Blogia
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en Incidente Concursal derivado de Cna 183/2010. Facturas rectificativas de IVA

Sentencia en Incidente Concursal derivado de Cna 183/2010. Facturas rectificativas de IVA

SENTENCIA Nº 48/2010 (mrc)

En Cuenca, a ocho de septiembre de dos mil diez.

Vistos por Doña Maria Milagros García Marugán, Jueza del Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Cuenca, con competencia exclusiva en materia mercantil, los presentes autos incidentales nº 183/2010 dimanantes del procedimiento concursal n° 183/2010, sobre impugnación de lista de acreedores, promovidos a instancia de la  AGENCIA ESTATAL TRIBUTARIA, representada y asistidos por el Abogado del Estado en la representación que ostente de la AEAT, de la Administración concursal en el concurso voluntario nº 183/2010 de la mercantil “CASA MORA, S.A., representada por la Procuradora Doña Mª Ángeles Paz Caballero y asistido por el Letrado Don Jesús Celada Montón, contra la administración concursal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Abogado del Estado se presento demanda impugnando la lista de acreedores, interesando se reconozcan como créditos del art. 80.3 de la Ley 37/1992 del Impuesto del Valor Añadido, según redacción dada por la Ley 62/2003, estableciendo una regla especial para las modificaciones de bases imponibles, respecto del exponiendo primero de su escrito, se solicita se reconozcan los créditos nacidos de la facturas rectificativas de IVA (de 490,49 euros, importe conjunto de 1.561,78 euros), como créditos de la Hacienda Publica contra la masa (post-concursal) y subsidiariamente con el privilegio legal, pero no ordinarios de los créditos derivados de las facturas rectificactivas enumeradas en el exponendo de hechos primero y segundo. Se rectifique e incluyan la factura rectificativa de IVA, por importe de 144,96 euros de “xxxxx SL”, y sea reconocida como deuda del art 80.3 de la ley 37/1992 según redacción de la Ley 62/2003, contra la masa (post-concursal) por la Administración Concursal. Por último se acuerde el aumento del crédito reconocido a la Hacienda Pública por las facturas rectificativas de IVA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La Agencia Estatal de la Administración Tributaria, plantea diversas cuestiones:

En primer lugar, interesa respecto de las facturas rectificativas por importe de 490,49 euros, importe conjunto de 1.561,78 euros, y 144,96 euros, se le reconozcan como crédito contra la masa conforme al art. 80.3 de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el siguiente desglose:

-xxxxxx SA, número de orden 1, número de facturas  rectificadas 1, importe de IVA aceptado: 490,49 euros.

-AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, número de facturas rectificadas: 5, importe de IVA aceptado: 1.561,78 euros.

En segundo lugar, la AEAT interesa  se reconozca la inclusión de la factura rectificada de IVA, de xxxxxxxx SL”, de base imponible de 906 euros, con IVA rectificado de 144,69 euros.

     Debemos tener en cuenta que el crédito interesado por la actora, en este momento debe reconocerse al haberse presentado la documentación que acredita su existencia, sin embargo conforme lo establecido en el 92.1 de la Ley Concursal debe considerarse como crédito subordinado al no resultar de la documentación del deudor y no constar de otro modo en el concurso y haber sido comunicado con posterioridad a la comunicación de créditos efectuada, por lo que debe reconocerse como crédito subordinado 144,96 euros.

     La cuestión de si las facturas rectificadas de IVA, deben ser consideradas como créditos contra la masa concursal, ha sido resuelta recientemente por el Tribunal Supremo en sentencia de uno de septiembre de dos mil nueve, en el sentido de reconocerlo como crédito concursal y no como crédito contra la masa, fijando como doctrina que los créditos por IVA contra el deudor por hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso, con independencia del momento de conclusión del plazo para la liquidación constituyen créditos concursal.

     Precisamente el Tribunal Supremo basa su conclusión en los siguientes argumentos:

a) Esta doctrina ha sido seguida por diversas Audiencias Provinciales.

b) Las Audiencias Provinciales han seguido una doctrina similar, aplicada a las circunstancias de cada supuesto, en relación con las facturas de rectificación del IVA.

c) El nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible, que coincide con el momento del devengo, a tenor de lo dispuesto en los arts. 20 y 21 LGT 1963.

d) Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito en favor de la Hacienda Pública por el IVA, que es el de la realización del hecho imponible, determina que el crédito tenga carácter concursal si se ha producido con anterioridad a la declaración del concurso, en virtud de lo establecido en el art. 84.2.10º de la Ley Concursal, aunque el plazo establecido por las normas tributarias para la liquidación haya concluido con posterioridad.

e) El carácter de obligación legal del crédito por IVA, sujeto a la legislación especial tributaria, no comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de nacimiento del crédito, puesto que el art. 167 de la Ley del IVA se limita a establecer, en relación con su liquidación, el momento en que los sujetos pasivos deben determinar e ingresar la deuda tributaria. La liquidación constituye, según las normas generales de la LGT, un acto, encuadrado en el procedimiento de gestión, apto para la cuantificación provisional o definitiva de la deuda tributaria, pero no altera, si nada especial se establece, el momento del devengo.

f) La legislación concursal obliga a estar a la fecha del nacimiento de la obligación y la fijación de este momento como determinante del carácter concursal o contra la masa del crédito correspondiente constituye una garantía del mantenimiento del principio de igualdad entre los acreedores del concursado. Este principio no puede verse alterado en función de la mejor adaptación a los principios del Derecho tributario en torno a la regularidad temporal y efectividad de la liquidación. Estos últimos principios deben ceder para hacer posible el cumplimiento de los principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción de los privilegios que se les reconocen.

Si las normas que regulan esta materia se conjugan de esta forma, forzoso es reconocer que un crédito contra la masa que no se haya devengado no tiene que incluirse en la relación que dispone la norma.

     Por lo que tendrán la consideración de créditos contra la masa, conforme se vaya produciendo su vencimiento. Por lo expuesto debe desestimarse la petición de la AEAT en este punto.

     Asimismo interesa que se rectifique los créditos concursales de aquellos acreedores que han presentado facturas rectificativas, debe reconocerse esta petición realizada por al AEAT, de tal forma que el crédito reconocido a San Antonio de Cuenca, debe establecerse en 490,90 euros, como crédito ordinario, y a AEAT de 1.561,48 como crédito ordinario.

     SEGUNDO.- Para concluir con las pretensiones de la AEAT, la misma en el suplico de la demanda, que aunque evidentemente no es el momento oportuno para plantearlo en cuanto que todavía estamos en la fase común del concurso, interesa subsidiariamente el reconocimiento de privilegio legal, que no es sino la petición de la aplicación del art 77 de la Ley General Tributaría, para el caso de que no se admitan lo solicitado en los exponiendos primero y segundo de la demanda de impugnación.

     El art. 77 de la LGT, establece en su numero primero que la Hacienda Publica tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el Registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga consta en el mismo el derecho de la Hacienda Publica, sin perjuicio de los dispuesto en los arts. 78 y 79 de esta Ley. Añadiendo el numero segundo del citado articulo que en caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio incluidos los derivados de la obligación de realizar pago a cuenta, quedaran sometidos a lo establecido en la Ley 22/03 de 9 de julio .

     Es decir el citado art. 77 pretende sustraer de los efectos del concurso a los créditos tributarios cuando finalice por liquidación, y precisamente es esta la finalidad de la AEAT con su pretensión en la presente demanda.

     Dicha cuestión ha sido analizada por diversas Audiencias Provinciales, siendo destacable la resolución dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 19 de julio de dos mil seis, en el que se establece  que a su vez se remite a la sentencia de fecha 29 de junio de dos mil seis “Efectivamente, para la resolución  de la presente controversia debemos partir de la consideración de que la Ley Concursal constituye una ley especial respecto de las normas generales que regulan la concurrencia y prelación de los créditos fuera de la situación de concurso. La especialidad de la situación del estado de insolvencia declarado con la apertura del concurso es la que explica la voluntad del legislador, reflejada en el art. 89.2 LC, de que en estos casos los créditos concúrsales queden afectados por la situación concursal conforme a las reglas previstas en la propia Ley Concursal, y en concreto conforme a la clasificación prevista en los arts. 89 y ss LC, y las normas que regula la incidencia de esta clasificación en la aprobación y los efectos del convenio (arts. 122, 125 y134 LC) o el orden de prelación para el cobro en caso de abrirse la liquidación (arts. 154 y ss LC).

La especialidad viene justificada por la excepcionalidad que supone la situación concursal, que presupone la imposibilidad de un deudor común de cumplir de forma a sus obligaciones exigibles (art. 2.2 LC), actual o próxima -esto último sólo en caso de concurso voluntario-, y que exige un tratamiento especial de los créditos afectados por el concurso, presidido por el principio de la par condictio creditorum como regla general, debiendo ser sus excepciones contadas y siempre justificadas. Además, y en aras de una mayor claridad, el legislador ha querido que no se admitan más privilegios dentro del concurso que los regulados por la propia Ley concursal, de modo que cualquier ley posterior que quiera variar el régimen de clasificación de créditos del concurso debe modificar expresamente la ley concursal.

De hecho, con la aprobación de la Ley concursal, para sujetar todos los créditos del deudor concursado a las reglas en ella contenidas, no hubieran sido necesarias las disposiciones adicionales que modificaron las normas legales que regulaban los distintos créditos a los que fuera del concurso se les reconoce preferencias de cobro. De no haberse introducido estas disposiciones adicionales, no por ello hubiera dejado de aplicarse la ley concursal, no sólo por tratarse de una ley posterior, sino sobre todo por su especialidad, cuando el deudor es declarado en concurso de acreedores.

