Blogia
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en apelación derivada de Ordinario 331/2009. Acuerdos nulos o anulables, plazo de caducidad

Sentencia en apelación derivada de Ordinario 331/2009. Acuerdos nulos o anulables, plazo de caducidad

S E N T E N C I A  NUM. 118/2010

       En la ciudad de Cuenca, a veinticinco de junio de dos mil diez.

       Vistos en trámite de recurso de apelación los autos de juicio  Ordinario número 331/2009 procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cuenca y su partido, promovidos a instancia de DOÑA xxxxx, en su propio nombre y  representada por la Procuradora de los Tribunales  Doña Susana Melero de la Osa, contra xxxxxx S.A,  representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Yolanda Araque Cuesta y asistido por el Letrado Don Ernesto Prieto Sánchez; en virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada en primera instancia de fecha a diez de noviembre de dos mil nueve; habiendo sido ponente el Ilmo. Sr. Presidente Don Antonio Díaz Delgado. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En los autos indicados al margen se dictó sentencia de fecha a diez de noviembre de dos mil nueve, en cuya parte dispositiva se establecía, literalmente: "ESTIMAR la demanda interpuesta por la Procuradora Doña Susana Melero de la Osa, en nombre y representación de Doña xxxxxx, en contra de xxxxxx, S.A. con los siguientes pronunciamientos: 1º Se declara la nulidad de los acuerdos adoptados en la Junta de 26 de Junio de dos mil ocho de nulidad de los acuerdos adoptados en la Junta de  26 de junio de 2007 que aprueban  primero fijar una retribución  de 1500 euros a mes a favor  de los Sres. xx y xxx, fijar una retribución de 1500 euros a 3000 euros por 14 pagas, fijar unas retribuciones por primas de gestión y permitir que tales retribuciones sean facturadas por los Consejeros o por las  Sociedades pro ellos participadas .

             2º Se declara la nulidad de otros acuerdos sociales que  posteriormente se haya tomado o puedan ser tomados por la sociedad demanda y que traigan causa de los acuerdos objetos  de impugnación o sean posteriores a estos.

       3º Se ordena la cancelación de las  inscripciones practicadas en el Registro Mercantil de los acuerdos cuya nulidad se declare conforme a lo dispuesto en el art. 113 del Reglamento del Registro Mercantil, así como de los posteriores.

       4º Se ordena la cancelación de los asientos que  traigan causa de los anteriores acuerdos cuya nulidad se declara y 5º Se condene a la sociedad demandada a estar y pasar por tales declaraciones y en consecuencia a reintegrar en el patrimonio social el importe de las retribuciones percibidas por los Consejeros Delegados al aparo de los acuerdos que se declaren nulos, con expresa condena en costas.".

       SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se preparó y después interpuso por Doña Yolanda Araque Cuesta, Procuradora de xxxxx, S.A. , recurso de apelación en tiempo y forma, recurso que fue admitido a medio de providencia de fecha a nueve de diciembre de dos mil nueve, dándose traslado a las partes contrarias para que pudiera presentar escrito de oposición al recurso o impugnar la sentencia en aquellos extremos que pudieran resultarles desfavorables.

       Con fecha cinco de Enero de dos mil diez, Doña Susana Melero de la Osa, procuradora de los Tribunales y de Doña Inmaculada  Ruiz Tendero, presentó escrito oponiéndose al recurso interpuesto.

       TERCERO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, con fecha veinticinco de enero de dos mil diez, se procedió a formar el correspondiente rollo, asignándosele el número del margen, turnándose ponencia y habiéndose cumplido la totalidad de las previsiones legales, sin que se estimara necesaria la celebración de vista, y señalándose para que tuviera lugar la correspondiente deliberación, votación y fallo el  día  veintisiete de abril de dos mil diez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Los acuerdos cuya nulidad principal se reclaman son los tomados o adoptados en la junta de 26 de junio de 2007, no de 2008 como se dice en la parte de "petición" de la demanda. En dicha fecha se celebró junta general ordinaria a fin de ratificar  los acuerdos del Consejo de Administración de 26/01/2006 y 3/07/2006 donde se fijan los emolumentos o retribuciones de las que trae causa el presente procedimiento.

Centrada así  la cuestión, hemos de señalar primero, que la presente demanda fue  interpuesta el 27/06/2008 según consta como  fecha de ingreso en el Decanato de los juzgados de Cuenca.

Segundo, que estamos ante el ejercicio de una acción de caducidad. Sabido es que la caducidad a deferencia de la prescripción no admite interrupciones estando ante un plazo inexorable en el tiempo pues de  antemano ya se sabe cuando se extingue la acción, o el derecho.

Tercero, el ejercicio de esta acción de caducidad conforme a los artículos alegados en la sentencia recurrida,  en cuanto al plazo  para ejercitar la acción, no debe contarse como erróneamente parece  que hace  la sentencia recurrida, desde la fecha de la adopción de los acuerdos  tomados por el Consejo de Administración, sino desde la fecha en que son ratificados por la junta general de accionistas. Véase que los artículos 115 y 116, hablan de que "podrán ser impugnados los acuerdos de las Juntas", Y la junta general para ratificar los acuerdos se celebró el 26 de junio de 2007.

