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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en Ordinario mercantil sobre cooperativas 537/2008. Liquidaciones por baja

Sentencia en Ordinario mercantil sobre cooperativas 537/2008. Liquidaciones por baja

SENTENCIA Nº 41/2010 (mrc)

En Cuenca, a dieciséis de julio de dos mil diez.

Vistos por Dª Mª Carmen Buendia Rubio, Magistrada-Juez Stta. del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de los de Cuenca y su partido, con competencia exclusiva en materia mercantil, los presentes autos sobre JUICIO ORDINARIO  nº 537/08, seguido entre partes, de un lado, como demandantes, D. xxx, D. xxxx, Dª. xxxx, D. xxxx, D. xxxx, D. xxxx, D. xxxx, xxxx, Comunidad de Bienes formada por D. xxx, D. xxx Y Dª Mª xxx, D. xxx, D. xxxxx, D. xxxx, Dª xxxx, D. xxxx, D. xxxx Y D. xxxxx, representados por la Procuradora Sra. Susana Pérez Lanzar y asistidos por el Letrado Sr. D. Juan Antonio Martinez Fernández y, de otra parte como demandada, la mercantil “SOCIEDAD COOPERATIVA XXXXXX” representada por el Procurador Sr. Marcilla López y asistida por el Letrado Sr. D. Jose Luis Pérez Medina.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora Sra. Susana Pérez Lanzar, en la representación indicada, se presentó demanda de Juicio Ordinario frente a la mercantil demandada, en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó con la súplica de que se dictara sentencia con los siguientes pronunciamientos: 1).- Que se anulen y dejen sin efecto las liquidaciones de las aportaciones correspondientes a las bajas como socios de los demandantes, realizadas por el Consejo Rector de la Cooperativa demandada y ratificadas por su Asamblea General (documentos 27 a 43), condenando a la Cooperativa demandada a estar y pasar por dicho pronunciamiento; 2.- Se declare que las aportaciones de los demandantes a la Cooperativa demandada y que han de ser objeto de reembolso por parte de ésta, están compuestas por la aplicación del porcentaje establecido  para cada uno de ellos en el hecho quinto de la demanda, sobre el patrimonio neto de la Cooperativa calculado según el valor real de los activos de ésta, condenando a la demandada a estar y pasar por dicho pronunciamiento; 3.- Que se condene a la Cooperativa demandada a practicar en el plazo máximo de un mes, unas nuevas liquidaciones  a los demandantes que no contengan deducción alguna por pérdidas; 4.- Que se condene a la Cooperativa demandada a practica r en el plazo máximo de un mes, unas nuevas liquidaciones a los demandantes que no contengan deducción alguna por deudas y obligaciones pendientes de pago o por inversiones; 6.- Que se condene a la Cooperativa demandada a practicar en el plazo máximo de un mes, unas nuevas liquidaciones a los demandantes que no contengan deducción alguna por sanción por baja injustificada calculada sobre las aportaciones voluntarias, entendiendo por tales las suscritas por los socios en el año 1997 y calculado su valor en la forma establecida en los puntos 1 y 2 precedentes; 7.- Que se declare que en caso de que la Cooperativa demandada no practique las nuevas liquidaciones en el plazo que la efecto se le señale por la sentencia que se dicte y en la forma establecida por ésta, dichas liquidaciones serán practicadas por los demandantes y a costa de la Cooperativa demandada; 8.- Que se condene a la Cooperativa demandada al pago de las costas procesales causadas.

SEGUNDO.- Mediante Auto de fecha 13 de octubre de 2008 se admitió a trámite la demanda, dando traslado a la mercantil demandada a fin de contestarla en el plazo de 20 días.

TERCERO.- Dentro del plazo conferido a la parte demandada para contestar la demanda, por su representación procesal se presentó escrito en el que se alegaba como excepción procesal, defecto legal en el modo de proponer la demanda, alegando a continuación los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminando con la súplica de que se dictara sentencia por la que estimando la excepción procesal y las razones de fondo esgrimidas por dicha representación, se a): desestime íntegramente la demanda presentada, b): se impongan las costas a la parte actora.

CUARTO.- El 25 de marzo de 2009 tuvo lugar el acto de audiencia previa, compareciendo ambas partes debidamente representadas y asistidas, desestimándose la excepción alegada por el demandado de defecto legal en el modo de proponer la demanda. Ratificándose ambas partes en sus respectivas pretensiones, fijando los hechos controvertidos en: “forma de cálculo de las aportaciones, imputación por pérdidas y deducción por inversiones”. Abierto el período probatorio, la parte actora propuso: interrogatorio de parte, documental obrante, más documental y pericial; la parte demandada propuso: interrogatorio de los demandantes, documental obrante, testifical y pericial, admitiéndose toda la prueba propuesta a excepción de la reseñada en el apartado E d la 2) respecto de los acuerdos de sanciones del Consejo Rector, recurriendo la parte actor en reposición, desestimando el recurso SSª, formulando protesta la parte actora.

QUINTO.- En fecha 6 de abril de 2009, se tuvo por desistido al actor D. XXXXXX.

SEXTO.- En fecha 9 de febrero de 2010 tuvo lugar el acto de la vista al que comparecieron ambas partes debidamente representadas y asistidas, y tras la práctica de las pruebas propuestas y admitidas en el acto de audiencia previa, a excepción del interrogatorio de los actores al que renunció la parte demandada, tras el trámite de conclusiones, quedaron los autos vistos para dictar sentencia.

SEPTIMO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido al cambio de juzgado, por traslado, de la juez que presidió el acto de la vista.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte actora solicita en su demanda el dictado de sentencia por la que se acuerden todos y cada uno de los puntos interesados en el suplico de la misma y que han quedado reseñados en el antecedente primero de la presente resolución; oponiéndose la parte demandada en base a las alegaciones que esgrimió en su contestación a la demanda, solicitando la expresa imposición de las costas procesales a la parte actora. Quedando fijados los hechos controvertidos en: “forma de cálculo de las aportaciones sociales, imputación por pérdidas y deducción por inversiones”.

SEGUNDO.- En el presente procedimiento queda acreditado que la mercantil demandada adoptó por unanimidad, en Asamblea General Extraordinaria de fecha 26 de noviembre de 2006, el siguiente acuerdo: “1.- El compromiso de permanencia de los socios en la Cooperativa durante el plazo de cinco años desde esta fecha para hacer frente a las inversiones realizadas y pendientes; 2.- Obligación de los socios de responder, en la parte proporcional y de acuerdo con su participación en la actividad de la Cooperativa, de las inversiones realizadas y pendientes a día de la fecha en caso de solicitar la baja”; a consecuencia de dicho acuerdo, los hoy demandantes solicitaron la baja como socios en la Cooperativa, practicándoseles a cada uno de ellos la liquidación correspondiente (documentos 27 a 43 de la demanda), tomando como fecha de efectos de la baja entre los días 11 a 15 de diciembre de 2006, a excepción de Dª. XXX, D. XXXX y D. XXXXXX que se calificaron con efectos de fecha 22 de septiembre de 2006 y la correspondiente a D. XXXXX que fue calificada con efectos de fecha 4 de septiembre de 2006; entre los conceptos tenidos en cuenta par determinar la liquidación de los citados socios, se computaron los siguientes:  “pérdidas imputables al socio (ejercicio 06/07 y anteriores)”;  “deudas y obligaciones pendientes de pago”; y en algunos casos se tuvieron en consideración: “deducción por sanción”  y en otros “deducción por baja injustificada (20%)”, aportando nota informativa de dichos conceptos, a saber: la cuantía de la deducción “pérdidas imputables al socio de ejercicio 06/07 y anteriores” resulta de pérdidas acumuladas por la Cooperativa según el último Balance aprobado (747.754,89 euros)  que divididas por los kilos de uva entrados en la Cooperativa en las últimas cinco campañas (108.180.530 kilos) arroja un porcentaje de 0,0069; este porcentaje se multiplica por la totalidad de los kilos de uva entregados por el socio en las últimas cinco campañas y determina la cantidad de dinero imputable al socio por las referidas pérdidas. La cuantía de la deducción “Deudas y obligaciones pendientes de pago” resulta de las inversiones realizadas por la Cooperativa y pendientes de pago según el último balance (1,000.000 de euros) que divididas por los kilos de uva entrados en la Cooperativa en las últimas cinco campañas (108,180.530 kilos) arroja un porcentaje de 0,0092; este porcentaje se multiplica por la totalidad de los kilos de uva entregados por el socio en las últimas cinco campañas y determina la cantidad resultante imputable al socio por las referidas obligaciones pendientes de pago.  La “deducción por sanción impuesta” se refiere a la sanción que en determinados casos ha impuesto el Consejo Rector por la comisión de falta muy grave. La “deducción por baja injustificada (20%) se corresponde con la impuesta por el Consejo Rector en fecha 12.12.2006, para determinados casos.

Notificadas las liquidaciones a los socios actores, todos ellos recurrieron ante la Asamblea General (documentos 44 a 58 de la demanda), desestimando la misma, en sesión extraordinaria de fecha 20 de julio de 2008, los citados recursos, confirmando las liquidaciones practicadas por el Consejo Rector (documentos 59 a 73 de la demanda).

Liquidación que se practicó por la Cooperativa con arreglo a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Cooperativas: “1.- Los socios tienen derecho a exigir el reembolso de las aportaciones obligatorias y voluntarias en el caso de baja o expulsión de la Cooperativa. La liquidación de estas aportaciones se practicará a partir del balance de cierre del ejercicio social en el que se ha originado el derecho al reembolso, conforme a las normas contenidas en los párrafos siguientes. 2.- Del valor acreditado de las aportaciones al capital social suscritas por el socio, se podrán efectuar las siguientes deducciones y descuentos: a).- En los supuestos que corresponda, se deducirán, en primer lugar, las pérdidas imputadas o imputables al socio, reflejadas en el balance de cierre del ejercicio en el que se produzca la baja, ya correspondan a dicho ejercicio o provengan de otros anteriores y estén sin compensar; y, en segundo lugar, las sanciones económicas impuestas al socio que no hubieran sido satisfechas, así como aquellas obligaciones de pago que el socio tenga pendientes con la Cooperativa derivadas de su participación en la actividad cooperativizada o por cualquier otro concepto.........El socio disconforme con el resultado de dicho acuerdo podrá impugnarlo por el mismo procedimiento previsto en el artículo 30 de esta Ley...Las aportaciones voluntarias, en la cuantía que resulte de la liquidación, se reembolsarán en las condiciones que señale el acuerdo de su emisión o conversión”.   

 

TERCERO.- Alega la parte actora que en las cuentas anuales del ejercicio 2006/07 aprobadas por la Asamblea General de 20 de julio de 2008, sobre una cuenta de cliente de 781.011,18 euros, constan como de dudoso cobro 687.066,82 euros, generando la correspondiente provisión para insolvencias que minora el activo de la Cooperativa así como unas pérdidas que igualan las acumuladas durante todos los ejercicios anteriores, al respecto hay que referir en consonancia con lo alegado por la parte demandada y a la vista de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores que a fecha de 31 de agosto de 2006, la cifra de clientes de dudoso cobro es idéntica a la del ejercicio de 2007, constando en este ejercicio una provisión de insolvencias superior a la del ejercicio del 2006, en la cantidad de 10.152,02 euros, constando ya en el ejercicio de 1999/2000 la provisión de insolvencias de 619.932,84 euros, anualidad en la que las cuentas de la Cooperativa ya fueron auditadas como en los años sucesivos, siendo que la mayoría de los saldos de clientes de dudoso cobro provienen de dos clientes, “XXXX Sdad. Cooperativa Limitada”,  y “Grupo XXXXX S.L.”, ambas sin actividad alguna (documento 11 de la contestación a la demanda) 

Considera la parte actora que las aportaciones de los actores que deben ser objeto de reintegro no viene representada por cantidades económicas sino por kilogramos de cupo, es decir por una cantidad de kilogramos de producto (uvas) susceptible de ser entregado por el socio, sobre la capacidad total de la Cooperativa cifrada en XX,000.000 kilogramos (documentos 8 a 11 de la demanda), de tal forma que para poder calcular correctamente la liquidación de los actores, es preciso establecer el porcentaje de kilos de cupo que cada uno ostenta sobre el total de kilos de la Cooperativa      

A este respecto debe referenciarse lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Cooperativas de Cstilla-La Mancha: “1.- El capital social de las Cooperativas estará constituído por las aportaciones obligatorias y voluntarias efectuadas, en tal concepto, por los socios. 2.- Las aportaciones se acreditarán mediante títulos nominativos que en ningún caso tendrán la consideración de títulos valores, autorizados por el Secretario con el visto bueno del Presidente del Consejo Rector, numerados correlativamente, pudiendo emitirse títulos múltiples. También podrán acreditarse mediante libretas de participación nominativas. 3.- Las aportaciones se realizarán en moneda de curso legal y, si lo prevén los Estatutos o lo autoriza la Asamblea General, también podrán consistir en bienes y derechos susceptibles de valoración económica”. Así, en las sociedades Cooperativas, las aportaciones no tienen valor nominal ya que se representan mediante un sistema de anotación en cuenta por el importe de los distintos reembolsos que el socio realiza; debiendo distinguirse entre “cupo de la Cooperativa” que es la capacidad máxima de recepción, en este caso de uva, que tiene la Cooperativa, expresada en kilos de uva; el “cupo del socio” que es la cantidad máxima de kilos de uva que un socio tiene derecho a entregar a la Cooperativa, expresada en kilos de uva y “las aportaciones realizadas por los socios” que no tienen valor nominal sino que se cuantifican por los desembolsos efectivos que realizan los mismos, lo que suele ocurrir es que cuando la Cooperativa tiene necesidades financieras, solicita a los socios desembolsos de capital social, cuantificándose la suscripción de capital de cada socio en función del “cupo” de la Cooperativa. Por tanto, el valor de la aportación del socio al capital social de la Cooperativa es la suma total de los sucesivos desembolsos que cada socio ha realizado y no el porcentaje del cupo del socio con respecto al cupo de la Cooperativa (documento nº 11 de la contestación a la demanda).       

