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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Auto en apelación. Resolución no susceptible de apelación, sucesión por transmisión del objeto litigioso

Auto en apelación. Resolución no susceptible de apelación, sucesión por transmisión del objeto litigioso

A U T O   Nº  64/2010

ILMO. SR. PRESIDENTE:

SR. DÍAZ DELGADO.

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

SR. MARTÍNEZ MEDIAVILLA.

SR. CASADO DELGADO.

Ponente Sr. Martínez Mediavilla.

En la ciudad de Cuenca, a 18 de Octubre de dos mil diez.

Antecedentes de hecho

       I. Con fecha 24.11.2009 se dictó Auto por el Juzgado de Primera Instancia 4 de Cuenca en cuya parte dispositiva se establecía lo siguiente:

      "No ha lugar a tener como parte al procurador D. José Antonio Nuño Fernández en representación de D. L.M. en el presente procedimiento".

     II. Por la representación de don L.M. se formuló recurso de apelación frente al indicado Auto.

     El recurso de apelación se basa, en esencia, en lo siguiente:

     .Se le debe tener por parte en la ejecución ya que:

     -se ha producido la sucesión por transmisión del objeto litigioso;

     -el artículo 540 de la L.E.Civil contempla y admite la transmisión del crédito.

     III. Remitidas las actuaciones a esta Ilma. Audiencia Provincial, se procedió a su registro y a la formación del correspondiente rollo; asignándole el número 22/2010. Se turnó la ponencia al Magistrado Ilmo. Sr. Don José Eduardo Martínez Mediavilla. Se han observado las prevenciones legales; señalándose para que tuviera lugar la correspondiente deliberación, votación y fallo, el  día 13 de Octubre de 2010.

Razonamientos Jurídicos

      I. Conviene destacar que si bien es cierto que la tutela judicial efectiva, que garantiza el art. 24 de la C.E., comprende como un derecho más, de los garantizados por dicho precepto, el de utilizar los recursos legales procedentes contra las resoluciones judiciales, no lo es menos que el derecho constitucional de acceso a los recursos no tiene un carácter absoluto que permita la utilización de cualquiera de los recursos establecidos por el ordenamiento jurídico, en tanto está limitado al uso de aquellos recursos legalmente previstos para la resolución de que se trate,      (Ss. T.C. 157/89, 92/90, 16/92  y 55/92, entre otras ), ya que, como señala la S.T.C. 54/85, "la tutela no alcanza a cualquier recurso doctrinalmente aconsejable o hipotéticamente conveniente o deseable, sino a aquél que las normas vigentes del ordenamiento hayan establecido para el caso", y reitera el Tribunal Constitucional, entre otras en las Sentencias 23/92, 37/95 y 9/97, que "la Constitución Española no garantiza clase alguna de recursos judiciales, sino que tan solo asegura el acceso a los recursos legalmente previstos, y siempre que se cumplan y se respeten los presupuestos, requisitos y límites que la propia ley establece".

     Además, debe tenerse en cuenta que es perfectamente posible la inadmisión final del recurso aún cuando para ello hubiera de rectificarse la decisión inicial de admisión adoptada por el Juez "a quo". Y ello es así, de una parte, por la propia función revisora que cumple el recurso de apelación como recurso ordinario que realiza la función de depuración respecto del proceso apelado y de su resultado, y, de otra, porque el cumplimiento de los presupuestos procesales es de orden público y de carácter imperativo, y escapa del poder de disposición de las propias partes y del propio órgano judicial; lo que supone que no puede obligarse al órgano de segunda instancia a estar y pasar por la admisión decidida por el Juez que ha conocido el proceso "a quo", no obstante los defectos en que dicha resolución pueda incurrir, y que dicho examen haya de hacerse con independencia de que fuesen o no alegados tales defectos por la parte apelada en el curso del proceso, ( Ss.T.C. 202/88,  y 331/94).

     De acuerdo con la doctrina expuesta, resulta que en el caso de autos no podía interponerse recurso de apelación contra la resolución que decidía sobre la sucesión procesal en la ejecución, (so pena en caso contrario de proceder a admitir cualquier recurso que pudiera formularse con independencia de la resolución que se trata de impugnar, e infringir, en definitiva, el art. 24.1 C.E., como indican las Ss. del T.C. 187/89 y 212/93), y ello al no tratarse de un auto definitivo, conforme al tenor del artículo 207 de la L.E.Civil, ni preverse este recurso de forma expresa, conforme exige el artículo 562.1.2º del mismo Texto, ni encontrarnos en el supuesto que regula el artículo 563 de dicha Ley. En tal sentido se vienen pronunciando las Audiencias Provinciales; por ejemplo, Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 16ª, de 28.09.2004, recurso 950/2003.

    Por tanto, el recurso de apelación no debió ser admitido; y, en consecuencia y por todo lo analizado, resulta de aplicación el principio que establece que lo que inicialmente debió ser  causa de inadmisión se convierte en el momento de resolución en causa de desestimación.

      II. La  desestimación del recurso comporta la imposición de las costas de esta alzada a la parte recurrente, ( art. 398.1 de la L.E.Civil).

      Por lo expuesto,

Fallamos

      Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación origen de la presente resolución, al no ser susceptible de apelación la decisión recurrida, con imposición de las costas de esta alzada a la parte recurrente.

     Se acuerda la pérdida del depósito para recurrir efectuado por la representación de D. Luis Montero López.

     Notifíquese este Auto a las partes, haciéndoles saber que es firme y que frente a él no cabe recurso alguno.

   Devuélvanse las actuaciones originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la presente resolución, interesando el correspondiente acuse de recibo.

     Así lo acuerdan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados de la Sala, doy fe.

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