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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en Incidente Concursal 383/2009 derivado de CNO 457/2008 Construcciones y Proyectos Júcar SL

Sentencia en Incidente Concursal 383/2009 derivado de CNO 457/2008 Construcciones y Proyectos Júcar  SL

SENTENCIA Nº 46/09 (mrc)

En Cuenca, a uno de diciembre de dos mil nueve

Vistos por Doña Maria del Carmen Díaz Sierra,  Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Cuenca, con competencia exclusiva en materia mercantil, los presentes autos incidentales dimanantes del procedimiento concursal n° 457/08, promovido por Doña J.D.M., representado por la Procuradora Doña Sonia Martorell Rodríguez y asistido por el Letrado Don Francisco Javier Jouve Fernández de Avila contra CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS JUCAR SL.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Por la Procuradora Doña Sonia Martorell Rodríguez en la representación acreditada en autos, presento demanda de juicio verbal que correspondió a este Juzgado ,en la que en síntesis alegaba que la actora es propietaria de la propiedad sita en la calle XXXXX nº29 4º A de  Cuenca. Como consecuencia de las obras de construcción realizadas por la demanda, se produjeron filtraciones produciendo daños en los techos y paredes , humedades y grietas, valorado en 690 euros.  Tras aducir los fundamentos de derecho que estimaba de aplicación terminaba solicitando se dictara sentencia por la que se condene al demandado a realizar las reparaciones necesarias en la vivienda de su propiedad  a fin de evitar las actuales y futuras filtraciones y los posibles daños valorados en 1000 euros o en aquella cantidad que pudiera determinarse en ejecución de sentencia en concepto de indemnización por daños y perjuicios ocasionados en el local de su propiedad, coste de las reparaciones necesarias en la forma y con los precios especificados en el informe pericial aportado, mas los intereses conforme a los artículos 1100 y 1108 del Código Civil y art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y expresa imposición  de las costas procesales a  la parte demandada a tenor  del art. 394 LEC

SEGUNDO.- Admitida la demanda por resolución de once de junio de dos mil nueve , se emplaza a las partes para la celebración de la vista así como a la Administración Concursal .

TERCERO.- En el acto de la vista, tras las alegaciones de la parte actora y la Administración Concursal  y practicada la prueba propuesta y admitida, quedaron los autos vistos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-El actor ejercita la acción de responsabilidad extracontractual prevista en el art. 1902 del Código Civil , con el fin de que se condene al demandado a reparar  diversos daños en su finca.

El art. 1902 del Código Civil establece "el que por ac­ción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negli­gen­cia­, está obligado a reparar el daño causado". lo que  exige para su éxito la concurrencia de tres elementos: A) Una acción u omisión voluntaria, realizada sin malicia, pero contraria al mandato general de actuación diligente; B) La existencia de unos daños y C) La existencia de un nexo causal entre dicha conducta y el evento dañoso.

      La carga de la prueba del nexo causal cuya concurrencia se exige para que pueda declararse la responsabilidad y que corresponde a la parte actora que reclama la reparación de los daños y perjuicios causados como consecuencia de la acción negligente del demandado debe ser interpretada a la luz de la doctrina jurisprudencial que se recoge en numerosas sentencias:  debe determinarse la suficiencia o deficiencia del elemento causal pretendido por la parte actora, como productor del daño que se pide indemnizar (SSTS de 26 de octubre de 1981 , 28 de febrero de 1983 , 24 de noviembre de 1986 , 6 de marzo de 1989 , 27 de octubre de 1990, etc.). Tal y como expresa el Tribunal Supremo, en su sentencia de 13 de febrero de 1993 , para la determinación de la existencia de la relación o enlace preciso y directo entre la acción u omisión –causa– y el daño o perjuicio resultante –efecto–, la doctrina jurisprudencial viene aplicando el principio de la causalidad adecuada, que exige, para apreciar la culpa del agente, que el resultado sea una consecuencia natural, adecuada y suficiente para la determinación de la voluntad; debiendo entenderse por consecuencia natural, aquella que propicia, entre el acto inicial y el resultado dañoso, una relación de necesidad, conforme a los conocimientos normalmente aceptados; y debiendo valorarse en cada caso concreto, si el acto antecedente que se presenta como causa, tiene virtualidad suficiente para que del mismo se derive, como consecuencia necesaria, el efecto lesivo producido, no siendo suficientes las simples conjeturas, o la existencia de datos fácticos que, por una mera coincidencia, induzcan a pensar en una posible interrelación de esos acontecimientos, sino que es preciso la existencia de una prueba terminante relativa al nexo entre la conducta del agente y la producción del daño, de tal forma que haga patente la culpabilidad que obliga a repararlo.

     El demandado no comparece, compareciendo la administración concursal a la que se le dio traslado de la demanda.

     Debemos analizar la prueba desarrollada en el acto del juicio, únicamente documental y pericial. De esta ultima ha quedado acreditado conforme el informe pericial emitido y debidamente ratificado en el acto del juicio ha quedado acreditada la existencia de los daños, , en concreto grietas y humedades, valorados en 690 euros.

     La carga de la prueba del nexo causal cuya concurrencia se exige para que pueda declararse la responsabilidad y que corresponde a la parte actora que reclama la reparación de los daños y perjuicios causados como consecuencia de la acción negligente del demandado debe ser interpretada a la luz de la doctrina jurisprudencial que se recoge en numerosas sentencias:  debe determinarse la suficiencia o deficiencia del elemento causal pretendido por la parte actora, como productor del daño que se pide indemnizar (SSTS de 26 de octubre de 1981 , 28 de febrero de 1983 , 24 de noviembre de 1986 , 6 de marzo de 1989 , 27 de octubre de 1990, etc.). Tal y como expresa el Tribunal Supremo, en su sentencia de 13 de febrero de 1993 , para la determinación de la existencia de la relación o enlace preciso y directo entre la acción u omisión –causa– y el daño o perjuicio resultante –efecto–, la doctrina jurisprudencial viene aplicando el principio de la causalidad adecuada, que exige, para apreciar la culpa del agente, que el resultado sea una consecuencia natural, adecuada y suficiente para la determinación de la voluntad; debiendo entenderse por consecuencia natural, aquella que propicia, entre el acto inicial y el resultado dañoso, una relación de necesidad, conforme a los conocimientos normalmente aceptados; y debiendo valorarse en cada caso concreto, si el acto antecedente que se presenta como causa, tiene virtualidad suficiente para que del mismo se derive, como consecuencia necesaria, el efecto lesivo producido, no siendo suficientes las simples conjeturas, o la existencia de datos fácticos que, por una mera coincidencia, induzcan a pensar en una posible interrelación de esos acontecimientos, sino que es preciso la existencia de una prueba terminante relativa al nexo entre la conducta del agente y la producción del daño, de tal forma que haga patente la culpabilidad que obliga a repararlo.

     De la pericial practicada en el acto del juicio ha quedado acreditado  este nexo causal entre la obra realizada por la demandada y los daños ocasionados  a la misma teniendo en cuenta que tal como ha declarado el perito que únicamente han aparecido las humedades y grietas en las paredes colindantes con la demandada, sin que el resto de las dependencias hayan sufrido daño alguno.

     En cuanto al requisito de la culpa cabe reseñar como señala, entre otras, la STS de 30 de diciembre de 1.997 que "la jurisprudencia tiende hacia el establecimiento de una responsabilidad objetiva en la derivada de eventos concretados en el art. 1.902 del CC , pero nunca lo ha realizado hasta el punto de establecer dicha responsabilidad objetiva de una manera absoluta y radical", añadiendo las STS de 9 y 19 de julio de 1.997 que "la jurisprudencia ha ido evolucionando hacia una minoración del culpabilísimo originario,... que viene a aceptar soluciones casi objetivas, demandadas por el incremento de actividades peligrosas propias del desarrollo tecnológico por el principio de ponerse a cargo de quien obtiene el beneficio o provecho la indemnización del quebranto sufrido por el tercero..." y que "el artículo 1.902 no sólo impone la obligación de reparar por omisión de normas inexcusables o aconsejadas por la más vulgar experiencia... , sino por no adoptar las precauciones que en cada caso aconsejan las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar..." , y al mismo tiempo en el campo procesal se produce una inversión de la carga de la prueba, acentuando el rigor de la diligencia debida. El artículo 1.104 del Código Civil remite a un estándar de la exigencia que correspondería a un buen padre de familia, expresivo de que la medida de diligencia exigible es variable en cada caso, y según la doctrina atiende a un criterio objetivo o abstracto cual es la diligencia que dentro de la vida social puede ser exigida en la situación concreta a persona razonable y sensata correspondiente al sector del tráfico de la vida social, cualificados por la clase de actividad a enjuiciar. La previsibilidad, muy unida a la evitabilidad son características de la culpa, en la cual no se ha querido el efecto, pero se considera que la persona causante debió mostrar más diligencia para evitarlo.

De todo ello debemos deducir que acreditado el nexo causal entre los daños sufridos por la actora y las obras realizadas  por el  demandado y considerando que la actuación del mismo puede calificarse como de culpable al no haberlas realizado adoptando las medidas de seguridad exigibles, debe concluirse la existencia al amparo del art. 1902 del Código Civil de responsabilidad, debiendo indemnizar en la cantidad de 690 euros por los daños causados.

Asimismo se interesa por la actora que se condene al demandado a efectuar las reparaciones necesarias para evitar las futuras filtraciones y los posibles daños valorados en 1000 euros.

De esta petición no puede sino desestimarse, en cuanto no se ha desplegado prueba alguna que acredite que tales daños se hayan  seguido  produciendo ( no debe olvidarse que los daños a cuya reparación esta obligado el actor se produjeron en octubre de dos mil ocho)   por lo que difícilmente se pueden indemnizar unos futuros daños cuya constancia o probabilidad de que aparezca no existe indicio alguno.

Por ultimo y en cuanto a la petición de la calificación del credito, corresponderá a la Administración Concursal realizar la  misma en el momento oportuno, pudiendo la parte actora impugnar tal calificación conforme lo establecido en la Ley Concursal.

 

SEGUNDO .- Al haberse reclamado una cantidad líquida y haber incurrido en mora la parte demandada, de conformidad con los artículos 1100, 1101 y 1108 del vigente Código Civil , dicha parte deberá abonar a la actora los intereses legales de la suma reclamada, desde la fecha de la interposición de la demanda hasta su total pago.

TERCERO - Al haberse estimado parcialmente la demanda de la parte actora, conforme al art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cada parte abonara sus costas y las comunes por mitad.

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

     ESTIMAR parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña Sonia Martorell Rodríguez en nombre y representación de Doña J.D.M. contra CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS JUCAR SL, condenando a la citada demanda a que indemnice a la actora en la cantidad de seiscientos noventa euros (690 euros ), mas los intereses legales desde el cinco de junio de dos mil nueve, sin especial pronunciamiento sobre las costas procesales. 

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se preparará en el plazo de cinco días desde su notificación.

Notifíquese esta resolución a las partes de este incidente y al concursado, cuyo original quedará registrado en el Libro de sentencias quedando testimonio de la misma en estos autos.

Así lo acuerdo y firmo, Doña Maria del Carmen Díaz Sierra, Juez del Juzgado de Primera Instancia nº2 de Cuenca, con competencia exclusiva en materia mercantil. Doy fe.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario doy fe.

 

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