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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en apelación derivado de Ordinario 404/2008. Propiedad Intelectual.

Sentencia en apelación derivado de Ordinario 404/2008. Propiedad Intelectual.

S E N T E N C I A  NUM.  247/2009

         En la ciudad de Cuenca, a veintisiete de octubre del año dos mil nueve.

         Vistos en trámite de recurso de apelación los autos de juicio ordinario, sobre reclamación de cantidad, número 404/2008, procedentes del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de los de Cuenca y su partido,  promovidos a instancia de la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Rosa María Torrecilla López y asistida técnicamente por el Letrado Don Jesús Torrecilla Ortí; contra DON XXXXXXX, mayor de edad y provisto de D.N.I. número XXXXXX, representada por la Procuradora de los Tribunales Doña María José Herraíz Calvo y asistido técnicamente por el Letrado Don Gabriel Guijarro Cebrián; en virtud del recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia dictada en primera instancia, de fecha once de febrero del presente año; actuando como ponente el Ilmo. Sr. Don Leopoldo Puente Segura.

ANTECEDENTES DE HECHO

I

         En los autos indicados al margen se dictó sentencia de fecha once de febrero del año 2009, por el Juzgado de Primera Instancia número dos de los de Cuenca y su partido, en cuya parte dispositiva se establecía: "Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda presentada por la Procuradora Sra. Torrecilla en nombre y representación de la Sociedad General de Autores y Editores frente a Don xxxxxxxxx, condenando a que éste abone a la actora la suma de seis mil ciento cincuenta y siete euros con setenta y cuatro céntimos, más los intereses legales y con imposición de las costas causadas en el procedimiento".

II

        Contra la anterior sentencia se preparó y después interpuso recurso de apelación por la representación procesal del demandado, en tiempo y forma, recurso que fue admitido a medio de providencia de fecha diecinueve de mayo del presente año, dándose traslado a la parte contraria para que pudiera presentar escrito de oposición al recurso o impugnar la sentencia en aquellos extremos que pudieran resultarles desfavorables.

III

        Con fecha nueve de junio de dos mil nueve, Doña Rosa María Torrecilla López, Procuradora de los Tribunales y de la Sociedad General de Autores y Editores, presentó escrito oponiéndose al recurso interpuesto de contrario, interesando el dictado de una sentencia íntegramente confirmatoria de la recaída en la primera instancia.

IV

        Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, con fecha dieciséis de junio del presente año, se procedió a formar el correspondiente rollo, asignándosele el número del margen, turnándose ponencia y habiéndose cumplido la totalidad de las previsiones legales, sin que se estimara necesaria la celebración de vista, y señalándose para que tuviera lugar la correspondiente deliberación, votación y fallo el siguiente día veintisiete de octubre del presente año.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

        Se aceptan los que se contienen en la resolución recurrida, que habrán de tenerse aquí por íntegramente reproducidos.

I

        Se alza la parte apelante contra la sentencia recaída en primera instancia por considerar, en primer término, que el contrato concertado entre las partes, con fecha 28 de junio de 2.007, resultaría nulo como consecuencia de que en su estipulación undécima se establecía que los efectos económicos del mismo se retrotraían al día 1 de junio de 2.004. Considera el recurrente, en este sentido, que el contrato tendría así por objeto cosas o servicios imposibles, vulnerando la prohibición contenida en el artículo 1.272 del Código Civil.

        Evidentemente, el motivo de impugnación no puede progresar. En primer lugar, porque resulta muy claro que la circunstancia de que "los efectos económicos" de un contrato se refieran a momentos anteriores a su celebración o formalización, en absoluto determina la existencia de un servicio, cosa o prestación imposible. Y en segundo término, sobre todo, porque dicho convenio aparece, por lo que a la mencionada cláusula se refiere, indisolublemente vinculado al reconocimiento de deuda suscrito ese mismo día, en el cual el demandado, ahora apelante, admite haber venido utilizando, sin autorización para ello, el repertorio de obras musicales y audiovisuales que administra la actora, precisamente, desde el día uno de junio del año 2.004, reconociendo que adeuda la cantidad global por ese concepto de 4.275,48 euros, desglosándose de forma detallada las partidas correspondientes a los diferentes períodos.

        Por eso, la cantidad que se reclama como consecuencia del contrato-autorización, cuya nulidad se postula por el apelante sin motivo atendible alguno, no es otra que la convenida en dicho acuerdo para el período comprendido entre los meses de septiembre de 2.007 y junio de 2.008, cuyo impago resultó plenamente acreditado. Todo con independencia del mayor o menor acierto técnico en la redacción de la comentada cláusula undécima y de que el actor ejercite de forma acumulada en este procedimiento la pretensión que deriva, no directamente de dicho contrato, sino del reconocimiento de deuda efectuado por el ahora apelante en esa misma fecha.

II

        Sostiene también el apelante, como segundo y último motivo de su impugnación, de modo no fácilmente inteligible, que la pretensión referida al mencionado reconocimiento de deuda estaría prescrita, invocando que, a su juicio, la acción prescribiría a los cuatro años, --aunque sin citar si siquiera el precepto del que pretendidamente obtiene tal conclusión--.

        En cualquier caso, también este motivo de apelación habrá de resultar desestimado por entero. En primer lugar, porque se trata de una cuestión nueva, no aducida en la instancia, y que pretende ser sometida per saltum a nuestra consideración. No es preciso, por otro lado, entretenerse en recordar que, conforme a constante doctrina del Tribunal Supremo (por todas, STS de fecha 24 de febrero de 2.005) la prescripción de una acción no puede ser apreciada de oficio por el órgano jurisdiccional, debiendo haber sido introducida, en consecuencia, como parte integrante del objeto del proceso por la propia demandada en la primera instancia, sin que pueda hacerlo ahora por primera vez con motivo de su recurso.

        Pero es que, además, resulta de elemental conocimiento que el artículo 1.973 del Código Civil determina que el plazo para la prescripción de las acciones se interrumpe, entre otros hechos o circunstancias, por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor, siendo que, en el supuesto que se somete ahora a la consideración de la Sala, el reconocimiento de deuda fue suscrito por Don xxxxxxx, el día 28 de junio de 2.007, aludiendo a la deuda generada desde el mes de junio de 2.004 y habiéndose presentado la demanda rectora de este procedimiento en el mes de julio de 2.008, de forma tal que de ningún modo habría transcurrido el plazo de cuatro años que el apelante invoca, aún cuando fuere ése el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción aquí emprendida.

III

        De conformidad con lo establecido en el artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas de la presente alzada deberán serle impuestas a la parte recurrente.

        Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

F A L L A M O S

        Que debemos desestimar como desestimamos íntegramente el recurso de apelación interpuesto por Doña María José Herraiz Calvo, Procuradora de los Tribunales y de DON xxxxxxxxx contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número dos de los de Cuenca y su partido, en su juicio ordinario, sobre reclamación de cantidad, número 404/2.008, y en consecuencia debemos CONFIRMAR como CONFIRMAMOS la resolución recurrida; todo ello, con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

        Cúmplase lo establecido en los artículos 248.4º de la ley orgánica del poder judicial y 208.4º de la ley de enjuiciamiento civil.

        Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

SENTENCIA DICTADA EN PRIMERA INSTANCIA

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