Cuarto, para el computo del plazo de caducidad ha de tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 5 del Código Civil, y por consiguiente no se excluyen los días inhábiles, contándose de fecha a fecha, quedando excluido el día de la adopción del acuerdo, y si fueran inscribible  desde la fecha de la  publicación en el  Boletín Oficial del Registro Mercantil (Artículo 116.3º).

SEGUNDO.-  Sentado todo lo anterior, decir que si la actora  entra en poder de las acciones el 26 de julio de 2006,  en principio como persona perteneciente a la Junta General de Accionistas, el 26 de Junio de 2007 esta legitimada para realizar la presente impugnación.

No obstante siendo los plazos de caducidad distintos según estamos ante  acuerdos nulos o anulables, hemos de empezar por establecer si estamos ante acuerdos nulos o anulables. La sentencia recurrida parece tratarlos como  acuerdos nulos, si bien este Tribunal entiende que tratándose de retribuciones que se  aprobaron a los administradores, el acuerdo  no es nulo, pues no va contra la ley, toda vez que la propia Ley Sociedades Anónimas (Articulo 130) establece la retribución de los Administradores  incluso de distintas maneras. Ahora bien para que a los administradores se les retribuya debe constar asi en los Estatutos. De aquí que no constando tal retribución, su acuerdo ratificando en la junta general de accionistas supone un acuerdo  contrario a los Estatutos y por ello  un acuerdo anulable. Y lo mismo podemos decir  de aquellos otros de los que la demanda  solicita la impugnación, que en términos genéricos en la demanda se manifiesta que traen su causa o bien posterior a estos, que por su  inconcrección debieron ser  desestimados, sin mas, pues el concepto de "causa" referida a la aprobación de unos  emolumentos o una participación en las ganancias deben ser concretados  por la demandante, en orden a no producir indefensión a la otra parte.

Pues bien atendiendo al fundamento jurídico primero de la  sentencia recurrida, que fija los acuerdos adoptados,  ratificados en la junta general impugnante, todo se refiere a emolumentos  así como una prima, por participar en la gestión del negocio  que es otra forma de retribución, como se dijo,  estamos ante un acuerdo anulable, pues aun en el supuesto que se hayan aprobado estas "primas" por  participación en la gestión de la sociedad, cuando esta tenía dificultades de financiación, no deja de ser otro acuerdo  anulable, pues  es un acuerdo que  lesiona a la Sociedad en beneficio de unos accionistas, pues los administradores a los que se le fijaron dichas primas eran accionista, en  perjuicio de la sociedad. No pudiendo concluirse  que son acuerdos nulos, por quebrantar como dice la demandante, los deberes de  fidelidad o lealtad, conceptos diferentes  al establecimiento de unas retribuciones  no reconocidas en los Estatutos, que en definitiva es lo que se refiere la impugnación, ya que se puede ser fiel y leal en la gestión de la sociedad, y cobrar o no por ser administrador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

TERCERO.-  Por lo tanto el plazo de caducidad, que es apreciable de oficio, es de 40 días desde su adopción o si necesitaban de inscripción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil desde que se inscribieron, siendo el plazo de 40 días naturales.

Conforme al documento obrante en autos, folios 66, documento 4 de los aportados por la demandada la demandante obstenta legitimación activa, pues consta su oposición al acuerdo.

CUARTO.-  Este acuerdo no figura  que fuera inscrito en el  Boletín Oficial del Registro Mercantil, hemos de suponer que por considerar que no  era inscribible.  No obstante esta  cuestión, ninguna de las partes ha hecho la más mínima mención a este requisito, y además no obstante, al día de hoy, de la documentación aportada la sociedad demandada esta disuelta de aquí que no partamos de tal fecha.

Por lo tanto si nos fijamos en el otro momento  inicial para contar el plazo de caducidad de 40 días naturales, que es la fecha de adopción del acuerdo, la acción ejercitada estaba caducada cuando se ejercitó, y por ello el presente recurso de apelación debe prosperar, revocando la resolución recurrida.

QUINTO.-  Las costas de esta alzada (Articulo  398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) al estimarse el recurso de apelación no procede imponerlas a litigante alguno.

En cuanto a las costas de la primera instancia procede su imposición al demandante.

Por lo expuesto,

FALLAMOS

       Que debemos estimar y estimamos el presente recurso de apelación, revocando la resolución recurrida íntegramente sin hacer expresa imposición de costas en esta alzada, e imponiendo las de primera instancia a la parte demandante.

       Contra esta resolución no cabe recurso de apelación.

       Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

PUBLICACIÓN.- Esta sentencia ha sido leída y publicada el mismo día de su fecha por el Magistrado ponente, y se ha celebrado audiencia pública. Doy fe.

SENTENCIA DICTADA EN PRIMERA INSTANCIA

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres