Blogia
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil

Sentencia en juicio de faltas por lesiones imprudentes 113/2009

Sentencia en juicio de faltas por lesiones imprudentes 113/2009

SENTENCIA NUM 119/2009

En Cuenca a trece  de octubre  de dos mil nueve

Vistos por Mª del Carmen Díaz Sierra, Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca   los presentes autos de juicio de faltas reseñados con el número más arriba referenciado por una presunta falta de  lesiones imprudentes , siendo parte xxxxxxx  como denunciante, representado por la Procuradora Doña Maria Ángeles Hernández Martínez   y asistido por el Letrado Don Victorio Muñoz González ,xxxxxxx como denunciado representado por la Procuradora Doña Maria Jesús Porres del Moral y asistido por la Letrada Doña Maria Luisa Sainz Sánchez y SEGUROS BILBAO como responsable civil directo representado por la Procuradora Doña Maria Jesus Porres del Moral y asistido por la Letrada Doña Maria Luisa Sainz Sanchez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Los presentes autos tienen su origen en la denuncia formulada por Lucia Melgares Arenas, incoándose el presente juicio de faltas.

SEGUNDO.- En el día y hora señalada al efecto se celebró  la vista del juicio de faltas, en virtud de los hechos obrantes en las actuaciones, presuntamente constitutivos de una falta de lesiones imprudentes.

TERCERO.- En el acto de la vista, tras declaraciones de las partes y practicada la prueba propuesta y admitida, el letrado Sr. Muñoz intereso la condena de xxxxxxx  como autor de una falta de lesiones imprudentes prevista en el art. 621.3 a la pena de veinte  días de multa a razón de cincuenta  euros por día, y que indemnice a xxxxxxxxx en la cantidad de 7139,44 euros, mas los intereses del art. 20 LCS.

La  Letrada Sra. Saiz  intereso la libre absolución del denunciado.

Quedando las actuaciones conclusas para sentencia.

HECHOS PROBADOS

UNICO.- Del examen  de las actuaciones y de la apreciación de la prueba practicada en el acto del juicio  ha quedado probado y así se declara que el 14 de septiembre de dos mil ocho, cuando xxxxx paseaba por la calle Real del municipio de xxxxx(Cuenca) en la cual se realizaban obras de acondicionamiento por xxxxxx, metió el pie en un agujero el cual ese dia se  encontraba sin protección alguna en la citada calle .

Como consecuencia de ello, xxxxxxx sufrió lesiones consistentes fractura trabecular y edema óseo de tibia izquierda, fractura de cabeza de peroné izquierdo y contusión con laceración en rodilla derecha. , requiriendo para su sanidad además de primera asistencia facultativa, tratamiento medico , tardando en curar 122 días , todos ellos impeditivos, sin que hayan quedado secuelas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El art. 621.3 del Código Penal castiga al que por imprudencia leve causaren lesiones constitutivas de delito.

     Para poder imputar la comisión de esta falta  es necesario que concurran  todos los elementos estructurales de la infracción culposa: 1º) una acción u omisión voluntaria, no intencional o dolosa; 2º) una actuación negligente o reprochable por falta de previsión más o menos relevante, factor psicológico o subjetivo, al marginarse la racional presencia de las consecuencias nocivas de la acción u omisión, siempre previsibles, prevenibles y evitables, de haberse observado la diligencia debida, omisión que por razón de circunstancias concurrentes debe reputarse leve, como un descuido ocasional, a diferencia de la imprudencia grave que supone la omisión de la prudencia mínima exigible a cualquier conductor; 3º) el factor normativo o externo, representado por la infracción del deber objetivo de cuidado, traducido en normas de convivencia y de la experiencia, tácitamente aconsejadas y observadas en la vida social, en evitación de perjuicios a terceros, o en normas específicas reguladoras de determinadas actividades que han merecido una normativa reglamentaria o de otra índole, para conjurar el peligro dimanante de las mismas; 4º) la causación de un resultado, de un mal a las personas, que de haber sido causado dolosamente, constituiría delito de lesiones y 5º) Y adecuada relación de causalidad entre el proceder descuidado, desatador del riesgo, y el mal sobrevenido, estimándose que se da el nexo de causalidad cuando el resultado lesivo no se hubiese producido sin la concurrencia de la acción imprudente –teoría de la «conditio sine que non» o de la equivalencia de condiciones–, pero, exigiéndose además, conforme a la moderna doctrina de la imputación objetiva, que el mal sobrevenido suponga la conversión o concreción del riesgo creado por el comportamiento imprudente, y que por tanto se produzca en el ámbito de dicho riesgo, y sea de los resultados lesivos o dañosos que la norma objetiva de cuidado trata de evitar.