En el caso del crédito tributario se da la circunstancia de que la Ley General Tributaria sufrió una nueva regulación, aprobada unos meses después de la Ley concursal, en concreto por Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

Aunque nada se regulara a continuación, se entiende, por una interpretación sistemática de las normas del ordenamiento jurídico, que este régimen general queda sustituido, en caso de concurso de acreedores, por el especial previsto en la Ley concursal. De ahí que la regulación contenida en el número 2 del art. 77 LGT resulte superflua, cuando dispone que "En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursar”, pues aunque no se contuviera, seguiría siendo aplicable a dichos créditos la Ley concursal, pero no sólo en el supuesto previsto de convenio, sino también en caso de liquidación. No cabe pues interpretar la omisión del precepto a la liquidación concursal como una exclusión de la aplicación de la ley concursal a los créditos tributarios cuando se opte por esa solución concursal.

Por otra parte, en la Ley concursal existe un trámite específico para la clasificación de los créditos, sin que se prevea, una vez aprobada la lista de acreedores, que la clasificación pueda variar dependiendo de si se opta por el convenio o se abre la fase de liquidación, ni, consiguientemente, exista un trámite especial para reclasificar un crédito, en fase de liquidación, lo que pone en evidencia cómo la pretensión de la Agencia Tributaria rompe el esquema legal del concurso. Esta ruptura ocasiona además situaciones absurdas y perjudiciales para terceros. Estas derivan del hecho de que fuera del concurso concurren distintas normas legales que reconocen preferencias a los créditos que regulan (como pueden ser, entre otras, la Ley General Tributaria, la Ley General de la Seguridad Social o el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Hipotecaria, la Ley de propiedad intelectual, la Ley del contrato de seguro...), que una vez integradas permiten conocer en qué medida unos créditos son preferentes a otros o se encuentran en el mismo grado de prelación cuando concurren en una tercería de mejor derecho. La Ley concursal supone, en caso de concurso del deudor común, un sometimiento de todos los acreedores a un régimen mucho más restrictivo de preferencias que el extraconcursal, y resultaría absurdo que por la exclusión pretendida la Hacienda Pública no sólo no se viera afectada por la Ley concursal en caso de liquidación, sino que, como los demás sí que lo estarían, la situación de la Hacienda Pública fuera en relación con el resto de los acreedores que gozan de privilegio fuera del concurso mucho más beneficiosa que si no existiera el concurso, porque concurría al cobro de su crédito sin ninguna limitación concursal, a las que sí estarían sujetos los otros acreedores.

Bajo estas consideraciones resulta irrelevante que en el trámite parlamentario la redacción del número 2 del art. 77 hubiera sufrido una modificación, sustituyendo la original mención a "en caso de concurso, los créditos tributarios quedarán sometidos a lo establecido en la Ley concursal por la finalmente aprobada: "en caso de convenio concursal, los créditos tributarios quedaran sometidos a lo establecido en la Ley concursal. Resulta irrelevante porque tanto una como otra mención legal resultaban innecesarias, pues la especialidad de la ley concursal bastaba para excepcionar el régimen general de la Ley tributaria en caso de concurso, siempre y cuando no se excluyera expresamente, que no es el caso.”

     En atención a lo expresado no puede acogerse la petición de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.  

TERCERO.- Respecto de las costas procesales, en cuanto a la demanda incidental interpuesta por la AEAT, al haberse estimado parcialmente la demanda interpuesta, conforme lo establecido en el art. 196 y 394 LEC, no procede hacer especial pronunciamiento sobre las costas.

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

ESTIMACIÓN parcial de la demanda interpuesta por el Abogado del Estado en nombre y representación de la AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, con los siguientes pronunciamientos:

     1º- No se reconoce como crédito contra la masa, sino como crédito concursal,  los créditos derivados de las facturas rectificativas por importe de 490,49 euros, importe conjunto de 1.561,78 euros, con el siguiente desglose:

-xxxxx SA, número de orden 1, número de facturas  rectificadas 1, importe de IVA aceptado: 490,49 euros.

-AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, número de facturas rectificadas: 5, importe de IVA aceptado: 1.561,78 euros.

2º.Deberá la Administración Concursal rectificar los créditos teniendo en cuenta las facturas rectificativas del IVA de los acreedores anteriormente mencionados.

3º Debe la Administración concursal reconocer, al haberse presentado la documentación que acredita su existencia, como crédito subordinado la factura rectificada de IVA, de “xxxxx SL”, de 144,69 euros.

4º No ha lugar a lo solicitado en el suplico de la demanda.

     5º No ha lugar a pronunciamiento sobre las costas.

     Comuníquese a la Administración concursal que deberá introducir las modificaciones acordadas.

Contra la presente sentencia no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que pueda volver a suscitarse la cuestión en el recurso de apelación más próximo, siempre que las partes formulen protesta en el plazo de cinco días desde la notificación de la presente resolución, o desde la presentación de los textos definitivos para los demás interesados, exclusivamente para éstos en cuanto a las modificaciones ordenadas.

Notifíquese esta resolución a las partes de este incidente y al concursado, cuyo original quedará registrado en el Libro de sentencias quedando testimonio de la misma en estos autos.

Así lo acuerdo y firmo, Doña Maria Milagros García Marugán, Jueza del Juzgado de Primera Instancia nº2 de Cuenca, con competencia exclusiva en materia mercantil. Doy fe.

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario doy fe.

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres