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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en Ordinario mercantil 500/2009. Responsabilidad del administrador por deudas sociales

Sentencia en Ordinario mercantil 500/2009. Responsabilidad del administrador por deudas sociales

En la ciudad de Cuenca, a  veintidós de julio de dos mil diez.

Vistos por mí Mª MILAGROS GARCÍA MARUGÁN, Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca y su partido, con funciones exclusivas en materia mercantil, los presentes autos de JUICIO ORDINARIO número 500/2009, promovidos por la mercantil xxxxx S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Yolanda Araque Cuesta y defendida por la Letrada Dª. Ana Ines Verdet Ródenas, contra la mercantil xxxxxx IMPORT S.L., y D. xxxxxx ambos representados por la Procuradora de los Tribunales Dª Encarnación Catalá Rubio y defendidos por el Letrado D. Luis M. Soriano Santos, relativos a reclamación de cantidad y sobre acción individual de responsabilidad del administrador por las deudas sociales, atendiendo a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora Dª. Yolanda Araque Cuesta, en la representación señalada, se presentó, con fecha 30 de julio de 2009 demanda de juicio ordinario sobre reclamación de cantidad y demanda contra la mercantil xxxx IMPORT, SL y contra la persona física D. xxxxxx, como administrador único de la referida mercantil codemandada, en la que tras el relato fáctico, aducía los fundamentos de derecho que estimaba de aplicación y terminaba solicitando que se dictase Sentencia por la que estimando la demanda, se condenase al demandado conforme al petitum de dicho escrito, y la expresa condena en costas.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la citada demanda, por auto de fecha 14 de septiembre de 2009, se dio traslado de la misma a la mercantil  xxxxxx IMPORT S.L., y D. xxxxxxx, emplazándole para que contestara a la misma en el plazo de 20 días; tal y como previene el artículo 404 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, presentándose escrito por la representación procesal de la parte demandada, oponiéndose a la demanda, con fundamento en las  alegaciones que creyó convenientes y que aquí se dan por reproducidas.

TERCERO.-El día señalado, se procede a la práctica de la Audiencia Previa, celebrándose el acto del juicio el día 7 de julio de 2010, practicándose los medios probatorios propuestos y declarados pertinentes en la Audiencia Previa, quedaron los autos conclusos y vistos para sentencia.

CUARTO.- En la sustanciación de este juicio se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte actora  interpuso demanda de juicio ordinario en la que se ejercitaba acción de reclamación de cantidad por importe de 44.958,90 euros, basada en los siguientes hechos:

1.             La parte actora dedicada a la industria y al comercio de la fabricación y venta al por mayor de material e instrumental de uso agrícola, teniendo relación comercial con la mercantil xxxxx S.L., y tangencialmente con la demandada xxxxx IMPORT  S.L., ambas empresas tiene total identidad y constituyen dos empresas vinculadas, con un objeto social prácticamente idéntico comprar y revender maquinaria agrícola, la diferencia es que la primera tiene taller de reparación y la segunda puede realizar operaciones de exportación e importación y, con un mismo Administrador único D. xxxxxx

2.             La empresa demandante xxxxxx SA, a finales e diciembre de 2008, contacta con D. Alonso Martínez, indicándole que iba ha remitir unas vareadoras a xxxxx IMPOR SL, y no a xxxxxxxxxx SL, ya que incurriría en un incumplimiento de contrato de distribución con la Marca xxxxxx ESPAÑA, SA., al tener incompatibilidad con esta marca para Albacete.

3.             Que con fecha 1 de diciembre de 2008, se decepcionan por la mercantil demandada una serie de mercancías que fueron recibidas en conformidad , sin que mediase reclamación alguna en relación a las mismas, por lo que la parte actora procedió a emitir las facturas nº FV 081155 de fecha 1-12-2008 que ascendían a un total de 42.257,35 euros, cantidad que se pasaría al pago en tres recibos, que la parte actora no ha satisfecho ninguno de ellos ocasionando unos gastos de devolución por importe de 2.701,55 euros, por lo que la actora reclama la cantidad de 44.958,90 euros.

La parte demandada se opuso en la contestación a las pretensiones de la parte actora alegando en síntesis que el pago de la cantidad reclamada no se efectuó porque las partidas suministradas no se habían solicitado, y  que puestos en contacto con HISPAES, está les solicito que se decepcionaran, que las maquinas habían salido por error y pasarían  recogerlas, con el compromiso por  la actora a no hacer la facturación.

Que la empresa xxxxxx SL., entre los años 2007 y 2009, venia tenido muchos problemas con las maquinas (tijeras y vareadoras) suministradas por la mercantil xxxx y que a su vez esta vendía a sus clientes, por su mal funcionamiento así como roturas y fallos, provocando quejas, perdida de clientes y múltiples reparaciones de las maquinas por la propia mercantil xxxxx, SL., dichas maquinas no se ajustaban al estándar de calidad suscrito, lo que determinó su inhabilidad para el fin a que estaba destinado y su difícil comercialización, sin que la recepción de las mercancías acreditase su compromiso de compra debido a que las mismas no eran conformes con la calidad y  el destino pactado.

Dichas incidencias que se sucedieron en el tiempo por almacenes, talleres, intermediarios o consumidores finales, fueron dando lugar a comunicaciones entre las partes, poniendo de manifiesto que la demandada no tenia intención de comprar mas maquinaria a la actora, por los graves defectos en las mimas y su difícil comercialización y, así se lo comunica el 19 de Diciembre de 2008 (Doc. 15 de la contestación), solicitando no se pasen al cobro los recibos pendientes, la devolución de la mercancía y abono de la misma así como su ruptura de relaciones comerciales.

SEGUNDO.-En los supuestos de cumplimiento defectuoso o incompleto por el vendedor de su obligación consistente en entregar la cosa vendida al comprador, dentro de la relación negocial que define el contrato de compraventa, la jurisprudencia viene distinguiendo entre los casos en que se da un verdadero y pleno incumplimiento contractual o "aliud pro alio", tanto por haberse entregado una cosa distinta a la convenida, como por inhabilidad absoluta del objeto vendido, que lo hace impropio para el fin a que había sido destinado y produce la insatisfacción total del comprador, existiendo una diversidad, bien sustancial, bien funcional, lo que permite acudir a la protección general que disponen los artículos 1101 y 1124 del CC y aquellos otros casos en que el objeto de la compraventa adolece de vicios o defectos ocultos en su calidad o idoneidad, dificultando la utilidad perseguida, de manera que el comprador puede, en definitiva, usar y obtener una ventaja de la cosa vendida.

En el caso de la compraventa mercantil, el régimen del saneamiento por vicios de la cosa vendida se contiene en las normas específicas del articulo 336 y 342 del C de Co., el primero de los cuales se refiere a los vicios manifiestos y el segundo a los vicios ocultos, siendo estas normas de aplicación preferente a las del CC, siempre que se trate de una prestación defectuosa por vicio del producto, y no la entrega de cosa distinta, en cuyo caso se deberá acudir a las acciones generales de incumplimiento contractual. De la regulación contenida en dichos preceptos se infiere que sobre el comprador recae la obligación de realizar un examen puntual de la mercancía recibida y denunciar sus defectos dentro de un breve plazo, como condición previa e inexcusable para el ejercicio de las correspondientes acciones.

TERCERO.- Es un principio general del derecho ampliamente debatido por la doctrina y consagrado por la jurisprudencia, y hoy recogido en el art. 217 LEC , que corresponde al actor probar la existencia de los hechos en los que basa su pretensión, es decir los denominados hechos constitutivos.

De la prueba practicada en el acto del juicio , testifical de D. A., (habiendo renunciado la parte actora al interrogatorio de parte) y  la pericial de D. Juan Esteban Cornejo y al interrogatorio de parte actora, pruebas propuestas y admitidas en el acto de la Audiencia Previa, ha quedado acreditada la entrega de las mercancías y la recepción de las mismas, con las reservas antedichas , así el testigo anteriormente mencionado, distribuidor de las maquinas de xxxx que compra a la demandada xxxx IMPOR SL, y respecto del que no se formuló tacha  conforme a   lo establecido en el art. 378 de la LEC, declaró que él mismo de todas las vareadoras compradas que suministraba  xxxxx tan solo dos no han dado problemas el resto daban serios problemas las varas se rompían al enchufarse y los cañones a los quince días, que el reclamaba al demandado y este reparaba las maquinas siempre que tenia repuestos. Que compra a la demandada otras maquinas de diferente marca y que no le dan problemas. El perito que se ratifica en el informe y ampliación del mismo presentado, manifiesta que las maquinas son utilizadas por profesionales interesados en hacer un buen uso de ellas, que son conocedores de su funcionamiento, que el número de maquinas con fallos, en relación con las vendidas y la rapidez con que los estos fallos aparecen hacen inútil el producto para el uso que de él se espera.

 En base a lo expuesto y dado el gran coste a cargo de la comercializadora (reparaciones, piezas , mano de obra) unido a la mala imagen comercial que le crea a ésta, hace dudar que la demandada encargase mas maquinas a xxxxx, cuando aún tiene maquinaria de la misma sin vender, por ello debemos concluir  que las maquinas recibidas por la parte demandada, no fueron solicitadas por la misma, por ser maquinaria que no se  ajustan a la solicitado, existiendo inhabilidad  de las mismas para el uso a que iban destinadas, procede por ello la destinación de la demanda presentada.

 

CUARTO.- De forma alternativa y/o subsidiaria se ejercita por el demandante acción de responsabilidad civil del administrador por las deudas sociales, prevista y regulada en el artículo 105.5 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, por incumplimiento de los deberes legales (convocatoria de junta) caso de incurrir la entidad en causa legal de disolución o de solicitar la disolución judicial por la causa prevista en los apartados b y e del artículo 104 del mismo texto.

