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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en Juicio Verbal especial de ICP 269/2010

Sentencia en Juicio Verbal especial de ICP 269/2010

SENTENCIA nº 112

En Cuenca, a cuatro de Noviembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca  los presentes autos de Juicio Verbal,  sobre incapacitación, seguidos en este Juzgado bajo el número 269 del año 2.010, a instancia del Ministerio Fiscal, contra Don xxxxx.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Ministerio Fiscal, se interpuso demanda de incapacitación de Don xxxxx, interesando además que se le nombre tutor.

SEGUNDO.- Por Auto de fecha 23 de Abril de 2.010, se admitió a trámite la demanda, acordando que se emplazara por término de veinte días a la parte demandada, para comparecer en autos y contestar a la demanda, designándose con carácter previo defensor judicial.

TERCERO.- Mediante Providencia de fecha 10 de Junio de 2.010, se convoca a las partes al acto del juicio y disponiendo el exámen del presunto incapaz. Celebrado en juicio y practicadas las pruebas que se declararon pertinentes, y que constan en el acta del juicio, se declararon los autos conclusos para sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por el Ministerio Fiscal se interesa al amparo de lo establecido en el artículo 200 CC la declaración incapacitación de Don Esteban Moreno López, interesando además que se le rehabilite la patria potestad.

SEGUNDO.- El artículo 200 CC dispone lo siguiente:” Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma.”.

Según la STS de 31 de diciembre de 1991 establece que "Los procesos sobre incapacitación imponen un especial tratamiento y exigen una concentrada y directa atención de los juzgadores, ya que el objeto de los mismos no son las cosas ni las controversias derivadas de las relaciones jurídicas, sino la persona misma y mediante dichos trámites procesales se declara si se les reconoce o priva de la capacidad jurídica de obrar, que es aptitud innata para ser sujeto de derechos y obligaciones, determinada por el nacimiento (art. 29 del Código Civil) e inherente a la condición de ciudadanos que desarrollan su actividad vital en una comunidad organizada, por ser consustancial a su dignidad y proyectar el ejercicio y libre desarrollo de cada personalidad, conforme al art. 10 de la Constitución.

La incapacitación supone la decisión judicial de carecer de aptitud para autogobernarse el afectado, si bien con los límites y extensiones que autoriza el art. 210 del Código Civil (hoy artículo 763 LEC), dándose equivalencia a muerte jurídico-civil; de ahí que la normativa que la regula (Título IX-Libro I del Código Civil), prevé las máximas garantías e instrumentos necesarios que se deben adoptar a fin de lograr la mayor aproximación a la verdad material para cerciorar la convicción de los juzgadores.”.

Como señala la STS de 19 de febrero de 1996, "la capacidad de las personas físicas es atributo de la personalidad, no obstante cabe su restricción y control, por disposición expresa de la ley, mediante las que han sido llamadas circunstancias modificativas de la capacidad, al presumirse siempre la capacidad mental, mientras no quede demostrado lo contrario, por los medios procesales legales arbitrados, observancia de las garantías constitucionales, y con base a pruebas concluyentes y rotundas en contrario, que conforman probanzas directas, dada la trascendencia de la resolución en cuanto priva a una persona de su libertad de disposición subjetiva o patrimonial".

En términos generales hay que referir las deficiencias a aquellos estados en los que se da un impedimento físico, mental o psíquico, permanente, y a veces progresivo, que merma la personalidad, la deteriora y amortigua, con efectos en la capacidad volitiva y de decisión, incidiendo en su conducta al manifestarse como inhabilitante para el ejercicio de los derechos civiles y demás consecuentes, constituyendo las enfermedades mentales, como muestra la praxis civil, las causas que de forma mas peculiar modifican la capacidad de ejercicio de los derechos, pues los que se encuentran en este estado están incapacitados para la realización de la casi totalidad de los actos jurídicos. Lo esencial no es padecer una determinada forma de enfermedad mental, sino sufrir una perturbación que sea origen de un "estado mental" propio con repercusiones jurídicas, caracterizándose por los siguientes elementos: 1) existencia de un trastorno mental, cuya naturaleza y profundidad sean suficientes para justificar dichas repercusiones (criterio psicológico); 2) permanencia o habitualidad del mismo (criterio cronológico); y 3) que como consecuencia de dicho trastorno, resulte el enfermo incapaz de proveer a sus propios intereses, o dicho con palabras del Código, que le impida gobernarse por si mismo (criterio jurídico), si bien tal expresión, en principio ambigua y desorientadora, por su excesiva radicalidad, no debe interpretarse en sentido absoluto, pues bastará que la enfermedad o deficiencia de que se trate impliquen una restricción sustancial o grave de autogobierno de la persona a que respectivamente afecten, pues como indica la STS de 31 de octubre de 1994, no puede exigirse un estado deficitario del afectado mucho mas profundo o grave del que resulta de la propia literalidad del precepto mencionado.

Aplicando tal doctrina al caso de autos procede indicar que de las pruebas practicadas, con especial relevancia de la exploración de Don XXXXXX y el informe médico forense unido a los presentes autos, se llega a la convicción de que es necesaria la incapacitación de Don XXXXXX, toda vez que el mismo a pesar de ser una persona joven que tiene 18 años, padece un retraso mental asociado a alteraciones conductuales, de carácter crónico e irreversible, que le incapacitan de forma total y absoluta tanto para el cuidado de sí mismo como para el de sus propios intereses, necesitando la ayuda de terceros para mantener un correcto gobierno de su persona y de sus intereses, por lo que declaro la incapacitación total y absoluta de Don XXXXXX, tanto para el cuidado de sí mismo como para el de sus propios intereses, quedando inhabilitado entre otros actos y negocios jurídicos para contratar, testar y votar.

TERCERO.- El artículo 171 del Código Civil establece que:” La patria potestad sobre los hijos que hubieren sido incapacitados quedará prorrogada, por ministerio de la ley, al llegar aquéllos a la mayor edad. Si el hijo mayor de edad soltero que viviere en compañía de sus padres o de cualquiera de ellos fuere incapacitado se rehabilitará la patria potestad, que será ejercida por quien correspondiere si el hijo fuera menor de edad. La patria potestad prorrogada en cualquiera de estas dos formas se ejercerá con sujeción a lo especialmente dispuesto en la resolución de incapacitación y, subsidiariamente, en las reglas del presente Título.

La patria potestad prorrogada terminará:

1º Por la muerte o declaración de fallecimiento de ambos padres o del hijo.

2º Por la adopción del hijo.

3º Por haberse declarado la cesación de la incapacidad.

4º Por haber contraído matrimonio el incapacitado.

Si al cesar la patria potestad prorrogada subsistiere el estado de incapacitación, se constituirá la tutela o curatela, según proceda”.

En el presente caso, teniendo en cuenta los antecedentes y la prueba practicada en el acto del plenario, valorada en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, habiendo sido declarada la incapacidad de Don XXXXXX en virtud de la presente resolución y que el incapaz es mayor de edad, soltera además de residir en el domicilio familiar con sus padres, procede acordar la rehabilitación de la patria potestad que será ejercida por sus padres Don XXXX y Doña XXXXXX.    

CUARTO.- Por la especial naturaleza del procedimiento, no procede hacer expreso pronunciamiento sobre costas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

ACUERDO la incapacitación total y absoluta de Don XXXXX, tanto para el cuidado de sí mismo como para el de sus propios intereses, quedando inhabilitado entre otros actos y negocios jurídicos para contratar, testar y votar.

ACUERDO la rehabilitación de la patria potestad que será ejercida por sus padres Don XXXXX y Doña XXXXX.  

Líbrese testimonio de esta resolución al Registro Civil donde consta la inscripción del nacimiento del incapaz, y a la Junta Electoral Central.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Así lo acuerda, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido, de lo que doy fe.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

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