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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en Incidente de Impugnación de Informe de A.C. derivado de CNA 361/2009. Facturas rectificativas.Art. 77 LGT.

Sentencia en Incidente de Impugnación de Informe de A.C. derivado de CNA 361/2009. Facturas rectificativas.Art. 77 LGT.

ENTENCIA Nº 28 (MERCANTIL)

En Cuenca, a veinte de octubre de dos mil nueve

Vistos por Doña Maria del Carmen Díaz Sierra,  Juez del Juzgado de Primera Instancia 2 de Cuenca, con competencia exclusiva en materia mercantil , los presentes autos incidentales nº 543/09 y 547/09  dimanantes del procedimiento concursal 361/09, promovido por la Procuradora Doña Maria Josefa Herraiz Calvo en nombre de C. S.  y asistido por el Letrado don Carlos Berzosa Arana, y AGENCIA ESTATAL  DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA representado y asistido por el Abogado del Estado, contra la ADMINISTRACIÓN CONCURSAL.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora Doña Maria Josefa Herraiz Calvo en la representación acreditada en autos, se interpone demanda de impugnación del informe concursal, con el fin de que se le reconozca el importe de la deuda en 3408,21 euros.

     Asimismo por el Abogado del Estado en nombre y representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria presento demandada de impugnación de la lista e acreedores y se acuerden como créditos de la Hacienda Publica contra la masa y subsidiariamente como concursales de los créditos derivados de las facturas rectificativas de IVA

SEGUNDO.- Admitidas la demandas  se dio traslado de las mismas a la Administración Concursal, que presento escrito allanándose a la demanda interpuesta por confecciones Selinac Sl, oponiéndose parcialmente a la interpuesta por la AEAT, interesando se reconozca a favor de la Agencia Tributaria la cantidad de 516,89 euros como crédito con privilegio general del art- 91.4 y 516,888 euros como crédito ordinario, minorando en el importe del IVA reconocido el crédito reconocido a las acreedores Creaciones Artenserie SL que ostentara un crédito ordinario por importe de 2465,67 euros y a García Morante SC que ostentara un crédito ordinario por importe de 633,60 euros , desestimando la demanda en cuanto a la calificación de crédito contra la masa del importe reconocido a la Agencia Tributaria con ocasión de las facturas rectificativas del IVA y todo ello sin expresa condena en costas.

TERCERO.- Considerando que la cuestión es estrictamente jurídica, quedaron los autos vistos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En primer lugar y respecto a la  pretensión interpuesta por Confecciones Selinac, y teniendo en cuenta la documental aportada así como el allanamiento formulado por la administración concursal, procede reconocer como crédito con la calificación de ordinario a C.S. SL, la cantidad de 3408,21 euros.

SEGUNDO.- Por parte de la AEAT, se alega que por la Dependencia Regional de Recaudación se ha puesto de manifiesto al respecto de las facturas rectificativas del IVA por un importe conjunto de 1003,77 euros, con el siguiente desglose:

XXX SA, IVA aceptado 513,21 euros.

XXX SL, IVA aceptado 398,18 euros.

XXX SC, IVA  aceptado 101,38 euros.

Interesando se proceda a reconocer las mismas de forma general como deuda contra la masa (post concursal ), conforme al art. 80 tres de la Ley 37/1992 del Impuesto del Valor Añadido.

     El impuesto del IVA es un impuesto de devengo instantáneo pero de liquidación periódica, pues se devenga para cada hecho imponible o actividad concreta en cada uno de los momentos descritos en el art. 75 de la Ley 37/1992, y de la misma forma individualizada se aplica, operación por operación, la correspondiente deducción conforme a los arts. 92 y sig. de aquella normativa. No puede afectar a tal consideración la circunstancia de que el conjunto de las operaciones realizadas por el profesional o el empresario se agrupen a los solos efectos de la gestión del impuesto en unos períodos de liquidación que oscilan entre el trimestre natural y el mes natural, según el volumen de operaciones de la empresa (art. 71-3 Reglamento del IVA), pues ello no puede equipararse a un genuino período impositivo, ya que ni la base ni la cuota se ven afectados por los hechos acontecidos durante ese lapso, sino que se trata de un simple periodo fiscal (establecidos por "comodidad administrativa" según expresión de alguna doctrina) en cuyo ámbito temporal se determina el importe de la deuda tributaria por la diferencia entre las cuotas devengadas y las soportadas durante ese período.

Tal como señala la Administración Concursal en su escrito de contestación a la demanda, tal cuestión ha sido resuelta recientemente por el Tribunal Supremo en sentencia de uno de septiembre de dos mil nueve, en el sentido de reconocerlo como crédito concursal y no como crédito contra la masa, fijando como doctrina que los créditos por IVA contra el deudor por hechos imponibles anteriores a la declaración del concurso, con independencia del momento de conclusión del plazo para la liquidación, constituyen créditos concursales.

     Precisamente el Tribunal Supremo basa su conclusión en los siguientes argumentos:

a) Esta doctrina ha sido seguida por diversas Audiencias Provinciales.

b) Las Audiencias Provinciales han seguido una doctrina similar, aplicada a las circunstancias de cada supuesto, en relación con las facturas de rectificación del IVA.

c) El nacimiento del crédito tributario por IVA tiene lugar con la realización del hecho imponible, que coincide con el momento del devengo, a tenor de lo dispuesto en los arts. 20 y 21 LGT 1963.

d) Aplicando este principio, debe entenderse que el momento de nacimiento del crédito en favor de la Hacienda Pública por el IVA, que es el de la realización del hecho imponible, determina que el crédito tenga carácter concursal si se ha producido con anterioridad a la declaración del concurso, en virtud de lo establecido en el art. 84.2.10.º de la Ley Concursal, aunque el plazo establecido por las normas tributarias para la liquidación haya concluido con posterioridad.

e) El carácter de obligación legal del crédito por IVA, sujeto a la legislación especial tributaria, no comporta alteración alguna en cuanto a la determinación del momento de nacimiento del crédito, puesto que el art. 167 de la Ley del IVA se limita a establecer, en relación con su liquidación, el momento en que los sujetos pasivos deben determinar e ingresar la deuda tributaria. La liquidación constituye, según las normas generales de la LGT, un acto, encuadrado en el procedimiento de gestión, apto para la cuantificación provisional o definitiva de la deuda tributaria, pero no altera, si nada especial se establece, el momento del devengo.

f) La legislación concursal obliga a estar a la fecha del nacimiento de la obligación y la fijación de este momento como determinante del carácter concursal o contra la masa del crédito correspondiente constituye una garantía del mantenimiento del principio de igualdad entre los acreedores del concursado. Este principio no puede verse alterado en función de la mejor adaptación a los principios del Derecho tributario en torno a la regularidad temporal y efectividad de la liquidación. Estos últimos principios deben ceder para hacer posible el cumplimiento de los principios del Derecho concursal sobre igualdad entre los acreedores y restricción de los privilegios que se les reconocen.

Por tanto debe reconocerse el importe a favor de la Agencia Tributaria como crédito concursal la cantidad de 1033,77 euros Asimismo deberá minorarse el crédito ordinario reconocido a XXX SL y XXXX SC, estableciéndose respecto a cada uno de ellos, las siguientes cantidades, 2465,67 euros como crédito ordinario ostentado por XXXXXX SL y 633,60 euros como crédito ordinario ostentado por XXXX SC.

TERCERO.- Por ultimo debe hacerse referencia a lo interesando por la AEAT en su escrito de demanda por segundo otrosi, que aunque evidentemente no es el momento oportuno para plantearlo en cuanto que todavía estamos en la fase común del concurso, que no es sino  la petición de la  aplicación del art. 77 de la Ley General Tributaria para el caso de que el procedimiento no concluya con convenio.

     El citado art. 77 establece en su numero primero que la Hacienda Publica tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda , hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el Registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga consta en el mismo el derecho de la Hacienda Publica, sin perjuicio de los dispuesto en los arts. 78 y 79 de esta Ley. Añadiendo el numero segundo del citado articulo que en caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio incluidos los derivados de la obligación de realizar pago a cuenta, quedaran sometidos a lo establecido en la Ley 22/03 de 9 de julio .

     Es decir el citado art. 77 pretende sustraer de los efectos del concurso a los créditos tributarios cuando finalice por liquidación, y precisamente es esta la finalidad de la AEAT con su pretensión en la presente demanda.

     Dicha cuestión ha sido analizada por diversas Audiencias Provinciales, siendo destacable la resolución dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 19 de julio de dos mil seis, en el que se establece  que a su vez se remite a la sentencia de fecha 29 de junio de dos mil seis “Efectivamente, para la resolución  de la presente controversia debemos partir de la consideración de que la Ley Concursal constituye una ley especial respecto de las normas generales que regulan la concurrencia y prelación de los créditos fuera de la situación de concurso. La especialidad de la situación del estado de insolvencia declarado con la apertura del concurso es la que explica la voluntad del legislador, reflejada en el art. 89.2 LC, de que en estos casos los créditos concúrsales queden afectados por la situación concursal conforme a las reglas previstas en la propia Ley Concursal, y en concreto conforme a la clasificación prevista en los arts. 89 y ss LC, y las normas que regula la incidencia de esta clasificación en la aprobación y los efectos del convenio (arts. 122, 125 y134 LC) o el orden de prelación para el cobro en caso de abrirse la liquidación (arts. 154 y ss LC).

La especialidad viene justificada por la excepcionalidad que supone la situación concursal, que presupone la imposibilidad de un deudor común de cumplir de forma a sus obligaciones exigibles (art. 2.2 LC), actual o próxima -esto último sólo en caso de concurso voluntario-, y que exige un tratamiento especial de los créditos afectados por el concurso, presidido por el principio de la par condictio creditorum como regla general, debiendo ser sus excepciones contadas y siempre justificadas. Además, y en aras de una mayor claridad, el legislador ha querido que no se admitan más privilegios dentro del concurso que los regulados por la propia Ley concursal, de modo que cualquier ley posterior que quiera variar el régimen de clasificación de créditos del concurso debe modificar expresamente la ley concursal.

De hecho, con la aprobación de la Ley concursal, para sujetar todos los créditos del deudor concursado a las reglas en ella contenidas, no hubieran sido necesarias las disposiciones adicionales que modificaron las normas legales que regulaban los distintos créditos a los que fuera del concurso se les reconoce preferencias de cobro. De no haberse introducido estas disposiciones adicionales, no por ello hubiera dejado de aplicarse la ley concursal, no sólo por tratarse de una ley posterior, sino sobre todo por su especialidad, cuando el deudor es declarado en concurso de acreedores.

En el caso del crédito tributario se da la circunstancia de que la Ley General Tributaria sufrió una nueva regulación, aprobada unos meses después de la Ley concursal, en concreto por Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

Aunque nada se regulara a continuación, se entiende, por una interpretación sistemática de las normas del ordenamiento jurídico, que este régimen general queda sustituido, en caso de concurso de acreedores, por el especial previsto en la Ley concursal. De ahí que la regulación contenida en el número 2 del art. 77 LGT resulte superflua, cuando dispone que "En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursar', pues aunque no se contuviera, seguiría siendo aplicable a dichos créditos la Ley concursal, pero no sólo en el supuesto previsto de convenio, sino también en caso de liquidación. No cabe pues interpretar la omisión del precepto a la liquidación concursal, como una exclusión de la aplicación de la ley concursal a los créditos tributarios cuando se opte por esa solución concursal.