     El tratamiento jurídico penal de la imprudencia requiere, como no podía ser de otra forma, de una estricta observancia de los principios que rigen el proceso penal y, por tanto, de la puntual y concluyente prueba de la efectiva omisión del deber de cuidado, rechazándose cualquier formación o construcción objetiva o presuntiva de la culpa, deducida del resultado, propia del ámbito civil, sin una base fáctica plenamente acreditada, aunque los hechos sí pudieran aparecer acreditados en base a una deducción presuntiva si el hecho básico aparece plenamente probado. De lo expuesto se extrae que la culpa deba aparecer acreditada como una infracción de los deberes objetivos de cuidado del sujeto activo, un riesgo previsible, evitable y atribuible al mismo.

     De la prueba practicada en el acto de juicio no puede sin mas concluirse la responsabilidad penal del denunciado, si bien es cierto que en la vía publica donde xxxxxxxx sufrió el accidente el denunciado se encontraba realizando obras para el Ayuntamiento de xxxxxxx y que en el momento del accidente se encontraban sin señalizar tales obras  debemos tener en cuenta que tal como ha declarado el denunciado , las obras se encontraban señalizadas habitualmente desconociendo la razón de  como el día de los hechos, festivo, no existían estas medidas de seguridad, declaración al efecto confirmada  por el Alguacil del Ayuntamiento, el cual afirma que las obras se tapaban con una valla , sus conos y sus cintas y que siempre se ponian al terminar la obra.

Debe tenerse en cuenta el  ineludible principio de intervención mínima y del carácter residual del Derecho Penal, reservado para aquellas conductas gravemente atentatorias a los bienes jurídicos susceptibles de protección cuya lesión no puede ser reparada convenientemente en cualquiera de los otros órdenes jurisdiccionales, así como del principio de responsabilidad penal personal.

A lo anterior debe, además, añadirse que de ninguna manera puede admitirse, en un proceso penal de un Estado de Derecho siquiera en sede de imprudencia: a) presumir, siempre que exista una lesion  a bienes jurídicos penalmente protegidos con intervención de tercero, que este tercero ha realizado una conducta infractora de la norma de cuidado en el caso concreto de que se trate; y b) extrapolar tácitamente al ámbito del proceso penal las tesis doctrinales y jurisprudenciales en materia de culpa extracontractual las cuales, matizando la estructura subjetivista del Código Civil en esta modalidad de culpa, han dado entrada a la denominada «responsabilidad por el riesgo» o «responsabilidad por daño», invirtiendo la carga de la prueba en aquellos supuestos en los que acaecido un resultado lesivo: siendo uno solo quien interpone un riesgo, le incumbe a él probar que actuó con la diligencia debida y no al actor a quien bastará probar el hecho y el resultado lesivo. Tal proceder, en materia penal, amén de vulnerar principios esenciales del proceso, comportaría dar cabida en el sistema penal material a la responsabilidad objetiva, absolutamente proscrita.

En definitiva en el actuar del denunciado no se puede ver una imprudencia punible sin perjuicio de la atención que  podrá merecer   en vía civil, donde los presupuestos de la responsabilidad reparadora que busca la denunciante se asienta sobre principios distintos de los que se precisan en un reproche penal, por lo que procede dictar una sentencia absolutoria para el denunciado.

SEGUNDO.- En cuanto a las costas procesales, por aplicación del art. 123 del Código Penal en relación con el art. 249 y demás concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede su declaración de oficio  a la vista de la absolución de la parte denunciada.

Vistos lo artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Que debo absolver y absuelvo libremente del hecho origen de estas actuaciones al denunciado  XXXXX  declarando de oficio las costas causadas.

Notifíquese a las partes

Contra esta resolución cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días desde la notificación.

Expídase testimonio  para unión a autos  y archívese el original en el libro de sentencias.

Así por esta mi sentencia lo acuerda, manda y firma.

 

PUBLICACIÓN. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Doy fe.

 

 

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres