 ptas, que le acompañó el demandado. Ello es así por cuánto, no existiendo rastro ni constancia documental de la entrega del dinero a la propietaria, extremo éste que tampoco se hace constar en el reseñado documento, las declaraciones de los testigos no han sido concluyentes, dado que el Sr. XXXXXX no recordaba este hecho, no por desidia sino que alegó problemas neurológicos y lagunas, y de la declaración del testigo Sr. XXXXX no pueden extraerse las conclusiones preconizadas por el demandadazo recurrente, dado que se limitó a manifestar que el demandado le comentó que había tenido algún problema con la propietaria y que ya lo había solucionado, pero en modo alguno concreto ni los pormenores de dicho problema y, menos aún, que la solución se hubiere conseguido mediante la firma de un documento que modificaba, sustancialmente, el contenido del contrato de arrendamiento concertado en fecha 15 de febrero de 1993, escasos tres meses antes. Por el contrario, la hija de la anterior propietaria XXXXXXX fue concluyente cuando afirmó que su madre había abonado al padre del demandado 2.000.000 ptas para rescindir el contrato concertado en fecha 15 de abril de 1966 con el padre del demandado y conseguir un contrato con una duración determinada ( 15 años ) sin prórroga forzosa, extremos que no fueron negados por el demandado quién manifestó que no sabe si se le abonó a su padre dicha cantidad, que se rescindió para cederle a él el local y, por otro lado, también manifestó que su madre consultaba con sus hijos todos los extremos referidos al contrato de arrendamiento sin que les hubiese dicho nada sobre el documento de 5 de mayo de 1993 ni que hubiese recibido cantidad alguna (2.5000.000 ptas) por modificar el plazo del contrato, resultando de lo anterior lógica y razonable la conclusión alcanzada por la Juzgadora de Instancia.

   b) Por otro lado, la valoración, profusamente explicada en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia de instancia, del resultado de los tres informes periciales, no puede tacharse de ilógica, arbitraria y/o manifiestamente errónea, dado que la Juzgadora se decanta por el contenido de los dos informes emitidos por los peritos D. XXXXXXX, a instancia del actor, y por D. XXXXXX, este último perito judicial, en contra del criterio y conclusiones emitidas por el perito D. XXXXXX, que confeccionó el informe a instancia del demandado, asumiendo, tras la valoración de los tres informes conforme a las reglas de al sana crítica, el contenido de dos informes periciales en los que ase concluye que las firma estampadas en el documento debitado (el controvertido documento de 5 de mayo de 1993) no se corresponden con las 3 firmas indubitadas atribuidos a Dª. XXXXX y, por otro lado, en el cuerpo del informe (folio 13) señala que las firmas obrantes en el documento de 5 de mayo de 1993 fueron realzadas por una sola persona que no fue Dª. XXXXXX, manifestando en el acto de la vista. Es más, en el acto de la vista en la que ratificó el contenido y conclusiones de su informe manifestó, a mayor abundamiento y aclaración, que consideraba que la firma debitada había sido realizada por la misma persona que firma "XXXXX". Así las cosas, no evidenciados ni constatados, en modo alguno, defectos en el contenido de los informes periciales que concluyen que la firma no fue estampada por la propietaria del local; más aún, si en algún caso cabría tildar de incompleto algún informe, éste sería atribuible al confeccionado por el Sr. XXXX por cuánto tan solo compara dos firmas, mientras que los otros dos peritos comparan la dubitada y otras tres firmas (carné de identidad y las dos firmas existentes en el contrato de 15 de febrero de 1993) , razones todas ellas por las que la valoración de la prueba efectuada por la Juzgadora "a quo" por la que no considera acreditado que la propietaria estampara su firma en dicho documento , por consiguiente, que no se modificara el plazo del contrato del arrendamiento del local, es lógica, razonada y razonable, siendo plenamente compartida por este Tribunal, razones que conducen a la íntegra desestimación del recurso objeto de la presente alzada.

   Quinto.- Desestimado el recurso de apelación se imponen al recurrente las costas procesales correspondientes a la presente alzada (art. 398.1º en relación con el art. 394.1º de la L.E.C).

   Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

   Que desestimando como desestimamos íntegramente el recurso de apelación interpuesto por Don José Vicente Marcilla López, Procurador de los Tribunales y de D. XXXXXXX, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de los de Cuenca y su Partido de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diez en su Juicio Verbal nº 395/2008, del que dimana el presente Rollo de Apelación Civil nº 57/2010; y, en consecuencia, declaramos que DEBEMOS CONFIRMAR COMO CONFIRMAMOS INTEGRAMETNE LA RESOLUCION RECURRIDA; todo ello, con expresa condena en las costas de la presente alzada a la parte recurrente y a la pérdida del depósito constituido.

   Contra la presente sentencia podrá interponerse recurso de casación al amparo de lo dispuesto en el artículo 477.2.3º y 3 de la LEC, que deberá prepararse en el plazo de cinco días siguientes al de su notificación cumplidos los requisitos exigidos por el art. 479.4 de la LEC  y art. 449.1 y 2 del mismo Cuerpo Legal, previa constitución del depósito en los términos exigidos por la Disposición Adicional 15ª de la L.O.P.J.

   Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

SENTENCIA DICTADA EN PRIMERA INSTANCIA

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