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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Auto en apelación derivado de inadmisión a trámite de procedimiento monitorio basado en contrato de financiación

Auto en apelación derivado de inadmisión a trámite de procedimiento monitorio basado en contrato de financiación

AUTO  num. 3/2010

Ilmos. Sres.:                       

Presidente:                         

   Sr.  Díaz Delgado     

Magistrados :                       

   Sr.  Casado Delgado              

   Sra. Vicente de Gregorio         

   En Cuenca, a cinco de febrero de dos mil diez.

                      ANTECEDENTES DE HECHO

   Primero.- En los autos indicados al margen, por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Cuenca se dictó auto de fecha siete de mayo de dos mil nueve cuya Parte Dispositiva es del siguiente tenor literal: "Se Inadmite la demanda de proceso monitorio interpuesta por la Procuradora Sra. Araque Cuesta, en nombre y representación de BANQUE PSA FINANCE, SUCURSAL ESPAÑA, frene a D. P.C.V. y Dª. D.H.M."

 

   Segundo.- Notificada la anterior resolución a la parte actora, por la representación procesal de BANQUE PSA FINANCE, SUCURSAL ESPAÑA se preparó e interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación por medio de escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando a la Sala " … se dicte resolución mediante la que, se estime íntegramente el presente recurso de apelación y se revoqeu el meritado auto de instancia, se acuerde que se formen los autos de procedimiento monitorio sustanciándose por los trámites del artículo 812 y siguientes de la LEC, declarándose competente territorialmente este Juzgado para conocer de dicha solicitud y conforme establecer la LEC se efectúe el requerimiento previsto en el art. 815 de la lEC, todo ello de conformidad con lo solicitado en nuestro escrito de demanda".

 

   Tercero.- Admitido a trámite el recurso de apelación y recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el correspondiente Recurso de Autos Civiles asignándole el nº 61/2009, se turnó ponencia que recayó en el Magistrado Ilmo. Sr. D. Ernesto Casado Delgado y se señaló para deliberación, votación y fallo el día dos de febrero del año en curso.

 

                     FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

   No se aceptan los razonamientos jurídicos contenidos en la resolución recurrida.

 

   Primero.- La petición inicial del procedimiento monitorio seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Cuenca con el 274/2009 a instancia de BANQUE PSA FINANCE, SUCURSAL ESPAÑA, frene a D. P.C.V. y Dª. D.H.M. trae causa de la reclamación por importe de la suma de 18.360,60 euros más intereses pactados a que asciende la deuda vencida, impagada y exigible derivada del préstamo de financiación nº XXXXXXX suscrita en fecha 10/02/2006.

 

 

   Segundo.- Por el Juzgado de Instancia se dicta auto de fecha 7 de mayo de 2009 en el que se acuerda la inadmisión de la petición de procedimiento monitorio esgrimiendo los siguientes argumentos:

 

   - La cantidad reclamada por la actora tiene un cauce procesal específico a través de los artículos 572 y siguientes de la LEC y si bien constituye un privilegio para las entidades financiera, justificado por las necesidades del tráfico económico, tiene como contrapartida la necesidad de intervención del Notario para asegurar que la liquidación se efectúes conforme a la pactado.

   - La finalidad del procedimiento monitorio es la de proteger de forma rápida y eficaz el crédito de particulares y empresarios pequeños y medianos, condiciones que no concurren en el caso de las entidades dedicadas profesionalmente al préstamo.

   - La utilización del procedimiento monitorio permite eludir el control del Notario al efectuar una liquidación unilateral, lo cuál constituye un fraude de ley de conformidad con el art. 6.4 del CC, que puede ser apreciado de oficio y por este motivo no procede la admisión de la demanda.

   - Finalmente hace alusión la Juzgadora " a quo" a una resolución de la Audiencia Provincial de Madrid ( Sección 19 ) auto de fecha 2 de febrero de 2004, manifestado que la ausencia de un pacto de liquidación hace depender la eficacia y validez del contrato de una sola de las partes en contra de lo previsto en el art. 1256 del CC, y por lo tanto debería entenderse como cláusula abusiva y, por consiguiente, nula y apreciable de oficio.

 

   Tercero.- Por la representación procesal de la entidad BANQUE PSA FINANCE, SUCURSAL ESPAÑA se deduce recurso de apelación contra el auto por el que se acuerda no admitir a trámite la petición inicial de procedimiento monitorio, argumentando al respecto que nos encontramos en presencia de un contrato de préstamo en el que con la entrega del dinero por una de las partes, en este caso la recurrente, se agota el cumplimento del sinalagma contractual, por lo que el deudor lo es desde el principio y por la cantidad que recibe a lo que debe añadirse los intereses pactados, siendo de aplicación el criterio jurisprudencial uniforme y reiterado que preconiza que "… en esta clase de contratos no hay obligación ilíquida, sino una obligación perfectamente determinada pero sometida a plazo, y si se pierde el beneficio del plazo ésos resultan inmediatamente exigibles", de modo que interesa la revocación de la resolución recurrida y que se ordene al Juzgado de Instancia la admisión de la demanda de procedimiento monitorio y su sustanciación por sus trámites.

 

 

   Cuarto.- El recurso de apelación merece acogimiento por parte de este Tribunal.

 

   En efecto, constituye doctrina mayoritaria la que preconiza que en el presente momento procesal de la solicitud y admisión o inadmisión de la petición de procedimiento montorio, lo que debe efectuarse es una valoración de la verosimilitud de la deuda no una confirmación de esa verosimilitud, es decir, como indica el art. 815 de la LEC 1/2000, valorar si los documentos aportados con la petición inicial constituyen un principio de prueba del derecho del peticionario confirmado por lo que se exponga en aquella, pronunciándose el órgano jurisdiccional mediante providencia, por lo que no cabe que el mismo realice una actividad de declaración sobre la base documental del crédito aportado; es decir, no cabe entender que el legislador prevé "un trámite de admisión", de naturaleza indudablemente declarativa, sino que únicamente permite al órgano jurisdiccional requerir al deudor si los documentos son los previstos en el art. 812.2 de la LEC 1/2000 o, si son otros, que constituyan principio de prueba del derecho del peticionario.

   Al respecto, se acompaña con la petición inicial monitorio instado por la entidad BANQUE PSA FINANCE SUCURSAL EN ESPAÑA el contrato de préstamo de financiación a comprador de bienes muebles suscrito en fecha 10 de febrero de 2006 y el certificado de deuda de fecha 26 de noviembre de 2008 y de dicha documentación resulta: a) el préstamo de la suma de 25.800 euros de principal más 3.739,41 euros de intereses; b) la devolución del mismo en 48 cuotas de 418 cuotas ( 47 cuotas por importe de 414,03 euros y la cuota final por importe de 10.080 euros); c) intereses remuneratorios  mensuales al 5,143; d) pacto de vencimiento anticipado para el caso de falta de pago de dos cualesquiera de los plazos o del último de ellos, facultándose al financiador para exigir de inmediato el abono de la totalidad de la deuda pendiente, extinguiéndose el aplazamiento.

   Pues bien, siendo que como afirma el Juzgador "a quo" que la petición no puede resultar admitida al no tener encaje la reclamación derivada de un contrato de préstamo en el procedimiento monitorio al tener un cauce prcedimental específico en los arts. 572 y siguientes de la LEC que exigen la intervención de un Notario, eludiéndose de este modo dicho control y efectuando una liquidación unilateral, debe manifestarse que la precedente argumentación no es compartida por este Tribunal. Debe subrayarse que las escrituras o pólizas de préstamo son líquidas "ab initio", al contrario de lo que ocurre con las pólizas de crédito en las cuales la cantidad es ilíquida hasta tanto no se practique la oportuna liquidación. Precisamente por eso, el Tribunal Supremo tiene declarado que debe estarse a las fechas de las pólizas que reflejan una indiscutible realidad crediticia que comporta una deuda exigible, como, por ejemplo, cuando la cantidad figurada es entregada al tiempo de su suscripción, pero no ocurre lo mismo en aquellos casos en que la deuda no puede conocerse de antemano y precisa de una exigibilidad indubitada del crédito, cual es la oportuna liquidación y fijación del saldo, y en todos los casos la preferencia viene referida a la fecha de esa operación de determinación (S. de 20-9-1991, que cita a las de 4-7-1989 y 9-7-1990 ). En suma, existen contratos como el de autos, en los que se fija inicialmente la cantidad entregada, y que debe ser restituida por el prestatario, bastando con simple operaciones aritméticas para determinar el saldo resultante en cada momento, en función de lo satisfecho, calculando del mismo modo el interés devengado, al tipo pactado, por lo que la cantidad siempre es líquida a efectos de despachar ejecución, sin perjuicio de los eventuales motivos de oposición: pago, pluspetición, etc., que puedan aducirse por el prestatario en el momento procesal oportuno.

   Y en este sentido se ha pronunciado autorizada doctrina y la jurisprudencia denominada menor al señalar que cuando el contrato contenga una cláusula de vencimiento anticipado, de manera tal que el impago de uno de los plazos pactados acarrea el vencimiento de los demás, el Juez deberá considerar vencida la obligación como hizo el TS, por ejemplo, en la sentencia de 31-7-1986, y librar el requerimiento de pago monitorio, una vez que se le acredite, en virtud de un principio de prueba, dichos extremos, esto es, la existencia de una estipulación contractual de tal naturaleza y la aportación del recibo o recibos no satisfechos ( Audiencia Provinciales de Asturias, Secc. 5ª, de 11 de octubre de 2002; de Madrid, Secc  11ª, de 12 de diciembre de 2003; Palencia, Secc. 1ª, de 16 de junio de 2003; Asturias, Secc. 4ª, de 18 de marzo de 2003, en la que se significó que "...Esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión mediante Auto e 20 de febrero del año en curso recaído en un caso muy similar al presente. Habrá de insistirse aquí, como se indica en dicha resolución, que este Tribunal considera al igual que la Sección 1ª de esta Audiencia Provincial en su Auto de 28 de noviembre de 2002 y la 5ª, en el de 11 de octubre de 2002, que cuando estamos en presencia de un préstamo, en el que se entrega una cantidad al prestatario que se compromete a su devolución mediante al abono de cuotas de amortización, no cabe duda de que las cantidades adeudadas revisten la condición de líquidas. Así lo indicó el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones al señalar que la deuda dimanante del préstamo es líquida ab initio contraponiéndolo a las pólizas de crédito que sólo tienen este carácter desde que se proceda a su liquidación (S del TS de 9-7-90, 20-9-90, 31-12-98) .

 

   En el presente la documentación que se acompaña a la petición de procedimiento monitorio cumple los requisitos del artículo 812 de la LEC, dado que: a)La misma es de la clase que habitualmente documentan créditos y deudas en relaciones de préstamo con intereses y restitución fraccionada en plazos; b) el contrato de financiación justifica una deuda inicial y los telegramas y la certificación son instrumentos referidos a un vencimiento anticipado y una deuda líquida y vencida por razón de la ejecución del préstamo.; c) la certificación de deuda creada unilateralmente por el acreedor puede ser documento bastante para la admisión a trámite de un procedimiento monitorio, y ello sin perjuicio del derecho de los demandados a oponerse a la existencia de la deuda o a su concreta cuantificación y d) la cantidad reclamada es inferior a la inicialmente adeudada (no se está reclamando por encima de lo escriturado).

 

   Concurren, por lo dicho, los requisitos establecidos para la admisión a trámite del procedimiento monitorio.

 

   Quinto.- Estimado el recurso de apelación- ex art. 398.2º de la LEC- no se efectúa expreso pronunciamiento sobre las costas procesales correspondientes a la presente alzada.

 

 

   Vistos los artículos citados y demás  preceptos de aplicación general, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Ernesto Casado Delgado.

 

 

                        PARTE DISPOSITIVA

 

 

   Que estimando como estimamos íntegramente el recurso de apelación interpuesto por Dª. Yolanda Araque Cuesta, Procuradora de los Tribunales y de BANQUE PSA FINANCE, SUCURSAL ESPAÑA, contra el auto de fecha siete de mayo de dos mil nueve dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Cuenca en el Procedimiento Monitorio nº 274/2009, al que se contrae el presente Recurso de Autos Civiles nº 63/2009, declaramos que debemos REVOCAR COMO REVOCAMOS INTEGRAMENTE LA RESOLUCION RECURRIDA y, en su lugar, dictamos la presente por la que acordamos que por el Juzgado de Instancia proceda a la admisión a trámite de la petición inicial de Procedimiento Monitorio deducida por BANQUE PSA FINANCE, SUCURSAL ESPAÑA, frene a D. P.C.V. y Dª. D.H.M. y de a los autos el curso ordenado por la Ley; todo ello sin expreso pronunciamiento respecto de las costas procesales correspondientes a la presente alzada.

 

   Cúmplase lo establecido en los artículos 248.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 208.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

   Así lo acuerdan y firman los Ilmos. Sres. al margen referenciados, doy fe.

 

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

 

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