La acción individual establecida en el art. 105.5 de la LRSL, la misma que se recoge en el art. 262.5 de la LSA, ha venido siendo estudiada por la jurisprudencia en el sentido de determinar si la misma tiene carácter indemnizatorio por el daño sufrido por el acreedor, o por el contrario, se trata de una responsabilidad legal de carácter sancionador derivado del incumplimiento de las obligaciones que dicho artículo impone a los administradores ante la concurrencia de alguna de las causas de disolución previstas en el art. 104 LRSL. La jurisprudencia viene decantándose por estimar que lo que configura el citado precepto es una responsabilidad de carácter sancionador, de manera que estaríamos ante una sanción civil que la ley dispone contra los administradores como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones de promover la disolución de la sociedad en determinadas situaciones. En tal sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 1999 , señala que la responsabilidad de los administradores que establece el art. 260.5 de la Ley de Sociedades Anónimas (del mismo contenido que el art. 105 de la LSRL), contiene un régimen especial para este supuesto frente al contenido en los artículos 133 y 135 del mismo texto legal, régimen especial fundado en la finalidad perseguida por el legislador de evitar que por el incumplimiento por los administradores de su obligación de promover el acuerdo de disolución de la sociedad, continúen actuando en el tráfico mercantil sociedades incursas en causas de disolución.

La responsabilidad de los administradores societarios se configura, en estos casos, como una pena civil como consecuencia de su inactividad (STS 15-7-1997 [RJ 1997, 5609]). Ese carácter sancionador hace innecesario acreditar la existencia de un daño así como tampoco la relación de causalidad entre la actuación negligente de los administradores y el daño sufrido, ya que esta acción no está basada tanto en el daño o perjuicio directo que el incumplimiento de las obligaciones de los administradores haya podido ocasionar a terceros, como en la sanción de carácter civil que se impone como consecuencia de ese incumplimiento. El carácter sancionador de esta norma determina que no nos encontremos ante una responsabilidad de carácter objetivo, ya que este tipo de responsabilidades está basado en una conducta antijurídica del sujeto sancionado, mientras que en la prevista en el art. 105.5 es el incumplimiento de las obligaciones que se le imponen como administrador ante la concurrencia de determinadas causas de disolución, lo que hace que surja la responsabilidad. Consecuencia de ese carácter sancionador, es la posibilidad de quedar exonerado de la sanción civil si acredita el cumplimiento de la obligación de convocar la Junta General para proceder a la disolución de la sociedad. En tal sentido la mencionada sentencia de 22 de diciembre de 1999, señaló que pueden ser admitidas como causas de exoneración las establecidas en el art. 133.2 de la LSA, pero que es necesario que se acrediten los hechos que motiven esa exoneración.

Aparte de lo que antecede y como requisitos concretos, para que exista responsabilidad solidaria de los administradores de una sociedad de responsabilidad limitada se hace necesario, de acuerdo con lo dispuesto en el núm. 5 del art. 105 de la LRSL, la concurrencia de dos requisitos: a) que como consecuencia de pérdidas dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente; b) que dichos administradores no cumplan con la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, cuando se dé la circunstancia del apartado anterior.

El actor manifiesta que la sociedad codemandada se encuentra en la situación prevista en los apartados b y e del artículo 104 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. En relación al apartado b), dado que el mismo se refiere a que la Sociedad Limitada se disolverá por acuerdo de la Junta General, no es necesario su análisis dado que en el presente caso, lo que se alega es precisamente la no adopción de este acuerdo cuando existe causa legal que obliga a su adopción.

El apartado e) de dicho artículo, sin embargo, establece que la Sociedad Limitada se disolverá “por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

A tal respecto, corresponde a la parte actora probar la causa de disolución citada; no obstante, en el presente caso dicha prueba resulta “diabólica” dada la existencia del cierre de la hoja registral –sin perjuicio de la posibilidad que ofrece la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil para recabar dichos datos vía diligencias preliminares-; a pesar de lo anterior, la parte demandada aportó, junto con el escrito de contestación a la demanda, balance de situación del ejercicio 2007, Del examen de toda la documentación anterior se establece que, a fecha de presentación de la demanda, la sociedad demandada se encuentra en ejercicio, sin que pueda desprenderse que la misma se encuentra sin actividad social. 

Como consecuencia de lo anterior, procede desestimar la acción de responsabilidad civil del Administrador por las deudas sociales, al no concurrir la causa alegada.

QUINTO.- Dispone el art.394.1 de la LEC que  en los procesos declarativos las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones.

De acuerdo con el principio del vencimiento que se recoge en el artículo anteriormente reseñado, procede  imponer las costas a las partes demandante.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

QUE DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por la  Procuradora de los Tribunales Dª. Yolanda Araque Cuesta, en nombre y representación de la entidad mercantil xxxx, SA., en reclamación de cantidad y acción de responsabilidad civil del administrador contra la xxxx IMPORT SL y D. xxxxx, con expresa condena en costas a la parte demandante.

Líbrese testimonio de la presente, la cual quedará unida a los autos de su razón, quedando el original en el presente libro.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días ante este Juzgado, para su posterior sustanciación ante la Audiencia Provincial.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

 

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