Por otra parte, en la Ley concursal existe un trámite específico para la clasificación de los créditos, sin que se prevea, una vez aprobada la lista de acreedores, que la clasificación pueda variar dependiendo de si se opta por el convenio o se abre la fase de liquidación, ni, consiguientemente, exista un trámite especial para reclasificar un crédito, en fase de liquidación, lo que pone en evidencia cómo la pretensión de la Agencia Tributaria rompe el esquema legal del concurso. Esta ruptura ocasiona además situaciones absurdas y perjudiciales para terceros. Estas derivan del hecho de que fuera del concurso concurren distintas normas legales que reconocen preferencias a los créditos que regulan (como pueden ser, entre otras, la Ley General Tributaria, la Ley General de la Seguridad Social o el Estatuto de los Trabajadores, la Ley Hipotecaria, la Ley de propiedad intelectual, la Ley del contrato de seguro...), que una vez integradas permiten conocer en qué medida unos créditos son preferentes a otros o se encuentran en el mismo grado de prelación cuando concurren en una tercería de mejor derecho. La Ley concursal supone, en caso de concurso del deudor común, un sometimiento de todos los acreedores a un régimen mucho más restrictivo de preferencias que el extraconcursal, y resultaría absurdo que por la exclusión pretendida la Hacienda Pública no sólo no se viera afectada por la Ley concursal en caso de liquidación, sino que, como los demás sí que lo estarían, la situación de la Hacienda Pública fuera en relación con el resto de los acreedores que gozan de privilegio fuera del concurso mucho más beneficiosa que si no existiera el concurso, porque concurría al cobro de su crédito sin ninguna limitación concursal, a las que sí estarían sujetos los otros acreedores.

Bajo estas consideraciones resulta irrelevante que en el trámite parlamentario la redacción del número 2 del art. 77 hubiera sufrido una modificación, sustituyendo la original mención a "en caso de concurso, los créditos tributarios quedarán sometidos a lo establecido en la Ley concursal por la finalmente aprobada: "en caso de convenio concursal, los créditos tributarios quedaran sometidos a lo establecido en la Ley concursal. Resulta irrelevante porque tanto una como otra mención legal resultaban innecesarias, pues la especialidad de la ley concursal bastaba para excepcionar el régimen general de la Ley tributaria en caso de concurso, siempre y cuando no se excluyera expresamente, que no es el caso.”

     En atención a lo expresado no puede acogerse la petición de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

CUARTO.- Respecto de las costas procesales, de conformidad con el art. 196.2 de la Ley Concursal y 394 y 395  de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no cabe hacer especial pronunciamiento sobre costas.

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda incidental interpuesta por la Procuradora Doña Maria Josefa Herraiz Calvo, en nombre y representación de C.S., contra la administración concursal reconociendo como cuantía del crédito ordinario a su favor 3408,21 euros, sin pronunciamiento respecto de las costas procesales.

Que estimando parcialmente la demanda incidental interpuesta por el Abogado del Estado en nombre y representación de AEAT, se reconoce como crédito concursal a su favor la cantidad de 1033,77 euros resultante de las facturas rectificativas de IVA presentadas por XXXXX Sa, XXXX SL, y XXXX SC, debiendo minorarse los créditos reconocidos a XXXX Sl y XXXX SC conforme interesa la Administración Concursal.

Comuníquese a la Administración concursal que deberá introducir las modificaciones acordadas.

Contra la presente sentencia no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que pueda volver a suscitarse la cuestión en el recurso de apelación más próximo, siempre que las partes formulen protesta en el plazo de cinco días desde la notificación de la presente resolución, o desde la presentación de los textos definitivos para los demás interesados, exclusivamente para éstos en cuanto a las modificaciones ordenadas.

Notifíquese esta resolución a las partes de este incidente y al concursado, cuyo original quedará registrado en el Libro de sentencias quedando testimonio de la misma en estos autos.

Así lo acuerdo y firmo, Doña Maria del Carmen Díaz Sierra, Juez del Juzgado de Primera Instancia nº2 de Cuenca, con competencia exclusiva en materia mercantil. Doy fe.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario doy fe.

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