Alega la parte actora  que las aportaciones de los socios son, en unos casos obligatorias y en otros casos voluntarias, debiendo seguir procedimientos diferentes al establecer la calificación de la baja, alegando que al menos en el ejercicio 1997 se realizaron por algunos socios aportaciones voluntarias, al respecto, consta  en el informe pericial aportado en la contestación a la demanda (documento nº 11) que en la contabilidad de la Cooperativa no se reflejan aportaciones voluntarias.

Alega la parte actora que las liquidaciones deben practicarse no en función de la uva entregada en las cinco últimas campañas sino en función de su participación en el capital social, puesto que lo que debe devolver la Cooperativa no puede calcularse en función de la actividad cooperativizada de cada socio, ello no obstante, en las Cooperativas, el criterio de distribución entre los socios respecto de los beneficios y pérdidas  debe realizarse en base a la actividad cooperativizada, así, en relación con los beneficios, el artículo 68,5 de la Ley de Cooperativas establece: “El retorno cooperativo es la parte del excedente disponible que la Asamblea General puede repartir entre los socios, que se acreditará a los mismos en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizadas por cada socio con la cooperativa sin que en ningún caso pueda acreditarse en función de las aportaciones al capital social”. Para el caso de las pérdidas no compensadas, como son las que la Cooperativa descuenta en las liquidaciones practicadas a los actores, el artículo 69,c) de la Ley de Cooperativas establece: “Las cuantías no compensadas con los fondos obligatorios y voluntarios se imputará a los socios en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizadas por cada uno de ellos en la cooperativa”, afirmando la parte actora que “ningún acuerdo dictó la Asamblea General sobre imputación de pérdidas ni estableció los criterios para su compensación, por tanto, no cabe decir que se trate de pérdidas imputadas o imputables a los actores cuando causan la baja”, alegando al respecto la parte demandada  que en la Asamblea General de fecha 20 de julio de 2008 se aprobaron las cuentas anuales cerradas a fecha 31 de agosto de 2007 en los términos formulados por el Consejo Rector, incluyendo en el punto 3 de la memoria de dichas cuentas anuales, la propuesta de aplicación al resultado en los siguientes términos: “la propuesta de aplicación del resultado que se someterá a la aprobación de la Asamblea General, conforme al artículo 65 de los Estatutos sociales, será la de imputarlo a una cuenta especial para amortizarlo con cargo a futuros resultados positivos, dentro del plazo de diez años”, propuesta que fue aprobada, por tanto, es correcta la imputación de las pérdidas en base  a la aportación de uva de los cinco últimos años, conforme a lo dispuesto en el artículo 69,c) de la Ley de Cooperativas de Castilla La Mancha.  

CUARTO.- Respecto del origen de las deudas de la Cooperativa a fecha 2006/07, consta acreditado que parte de las mismas provienen de la necesidad de reintegro por parte de la misma de una subvención de 390.506,39 euros con cargo al FEGA-Garantía por almacenamiento de vinos de la campaña 1996/97, no realizando la Cooperativa la provisión para riesgos y gastos, cifrándose a fecha 31 de agosto de 2006 en 586.666,30 euros el importe a reintegrar en concepto de principal e intereses de demora, siendo en el ejercicio de 2006/07 cuando el Consejo Rector decidió contabilizar la provisión para riesgos y gastos, ratificado por la Asamblea General al aprobar las Cuentas Anuales de dicho ejercicio, siendo el importe total a fecha 31 de agosto de 2007 el de 596.022,41 euros.

Alega la parte actora que los socios demandantes solicitaron su baja en la Cooperativa fundamentalmente por los acuerdos alcanzados en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 26 de noviembre de 2006, ya reseñados anteriormente (fundamento de derecho segundo de la presente resolución), por considerar que efectivamente suponían nuevas obligaciones y cargas gravemente onerosas para ellos, haciendo referencia a la cantidad de 1,000.000 de euros de inversiones realizadas en ejercicios anteriores por la Cooperativa y pendientes de pago a fecha de confección del último Balance, cargando a los socios actores el coste de dicha inversión pero no se les abona el resultado, pues bien, dicha cantidad de 1,000.000 de euros deriva de un préstamo de Caja Rural de Cuenca suscrito en el año 2005 para financiar las inversiones de la Cooperativa durante los ejercicios 2004/05 y 2005/06, préstamo vigente a fecha 31 de agosto de 2007 y que en base  a lo dispuesto en el artículo 61,2,a) de la Ley de Cooperativas, la mercantil demandada imputó a los actores al practicarles su liquidación, descontándolo de forma proporcional a su actividad cooperativizada, no obstante, se considera a tenor de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Cooperativas que dicha imputación a los socios actores al practicarles su liquidación no es correcta, excediendo de los límites establecidos en dicho precepto, imputación que supondría un enriquecimiento injusto respecto de los socios que continúen siéndolo de la Cooperativa y no hallan causado baja en la misma, siendo precisamente la razón de que los actores causaren baja en la misma el hecho de tener que responder de dichas inversiones conforme a los acuerdos adoptados en la Asamblea General de 26 de noviembre de 2006, asistiendo la razón en esta punto a la parte actora, debiendo ser estimada la demanda a este respecto.

Alega la parte actora que en las liquidaciones practicadas por la Cooperativa a los socios actores, no se han tenido en consideración una  serie de retenciones para capital que se practicaron a los socios en la campaña de 1977/78 hasta la campaña 1986/87, al respecto, la perito Dª Pilar Alvarez Laguna cuyo informe pericial obra en autos, a la pregunta acerca de “Si aparecen reflejados y en qué cantidad, las retenciones realizadas a los demandantes en sus liquidaciones anuales, desde la campaña 1977/78 hasta la campaña 1986/87 y que pasaron a formar parte de sus aportaciones a capital, así como si dichas cantidades fueron anotadas a los demandantes en el Libro Registro de Aportaciones al Capital Social”,  reseña en el mismo que “No se ha podido verificar ya que la demandada no ha facilitado documentación que permita comprobar la contabilización de las retenciones de estos  últimos años ni su cuantía, ni su reflejo en el Libro de Registro de Aportaciones al Capital Social, ya que dicho Libro no existe”, por tanto, ala vista de lo anterior, se considera que asiste la razón a la parte actora en este punto, al no constar contabilizadas en las liquidaciones practicadas por la Cooperativa a los socios actores, las retenciones reseñadas, debiendo ser estimada la demanda a este respecto. En consonancia con todo lo expuesto, se considera que la inversión de 1,000.000 de euros ya referenciada, no debería haberse computado en las liquidaciones practicadas a los socios actores y sí, en cambio, deberían habérseles computado las retenciones ya referenciadas, por tanto, la demanda debe ser estimada en lo que respecta a estos extremos, en consecuencia, deben estimarse los puntos 1, 5 y 7 de la demanda.      

QUINTO.- Dada la estimación parcial de la demanda, no se hace expresa imposición de las costas procesales causadas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

 

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Susana Pérez Lanzar en nombre y representación de D. XXXXXXX, frente a la mercantil “SOCIEDAD COOPERATIVA XXXXXX” representada por el Procurador Sr. Marcilla López, debo acordar y acuerdo:

1.- Que se anulen y dejen sin efecto las liquidaciones de las aportaciones correspondientes a las bajas como socios de los demandantes, realizadas por el Consejo Rector de la Cooperativa demandada y ratificadas por su Asamblea General, las cuales se acompañan como documentos 27 a 43, ambos inclusive, condenando a la Cooperativa a estar y pasar por dicho pronunciamiento.

2.- Que la Cooperativa demandada deberá practicar en el plazo de un mes, unas nuevas liquidaciones a los demandantes, que no contengan deducción alguna por deudas y obligaciones pendientes de pago o por inversiones.   

3.- Que en caso de que la Cooperativa demandada no practique las nuevas liquidaciones en el plazo señalado, un mes, dichas liquidaciones serán practicadas por los demandantes y a costa de la Cooperativa demandada.

 4.- No se hace expresa imposición de las costas procesales causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella pueden interponer Recurso de Apelación, en el plazo de CINCO DIAS, ante este Juzgado y para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cuenca.

 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior resolución por la Sra. Juez que la dictó en el día de su fecha. Doy fe.

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