Blogia
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en Juicio Verbal Desahucio sobre arrendamientos rústicos 348/2010. Posibilidad de enervación

Sentencia en Juicio Verbal Desahucio sobre arrendamientos rústicos 348/2010. Posibilidad de enervación

SENTENCIA Nº 104

En Cuenca, a veinticinco de Octubre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de CUENCA los presentes autos de Juicio Verbal, seguidos en este Juzgado bajo el número 348 del año 2.010, a instancia del Ayuntamiento de xxxxx, representado por el Procurador Don José Antonio Nuño Fernández y asistido por el Letrado Don Miguel Alarcón Fernández, contra Don xxxxxx, representado por el Procurador Don Miguel Ángel García García y asistido por el Letrado Don Juan Antonio Falero Sánchez.

ANTECEDENTES   DE    HECHO

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Gascueña, representado por el Procurador Dona José Antonio Nuño Fernández, presenta demanda de Juicio Verbal interesando que se declare resuelto el contrato de arrendamiento rústico existente entre las partes, condenando al demandado a estar y pasar por tal declaración y a dejar la finca libre, vacua, expedita y a disposición de su mandante, más la imposición de costas a la parte demandada.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda de Juicio Verbal mediante Decreto dictado por este Juzgado en fecha de 10 de Junio de 2.010, se dio traslado de la demanda al demandado emplazando a las partes para comparecer al acto del juicio.

TERCERO.- Celebrado el Juicio, el demandado alegó la excepción procesal de defecto legal en el modo de proponer la demanda, que ha sido desestimada en el acto de la vista con el resultado que es de ver en autos, y  se opuso a la demanda en cuanto al fondo del asunto. Practicada en el acto del juicio la prueba que se declaró pertinente  se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS   DE   DERECHO

PRIMERO.- La parte actora reclama al amparo de los artículos 1.546, 1.555, 1.566, 1.577 y 1.569 CC que se declare resuelto el contrato de arrendamiento rústico existente entre las partes por el impago por el demandado de la renta correspondiente a la campaña agrícola 2.000/2.001, condenando al demandado a estar y pasar por tal declaración y a dejar la finca libre, vacua, expedita y a disposición de su mandante, más la imposición de costas a la parte demandada.

     La demandada alegó la excepción procesal de defecto legal en el modo de proponer la demanda, que ha sido desestimada en el acto de la vista con el resultado que es de ver en autos, y  se opuso a la demanda en cuanto al fondo del asunto dado que al haberse efectuado la consignación de las cantidades reclamadas procedería enervar la acción de desahucio.

SEGUNDO.- Entrando en la resolución de la cuestión objeto de la presente litis en primer lugar hay que decir que el Ayuntamiento de xxxxxx en virtud de acuerdo tomado en sesión extraordinaria en fecha 5 de Enero de 1.983 adjudicó al demandado 105 áreas de terreno perteneciente a la Dehesa Carnicera por un plazo de dieciocho años al objeto de que procediese a la roturación en el plazo no superior a cinco años, debiendo de pagar el demandado la cantidad de tres millones de pesetas y una vez pasados los dieciocho años pasaría a una situación de arrendamiento con una renta de 12.000 kilos de trigo blando tipo cuarto al precio que estuviese establecido tal como se desprende de la documental obrante en autos (documentos 2 a 4 acompañados con la demanda).

En este sentido, la doctrina y la jurisprudencia más autorizada, que viene a declarar que, a la pregunta de si debe considerarse que, en los arrendamientos rústicos, cabe o no la posibilidad de enervar la acción de desahucio, pues la Disposición derogatoria única de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil , ha abrogado los artículos 123 a 137 de la Ley 83/1980 de Arrendamientos Rústicos de 11 de diciembre , y que el artículo 22 en su apartado nº 4 de la LEC., sobre enervación, sólo contempla el supuesto de las fincas urbanas, contesta que se debe considerar como un olvido del legislador y, por tanto, debe admitirse la posibilidad de la enervación, también en los contratos de arrendamientos rústicos, por cuanto el Art. 444.1 si la contempla expresamente, por lo que no puede privarse al arrendatario rústico de un derecho que tiene naturaleza sustantiva y no meramente procesal; además, no se alcanza a ver las razones que permitirían excluir ese derecho para el arrendamiento rústico y reconocérselo sólo al arrendamiento urbano.

El Artículo 128 de la Ley de Arrendamientos Rústicos de 1980 , -que establecía, que el demandado podría enervar la acción en cualquier momento anterior al de ser notificado de la Sentencia que no dé lugar a ulterior recurso, si él u otra persona paga al actor o pone a su disposición, en el juzgado, el importe de las cantidades en cuya inefectividad se sustente la demanda y el de las que, en dicho instante, debiera,- fue, ciertamente, derogado por la Disposición Derogatoria Única de la LEC 1/2000, en cuyo nº 27 se derogan los Arts. 123 á 137 de la LAR de 1980 , surgiendo, como consecuencia de ello, una controversia en los Tribunales sobre si continuaba, o no, subsistiendo la facultad de enervar, si bien con la precisión de que, en el supuesto en que subsistiera la enervación, tendría que ser efectuada de conformidad, no con el precepto derogado, sino a tenor del Art. 22 de la LEC. Y así en la Sentencia de la Audiencia provincial de Toledo, de 21/11/2006, se recogen las discrepancias existentes en el tema y señala "no se ignora que existen posiciones judiciales dispares sobre la admisión o no de la posibilidad de la enervación en los arrendamientos rústicos; las sentencias de la AA.PP. de Las Palmas (21/6/05); Valencia (11/3/05), Zamora (11/11/04), Cáceres (7/7/2004), Guadalajara (25/2/04), entre otras, que no cabe la enervación en estos casos dado que nada contempla el Art. 22 citado, que sólo la regula en los desahucios arrendaticios urbanos, como también los artículos 439.3 y 440.3 del mismo texto legal, siendo así que la Disposición Derogatoria Única de la LEC derogó los artículos 123 á 137 de la L.A.R. 83/1980 , y siendo así mismo que la L. A.R 49/2003, de 26 de noviembre, nada señalaba sobre el derecho del arrendatario a enervar. Sin embargo, otras audiencias, como la de Oviedo, en Sentencias de 20/9/2004 y 30/4/2009, así como las de Jaén, de 14/3/05 y Córdoba (10/2/02), sostienen que si cabe la enervación en los arrendamientos rústicos en atención a que así lo contempla el art. 444.1º de LEC, al señalar que el arrendatario puede oponer, frente a la demanda, las circunstancias de la enervación, refiriéndose expresamente este preceptos a acciones de desahucio en arrendamientos urbanos y rústicos, derivándose de ello que no parece que fuera intención del legislador suprimir un derecho tradicional del arrendatario para el caso de los arrendamientos rústicos, aún conservándolo para los arrendamientos urbanos, apareciendo, más bien, como un olvido en el Art. 22.4 (norma sobre terminación de proceso de forma extraordinaria), subsanado por la consideración de la enervación de la acción referida también a los arrendamientos rústicos en una norma precisamente reguladora del procedimiento para el ejercicio de tal acción de desahucio -Art. 444.1º - por lo que se considera que tal norma debe prevalecer y admitirse la posibilidad de la enervación en los arrendamiento rústicos; criterio que viene a confirmarse por el hecho de que la reforma de la L.A.R. (Ley 49/2003) por la Ley 26/2005, de 30 de noviembre, ha modificado la antigua redacción del Art. 25 .a) de la LAR precisamente para introducir el derecho en los término previstos en las normas procesales; en definitiva, puede concluirse que no era la intención del legislador eliminar la posibilidad de enervación en los desahucios por arrendamientos rústicos, como criterio interpretador de la aparente divergencia entre el Art. 22.4º y el Art. 444.1º de la LEC.

Igualmente, la Sentencia de la A.P. de Granada, de 20/3/09, manifiesta que, antes de la entrada en vigor de la Ley de 30 de noviembre de 2005, también cabía la posibilidad de la enervación de la acción de desahucio en los arrendamientos rústicos, con el argumento de que, si bien aparecía derogado el específico cauce procesal que la L.A.R. de 1980 preveía, claramente del contenido del Art. 444.1 LEC se extrae que esa derogación no afectaba a la pervivencia del instituto de la enervación dentro de dicho ámbito, pues si ello no fuere así, no tendría sentido permitir al demandado alegar y probar las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación, sin que a ello obste la circunstancia de que la LEC. al establecer la pertinente norma sobre el caso especial de enervación de desahucio, hable en su artículo 22.4 sólo del desahucio de finca urbanas, pues claro es que, dicha norma, al margen de constituir una especialidad en cuanto a las formas extraordinarias de terminación del proceso, contiene una mera regulación general sobre la oportunidad, efectos y exclusión de dicho instituto; regulación general referida a una supuesto meramente enunciativo y no taxativo tal y como, en definitiva, nos muestra el citado Art. 444.1º LEC.

Ciertamente, también, que existe, alguna sentencia aislada, de fecha reciente, que insiste en excluir la posibilidad de la enervación en los arrendamientos rústicos, como la de la A.P. de Cáceres, de 18/6/2009, según la cual esa posibilidad está constreñida, exclusivamente, a los arrendamientos urbanos, por la dicción taxativa de los artículos 22.4 en relación con los artículos 439.3 y 440.3 , sin que ello resulte obstaculizado por la dicción de Art. 444.1 de la LEC , pues el hecho de que la alusión de este último precepto efectúa a las "Circunstancias relativas a la procedencia de la enervación", se refiere, sólo, a los desahucios donde tal enervación procede (es decir, los de finca urbana), de manera que, en el resto, el demandado sólo podrá alegar y probar el pago; sin embargo, es una sentencia aislad, hoy en día ya superada por la Ley de 2005 y sobre todo por la de 2009  

En conclusión, resulta que el arrendamiento litigioso es de fecha 14 de Enero de 1.983, si bien la demanda rectora de la litis es de fecha posterior a la entrada en vigor de la Ley 26/2005 y, por ende, el Cuerpo Legal por el que debe regirse en orden a los elementos, características y obligaciones que del mismo nacieran, es la Ley de Arrendamientos Rústicos de 1980, que era la vigente en el momento de la celebración del contrato; es decir, estaba prevista la enervación pero es que, además, como bien dice la Sentencia A.P. Huesca, Sección 1ª, de 26/6/2009, es indiferente, a estos efectos, que el contrato de arrendamiento que nos ocupa fuera suscrito bajo la vigencia de la Ley de 1980, con anterioridad a las Leyes 49/2003 y 26/2005 , y con anterioridad, también, a la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de 7 de enero (que la tuvo el 8 de enero de 2001), pues el Art. 25 de la Ley 49/2003 , en redacción dada por la Ley 26/2005 -donde se reconoce "el derecho de enervación de la acción de desahucio [de fincas rústicas] en los mismos términos previstos en las leyes procesales para los desahucios de fincas urbanas"- contiene una norma de naturaleza procesal; y la ley procesal, aún partiendo de su carácter irretroactivo, se aplica "a los actos procesales que se producen a partir de su entrada en vigor, aunque los hechos materiales y jurídicos que han dado origen al proceso sean anteriores" (SS.TS. 18/4/1998; 8/6/1984); no se trata de un problema de retroactividad, por cuanto no se pretende su aplicación a una situación anterior, sino al justo momento preciso en que la legislación anterior resulta inaplicable por expresa derogación. Este principio subyace en las disposiciones transitorias de la LEC de 2000 y, precisamente por ello, el procedimiento que no ocupa se ha tramitado siguiendo lo regulado en la vigente LEC, entre cuyas normas se encuentra la enervación de desahucio con las reformas introducidas por la repetida Ley 26/2005, las cuales son lógicamente aplicable a todos los procesos iniciados con posterioridad a su entrada en vigor, como es este caso.

El demandado alega que cabe la enervación de la acción de desahucio. De conformidad con la doctrina expuesta anteriormente podría enervar la acción de desahucio, pero sin embargo procede indicar que no cabe entrar a resolver sobre la enervación de la acción de desahucio al pretenderse en el caso de autos por la parte actora la resolución del contrato de arrendamiento por falta de pago de la campaña agrícola 2.000/2.001. En este sentido, hay que decir que el acuerdo tomado en sesión extraordinaria en fecha 5 de Enero de 1.983 por el Ayuntamiento de xxxxx establecía que se adjudicaba al demandado 105 áreas de terreno perteneciente a la Dehesa Carnicera por un plazo de dieciocho años libre de impuestos y cargas, debiendo de empezarse a pagar la renta en el año 2.001 estando sujeta a los uso y costumbres de la localidad. Pues bien, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente hay que indicar que ha quedado acreditado la consignación por el demandado de la renta correspondiente a la campaña 2.000/2.001 durante el curso del procedimiento 162/02 seguido ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Cuenca (documento nº 3 aportado por la parte demandada), cumpliendo la misma los requisitos previsto en el artículo 1.176 y siguientes CC, de manera que al no haber impagado el demandado las rentas y las cantidades asimiladas a la misma no procede resolver el contrato de arrendamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 25 Ley Arrendamientos Rústicos.  

Por lo expuesto anteriormente no cabe sino desestimar íntegramente la demanda interpuesta por la representación procesal de la parte demandante.

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 394.1 L.E.C., dada la desestimación de la demanda se imponen las costas causadas en esta instancia a la parte actora.

Vistos los preceptos anteriormente mencionados y demás de general y pertinente aplicación,

 FALLO

Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador Don José Antonio Nuño Fernández, en nombre y representación del Ayuntamiento de Gascueña, contra Don Gregorio Ángel Gómez-Jarabo García, con imposición de las costas causadas a la parte actora.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma. Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de los de Cuenca y su Partido. Doy fe. 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres