Facebook Twitter Google +1     Admin

Se muestran los artículos pertenecientes al tema SENTENCIAS DE JUICIOS CIVILES Y MERCANTILES.

Sentencia nulidad clausulas abusivas consumidor persona jurídica. Ord 99/2011.

20130627163522-jueces.gif

SENTENCIA nº 38 (mercantil)

En Cuenca, a cuatro de junio de 2012.

     Vistos por mí, D. Alfredo Elias Mondeja, Magistrado del Juzgado de Instancia e Instrucción, con competencias exclusivas en materia mercantil, número Dos de los de esta Ciudad y su partido judicial, los autos de juicio ordinario 99/11 y acumulados a los mismos los autos 193/2011, sobre nulidad de condición general de la contratación y devolución de cantidad que se han seguido ante este Juzgado, a instancia de “x S.A.”, representados por el Procurador Dª. Mª ANGELES PAZ CABALLERO y asistida del Letrado Dª. ALMUDENA VELAZQUEZ COBOS, contra la entidad BANCO x (antes CAJA x), representada en autos por el Procurador Dª. ROSA MARIA TORRECILLA LOPEZ y con la asistencia del letrado D. CARLOS RUBIO VALLINA, en nombre de SM EL REY, se procede al dictado de la presente Sentencia conforme a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.

Con fecha de 21 de febrero de 2011 se registró en este Juzgado escrito de demanda presentado por el antedicho Procurador Dª. Mª ANGELES PAZ CABALLERO, en nombre y representación de “X S.A.”, interesando la declaración de nulidad de la condición general de la contratación y acción de devolución de cantidad, y en consecuencia, interesaba la condena de la demandada a eliminar dicha condición así como a la devolución de la cantidad de 1.440,91.-€ y las que con posterioridad a la demanda se hayan abonado en virtud de la aplicación de la referida cláusula, incluidos intereses de demora, con intereses devengados. Todo ello con expresa condena en costas al demandado.

SEGUNDO.

Admitida a trámite la demanda mediante  Decreto de 21 de marzo de 2011, se dio traslado a la entidad demandada con emplazamiento para que contestase en el plazo legal de veinte días, lo que vino a hacer en fecha 13 de mayo de 2011, oponiéndose a la misma e interesando su íntegra desestimación con expresa imposición de las costas.

 

TERCERO.

Por Diligencia de ordenación de 19 de mayo de 2011 se tuvo por contestada la demanda, citándose a las partes al acto de audiencia previa a celebrar el 5 de julio de 2011, a las 12 horas de su mañana.

Por escrito de fecha 7 de junio de 2011, la representación de la demandada, BANCO X, vino a solicitar la acumulación al presente procedimiento de juicio ordinario nº 99/2011 de los autos seguidos ante este mismo juzgado al número 193/2011.

Por Diligencia de ordenación de fecha 29 de junio de 2011 se ordenó dar traslado a la contraparte de la solicitud de acumulación, a la vez que por Providencia de fecha 5 de Julio de 2011 se acordó suspender la audiencia previa en tanto se tramitaba la solicitada acumulación.

No habiéndose mostrado oposición a la acumulación solicitada por Auto de fecha 8 de septiembre de 2011 se acordó acumular al procedimiento 99/2011 el seguido ante este Juzgado al número 193/2011, toda vez que por diligencia de ordenación de fecha 7 de octubre de 2011 se convocó a las partes al acto de la audiencia previa a celebrar el 19 de noviembre de 2011.

CUARTO.

La audiencia previa se celebró, en el día señalado, compareciendo ambas partes y solicitando los medios de prueba que consideraron aptos para la defensa de sus intereses tras cuya aceptación de aquellos que se declararon pertinentes fueron las partes citadas al acto de la vista a celebrar el 10 de abril de 2012 en que ha tenido lugar y en el que tras la práctica de la prueba propuesta y admitida las partes efectuaron sus conclusiones quedando los autos vistos para sentencia..

QUINTO.

En el presente procedimiento se han respetado las prescripciones legales, salvo en lo que se refiere al cumplimiento de algunos plazos, debido a la carga de trabajo que soporta este juzgado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se ejercita por la parte actora, en el procedimiento 99/2011, una acción de nulidad de la condición general de la contratación de la cláusula del contrato de préstamo con garantía hipotecaria (en el que la actora se subrogó al adquirir por compraventa dos viviendas sitas en la Cerrera de San Jerónimo sobre las que pesaba el indicado préstamo hipotecario otorgado por la Caja X a la mercantil promotora y vendedora) e interés mínimo, cláusula que establece un interés mínimo que deja inoperante la variabilidad del índice elegido por el cliente,  a su vez y en relación al procedimiento ordinario 193/11, acumulado al presente, se ejercita por la actora una acción de nulidad de la condición general de la contratación de la cláusula Tercera bis del contrato de préstamo a interés variable XXXX que establece un tipo mínimo de referencia y que se corresponde con la compra de un inmueble sito en planta tercera izda. de la calle Colegiata 13 de Madrid, para cuya compra a su vez se subrogó en el préstamo del anterior propietario, constituyéndose garantía hipotecaria, y de la cláusula Adicional al Anexo de la póliza de crédito XXXXX, todo ello por afirmar la actora que tal cláusula posee un carácter abusivo.

Se parte de una clara confusión en los documentos aportados que hace compleja la comprensión de los hechos o mejor: la prueba de los mismos y así se constata que en el procedimiento ordinario acumulado al presente se aporta documental (al número cinco) que se refiere a la del presente procedimiento. No obstante se completa la prueba de los hechos tanto por cuanto que las relaciones entre partes en ningún momento han sido negadas –no siendo objeto de debate en consecuencia la existencia de tales relaciones ni su contenido- y la documental a su vez aportada por la demandada viene a completar el complejo procedimiento ahora tratado. Junto a ello si bien se constata que la actora se refiere en ambos procedimientos al documento nº cinco si bien el mismo solo trae causa en uno de ellos. Pese a lo expuesto, la actora justifica su derecho subsanando el error y aportando el documento contractual en fecha 5 de mayo de 2011.

Por la parte actora se fundamentan las pretensiones alegando que se trata de una condición general de la contratación –en todos los supuestos- que debe ser declarada nula por abusiva dado que se trata de una cláusula predispuesta por el banco demandado, impuesta y no negociada con los actores y que ocasiona un desequilibrio entre las prestaciones de las partes en perjuicio del actor.

Frente a ello la demandada alega el perfecto conocimiento de la situación y/o mercado crediticio visto el objeto de la mercantil actora (construcción y promoción de inmuebles) por lo que no cabe entender producido desconocimiento alguno. Alega a su vez la existencia de libertad de contratación e indica que no resulta de aplicación las normas relativas a las condiciones generales de contratación visto que nos encontramos ante dos mercantiles y por ello el régimen de cláusulas abusivas no resulta aplicable. A la vez que afirma no encontrarnos ante una condición general de contratación por no reunir los requisitos del art. 1 de la LCGC.

SEGUNDO.- No cabe duda de que nos hallamos ante unos contratos en el que lo que se pretende aplicar son unas "condiciones generales de la contratación", remisión que para la parte demandada resulta de imposible aceptación por cuanto que la acción se entabla entre “profesionales”. Ello nos remite al texto de la Ley 7/98, de 13 de abril  sobre "Condiciones Generales de la Contratación ", que tiende -precisamente- a regular los efectos de este modo de contratación "en masa", sin importar que estemos ante consumidor o persona jurídica, tal y como determina el art. 2 de la norma que indica:

 

Artículo 2. Ámbito subjetivo.

1. La presente Ley será de aplicación a los contratos que contengan condiciones generales celebrados entre un profesional -predisponente- y cualquier persona física o jurídica -adherente-.

2. A los efectos de esta Ley se entiende por profesional a toda persona física o jurídica que actúe dentro del marco de su actividad profesional o empresarial, ya sea pública o privada.

3. El adherente podrá ser también un profesional, sin necesidad de que actúe en el marco de su actividad.

Lo que no va a caber es aplicar al caso el supuesto del art. 8.2 que se refiere “en particular” a las nulidades cuando las condiciones sean abusivas y el contrato se haya celebrado con un consumidor, lo que no es el caso.

Lo que se pretende en definitiva, es que el adherente haya conocido y aceptado el clausulado predispuesto por la otra parte, de tal manera que exista una correcta configuración de su consentimiento contractual (art. 1 y 2 L.C.G.C.). Son, precisamente, los arts. 5 y 7 de dicha Ley los que especifican las condiciones mínimas que ha de reunir un condicionado general para que vinculen al adherente. Entre tales requisitos está la información sobre la existencia de ese clausulado y la entrega de un ejemplar de las mismas. Para la eficacia del contrato, a la Ley 7/98, de 13 de abril sobre Condiciones Generales de la Contratación, exige un conocimiento expreso de las mismas por parte del adherente y la firma del contrato, así como de la recepción expresa de ese condicionado general al que se "adhiere" (arts. 5-1 y 7 -a)".

En su artículo 8 declara nulas de pleno derecho las condiciones generales abusivas cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, lo que no ocurre en el caso de autos puesto que la parte demandada no era destinataria final, entendiendo por tales en todo caso las definidas en el artículo 10 bis y disposición adicional primero de la Ley 26/1984.

     En consecuencia si bien resultará de aplicación al caso la expresada LCGC ello lo será aplicando lo dispuesto en el artículo 8 el cual refiere la nulidad indicando, en su apartado 1º, que serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención, y junto a ello será de aplicación lo dispuesto a su vez en el art. 9 de la citada norma el cual dispone que la declaración de nulidad de las cláusulas de condiciones generales podrá ser instada de acuerdo con las reglas generales reguladoras de la nulidad contractual, cual es el caso. Toda vez que, en su caso, la declaración de nulidad de las citadas cláusulas no determinará la ineficacia total de contrato.

     Previo a entrar a resolver sobre el fondo del asunto decir que la demandada niega que nos encontremos ante unas condiciones generales por cuanto que estima no reúne los requisitos del art. 1 de la LCGC, ello no cabe aceptarlo ya que dicho precepto establece que “1. Son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos. 2. El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una o varias cláusulas aisladas se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación de esta Ley al resto del contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata de un contrato de adhesión.” Ante tal redacción que duda cabe que los contratos bancarios de crédito, si bien alguna parte de ellos, puede ser negociada –la mínima- es claro que el resto es impuesto por la entidad crediticia por cuanto que posee la potestad de denegar el crédito (o no iniciar siquiera los trámites) caso de que el cliente se opusiera a cualquier cláusula y ello resulta de general conocimiento, en consecuencia no se ha producido una negociación individualizada de las cláusulas y ello supone encontrarnos ante la referida condición general (las propias sentencias que a modo de instructa aporta la demandada consideran las cláusulas de dichos contratos como condiciones generales impuestas).

     A mayor abundamiento el informe del Banco de España emitido a solicitud de la Dirección General del Tesoro y Política financiera en relación con la moción 66/73 aprobada por el Pleno del Senado, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 7 de mayo de 2010,  establece que la aplicación o no de este tipo de cláusulas es, en general, una práctica decidida, en cada momento, por cada una de las entidades para el conjunto de sus operaciones.

     En segundo lugar, la cláusula de suelo es una condición impuesta, en este caso por la entidad demandada, entendiendo por tal aquella sobre la que no existe negociación alguna, de manera que incluida en el contrato de que se trate el contratante tiene la opción de adherirse o no al mismo, no pudiendo entenderse que ha existido negociación individual sobre una cláusula en base a que el hoy actor, en este caso el prestatario, pudo optar por otras ofertas existentes en el mercado hipotecario, pues se entiende que una cláusula no es impuesta en los casos en los que el prestatario ha tenido opción de contratar con el empresario sin tener que asumir forzosamente la condición, caso contrario hay que concluir que se trata de una cláusula impuesta. Lo contrario equivaldría a dejar sin aplicación la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, pues el cliente en este caso siempre tiene la posibilidad de optar por no contratar con el empresario que incluya este tipo de condiciones, lo que no significa que si opta por contratar estas condiciones sean fruto de una negociación individualizada que expresa la libre autonomía de la voluntad de las partes, reconocida en el art. 1.255 del Código Civil.  En este sentido se pronuncia el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1, Cáceres, en su sentencia de 18 de octubre de 2011 y el Juzgado de lo Mercantil nº 9, Madrid, en su sentencia de 8 de septiembre de 2011.

   TERCERO.- No habiendo discusión alguna sobre la existencia de los contratos (relaciones entre partes), se centra el debate en determinar si las cláusulas que impugna la actora deben ser declaradas nulas e indicando que si bien en determinados momentos la actora cita normas propias del derecho de consumidores (clásusulas abusivas) lo cierto es que en sus fundamentos se encuentran aquellos propios de los contratos recogidos en el C. Civil y por encima de todo debe ser el juzgador quien determine la norma aplicable al caso concreto, sin que se vea sometido expresamente a aquellas que citen las partes.  

Atendiendo a lo expuesto, y en cuanto a la pretendida nulidad de los contratos suscritos por las partes, la cuestión central a analizar no resulta ser sino la concurrencia del vicio de consentimiento que debiera conllevar tal sanción, como cuestión esencial planteada al margen de la incompatibilidad de la suscripción de tales contratos con la cláusula suelo que figura en los préstamos hipotecarios. Para analizar tal cuestión se estima ha de partirse de recordar que entre los requisitos esenciales de todo contrato que establece el art 1261 del CC   se halla el consentimiento de los contratantes que se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato, conforme al art 1262 del CC , y que será nulo, según establece a su vez el art. 1265 de dicho texto legal, si se hubiere prestado por error, violencia, intimidación o dolo. La formación de la voluntad negocial y la prestación de un consentimiento libre, válido y eficaz exige necesariamente haber adquirido plena conciencia de lo que significa el contrato que se concluye y de los derechos y obligaciones que en virtud del mismo se adquieren, lo cual otorga una importancia relevante a la negociación previa y a la fase precontractual, en la que cada uno de los contratantes debe poder obtener toda la información necesaria para poder valorar adecuadamente cual es su interés en el contrato proyectado y actuar en consecuencia, de tal manera que si llega a prestar su consentimiento y el contrato se perfecciona lo haga convencido de que los términos en que éste se concreta responden a su voluntad negocial y es plenamente conocedor de aquello a lo que se obliga y de lo que va a recibir a cambio y si ello es así al tiempo de celebrar cualquier tipo de contrato, con mayor razón si cabe ha de serio en el ámbito de la contratación bancaria, todo ello puesto en relación con la normativa aplicable a tales supuestos. Ha de añadirse asimismo que para que el error invalide el consentimiento el mismo debe recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo, de modo que se revele paladinamente su esencialidad, que no sea imputable a quién lo padece, y la existencia de un nexo causal entre el mismo y la finalidad que se pretendía en el negocio jurídico concertado, y que sea excusable, en el sentido de que sea inevitable, no habiendo podido ser evitado por el que lo padeció empleando una diligencia media o regular" (Sentencias 14  y 18 febrero 1994, y 11 mayo 1998 ), debiendo ser apreciada la excusabilidad valorando las circunstancias de toda índole que concurran en el caso, incluso las personales, tanto del que ha padecido el error, como las del otro contratante, pues la función básica del requisito es impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error, cuando éste no merece esa protección por su conducta negligente. En cuanto al dolo como vicio de consentimiento ha de indicarse que, como recuerda la STS de 11 de julio de 2007, el dolo abarca (arts. 1269 y 1270 CC ) no sólo la maquinación directa (conducta insidiosa, con propósito de engaño) que lleva a la prestación del consentimiento por ella viciado, sino también la reticencia del que calla o no advierte debidamente al otro contratante, sin que lo invalide la confianza o ingenuidad de la parte afectada ( SSTS de 15 de junio de 1995, 23 de julio  y 31 de diciembre de 1998). Habrá, pues, dolo negativo o por omisión siempre que exista un deber de informar de hechos o circunstancias influyentes y determinantes para la conclusión del contrato según la buena fe o los usos del tráfico ( SSTS de 19 de julio  y 11 de diciembre de 2006 , 11 de mayo de 2007), doctrina que evidentemente ha de aplicarse con especial rigor cuando ese deber de información viene impuesto de forma expresa por la ley. Como expositivo de todos ellos puede mencionarse la SAP de Madrid de 10 de julio de 2009 cuando indica que "En cuanto al error como vicio del consentimiento, esta Sección en sentencia de fecha 27 de noviembre de 2007 ha declarado "uno de los motivos que da lugar a la nulidad del contrato por defectos del consentimiento es el error, tal como establece el artículo 1261 del Código Civil, pero para que el error invalide el consentimiento tal como establece el artículo 1266 del Código Civil, es necesario que recaiga sobre la sustancia del objeto, del contrato o sobre las condiciones esenciales de la misma. Siendo la doctrina legal recogida en la STS 10/4/99 de 6 de febrero, en cuanto al error como vicio del consentimiento, dice la Sentencia de esta Sala de 18 abril 1978  que "para que el error en el consentimiento invalide el contrato, conforme a lo dispuesto en el Art. 1265 del Código Civil es indispensable que recaiga sobre la sustancia de la cosa que constituye su objeto o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubieren dado lugar a su celebración -Art. 1266.1° y Sentencias de 16 octubre 1 , 923 y 27 octubre 1964  - que derive de hechos desconocidos por el obligado voluntariamente a contratar - Sentencias de 1 julio 1915 y 26 diciembre - que no sea imputable a quien lo padece - Sentencias de 21 octubre 1932 y 16 diciembre 1957 - y que exista un nexo causal entre el mismo y la finalidad que se pretendía en el negocio jurídico concertado - Sentencias de 14 junio 1943 y 21 mayo 1963  -"; de otra parte, como recoge la Sentencia de 18 febrero 1994, según la jurisprudencia para ser invalidante el error padecido en la formación del contrato, además de ser esencial, ha de ser excusable, requisito que el Código no menciona expresamente y que se deduce de los requisitos de auto responsabilidad y buena fe, este último consagrado hoy en el Art. 7 del Código Civil. Finalmente, ha de señalarse que, como establece la Sentencia de 30 mayo 1991, la apreciación del error sustancial en los contratos ha de hacerse con criterio restrictivo cuando de ello dependa la existencia del negocio; apreciación que tiene un sentido excepcional muy acusado ( Sentencias de 8 mayo 1962 y 14 mayo 1968 , antecedidas y seguidas por otras en el mismo sentido); ya que el error implica un vicio del consentimiento y no una falta de él". El dolo como vicio del consentimiento es definido en el artículo 1.269 del Código civil tomando en consideración el comportamiento del contratante que se sirve de él. El precepto lo identifica con el empleo de palabras o maquinaciones insidiosas. Ello implica un comportamiento positivo, pero es posible también un dolo negativo o por omisión. Expresivamente, entre otras, así lo viene a señalar la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de octubre de 1981 , determinando que el concepto de dolo que da el artículo 1.269 del Código Civil, no sólo comprende la insidia directa e inductora de la conducta errónea del otro contratante, sino también la reticencia del que calla o no advierte debidamente. En este sentido no debe haber inconveniente en admitir que el denominado dolo omisivo (la reticencia que señala STS 27 noviembre de 1998 ( RJ 1998, 9324)  ), como vicio invalidante del contrato, admite diversas manifestaciones, de las cuáles una (que aquí nos interesa) es el silencio, el cual merecerá tal calificación cuando además de ser deliberado o intencional, exista un deber de informar, se cumplan los requisitos que imponen los artículos 1.269 y 1.270. 1 del Código civil  y, además, la norma no señale una sanción específica distinta para la omisión. Asimismo es de recordar que la jurisprudencia, entre otras la STS de 8 de junio de 1995, señala que el dolo debe ser probado de modo pleno y cumplido, y que, la carga de hacerlo, incumbe a quien lo alega. Si bien el citado artículo 1.269 Código civil no lo indica expresamente, el dolo tiene un componente subjetivo o intencional (animus decipiendi), consistente en el propósito de engañar, aún cuándo no se repute necesaria, la intención de causar daño. Sí indica la norma, explícitamente, el efecto que las palabras o maquinaciones (que deben abarcar la omisión), producen en la voluntad de su destinatario, por cuanto señala que, por medio de las mismas, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no se hubiera celebrado. La inducción de común se traducirá en un engaño, esto es, una suerte de error inducido o reforzado por el engaño. Ese engaño debe de ser determinante de la voluntad (dolus causam dans). Tal exigencia implica que el error en que se hizo incurrir al declarante haya efectivamente determinado su declaración. Por último indicar que esa conducta artificiosa ha de revestir la suficiente entidad o importancia para justificar la inducción al otorgamiento de la declaración".

Expuesto lo anterior ha de indicarse asimismo que en el presente supuesto el vicio del consentimiento que se sostiene como determinante de la nulidad de los contratos suscritos por los demandantes se fundamenta en la ausencia de efectiva información acerca de la exacta naturaleza y alcance del producto contratado y cuya efectiva realización corresponde a la entidad demandada, unida a la propia redacción de los contratos suscritos, determinando la concurrencia de error en la prestación del consentimiento. Al efecto ha de indicarse que el derecho a la información en el sistema bancario y la tutela de la transparencia bancaria es básica para el funcionamiento del mercado de servicios bancarios y su finalidad tanto es lograr la eficiencia del sistema bancario como tutelar a los sujetos que intervienen en él, principalmente, a través tanto de la información precontractual, en la fase previa a la conclusión del contrato, como en la fase contractual, mediante la documentación contractual exigible, recordando como, en relación a los contratos celebrados antes de la entrada en vigor de la Ley 47/2007, el art 79 de la LMV., en su redacción primitiva, establecía como regla cardinal del comportamiento de las empresas de los servicios de inversión y entidades de crédito frente al cliente la diligencia y transparencia y el desarrollo de una gestión ordenada y prudente cuidando de los intereses del cliente como propios (letras I.A. y I.C.), Sin olvidar que el RD. 629/1.993  concretó, aún más, desarrollando, en su anexo, un código de conducta, presidida por los criterios de imparcialidad y buena fe, cuidado y diligencia, siendo así que la Ley 47/2.007 de 19 de Diciembre, por la que se modifica la Ley del mercado de valores y aplicable a los contratos de litis celebrados con posterioridad a su entrada en vigor, continuó con el desarrollo normativo de protección del cliente; reiteró el deber de diligencia y transparencia del prestador de servidos e introdujo el art. 79 bis regulando exhaustivamente los deberes de información, si bien frente al cliente no profesional, incluidos los potenciales; entre otros extremos, sobre la naturaleza y riesgos del tipo específico de instrumento financiero que se ofrece, no sin pasar por alto las concretas circunstancias del cliente y sus objetivos, recabando información del mismo sobre sus conocimientos, experiencia financiera y aquellos objetivos (art 79, bis n° 3, 4 y 7). Acerca del alcance de tal deber de información se pronuncia, entre otras muchas dictadas en supuestos como los presentes de frecuente planteamiento en la actualidad, la SAP de Asturias de 10 de junio de 2011, de 29 de octubre, y 10 y 16 de diciembre de 2.010, 18 de febrero de 2.011  y 24 de mayo de 2.011, entre otras, y ya en la primera de las citadas decía que "Para resolver el thema decidendi, hemos de partir del deber de información que se predica y exige en la relación de una entidad financiera y su cliente, bien para llevar a cabo cualquier tipo de inversión, bien para suscribir un negocio jurídico, como el que nos ocupa, en el que es inherente la aleatoriedad y el riesgo, -expresión aplicable al caso- como veremos. En este sentido, ya señaló entre otras, en la sentencia de 18 de Junio de 2010, que “para resolver la cuestión objeto de debate, hemos de hacerlo sobre la base de exigir la diligencia profesional específica a la entidad de inversión, con un deber de información riguroso y adaptado a las características de la operación a contratar y de la persona a quien se dirige...". Recordando no obstante que estamos ante un contrato lícito al amparo del art. 1.255 CC. y 50 del C. Comercio, caracterizado por la doctrina como consensual, bilateral, es decir generador de recíprocas obligaciones, sinalagmático (con interdependencia de prestaciones actuando cada una como causa de la otra), de duración continuada y en el que se intercambian obligaciones recíprocas.

Podemos afirmar que las cláusulas de los contratos de autos se encuentran teñidos de evidentes notas de aleatoriedad si bien protegidas para una de las partes cuando tal aleatoriedad supone una reducción en los beneficios de la parte que impone la cláusula y que considera “excesiva” la pérdida o descenso desinterés, siendo a su vez, también y en cierta medida, especulativo, que comporta un desequilibrio claro entre partes pues las consecuencias de las fluctuaciones del mercado financiero (tipos de interés) siempre beneficiaran a una de las partes en tanto que la otra verá limitado su beneficio en función de la cláusula que le impone la otra parte, quien, no se olvide, decide unilateralmente cual es el techo y suelo.

De igual manera ha de señalarse ya desde ahora, que la obligación de información, en relación a la citada cláusula, corresponde a la entidad demandada quien debe acreditar que la misma ha tenido lugar, pudiendo mencionar al respecto la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 7 de abril de 2010  cuando señala que "De partida, en relación con el "onus probandi" del correcto asesoramiento e información en el mercado de productos financieros, es de señalar que la carga probatoria acerca de tal extremo debe pesar sobre el profesional financiero, respecto del cuál la diligencia exigible no es la genérica de un buen padre de familia, sino la específica del ordenado empresario y representante leal en defensa de los intereses de sus clientes, lo cual por otra parte es lógico por cuanto desde la perspectiva de éstos últimos se trataría de probar un hecho negativo como es la ausencia de dicha información (en tal sentido sentencia AP Valencia, de fecha 26-4-2006)".

Ha de concluirse asimismo que tal falta de información previa no se subsana al firmar el contrato, pues del contenido del mismo antes expuesto resulta que no aparece en los contratos una información adecuada sobre el riesgo que comporta una evolución a la baja del tipo de interés variable de referencia, pues dicha información no solo resulta insuficiente sino que resulta inexistente. De la prueba practicada, en especial resulta de interés las respuestas que efectúa en su interrogatorio D. MATEO SANTIAGO SAHUQUILLO quien fue en su momento Consejero Delegado de 4 R REPARACIONES y quien indicó se encontraba interesado en que la sentencia resultara favorecedora de la demandada, manifestó que conoció las condiciones cuando fue a firmar en la notaría, antes no. Que solicitó las condiciones pero siempre se le negó su entrega con anterioridad a la firma a la vez que afirmó se firmaba “con prisas” y que se le indicaba que la cláusula suelo “era la normal en todas las escrituras”, desconociendo lo que dicha cláusula significaba. Afirmando finalmente que nunca negoció. Por su parte en el interrogatorio del actor éste manifestó la existencia de confianza en la entidad.

Tales pruebas nos muestran por un lado la negativa a facilitar información previa a la firma y firma “con prisas” y con afirmaciones que viciaban el consentimiento del contratante quien “confiaba” en la entidad. En consecuencia no se ha acreditado por la demandada que hubiera procedido con la diligencia exigida, más allá de velar por sus propios intereses, a la vez que se constata la falta de información del significado, contenido y consecuencias de la cláusula y a ello se une el abuso de confianza que se produce hacia el cliente.

Por tanto no existió advertencia alguna sobre las consecuencias de la cláusula y la indicación efectuada de “normalidad en toda escritura” suponen o se limitan a ilustrar sobre lo obvio, esto es, que, como es que se establecen como límite a la aplicación de la disminución del tipo fijo a un mínimo impuesto por la entidad, el cual nunca podrá ser alterado con independencia de cual sea el tipo variable pactado o la referencia a indeterminado índice. Por el contrario, la información relevante en cuanto al riesgo de la operación es la relativa a la previsión razonada, y razonable del comportamiento futuro del tipo variable referencial, las posibilidades de situar el mismo por encima del que correspondería caso de no pactarse tal “suelo”. Sólo así el cliente puede valorar "con conocimiento de causa" si la oferta del Banco, en las condiciones de tipos de interés, período y cálculo propuestas, satisface o no su interés".

A ello ha de unirse que tal omisión no se íntegra con el resto de cláusulas contractuales pues, al margen de la indicación de suelo, nada al respecto se concreta o valora, lo que por demás alcanza mayor importancia cuando el mismo se vincula a conceptos como la evolución del mercado y del tipo de interés, circunstancias sobre las que los clientes no han de disponer de conocimientos específicos a diferencia de los empleados de las entidades bancarias, ni nada se indica respecto a la trascendencia del perjuicio económico que dichas variaciones puede conllevar para los mismos.

CUARTO.- Es decir, nos hallamos tanto ante un contenido contractual cuanto a una información suplementaria, si cabe aún más importante ante lo inespecifico de aquél, por completo contrarios al deber de información antes comentado que resulta exigible de la entidad bancaria para que el cliente forme válidamente su consentimiento, provocando error en el mismo. Tal infracción debe reputarse como de suficiente entidad para determinar la nulidad absoluta de las cláusulas, puesto que según el Art. 1266 CC para que el error invalide el consentimiento debe recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo, es decir sobre un elemento esencial del negocio y que sea excusable. Y atendiendo a las circunstancias de la contratación mencionadas anteriormente, la falta de información mencionada ha de considerarse en el presente caso como invalidante del consentimiento puesto que afecta a elementos esenciales del objeto del contrato, cual es el riesgo asumido, materializado en las importantes contraprestaciones económicas en caso de escenarios negativos.

El demandante ni conoció ni pudo conocer lo que estaba firmando con la información que se le ofreció, claramente insuficiente y que, al igual que al inicial contratante  firmó las subrogaciones sin más, confiando en la demandada, sin oferta vinculante y conociendo las condiciones de la subrogación en el mismo acto de firma ante notario (su declaración no ofreció dudas a este juzgador y debe tenerse por cierta toda vez que en modo alguno la demandada ofreció prueba que viniera a desvirtuar lo afirmado ni, como se ha indicado anteriormente, probó haber informado al cliente, cual era su obligación. Sin olvidar, como se ha expuesto, que la información le fue negada cuando la solicitó dado su perfil y la naturaleza del producto y con las afirmaciones de “cláusula normal en todas las escrituras”, actuando confiado en el incorrecto asesoramiento que se le proporcionó por la entidad financiera, de modo que aprecia fue inducido a error y dicho vicio del consentimiento ha de comportar, como se ha dicho, la nulidad de las cláusulas de los contratos. Pero es mas, de la lectura del documento seis (de  la demanda), escritura de subrogación, se pone de manifiesto que en el mismo se afirma exclusivamente que se subroga y asume las obligaciones, aceptando todas las cláusulas y condiciones contenidas en la escritura de constitución del gravamen… “cuyo contenido declara conocer en su integridad”, lo que confirma cuanto se ha expuesto del desconocimiento o falta total de información.

Por último no cabe olvidar que la buena fe, como principio general del derecho, ha de informar todo contrato y obliga a un comportamiento humano objetivamente justo, leal, honrado y lógico ( STS de 26 de octubre de 1995), que no guarda relación con la conducta del demandado, quien, amén de aceptar la subrogación del préstamo y de la garantía hipotecaria (en relación a una de las solicitudes de nulidad), viene a afirmar que la hoy actora conocía plenamente las condiciones del contrato en el que se subrogaba, no se apreciándose que su proceder se haya acomodado a la buena fe, la cual exige, en el ejercicio de los derechos, la observancia de una conducta ética significada por los valores de honradez, lealtad, justo reparto de la propia responsabilidad y atenimiento a las consecuencias que todo acto consciente y libre pueda provocar en el ámbito de la confianza ajena ( STS de 21 de septiembre de 1987), por lo que cabe afirmar que la relación entre partes no ha sido presidida por la buena fe en lo referente a la entidad crediticia. 

QUINTO.- De la lectura de las demandas se desprende que el actor acumula varias acciones: de una parte, pide se declare la nulidad, por tratarse de una cláusula abusiva, de la condición general de la contratación (si bien como se dijo se aprecia la nulidad en función del vicio de consentimiento antes aludido) o cláusula contenida en los préstamos hipotecarios a tipo variable; de otra, solicita la condena de la demandada a: en su demanda que trae causa en los presentes autos 99/2011, devolver la suma de 1.440,91.-€ por la aplicación de la referida  cláusula y al abono de las que por dicha causa se generen hasta la resolución del pleito; a la vez que en la demanda cuyo origen se encuentra en los autos 193/2011 solicita (junto a la nulidad referida) se condene a la demandada a la devolución de 35.922,66.-€ cobrados en virtud de dicha cláusula y a las que se pudieran generar hasta la resolución de la presente causa.

La acción por la que se pide sea declarada la nulidad de la condición general de la contratación que la demandada viene introduciendo en los contratos de préstamos a tipo variable, es una acción declarativa y en la medida que el art. 8.1 LCGC dispone que serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en dicha Ley –7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación– o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, cabe instar y declarar la nulidad de una cláusula contractual que constituya una condición general de la contratación conforme al art. 1.1. LCGC por ser contrarias a la propia ley y/o a normas imperativas (art. 8), a la vez nada impide estimar la posibilidad de acumulación a la misma, como peticiòn accesoria, la de devolución de lo indebidamente cobrado por cuanto que tal devolución resulta ser, como se ha afirmado, una petición accesoria o subordinada a la estimación de la pretensión principal y no parece lógico que si en el supuesto del art. 12.2.II LCGC se permite expresamente acumular a la acción de cesación, como petición accesoria, la de devolución de las cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de las condiciones a que afecte la sentencia no pueda permitirse su acumulación cuando lo solicitado es de mayor transcendencia que la propia cesación, esto es: la nulidad.

El desequilibrio alegado se basa en que la cláusula de suelo se ha activado en diversas ocasiones, dada la bajada del euribor, desde la formalización del contrato, mientras que la cláusula de techo no se ha activado, ni lo hará, dado que el límite establecido no se ha alcanzado nunca, y resulta improbable que se alcance en un futuro.

Así, atendiendo a la evolución del euribor desde su creación hasta la fecha resulta que el máximo alcanzado ha sido del 5,5%, por lo que el tramo existente entre ese máximo y el fijado en el contrato de préstamo, es considerablemente mayor que el tramo existente entre dicho máximo alcanzado y el mínimo del tipo de interés establecido en el contrato de préstamo.

Como consecuencia del desequilibrio que el demandado produce al incluir esta cláusula en el contrato de préstamo, se evidencia que su actuación es contraria a la buena fe, puesto que el desequilibrio causado no queda justificado.

Se constata y no se ha puesto en duda que los contratos suscritos presentaban una cláusula suelo de:

En relación al presente procedimiento (Ordinario 99/2011):

1.- Préstamo hipotecario constituido en fecha 19 de diciembre de 2005, por subrogación, sobre dos viviendas = 3 %. (Doc. seis de la demanda con remisión al doc 5)

A su vez y en relación al procedimiento 193/11:

1.- Préstamo con garantía hipotecaria 2040-xxx = 4 % (Doc aportado en fecha 4 de mayo de 2011, subsanando en error sufrido en la demanda que aportaba contrato distinto).

2.- Póliza de crédito 2040-xxxx = 5 % (Doc. nº seis de la demanda).

Por su parte la demandada no ha puesto en duda, ni ha negado, que los créditos referidos contemplaran tales porcentajes o cláusulas suelo, pero es que a su vez tampoco ha afirmado en ningún momento que no fueran  ciertos tanto el tipo de interés pactado y el diferencial como el resultado obtenido por la aplicación del porcentaje del 3, del 4 o del 5 que como tope mínimo fue aplicado. Ciertamente si el tipo pactado, el diferencial o incluso el resultado no se correspondiera con la realidad todo ello habría sido negado, no habiéndolo hecho debe entenderse como válidos los cálculos efectuados, en base a todos ellos, por la actora y ello en aplicación de lo dispuesto en el art. 405.2 de la LEC tanto por no haberse opuesto o negado lo afirmado por la actora como por aplicación del inciso final que permite al juzgado considerar el silencio como admisión de los hechos. Y es que frente a todo lo alegado (en relación a la solicitud de abono de lo percibido por el exceso de interés) frente a todo ello se limita a afirmar que considera absurdo que pese a haber sido ejecutado el hoy actor reclame la suma que obtiene por la indebida aplicación de los tipos de interés, hecho que en modo alguno tiene trascendencia a efectos de este procedimiento. Si la demandada entiende que la actora la adeuda cantidad alguna debió formular la correspondiente demanda y no pretender que tal alegación sirva para la desestimación de la petición.

Reiteradamente el TS ha manifestado que la norma distributiva de la carga de la prueba no responde a unos principios inflexibles, sino que se deben adaptar a cada caso, según la naturaleza de los hechos afirmados o negados y la disponibilidad o facilidad para probar que tenga cada parte (entre otras, SSTS de 9 de febrero de 1994  y 30 de julio de 1999); y el Tribunal Constitucional, en sentencia número 227/1991, ha declarado que, cuando las fuentes de prueba se encuentren en poder de una de las partes del litigio, la obligación constitucional de colaborar con los Tribunales en el curso del proceso (artículo 118 de la CE) conlleva que dicha parte es quien debe aportar los datos requeridos a fin de que el órgano judicial pueda descubrir la verdad; igualmente, en SSTC números 98/1987   y 14/1992, afirma que los Tribunales no pueden exigir de ninguna de las partes una prueba imposible o diabólica, so pena de causarle indefensión contraria al artículo 24.1 de la CE, por no poder justificar procesalmente sus derechos e intereses legítimos mediante el ejercicio de los medios probatorios pertinentes para su defensa; y, finalmente, aparte de otras, en SSTC de 17 de enero de 1994, 17 de julio de 1995, 28 de febrero de 1997 y 26 de julio de 1999, ha manifestado que los obstáculos y dificultades puestos por la parte que tiene en su mano acreditar los hechos determinantes del litigio, sin causa que lo justifique, no pueden repercutir en perjuicio de la contraparte, porque a nadie es lícito beneficiarse de la propia torpeza. Ello aplicable al presente supuesto supone que la entidad crediticia si consideraba que las diferencias reclamadas no se correspondían con la realidad debió aportar justificante de ello pues los abonos efectuados por la actora nadie mejor que la demandada podría haberlos demostrado, lo que no hace y por todo guarda silencio al respecto con lo que cabe indicar que (siguiendo la S. del TS núm. 50/2011 de 22 febrero) resulta previsto en el artículo 281.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que están exentos de prueba los hechos sobre los que exista plena conformidad de las partes, salvo los casos en que la materia objeto del proceso esté fuera del poder de disposición de los litigantes, las respuestas ambiguas, las insinuaciones, el silencio o la falta de negación de la demandada sobre determinados extremos de hecho, no relevan de la carga de probar, al no constituir "plena conformidad de las partes" como se deduce de lo dispuesto en el artículo 405.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, precepto que deja al arbitrio de los tribunales considerar el silencio o las evasivas del demandado como admisión tácita de los hechos que le sean perjudiciales, “…sin perjuicio de que la falta de la contestación expresa pudiera ser entendida por el tribunal como asentimiento a los hechos afirmados por la demandante, lo que es una facultad judicial, no una obligación establecida legalmente (artículo 405. 2 LEC )”.  (Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia núm. 50/2011 de 22 febrero).

En consecuencia, no existiendo oposición a las cuantías de las diferencias conforme señala la actora y considerando el silencio en los términos descritos por aplicación del art. 405.2 de la LEC procede entender los mismos como ciertos (ello sin perjuicio de que la parte actora aporta a autos documentación suficiente que acredita tanto el importe de los créditos, como el interés pactado, el diferencial y aquellos que impugna y que fueron aplicados como cláusulas suelo).

     SEXTO.- Pues bien, en resumen y entendiendo que la cláusula de limitación de la variación del tipo de interés mediante el establecimiento de un mínimo supone que el prestatario deberá abonar una cantidad fija para el caso de que el índice de referencia descienda por debajo de un determinado umbral, lo que equivale a que en dichos supuestos, el prestatario deberá abonar por la misma prestación más de lo inicialmente acordado por las partes, y todo con el objeto de que la entidad financiera tenga cubiertos los costes mínimos del préstamo hipotecario. Esto significa que la entidad financiera mediante este tipo de cláusulas traslada al prestatario el riesgo de que la operación de préstamo no sea rentable para ella en determinados momentos de la vida del préstamo hipotecario.

     Esto aplicado al presente supone, significa que la demandada considera que en el caso de que el Euribor, índice de referencia, se sitúe por debajo de los mínimos que establece (3, 4 ó 5 %), no estarían cubiertos los costes mínimos de la operación, y a fin de evitar que tal eventualidad se dé, dispone que el índice de referencia aplicable no podrá ser en ningún caso menor de 3, 4 ó 5%, a lo que habrá de sumarse el diferencial pactado, para determinar el tipo de interés mínimo aplicable durante un periodo concreto. Por tanto, en los momentos en los que el Euribor ha estado por debajo del tales mínimos, la actora ha pagado más por la misma prestación con la única justificación de evitar un perjuicio para BCM, consistente en que la entidad no cubra los costes mínimos del préstamo hipotecario en esos momentos. De lo que cabe concluir que esta cláusula se establece en perjuicio de la actora y en beneficio de la demandada.

     Por otra parte, y haciendo referencia a algo no discutido, las limitaciones de las variaciones del tipo de interés mediante la fijación de un máximo, cláusula de techo, responden al interés del consumidor, pues en los supuestos en los que el tipo de interés supere un determinado límite, se aplicará el tipo de interés máximo que se haya fijado evitando que el prestatario deba pagar más por la misma prestación.

     Lo que aplicado a este caso supone que en el caso de que el tipo de interés aplicable en un determinado periodo supere el 11% (o 12% en el caso de la Póliza) éste será el máximo aplicable en dicho periodo.

     En consecuencia, no cabe más que concluir que dichas cláusulas de suelo y de techo deben ser consideradas recíprocas en relación a los derechos y obligaciones de las partes del contrato, dado que ambas limitan los derechos de las mismas, así la cláusula de suelo limita el derecho del consumidor a que la cuota a abonar descienda por debajo de determinado límite, y por ende se le obliga a pagar más por la misma prestación, en beneficio de la entidad financiera; y la cláusula de techo supone una renuncia de la entidad financiera a su derecho de obtener más beneficios en determinados supuestos, a fin de no perjudicar al consumidor.

     En este sentido establece el informe del Banco de España que "En las entrevistas con las entidades, puso de manifiesto que la causa básica del establecimiento de las cláusulas que establecen limitaciones al descenso de los tipo de interés (incluso en muchos de los casos que también incorporan un techo para dicha variación) es mantener un rendimiento mínimo de esos activos (de los préstamos hipotecarios) que permita a las entidades resarcirse de los costes de producción y mantenimiento de estas financiaciones."

     No es ya solo que la limitación mínima de la variación del tipo de interés supone una limitación de derechos del actor en su perjuicio, sino que en el presente supuesto dicha limitación es claro que tiene su correlativo en la limitación máxima de la variación del tipo de interés, por lo que cabe entrar a analizar si existe equilibrio entre ambas cláusulas en el sentido que afectan a las obligaciones y derechos que se derivan de las relaciones entre partes.

     En este caso, atendiendo a que el límite mínimo del tipo de interés se fija en 3, 4 ó 5% (sin perjuicio del diferencial)  y que el límite máximo se establece en un 11 ó 12 %, resulta evidente que esto produce un desequilibrio entre las prestaciones a cargo de cada una de las partes, pues por una parte mientras que la cláusula de suelo se ha activado en varias ocasiones durante la vida del préstamo, no así la cláusula de techo, quedando la misma muy lejos del máximo alcanzado por el índice de referencia, el Euribor, el 5,5%, y siendo improbable que dicho máximo se alcance. No siendo comparable la actual situación económica, con la existente anteriormente, puesto que desde la entrada de la moneda única es el Banco Central Europeo, quien fija los tipos de interés, atendiendo a criterios distintos de la situación económica nacional como sucedía en los momentos en los que los tipos de interés alcanzaron cotas más elevadas.

     Por otra parte, el propio BCM se ha debido de representar como más que improbable estas subidas del Euribor, puesto que de ser así, y antes de que se alcanzase el máximo fijado, es evidente que la cuota alcanzaría tales niveles que el actor difícilmente podrían hacer frente a la misma, de manera que en el caso de que el tipo de interés subiese hasta alcanzar el 12%, de poco serviría la protección del máximo a la actora si no pueden abonar la cuota resultante. Y en el caso de que pudiesen atender los pagos de cuotas tan elevadas, la cláusula de techo, en cierto modo también protege a la entidad financiera, pues al evitar la subida de la cuota sin límite, se asegura que la misma no alcanzará una cantidad que no pueda ser atendida por los prestatarios.

     Por último, el propio Banco de España en su informe dice que "En todo caso y sean cuáles sean las causas y explicaciones que subyacen en la determinación de los umbrales o acotaciones, lo cierto es que, en la mayoría de los casos, no ofrecen una protección efectiva para los clientes particulares del riesgo de subida de los tipos, debido a los altos niveles que alcanzan los techos.[...]En consecuencia, las acotaciones al alza, pese a alcanzar una parte significativa de la cartera, no tienen, en general, virtualidad como mecanismo de protección real y efectiva frente a incrementos de tipos de interés. De hecho, muchas de las entidades que aplican límites simultáneos, también ofrecen a la clientela otros productos específicos para la cobertura de ese riesgo."

     De lo expuesto resulta que existe un claro desequilibrio entre las prestaciones de las partes derivadas del contrato como consecuencia de la inclusión de la cláusula de suelo, y es precisamente, la inclusión de esta cláusula por parte de la entidad demandada la que determina que, aún cuando hubiera cumplido con los deberes de información y transparencia, legalmente impuestos, su actuación sería contraria a la buena fe contractual, pues dicha cláusula se incluye tan solo en su propio beneficio sin que exista un beneficio correlativo para el cliente en compensación, a sabiendas del desequilibrio entre las prestaciones en perjuicio del hoy actor que su aplicación ocasiona. Además, se constata no solo la falta de información (aseverando lo contrario) si no el conocimiento de la existencia de tal cláusula el día de la firma de la escritura y no se facilitó dicha información con anterioridad a dicho momento, lo que evidencia que la actuación de la entidad demandada no fue acorde con los dictados de la buena fe.

     Dado que las cláusulas de suelo contenida en los contratos referidos tiene el carácter de condición general de la contratación, que la misma ha sido impuesta a los actos al no haber negociación individualizada sobre la misma, que ocasiona un desequilibrio en perjuicio de los actores de las prestaciones de las partes derivadas del contrato, que vicia el consentimiento, que su inclusión es fruto de una actuación contraria a la buena fe, estimándose la demanda, se declara dicha cláusula nula, debiendo ser eliminada de los contratos objeto de la presente litis.

     SEPTIMO.-Dada la estimación del pedimento principal de la demanda, al declararse nulas las cláusulas de límite mínimo de la variación del tipo de interés, procede la estimación de la petición accesoria, por lo que se condena a la entidad demandada, BCM, a abonar a la actora la cantidades reclamadas, incrementadas en el interés legal devengado desde que los excesos de cuota fueron cobrados hasta la presente resolución, incrementados en dos puntos tras el dictado de la presente sentencia.

     Igualmente, BCM deberá abonar a los actores las cantidades que se hayan cobrado de más en aplicación de la cláusula declarada nula, desde la interposición de la demanda hasta la presente resolución, con los intereses que se hayan devengado desde sus respectivos cobros hasta la fecha de la presente. Bien entendido que dichas cantidades se determinan por la diferencia entre lo abonado en aplicación de la cláusula de suelo y lo que se debió abonar de no aplicarse la misma.

     OCTAVO.- Con respecto a las costas, las mismas se impone a la parte demandada, en aplicación de lo dispuesto en el art. 394 de la LEC, dada la estimación de la demanda.

     Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

     Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por el Procurador D. Dª. Mª ANGELES PAZ CABALLERO en nombre y representación de “X S.A.” contra la entidad Banco BANCO X (antes CAJA X), y acumulada a la misma la seguida como P.O. nº 193/2011, con los siguientes pronunciamientos:

a)  declaro nula por vicio del consentimiento y contraria a la buena fe la cláusula que establece un límite mínimo a la variación del tipo de interés contenida en el contrato de préstamo hipotecario celebrado entre partes el 19 de diciembre de 2005 y referido a las viviendas sitas en X nº 5, vivienda letra A, sita en planta quinta y vivienda letra B sita en planta quinta y derivado de la subrogación en el préstamo con garantía hipotecaria de fecha 16 de noviembre de 2005 (estipulación 5ª del contrato origen de la subrogación),

b)  declaro nula por vicio del consentimiento y contraria a la buena fe la cláusula que establece un límite mínimo a la variación del tipo de interés contenida en el contrato de compraventa y subrogación de préstamo hipotecario a interés variable suscrito entre partes en fecha 7 de febrero de 2008 relativo al inmueble sito en calle X 13, 3º izda, Madrid

c)  declaro nula por vicio del consentimiento y contraria a la buena fe la cláusula que establece un límite mínimo a la variación del tipo de interés contenida en el anexo al contrato de póliza de crédito X.

d)  se condena a la demandada a eliminar dicha cláusula de los referidos contratos,

e)  se condena a su vez a la demandada a la reintegración de las cantidades de 1.440,91.- euros y de 35.922,66.- euros pagadas en exceso en aplicación de la referida cláusula impuesta en los contratos de referencia.

f)  se condena a la demandada al abono de las cantidades que con posterioridad a la demanda se hayan abonado en aplicación de las cláusulas nulas, de conformidad con lo dispuesto en el F.D. Séptimo.

g)  todas las referidas cantidades devengarán en el interés legal del dinero desde que efectivamente se cobraron indebidamente hasta la presente resolución y tras la misma tal interés se incrementará en dos puntos hasta su completo pago.

h)  Condenando a su vez a la demandada al pago de las costas causadas en esta instancia.

     Notifíquese a las partes haciéndoles saber que contra esta Sentencia cabe recurso de apelación que, en su caso, deberá de interponerse en un plazo de VEINTE DÍAS contados desde la notificación de la presente resolución, mediante un escrito que deberá reunir los requisitos previstos en el art. 458 de la Ley 1/2001, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, debiendo ser resuelto, en su caso, por la Ilma. Audiencia Provincial de Cuenca.

     Así, por esta mi Sentencia, de la que se librará testimonio para incorporarlo a las actuaciones, llevándose el original al Libro de Sentencias, la pronuncio, mando y firmo juzgando definitivamente en primera instancia.

     MAGISTRADO                            SECRETARIO

 

PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia ha sido publicada en el día de su fecha por el Magistrado que la suscribe.- Doy fe.

 

RECURRIDA

Auto en apelación derivado de Cno 673/2008. Confirmación de auto aprobando plan liquidación

20110418195815-jueces.gif

A U T O  Nº   19/2011

       ILMOS. SRES:

       PRESIDENTE:

                 SR. DIAZ DELGADO

       MAGISTRADOS:

                 SR. MARTINEZ MEDIAVILLA

                 SR. CASADO DELGADO

       En la ciudad de Cuenca a  veintinueve de marzo  de dos mil once.

ANTECEDENTES DE HECHO

       PRIMERO.- Con fecha a veintidós de Abril de dos mil diez, se dictó Auto por el Juzgado de instancia, en cuya parte dispositiva se acordaba: "Se aprueba, con las modificaciones expresadas en los antecedentes jurídicos que preceden a la presente, el plan de liquidación de los bienes y derechos integrados en la masa activa resultante de los texto definitivos del informe de la Administración Concursal, presentado por la misma, y en el presente caso la liquidación de aquélla se llevará a efecto, en lo no previsto de forma expresa, conforma a las reglas legales supletorias establecidas en el artículo 149 de la Ley  Concursal, atendida su naturaleza y finalidad, previstas tanto en la Ley Concursal como en los artículos 634 y siguientes de Ley de Enjuiciamiento Civil, de modo que:

. Respecto de los bienes muebles correspondientes al inmovilizando, se acuerda:

-         Respecto de las existencias, así como los bienes de equipo e instalaciones, atendido el carácter perecedero de las mismas, y una vez acreditado en autos de manera detallada las existentes o las razones de su desaparición y en el plazo de diez días, se autoriza a la Administración Concursal a fin de que proceda a su venta directa por precio de mercado en el periodo máximo de tres meses desde la notificación de la presente, debiendo acreditar documentalmente ante el Juzgado su realización.

- Respecto de los vehículo y demás medios de transporte relacionados y tasado en el informe, se acuerda su enajenación por lotes, libres de cargas y en subasta pública atendiendo a su valoración final fijada por la administración concursal y en resolución aparte, una vez presentada por la Administración Concursal en el plazo de CINCO DIAS  relación detallada de los mismos y su valor, se acordará sobre sus condiciones, si bien no se aceptarán posturas inferiores al cincuenta por ciento del valor de tasación, sin perjuicio de que las inferiores, una vez verificado traslado a la administración concursal por diez días para encontrar terceros que mejoren las mismas con resultado negativo, podrán ser aprobadas si se consideran beneficiosas a los  intereses del concurso.

- Para la enajenación de los derechos de propiedad sobre bienes inmuebles se acuerda su enajenación por lotes, valoración final fijada por la administración concursal y en resolución aparte, una vez presentada por la Administración Concursal en el plazo de CINCO DIAS relación detallada de los mismos y su valor, se acordará sobre sus condiciones, si bien no se aceptarán posturas inferiores al setenta por ciento del valor de tasación, sin perjuicio de que las inferiores, una vez verificado traslado a la administración concursal por diez días para encontrar terceros que mejoren las mismas con resultado negativo, podrán ser aprobadas si se consideran beneficiosas a los intereses del concurso.

. Se concede autorización a la Administración Concursal para que proceda a la venta directa de los referenciados bienes en caso de resultar desierta la subasta respecto de alguno de ellos, por el precio más beneficioso a los intereses del concurso y en el plazo máximo de un mes desde la celebración de la subasta.

. Los créditos contra la masa serán de realización inmediata, antes del pago de ningún otro crédito concursa, y la administración concursal deducirá de la masa los bienes y derechos no afectos a créditos con privilegio especial, y en caso de resultar insuficiente lo obtenido se distribuirá entre todos los acreedores de la masa por el orden de sus vencimientos.

. El pago de créditos con privilegio especial se realizará con cargo el producto obtenido con la venta de los inmuebles afectos a los mismos y una vez liquidados todos los conceptos.

. el pago del resto de crédito con privilegio general, los ordinarios y los subordinado se efectuará a continuación y en los términos previstos en los artículos 156, 157 y 158 de la Ley concursal.

El periodo de liquidación, atendida la naturaleza del concurso, no se prolongará, salvo razones justificadas, más allá de UN AÑO,  debiendo la administración concursal, de manera obligatoria RENDIR CUENTAS sobre el estado de las operaciones de liquidación TRIMESTRALMENTE, las cuales quedarán de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado".

      

       SEGUNDO.- Contra dicha resolución, se preparó y después se interpuso recurso de apelación por Doña María Josefa Herráiz Calvo, Procuradora de los Tribunales en nombre y representación de la mercantil xxxx S.L., recurso que fue admitido por providencia de fecha veintiocho de junio de dos mil diez.

       Con fecha ocho de Junio de dos mil diez, Doña Sonia Rodríguez Martorell procuradora de los Tribunales y de Don Juan Barrera Montero y Don Jorge Bueno Palacio Administradores Concursales en el procedimiento de concurso voluntario nº 673/08de "CINAR 2003, S.L.", presentó escrito oponiéndose el recurso de apelación.

       Asimismo la representación procesal, de Servicons Gamar S.R.L.L.,  impugno el auto de fecha 22-4-10, adhiriéndose al recurso de apelación.

       TERCERO.- Remitidas las actuaciones a esta Ilma. Audiencia Provincial, recibidas con fecha  dieciséis de Noviembre de dos mil diez, se procedió a su registro y a la formación del correspondiente rollo, designándose  como Ponente al Magistrado Ilmo. Sr. Don Antonio Díaz Delgado, con fecha dieciocho de noviembre de dos mil diez se pasan las actuaciones al Iltmo. Sr. Magistrado Ponente para resolver sobre la celebración de vista solicitada por el apelante,  por providencia de fecha veintitrés de noviembre de dos mil diez se acordó  no estimar necesaria la celebración de vista interesada y se señaló para que tuviera lugar la deliberación, votación y fallo de las actuaciones el día veintiuno de diciembre de dos mil diez.

       Acordándose en providencia de fecha veintiuno de diciembre de dos mil diez dar traslado a las partes por término de cinco  días  para la posible nulidad de actuaciones.

       Con fecha diez de enero de dos mil once se presentaron sendos escritos por la Procuradora Dª María José Herráiz Calvo en nombre de su representado, por el que interesaba se entienda que no ha existido nulidad de actuaciones por incongruencia omisiva, dando el curso procesal oportuno, y por la Procuradora Dª María José Martínez Herráiz en nombre de su representada interesando se acuerda la nulidad desde la fecha del auto impugnado, o por el contrario, resolver sin más en base a lo solicitado.

       Señalándose nueva fecha de deliberación, votación y fallo para el día quince de febrero de dos mil once. 

       RAZONAMIENTOS JURIDICOS                          

       PRIMERO.-   Vistos los escritos del apelante y del impugnante, en orden a su alegación de incongruencia omisiva, respecto al traslado que se les confirió por si su intención era instar nulidad de actuaciones, toda vez que el resolver en APELACIÓN  una cuestión plateada y no resuelta en primera instancia, aboca a alterar la competencia funcional en orden al sistema de la doble instancia por convertir a este órgano revisor de la sentencia recurrida, en órgano jurisdiccional de primera instancia; hemos de entender según sus escritos, que lo que quieren expresar es que ha habido una desestimación tácita de dicha pretensión y que no solicitan por consiguiente la nulidad de lo actuado para que repongan las actuaciones al momento anterior a dictar la resolución recurrida.

       Señalado lo anterior a fin de centrar el objeto de la apelación y de la impugnación, hemos de decir, que los dos, S. S.R.L.L. y,  xxxx S.L. pretenden lo mismo, o dicho de otra forma, su pretensión es idéntica, y es que el dinero que tiene que devolver C.C.M. ascendente a la suma de 489.537,01 euros, no se integren en la masa común de concurso de CINAR, S.A., sino que dicho importe sirva para satisfacer el abono de los Servicios y materiales empleados en una obra en la localidad de Tragacete.

       SEGUNDO.- El argumento esencial del apelante e impugnante, es que la entidad financiera referida distrajo sin consentimiento de la concursada la referida cantidad de dinero, lo que motivó que CINAR S.A., se declarase en concurso, y por ello ese dinero debe ingresar en una cuenta especial para que la administración concursal satisfaga exclusivamente los gastos de la obra de Tragacete y sus materiales. 

       A tal fin no pueden acogerse la pretensión del recurrente e impugnante, pues no estamos ante una cuestión de reponer  una situación jurídica anterior, sino estamos ante una cuestión derivada de la declaración del concurso, y si las partes consideran que la entidad financiera citada obro ilegalmente provocando el concurso, deberán ejercitar las acciones contra la misma que consideren oportunas. En definitiva dicha cantidad deberá reintegrarse a la masa concursal, pues la propia Ley concursal (Art. 55  ) establece con carácter genérico  la prohibición legal de iniciarse ejecuciones singulares con carácter absoluto.

       TERCERO.-  En cuanto a las costas causadas por cada uno de los dos recursos pues en definitiva la impugnación es una oposición a la resolución combatida y por ello debe tener la consideración de un recurso, se imponen a cada uno de los recurrentes (arts. 394 y 398 L.E.C.)

         Por lo expuesto.

ACORDAMOS

       Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto, y la impugnación del Auto del juez de primera instancia y en consecuencia, mantenemos la resolución recurrida, condenando en las costas de la apelación  al apelante y las de la impugnación  al  impugnante.

       Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

       Así lo acuerdan y firman los Ilmos. Sres. del margen. Doy fe.


¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres

Sentencia en Ordinario mercantil sobre transportes 608/2009

20110107174140-transportes.jpg

SENTENCIA nº 64 (mercantil)

En Cuenca, a veintidós de Diciembre de dos mil diez.

 Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia Nº 2 de Cuenca, con competencia exclusiva en materia mercantil, los presentes autos de Juicio Ordinario, seguidos en este Juzgado bajo el número 608 del año 2.009, a instancia de Don xxxxxx, representada por la Procuradora Doña Yolanda Araque Cuesta y asistido por el Letrado Don Pascual Chuliá March, contra la xxxxx S.L., representada por el Procurador Don Miguel Ángel García García y asistida por el Letrado Don Raffaele Giannattasio.

ANTECEDENTES   DE    HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora Doña Yolanda Araque Cuesta, en nombre y representación de Don xxxxxx, se presenta demanda de Juicio Ordinario en virtud de la cual reclama que se declare que la demandada resolvió de forma abusiva, sin justa causa y sin respetar el plazo de preaviso que la buena fe exige, las relaciones comerciales que venía manteniendo con el actor, condenando a la demandada a abonar al actor en concepto de indemnización por daños y perjuicios la cantidad de 16.311 euros; que se condene a la demandada a abonar a la actora la cantidad de 26.456,67 euros en concepto de pago de los portes de los transportes realizados, condenando a la demandada al pago de los intereses legales desde la fecha de presentación de la demanda así como al pago de las costas procesales.

 

SEGUNDO.- Por Auto de fecha 29 de Octubre de 2.009 se admite a trámite la demanda, dándose traslado a la parte demandada de copia de la misma así como de los documentos a ella acompañados emplazándola para que conteste en el plazo de veinte días hábiles.

 

TERCERO.- Por el Procurador Don Miguel Ángel García García, en nombre y representación de la xxxxxx S.L., contesta a la demanda de Juicio Ordinario presentada de contrario interesando la desestimación de la demanda en cuanto al fondo con expresa imposición de las costas causadas a la parte actora, formulando reconvención en la que solicita que se reconozca la compensación de créditos correspondiendo al actor un crédito de 525,87 euros respecto de su representada, dictándose sentencia rechazando cualquier pretensión indemnizatoria de daños y perjuicios, con imposición de las costas a la parte contraria.

 

Por el contrario, la parte actora contestó a la reconvención alegando la excepción de prescripción e interesando la desestimación de la misma en cuanto al fondo del asunto con imposición de las costas causadas a la parte demandada.

 

CUARTO.- Mediante Providencia dictada por este Juzgado en fecha 24 de Marzo de 2.010 se convoca a las partes al acto de la audiencia previa.

 

Al acto de la audiencia  previa concurren ambas partes proponiéndose como prueba por la actora: documental, interrogatorio del demandado y testifical. Por la parte demandada se propusieron como medios de prueba: documental, interrogatorio del actor y testifical.

Se admitieron todos los medios de prueba, convocándose a las partes para la celebración del acto del juicio.

 

QUINTO.- Celebrado el acto del juicio y practicadas todas las pruebas declaradas pertinentes, se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

 

SEXTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

 

FUNDAMENTOS   DE   DERECHO

PRIMERO.- El actor al amparo de lo establecido en los artículos 1.088 a 1.091, 1.100, 1.101, 1.106, 1.108, 1.124, 1.254 a 1.258, 1.261, 1.281, 1.283 a 1.287, 1.542 y 1.544 CC; el artículo 57 y 329 y siguientes CCo, la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres reclama que se declare que la demandada resolvió de forma abusiva, sin justa causa y sin respetar el plazo de preaviso que la buena fe exige, las relaciones comerciales que venía manteniendo con el actor, condenando a la demandada a abonar al actor en concepto de indemnización por daños y perjuicios la cantidad de 16.311 euros; que se condene a la demandada a abonar a la actora la cantidad de 26.456,67 euros en concepto de pago de los portes de los transportes realizados, condenando a la demandada al pago de los intereses legales desde la fecha de presentación de la demanda así como al pago de las costas procesales.

 

Por el contrario, la parte demandada se opone a lo solicitado de contrario, estando conforme con el importe de los portes reclamados, formulando así mismo demanda reconvencional por medio de la cual interesa al amparo de lo establecido en el artículo 17 del Convenio de 19 de Mayo de 1.956, el artículo 377 CCo, los artículos 1.902, 1.903, 1.195 y 1.196 CC que se reconozca la compensación de créditos correspondiendo al actor un crédito de 525,87 euros respecto de su representada, dictándose sentencia rechazando cualquier pretensión indemnizatoria de daños y perjuicios, con imposición de las costas a la parte contraria.

 

     La parte actora se opuso a la demanda reconvencional planteada de contrario alegando la excepción de prescripción para reclamar las cantidades por la demandada y se opuso en cuanto al fondo del asunto por considerar que no existen los daños reclamados de contrario y existir una mala estiva por parte del cargador, interesando la imposición de las costas causadas a la parte demandada.

 

SEGUNDO.- En primer lugar hay que decir que la naturaleza jurídica del contrato mercantil de transporte resulta discutida desde una perspectiva doctrinal, hasta el punto de que frente opiniones que lo califican como contrato mixto de transporte, depósito y gestión, o de depósito con arrendamiento de cosas y servicios. Pero sin duda alguna se considera en la doctrina mercantil española encabezada en su día por GARRIGUES y fundada a su vez en la doctrina italiana (VIVANTE, RUGGIERO entre otros) que se trata de un contrato subespecie del de obra, lo que resulta acertado si se tiene en cuenta que la obligación que asume el transportista es de resultado, tesis que parece deducirse también de la intención del legislador civil cuando son los artículos 1601 a 1603 del Código Civil los que se ocupan del transporte civil, ciertamente hoy con escaso interés.

 

Atendiendo a tales características el contrato de transporte se puede calificar como bilateral, consensual, oneroso, conmutativo y normalmente de adhesión, extremo este de gran relevancia para la resolución de la Apelación interpuesta.

 Del concepto de contrato de transporte (aquél por el que una parte se compromete al traslado de personas y/o cosas de un lugar a otro a cambio de un precio) se deducen dos obligaciones esenciales: la primera a cargo del transportista consistente en el deber de aplicar los medios materiales y humanos a su alcance para la traslación del objeto a lugar designado por el remitente y la segunda, a cargo de este último y que consiste en el abono del precio convenido, todo ello, al margen de ciertos privilegios o ventajas que concede la Ley, tales como el del artículo 375 del Código de Comercio relativo a derechos de prenda y de cobro preferente.

 

Entrando en la resolución del fondo del asunto procede indicar que existe una relación contractual entre las partes litigantes en virtud de la cual la parte actora ha prestado servicios de transporte al demandado desde el mes de Mayo de 2.005 hasta el mes de Abril de 2.009, realizándose la contratación del servicio de una manera verbal y continuada, pero sin que por el contrario se hubiese establecido entre las partes litigantes que dicha relación contractual tuviese un plazo de duración determinado o indefinido, debiendo de indicarse además que la parte actora no ha acreditado tal como le corresponde al amparo de lo establecido en el artículo 217.2 LEC que exista un pacto de exclusividad entre el actor y el demandado puesto que no existe un contrato firmado entre las partes que determine la exclusividad por parte del actor en la prestación de los servicios transporte al demandado.

 

En este sentido, hay que decir que la suspensión de la prestación de esos servicios por la demandada a partir del mes de Abril de 2.009, no puede considerarse como resolución unilateral del contrato, al tratarse de prestaciones individualizadas cada una de las cuales constituye un contrato de transporte sujeto a las reglas pactadas por las partes litigantes en el momento de contratar cada servicio a prestar por el actor al demandado. En consecuencia, no existe causa alguna de incumplimiento contractual imputable a la Compañía Autofrigo Espamancha S.L. que origine la obligación del resarcimiento de los daños y perjuicios pretendida por Don Juan Ramón Navarro Garrido puesto que no se ha acreditado que en alguno de esos contratos de transporte el cargador hubiere ejercitado su derecho de disposición dando la oportuna contraorden de suspender el transporte, aparte de que en autos no consta prueba alguna que acredite, de manera concluyente, la existencia de relación de causalidad entra la conducta de la xxxxxx S.L. y los daños y perjuicios alegados, por lo que en este sentido no cabe sino desestimar la petición de resarcimiento interesada por la parte actora.

 

Respecto de los importes reclamados por la parte actora en concepto de portes por transportes realizados a la parte demandada, hay que reseñar que la parte demandada está conforme con su abono, por lo que procede acceder a esta petición formulada por la parte demandante.

 

TERCERO.- Entrando en el conocimiento de la demanda reconvencional hay que decir que en primer término hay que examinar la excepción de prescripción planteada por la parte actora en su contestación a la demanda reconvencional.

 

Pues bien, el artículo 1.968.2 CC dispone que prescribe por el transcurso de un año la acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1.902. Y el artículo 1.973 CC expresa:” La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.”.

 

     El artículo 944 CCo dispone lo siguiente:”La prescripción se interrumpirá por la demanda u otro cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor; por el reconocimiento de las obligaciones, o por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor.

 

Se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial, si el actor desistiese de ella, o caducara la instancia, o fuese desestimada su demanda.

 

Empezará a contarse nuevamente el término de la prescripción en caso de reconocimiento de las obligaciones, desde el día en que se haga; en el de su renovación, desde la fecha del nuevo título; y si en él se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligación, desde que éste hubiere vencido.”.

 

     El artículo 952.2 CCo establece que prescriben al año las acciones sobre entrega del cargamento en los transportes terrestres o marítimos, o sobre indemnización por sus retrasos y daños sufridos en los objetos transportados, contado el plazo de la prescripción desde el día de la entrega del cargamento en el lugar de su destino, o del en que debía verificarse según las condiciones de su transporte.

 

     El artículo 1 del Convenio de 19 de mayo de 1956, al que España se adhirió por Instrumento de 12 de septiembre de 1973 y publicado en el BOE el 7 de mayo de 1974 somete a su regulación, con independencia del domicilio y nacionalidad de las partes contratantes, con las excepciones establecidas en su párrafo cuarto, los transportes de mercancías por carretera siempre que concurran los siguientes requisitos: que el contrato sea oneroso, que el transporte se efectúe por automóviles, vehículos articulados, remolques y semirremolques, y, finalmente, que los puertos de origen o toma de la mercancía y el lugar de destino estén situados en dos países diferentes, uno de los cuales, al menos, sea contratante. Además, el artículo 32.2 del Convenio CMR (Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera de 19 de mayo de 1956, que se complementa con Protocolo de 5 de julio de 1978, y que constituye norma de nuestro Derecho interno -España se adhirió por Instrumento de 12 de septiembre de 1973; BOE 7 de mayo de 1974-) dispone que las acciones a las que pueda dar lugar el transporte regulado por este Convenio prescriben al año, estableciéndose en el párrafo segundo del citado artículo que la reclamación escrita interrumpe la prescripción hasta el día en que el transportista rechace la reclamación por escrito y devuelva los documentos que acompañan a la misma. En caso de aceptación parcial a la reclamación, la prescripción no vuelve a tomar su curso más que por la parte reclamada y de la devolución de documentos corren a cargo de quien invoque este hecho. Las reclamaciones ulteriores que tengan el mismo objeto no interrumpen la prescripción.

En relación a la aplicación del plazo prescriptivo no podemos olvidar que el artículo 944 CCo establece un régimen especial al indicar "Se considera la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial, si el actor desistiere de ella, o caducará la instancia o fuese desestimada su demanda". Precepto objeto de exégesis por la reciente STS de 8/10/2009 en la que se debatía si la consolidada jurisprudencia de la Sala Primera acerca de la prevalencia del art. 1973 CC sobre el art. 944 C.Com para considerar también la reclamación extrajudicial como un medio de interrupción de las acciones procedentes de los contratos mercantiles, pese a no aparecer contemplada tal reclamación en el párrafo primero de dicho art. 944 , suponía asimismo una prevalencia aún más general del régimen del CC en materia de prescripción extintiva y, en consecuencia, para interrumpir la prescripción de las acciones procedentes de contratos mercantiles bastaría con la interpelación o reclamación judicial al margen de la suerte que corriera la demanda.

Esta sentencia sienta la siguiente doctrina "El problema es, por tanto, si la jurisprudencia de esta Sala sobre la interpretación del art. 944 C.Com en función de lo dispuesto en el art. 1973 CC permite o no considerar derogado el párrafo segundo de aquél para que, así, y pese a la clara dicción literal del precepto, la caducidad de la instancia no excluya la interrupción de la prescripción en caso de interpelación judicial.

Pues bien, la respuesta ha de ser negativa y por tanto el recurso ha de ser desestimado.

Aunque algunas sentencias de esta Sala contengan pasajes que, aislados de su contexto, permitan imaginar que la prevalencia del art. 1973 CC sobre el art. 944 C.Com es absoluta, en el sentido de considerar totalmente derogado este último por el primero, basta con leerlas por entero para comprobar que tal prevalencia se afirma única y exclusivamente para justificar la eficacia de la reclamación extrajudicial como medio de interrumpir la prescripción extintiva de las acciones también en el ámbito mercantil, pues de esto es de lo que tratan (p. ej. SSTS 4-12-95 en rec. 1638/92, 4-4-03 en rec. 2619/97 y 8-3-06 en rec. 2414/00), como se desprende del sentido que a la jurisprudencia de esta Sala atribuye la sentencia de 6 de octubre de 2006 (rec. 4813/99).

Por el contrario, la vigencia y plena aplicabilidad del párrafo segundo del art. 944 C.Com resulta no sólo de sentencias anteriores y contemporáneas de las que iniciaron aquella línea jurisprudencial, limitada como se viene insistiendo al problema de la reclamación extrajudicial, sino también de alguna otra muy posterior. Así, la sentencia de 28 de diciembre de 1989 no pone en duda la vigencia de dicho precepto, aunque considera que en el caso no llegó a darse una verdadera desestimación de la demanda precedente porque lo declarado por la sentencia del juicio ejecutivo fue la nulidad de éste. La sentencia de 9 de noviembre de 1993 (rec. 3227/90) da por vigente el párrafo segundo del art. 944 C.Com y lo aplica por haberse dictado sentencia desestimatoria en un juicio ejecutivo que había precedido al declarativo. La sentencia de 12 de diciembre de 1995 (rec. 1778/92) trata muy especialmente del desistimiento de la demanda, asimismo contemplado en el párrafo segundo del art. 944 C.Com como excluyente de la interrupción, y considera tan vigente este precepto que ni siquiera se plantea la aplicabilidad del art. 1973 CC . La sentencia de 14 de julio de 2005 (rec. 1038/99), centrada en un caso de interrupción de la prescripción por reclamación extrajudicial, considera sin embargo vigente el párrafo segundo del art. 944 C.Com en cuanto excluye la interrupción si se desestima la demanda, exclusión que esta sentencia califica de"tajante". Finalmente, la sentencia de 9 de marzo de 2006 (rec. 2427/99) se refiere a los arts. 1973 CC y 944 C.Com., en pie de igualdad, para razonar que ambos exigen identidad de las acciones ejercitadas en el proceso interruptivo de la prescripción y en el posterior.

 

No hay, en realidad, ninguna razón de peso para considerar derogado el párrafo segundo, como tampoco el tercero, del art. 944 C.Com. Sea por la mayor agilidad del tráfico mercantil, sea por razones históricas, lo cierto es que el Código de Comercio de 1885 tiene un régimen con sus propias peculiaridades en relación con el Código Civil de 1889; que la remisión del art. 943 C.Com a las disposiciones del Derecho común debe entenderse sólo al plazo de ejercicio de las acciones; y que el art. 4.3 CC dispone su aplicación a las materias regidas por otras leyes sólo como supletoria.

 

Nuestra jurisprudencia ha hecho constante aplicación de este sistema de interrupción extrajudicial para todo contrato de transporte desde la discutida STS de 4 diciembre 1995, cuya línea fue seguida por las de 31 de diciembre de 1998, 21 de marzo de 2000, 31 marzo de 2001 y 28 octubre de 2002, que trataron la problemática sobre la duda de la elección entre la prevalencia del artículo 944 del Código de Comercio según la naturaleza mercantil del contrato de transporte, del que nace el débito, que no contempla específicamente la reclamación extrajudicial como causa de la interrupción de la prescripción, sobre el artículo 1973 del Código Civil o, por el contrario, la prevalencia de este último precepto, cuya fuerza expansiva o integradora haría posible que se estimara eficaz en el ámbito mercantil la expresada forma interruptiva de la prescripción, optando por esto último. En interpretación de este artículo la doctrina establecida, entre otras, en la sentencia del Tribunal Supremo de 20 octubre de 2004 dispone que "aunque el artículo 944 del Código de Comercio no contemple expresamente la reclamación extrajudicial entre las causas de interrupción del plazo de prescripción de las acciones relativas a los contratos mercantiles, la jurisprudencia, en su función integradora del ordenamiento, ha considerado que, en este punto, el régimen de interrupción de las obligaciones contenido en el Código Civil y el de Comercio es el mismo y ha atribuido tal eficacia a dicho tipo de reclamación en el ámbito de este último."

 

     Así, procede indicar que respecto a la reclamación de las cantidades que son objeto de la demanda reconvencional hay que decir que previamente a la interposición de la demanda reconvencional la parte actora ha sido requerida por la demandada en fecha 5 de Mayo de 2.009 para el pago de la cantidad de 19.720 euros por los daños ocasionados a una cisterna en un accidente sufrido en fecha 16 de Julio de 2.008 y la cantidad de 730,80 euros en concepto de un embarque realizado en fecha 7 de Abril de 2.008 (documento nº 8 acompañado con la demanda y documento nº 11 acompañado con la contestación a la demanda). En este sentido, procede indicar que posteriormente a la reclamación extrajudicial en fecha 5 de Mayo de 2.009 se realizó otra reclamación extrajudicial en fecha 5 de Junio de 2.009 (documento nº 20 acompañado con la demanda), interponiéndose demanda reconvencional el día 21 de Diciembre de 2.009, de manera que desde que se produjo la entrega de la mercancía y los daños causados en la cisterna no se ha producido ninguna reclamación judicial en el plazo de un año si bien se han producido dos reclamaciones extrajudiciales tal como se ha indicado anteriormente, por lo que de conformidad con la doctrina expuesta anteriormente y lo dispuesto en los artículos reseñados anteriormente la acción en reclamación de la cantidad en concepto de los daños ocasionados a la cisterna no ha de considerarse prescrita al no haber transcurrido el plazo prescriptivo de un año, teniendo que indicarse a mayor abundamiento que la cantidad de 730,80 euros reclamada en concepto de un embarque realizado en fecha 7 de Abril de 2.008, que no ha sido reclamada extrajudicialmente hasta el día 5 de Mayo y 5 de Junio de 2.009 y judicialmente hasta el día 21 de Diciembre de 2.009, tal como se ha expuesto anteriormente, por lo que la reclamación de la cantidad de 730,80 euros ha de considerarse prescrita al haber transcurrido el plazo prescriptivo de un año .

 

     Además de las citadas cantidades, la parte demandada reclama la cantidad de 4.000 euros en concepto de complemento en la reparación de la cisterna 114 y 4.000 euros en concepto de reparación del semirremolque matrícula xx-5449.  En este sentido hay que decir que no habiéndose reclamado dichas cantidades desde la fecha del accidente, el día 16 de Julio de 2.008, y desde la fecha de entrega de las mercancías hasta la fecha de la interposición de la demanda reconvencional el día 21 de Diciembre de 2.009, no cabe sino concluir de conformidad con la doctrina expuesta anteriormente y con los artículos aludidos anteriormente que la acción en reclamación de estas cantidades está prescrita. 

 

     CUARTO.- El artículo 361 CCo establece:” Las mercaderías se transportarán a riesgo y ventura del cargador, si expresamente no se hubiere convenido lo contrario.

En su consecuencia, serán de cuenta y riesgo del cargador todos los daños y menoscabos que experimenten los géneros durante el transporte, por caso fortuito, fuerza mayor o naturaleza y vicio propio de las cosas.

La prueba de estos accidentes incumbe al porteador.”.

 

El artículo 362 CCo dispone:” El porteador, sin embargo, será responsable de las pérdidas y averías que procedan de las causas expresadas en el artículo anterior, si se probare en su contra que ocurrieron por su negligencia o por haber dejado de tomar las precauciones que el uso tiene adoptadas entre personas diligentes, a no ser que el cargador hubiese cometido engaño en la carta de porte, suponiéndolas de género o calidad diferente de los que realmente tuvieren.

Si, a pesar de las precauciones a que se refiere este artículo, los efectos transportados corrieran riesgo de perderse, por su naturaleza o por accidentes inevitables, sin que hubiese tiempo para que sus dueños dispusieran de ellos, el porteador podrá proceder a su venta, poniéndolos con este objeto a disposición de la autoridad judicial o de los funcionarios que determinen disposiciones especiales.”.

 

La Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo expresa:” sentencia de 21 de noviembre de 1996, poniendo en relación el art. 362 del Código de Comercio con el art. 1602 del Código Civil, declaró que para las averías y pérdidas de los efectos transportados "se establece una presunción legal de culpa en el transportista, actuando inversión de la carga de la prueba, ya que en tanto no demuestre la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, se le imputa la pérdida o las consecuencias de los daños de las mercancías que recibió y transportó. Su responsabilidad sigue subsistiendo si demuestra que ha incurrido en negligencia o no adoptó las precauciones acostumbradas y diligencias debidas".”.

 

Aplicando lo dispuesto anteriormente al caso de autos hay que decir que el actor contrató con el demandado el transporte de una cisterna propiedad del demandado desde la ciudad de Barcelona hasta la localidad de Tres Cantos (Madrid), que atracó el día 15 de Julio de 2.008 en el puerto de Barcelona procedente de Livorno (Italia). Pues bien, del atestado elaborado por la Guardia Civil que ha sido incorporado a los presentes autos se desprende que el día 16 de Julio de 2.008, sobre las 01:45 horas, el camión cisterna marca Scania 164-L, matrícula xxxx-Bxx, conducido por Don xxxxx sufrió un accidente como consecuencia de circular a una velocidad inadecuada, no habiéndose acreditado que el conductor circulase a una velocidad de 60 km/hora tal como indica el informe pericial aportado por la parte demandada (documento nº 6 acompañado con la contestación a la demanda) puesto que el citado informe pericial no merece credibilidad en este sentido al haber realizado el perito una peritación de los daños de la cisterna en las instalaciones de Auto Frigo Sud Service el día 18 de Julio de 2.008, dos días después de suceder el accidente, no habiendo determinado los motivos por los que llega a la conclusión que la cabeza tractora circulaba a la citada velocidad teniendo en cuenta además que no ha visto el lugar del accidente para llegar a la conclusión que el conductor circulaba a una velocidad de 60 km/hora.

 

En este sentido hay que decir que no obstante indicarse el atestado obrante en autos que el accidente acaeció por una velocidad inadecuada unido al movimiento de la carga, sin embargo el porteador no ha acreditado tal como le corresponde al amparo de lo establecido en el artículo 217.2 LEC que el accidente se ocasionó por caso fortuito, fuerza mayor o naturaleza, o vicio propio de las cosas de conformidad con lo dispuesto en los artículo 361 y 362 CCo, teniendo en cuenta a mayor abundamiento que tampoco ha acreditado el actor, tal como sostiene, que exista una defectuosa colocación de la carga por parte del cargador así como que exista un defectuoso mantenimiento de la cisterna o ésta no tenía un buen estado de conservación, de manera que el porteador deberá responder de los daños causados en la cisterna que ascienden al importe de 17.000 euros (documento nº 9 acompañado con la contestación a la demanda).

 

No obstante lo anterior, hay que decir que debiendo satisfacer el demandado al actor la cantidad de 26.456,67 euros tal como se ha indicado anteriormente, procede compensar el pago de la citada cantidad con el importe que el actor debe al demandado que asciende al importe de 17.000 euros, al cumplirse los requisitos previstos en el artículo 1.195 y 1.196 CC para efectuar la compensación dado que las dos deudas son líquidas, vencidas y exigibles, de manera que el demandado deberá satisfacer al actor la cantidad de 9.456,67 euros. 

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 y 341 CCo la cantidad a cuyo pago se ha condenado a la parte demandada devengará los intereses legales desde la fecha de interpelación judicial hasta su completo pago.

 

SEXTO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 394.2 L.E.C., dada la estimación parcial de la demanda y estimación parcial de la reconvención cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

 

FALLO

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña Yolanda Araque Cuesta, en nombre y representación de Don xxxxxx, contra la xxxxxx S.L.; y debo estimar y estimo parcialmente la demanda reconvencional interpuesta por el Procurador Don Miguel Ángel García García, en nombre y representación de la xxxxx S.L., contra Don xxxxx, condenando a la parte demandada a los siguientes pronunciamientos:

 

1.  Pagar a Don xxxxx la cantidad de 9.456,67 euros.

  • Pagar los intereses legales desde la fecha de la interpelación judicial hasta su completo pago.

 

Cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad

El tipo de interés legal a cuyo pago se ha condenado a la demandada se verá incrementado en dos puntos, de conformidad con lo previsto en el artículo 576 LEC, desde la fecha de la presente Sentencia hasta su completo pago.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma. Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido. Doy fe.  

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Ordinario mercantil sobre cooperativas 700/2009

20110107173628-cooperativas.jpeg

SENTENCIA nº63 (mercantil)

En Cuenca, a veintidós de Diciembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia Nº 2 de Cuenca, con competencia exclusiva en materia mercantil, los presentes autos de Juicio Ordinario, seguidos en este Juzgado bajo el número 700 del año 2.009, a instancia de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, representada por el Procurador Don José Vicente Marcilla López y asistida por el Letrado Don Pascasio Martínez Quilez, contra Doña xxxxxxx representados por la Procuradora Doña Susana Melero de la Osa y asistidos por el Letrado Don Raúl Rivera Pérez.

ANTECEDENTES   DE    HECHO

 PRIMERO.- Por el Procurador Don José Vicente Marcilla López, en nombre y representación de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, se presenta demanda de Juicio Ordinario en virtud de la cual reclama la cantidad de 5.246,20 euros, más los intereses legales desde la fecha en que se incurrió en mora merced a lo previsto en el artículo 53.4 de los Estatutos, más los intereses previstos en el artículo 576 LEC, con imposición de las costas causadas a la parte demandada.

 

SEGUNDO.- Por Auto de fecha 4 de Diciembre de 2.009 se admite a trámite la demanda, dándose traslado a la parte demandada de copia de la misma así como de los documentos a ella acompañados emplazándola para que conteste en el plazo de veinte días hábiles.

 

TERCERO.- La Procuradora Doña Susana Melero de la Osa, en nombre y representación de xxxxxxxx, contesta a la demanda de Juicio Ordinario presentada de contrario solicitando la desestimación de la demanda en cuanto al fondo del asunto, con expresa imposición de las costas causadas a la parte actora.

 

CUARTO.- Mediante Providencia dictada por este Juzgado en fecha 9 de Febrero de 2.010 se convoca a las partes al acto de la audiencia.

 

Al acto de la audiencia  previa concurren ambas partes, proponiéndose por la actora los siguientes medios de prueba: interrogatorio de parte, testifical-pericial y documental. Por la parte demandada se propusieron como medios de prueba: interrogatorio de parte y documental.

 

Se admitieron todos los medios de prueba, convocándose a las partes para la celebración del acto del juicio.

 

QUINTO.- Celebrado el acto del juicio y practicadas todas las pruebas declaradas pertinentes, se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

 

SEXTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS   DE   DERECHO

PRIMERO.- Reclama el actor al amparo de lo establecido en la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha así como en los artículos 69 y 70 Estatutos Sociales de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha la cantidad de 5.246,20 euros en concepto de imputaciones de pérdidas a los socios, más los intereses legales desde la fecha en que se incurrió en mora merced a lo previsto en el artículo 53.4 de los Estatutos, más los intereses previstos en el artículo 576 LEC, con imposición de las costas causadas a la parte demandada.

 

Por el contrario, la parte demandada  se opone a lo solicitado de contrario por los motivos que constan en su escrito que se dan aquí por reproducidos, interesando la  condena en costas a la parte contraria.

 

SEGUNDO.- El artículo 5 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha  establece:”1. La cooperativa responderá de sus deudas sociales frente a terceros con todo su patrimonio presente y futuro, excepto el correspondiente al Fondo de Formación y Promoción Cooperativa, que sólo responderá de las obligaciones estipuladas para el cumplimiento de sus fines.

 

2. La responsabilidad de los socios por las deudas sociales quedará limitada al importe nominal de las aportaciones al capital social, estén o no desembolsadas.”.

 

El artículo 50.1 de los Estatutos Sociales de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha dispone lo siguiente:” La responsabilidad de los socios por las deudas sociales quedará limitada a las aportaciones a capital social que hubieran suscrito, estén o no desembolsadas”.

 

El artículo 69 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha expresa lo siguiente:” 1. Los Estatutos fijarán los criterios para la compensación de las pérdidas, y podrán imputarlas a una cuenta especial para su amortización con cargo a futuros resultados positivos, dentro del plazo máximo de diez años.

2. En la compensación de pérdidas la cooperativa habrá de sujetarse a las siguientes reglas:

a.  A los fondos de reserva voluntarios, si existiesen, podrá imputarse la totalidad de las pérdidas.

b.  Al fondo de reserva obligatorio podrán imputarse, como máximo, el 50 % de las pérdidas o el porcentaje medio de los excedentes cooperativos o beneficios extracooperativos y extraordinarios que se hayan destinado a dicho fondo en los últimos cinco años o desde su constitución, si ésta no fuera anterior a dicho período.

c.  La cuantía no compensada con los fondos obligatorios y voluntarios se imputará a los socios en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizadas por cada uno de ellos con la cooperativa. Si estas operaciones o servicios realizados fueran inferiores a los que como mínimo está obligado a realizar el socio, la imputación de las referidas pérdidas se efectuará en proporción a la actividad cooperativizada mínima obligatoria.

3. Las pérdidas imputadas a cada socio se satisfarán de alguna de las formas siguientes:

a.  El socio podrá optar entre su abono directo o mediante deducciones en sus aportaciones al capital social o, en su caso, en cualquier inversión financiera del socio en la cooperativa que permita esta imputación, dentro del ejercicio siguiente a aquel en que se hubiera producido.

b.  Con cargo a los retornos que puedan corresponder al socio en los siete años siguientes, si así lo acuerda la Asamblea General. Si quedasen pérdidas sin compensar, transcurrido dicho período, éstas deberán ser satisfechas por el socio en el plazo máximo de un mes a partir del requerimiento expreso formulado por el Consejo Rector.”.

En primer lugar procede indicar que la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha se constituyó  mediante escritura pública de fecha 14 de Mayo de 2.002, siendo socios de la citada cooperativa los demandados tal como se desprende de la documental obrante en autos (documento nº 1 a 3 acompañados con la demanda).

 

Así mismo, hay que decir que tal como se desprende de la documental obrante en autos (documento nº 5 acompañado con la demanda) se celebró la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Cooperativa Limitada xxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha en fecha 16 de Abril de 2.009 aprobándose los puntos primero y tercero del orden del día relativo a las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.007 y del ejercicio cerrado a 30 de Junio de 2.008 así como se aprueba el punto quinto del orden del día sin votación alguna referente al análisis económico de la compañía para la adopción de los acuerdos de aumento de capital o reducción de capital, acordándose la reducción de capital por imputación de pérdidas a sus socios con las dos opciones previstas en el artículo 70.3 letra a) de los Estatutos Sociales, habiéndose optado ante el silencio de los cooperativistas por la segunda opción prevista en el citado artículo, esto es, mediante deducciones en sus aportaciones al capital social. En este sentido hay que decir que según el informe de Auditoria de la Sociedad Cooperativa Limitada xxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha (documento nº 4 acompañado con la demanda), ratificado por el perito emisor del informe en el acto del plenario, se desprende que a 31 de Diciembre de 2.007 la Cooperativa tenía unas pérdidas que ascendían a la cantidad de 1.254.774,28 euros (Sección Planta: 1.128.030,35 euros; Sección Comercializadora: 117.713,93 euros) y a 30 de Junio de 2.008 unas pérdidas que ascendían a la cuantía de 718.182,35 euros (Sección Planta: 362.762,80 euros; Sección Comercializadora: 355.419,55 euros), de manera que los fondos propios de la Cooperativa se sitúan por debajo de la mitad del importe del capital social (documento nº 4 acompañado con la demanda), debiendo de indicarse que los acuerdos de la citada Asamblea referidos anteriormente son obligatorios para los socios de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha al  no haber sido impugnados conforme a los establecido en el artículo 43 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha, siendo por lo tanto obligatorio dicho acuerdo para los socios demandados.

 

En este sentido, hay que indicar que los socios demandados solicitaron la baja voluntaria de la cooperativa el día 20 de Mayo de 2.008 como consecuencia de haberles exigido la Cooperativa el ingreso en una cuenta de la Cooperativa de una cuota de 10.000 euros en virtud de los acuerdos adoptados en la Asamblea General de fecha 30 de Abril de 2.008 tal como se desprende del documento nº 1 acompañado con la contestación a la demanda, habiendo acordado posteriormente el Consejo Rector por unanimidad en reunión de fecha 23 de Julio de 2.008 calificar la baja de los socios codemandados como justificada (documento nº 2 acompañado con la contestación a la demanda).

 

Así mismo, procede indicar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de los Estatutos Sociales de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha la baja se debe de preavisar con un período de antelación de un año, por lo que habiéndose solicitado la baja por los tres socios mencionados anteriormente en fecha 20 de Mayo de 2.008 hasta que transcurra el plazo de preaviso un año deben mantener los derechos y obligaciones que hubieren tenido antes de preavisar la baja, entre los que se encuentra efectuar el desembolso de sus aportaciones al capital social y cuotas de ingreso en la forma y plazo previstos así como cumplir con el resto de obligaciones económicas tal como se desprende del artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha y el artículo 27 letra h de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha, debiendo de indicarse a mayor abundamiento que los socios quedan obligados por el acuerdo de la Asamblea de fecha 16 de Abril de 2.009 de conformidad con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha, no habiendo sido además impugnados por los demandados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha.  A pesar de lo indicado anteriormente, procede decir que la parte actora no ha justificado tal  como se desprende de lo establecido en el artículo 217.2 LEC que las pérdidas de las dos secciones de la cooperativa reflejadas anteriormente sean deudas de los socios como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de los socios con la cooperativa puesto que no se ha acreditado esta circunstancia debiendo de indicarse a mayor abundamiento que la responsabilidad a la que hace referencia el artículo 5 mencionado anteriormente no tiene nada que ver con la responsabilidad de los socios derivada del incumplimiento de las obligaciones que tengan con la sociedad que vengan establecidas en la Ley o los Estatutos Sociales, por lo que no cabe sino concluir que en este caso no se puede exigir por la cooperativa el desembolso de las cantidades que constan en el hecho segundo de la demanda como consecuencia de los acuerdos de la Asamblea de fecha 16 de Abril de 2.009 en relación al quinto punto del orden del día relativo a las imputaciones de pérdidas a cada socio puesto que de acuerdo con el artículo 5  de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha  cada socio sólo deberá de responder con sus aportaciones al capital social de las pérdidas de la cooperativa que se imputan a cada uno de ellos (documento nº 6 que se acompaña con el acta notarial de fecha 3 de Abril de 2.009-documento nº 5 acompañado con la demanda-), de manera que los socios codemandados como consecuencia de las imputaciones de pérdidas perderán sus aportaciones al capital social.

 

Por lo expuesto no cabe sino desestimar íntegramente la demanda interpuesta por la representación procesal de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha.

TERCERO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 394.1 L.E.C., dada la desestimación íntegra de la demanda se imponen las costas causadas a la parte demandante.

Vistos los preceptos anteriormente mencionados y demás de general y pertinente aplicación,

 

FALLO

 

Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador Don José Vicente Marcilla López, en nombre y representación de representación procesal de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, con imposición de las costas causadas en esta instancia a la parte demandante.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma. Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido. Doy fe. 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.- 

Sentencia en Incidente Concursal de Calificación derivado de Cno 258/08. Transportes Técnicos Tomillo S.L.

20110107172418-transportes.jpg

                                                        SENTENCIA nº 62/10 (mrc)

 

En Cuenca, a veintiuno de Diciembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca, con competencia exclusiva en materia mercantil, los presentes autos dimanantes del procedimiento concursal n° 258/08, a instancia de la Administración Concursal, representada por la Procuradora Doña María José Herráiz Calvo y asistida por el Letrado Don Pablo Ayerza, y el Ministerio Fiscal, contra Transportes Técnicos Tomillo S.L.

 

ANTECEDENTES   DE    HECHO

 PRIMERO.- Declarado concurso voluntario de la entidad Transportes Técnicos Tomillo S.L., y tramitada la fase común del procedimiento, recayó Auto dando por terminada dicha fase, abriendo la de liquidación y acordando incoar la Sección Sexta, de calificación.

 

SEGUNDO.- Previa la tramitación que es de ver en autos, y no habiéndose producido personaciones con adquisición de condición de parte en el sentido del artículo 168.1 de la Ley Concursal, se presentó por la Administración Concursal informe solicitando la calificación del concurso como culpable e identificando como personas afectadas por la calificación a Don xxxxx y Doña xxxxxx.

 

TERCERO.- Previo traslado, el Ministerio Fiscal emitió dictamen, mostrándose conforme con la calificación realizada por la Administración Concursal.

 

CUARTO.- Mediante Providencia se acordó dar audiencia a la concursada y emplazar a todas las personas que pudieran ser afectadas por la calificación.

 

QUINTO.- Tras la tramitación obrante en las actuaciones, no comparecieron ni la concursada ni las personas afectadas por la calificación al objeto de oponerse a la calificación.

 

SEXTO.- Por Diligencia de Ordenación quedaron las actuaciones vistas para Sentencia.

 

SÉPTIMO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS   DE   DERECHO

PRIMERO.- En la presente Sección de calificación, la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal han solicitado la declaración del concurso como culpable y por parte de la Administración Concursal se ha señalado como personas afectadas por la calificación a Don xxxxxx y Doña xxxxxx. A tal fin, la Administración Concursal invoca  los artículos 164.2. y 165 de la Ley Concursal (Ley 22/2003, de 9 de julio, en adelante LC). Por lo que respecta a otros pronunciamientos, el informe de la Administración Concursal solicita, para Doña xxxxxx la inhabilitación por dos años para administrar bienes ajenos, así como para representar o administrar cualquier persona durante el mismo período, con pérdida de cualquier derecho personal de la afectada que por dicha declaración tuviera como acreedora concursal o de la masa, sin condena  apagar a los acreedores el importe, total o parcial, de sus créditos no percibidos en la liquidación de la masa activa, no solicitándose expresamente indemnización del artículo 172.2.3º, in fine, ni condena del artículo 172.3, ambos de la LC.

 

Por lo que respecta a la entidad concursada, la misma no ha formulado alegaciones, no habiendo efectuado tampoco alegaciones Don xxxxx y Doña xxxxx.   

 

SEGUNDO.- El artículo 164 LC dispone:” 1. El concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho.

2. En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

1.  Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara.

2.  Cuando el deudor hubiera cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso o presentados durante la tramitación del procedimiento, o hubiera acompañado o presentado documentos falsos.

3.  Cuando la apertura de la liquidación haya sido acordada de oficio por incumplimiento del convenio debido a causa imputable al concursado.

4.  Cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores o hubiera realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación.

5.  Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos.

6.  Cuando antes de la fecha de la declaración de concurso el deudor hubiese realizado cualquier acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia.

3. Del contenido de la sentencia de calificación del concurso como culpable se dará conocimiento al registro público mencionado en el artículo 198.”.

El artículo 165 LC expresa lo siguiente:” Se presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores:

1.  Hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso.

2.  Hubieran incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y la administración concursal, no les hubieran facilitado la información necesaria o conveniente para el interés del concurso o no hubiesen asistido, por sí o por medio de apoderado, a la junta de acreedores.

3.  Si el deudor obligado legalmente a la llevanza de contabilidad, no hubiera formulado las cuentas anuales, no las hubiera sometido a auditoría, debiendo hacerlo, o, una vez aprobadas, no las hubiera depositado en el Registro Mercantil en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso.”.

 

Partiendo de lo anterior, debe reseñarse ante todo, la concurrencia del supuesto del artículo 164.2.1º de la LC, en el entendimiento de que la entidad deudora, legalmente obligada a la llevanza de contabilidad, ha incumplido sustancialmente esta obligación que viene prevista en el artículo 25 CCo. Así se infiere dado que la entidad concursada ha llevado los libros registro de una forma irregular así como los datos económicos-financieros referidos al año 2.008 no están cuadrados.

 

En consecuencia, la concurrencia de uno de los supuestos del artículo 164.2 LC, en el caso de autos el primero del apartado segundo del artículo 164 LC, conlleva, “en todo caso” (artículo 164.2, ab initio, de la LC) la calificación del concurso como culpable,  debiendo de indicarse además que no concurre así mismo ninguna de las presunciones de las previstas en el artículo 165 LC puesto que de lo actuado se desprende que la concursada presentó el concurso dentro del plazo legal, ha facilitado en todo momento la información requerida y no ha dejado de formular su cuentas anuales así como las ha inscrito en el Registro Mercantil una vez aprobadas las mismas.

 

TERCERO.- Por lo que respecta a las personas a que ha de afectar la calificación, debe incluirse a Doña xxxxxx, administradora solidaria de la entidad desde el día 18 de Abril de 2.006 con carácter indefinido hasta que ha sido cesada en el momento de abrirse la fase de liquidación de la sociedad mediante Auto de fecha 29 de Enero de 2.010 ocupando los administradores concursales la posición de liquidadores, por lo que siendo administradora de la sociedad, le es imputable el supuesto de calificación de culpabilidad del concurso que se ha apreciado en el fundamento precedente, al incardinarse en el ámbito de los deberes de su cargo, debiendo de indicarse que no obstante haber llevado su hijo la gestión social ello no debe eximirle de sus obligaciones como administradora, al serle exigible un deber de diligencia en lo referente al funcionamiento y conocimiento de la situación de la entidad concursada.

 

CUARTO.- Como se ha señalado, el informe de la Administración Concursal solicita una inhabilitación por dos años respecto a Doña xxxxxx para administrar bienes ajenos, así como para representar o administrar cualquier persona durante el mismo período, con pérdida de cualquier derecho personal de la afectada que por dicha declaración tuviera como acreedora concursal o de la masa, sin condena a pagar a los acreedores el importe, total o parcial, de sus créditos no percibidos en la liquidación de la masa activa, no solicitándose expresamente indemnización del artículo 172.2.3º, in fine, ni condena del artículo 172.3, ambos de la LC.

 

En cuanto a la inhabilitación, teniendo en cuenta la causa por la que se declara el concurso culpable, la entidad de los hechos y que su actividad no influyó en la causación de un mayor perjuicio a los intereses del concurso, procede fijarla por un período de 2 años.

 

Procede, asimismo, la condena a la persona afectada a la pérdida de cualquier derecho que tuviera como acreedor concursal o de la masa.

 

     Respecto al otro administrador Don xxxxxx, no procede hacer pronunciamiento alguno al haberse extinguido su personalidad por el hecho del fallecimiento.

 

Finalmente, no se ha solicitado indemnización del artículo 172.2.3º, in fine, ni condena del artículo 172.3 de la LC, lo que impide su aplicación, máxime atendida la prohibición de indefensión del artículo 24.1 de la Constitución Española, así como los principios dispositivo y de rogación que la doctrina científica y jurisprudencial predican respecto del citado pronunciamiento indemnizatorio y la referida condena del artículo 172.3 de la LC (en este sentido, Sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Córdoba de 11 de julio de 2008, Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante de 21 de noviembre de 2007, Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo de 3 de septiembre de 2007). En suma, la Disposición Final 5ª de la LC remite a la LEC y, por ende, a sus artículos 216, 218 ó 219, sin perjuicio de la Exposición de Motivos, apartado VI, de la propia Ley 1/2000.

 

QUINTO.- En materia de costas, en virtud del juego de remisiones de los artículos 171.1, 194 y 196.1 de la LC, vista la falta de oposición a la calificación del concurso no procede hacer especial imposición de costas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

 Que estimando íntegramente la propuesta de calificación formulada por la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal, condeno a la parte demandada a los siguientes pronunciamientos:

 

1.- Declarar CULPABLE el concurso de Transportes Técnicos Tomillo S.L.

 

2.- Declarar PERSONA AFECTADA por la calificación a Doña xxxxxx.

 

3.- Imponer a Doña Ángeles de la Torre del Olmo la INHABILITACIÓN para administrar bienes ajenos y para representar o administrar a cualquier otra persona por tiempo de 2 años.

 

4.- Condenar a Doña xxxxxx a la pérdida de cualquier derecho que tuviera como acreedor concursal o de la masa.

No se hace especial imposición de costas.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, dando cumplimiento al artículo 208.4 de la LEC, en relación con el artículo 197 de la LC, y al apartado 6 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, según redacción dada por Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre. En este sentido, quienes hubieran sido parte en la Sección de calificación podrán interponer frente a la Sentencia recurso de apelación (artículo 172.4 de la LC), que deberá prepararse ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días contados desde el día siguiente a la notificación (artículos 197.1 de la LC y 457.1 de la LEC). Para preparar el recurso, y salvo derecho de asistencia jurídica gratuita o exención legal, la parte recurrente deberá haber consignado previamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones, un depósito de 50 euros (Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).

Firme la presente Sentencia, procédase a su publicación en el Registro Público Concursal (artículos 164.3 y 198 de la LC), y líbrense mandamientos a todos los registros públicos donde pueda tomarse razón de la condena de inhabilitación, y en particular al Registro Mercantil, Registro de la Propiedad y Registro Civil. Requiérase formalmente al inhabilitado, bajo oportunos y legales apercibimientos, para que se abstenga de realizar los actos de administración o representación prohibidos durante el periodo de inhabilitación, que se computará desde la firmeza de esta Sentencia.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido. Doy fe. 

 

PUBLICACIÓN: La presente Sentencia ha sido publicada y leída en el día de la fecha por el Magistrado que la suscribe, estando celebrando audiencia pública, ante mí, Secretario Judicial, que doy fe.

Sentencia en Incidente Concursal sobre oposición a declaración como culpable del Cno 56/2008 Bastidores Valverde S.L.

20110107145415-bastidores.jpg

SENTENCIA Nº 60/10

En Cuenca, a veintiuno de Diciembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca, con competencia exclusiva en materia mercantil, los presentes autos dimanantes del procedimiento concursal n° 56/08, a instancia de la Administración Concursal, representada por la Procuradora Doña Susana Melero de la Osa y asistida por el Letrado Don Juan Barrera Montero, y el Ministerio Fiscal, contra Bastidores Valverde S.L., representado por la Procuradora Doña Encarnación Catalá Rubio y asistido por el Letrado Don José Calvo Berber 

ANTECEDENTES   DE    HECHO

PRIMERO.- Declarado concurso necesario de la entidad Batidores Valverde S.L., y tramitada la fase común del procedimiento, recayó Auto dando por terminada dicha fase, abriendo la de liquidación y acordando incoar la Sección Sexta, de calificación.

 

SEGUNDO.- Previa la tramitación que es de ver en autos, y no habiéndose producido personaciones con adquisición de condición de parte en el sentido del artículo 168.1 de la Ley Concursal, se presentó por la Administración Concursal informe solicitando la calificación del concurso como culpable e identificando como personas afectadas por la calificación a Don xxxxx y Don xxxxxx.

 

TERCERO.- Previo traslado, el Ministerio Fiscal emitió dictamen, considerando igualmente culpable el concurso e identificando como personas afectadas por la calificación a Don xxxx y Don xxxxx.

 

CUARTO.- Mediante Providencia se acordó dar audiencia a la concursada y emplazar a todas las personas que pudieran ser afectadas por la calificación.

 

QUINTO.- Tras la tramitación obrante en las actuaciones, compareció la entidad concursada oponiéndose a la calificación efectuada.

 

SEXTO.- Por Providencia se acordó el señalamiento y citación a vista de incidente.

 

SÉPTIMO.- Al acto de la vista comparecieron la Administración Concursal y la entidad concursada, no compareciendo el Ministerio Fiscal. Oídas las alegaciones de los presentes, se admitió el interrogatorio de parte y la prueba documental propuesta por la Administración Concursal, quedando los autos vistos para Sentencia.

 

OCTAVO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales. 

FUNDAMENTOS   DE   DERECHO

 PRIMERO.- En la presente Sección de calificación, la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal han solicitado la declaración del concurso como culpable y por parte de la Administración Concursal se ha señalado como personas afectadas por la calificación a a Don xxx y Don xxxx. A tal fin, la Administración Concursal invoca  los artículos 164.1 y 2.1 y 165.1 y 2 de la Ley Concursal (Ley 22/2003, de 9 de julio, en adelante LC). Por lo que respecta a otros pronunciamientos, el informe de la Administración Concursal solicita, para Don xxxx y Don xxxx la inhabilitación por quince años para administrar bienes ajenos, así como para representar o administrar cualquier persona durante el mismo período, con pérdida de cualquier derecho personal de la afectada que por dicha declaración tuviera como acreedora concursal o de la masa, con condena a pagar los créditos concursales y contra la masa que los acreedores no cobren en la fase de liquidación con devengo de intereses procesales previstos en el artículo 576 LEC desde la fecha de la sentencia.

 

Por lo que respecta a la entidad concursada, se opone a la calificación efectuada de contrario por los motivos que constan en su escrito que se dan aquí por reproducidos.   

 

SEGUNDO.- El artículo 164 LC dispone:” 1. El concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho.

2. En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos:

1.  Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara.

2.  Cuando el deudor hubiera cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso o presentados durante la tramitación del procedimiento, o hubiera acompañado o presentado documentos falsos.

3.  Cuando la apertura de la liquidación haya sido acordada de oficio por incumplimiento del convenio debido a causa imputable al concursado.

4.  Cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores o hubiera realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación.

5.  Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos.

6.  Cuando antes de la fecha de la declaración de concurso el deudor hubiese realizado cualquier acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia.

3. Del contenido de la sentencia de calificación del concurso como culpable se dará conocimiento al registro público mencionado en el artículo 198.”.

 

El artículo 165 LC expresa lo siguiente:” Se presume la existencia de dolo o culpa grave, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administradores o liquidadores:

1.  Hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso.

2.  Hubieran incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y la administración concursal, no les hubieran facilitado la información necesaria o conveniente para el interés del concurso o no hubiesen asistido, por sí o por medio de apoderado, a la junta de acreedores.

3.  Si el deudor obligado legalmente a la llevanza de contabilidad, no hubiera formulado las cuentas anuales, no las hubiera sometido a auditoría, debiendo hacerlo, o, una vez aprobadas, no las hubiera depositado en el Registro Mercantil en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso.”.

 

Partiendo de lo anterior, debe reseñarse ante todo, que concurren lo supuestos previstos en el artículo 164.1 y 165 de la LC, dado que de la documentación aportada a los presentes autos y del interrogatorio de los administradores de la concursada, que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 304 LEC se les debe tener por reconocidos en los hechos en los que intervinieron personalmente y cuya fijación como ciertos les sea enteramente perjudicial, que en el caso de autos es la concurrencia de los presupuestos para calificar el concurso como culpable, se desprende existe dolo o culpa grave del deudor ya que la concursada ha cometido irregularidades en la formulación de la contabilidad para comprender la situación de la empresa, presentaba una delicada situación de tesorería desde el año 2.003, el fondo de maniobra es negativo, gran parte de la deuda a corto plazo se reclasifica como de largo plazo por los acuerdos de renovación y aplazamiento de la deuda, que los fondos ajeos son numeroso y los propios son escasos, existe un pasivo de 10.094.493,89 euros y la diferencia entre la masa activa y pasiva es de -5.652.431,92 euros, tal como consta en el informe de la Administración Concursal, de manera que no cabe sino concluirse que cuando la entidad concursada estaba en situación de insolvencia con bastante anterioridad a la solicitud de declaración de concurso, no habiendo además solicitado el concurso cuando se encontraba en situación de insolvencia desde el año 2.005, incumpliendo de esta manera lo dispuesto en el artículo 5 LC, debiendo de indicarse a mayor abundamiento que no llevaba los libros de actas tal como venía obligado por lo dispuesto en el artículo 26 CCo, no ha facilitado el libro de socios a la Administración Concursal, el libro diario y libro de inventarios y cuentas anuales están en blanco no habiendo sido facilitados tampoco a la Administración Concursal, siendo las últimas cuentas anuales depositadas las del ejercicio 2.004 puesto que las cuentas anuales del año 2.005, 2.006 y 2.007 se depositaron en fecha 1 de Abril de 2.008, después de la declaración de concurso y fuera del plazo establecido en el artículo 218 LSA y el artículo 365 RRM, siendo calificadas las mismas como defectuosas. De esta manera, Don xxxx y Don xxxxxx actuando con dolo o culpa grave han mantenido la apariencia de actividad de entidad concursada  agravando la situación de insolvencia de la empresa.

 

Además, se cumple lo dispuesto en el artículo 164.2.1º LC en el entendimiento de que la entidad deudora, legalmente obligada a la llevanza de contabilidad, ha incumplido sustancialmente la obligación prevista en el artículo 25 y 34 y concordantes CCo al haber cometidos irregularidades contables tal como se ha expuesto anteriormente. Así mismo, los ejercicios del año 2.006 y 2.007 de la concursada no reflejan la imagen fiel de la empresa, siendo así que sin la contabilización de dichos asientos la entidad concursada se encontraría en causa de disolución desde el cierre de los ejercicios 2.005, 2.006 y 2.007 según lo previsto en el artículo 260.1.4º LSA, lo que denota una ocultación de la verdadera situación contable de la empresa. Ello conlleva, “en todo caso” (artículo 164.2, ab initio, de la LC) la calificación del concurso como culpable.

 

TERCERO.- Por lo que respecta a las personas a que ha de afectar la calificación, debe incluirse a Don xxxx y Don xxxxx, administradores de la entidad durante los dos años anteriores al concurso, siendo el primero de ellos administrador Único desde el día 15 de Septiembre de 2.006 y el segundo de ellos hasta la citada fecha, habiendo sido Don xxxx y Don xxxxx administradores solidarios y con carácter indefinido de la entidad concursada hasta el día 15 de Septiembre de 2.006,  les es imputable el supuesto de calificación de culpabilidad del concurso que se ha apreciado en el fundamento precedente, al incardinarse en el ámbito de los deberes de su cargo.

 

CUARTO.- Como se ha señalado, el informe de la Administración Concursal solicita una inhabilitación por quince años respecto a Don xxxx y Don xxxxxx para administrar bienes ajenos, así como para representar o administrar cualquier persona durante el mismo período, con pérdida de cualquier derecho personal de la afectada que por dicha declaración tuviera como acreedora concursal o de la masa con condena a pagar loa créditos concursales y contra la masa que los acreedores no cobren en la fase de liquidación con devengo de intereses procesales previstos en el artículo 576 LEC desde la fecha de la sentencia.

 

En cuanto a la inhabilitación, teniendo en cuenta la causa por la que se declara el concurso culpable, la entidad de los hechos y que su actividad influyó en la causación de un mayor perjuicio a los intereses del concurso, procede fijarla por un período de 15 años.

 

Procede, asimismo, la condena a las personas afectadas a la pérdida de cualquier derecho que tuviera como acreedor concursal o de la masa.

 

QUINTO.- Finalmente, se ha solicitado la condena a pagar los créditos concursales y contra la masa que los acreedores no cobren en la fase de liquidación con devengo de intereses procesales previstos en el artículo 576 LEC desde la fecha de la sentencia por lo dispuesto en el artículo 172.2.3º, in fine, y en el artículo 172.3 de la LC.

 

En este sentido hay que decir que otro efecto que la culpabilidad conlleva es la eventual responsabilidad que contempla el art.172.3 LC. Al respecto, existe una corriente doctrinal que considera esta responsabilidad como sanción civil de naturaleza esencialmente punitiva, partiendo para ello de su contenido objetivo (no se trata de reparar el daño al patrimonio social o individual de los acreedores sino cubrir la totalidad o parte del perjuicio), la coexistencia en el concurso de las acciones de responsabilidad por daño (lo que garantiza la función de satisfacer los créditos de los acreedores sociales no satisfechos, la condena por infringir deberes legales por los sujetos afectados, castigando deberes preconcursales, como concursales y la responsabilidad desvinculada de la provocación o agravación de la insolvencia), así como los presupuestos del nuevo sistema de calificación concursal. Es una sanción que tiene sus propias características ya que es personal (los afectados quedan obligados a realizar los pagos con todos su bienes presentes y futuros), es subjetiva (se requiere la imputación subjetiva a los responsables de una conducta en que consista el acto ilícito), es limitada (queda acotada al importe de los créditos concursales que no se satisfagan con la liquidación de la masa activa), es autónoma (ya que no se vincula la responsabilidad a los mecanismos indemnizatorios por daños ex art.133 y siguientes LSA u otros sancionadores ex art.262.5 LSA, como se demuestra con la compatibilidad enunciada en el art42.2 LC) y es cumulativa (ya que al sujeto afectado se le condena a un conjunto de sanciones por su conducta infractora, conforme al art.172 LC ).

 

Se trata de una sanción potestativa, que queda en manos del órgano judicial (conforme a la dicción del precepto, que utiliza el término "podrá"), y que puede consistir en el pago de todo o parte del déficit patrimonial existente; todo ello a juicio del Juzgador, al que le incumbe decidir al efecto, partiendo de la declaración de culpabilidad, siempre y cuando concurran el resto de requisitos que la norma contempla y que ahora no se discuten. Sin embargo, la doctrina elaborada por los Tribunales de Justicia más recientes conducen esta responsabilidad por otro camino; así la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de febrero de 2006 , en relación con el artículo 172.3º de la Ley Concursal, concluye que se trata de un supuesto de responsabilidad por daño y culpa, esto es, que sólo procederá cuando en la generación o agravación de la insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave de los administradores y liquidadores, conforme exige el artículo 164.1º de la Ley. El tenor literal del artículo 172.3º avalaría dicha tesis, frente a quienes entienden que se trata de una sanción automática consecuencia de la calificación de concurso culpable, dado que permite al Juez condenar o no al administrador. Por tanto hay que valorar la conducta del administrador y su participación en la generación o agravación de la insolvencia, de tal suerte que sólo si se prueba la existencia de relación de causalidad entre la conducta culposa y el daño o perjuicio, será procedente la condena al administrador para que indemnice el daño.

 

De esta manera, de acuerdo con lo expuesto anteriormente debe realizarse el pronunciamiento de condena que se ha interesado por la Administración Concursal, puesto que tal como se ha indicado en la presente resolución la situación de insolvencia que sufre la entidad concursada se ha agravado como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de los administradores afectados, los cuales, conscientes de la situación de insolvencia en la que se encontraba la entidad concursada no adoptaron medidas paliativas de aquella, provocando que la cifra de acreedores fuese engrosando hasta alcanzar la cifra actual reconocida en el informe de la administración concursal. Una situación realmente grave deducida de la conducta demostrada por los administradores que conllevó al cierre de la empresa y a la extinción de la totalidad de los contratos de trabajo de los empleados de la entidad concursada. Unos responsables que no ofrecían la imagen fiel de la sociedad mediante la configuración de irregularidades contables y la falta de depósito y publicidad de las cuentas anuales, evitando cualquier fiscalización de su situación financiera, y generando una confianza falsa que ha conducido hasta la situación irremediable de cierre de la empresa y extinción d elos contratos de trabajo, con el consiguiente perjuicio para la masa pasiva, que ve cercenadas sus legítimas esperanzas de cobrar sus créditos por la conducta culpable de quienes administraba la sociedad. Necesariamente debe sancionarse dicha conducta, y no solo con un pronunciamiento declarativo de culpabilidad acompañado de una inhabilitación; procede reparar el daño causado a los terceros que contrataron bajo la falsa confianza que se les ofreció, que se creó, sin que se a tolerable que deban sufrir las consecuencias de ese agravamiento de la insolvencia.

 

     Por todo lo dispuesto anteriormente, procede condenar a los administradores Don xxxx y Don xxxx apagar los créditos concursales y contra la masa que los acreedores no cobren en la fase de liquidación con devengo de intereses procesales previstos en el artículo 576 LEC desde la fecha de la sentencia.

 

SEXTO.- En materia de costas, en virtud del juego de remisiones de los artículos 171.1, 194 y 196.1 de la LC, dada la desestimación integra de la oposición a la calificación se imponen las costas causadas  ala parte demandada.

 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

 

Que estimando íntegramente la propuesta de calificación formulada por la Administración Concursal y el Ministerio Fiscal, condeno a la parte demandada a los siguientes pronunciamientos:

 

1.- Declarar CULPABLE el concurso de Bastidores Valverde S.L.

 

2.- Declarar PERSONA AFECTADA por la calificación a Don xxxxx y Don xxxx.

 

3.- Imponer a Don xxxxx y Don xxxxx la INHABILITACIÓN para administrar bienes ajenos y para representar o administrar a cualquier otra persona por tiempo de 15 años.

 

4.- Condenar a Don xxxx y Don xxxxx a la pérdida de cualquier derecho que tuviera como acreedor concursal o de la masa.

 

5.- Condenar a Don xxxxx y Don xxxxx a pagar los créditos concursales y contra la masa que los acreedores no cobren en la fase de liquidación con devengo de intereses procesales previstos en el artículo 576 LEC desde la fecha de la sentencia.

6.- Pagar las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, dando cumplimiento al artículo 208.4 de la LEC, en relación con el artículo 197 de la LC, y al apartado 6 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, según redacción dada por Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre. En este sentido, quienes hubieran sido parte en la Sección de calificación podrán interponer frente a la Sentencia recurso de apelación (artículo 172.4 de la LC), que deberá prepararse ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días contados desde el día siguiente a la notificación (artículos 197.1 de la LC y 457.1 de la LEC). Para preparar el recurso, y salvo derecho de asistencia jurídica gratuita o exención legal, la parte recurrente deberá haber consignado previamente, en la cuenta de depósitos y consignaciones, un depósito de 50 euros (Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial).

Firme la presente Sentencia, procédase a su publicación en el Registro Público Concursal (artículos 164.3 y 198 de la LC), y líbrense mandamientos a todos los registros públicos donde pueda tomarse razón de la condena de inhabilitación, y en particular al Registro Mercantil, Registro de la Propiedad y Registro Civil. Requiérase formalmente al inhabilitado, bajo oportunos y legales apercibimientos, para que se abstenga de realizar los actos de administración o representación prohibidos durante el periodo de inhabilitación, que se computará desde la firmeza de esta Sentencia.

 Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido. Doy fe. 

 

PUBLICACIÓN: La presente Sentencia ha sido publicada y leída en el día de la fecha por el Magistrado que la suscribe, estando celebrando audiencia pública, ante mí, Secretario Judicial, que doy fe.

 

Sentencia en Divorcio Mutuo Acuerdo 609/2010

20110107144637-acuerdo.jpg

SENTENCIA nº138

En Cuenca, a treinta de Diciembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido, los presentes autos civiles de Juicio Verbal de Divorcio de Mutuo Acuerdo seguidos con el número 609 del año 2.010 entre partes, como demandante Doña xxxxxx, representados por la Procuradora de los Tribunales Doña María Jesús Porres Moral y asistidos por los Letrados Don Pablo Ayerza Martínez y Doña María Encarna Beamud Bello, siendo parte el Ministerio Fiscal. Y teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

     PRIMERO.- Por la Procuradora indicada se formuló demanda de divorcio de mutuo acuerdo, en la representación que tienen conferida, indicando los hechos y fundamentos de derecho que estimo procedentes. Por Decreto de 1 de Diciembre de 2.010 se admitió a trámite la referida demanda de divorcio de mutuo acuerdo, la cual se tramitará de acuerdo con el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

     SEGUNDO.-     Por la esposa se ratificó el convenio regulador presentado con la demanda, ratificándose por separado el esposo en el convenio regulador propuesto.

 

Evacuado el traslado correspondiente el Ministerio Fiscal no se opone al contenido del convenio regulador.

 

     TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

     PRIMERO.- Establece el artículo 86 del Código Civil que se declarará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno sólo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81del C. Civil.

 Los cónyuges contrajeron matrimonio el día x de xxxx de 1.984 en la ciudad de xxxx.

 

     SEGUNDO.- Tramitados los presentes autos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/00, es procedente la estimación de la demanda pues, por un lado se cumplen los requisitos de transcurso de tiempo y mutuo acuerdo previstos en el artículo 81 y 86 del C. Civil y, por otro lado los acuerdos de los cónyuges contenidos en el preceptivo convenio regulador, se consideran procedentes en todos sus extremos, aprobándose judicialmente el referido convenio regulador que queda incorporado en todos sus extremos a la presente resolución.

 

     TERCERO.- No procede hacer expresa imposición de las costas en el procedimiento, atendiendo a la naturaleza de la cuestión en litis.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación procede:

FALLO

     Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda de divorcio de mutuo acuerdo formulada por la Procuradora de los Tribunales Doña María Jesús Porres Moral, en nombre y representación de Doña xxxxx; y en consecuencia, acuerdo el divorcio de los cónyuges con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración de divorcio. Acuerdo la aprobación del convenio regulador aportado en todos sus extremos, obrante en autos y unido a la presente resolución.

 

     No se hace imposición de las costas causadas en este procedimiento.

 

Firme que sea esta resolución comuníquese al Encargado del Registro Civil competente para su anotación correspondiente en los Libros del Registro.

Notifíquese esta resolución a las partes interesadas. Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación, ante este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cuenca, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de su notificación.

     Así por esta mi resolución, la pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Cuenca y su Partido.- Doy fe.-

 

     PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Divorcio Mutuo Acuerdo 505/2010

20110107144056-acuerdo.jpg

SENTENCIA Nº 136/2010

En Cuenca, a veintiuno de Diciembre de dos mil diez.

 

 Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido, los presentes autos civiles de Juicio Verbal de Divorcio de Mutuo Acuerdo seguidos con el número 505 del año 2.010 entre partes, como demandante Doña xxxx y Don xxxxx, representados por la Procuradora de los Tribunales Doña María Ángeles Paz Caballero y asistidos por la Letrado Doña Rosa María Recuento Díaz, siendo parte el Ministerio Fiscal. Y teniendo en cuenta los siguientes,

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

     PRIMERO.- Por la Procuradora indicada se formuló demanda de divorcio de mutuo acuerdo, en la representación que tienen conferida, indicando los hechos y fundamentos de derecho que estimo procedentes. Por Decreto de 27 de Septiembre de 2.010 se admitió a trámite la referida demanda de divorcio de mutuo acuerdo, la cual se tramitará de acuerdo con el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

     SEGUNDO.- Por la esposa se ratificó el convenio regulador presentado con la demanda, ratificándose por separado el esposo en el convenio regulador propuesto.

 

Evacuado el traslado correspondiente el Ministerio Fiscal no se opone al contenido del convenio regulador.

 

     TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

      PRIMERO.- Establece el artículo 86 del Código Civil que se declarará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno sólo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81del C. Civil.

 

Los cónyuges contrajeron matrimonio el día xx de xxx de 1.989 en la ciudad de Cuenca.

 

     SEGUNDO.- Tramitados los presentes autos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/00, es procedente la estimación de la demanda pues, por un lado se cumplen los requisitos de transcurso de tiempo y mutuo acuerdo previstos en el artículo 81 y 86 del C. Civil y, por otro lado los acuerdos de los cónyuges contenidos en el preceptivo convenio regulador, se consideran procedentes en todos sus extremos, aprobándose judicialmente el referido convenio regulador que queda incorporado en todos sus extremos a la presente resolución.

 

     TERCERO.- No procede hacer expresa imposición de las costas en el procedimiento, atendiendo a la naturaleza de la cuestión en litis.

 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación procede:

 

FALLO

     Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda de divorcio de mutuo acuerdo formulada por la Procuradora de los Tribunales Doña María Ángeles Paz Caballero, en nombre y representación de xxxxx; y en consecuencia, acuerdo el divorcio de los cónyuges con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración de divorcio. Acuerdo la aprobación del convenio regulador aportado en todos sus extremos, obrante en autos y unido a la presente resolución.

     No se hace imposición de las costas causadas en este procedimiento.

Firme que sea esta resolución comuníquese al Encargado del Registro Civil competente para su anotación correspondiente en los Libros del Registro.

 

Notifíquese esta resolución a las partes interesadas. Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación, ante este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cuenca, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de su notificación.     Así por esta mi resolución, la pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Cuenca y su Partido.- Doy fe.- 

     PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Juicio Verbal 260/2010

20110107143809-reclamacion-de-cantidad.gif

SENTENCIA 135/10

En Cuenca, a veintiuno de Diciembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de CUENCA los presentes autos de Juicio Verbal, seguidos en este Juzgado bajo el número 260 del año 2.010, a instancia de Grupo xxx S.A., representado por la Procuradora Doña María Ángeles Hernández Martínez y asistido por el Letrado Don Enrique Fernández Blanco, contra xxxxx S.A., representado por la Procuradora Doña Sonia Martorell Rodríguez y asistido por el Letrado Don Juan Barrera Montero.

ANTECEDENTES   DE    HECHO

PRIMERO.- Por parte de Grupo xxx S.A. se presenta petición inicial de procedimiento monitorio reclamando la cantidad de 1.320,13 euros. 

SEGUNDO.- Formulada oposición por la parte demandada, se dicto por este juzgado Auto con fecha 8 de Julio de 2.010 por el que se tuvo por formulada la oposición convocando a las partes a la celebración de la vista. 

TERCERO.- Celebrado el Juicio y practicada en el acto del juicio la prueba que se declaró pertinente, se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

 

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales. 

FUNDAMENTOS   DE   DERECHO

 PRIMERO.- Reclama el actor la cantidad de 1.320,13 euros, importe debido como consecuencia del impago de la prestación de un servicio de prevención ajeno en prevención de riesgos laborales, más intereses legales y con imposición de las costas a la parte demandada.   

 

Por el contrario, la parte demandada se ratificó en su oposición a la petición inicial de procedimiento monitorio que se da aquí por reproducida, solicitando la imposición de las costas a la parte actora.

 

SEGUNDO.- La cuestión controvertida en la presente litis es si son debidas por la demandada las cantidades reclamadas por la parte actora en concepto de la prestación de un servicio de prevención ajeno en prevención de riesgos laborales.

 

Entrando en el fondo del asunto hay que señalar que en virtud del documento nº 2 acompañado con la petición inicial de procedimiento monitorio ha quedado acreditada la existencia de una relación contractual entre las partes litigantes en virtud de la cual firmaron un contrato-concierto de fecha 13 de Marzo de 2.006 para la prestación de servicio de prevención ajeno.

 

Así mismo ha quedado acreditado mediante la documental aportada por la parte actora en el acto del plenario (documento nº 2 y 3) que la parte demandante citó a los trabajadores de la empresa demandada para la realización de los reconocimientos médicos de la empresa para el año 2.008 y 2.009 así como también ha quedado acreditada la prestación consistente en la realización de los reconocimientos médicos por los trabajadores de la empresa demandada para el año 2.008, habiéndose generado como consecuencia de los servicios prestados por la parte actora las facturas objeto de reclamación en la presente litis que ascienden al importe de 1.320,13 euros (documento nº 3 y 4 acompañados con la petición inicial de procedimiento monitorio), no habiéndose acreditado por la parte demandada tal como le corresponde al amparo de lo establecido en el artículo 217.2 LEC que el contrato-concierto de fecha 13 de Marzo de 2.006 celebrado entre las partes litigantes y que ha sido firmado tanto por la actora como la demandada estuviera resuelto de manera no vinculase a las partes litigantes.

 

Acreditado, por tanto, la relación contractual entre el actor y la demandada en virtud de la cual el actor prestó servicios de prevención ajeno en prevención de riesgos laborales y la falta de pago por la demandada de la cantidad reclamada, procede la estimación íntegra de la demanda, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.088 y siguientes del Código Civil, siendo la obligación de pago de los servicios de prevención ajeno en prevención de riesgos laborales, la principal obligación de la demandada. Por lo tanto, la parte demandada deberá pagar al actor la cantidad de 1.320,13  euros.

 

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1101 y 1108 CC  la cantidad a cuyo pago se ha condenado a la demandada devengará los intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda hasta su completo pago.

 

CUARTO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 394.1 L.E.C., dada la estimación íntegra de la demanda se imponen las costas causadas en esta instancia a la parte demandada.

Vistos los preceptos anteriormente mencionados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña María Ángeles Hernández Martínez, en nombre y representación de Grupo xxxx S.A., contra xxxxx S.A. y condeno al demandado a los siguientes pronunciamientos:

 

1.  Pagar a Grupo xxx S.A.  la cantidad de 1.320,13  euros.

2.  Pagar los intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda hasta su completo pago.

3.  Pagar las costas procesales causadas en esta instancia.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

 Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma. Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de los de Cuenca y su Partido. Doy fe. 

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Juicio Verbal sobre Icp 662/2009

20110107143452-incapacidades.jpg

SENTENCIA Nº 134/10

 

En Cuenca, a quince de Diciembre de dos mil diez.

 

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca  los presentes autos de Juicio Verbal,  sobre incapacitación, seguidos en este Juzgado bajo el número 662 del año 2.009, a instancia del Ministerio Fiscal, contra Don xxxxx, declarado en rebeldía.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.- Por el Ministerio Fiscal se interpuso demanda de incapacitación de Don xxxxx, interesando además de que se le nombre tutor.

 

SEGUNDO.- Por Auto de fecha 23 de Noviembre de 2.009, se admitió a trámite la demanda, acordando que se emplazara por término de veinte días a la parte demandada, para comparecer en autos y contestar a la demanda, designándose con carácter previo defensor judicial. 

 

TERCERO.- Mediante Providencia de 1 de Octubre de 2.010, se declaró en rebeldía procesal  a la parte demandada al no haber comparecido ni haberse personado en el presente procedimiento, convocándose a las partes al acto del juicio y disponiendo el exámen del presunto incapaz. Celebrado el juicio y practicadas las pruebas que se declararon pertinentes, y que constan en el acta del juicio, se declararon los autos conclusos para sentencia.

 

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por el Ministerio Fiscal se interesa al amparo de lo establecido en el artículo 200 la declaración incapacitación de Don xxxxx, además de que se le nombre tutor.

 

SEGUNDO.- El artículo 200 CC dispone lo siguiente:” Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma.”.

Según la STS de 31 de diciembre de 1991 establece que "Los procesos sobre incapacitación imponen un especial tratamiento y exigen una concentrada y directa atención de los juzgadores, ya que el objeto de los mismos no son las cosas ni las controversias derivadas de las relaciones jurídicas, sino la persona misma y mediante dichos trámites procesales se declara si se les reconoce o priva de la capacidad jurídica de obrar, que es aptitud innata para ser sujeto de derechos y obligaciones, determinada por el nacimiento (art. 29 del Código Civil) e inherente a la condición de ciudadanos que desarrollan su actividad vital en una comunidad organizada, por ser consustancial a su dignidad y proyectar el ejercicio y libre desarrollo de cada personalidad, conforme al art. 10 de la Constitución.

 

La incapacitación supone la decisión judicial de carecer de aptitud para autogobernarse el afectado, si bien con los límites y extensiones que autoriza el art. 210 del Código Civil (hoy artículo 763 LEC), dándose equivalencia a muerte jurídico-civil; de ahí que la normativa que la regula (Título IX-Libro I del Código Civil), prevé las máximas garantías e instrumentos necesarios que se deben adoptar a fin de lograr la mayor aproximación a la verdad material para cerciorar la convicción de los juzgadores.”.

 

Como señala la STS de 19 de febrero de 1996, "la capacidad de las personas físicas es atributo de la personalidad, no obstante cabe su restricción y control, por disposición expresa de la ley, mediante las que han sido llamadas circunstancias modificativas de la capacidad, al presumirse siempre la capacidad mental, mientras no quede demostrado lo contrario, por los medios procesales legales arbitrados, observancia de las garantías constitucionales, y con base a pruebas concluyentes y rotundas en contrario, que conforman probanzas directas, dada la trascendencia de la resolución en cuanto priva a una persona de su libertad de disposición subjetiva o patrimonial".

 

En términos generales, hay que referir las deficiencias a aquellos estados en los que se da un impedimento físico, mental o psíquico, permanente, y a veces progresivo, que merma la personalidad, la deteriora y amortigua, con efectos en la capacidad volitiva y de decisión, incidiendo en su conducta al manifestarse como inhabilitante para el ejercicio de los derechos civiles y demás consecuentes, constituyendo las enfermedades mentales, como muestra la praxis civil, las causas que de forma mas peculiar modifican la capacidad de ejercicio de los derechos, pues los que se encuentran en este estado están incapacitados para la realización de la casi totalidad de los actos jurídicos. Lo esencial no es padecer una determinada forma de enfermedad mental, sino sufrir una perturbación que sea origen de un "estado mental" propio con repercusiones jurídicas, caracterizándose por los siguientes elementos: 1) existencia de un trastorno mental, cuya naturaleza y profundidad sean suficientes para justificar dichas repercusiones (criterio psicológico); 2) permanencia o habitualidad del mismo (criterio cronológico); y 3) que como consecuencia de dicho trastorno, resulte el enfermo incapaz de proveer a sus propios intereses, o dicho con palabras del Código, que le impida gobernarse por si mismo (criterio jurídico), si bien tal expresión, en principio ambigua y desorientadora, por su excesiva radicalidad, no debe interpretarse en sentido absoluto, pues bastará que la enfermedad o deficiencia de que se trate impliquen una restricción sustancial o grave de autogobierno de la persona a que respectivamente afecten, pues como indica la STS de 31 de octubre de 1994, no puede exigirse un estado deficitario del afectado mucho mas profundo o grave del que resulta de la propia literalidad del precepto mencionado.

 

Aplicando tal doctrina al caso de autos procede indicar que de las pruebas practicadas, con especial relevancia de la exploración de Don xxxxx y el informe médico forense unido a los presentes autos, se llega a la convicción de que es necesaria la incapacitación de Don xxxxxx, toda vez que el mismo a pesar de ser una persona que tiene 53 años, padece una enfermedad consistente en un cuadro de epilepsia de etiología traumática (crisis convulsivas generalizadas) asociado a un retraso mental ligero (no filiado), valorados ambos como determinantes de una minusvalía de un 58%, presentando un porcntaje global de discapacidad del 72%, de carácter crónica e irreversible, que le incapacita de forma total y absoluta tanto para el cuidado de sí mismo como para el de sus propios intereses, necesitando la ayuda de terceros para mantener un correcto gobierno de su persona y de sus intereses, por lo que declaro la incapacitación total y absoluta de Don xxxxxx, tanto para el cuidado de sí misma como para el de sus propios intereses, quedando inhabilitado entre otros actos y negocios jurídicos para contratar, testar y votar, debiendo someterse a régimen de tutela.

 

TERCERO.- El artículo 234 del Código Civil establece que:” Para el nombramiento de tutor se preferirá:

1º Al designado por el propio tutelado, conforme al párrafo segundo del artículo 223.

2º Al cónyuge que conviva con el tutelado.

3º A los padres.

4º A la persona o personas designadas por éstos en sus disposiciones de última voluntad.

5º Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el juez.

Excepcionalmente, el Juez, en resolución motivada, podrá alterar el orden del párrafo anterior o prescindir de todas las personas en él mencionadas, si el beneficio del menor o del incapacitado así lo exigiere.”.

En el presente caso, respecto del nombramiento de tutor, no obstante haberse declarado la incapacitación de Don xxxxxx en virtud de la presente resolución, no procede efectuar el nombramiento de tutor en este momento procesal al no haberse oído a la institución tutelar que pueda asumir la tutela del incapaz debiendo de acudirse a un procedimiento posterior.    

 

CUARTO.- Por la especial naturaleza del procedimiento, no procede hacer expreso pronunciamiento sobre costas.

 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

 

FALLO

 

ACUERDO la incapacitación total y absoluta de Don xxxxx, tanto para el cuidado de sí mismo como para el de sus propios intereses, quedando inhabilitado entre otros actos y negocios jurídicos para contratar, testar y votar.

 

Líbrese testimonio de esta resolución al Registro Civil donde consta la inscripción del nacimiento del incapaz, y a la Junta Electoral Central. 

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

 

Así lo acuerda, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado- Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido, de lo que doy fe. 

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Juicio Verbal sobre Icp 431/2010

20110107143213-incapacidades.jpg

SENTENCIA Nº 133/10

 

En Cuenca, a quince de Diciembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca  los presentes autos de Juicio Verbal,  sobre incapacitación, seguidos en este Juzgado bajo el número 431 del año 2.010, a instancia del Ministerio Fiscal, contra Doña xxx.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Ministerio Fiscal, se interpuso en fecha 6 de Julio de 2.010 demanda de incapacitación de Doña xxxxx, interesando además que se le nombre tutor.

 

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 9 de Julio de 2.010, se admitió a trámite la demanda, acordando que se emplazara por término de veinte días a la parte demandada, para comparecer en autos y contestar a la demanda, designándose con carácter previo defensor judicial.

 

TERCERO.- Mediante Diligencia de Ordenación de fecha 30 de Septiembre de 2.010, se convoca a las partes al acto del juicio y disponiendo el exámen del presunto incapaz. Celebrado en juicio y practicadas las pruebas que se declararon pertinentes, y que constan en el acta del juicio, se declararon los autos conclusos para sentencia.

 

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

PRIMERO.- Por el Ministerio Fiscal se interesa al amparo de lo establecido en el artículo 200 CC la declaración incapacitación de Doña xxxx, interesando además que se le nombre como tutor a Don xxxxxx.

 

SEGUNDO.- El artículo 200 CC dispone lo siguiente:” Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma.”.

 

Según la STS de 31 de diciembre de 1991 establece que "Los procesos sobre incapacitación imponen un especial tratamiento y exigen una concentrada y directa atención de los juzgadores, ya que el objeto de los mismos no son las cosas ni las controversias derivadas de las relaciones jurídicas, sino la persona misma y mediante dichos trámites procesales se declara si se les reconoce o priva de la capacidad jurídica de obrar, que es aptitud innata para ser sujeto de derechos y obligaciones, determinada por el nacimiento (art. 29 del Código Civil) e inherente a la condición de ciudadanos que desarrollan su actividad vital en una comunidad organizada, por ser consustancial a su dignidad y proyectar el ejercicio y libre desarrollo de cada personalidad, conforme al art. 10 de la Constitución.

 

La incapacitación supone la decisión judicial de carecer de aptitud para autogobernarse el afectado, si bien con los límites y extensiones que autoriza el art. 210 del Código Civil (hoy artículo 763 LEC), dándose equivalencia a muerte jurídico-civil; de ahí que la normativa que la regula (Título IX-Libro I del Código Civil), prevé las máximas garantías e instrumentos necesarios que se deben adoptar a fin de lograr la mayor aproximación a la verdad material para cerciorar la convicción de los juzgadores.”

Como señala la STS de 19 de febrero de 1996, "la capacidad de las personas físicas es atributo de la personalidad, no obstante cabe su restricción y control, por disposición expresa de la ley, mediante las que han sido llamadas circunstancias modificativas de la capacidad, al presumirse siempre la capacidad mental, mientras no quede demostrado lo contrario, por los medios procesales legales arbitrados, observancia de las garantías constitucionales, y con base a pruebas concluyentes y rotundas en contrario, que conforman probanzas directas, dada la trascendencia de la resolución en cuanto priva a una persona de su libertad de disposición subjetiva o patrimonial".

En términos generales hay que referir las deficiencias a aquellos estados en los que se da un impedimento físico, mental o psíquico, permanente, y a veces progresivo, que merma la personalidad, la deteriora y amortigua, con efectos en la capacidad volitiva y de decisión, incidiendo en su conducta al manifestarse como inhabilitante para el ejercicio de los derechos civiles y demás consecuentes, constituyendo las enfermedades mentales, como muestra la praxis civil, las causas que de forma mas peculiar modifican la capacidad de ejercicio de los derechos, pues los que se encuentran en este estado están incapacitados para la realización de la casi totalidad de los actos jurídicos. Lo esencial no es padecer una determinada forma de enfermedad mental, sino sufrir una perturbación que sea origen de un "estado mental" propio con repercusiones jurídicas, caracterizándose por los siguientes elementos: 1) existencia de un trastorno mental, cuya naturaleza y profundidad sean suficientes para justificar dichas repercusiones (criterio psicológico); 2) permanencia o habitualidad del mismo (criterio cronológico); y 3) que como consecuencia de dicho trastorno, resulte el enfermo incapaz de proveer a sus propios intereses, o dicho con palabras del Código, que le impida gobernarse por si mismo (criterio jurídico), si bien tal expresión, en principio ambigua y desorientadora, por su excesiva radicalidad, no debe interpretarse en sentido absoluto, pues bastará que la enfermedad o deficiencia de que se trate impliquen una restricción sustancial o grave de autogobierno de la persona a que respectivamente afecten, pues como indica la STS de 31 de octubre de 1994, no puede exigirse un estado deficitario del afectado mucho mas profundo o grave del que resulta de la propia literalidad del precepto mencionado.

 

Aplicando tal doctrina al caso de autos procede indicar que de las pruebas practicadas, con especial relevancia de la exploración de Doña xxxxx y el informe médico forense unido a los presentes autos, se llega a la convicción de que es necesaria la incapacitación de Doña xxxxx, toda vez que la misma es una persona de edad avanzada que tiene 85 años, padece una enfermedad consistente en un trastorno del lenguaje progresivo con datos de apraxia del lenguaje y escasa fluencia verbal, criterios de afasia no fluente progresiva de mesulam con empeoramiento cognitivo, cuadro compatible con una enfermedad de alzheimer moderada, de carácter crónica e irreversible, que le incapacita de forma total y absoluta tanto para el cuidado de sí misma como para el de sus propios intereses, necesitando la ayuda de terceros para mantener un correcto gobierno de su persona y de sus intereses, por lo que declaro la incapacitación total y absoluta de Doña xxxxx, tanto para el cuidado de sí misma como para el de sus propios intereses, quedando inhabilitada entre otros actos y negocios jurídicos para contratar, testar y votar, debiendo someterse a régimen de tutela.

TERCERO.- El artículo 234 del Código Civil establece que:” Para el nombramiento de tutor se preferirá:

1º Al designado por el propio tutelado, conforme al párrafo segundo del artículo 223.

2º Al cónyuge que conviva con el tutelado.

3º A los padres.

4º A la persona o personas designadas por éstos en sus disposiciones de última voluntad.

5º Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el juez.

Excepcionalmente, el Juez, en resolución motivada, podrá alterar el orden del párrafo anterior o prescindir de todas las personas en él mencionadas, si el beneficio del menor o del incapacitado así lo exigiere.”

En el presente caso, habiendo sido declarada la incapacitación de Doña xxxxxx en virtud de la presente resolución y siendo beneficioso para la incapaz el nombramiento de su hijo como tutor de la misma, procede designar como tutor de Doña xxxxxx a Don xxxxxxx al no concurrir en su persona ninguna de las causas de inhabilidad previstas en los artículos 243 y siguientes del Código Civil.    

 

CUARTO.- Por la especial naturaleza del procedimiento, no procede hacer expreso pronunciamiento sobre costas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

 

FALLO

 

ACUERDO la incapacitación total y absoluta de Doña xxxxx, tanto para el cuidado de sí misma como para el de sus propios intereses, quedando inhabilitada entre otros actos y negocios jurídicos para contratar, testar y votar.

 

ACUERDO designar como tutor de Doña xxxx a Don xxxxx.

 

Líbrese testimonio de esta resolución al Registro Civil donde consta la inscripción del nacimiento del incapaz, y a la Junta Electoral Central.

 

Remítase testimonio de esta resolución al Encargado del Registro Civil para que se inscriba la designación del cargo de tutor.

 

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

 

Así lo acuerda, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido, de lo que doy fe.

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Juicio Verbal 198/2010

20110107141733-reclamacion-de-cantidad.gif

SENTENCIA nº132

Cuenca, a trece de Diciembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de CUENCA los presentes autos de Juicio Verbal, sobre reclamación de cantidad, seguidos en este Juzgado bajo el número 198 del año 2.010, a instancia de Caja xxxxx, representada por la Procuradora Doña Yolanda Araque Cuesta y asistida por la Letrado Don Amalio Miralles Gómez, contra Don xxxx, declarado en rebeldía.

 

ANTECEDENTES   DE    HECHO

 PRIMERO.- Por parte de la representación procesal de Caja xxxx se interpone demanda de Juicio Verbal en reclamación de la suma de 2.970,96 euros, intereses pactados y costas.

 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda de Juicio Verbal presentada mediante Auto dictado por este Juzgado en fecha de 7 de Abril de 2.010, se dio traslado de la demanda al demandado emplazando a las partes para comparecer al acto del juicio.

 

TERCERO.- Celebrado el Juicio y practicada en el acto del juicio, se declaró en rebeldía a la parte demandada al no comparecer al acto del juicio en legal forma para contestar a la demanda. Practicada la prueba que se declaró pertinente, se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

 

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS   DE   DERECHO

 PRIMERO.- Reclama el actor al amparo de lo establecido en el artículo 1.089, 1.091, 1.255 y siguientes CC y el artículo 50 y siguientes y concordantes CCo la cantidad de 2.970,96 euros, importe debidos como consecuencia de las operaciones y disposiciones realizadas por la demandada en virtud del contrato de tarjeta de crédito (tarjeta nº xxxx; cuenta compensadora nº xxxxx) formalizado entre la parte actora y la demandada, más intereses pactados y costas.   

 

Por el contrario, la parte demandada no comparece al presente proceso contestando a la demanda en legal forma alegando hechos impeditivos o extintivos de las pretensiones de la actora, por lo que ha sido declarada en rebeldía.

 

SEGUNDO.- No obstante la incomparecencia de la parte demandada en legal forma no por ello lleva a la estimación de la demanda correspondiéndole a la parte actora sus  pretensiones al amparo de lo establecido en el artículo 217.2 LE8C.

 

Entrando en el fondo del asunto hay que determinar si la parte demandada pagó la cantidad reclamada por la actora.

 

En relación a la resolución de la cuestión controvertida hay que señalar que el actor ha acreditado existencia de una relación contractual entre las partes litigantes en virtud del contrato de tarjeta de crédito (tarjeta nº xxxx; cuenta compensadora nº xxxx) formalizado entre la parte actora y la demandada en fecha 29 de Marzo de 2.007 tal como se desprende del documento nº 1 acompañado con la demanda.

 

Así mismo también procede reseñar que, tal como consta en el documento nº 1 acompañado con la demanda, en virtud del citado contrato de tarjeta de crédito se pactó una liquidación de la tarjeta mensual (cláusula 11ª) y un tipo de interés nominal anual para el cálculo de interés por aplazamiento de pago de la deuda pendiente en un 12% (cláusula 12ª), además de haber quedado probado en la presente litis que en fecha 2 de Diciembre de 2.008 se procedió por la actora a realizar la liquidación de la deuda que tenía el demandado con la actora derivada del citado contrato, ascendiendo la misma a la cuantía de 2.970,96 euros (documento nº 2 y 3 acompañados con la demanda).

 

Acreditado, por tanto, la formalización de un contrato de tarjeta de crédito (tarjeta nº xxxxx; cuenta compensadora nº xxxx), la existencia de una deuda que mantiene la demandada con la actora que asciende a la cuantía de 2.970,96 euros así como la falta de pago por el demandado de la citada deuda, procede la estimación íntegra de la demandada, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.088 y siguientes del Código Civil, siendo la obligación de pago de la citada cantidad la principal obligación del demandado. Por lo tanto, la parte demandada deberá pagar al actor la cantidad de 2.970,96 euros.

 

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 CCo y en la cláusula decimosexta del contrato de tarjeta de crédito firmado entre las partes litigantes  la cantidad a cuyo pago se ha condenado al demandado devengará los intereses pactados en el contrato de tarjeta de crédito desde el día 3 de Diciembre de 2.008, día siguiente a la fecha de la liquidación del contrato de tarjeta de crédito, hasta su completo pago.

 

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 394.1 L.E.C., dada la estimación íntegra de la demanda se imponen las costas causadas en esta instancia a la parte demandada.

Vistos los preceptos anteriormente mencionados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

 

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña Yolanda Araque Cuesta, en nombre y representación de Caja xxxxx, contra Don xxxxx y condeno al demandado a los siguientes pronunciamientos:

 

1.  Pagar a Cajaxxxxx la cantidad de 2.970,96 euros.

2.  Pagar los intereses pactados en el contrato de tarjeta de crédito desde el día 3 de Diciembre de 2.008 hasta su completo pago.

3.  Pagar las costas procesales causadas en esta instancia.

 Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma. Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de los de Cuenca y su Partido. Doy fe. 

 

 PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Juicio Verbal Desahucio 445/2010

20110107141029-inmuebles.jpg

SENTENCIA Nº 131/2010

En Cuenca, a trece de Diciembre de dos mil diez.

 Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de CUENCA los presentes autos de Juicio Verbal, seguidos en este Juzgado bajo el número 445 del año 2.010, a instancia de Doña xxxxx, representada por la Procuradora Doña Sonia Elvira Lillo y asistida por el Letrado Don Ernesto Santos del Valle, contra Doña xxxxx, declarada en rebeldía.

 

ANTECEDENTES   DE    HECHO

 PRIMERO.- Doña xxxxx, representada por la Procuradora Doña Sonia Elvira Lillo, presenta demanda de Juicio Verbal interesando que se declare la resolución del contrato de arrendamiento del inmueble, condenando al demandado a dejar el inmueble libre, vacío y a disposición del propietario, condenándole al abono de la cantidad de 6.000 euros por arrendamientos y recibos pendientes de pago, con apercibimiento de lanzamiento si no lo verifica, al abono de los intereses legales y con imposición del pago de las costas del procedimiento.

 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda de Juicio Verbal mediante Decreto dictado por este Juzgado en fecha de 7 de Septiembre de 2.010, se dio traslado de la demanda a la demandada emplazando a las partes para comparecer al acto del juicio.

 

TERCERO.- Celebrado el Juicio la parte demandada  fue declarada en rebeldía al no comparecer al acto del juicio en legal forma para contestar a la demanda. Practicada en el acto del juicio la prueba que se declaró pertinente se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

 

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS   DE   DERECHO

PRIMERO.- La actora reclama al amparo de lo establecido en el artículo 1.555 y siguientes CC y el artículo 27 y 35 LAU que se declare la resolución del contrato de arrendamiento del inmueble, condenando al demandado a dejar el inmueble libre, vacío y a disposición del propietario, condenándole al abono de la cantidad de 9.600 euros por arrendamientos y recibos pendientes de pago, con apercibimiento de lanzamiento si no lo verifica, al abono de los intereses legales y con imposición del pago de las costas del procedimiento.

 

La parte demandada fue declarada en rebeldía al no comparecer al acto del juicio a contestar a la demanda en legal forma, por lo que al amparo de lo establecido en el artículo 440.3 LEC acuerdo el desahucio de la parte demandada de la vivienda sita en la callexxxxx nº 11, 5º C de la ciudad de Cuenca.

 

SEGUNDO.- No obstante la declaración de rebeldía de la parte demandada, le corresponde a la parte actora acreditar sus pretensiones dado que de la mera incomparecencia de la demandada no pueden prosperar las acciones ejercitadas por la parte actora, con excepción de la  acción de desahucio (Art. 217.2 LEC).

En el caso de autos, la actora ha acreditado la existencia de un contrato de arrendamiento de la vivienda sita en la calle xxxxx nº 11, 5º C de la ciudad de Cuenca, celebrado entre el actor y la demandada en fecha 1 de Noviembre de 2.007 (Documento nº 2 acompañado con la demanda), por un tiempo de dos años, pactándose el pago por la demandada de una renta anual de 600 euros mensuales mediante transferencia  en los cinco primeros días de cada mes en la cuenta bancaria abierta a nombre del arrendador en la entidad Caixa Catalunya nº xxxxx.

Así mismo, hay que decir que la parte demandada no ha acreditado tal como le corresponde de acuerdo con lo establecido en el artículo 217.2 LEC que haya satisfecho las cantidades reclamadas por la parte demandante correspondientes a las rentas desde el mes de Agosto de 2.009 hasta el mes de Noviembre de 2.010 que ascienden al importe de 9.600 euros, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.555.1º CC la parte demandada deberá satisfacer a la actora la cantidad de 9.600 euros en concepto de impago de rentas debidas.

 

A mayor abundamiento hay que señalar que habiendo impagado la parte demandada las rentas desde el mes de Agosto de 2.009 hasta el mes de Noviembre de 2.010 reclamadas en la presente litis, tal como se ha expuesto anteriormente, acuerdo la resolución por falta de pago de las rentas del contrato de arrendamiento de la vivienda sita en la calle xxxxx nº 11, 5º C de la ciudad de Cuenca, celebrado entre el actor y la demandada en fecha 1 de Noviembre de 2.007 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.2 letra a) LAU, debiendo la parte demandada dejar la vivienda sita en la calle xxxxx nº 11, 5º C de la ciudad de Cuenca, libre, vacía y a disposición de la parte actora, con apercibimiento de lanzamiento si no lo verificare.

 

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1101 y 1108 CC  la cantidad a cuyo pago se ha condenado a la demandada devengará los intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda hasta su completo pago.

 

CUARTO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 394.1 L.E.C., dada la estimación íntegra de la demanda procede la condena en las costas causadas a la parte demandada.

Vistos los preceptos anteriormente mencionados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña Sonia Elvira Lillo, en nombre y representación de Doña xxxxx, contra Doña xxxxx y condeno a la demandada a los siguientes pronunciamientos:

1.  Declarar resuelto el contrato de arrendamiento por falta de pago de las rentas de la vivienda sita en la calle xxxxx nº 11, 5º C de la ciudad de Cuenca, celebrado entre Doña xxxxx y Doña xxxxx en fecha 1 de Noviembre de 2.007.

2.  Dejar la vivienda sita en la calle xxxx nº 11, 5º C de la ciudad de Cuenca, libre, vacía y a disposición de Doña xxxx, con apercibimiento de lanzamiento si no lo verificare.

3.  Satisfacer a Doña xxxxxx la cantidad de 9.600 euros.

4.  Pagar los intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda hasta su completo pago.

5.  Pagar las costas causadas en el presente proceso.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma. Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado- Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido. Doy fe. 

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Ordinario mercantil sobre cooperativas 714/2009

20110107135609-cooperativas.jpeg

SENTENCIA nº 130/2010

 En Cuenca, a nueve de Diciembre de dos mil diez.

 

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia Nº 2 de Cuenca, con competencia exclusiva en materia mercantil, los presentes autos de Juicio Ordinario, seguidos en este Juzgado bajo el número 714 del año 2.009, a instancia de Sociedad Cooperativa Limitada xxxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, representada por el Procurador Don José Vicente Marcilla López y asistida por el Letrado Don Pascasio Martínez Quilez, contra Don xxxxxx, representados por la Procuradora Doña Susana Melero de la Osa y asistidos por el Letrado Don Raúl Rivera Pérez; Don xxxxxx, representados por la Procuradora Doña María Ángeles Paz Caballero y asistidos por el Letrado Don Jaime A. Hidalgo Lozano; y xxxxx S.L., declarado en rebeldía.

ANTECEDENTES   DE    HECHO

 

PRIMERO.- Por el Procurador Don José Vicente Marcilla López, en nombre y representación de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, se presenta demanda de Juicio Ordinario en virtud de la cual reclama la cantidad de 164.184,56 euros, más los intereses legales desde la fecha en que se incurrió en mora merced a lo previsto en el artículo 53.4 de los Estatutos, más los intereses previstos en el artículo 576 LEC, con imposición de las costas causadas a la parte demandada.

 

SEGUNDO.- Por Auto de fecha 16 de Diciembre de 2.009 se admite a trámite la demanda, dándose traslado a la parte demandada de copia de la misma así como de los documentos a ella acompañados emplazándola para que conteste en el plazo de veinte días hábiles.

 

TERCERO.- La Procuradora Doña Susana Melero de la Osa, en nombre y representación de xxxxxx, contesta a la demanda de Juicio Ordinario presentada de contrario solicitando la desestimación de la demanda en cuanto al fondo del asunto, con expresa imposición de las costas causadas a la parte actora.

 

La Procuradora Doña Susana Melero de la Osa, en nombre y representación de xxxxxxxx, contesta a la demanda de Juicio Ordinario presentada de contrario solicitando la desestimación de la demanda en cuanto al fondo del asunto, con expresa imposición de las costas causadas a la parte actora.

 

La Procuradora Doña María Ángeles Paz Caballero, en nombre y representación de Don xxxxx, se allana a las pretensiones del actor, interesando la no imposición de las costas causadas.

 

CUARTO.- Mediante Providencia dictada por este Juzgado en fecha 14 de Abril de 2.010 se convoca a las partes al acto de la audiencia previa, declarándose en rebeldía a xxxx por no haber comparecido dentro del plazo señalado para contestar la demanda.

 

Al acto de la audiencia  previa concurren ambas partes, proponiéndose por la actora los siguientes medios de prueba: interrogatorio de parte y documental. Por la parte demandada se propusieron como medios de prueba: interrogatorio de parte, documental y testifical

 

Se admitieron todos los medios de prueba, convocándose a las partes para la celebración del acto del juicio.

 

QUINTO.- Celebrado el acto del juicio y practicadas todas las pruebas declaradas pertinentes, se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

 

SEXTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS   DE   DERECHO

 PRIMERO.- Reclama el actor al amparo de lo establecido en el artículo 27, 50 y 56 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha así como en los Estatutos Sociales de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha la cantidad de 18.000 euros en concepto de la obligación de desembolso de las aportaciones a la sección comercializadora, más los intereses legales desde la fecha en que se incurrió en mora merced a lo previsto en el artículo 53.4 de los Estatutos, más los intereses previstos en el artículo 576 LEC, con imposición de las costas causadas a la parte demandada.

 

Por el contrario, la parte codemandada (xxxxxx) se opone a lo solicitado de contrario por los motivos que constan en su escrito que se dan aquí por reproducidos, con expresa condena en costas a la parte contraria.

 

     La parte codemandada (xxxxxxx) se opone a lo solicitado de contrario por los motivos que constan en su escrito que se dan aquí por reproducidos, con expresa condena en costas a la parte contraria.

 

La parte codemandada (xxxx) no comparece al presente proceso contestando a la demanda alegando hechos impeditivos o extintivos de las pretensiones de la actora, por lo que ha sido declarada en rebeldía.

 

SEGUNDO.- En el presente proceso, habiéndose formulado allanamiento por parte de la parte demandada (xxxxxxx) a las pretensiones de la parte actora y al no haberse realizado el mismo en fraude de ley o ser contrario al interés general además de no perjudicar a terceras personas, procede estimar la demanda interpuesta por la parte actora teniendo por allanada a la parte demandada y, en consecuencia, se condena a la parte demandada la cantidad de 21.597,14 euros, más los intereses legales desde el día 1 de Julio de 2.009 hasta su efectivo abono.

 

TERCERO.- El artículo 5 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha  establece:”1. La cooperativa responderá de sus deudas sociales frente a terceros con todo su patrimonio presente y futuro, excepto el correspondiente al Fondo de Formación y Promoción Cooperativa, que sólo responderá de las obligaciones estipuladas para el cumplimiento de sus fines.

 

2. La responsabilidad de los socios por las deudas sociales quedará limitada al importe nominal de las aportaciones al capital social, estén o no desembolsadas.”.

 

El artículo 50.1 de los Estatutos Sociales de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha dispone lo siguiente:” La responsabilidad de los socios por las deudas sociales quedará limitada a las aportaciones a capital social que hubieran suscrito, estén o no desembolsadas”.

 

El artículo 69 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha expresa lo siguiente:” 1. Los Estatutos fijarán los criterios para la compensación de las pérdidas, y podrán imputarlas a una cuenta especial para su amortización con cargo a futuros resultados positivos, dentro del plazo máximo de diez años.

2. En la compensación de pérdidas la cooperativa habrá de sujetarse a las siguientes reglas:

a.  A los fondos de reserva voluntarios, si existiesen, podrá imputarse la totalidad de las pérdidas.

b.  Al fondo de reserva obligatorio podrán imputarse, como máximo, el 50 % de las pérdidas o el porcentaje medio de los excedentes cooperativos o beneficios extracooperativos y extraordinarios que se hayan destinado a dicho fondo en los últimos cinco años o desde su constitución, si ésta no fuera anterior a dicho período.

c.  La cuantía no compensada con los fondos obligatorios y voluntarios se imputará a los socios en proporción a las operaciones, servicios o actividades realizadas por cada uno de ellos con la cooperativa. Si estas operaciones o servicios realizados fueran inferiores a los que como mínimo está obligado a realizar el socio, la imputación de las referidas pérdidas se efectuará en proporción a la actividad cooperativizada mínima obligatoria.

3. Las pérdidas imputadas a cada socio se satisfarán de alguna de las formas siguientes:

a.  El socio podrá optar entre su abono directo o mediante deducciones en sus aportaciones al capital social o, en su caso, en cualquier inversión financiera del socio en la cooperativa que permita esta imputación, dentro del ejercicio siguiente a aquel en que se hubiera producido.

b.  Con cargo a los retornos que puedan corresponder al socio en los siete años siguientes, si así lo acuerda la Asamblea General. Si quedasen pérdidas sin compensar, transcurrido dicho período, éstas deberán ser satisfechas por el socio en el plazo máximo de un mes a partir del requerimiento expreso formulado por el Consejo Rector.”.

En primer lugar procede indicar que la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha se constituyó  mediante escritura pública de fecha 14 de Mayo de 2.002, siendo socios de la citada cooperativa los demandados tal como se desprende de la documental obrante en autos (documento nº 1 a 5 acompañados con la demanda).

 

Así mismo, hay que decir que tal como se desprende de la documental obrante en autos (documento nº 9 acompañado con la demanda) se celebró la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha en fecha 16 de Abril de 2.009 aprobándose los puntos primero y tercero del orden del día relativo a las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.007 y del ejercicio cerrado a 30 de Junio de 2.008 así como se aprueba el punto quinto del orden del día sin votación alguna referente al análisis económico de la compañía para la adopción de los acuerdos de aumento de capital o reducción de capital, acordándose la reducción de capital por imputación de pérdidas a sus socios con las dos opciones previstas en el artículo 70.3 letra a) de los Estatutos Sociales, habiéndose optado ante el silencio de los cooperativistas por la segunda opción prevista en el citado artículo, esto es, mediante deducciones en sus aportaciones al capital social. En este sentido hay que decir que según el informe de Auditoria de la Sociedad Cooperativa Limitada Substratos y Abonos de la Jara, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha (documento nº 8 acompañado con la demanda), ratificado por el perito emisor del informe en el acto del plenario, se desprende que a 31 de Diciembre de 2.007 la Cooperativa tenía unas pérdidas que ascendían a la cantidad de 1.254.774,28 euros (Sección Planta: 1.128.030,35 euros; Sección Comercializadora: 117.713,93 euros) y a 30 de Junio de 2.008 unas pérdidas que ascendían a la cuantía de 718.182,35 euros (Sección Planta: 362.762,80 euros; Sección Comercializadora: 355.419,55 euros), de manera que los fondos propios de la Cooperativa se sitúan por debajo de la mitad del importe del capital social (documento nº 8 acompañado con la demanda), debiendo de indicarse que los acuerdos de la citada Asamblea referidos anteriormente son obligatorios para los socios de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha al  no haber sido impugnados conforme a los establecido en el artículo 43 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha, siendo por lo tanto obligatorio dicho acuerdo para los socios demandados.

 

En este sentido, hay que indicar que los socios xxxx solicitaron la baja voluntaria de la cooperativa el día 25 de Mayo de 2.008 como consecuencia de haberles exigido la Cooperativa el ingreso en una cuenta de la Cooperativa de una cuota de 10.000 euros en virtud de los acuerdos adoptados en la Asamblea General de fecha 30 de Abril de 2.008 tal como se desprende del documento nº 1 acompañado con la contestación a la demanda, habiendo acordado posteriormente el Consejo Rector por unanimidad en reunión de fecha 23 de Julio de 2.008 calificar la baja como justificada respecto de xxxxxx (documento nº 2 acompañado con la contestación a la demanda), debiendo de indicarse además que el resto de los socios codemandados solicitaron la baja en fecha 29 de Abril de 2.009 como consecuencia de estar disconformes con los acuerdos de la Asamblea de fecha 16 de Abril de 2.009 (documento nº 1 acompañado con la contestación a la demanda).

 

Así mismo, procede indicar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 de los Estatutos Sociales de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha la baja se debe de preavisar con un período de antelación de un año, por lo que habiéndose solicitado la baja por los tres socios mencionados anteriormente en fecha 20 de Mayo de 2.008 y el resto de los socios codemandados en fecha 29 de Abril de 2.009 hasta que transcurra el plazo de preaviso un año deben mantener los derechos y obligaciones que hubieren tenido antes de preavisar la baja, entre los que se encuentra efectuar el desembolso de sus aportaciones al capital social y cuotas de ingreso en la forma y plazo previstos así como cumplir con el resto de obligaciones económicas tal como se desprende del artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha y el artículo 27 letra h de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha, debiendo de indicarse a mayor abundamiento que los socios quedan obligados por el acuerdo de la Asamblea de fecha 16 de Abril de 2.009 de conformidad con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha, no habiendo sido además impugnados por los codemandados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha.  A pesar de lo indicado anteriormente, procede decir que la parte actora no ha justificado tal  como se desprende de lo establecido en el artículo 217.2 LEC que las pérdidas de las dos secciones de la cooperativa reflejadas anteriormente sean deudas de los socios como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de los socios con la cooperativa puesto que no se ha acreditado esta circunstancia debiendo de indicarse a mayor abundamiento que la responsabilidad a la que hace referencia el artículo 5 mencionado anteriormente no tiene nada que ver con la responsabilidad de los socios derivada del incumplimiento de las obligaciones que tengan con la sociedad que vengan establecidas en la Ley o los Estatutos Sociales, por lo que no cabe sino concluir que en este caso no se puede exigir por la cooperativa el desembolso de las cantidades que constan en el hecho segundo de la demanda como consecuencia de los acuerdos de la Asamblea de fecha 16 de Abril de 2.009 en relación al quinto punto del orden del día relativo a las imputaciones de pérdidas a cada socio puesto que de acuerdo con el artículo 5  de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha  cada socio sólo deberá de responder con sus aportaciones al capital social de las pérdidas de la cooperativa que se imputan a cada uno de ellos (documento nº 6 que se acompaña con el acta notarial de fecha 3 de Abril de 2.009-documento nº 9 acompañado con la demanda-), de manera que los socios codemandados como consecuencia de las imputaciones de pérdidas perderán sus aportaciones al capital social,  debiendo de precisarse en relación al socio Don Pedro García Serrano que al haber desembolsado la cantidad de 22.600 euros como aportación al capital social e imputándosele pérdidas que ascienden al importe de 12.855,91 euros, le quedará en concepto de capital social la cantidad de 9.744,09 euros.

 

CUARTO.- En relación a la reclamación consistente en el desembolso del capital mínimo hay que decir que el artículo 53.4 de los Estatutos Sociales y el artículo 56.3 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha establecen:”Si por la imputación de pérdidas de la cooperativa a los socios o por sanción económica prevista estatutariamente, la aportación al capital social de alguno de ellos quedara por debajo del importe fijado como aportación obligatoria mínima para mantener la condición de socio, el socio afectado deberá realizar la aportación necesaria hasta alcanzar dicho importe, previo requerimiento del Consejo Rector, en el plazo de dos meses”.

     Así, procede expresar tal como se ha expuesto anteriormente que durante el plazo de preaviso de un año los socios deben mantener los derechos y obligaciones que hubieren tenido antes de preavisar la baja, entre los que se encuentra efectuar el desembolso de sus aportaciones al capital social y cuotas de ingreso en la forma y plazo previstos así como cumplir con el resto de obligaciones económicas, estando así mismo obligados a cumplir las obligaciones dimanantes de la Asamblea de fecha 16 de Abril de 2.009 de conformidad con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha, al no haber sido además impugnados por los codemandados en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha. Pues bien, los socios deberían cumplir lo establecido en el artículo 53.4 de los Estatutos Sociales y en el artículo 56.3 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha, de manera que al haberse acordado en la Asamblea de fecha 16 de Abril de 2.009 la reducción de capital por imputación de pérdidas, habiéndose reducido como consecuencia de ello la aportación al capital social de los socios codemandados por debajo del importe fijado como aportación obligatoria, los socios codemandados en el plazo de dos meses desde los requerimientos del Consejo Rector recibidos por cada uno de ellos (documentos nº 11 a 25 acompañados con la demanda) deberían haber desembolsado la aportación mínima obligatoria que asciende al importe de 10.500 euros, circunstancia que no han realizado, y por lo tanto los demandados como socios de la Cooperativa deberán desembolsar la aportación mínima obligatoria que asciende al importe de 10.500 euros, con excepción del socio codemandado Don Pedro García Serrano que al quedarle en concepto de capital social la cantidad de 9.744,09 euros como consecuencia de la imputación de pérdidas deberá satisfacer únicamente  la cantidad que le resta hasta la aportación mínima obligatoria que asciende al importe de 755,91 euros.

 

     QUINTO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 56.4 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha, el artículo 53.4 de los estatutos Sociales de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxx y los artículos 1101 y 1108 CC  la cantidad a cuyo pago se ha condenado a xxxxxx devengará los intereses legales desde el día 5 de Julio de 2.009, fecha del transcurso de los dos meses desde que el día 4 de Mayo de 2.009 se notificó al demandado que debía efectuar el pago del saldo pendiente de abono relativa a la imputación de pérdidas y la aportación del capital mínimo (documento nº 15 y 19 acompañado con la demanda), hasta su completo pago.

 

 

     De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.4 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha, el artículo 53.4 de los Estatutos Sociales de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxx y los artículos 1101 y 1108 CC  la cantidad a cuyo pago se ha condenado a xxxxxxx devengará los intereses legales desde el día 6 de Julio de 2.009, fecha del transcurso de los dos meses desde que el día 5 de Mayo de 2.009 se notificó al demandado que debía efectuar el pago del saldo pendiente de abono relativa a la imputación de pérdidas y la aportación del capital mínimo (documento nº 12 acompañado con la demanda), hasta su completo pago.

 

     En virtud de lo dispuesto en el artículo 56.4 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha, el artículo 53.4 de los Estatutos Sociales de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxx y los artículos 1101 y 1108 CC  la cantidad a cuyo pago se ha condenado a Don xxxxxx devengará los intereses legales desde el día 3 de Agosto de 2.009, fecha del transcurso de los dos meses desde que el día 2 de Junio de 2.009 se notificó al demandado que debía efectuar el pago del saldo pendiente de abono relativa a la imputación de pérdidas y la aportación del capital mínimo (documento nº 11 acompañado con la demanda), hasta su completo pago.

 

     De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56.4 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha, el artículo 53.4 de los Estatutos Sociales de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxxx y los artículos 1101 y 1108 CC  la cantidad a cuyo pago se ha condenado a xxxxxxx devengará los intereses legales desde el día 1 de Julio de 2.009, fecha del transcurso de los dos meses desde que el día 30 de Abril de 2.009 se notificó al demandado que debía efectuar el pago del saldo pendiente de abono relativa a la imputación de pérdidas y la aportación del capital mínimo (documento nº 13, 14 y 20 a 25 acompañados con la demanda), hasta su completo pago.

 

SEXTO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 394.2 L.E.C., dada la estimación parcial de la demanda cada parte deberá satisfacer las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

 

El artículo 395.1 LEC dispone lo siguiente:” Si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado.

Se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera dirigido contra él demanda de conciliación.”

 

En virtud de lo previsto en el artículo anteriormente citado, no habiéndose allanado los codemandados (xxxxxx) con anterioridad a la contestación a la demanda procede imponer el pago de las costas causadas en el presente procedimiento a la parte codemandada.

 

Vistos los preceptos anteriormente mencionados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Teniendo por allanado a xxxxx respecto de las pretensiones deducidas por parte de Sección Comercializadora de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, y estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador Don José Vicente Marcilla López, en nombre y representación de representación procesal de Sección Comercializadora de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, condeno a xxxxxx al pago de la cantidad de 10.798,57 euros,  y a Don José Bueno Pérez al pago de la cantidad de 10.798,57 euros, más los intereses legales desde el día 1 de Julio de 2.009 hasta su efectivo abono, con imposición de las costas causadas en esta instancia a xxxxx.

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador Don José Vicente Marcilla López, en nombre y representación de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, contra xxxxxxx y condeno a xxxxxxx al pago de la cantidad de 10.500 euros, más los intereses legales desde el día 1 de Julio de 2.009 hasta su efectivo abono; a Donxxxxx la cantidad de 755,91 euros, más los intereses legales desde el día 1 de Julio de 2.009 hasta su efectivo abono; a xxxxx y xxxxx al pago de la cantidad de 10.500 euros,  más los intereses legales desde el día 5 de Julio de 2.009 hasta su efectivo abono; a xxxxxx al pago de la cantidad de 10.500 euros,  más los intereses legales desde el día 6 de Julio de 2.009 hasta su efectivo abono; y a xxxxxx al pago de la cantidad de 10.500 euros,  más los intereses legales desde el día 3 de Agosto de 2.009 hasta su efectivo abono, debiendo cada parte satisfacer las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma. Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido. Doy fe. 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-   

Sentencia en Ordinario mercantil sobre cooperativas 145/2010

20110107134509-cooperativas.jpeg

SENTENCIA Nº129/2010

En Cuenca, a nueve de Diciembre de dos mil diez.

 Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia Nº 2 de Cuenca, con competencia exclusiva en materia mercantil, los presentes autos de Juicio Ordinario, seguidos en este Juzgado bajo el número 145 del año 2.010, a instancia de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, representada por el Procurador Don José Vicente Marcilla López y asistida por el Letrado Don Pascasio Martínez Quilez, contra Don xxxx, representado por la Procuradora Doña Susana Melero de la Osa y asistida por el Letrado Don Raúl Rivera Pérez.

ANTECEDENTES   DE    HECHO

PRIMERO.- Por el Procurador Don José Vicente Marcilla López, en nombre y representación de Sociedad Cooperativa Limitada xxxxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, se presenta demanda de Juicio Ordinario en virtud de la cual reclama la cantidad de 18.000 euros, más los intereses legales desde la fecha en que se incurrió en mora merced a lo previsto en el artículo 53.4 de los Estatutos, más los intereses previstos en el artículo 576 LEC, con imposición de las costas causadas a la parte demandada.

 

SEGUNDO.- Por Auto de fecha 11 de Marzo de 2.010 se admite a trámite la demanda, dándose traslado a la parte demandada de copia de la misma así como de los documentos a ella acompañados emplazándola para que conteste en el plazo de veinte días hábiles.

 

TERCERO.- La Procuradora Doña Susana Melero de la Osa, en nombre y representación de Don xxxxxx, contesta a la demanda de Juicio Ordinario presentada de contrario solicitando la desestimación de la demanda en cuanto al fondo del asunto, con expresa imposición de las costas causadas a la parte actora.

 

CUARTO.- Mediante Providencia dictada por este Juzgado en fecha 5 de Mayo de 2.010 se convoca a las partes al acto de la audiencia previa.

 

Al acto de la audiencia  previa concurren ambas partes, proponiéndose por la actora los siguientes medios de prueba: interrogatorio de parte y documental. Por la parte demandada se propusieron como medios de prueba: interrogatorio de parte, documental y testifical

 

Se admitieron todos los medios de prueba, convocándose a las partes para la celebración del acto del juicio.

 

QUINTO.- Celebrado el acto del juicio y practicadas todas las pruebas declaradas pertinentes, se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

 

SEXTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS   DE   DERECHO

 PRIMERO.- Reclama el actor al amparo de lo establecido en el artículo 27 y 56 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha así como en el artículo 50 de los Estatutos Sociales de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha la cantidad de 18.000 euros en concepto de la obligación de desembolso de las aportaciones a la sección comercializadora, más los intereses legales desde la fecha en que se incurrió en mora merced a lo previsto en el artículo 53.4 de los Estatutos, más los intereses previstos en el artículo 576 LEC, con imposición de las costas causadas a la parte demandada.

 

Por el contrario, la parte demandada se opone a lo solicitado de contrario por los motivos que constan en su escrito que se dan aquí por reproducidos, con expresa condena en costas a la parte contraria.

SEGUNDO.- El artículo 27 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha expresa lo siguiente:” Los socios están obligados a cumplir con lealtad los deberes legales y estatutarios, y en especial:

a.  Asistir a la reunión de la Asamblea General y demás órganos de la cooperativa a los que pertenezcan o fuesen convocados.

b.  Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales de la cooperativa.

c.  Participar en las actividades que constituyen el objeto de la cooperativa, en la forma establecida en los Estatutos. El Consejo Rector, cuando exista causa que lo justifique, podrá dispensar de dicha obligación al socio, en la cuantía que proceda y según las circunstancias que concurran.

d.  Guardar secreto sobre aquellos asuntos y datos de la cooperativa cuya divulgación pueda perjudicar a los intereses sociales lícitos.

e.  No realizar actividades competitivas con la actividad empresarial de la cooperativa, ni colaborar con quien las realice, a menos que sean autorizados expresamente por el Consejo Rector.

f.  Aceptar los cargos sociales para los que fueren elegidos, salvo causa justificada de excusa.

g.  Participar en las actividades de formación.

h.  Efectuar el desembolso de sus aportaciones al capital social en la forma prevista.

i.  Las demás obligaciones que resulten de las leyes y de los Estatutos.”.

 

El artículo 56 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha expresa lo siguiente:” 1. Los estatutos fijarán la aportación obligatoria mínima al capital social para adquirir la condición de socio, que podrá ser diferente para los distintos tipos de socios previstos en esta Ley, o en función de su naturaleza física o jurídica o de la clase de actividad realizada, o para cada socio en proporción al compromiso o uso potencial que cada uno de ellos asuma de la actividad cooperativizada.

2. La Asamblea General, por la mayoría establecida en el artículo 41.2 de esta Ley, podrá acordar la exigencia de nuevas aportaciones obligatorias para integrar el capital social, fijando la cuantía, condiciones y plazos de desembolso de las mismas. El socio o socio colaborador, en su caso, que tuviera desembolsadas aportaciones voluntarias podrá aplicarlas en todo o en parte a cubrir las nuevas aportaciones obligatorias acordadas por la Asamblea General.

El socio disconforme podrá darse justificadamente de baja, en la forma y con los efectos regulados en el artículo 30 de esta Ley.

3. Si por la imputación de pérdidas de la cooperativa a los socios, o por sanción económica prevista estatutariamente, la aportación al capital social de alguno de ellos quedara por debajo del importe fijado como aportación obligatoria mínima para mantener la condición de socio, el socio afectado deberá desembolsar la aportación necesaria hasta alcanzar dicho importe, en el plazo que fije en su requerimiento el Consejo Rector, que no podrá ser inferior a dos meses ni superior a un año.

4. El socio que no desembolse las aportaciones en los plazos previstos, incurrirá en mora por el sólo vencimiento del plazo y deberá abonar a la cooperativa el interés legal y resarcirla de los daños y perjuicios causados por la morosidad.

El socio que incurra en mora podrá ser suspendido de sus derechos societarios hasta que normalice su situación, sin perjuicio de la sanción o sanciones disciplinarias que se les pueda imponer, así como de la reclamación judicial que corresponda.

5. La Asamblea General ordinaria fijará anualmente la cuantía de las aportaciones obligatorias de los nuevos socios y las condiciones y plazos para su desembolso, armonizando las necesidades económicas de la cooperativa y el principio de facilitar la incorporación de nuevos socios.

La cuantía de las aportaciones obligatorias de los nuevos socios no podrá superar el valor actualizado, según el índice general de precios al consumo de las aportaciones obligatorias inicial y sucesivas, efectuadas por el socio de mayor antigüedad en la cooperativa”.

 En primer lugar procede indicar que la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha se constituyó  mediante escritura pública de fecha 14 de Mayo de 2.002 (documento nº 1 acompañado con la demanda), siendo socio fundador de la misma Don Domingo Serrano Moya.

Posteriormente, Don xxxxxxx, Presidente del Consejo Rector de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha; Don xxxxxxxx, miembro del Consejo Rector de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha; y Don xxxxxxx, Secretario del Consejo Rector de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, otorgan escritura pública de fecha 30 de Marzo de 2.005 en virtud de la cual se constituyó la sección comercializadora de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, habiéndose autorizado con anterioridad en la Asamblea General Extraordinaria de Socios de la citada Cooperativa celebrada en fecha 10 de Enero de 2.005 la constitución de una sección cooperativa destinada entre otros objetos a la comercialización de champiñón y otros hongos comestibles con el resultado de 43 votos a favor y 7 en contra, así como también se estableció en Asamblea de la Sección Comercializadora de fecha 3 de Marzo de 2.005 la definitiva constitución de la sección mediante la emisión de doce participaciones sociales de 30.000 euros cada una de ellas, de los que cada uno de los socios fundadores que constan en la citada escritura pública suscribe una participación de las que se ha desembolsado por cada uno de ellos antes de este acto la cantidad de 12.000 euros, aprobándose además los estatutos complementarios y el reglamento de régimen interno de la sección comercializadora de la Sociedad Cooperativa Limitada Substratos y Abonos de la Jara, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha (documento nº 2 bis acompañado con la demanda).

En fecha 12 de Mayo de 2.009 se celebró la Asamblea General de la Sección Comercializadora de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, que previamente había sido notificada a cada uno de los socios mediante carta fechada el día 20 de Abril de 2.009 y enviada por correo certificado en fecha 27 de Abril de 2.009, concurriendo a la citada Asamblea 37 socios de los 39 socios con derecho a voto, aprobándose el segundo punto del orden del día relativo al desembolso o reducción de capital, si procede, de los dividendos pasivos pendientes con 19 votos a favor y 15 en contra, siendo exigibles en el plazo de dos meses (documento nº 3 acompañado con la demanda).

En fecha 4 de Junio de 2.009 se celebró la Asamblea General de la Sección Comercializadora de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, que previamente había sido notificada a cada uno de los socios mediante carta fechada el día 18 de Mayo de 2.009 y enviada por correo certificado en fecha 19 de Abril de 2.009, concurriendo a la citada Asamblea 31 socios de los 39 socios con derecho a voto, haciéndose constar por Don xxxxxx, gerente de la Cooperativa, respecto del segundo punto del orden del día relativo a los desembolsos a cuenta de los dividendos pasivos reales que por los socios hasta el día de la fecha, nadie había desembolsado los 18.000 euros y aquellos que tenían pendiente la devolución a la Cooperativa del préstamo para suscribir los 12.000 euros de capital mínimo les ha vencido el plazo o reducción de capital, si procede, de los dividendos pasivos pendientes se aprobó con 19 votos a favor y 15 en contra, siendo exigibles en el plazo de dos meses (documento nº 4 acompañado con la demanda).

 Así, en el caso de autos por parte de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha se comunica al demandado Don xxxxx mediante carta de fecha 21 de Mayo de 2.009 que habiendo desembolsado la cuantía de 12.000 euros le queda por abonar la cuantía de 18.000 euros (documento nº 6 acompañado con la demanda).

En este sentido, hay que indicar que el socio Don xxxxxx solicitó la baja voluntaria de la cooperativa manteniendo sus derechos y obligaciones hasta el transcurso de la baja definitiva, renunciando al reembolso correspondiente, el día 17 de Junio de 2.008 tal como se desprende del documento nº 1 acompañado con la contestación a la demanda, habiendo acordado el Consejo Rector por unanimidad en reunión de fecha 21 de Julio de 2.008 calificar la baja como injustificada (documento nº 2 acompañado con la contestación a la demanda) y que ha sido notificada al demandado tal como se desprende de la declaración del demandado en el acto del plenario, no habiendo sido impugnada la citada calificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.6 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha.

     De esta manera, hay que decir que decir que la Asamblea General Extraordinaria de Socios de la citada Cooperativa celebrada en fecha 10 de Enero de 2.005 autorizó la constitución de una sección cooperativa destinada entre otros objetos a la comercialización de champiñón y otros hongos comestibles con el resultado de 43 votos a favor y 7 en contra así como posteriormente se estableció en Asamblea de la Sección Comercializadora de fecha 3 de Marzo de 2.005 la definitiva constitución de la sección mediante la emisión de doce participaciones sociales de 30.000 euros cada una de ellas, aprobándose además los estatutos complementarios y el reglamento de régimen interno de la sección comercializadora de la Sociedad Cooperativa Limitada Substratos y Abonos de la Jara, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha (documento nº 2 bis acompañado con la demanda), estableciéndose en el artículo 50 de los Estatutos Sociales que la cuantía de las aportaciones mínimas obligatorias para ser socio de la cooperativa será de 30.000 euros, adquiriendo la condición de socio si desembolsa la cantidad de 12.000 euros en el momento de la constitución y el resto en un plazo máximo de cinco años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura pública de constitución de la cooperativa. En este sentido, procede indicar que los acuerdos de las Asambleas mencionadas anteriormente obligan a todos los socios, entre los que se encuentra Don Domingo Serrano Moya, de conformidad con lo establecido en el artículo 34.2 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha, no habiendo sido además impugnados por el demandado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha, y por lo tanto el demandado como socio de la Cooperativa estaba obligado a cumplir los acuerdos de las citadas Asambleas así como lo dispuesto en los Estatutos Sociales y, en consecuencia, al haber satisfecho de la aportación mínima obligatoria de 30.000 euros únicamente una aportación inicial de 12.000 euros, debe satisfacer la cantidad que le resta que asciende al importe de 18.000 euros. 

 

     Pero a mayor abundamiento, procede reseñar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 de los Estatutos Sociales de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha la baja se debe de preavisar con un período de antelación de un año, por lo que habiéndose solicitado la baja por el socio en fecha 17 de Junio de 2.008 el socio Don xxxxx hasta que transcurra el plazo de preaviso un año debe mantener los derechos y obligaciones que hubiere tenido antes de preavisar la baja, entre los que se encuentra cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales de la cooperativa  y efectuar el desembolso de sus aportaciones al capital social y cuotas de ingreso en la forma y plazo previstos así como cumplir con el resto de obligaciones económicas tal como se desprende del artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha y el artículo 27 letra h de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha. Así, en la Asamblea General de la Sección Comercializadora de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha de fecha 12 de Mayo de 2.009 se aprobó realizar desembolso o reducción de capital, si procede, de los dividendos pasivos pendientes, así como posteriormente en fecha 4 de Junio de 2.009 se acordó exigir la cantidad de 12.000 euros y 18.000 euros, cuya aportación se acordó en una asamblea de fecha 3 de Marzo de 2.005, en la que además se aprobaron los Estatutos Sociales de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, por lo que habiéndose acordado la realización de las aportaciones mínimas obligatorias para ser socio de la cooperativa en la cuantía de 30.000 euros con anterioridad a la solicitud de baja así como también se ha aprobado el desembolso de los dividendos pasivos pendientes y su exigencia con posterioridad a la misma pero dentro del período de preaviso de un año desde la solicitud de baja en el que el demandado tiene que cumplir sus obligaciones sociales tal como se ha expuesto anteriormente, el demandado está obligado a realizar el desembolso de 18.00 euros de conformidad con lo establecido en el artículo 27 letra b y h, y el artículo 56 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha, y el artículo 50 de los Estatutos Sociales de la Sociedad Cooperativa Limitada Substratos y Abonos de la Jara, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha.

 

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.4 de la Ley de Cooperativas de Castilla-La Mancha, el artículo 53.4 de los Estatutos Sociales de la Sociedad Cooperativa Limitada Substratos xxxxxxx y los artículos 1101 y 1108 CC la cantidad a cuyo pago se ha condenado al demandado devengará los intereses legales desde el día 2 de Agosto de 2.009, fecha del transcurso de los dos meses desde que el día 2 de Junio de 2.009 se notificó al demandado que debía efectuar el pago de la cantidad de 18.000 euros (documento nº 7 acompañado con la demanda), hasta su completo pago.

 

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 394.1 L.E.C., dada la estimación íntegra de la demanda se imponen las costas causadas en esta instancia a la parte demandada.Vistos los preceptos anteriormente mencionados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

 Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador Don José Vicente Marcilla López, en nombre y representación de la Sociedad Cooperativa Limitada xxxxxxSociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, contra Don Domingo Serrano Moya y condeno al demandado a los siguientes pronunciamientos:

 

1.  Pagar a Sociedad Cooperativa Limitada xxxxx, Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha la cantidad de 18.000 euros.

2.  Pagar los intereses legales desde el día 2 de Agosto de 2.009 hasta su completo pago.

3.  Pagar las costas causadas en esta instancia

 

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma. Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido. Doy fe.  

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

 

Sentencia en Juicio Verbal sobre ejercicio de derecho de restificación en medios de comunicación 413/2010

20110107133821-rectificacion.jpg

SENTENCIA 128/10

En Cuenca, a nueve de Diciembre de dos mil diez.

 Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de CUENCA los presentes autos de Juicio Verbal, seguidos en este Juzgado bajo el número 413 del año 2.010, a instancia de xxxxx, representado por la Procuradora Doña María Ángeles Paz Caballero y asistido por el Letrado Don Jesús Sáiz Herráiz, contra el xxxxxx, representado por la Procuradora Doña Mercedes Carrasco Parrilla y asistido por el Letrado Don Guillermo Regalado Nores.

ANTECEDENTES   DE    HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora Doña María Ángeles Paz Caballero, en nombre y representación de xxx presenta demanda de Juicio Verbal interesando que se condene a la parte demandada a publicar en el xxxxx la rectificación contenida en el cuerpo del escrito de demanda, con imposición de las costas causadas.

 SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda de Juicio Verbal mediante Decreto dictado por este Juzgado en fecha de 13 de Julio de 2.010, se dio traslado de la demanda a los demandados emplazando a las partes para comparecer al acto del juicio.

 

TERCERO.- Celebrado el Juicio la parte demandada alegó la excepción procesal de caducidad de la acción y se opuso en cuanto al fondo del asunto.. Practicada en el acto del juicio la prueba que se declaró pertinente se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

 

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS   DE   DERECHO

 PRIMERO.- Reclama el actor al amparo de lo establecido en la Ley 2/1.984, de 26 de Marzo, reguladora del Derecho de Rectificación que se condene a la parte demandada a publicar en el xxxxxx la rectificación contenida en el cuerpo del escrito de demanda, con imposición de las costas causadas.

 

Por el contrario, la parte demandada alegó la excepción procesal de caducidad de la acción y se opuso en cuanto al fondo del asunto por considerar que el texto de la rectificación no se ajusta a los parámetros de la Ley, interesando la imposición de las costas causadas a la parte contraria.

 

SEGUNDO.- El artículo 2 de la LO 2/1984, de 26 Marzo reguladora del derecho de rectificación establece lo siguiente:” El derecho se ejercitará mediante la remisión del escrito de rectificación al director del medio de comunicación dentro de los siete días naturales siguientes al de publicación o difusión de la información que se desea rectificar, de forma tal que permita tener constancia de su fecha y de su recepción.

La rectificación deberá limitarse a los hechos de la información que se desea rectificar. Su extensión no excederá sustancialmente de la de ésta, salvo que sea absolutamente necesario.”.

 

     El artículo 3 de la LO 2/1984, de 26 Marzo reguladora del derecho de rectificación indica:” Siempre que el derecho se ejercite de conformidad con lo establecido en el artículo anterior, el director del medio de comunicación social deberá publicar o difundir íntegramente la rectificación, dentro de los tres días siguientes al de su recepción, con relevancia semejante a aquella en que se publicó o difundió la información que se rectifica, sin comentarios ni apostillas.

Si la información que se rectifica se difundió en publicación cuya periodicidad no permita la divulgación de la rectificación en el plazo expresado, se publicará ésta en el número siguiente.

Si la noticia o información que se rectifica se difundió en espacio radiofónico o de televisión que no permita por la periodicidad de su emisión divulgar la rectificación en el plazo de tres días, podrá exigir el rectificante que se difunda en espacio de audiencia y relevancia semejantes, dentro de dicho plazo.”.

 

El artículo 4 de la LO 2/1984, de 26 Marzo reguladora del derecho de rectificación dispone:” Si, en los plazos señalados en el artículo anterior, no se hubiera publicado o divulgado la rectificación o se hubiese notificado expresamente por el director o responsable del medio de comunicación social que aquélla no será difundida, o se haya publicado o divulgado sin respetar lo dispuesto en el artículo anterior, podrá el perjudicado ejercitar la acción de rectificación dentro de los siete días hábiles siguientes ante el Juez de Primera Instancia de su domicilio o ante el del lugar donde radique la dirección del medio de comunicación.”.

Es doctrina Jurisprudencial continuada y pacífica la que señala que los plazos establecidos para el ejercicio de la acción que nos ocupa son de caducidad, lo que implica que la preclusión o decadencia de derechos se produce por el mero transcurso del tiempo, de tal suerte que una vez llegado el término el derecho no puede ser ya ejercitado.

 

Según indica la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 22 de Enero de 2.009:” Como plazo de caducidad que es comporta, como recuerda la Sentencia de esta Sala de 12 de junio de 2008, que transcurrido el mismo no puede ser ejercitado ya el derecho que alberga, nota característica que diferencia la caducidad de la prescripción, pues así como ésta tiene por finalidad la extinción de un derecho ante la razón objetiva de su no ejercicio por el titular, y a fin de evitar la inseguridad jurídica, en la caducidad se atiende sólo al hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del plazo prefijado, hasta el punto de que puede sostenerse en realidad que es de índole preclusiva, al tratarse de un plazo dentro del cual, y únicamente dentro de él, puede realizarse un acto con eficacia jurídica, de tal manera que transcurrido sin ejercitarlo impone la decadencia fatal y automática de tal derecho en razón meramente objetiva de su no utilización.

 

Sobre la aplicación al supuesto de autos de la normativa procesal sobre cómputo de plazos, concretamente la posibilidad prevista en el artículo 135.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de presentar escritos (demanda en este caso) hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, no cabe sino ratificar la solución alcanzada en la instancia a la luz de la evidente diferenciación existente entre los plazos civiles, cuyo cómputo debe efectuarse conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Código Civil (para los plazos fijados por meses, como es el caso ahora controvertido, se computarán de fecha a fecha, sin excluir en ningún caso los inhábiles), de los procesales, los que atañen al tracto de esta naturaleza, los únicos para los que resulta aplicable la especialidad prevista en el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial-que tras remitirse con carácter general al artículo 5 del Código Civil dispone que en los plazos señalados por días quedan excluidos los inhábiles y si el último día de plazo fuere inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente-, así como la previsión contenida en el artículo 135.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, el que ahora invoca el recurrente. En este sentido, recordaba la Sentencia de 1 de febrero de 1982, con cita de otras muchas, la jurisprudencia de esta Sala que, distinguiendo entre términos o plazos sustantivos y procesales, tiene declarado que sólo ofrecen carácter procesal los que tengan su origen o punto de partida en una actuación de igual clase (notificación, citación, emplazamiento o requerimiento), pero no cuando se asigna el plazo para el ejercicio de una acción, como es el presente caso. Y a este respecto, resulta especialmente significativa, como bien recordaba la resolución aquí recurrida, la Sentencia de esta Sala de 28 de septiembre de 2000, que, si bien al hilo del ejercicio de una acción "quanti minoris" de las también previstas en el artículo 1486 del Código Civil, ya tuvo ocasión de catalogar el plazo previsto en el artículo 1490 del Código Civil como un plazo civil, no procesal. Y la misma y tajante distinción entre plazos procesales y civiles se sienta, en otro ámbito material (se discutía la interpretación del artículo 15 de la Ley de Propiedad Horizontal), en Sentencia de 26 de abril de 2000, que señala que «aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial se remite al cómputo del Código Civil, en los señalados por días excluye los inhábiles, lo que no ocurre en los plazos no procesales del texto sustantivo civil en que se trata de plazos naturales que no excluye los inhábiles».”. 

 

Es doctrina Jurisprudencial continuada y pacífica la que señala que la caducidad o decadencia de derechos surge cuando la Ley o la voluntad de los particulares señalan un plazo fijo para la duración de un derecho, de tal modo que transcurrido no puede ser ya ejercitado, refiriéndose a las facultades o poderes jurídicos cuyo fin es promover un cambio de situación jurídica, nota característica que la diferencia de la prescripción, pues así como ésta tiene por finalidad la extinción de un derecho ante la razón objetiva de su no ejercicio por el titular, y a fin de evitar la inseguridad jurídica, en la caducidad se atiende sólo al hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del plazo prefijado, hasta el punto de que puede sostenerse en realidad que es de índole preclusiva, al tratarse de un plazo dentro del cual, y únicamente dentro de él, puede realizarse un acto con eficacia jurídica, de tal manera que transcurrido sin ejercitarlo impone la decadencia fatal y automática de tal derecho en razón meramente objetiva de su no utilización, y más en cuanto que los derechos o facultades jurídicas conceden a su titular la facultad o poder para provocar un efecto o modificación jurídica, con el fin de producir una consecuencia de tal índole en favor del sujeto y a cargo de otros, lo que puede tener lugar haciendo cesar un preexistente estado de derecho hasta el punto de que, en definitiva, se es titular de la acción creadora y no del derecho creado, ya que para que surja éste es condición indispensable que se ponga en ejercicio en el plazo prefijado, pues si transcurre sin que la acción concedida se utilice desaparecen los derechos correspondientes.

 

Es doctrina mayoritariamente seguida por las Audiencias Provinciales como fue, entre otras, la Sentencia de 7 de enero de 2004 dictada por la Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Madrid, que el plazo de caducidad, a diferencia del de prescripción, conlleva consecuencias tan relevantes como su apreciación de oficio, la imposibilidad de su interrupción y su conceptuación como de derecho material, remitiéndose a lo declarado por la jurisprudencia seguida, entre otras, por la STS de 28 de septiembre de 1998 en el sentido de que (la caducidad) presenta rasgos distintivos más severos que los de la prescripción, pues en aquella no se valora la falta de utilización de un derecho prescriptible, sino que se trata del cumplimiento de un plazo, previsto legal o convencionalmente, a cuyo término, en general, no es posible ejercitar un derecho o una acción determinados. En cuanto al inicio del cómputo del plazo de caducidad, la referida sentencia, tras indicar que el "dies a quo" se determina "desde que el legitimado pudo ejercitar las acciones", pone de manifiesto que, en la práctica, la concreción de esa fecha puede plantear problemas de interpretación, por lo que la doctrina jurisprudencial ha ofrecido soluciones tales como computar el plazo desde que el agraviado lo supo y pudo ejercitar la correspondiente acción (STS de 28 de mayo de 1990), pero concluyendo que "la doctrina jurisprudencial no asume una respuesta concluyente en este particular, sino que procura facilitarla en cada supuesto concreto".

 

En este sentido, hay que decir que la noticia que se pretende rectificar por la parte demandante se publicó el día 2 de Junio de 2.010 en el xxxxxx tal como se desprende del documento nº 1 acompañado con la demanda, debiendo de indicarse que por la parte demandante se envió escrito de rectificación al director del medio de comunicación demandado en fecha 10 de Junio de 2.010 que ha sido recibido por el Director del medio de comunicación demandado el día 11 de Junio de 2.010 tal como consta en el documento nº 2 acompañado con la demanda y en la documental presentada en el acto de la vista por la parte demandante. Así, para computar el plazo previsto en el artículo 2 de la LO 2/1984, de 26 marzo reguladora del derecho de rectificación hay que decir que la citada Ley no permite distinguir los términos "publicación" y "difusión" por lo que atendiendo al principio de seguridad jurídica en que se basa la caducidad, el cómputo de dicho plazo ha de iniciarse desde el momento de su publicación, fecha en que el perjudicado pudo ejercitar las acciones correspondientes según indica la jurisprudencia citada anteriormente, de manera que no cabe sino concluir que ha transcurrido el plazo de siete días naturales previsto en el artículo 2 de la LO 2/1984, de 26 Marzo reguladora del derecho de rectificación ya que de conformidad con la doctrina expuesta anteriormente estamos en presencia de un plazo civil y no procesal. por lo que de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 CC debía haber remitido el escrito de rectificación en el plazo de siete días naturales, esto es, el día 9 de Junio de 2.010, no siendo además de aplicación para el cómputo de los plazos lo dispuesto en el artículo 135 LEC,  y, en consecuencia, no cabe sino concluir que la acción ejercitada estaría caducada.

 

Pero a mayor abundamiento, procede indicar que el director del medio de comunicación demandado debía haber publicado de acuerdo con el artículo 3 de la LO 2/1984, de 26 marzo reguladora del derecho de rectificación dentro de los tres días siguientes al de la recepción el día 11 de Junio de 2.010 del escrito en el que solicitaba la rectificación, esto es, debía haberlo publicado el día 14 de Junio de 2.010, puesto que al ser un plazo civil se deben de excluir los días inhábiles conforme a la doctrina expuesta anteriormente, de manera que desde ese día el demandante debía haber interpuesto la demanda en el plazo de siete días hábiles siguientes, no siendo de aplicación lo dispuesto para el cómputo de los plazos en el artículo 135 LEC tal como se ha expuesto anteriormente, y por lo tanto el plazo de siete hábiles días caducaría el día 23 de Junio de 2.010. Así, habiéndose interpuesto la demanda en fecha 24 de Junio de 2.010 no cabe sino concluir que la acción planteada por la parte demandante estaría caducada.

 

Por todo lo expuesto anteriormente, no cabe sino estimar la excepción de caducidad de la acción planteada por la parte demandada y, en consecuencia, procede desestimar íntegramente la demanda interpuesta por la parte actora.

 

TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 394.1 L.E.C., dada la desestimación íntegra de la demanda se imponen las costas causadas a la parte  demandante. 

 

Vistos los preceptos anteriormente mencionados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que estimando la excepción de caducidad de la acción planteada por el xxxxx, debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña María Ángeles Paz Caballero, en nombre y representación de xxxxx, contra el xxxxx, con imposición de las costas causadas a la parte demandante.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma. Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de los de Cuenca y su Partido. Doy fe.  

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

 

Sentencia en Juicio Verbal de desahucio 474/2010

20101215174617-inmuebles.jpg

SENTENCIA nº 127/2010

En Cuenca, a siete de Diciembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de CUENCA los presentes autos de Juicio Verbal, seguidos en este Juzgado bajo el número 474 del año 2.010, a instancia de Don xxxxx, representado por la Procuradora Doña Sonia Elvira Lillo y asistido por el Letrado Don Eduardo Jesús González González, contra xxxxxS.L., declarado en rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Don xxxx, representado por la Procuradora Doña Sonia Elvira Lillo, presenta demanda de Juicio Verbal interesando que se decrete el desahucio de la demandada respecto de la nave que viene ocupando sita en el término municipal de Cuenca, en el camino de la xxxx, del sitio denominado “xxxx”, nave denominada con el número 11, con condena a la expedita entrega de la misma y al pago de la cantidad de 10.620,27 euros, con expresa condena en costas a la mercantil demandada.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda de Juicio Verbal mediante Decreto dictado por este Juzgado en fecha de 8 de Septiembre de 2.010, se dio traslado de la demanda a los demandados emplazando a las partes para comparecer al acto del juicio.

TERCERO.- Celebrado el Juicio la parte demandada  fue declarada en rebeldía al no comparecer al acto del juicio en legal forma para contestar a la demanda. Practicada en el acto del juicio la prueba que se declaró pertinente se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La actora reclama al amparo de lo establecido en el artículo 1.124, 1.555.1º y 1.556 CC y el artículo 27 LAU que se decrete el desahucio de la demandada respecto de la nave que viene ocupando sita en el término municipal de Cuenca, en el camino de la xxxx, del sitio denominado “xxxx”, nave denominada con el número 11, con condena a la expedita entrega de la misma y al pago de la cantidad de 10.620,27 euros, con expresa condena en costas a la mercantil demandada.

La parte demandada fue declarada en rebeldía al no comparecer al acto del juicio a contestar a la demanda en legal forma, por lo que al amparo de lo establecido en el artículo 440.3 LEC acuerdo el desahucio de la parte demandada de la nave nº 11 sita en el xxxxxx (Cuenca).

SEGUNDO.- No obstante la declaración de rebeldía de la parte demandada, le corresponde a la parte actora acreditar sus pretensiones dado que de la mera incomparecencia de la demandada no pueden prosperar las acciones ejercitadas por la parte actora, con excepción de la  acción de desahucio (Art. 217.2 LEC).

En el caso de autos, la actora ha acreditado mediante la documental obrante en autos (documento nº 2 acompañado con la demanda) la existencia de un contrato de arrendamiento de la nave nº 11 sita en el xxxxx (Cuenca), celebrado entre el actor y el demandado en fecha 1 de Abril de 2.003, por un plazo de duración de diez años, pactándose el pago por el demandado durante el primer año de una renta anual de 2.880 euros y para el resto de las anualidades del contrato las rentas se harían efectivas por años anticipados en un solo pago entre los días uno y diez de Abril de cada año, siendo incrementada la renta pactada con el impuesto sobre el valor añadido, fijado en un 16% o el que se fije en cada momento, reteniéndose la arrendataria el 15% del importe de la renta como retención del IRPF del arrendador, revisándose además la renta pactada en el contrato en función de las variaciones que experimente el Índice general de Precios al Consumo (IPC) regulado por el Instituto Nacional de Estadística u organismo similar que lo sustituya, así como también se estableció que todos los consumos medidos por contador como luz , agua y teléfono serían de cuenta del arrendatario.

Así mismo, hay que decir que la parte demandada no ha acreditado tal como le corresponde de acuerdo con lo establecido en el artículo 217.2 LEC el pago de las cantidades reclamadas por la parte actora en concepto de mensualidades de renta desde el día 1 de Abril de 2.007 hasta el día 30 de Marzo de 2.011 que ascienden al importe de 10.620,27 euros, teniendo en cuenta a mayor abundamiento que el impago por el demandado de las cantidades reclamadas ha quedado acreditado en virtud de la declaración del demandado que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 304 LEC y dada la incomparecencia del demandado al acto del juicio a ser sometido al interrogatorio que fue admitido en el acto de la vista, procede tener por reconocidos los hechos en que intervino personalmente el demandado y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial, que en el caso de autos es la falta de pago de las cantidades reclamadas en concepto de rentas debidas y no satisfechas. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.555.1º CC la parte demandada deberá satisfacer a la actora la cantidad de 10.620,27 euros en concepto de impago de rentas debidas.

A mayor abundamiento hay que señalar que habiendo impagado la parte demandada las mensualidades de renta reclamadas en la presente litis, tal como se ha expuesto anteriormente, acuerdo el desahucio de la nave nº 11 sita en el xxxxx (Cuenca) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.2 letra a) LAU y en el artículo 1.556 CC, debiendo la parte demandada entregar la nave nº 11 sita en el xxxx (Cuenca) a Don xxxxx.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1101 y 1108 CC  la cantidad a cuyo pago se ha condenado a la demandada devengará los intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda hasta su completo pago.

CUARTO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 394.1 L.E.C., dada la estimación íntegra de la demanda procede la condena en las costas causadas a la parte demandada.

Vistos los preceptos anteriormente mencionados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña Sonia Elvira Lillo, en nombre y representación de Don xxxxx, contra xxxx S.Ly  condeno al demandado a los siguientes pronunciamientos:

1.  Declarar el desahucio de la nave nº 11 sita en el xxxx (Cuenca).

2.  Entregar la nave nº 11 sita en el xxxx (Cuenca) a Don xxxx.

3.  Satisfacer a Don xxxx la cantidad de 10.620,27 euros.

4.  Pagar los intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda hasta su completo pago.

5.  Pagar las costas causadas en el presente proceso.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma. Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado- Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido. Doy fe. 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Juicio Verbal de desahucio 577/2010

20101215174230-inmuebles.jpg

SENTENCIA Nº126

En Cuenca, a siete de Diciembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de CUENCA los presentes autos de Juicio Verbal, seguidos en este Juzgado bajo el número 577 del año 2.010, a instancia de Don xxxxx, representado por el Procurador Don Enrique Rodrigo Carlavilla y asistido por el Letrado Don Daniel Antonio Matanza Cavero, contra Doña xxxx y Don xxxx, declarados en rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Don xxxxx, representado por la Procuradora Doña María Ángeles Paz Caballero, presenta demanda de Juicio Verbal interesando que se declare haber lugar al desahucio por falta de pago de los demandados y al pago de la cantidad de 5.298,36 euros adeudados al tiempo de interposición de la demanda, más las rentas, cantidades asimiladas e intereses, según su fecha de vencimiento, que se devenguen desde dicho momento hasta la fecha de efectivo desalojo de la vivienda además de las que resulten hasta la ejecución de la sentencia y con imposición de las costas causadas.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda de Juicio Verbal mediante Decreto dictado por este Juzgado en fecha de 22 de Octubre de 2.010, se dio traslado de la demanda a los demandados emplazando a las partes para comparecer al acto del juicio.

TERCERO.- Celebrado el Juicio la parte demandada  fue declarada en rebeldía al no comparecer al acto del juicio en legal forma para contestar a la demanda. Practicada en el acto del juicio la prueba que se declaró pertinente se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La actora reclama al amparo de lo establecido en el artículo 1.091, 1.543, 1.546 y 1.555.1º CC y el artículo 17 y 27 LAU que se declare haber lugar al desahucio por falta de pago de los demandados y al pago de la cantidad de 5.298,36 euros adeudados al tiempo de interposición de la demanda, más las rentas, cantidades asimiladas e intereses, según su fecha de vencimiento, que se devenguen desde dicho momento hasta la fecha de efectivo desalojo de la vivienda además de las que resulten hasta la ejecución de la sentencia y con imposición de las costas causadas.

La parte demandada fue declarada en rebeldía al no comparecer al acto del juicio a contestar a la demanda en legal forma, por lo que al amparo de lo establecido en el artículo 440.3 LEC acuerdo el desahucio de la parte demandada de la vivienda sita en la calle xxxxx nº 27, 3º D, de la ciudad de Cuenca.

SEGUNDO.- No obstante la declaración de rebeldía de la parte demandada, le corresponde a la parte actora acreditar sus pretensiones dado que de la mera incomparecencia de la demandada no pueden prosperar las acciones ejercitadas por la parte actora, con excepción de la  acción de desahucio (Art. 217.2 LEC).

En el caso de autos, la actora ha acreditado mediante la documental aportada a los presentes autos (documento nº 2 acompañado con la demanda) la existencia de un contrato de arrendamiento de la vivienda sita en la calle xxxxx nº 27, 3º D, de la ciudad de Cuenca, celebrado entre el actor y los demandados en fecha 1 y 3 de Octubre de 2.009, por un plazo de duración de once meses, pactándose el pago por el demandado de una renta mensual que ascendía a la cuantía de 493,50 euros mensuales, pagaderos por meses adelantados del uno al cinco de cada mes en la cuenta bancaria designada al efecto (BBVA nº xxxxx), así como también se estableció que todos los gastos relativos a energía eléctrica, calefacción, impuestos (agua, depuradora, alcantarillado, basuras y residuos domésticos), teléfono y aquellos que tengan a bien contratar serían de cuenta del arrendatario.

Así mismo, hay que decir que la parte demandada no ha acreditado tal como le corresponde de acuerdo con lo establecido en el artículo 217.2 LEC el pago de las cantidades reclamadas por la parte actora en concepto de mensualidades de renta referidas al mes de Julio y Octubre de 2.010 que asciende al importe de 1.036,36, los gastos de luz, gas e impuestos del año 2.010 que ascienden al importe de 519,55 euros y las cantidades que constan en el documento de reconocimiento de deuda aportado a los presentes autos que ascienden al importe de 3.742,45 euros. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.555.1º CC la parte demandada deberá satisfacer a la actora la cantidad de 5.298,36 euros en concepto de impago de rentas debidas y gastos en concepto de luz, gas e impuestos del año 2.010, más las rentas, cantidades asimiladas e intereses, según su fecha de vencimiento, que se devenguen desde la interposición de la demanda hasta la fecha de efectivo desalojo de la vivienda además de las que resulten hasta la ejecución de la sentencia.

A mayor abundamiento hay que señalar que habiendo impagado la parte demandada las mensualidades de renta así como las cantidades correspondientes a los gastos en concepto de luz, gas e impuestos del año 2.010 reclamadas en la presente litis, tal como se ha expuesto anteriormente, acuerdo el desahucio de la vivienda sita en la calle xxxxx nº 27, 3º D, de la ciudad de Cuenca de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.2 letra a) LAU y en el artículo 1.556 CC, bajo apercibimiento de lanzamiento si no se procede al desalojo de la vivienda sita en la calle xxxxx nº 27, 3º D, de la ciudad de Cuenca.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1101 y 1108 CC  la cantidad a cuyo pago se ha condenado a la demandada devengará los intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda hasta su completo pago.

CUARTO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 394.1 L.E.C., dada la estimación íntegra de la demanda procede la condena en las costas causadas a la parte demandada.

Vistos los preceptos anteriormente mencionados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador Don Enrique Rodrigo Carlavilla, en nombre y representación de Don xxxxx, contra Doña xxxxx y Don xxxxx, y condeno a los demandados a los siguientes pronunciamientos:

1.  Declarar el desahucio de la vivienda sita en la calle xxxx nº 27, 3º D, de la ciudad de Cuenca, bajo apercibimiento de lanzamiento si no se procede al desalojo de la vivienda sita en la calle xxxxx nº 27, 3º D, de la ciudad de Cuenca.

2.  Satisfacer a Don xxxxx la cantidad de 5.298,36 euros, más las rentas, cantidades asimiladas e intereses, según su fecha de vencimiento, que se devenguen desde la interposición de la demanda hasta la fecha de efectivo desalojo de la vivienda además de las que resulten hasta la ejecución de la sentencia.

3.  Pagar los intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda hasta su completo pago.

4.  Pagar las costas causadas en el presente proceso.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma. Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado- Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido. Doy fe. 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Divorcio Mutuo Acuerdo 512/2010

20101215173855-acuerdo.jpg

SENTENCIA Nº 125/10

En Cuenca, a siete de Diciembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de los de Cuenca y su Partido, los presentes autos civiles de Juicio Verbal de Divorcio de Mutuo Acuerdo seguidos con el número 512 del año 2.010 entre partes, como demandante Doña xxxxx, representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Yolanda Araque Cuesta y asistida por la Letrado Doña Gloria María Martínez Escutia, con el consentimiento de Don xxxxx. Y teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

     PRIMERO.- Por la Procuradora indicada se formuló demanda de divorcio contencioso, en la representación que tienen conferida, indicando los hechos y fundamentos de derecho que estimo procedentes. Por Auto de 15 de Noviembre de 2.010 se acordó continuar el presente procedimiento por los trámites del procedimiento de mutuo acuerdo establecido en el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

     SEGUNDO.-  Por la esposa se ratificó el convenio regulador presentado con la demanda, ratificándose por separado el esposo en el convenio regulador propuesto.

     TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

     PRIMERO.- Establece el artículo 86 del Código Civil que se declarará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno sólo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81del C. Civil.

Los cónyuges contrajeron matrimonio el día xxxx de xxxx de 1.982 en la localidad de Cuenca.

     SEGUNDO.- Tramitados los presentes autos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/00, es procedente la estimación de la demanda pues, por un lado se cumplen los requisitos de transcurso de tiempo y mutuo acuerdo previstos en el artículo 81 y 86 del C. Civil y, por otro lado los acuerdos de los cónyuges contenidos en el preceptivo convenio regulador, se consideran procedentes en todos sus extremos, aprobándose judicialmente el referido convenio regulador que queda incorporado en todos sus extremos a la presente resolución.

     TERCERO.- No procede hacer expresa imposición de las costas en el procedimiento, atendiendo a la naturaleza de la cuestión en litis.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación procede:

FALLO

     Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda de divorcio de mutuo acuerdo formulada por la Procuradora de los Tribunales Doña Yolanda Araque Cuesta, en nombre y representación de Doña xxxxx; y en consecuencia, acuerdo el divorcio de los cónyuges con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración de divorcio. Acuerdo la aprobación del convenio regulador aportado en todos sus extremos, obrante en autos y unido a la presente resolución.

     No se hace imposición de las costas causadas en este procedimiento.

Firme que sea esta resolución comuníquese al Encargado del Registro Civil competente para su anotación correspondiente en los Libros del Registro.

Notifíquese esta resolución a las partes interesadas. Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación, ante este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cuenca, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de su notificación.

     Así por esta mi resolución, la pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Cuenca y su Partido.- Doy fe.-

     PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Modificación de Medidas Definitivas 282/2010

20101215173643-divorcio-contencioso.jpg

SENTENCIA     Nº 124/10

En Cuenca, a siete de Diciembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido, los presentes autos civiles de Juicio Verbal de Modificación de Medidas Definitivas seguidos con el número 282 del año 2.010 entre partes, como demandante Don xxxxx, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña María José Herráiz Calvo y asistido por el Letrado Don Pablo Ayerza Martínez, y como demandada Doña xxxxxx, representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Yolanda Araque Cuesta y asistida por la Letrado Doña Eva María Araque Cuesta, siendo parte el Ministerio Fiscal. Y teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora de los Tribunales Doña María José Herráiz Calvo, en la indicada representación, se formuló demanda de Modificación de Medidas Definitivas, exponiendo al efecto los hechos y fundamentos de derecho que se estimó de aplicación, solicitando el establecimiento de una pensión alimenticia en la cuantía de 100 euros.

SEGUNDO.- Por Auto de fecha 30 de Abril de 2.010, se admitió a trámite la demanda, acordando que se emplazara por término de veinte días al Ministerio Fiscal y a la parte demandada, para comparecer en autos y contestar a la demanda, bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía, contestando la parte demandada y el Ministerio Fiscal con el resultado que es de ver en los presentes autos

TERCERO.- Practicada en el acto del juicio la prueba que se declaró pertinente, se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte actora interesa al amparo de lo establecido en el artículo 90 párrafo penúltimo y 91 inciso último CC y del artículo 775 LEC la modificación de las medidas definitivas acordadas por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca, y, en consecuencia, solicita que se establezca una pensión alimenticia a favor de los hijos menores en la cuantía de 100 euros.

La parte demandada se opone a lo solicitado de contrario dado que no han cambiado las circunstancias contempladas en el momento de recaer la sentencia.

El Ministerio Fiscal interesa la desestimación de la demanda interpuesta.

SEGUNDO.- Dispone el artículo 775.1 LEC:” El Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o incapacitados y, en todo caso, los cónyuges podrán solicitar del tribunal la modificación de las medidas convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas.”.

En el caso de autos no procede modificar las medidas definitivas acordadas en el procedimiento seguido ante este juzgado (Divorcio de Mutuo Acuerdo nº 365/06) puesto que no ha habido un cambio sustancial de las circunstancias tenidas en cuenta en el momento de dictarse la sentencia en virtud de la cual se aprobaron las medidas definitivas ya que ha quedado acreditado en virtud de la prueba practicada en el presente procedimiento, valoradas en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, que el demandante sigue teniendo trabajo estable aunque a partir del mes de Enero de 2.010 hayan disminuido sus ingresos para el ejercicio del año 2.010 pasando a percibir la cantidad de 19.800,28 euros brutos anuales (documento nº 6 acompañado con la demanda), habiendo percibido en el año anterior la cantidad de 137.837,49 euros y en el año 2.008 la cantidad de 280.096,38 euros tal como consta en el documento nº 10 acompañado con la demanda y en la información tributaria aportada a los presentes autos, teniendo en cuenta además que sigue siendo propietario de la sociedad xxxxxx SLU, tiene participaciones en la sociedad Bxxxxxx S.A. y tiene su residencia fijada en la calle xxxxx nº 33 de la ciudad de Cuenca, no constando en los presentes autos que la primera de las sociedades esté inactiva y no genere ingresos así como que la vivienda que en la que reside la tenga cedida en precario, tal como sostiene la parte actora, por lo que en virtud de lo dispuesto anteriormente se desprende que el demandante tiene capacidad económica para hacer frente a la pensión alimenticia fijada a favor de sus hijos menores en el convenio regulador firmado de mutuo acuerdo entre las partes litigantes, debiendo de indicarse a mayor abundamiento que la parte demandante no ha acreditado tal como le corresponde que la percepción de los emolumentos que tiene fijada para el año 2.010 vaya a ser la va a continuar percibiendo a partir del año 2.011, así como el hecho de que el demandante haya tenido un hijo recientemente no supone tampoco un cambio sustancial de las circunstancias al ser una situación surgida de forma libre y voluntaria del demandante, debiendo de indicarse además que el hecho de que el demandante haya tenido otro hijo no puede ir en detrimento de las obligaciones que incumben al demandante respecto de los hijos de su anterior matrimonio.

Por todo ello, considerándose que no han variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta en el momento de acordarse las medidas definitivas procede, en consecuencia, desestimar íntegramente la demanda interpuesta por la representación procesal de Don Aurelio González Tostado.          

TERCERO.- De conformidad con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y atendiendo a la especialidad de la materia, no procede la expresa imposición de costas en la instancia

Vistos los artículos citados, sus concordantes, y demás de general y pertinente aplicación al caso,

FALLO

Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Doña María José Herráiz Calvo, en nombre y representación de Don xxxxx, frente a Doña xxxxx. 

Todo ello sin expreso pronunciamiento en cuanto a las costas causadas, dada la especialidad de la materia objeto de las presentes actuaciones.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que frente a la misma cabe interponer Recurso de Apelación para la ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cuenca, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de su notificación.

     Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Juicio Verbal de desahucio 531/2010

20101215173324-inmuebles.jpg

SENTENCIA nº 123/10

En Cuenca, a siete de Diciembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de CUENCA los presentes autos de Juicio Verbal, seguidos en este Juzgado bajo el número 531 del año 2.010, a instancia de Doña xxxxx, representada por la Procuradora Doña María José Martínez Herráiz y asistida por el Letrado Don José Luis Navarro Solera, contra Doña xxxxx y Don xxxxx, declarados en rebeldía

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Doña xxxxx, representada por la Procuradora Doña María José Martínez Herráiz, presenta demanda de Juicio Verbal interesando que se declare resuelto el contrato de arrendamiento de la vivienda descrita en el hecho primero de la demanda suscrito entre la actora y el demandado sito en Cuenca, en la calle xxxxxx Bajo, se dicte el desahucio de la expresada demandada y a dejar libre y a disposición del actor la vivienda objeto del arrendamiento con apercibimiento de lanzamiento en las mismas condicionasen que se entregó, y se condene a los demandados a que conjunta y solidariamente abonen a su representada la cantidad de 1.200 euros en concepto de rentas vencidas y no satisfechas y las que sucesivamente vayan venciendo más los intereses legales correspondientes y las costas.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda de Juicio Verbal mediante Decreto dictado por este Juzgado en fecha de 11 de Octubre de 2.010, se dio traslado de la demanda a los demandados emplazando a las partes para comparecer al acto del juicio.

TERCERO.- Celebrado el Juicio la parte demandada fue declarada en rebeldía al no comparecer al acto del juicio en legal forma para contestar a la demanda. Practicada en el acto del juicio la prueba que se declaró pertinente se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La actora reclama al amparo de lo establecido en el artículo 1.555CC y el artículo 27 LAU que se declare resuelto el contrato de arrendamiento de la vivienda descrita en el hecho primero de la demanda suscrito entre la actora y el demandado sito en Cuenca, en la calle xxxxx Bajo, se dicte el desahucio de la expresada demandada y a dejar libre y a disposición del actor la vivienda objeto del arrendamiento con apercibimiento de lanzamiento en las mismas condicionasen que se entregó, y se condene a los demandados a que conjunta y solidariamente abonen a su representada la cantidad de 1.860 euros en concepto de rentas vencidas y no satisfechas y las que sucesivamente vayan venciendo más los intereses legales correspondientes y las costas.

La parte demandada fue declarada en rebeldía al no comparecer al acto del juicio a contestar a la demanda en legal forma, por lo que al amparo de lo establecido en el artículo 440.3 LEC acuerdo el desahucio de la parte demandada de la vivienda sita en la calle xxxx Bajo de la ciudad de Cuenca.

SEGUNDO.- No obstante la declaración de rebeldía de la parte demandada, le corresponde a la parte actora acreditar sus pretensiones dado que de la mera incomparecencia de la demandada no pueden prosperar las acciones ejercitadas por la parte actora, con excepción de la  acción de desahucio (Art. 217.2 LEC).

En el caso de autos, la actora ha acreditado la existencia de un contrato de arrendamiento del local comercial sito en la calle xxxx Bajo de la ciudad de Cuenca, celebrado entre el actor y el demandado en fecha 26 de Febrero de 2.009 (Documento nº 1 acompañado con la demanda), por un tiempo de un año, pactándose el pago por los demandados de una renta mensual que ascendía a la cuantía de 300 euros, pagaderos dentro del día uno a cinco de cada mes en la cuenta abierta en CCM nº xxx xxxx xxxx, así como también se estableció que todos los consumos medidos por contador serían abonados por el arrendatario.

Así mismo, hay que decir que la parte demandada no ha acreditado tal como le corresponde de acuerdo con lo establecido en el artículo 217.2 LEC que haya satisfecho las mensualidades de renta del mes de Enero, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2.010 que asciende a la cuantía de 1.800 euros así como los gastos de luz que ascienden al importe de 60 euros, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.555.1º CC la parte demandada deberá satisfacer a la actora en concepto de impago de rentas debidas y gastos de luz la cantidad de 1.860 euros y las que sucesivamente vayan venciendo.

A mayor abundamiento, hay que señalar que habiendo impagado la demandada las mensualidades de renta y los gastos de luz indicados anteriormente, acuerdo la resolución por falta de pago de las rentas derivada del contrato de arrendamiento de la vivienda sita en la calle xxxxx Bajo de la ciudad de Cuenca celebrado entre el actor y los demandados en fecha 26 de Febrero de 2.009 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.2 letra a) LAU y en el artículo 1.556 CC, procediendo el desahucio de la vivienda sita en la calle xxxxxx Bajo de la ciudad de Cuenca, debiendo además la parte demandada desalojar la vivienda sita en la calle Tiradores Altos F-20 Bajo de la ciudad de Cuenca, dejándola libre y a disposición de la parte actora en las mismas condiciones que se le entregó, con apercibimiento de lanzamiento si no lo verificaren. 

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1101 y 1108 CC  la cantidad a cuyo pago se ha condenado a la demandada devengará los intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda hasta su completo pago.

CUARTO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 394.1 L.E.C., dada la estimación íntegra de la demanda procede la condena en las costas causadas a la parte demandada.

Vistos los preceptos anteriormente mencionados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña María José Martínez Herráiz, en nombre y representación de Doña xxxxx, contra Doña xxxx y Don xxxxx y condeno a los demandados a los siguientes pronunciamientos:

1.  Declarar resuelto el contrato de arrendamiento de la vivienda sita en la calle xxxxx Bajo de la ciudad de Cuenca celebrado entre Doña xxxx y Doña xxxxxx y Don xxxxx en fecha 26 de Febrero de 2.009.

2.  Desahucio de la vivienda sita en la calle xxxxx Bajo de la ciudad de Cuenca de la ciudad de Cuenca, dejándola libre y a disposición de Doña xxxxx en las mismas condiciones que se le entregó, con apercibimiento de lanzamiento si no lo verificaren.

3.  Satisfacer conjunta y solidariamente a Doña xxxx la cantidad de 1.860 euros en concepto de rentas vencidas y no satisfechas y gastos de luz y las que sucesivamente se vayan venciendo.

4.  Pagar los intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda hasta su completo pago.

5.  Pagar las costas causadas en el presente proceso.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma. Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado- Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido. Doy fe. 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Juicio Verbal sobre suspensión de obra nueva 518/2010

20101215172846-servidumbre-aguas.jpg

SENTENCIA nº 122

En Cuenca, a veintinueve de Noviembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 2 de CUENCA los presentes autos de Juicio Verbal  seguidos en este Juzgado bajo el número 518 del año 2.010, a instancia de Doña xxxxx, representada por la Procuradora Doña María Josefa Herráiz Calvo y asistida por el Letrado Don Carlos Scasso Venganzones, contra Don xxxx, representado por el Procurador Don José Antonio Nuño Fernández y asistido por el Letrado Don Luis Bolás Alfonso.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora Doña María Josefa Herráiz Calvo, en nombre y representación de Doña xxxxx, se presenta demanda de Juicio Verbal solicitando la suspensión de las obras, con imposición de las costas a la parte demandada.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda mediante Decreto dictado por este Juzgado en fecha de 5 de Octubre de 2.010, se dió traslado de la demanda al demandado, emplazando a las partes para comparecer al acto del juicio.

TERCERO.- Celebrado el Juicio, el demandado se opuso a la demanda en cuanto al fondo. Practicada en el acto del juicio la prueba que se declaró pertinente y que consta en el acto del juicio, se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El actor  reclama al amparo de lo establecido en el artículo 431, 444 y 446 CC que se declare la suspensión de las obras que el demandado está realizando en la finca colindante a la de su mandante al estar llevando a cabo obras de cimentación para una nueva edificación habiendo procedido a realizar una excavación de terrenos de desmonte así como a invadir la propiedad de la actora levantando un muro, de tal forma que ha procedido a invadir 64,41 metros en su límite norte, con imposición de las costas a la parte demandada. 

Frente a ésta petición, la parte demandada se opuso a la petición formulada de contrario alegando que la obra está terminada y que no hay invasión de la finca de la parte actora, e interesó la imposición de las costas a la parte contraria.

SEGUNDO.- La acción de suspensión de una obra nueva tiene su antecedente en el interdicto de obra nueva de la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil, y aunque el legislador la haya incorporado al catálogo de los asuntos que se tramitan por las normas del juicio verbal conserva la misma naturaleza jurídica y especialidad que en la legislación anterior, teniendo su tramitación peculiaridades (art. 441-2 LECiv de 2000) que hacen de él una modalidad procesal distinta del propio juicio verbal. Por ello podemos definirlo como un proceso especial, sumario, con carácter cautelar, cuyo objeto es la defensa de la posesión, que tiene un ámbito que no sobrepasa el de la apariencia posesoria, en torno al cual se perfila exclusivamente el contenido del proceso, lo que excluye toda discusión en el mismo sobre posibles derechos de los contendientes, porque su finalidad es parar la obra en construcción cuando haya temor de que produzca daños en un status posesorio. Es decir, la suspensión de obra nueva es un proceso que tiene por finalidad la paralización de la obra que menoscabe, invada, recorte, modifique o imposibilite el ejercicio de la posesión, para evitar que se consume el perjuicio mientras que en el juicio declarativo correspondiente no se decida, en definitiva, sobre los derechos del demandante y del demandado. De ahí que para su prosperabilidad se requiera que la obra no esté terminada y que perjudique la posesión del actor, que exista un perjuicio racional con la realización de la obra, es decir, que medie una relación de causalidad entre ambos requisitos, debiendo la parte que pretende el amparo de su posesión justificar la lesión real o al menos probable y lógicamente deducida de las obras que se pretenden suspender, ya que no basta con alegar posibles arbitrariedades en la actuación del demandado mientras no se traduzcan en perturbaciones constatadas en la situación fáctica de disfrute en que permanezca el actor. Como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 1985, este proceso "tiene una finalidad meramente precautoria y busca tan sólo la suspensión de la obra no concluida, al margen de toda definición de posibles derechos, incompatibles con su naturaleza".

Así, hay que partir de que a través de este procedimiento recogido en el art. 250.1.5 de la LEC, de naturaleza especial y sumaria, al mismo tiempo de carácter cautelar, y que no produce excepción de cosa juzgada material, va dirigido a mantener una situación de hecho, con el propósito específico de suspender la obra que se ejecute, y que cause daño al accionante, hasta tanto se promueva, de mantenerse la suspensión, el proceso posterior con el fin de determinar el derecho a continuar la obra o en su caso demoler.

Este proceso va destinado a suspender una obra no acabada que causa una lesión o perjuicio a persona distinta de su autor, siendo su objeto la paralización de la obra como medida cautelar, siendo obligado analizar si se dan los presupuestos para acordar la suspensión de la obra.

A través de este procedimiento se pretende impedir los irreparables daños que pudiera producir la definitiva construcción de una obra, a la posesión, a la propiedad u a otro derecho real con la consecuencia de la suspensión inmediata de la misma, la paralización. Siendo los requisitos esenciales del mismo:

1.-Que exista una obra nueva.

2.-Que la obra no esté terminada, ya que a través del mismo no se persigue demoler la obra ya construida sino impedir su finalización, de ahí su carácter preventivo.

3.-Que dicha obra cause o sea susceptible de causar un daño patrimonial a los bienes del actor, que debe ser presente o futuro, nunca pasado, dada la propia finalidad de este procedimiento (SSTS 7 de mayo 1997, 27 de mayo 1995 entre otras).

Es criterio doctrinal pacífico y genéricamente reconocido que, objetivamente, el concepto de «obra nueva» que utiliza la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe interpretarse en un sentido amplio, comprensivo de toda obra o construcción material, con inclusión no solamente de la que se edifica por entero de nuevo, sino también de la que se efectúa sobre, cimientos, muros o edificaciones antiguas, así como cualquier excavación, perforación o instalación que precise obra de albañilería. Pero, a pesar de tal amplitud, es llano que, en todo caso, la obra debe tener una proyección real, plasmándose, siquiera mínimamente, de manera física o material, de suerte y manera que no es posible, acogiendo una exégesis desproporcionadamente extensiva y, desde luego, desnaturalizadora del interdicto, incluir en el término, lo que no serían sino meros actos preparatorios (obtención de licencia, acopio de materiales, etc.) que aun cuando fundadamente hagan presumir la futura realización de la obra, carezcan, al tiempo de ejercitar la acción, de concreción edificativa alguna.

En primer lugar hay que hacer constar que de la documental obrante en autos (documento nº 1 acompañado con la demanda) se desprende que la parte actora es propietaria de un solar sito en la calle xxxxx nº 15 de la localidad de xxxx(Cuenca), mientras que por el contrario el demandado es propietario de un solar sito en la calle xxxx nº 13 de la localidad de xxxxx (Cuenca) tal como se desprende del documento nº 2 acompañado con la demanda y del documento nº 1 aportado por la parte demandada, cuestión además no debatida por las parte litigantes.

En cuanto al primero de los requisitos para que prospere la acción ejercitada por la parte actora no cabe sino concluir que se cumple el primero de los requisitos dado que de la documental obrante en autos y la declaración de los peritos realizada en el acto del plenario, valoradas en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, se desprende que el demandado realiza la construcción de una nueva edificación en el solar de su propiedad sito en la calle xxxxx nº 13 de la localidad de xxxx (Cuenca).

En relación al segundo de los requisitos necesarios para que prospere la acción ejercitada por la parte actora, procede indicar que de la documental obrante en autos, valorada en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, con especial relevancia de la diligencia de la paralización de obra de fecha 8 de Octubre de 2.010, se desprende que la obra que el demandado construye en el solar sito en la calle xxxxx nº 13 de la localidad de xxxx (Cuenca) se encuentra realizada en todo el encofrado y el tejado con la teja, excepto un cobertizo que se está al fondo, que se encuentra sin teja, estando concluida la cimentación y estructura, cuestión corroborada en el acto del plenario por los peritos Doña xxxxx, Doña xxxxx y Don xxxx, quienes además de haber ratificado el documento nº 4 aportado por la parte demandada manifestaron que la obra del muro estaba concluida y la estructura de la obra estaba acabada, mereciendo mayor credibilidad que el testimonio del perito Don xxxxx puesto que desde que realizó su informe en fecha 26 de Julio de 2.010 no ha vuelto a ver la finca tal como se desprende de la declaración del Sr. xxxx en el acto de la vista.

Así, de conformidad con lo expuesto anteriormente procede expresar que la obra que realiza el demandado en el solar de su propiedad sito en la calle xxxx nº 13 de la localidad de xxxx (Cuenca) está terminada, por lo que, en consecuencia, no cumpliéndose uno de los requisitos necesarios para que prospere la acción ejercitada por la parte actora no cabe sino desestimar íntegramente la demanda interpuesta por la parte demandante.

TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el Art. 394.1 LEC dada la desestimación íntegra de la demanda se imponen las costas a la parte actora.

FALLO

Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña María Josefa Herráiz Calvo, en nombre y representación de Doña xxxxx, contra Don xxxxx, con imposición de las costas causadas en esta instancia a la parte actora.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de los de Cuenca y su Partido. Doy fe.

     PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Juicio Verbal 405/2010

20101215170753-reclamacion-de-cantidad.gif

SENTENCIA nº 121/2010

En Cuenca, a veintiséis de Noviembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca los presentes autos de Juicio Verbal,  seguidos en este Juzgado bajo el número 405 del año 2.010, a instancia de xxxxx S.L., representado por la Procuradora Doña Sonia Martorell Rodríguez y asistido por el Letrado Don Juan García García, contra la Comunidad de Propietarios xxxxxx de Cuenca, representada por la Procuradora Doña Rosa María Torrecilla López y asistida por el Letrado Don Sergio Lacort Cabrera.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora Doña Sonia Martorell Rodríguez, en nombre y representación de xxxxxx S.L., se presentó demanda de Juicio Verbal en reclamación de que se declare resuelto el contrato de mantenimiento de aparatos elevadores de 29 de febrero de 2.008 con fecha de efectos a partir del uno de Abril de 2.008 que une a las partes por incumplimiento de la demandada, se condene a la demandada a abonar a Ascensores Eninter S.L. la indemnización por resolución anticipada del mencionado contrato, de acuerdo con el pacto expreso en el mismo contenido como cláusula penal en cuanto a dicho particular la cantidad de 5.832 euros, más las costas del presente procedimiento.

 SEGUNDO.- Mediante Decreto dictado por este Juzgado en fecha de 24 de Junio de 2.010, se dio traslado de la demanda al  demandado emplazando a las partes para comparecer al acto del juicio.

TERCERO.- Celebrado el Juicio la parte demandada se opuso a la demanda. Practicada en el acto del juicio la prueba que se declaró pertinente y que consta en el acta del juicio, se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Reclama el actor al amparo de lo establecido en el artículo 1.124, 1.156, 1.254 y siguientes CC,  que se declare resuelto el contrato de mantenimiento de aparatos elevadores de 29 de febrero de 2.008 con fecha de efectos a partir del uno de Abril de 2.008 que une a las partes por incumplimiento de la demandada, se condene a la demandada a abonar a xxxxxx S.L. la indemnización por resolución anticipada del mencionado contrato, de acuerdo con el pacto expreso en el mismo contenido como cláusula penal en cuanto a dicho particular la cantidad de 5.832 euros, más las costas del presente procedimiento.

La parte demandada se opone a lo solicitado de contrario alegando que la parte actora ha incumplido el contrato de mantenimiento y asistencia técnica así como la obligación de adaptar los ascensores a la normativa vigente, además de considerar que las cláusulas del contrato son abusivas.

SEGUNDO.- El artículo 1.124 CC dispone lo siguiente:” La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.

El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo.

Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirentes, con arreglo a los artículos 1295 y 1298 y a las disposiciones de la Ley Hipotecaria.”.

En primer lugar hay que señalar que la parte actora y la demandada celebraron un contrato de mantenimiento de los ascensores de la comunidad de propietarios existente en el edificio de la calle xxxxx número 14 de la ciudad de Cuenca en fecha 29 de Febrero de 2.008 por una duración de tres años (documento nº 2 acompañado con la demanda), cuestión además no discutida por las partes litigantes, todo ello como consecuencia de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de la Comunidad de Propietarios cxxxxxx de Cuenca de fecha 26 de Febrero de 2.008 en virtud de los cuales se aprueba la propuesta de Ascensores Eninter S.L. tanto para la adaptación de los ascensores a la vigente normativa que asciende al importe de 12.690 euros como para el mantenimiento de los mismos que asciende a la cuantía de 9.020,16 euros anuales Iva incluido (documento nº 4 acompañado con la demanda).

En este sentido procede examinar si ha habido incumplimiento de las prestaciones por la parte actora o por la demandada.

Aún cuando nuestro ordenamiento jurídico no regula expresamente la "exceptio non adimpleti contractus", o contrato no cumplido o inadecuadamente ejecutado, su existencia se admite a través de dicho artículo 1124 y la jurisprudencia de esta Sala al declarar -Sentencias de 9 de julio de 1904, 10 de abril de 1924, 1 de abril de 1925, 3 de diciembre de 1955 y 20 de diciembre de 1975- que si bien es cierto que no tiene derecho a pedir la resolución el contratante que incumple sus obligaciones, no lo es menos que el que las incumplió como consecuencia del incumplimiento anterior del otro, conserva este derecho, pues la conducta del que incumple primero es lo que motiva el derecho de resolución y le libera desde entonces de sus obligaciones. (Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 1978).

La aplicación de la exceptio non adimpleti contractus, exige, de acuerdo con estos principios, que quien ejercite la acción resolutoria no esté en la misma situación de incumplimiento, salvo que sea consecuencia del previo incumplimiento del otro contratante (SSTS 21 de octubre de 1994 y 7 de junio de 1995). En consecuencia, la excepción de contrato incumplido para oponerse a la facultad resolutoria ejercida por la contraparte en las obligaciones recíprocas, debe fundarse en un incumplimiento de relevancia suficiente para llevar consigo la frustración del interés de la contraparte en la celebración del contrato.

Así, en primer lugar la parte demandada alega para justificar la resolución anticipada del contrato vinculante entre las partes litigantes que el actor no ha cumplido en reiteradas ocasiones el servicio de mantenimiento y asistencia. Pues bien, procede indicar que la parte demandada no ha probado tal como le corresponde al amparo de lo establecido en el artículo 217.2 LEC que el actor no haya atendido los avisos del demandado relativos al funcionamiento de los ascensores así como tampoco ha justificado que exista un defectuoso mantenimiento de los ascensores por la parte actora, debiendo de indicarse a mayor abundamiento que si bien la parte demandada alega que existe un incumplimiento del servicio especial de 24 horas hay que decir que en el caso de autos la parte demandada no ha acreditado que tuviese contratado con la actora un servicio especial de 24 horas puesto que del contrato de mantenimiento aportado a los presentes autos (documento nº 1 acompañado con la demanda) se desprende que tenía que atender los avisos que recibiese del abonado durante la jornada normal de trabajo, que era de 08:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 de lunes a viernes, no constando en dicho documento que el demandado tuviese contratado un servicio especial de 24 horas, por lo que no cabe sino concluir que de lo actuado no se desprende un incumplimiento del actor en relación a la prestación del servicio de mantenimiento y asistencia de los ochos ascensores de la Comunidad de Propietarios calle Hermanos de Becerril nº 14 de Cuenca.

En relación al incumplimiento del actor relativo a la adaptación de los ascensores  a la normativa vigente hay que reseñar que de conformidad con la documental obrante en autos (documentos nº 20 a 27 aportados por la parte demandada) se desprende que el ascensor de la calle Hermanos Becerril nº 14 portal 1 tiene un defecto consistente en la existencia protecciones poleas limitador de velocidad no reglamentarias y tiene una falta en dispositivo aflojamiento cable limitador; y los ascensores de la calle xxxxxx portal 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 tienen diversos defectos consistentes en la existencia protecciones poleas limitador de velocidad no reglamentarias, falta en dispositivo aflojamiento cable limitador, falta de instalación de kit de foso (stop de seguridad y toma de corriente) O-26-7-02 y colocación de interruptor de alumbrado en foso, de manera que no cabe sino concluir que la parte actora no ha cumplido su obligación de adaptar los ascensores a la normativa vigente (RD 57/2005) puesto que los ascensores presentaban los referidos defectos en el momento en el que la parte demandada daba por resuelto el contrato celebrado y posteriormente asumía el mantenimiento la empresa Schindler, no ajustándose los mismos a la normativa vigente (RD 57/2005), tal como se desprende de la declaración del testigo Don xxxxxx que manifestó en el acto del plenario que cuando la empresa Schindler volvió a realizar el mantenimiento había cosas que no estaban hechas conforme las exigía el Real Decreto, debiendo de indicarse a mayor abundamiento que la parte demandada ha cumplido las obligaciones que le incumbían ya que ha satisfecho a la parte demandante la cantidad de 12.690,03 euros por los trabajos de adaptación de los ascensores a la normativa vigente tal como se desprende de los documentos nº 16 y 18 aportados por la parte demandada en el acto de la vista.  

En conclusión, procede indicar que de acuerdo con la doctrina expuesta anteriormente el incumplimiento de la parte actora de la obligación consistente en adaptar los ascensores a la normativa vigente (RD 57/2005), prestación que estaba obligado a realizar en virtud de la propuesta formulada por la parte actora para la adaptación de los ascensores a la vigente normativa que asciende al importe de 12.690 euros y el mantenimiento de los mismos que asciende a la cuantía de 9.020,16 euros anuales Iva incluido en la Junta General Ordinaria de la Comunidad de Propietarios calle Hermanos de Becerril nº 14 de Cuenca de fecha 26 de Febrero de 2.008 y que ha sido aprobada por ésta, debe considerarse de relevancia suficiente para llevar consigo la frustración del interés del demandado en la celebración del contrato, por lo que no tiene derecho a pedir la resolución el actor al haber incumplido sus obligaciones liberándose al demandado del cumplimiento de sus obligaciones.

     Por lo expuesto anteriormente, hay que decir que la resolución unilateral del demandado acordada en la Junta General Extraordinaria de la Comunidad de Propietarios calle xxxxxx de Cuenca de fecha 7 de Octubre de 2.009 y que ha sido notificada al actor tal como consta en la documental obrante en autos (documento nº 3 acompañado con la demanda y documentos nº 2 a 4 aportados por el demandado) es justificada y, en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.124 CC no cabe sino desestimar íntegramente la demanda interpuesta por la parte demandante.

TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 394.1 L.E.C., dada la desestimación íntegra de la demanda procede la condena en las costas causadas en el presente proceso a la parte actora.

Vistos los preceptos anteriormente mencionados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña Sonia Martorell Rodríguez, en nombre y representación de xxxxx S.L:, contra la Comunidad de Propietarios xxxx de Cuenca, con imposición de las costas causadas en el presente proceso a la parte actora.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma. Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de los de Cuenca y su Partido. Doy fe. 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Juicio Verbal 372/2010

20101215170426-reclamacion-de-cantidad.gif

SENTENCIA nº 120/10

En Cuenca, a veintitrés de Noviembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de CUENCA los presentes autos de Juicio Verbal, seguidos en este Juzgado bajo el número 372 del año 2.010, a instancia de xxxx Editores S.L., representado por la Procuradora Doña María Ángeles Hernández Martínez y asistido por el Letrado Don xxxx, contra Don xxxxx, representado por el Procurador Don Enrique Rodrigo Carlavilla y asistido por el Letrado Don José Javier Gómez Cavero.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por parte de xxx Editores S.L. se presenta petición inicial de procedimiento monitorio reclamando la cantidad de 2.719 euros, más intereses legales y costas.

SEGUNDO.- Formulada oposición por la parte demandada, se dicto por este juzgado Auto con fecha de 18 de Junio de 2.010 por el que se tuvo por formulada la oposición convocando a las partes a la celebración de la vista.

TERCERO.- Celebrado el Juicio y practicada en el acto del juicio la prueba que se declaró pertinente, se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Reclama el actor la cantidad de 2.719 euros, importe debido como consecuencia del impago por el demandado de las mercancías compradas, más intereses legales y con imposición de las costas causadas a la parte contraria.   

Por el contrario, la parte demandada se ratificó en su oposición a la petición inicial de procedimiento monitorio que se da aquí por reproducida, interesando la imposición de las costas a la parte actora.

SEGUNDO.- Entrando en el fondo del asunto hay que señalar que en virtud de la documental obrante en autos (documento nº 1 acompañado con la petición inicial de procedimiento monitorio) ha quedado acreditado la existencia de un contrato de prestación de un servicio consistente en la realización de un master en prevención de riesgos laborales a distancia celebrado entre las partes litigantes en fecha 23 de Febrero de 2.007, obligándose el demandado a satisfacer la cantidad de 2.999 euros.

En este sentido, hay que decir que la parte demandada se opone al pago al no haberse prestado por la parte demandante los servicios contratados. Así procede examinar quien incumplió la prestación que le incumbía. De esta manera, procede reseñar que de la prueba practicada en el caso de autos, valorada en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, no se desprende que por parte de la actora exista ningún incumplimiento obligacional, ya que la parte demandada no ha acreditado tal como le corresponde de conformidad con lo establecido en el artículo 217.2 LEC que la parte actora no se haya puesto en contacto con el demandado o no haya realizado actuaciones tendentes al objeto de prestarle el servicio contratado, sino que por el contrario procede indicar que de la documental aportada por la parte actora se desprende que el actor intentó ponerse en contacto con el demandado al objeto de llevar a cabo la prestación del servicio contratado por el demandado sin que llegase a conseguirlo, debiendo de indicarse a mayor abundamiento que la parte demandada recibió los soportes pedagógicos del curso, cuestión no discutida por las partes litigantes, no habiendo ejercitado el demandado el derecho de revocación en el plazo de siete días desde la recepción de los citados soportes pedagógicos según lo previsto en el artículo 6 de la Ley 26/1991, de 21 de noviembre, de contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles .

Acreditado, por tanto, la relación contractual entre el actor y el demandado consistente en la realización de un master en prevención de riesgos laborales a distancia y la falta de pago por el demandado de los servicios contratados que asciende al importe de 2.719 euros tal como consta en el documento nº 2 acompañado con la petición inicial de procedimiento monitorio, siendo la obligación de pago la principal obligación del demandado, procede la estimación íntegra de la demanda de conformidad con lo establecido en los artículos 1.088, 1.124 y 1.544 del Código Civil. Por lo tanto, la parte demandada deberá pagar al actor la cantidad de 2.719  euros.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1101 y 1108 CC  la cantidad a cuyo pago se ha condenado al demandado devengará los intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda hasta su completo pago.

CUARTO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 394.1 L.E.C., dada la estimación íntegra de la demanda se imponen las costas causadas a la parte demandada.

Vistos los preceptos anteriormente mencionados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña María Ángeles Hernández Martínez, en nombre y representación de xxxxx Editores S.L., contra Don xxxxxx y condeno al demandado a los siguientes pronunciamientos:

1.  Pagar a xxxx Editores S.L. la cantidad de 2.719 euros.

2.  Pagar los intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda hasta su completo pago.

3.  Pagar las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma. Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de los de Cuenca y su Partido. Doy fe. 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Juicio Verbal 538/2010

20101215170217-inmuebles.jpg

SENTENCIA nº119

En Cuenca, a veintitrés de Noviembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca los presentes autos de Juicio Verbal, seguidos en este Juzgado bajo el número 538 del año 2.010, a instancia de Don xxxxxx, representado por el Procurador Don Jesús Córdoba Blanco y asistido por el Letrado Don Tomás Cantoral Fernández, contra Don xxxxxx, declarado en rebeldía, y Don xxxxxx, representado por el Procurador Don Miguel García García y asistido por el Letrado Don Jesús Torrecilla Ortí.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Procurador Don Jesús Córdoba Blanco, en nombre y representación de Don xxxxxx se presenta demanda de Juicio Verbal reclamando que se declare el desahucio por precario y costas del presente procedimiento.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda mediante Decreto dictado por este Juzgado en fecha de 4 de Octubre de 2.010, se dió traslado de la demanda a los demandados y emplazándose a las partes para comparecer al acto del juicio.

TERCERO.- Celebrado el juicio la parte codemandada (Don xxx) fue declarada en rebeldía al no haber comparecido al acto del juicio, y la parte codemandada (Don xxxx) alegó las excepciones de inadecuación de procedimiento, falta de legitimación activa y pasiva, y se opuso en cuanto al fondo del asunto. Practicada en el acto del juicio la prueba que se declaró pertinente y que consta en el acta del juicio, se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTO DE DERECHO

PRIMERO.- El actor reclama al amparo de lo establecido en el artículo 348.2, 444, 1.941 y 1.942 CC que se declare el desahucio por precario de la vivienda sita en la calle La xxx de la localidad de xxxxx (Cuenca) y con imposición de las costas causadas.

Por el contrario, la parte demandada (Don xxxxxx) no comparece al presente proceso contestando a la demanda alegando hechos impeditivos o extintivos de las pretensiones de la actora, por lo que ha sido declarada en rebeldía.

La parte codemandada (Don xxxxx) alegó las excepciones de inadecuación de procedimiento, falta de legitimación activa y pasiva, y se opuso en cuanto al fondo del asunto, con imposición de las costas causadas.

SEGUNDO.- En primer lugar procede indicar que en el acto de la vista la parte actora desistió de la demanda respecto de Don xxxxx, que prestó su conformidad al desistimiento, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 LEC procede acordar el sobreseimiento del presente proceso respecto de Don David Casamayor.

Respecto de la cuestión objeto del fondo del asunto hay que decir que el precario está constituido por la ausencia de título para ocupar y disfrutar de la cosa, haciéndolo como gracia o merced de su propietario o titular de la posesión cedida gratuitamente. Así, los requisitos para la prosperabilidad de la acción de desahucio por precario en los siguientes:

1) Que el actor ostente la posesión real de la finca reclamada (legitimación activa). La legitimación activa, entendida en el sentido de legitimación ad causam, que no es otra cosa que la titularidad de la relación jurídica u objeto litigioso (art. 10 LEC), viene legalmente referida a favor de los que tengan la posesión real de la finca a título de dueños, usufructuarios o cualquier otro que les dé derecho a poseerla (art. 250-1-2º LEC), por lo que la acreditación de dicha posesión real, posesión mediata, es presupuesto indeclinable de la resolución estimatoria que se interesa (STS, de fechas 13-6-1946 , 15-1-1947 y 14-5-1955 , entre otras).

2) Que el demandado disfrute la finca sin título, porque nunca lo haya teniendo o porque, teniendo en un tiempo virtualidad, la haya perdido, y sin pagar renta, precio o merced, aunque haya satisfecho alguna cantidad por otro concepto (legitimación pasiva). El requisito de la legitimación pasiva, entendida como en el supuesto anterior, en el sentido de legitimación ad causam, aparece legalmente atribuido a cualquier persona que disfrute o tenga en precario la finca, sea rústica o urbana (art. 250-1-2º LEC).

3) Identidad del inmueble objeto de desahucio.

Constituyendo la finalidad del proceso de desahucio por precario la de recuperar la posesión de una finca del poseedor sin título o con título inhábil para mantenerse en la posesión, su ámbito de conocimiento y debate se reduce al análisis de la legitimación activa o derecho del actor para obtener la tutela jurídica recuperatoria, por ostentar la posesión real de la finca a título de dueño (condición alegada en este proceso por el actor), usufructuario o cualquier otro que le dé derecho a poseerla, a la identificación del objeto sobre el que recae, así como el estudio de la situación del demandado como poseedor meramente tolerado sin pagar renta o merced o sin título o con título nulo o que haya perdido su validez.

Aplicando lo dispuesto anteriormente al caso de autos hay que señalar que el demandado disfrutaba la citada demanda en concepto de precario dado que la vivienda sita en la calle La Dehesa de la localidad de Arcas del Villar (Cuenca) es propiedad de Don xxxxx y su esposa Doña xxxxx, tal como se desprende de la prueba practicada en el caso desusos, valorada en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, con especial relevancia de los documentos nº 2 a 4 acompañados con la demanda y de la declaración del demandado que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 304 LEC y dada la incomparecencia del demandado al acto del juicio a ser sometido al interrogatorio que fue admitido en el acto de la vista, procede tener por reconocidos los hechos en que intervino personalmente el demandado y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial, que en el caso de autos es la ocupación de la vivienda careciendo de un contrato y sin pagar el correspondiente precio.

Por lo tanto, acreditada la inexistencia de un contrato o título a favor del demandado así como la falta de pago del precio debe prosperar la acción ejercitada por el actor, procediendo, en consecuencia, declarar el desahucio por precario del  demandado y por lo tanto deberá abandonar el demandado la finca objeto de la presente litis.

TERCERO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 394.1 LEC dada la estimación íntegra de la demanda se imponen las costas causadas a la parte codemandada Don Antonio Francisco Ferreira Pinto.

     De acuerdo con lo establecido en el artículo 396.1 LEC al existir desistimiento de la parte actora que ha sido consentido por el codemandado Don xxxxx, no se imponen las costas a ninguno de los litigantes. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador Don Jesús Córdoba Blanco, en nombre y representación de Don xxxxx, contra Don xxxxxx, condeno al demandado a los siguientes pronunciamientos:

1.  Declarar el desahucio por precario de la vivienda sita en la calle xxxxx de la localidad de xxxx (Cuenca).

2.  Entregar a Don xxxxx la posesión de la vivienda sita en la calle xxxx de la localidad de xxxx (Cuenca).

3.  Pagar las costas causadas en el presente proceso.

Acuerdo el sobreseimiento del presente proceso respecto de Don xxxxx, sin imposición de las costas causadas a ninguno de los litigantes.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido. Doy fe.  

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Juicio Verbal 367/2010

20101215165827-reclamacion-de-cantidad.gif

SENTENCIA n º118

En Cuenca, a dieciséis de Noviembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de CUENCA los presentes autos de Juicio Verbal, sobre reclamación de cantidad, seguidos en este Juzgado bajo el número 367 del año 2.010, a instancia de Don xxxxx, representado por la Procuradora Doña María José Herráiz Calvo y asistido por Letrado, contra Don xxxx, representado por la Procuradora Doña María Ángeles Paz Caballero y asistido por la Letrado Doña María Encarna Beamud Bello.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por parte de Don xxxxxx se presenta petición inicial de procedimiento monitorio reclamando la cantidad de 2.262,11 euros, más intereses legales y costas.

SEGUNDO.- Formulada oposición por la parte demandada, se dicto por este juzgado Decreto con fecha 24 de Junio de 2.010 por el que se tuvo por formulada la oposición convocando a las partes a la celebración de la vista.

TERCERO.- Celebrado el Juicio y practicada en el acto del juicio la prueba que se declaró pertinente, se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Reclama el actor la cantidad de 2.262,11 euros, importe debido como consecuencia del impago de la reparación del automóvil Audi A-6, matrícula CU-xxxx-I, más intereses legales y con imposición de las costas a la parte demandada.   

Por el contrario, la parte demandada se ratificó en su oposición a la petición inicial de procedimiento monitorio que se da aquí por reproducida, solicitando la imposición de las costas a la parte actora.

SEGUNDO.- La cuestión controvertida en la presente litis es si son debidas por la demandada las cantidades reclamadas por la parte actora en concepto de las reparaciones realizadas en el vehículo Audi A-6, matrícula CU-xxxx-I.

 Entrando en el fondo del asunto hay que señalar que en virtud del documento nº 1 acompañado con la petición inicial de procedimiento monitorio ha quedado acreditada la existencia de una relación comercial entre la parte actora y la demandada en virtud de la cual la primera reparó y pintó el techo y el lateral izquierdo y derecho del vehículo Audi A-6, matrícula CU-xxxx-I, por encargo de la parte demandada cuyo valor asciende al importe de 2.261,11 euros, cuestión que ha sido corroborada por la declaración de los testigos realizada en el acto del plenario, debiendo de indicarse a mayor abundamiento que no obstante haberse alegado por la parte actora en el acto del plenario que los trabajos se llevaron a cabo por encargo del hijo del actor no cabe sino concluir que esta circunstancia no se ha acreditado por la parte demanda tal como le corresponde al amparo de lo establecido en el artículo 217.2 LEC.

Acreditado, por tanto, la relación comercial entre el actor y la demandada en virtud de la cual el actor reparó el vehículo Audi A-6, matrícula CU-xxxx-I, por encargo del demandado y la falta de pago por la demandada de la cantidad reclamada, procede la estimación íntegra de la demanda, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.088 y siguientes del Código Civil, siendo la obligación de pago de la reparación realizada por la parte actora en el vehículo Audi A-6, matrícula CU-xxxx-I, la principal obligación de la demandada. Por lo tanto, la parte demandada deberá pagar al actor la cantidad de 2.262,11  euros.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1101 y 1108 CC  la cantidad a cuyo pago se ha condenado a la demandada devengará los intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda hasta su completo pago.

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 394.1 L.E.C., dada la estimación íntegra de la demanda se imponen las costas causadas en esta instancia a la parte demandada.

Vistos los preceptos anteriormente mencionados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña María José Herráiz Calvo, en nombre y representación de Don xxxxx, contra Don xxxxx y condeno al demandado a los siguientes pronunciamientos:

1.  Pagar a Don xxxx  la cantidad de 2.262,11  euros.

2.  Pagar los intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda hasta su completo pago.

3.  Pagar las costas procesales causadas en esta instancia.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma. Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de los de Cuenca y su Partido. Doy fe. 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Ordinario 619/2008

20101215165520-reclamacion-de-cantidad.gif

SENTENCIA nº117

En Cuenca, a dieciséis de Noviembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 2 de CUENCA los presentes autos de Juicio Ordinario,  sobre reclamación de cantidad, seguidos en este Juzgado bajo el número 619 del año 2.008, a instancia de xxxxx S.L, representado por el Procurador Don Jesús Córdoba Blanco y asistido por la Letrado Doña Inmaculada Ahuir Vives, contra xxxxx S.L., representada por la Procuradora Doña María José Martínez Herráiz y asistida por el Letrado Don A. Matanza Cavero.

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.- Por el Procurador Don Jesús Córdoba Blanco, en nombre y representación de xxxxx S.L, se presenta demanda de Juicio Ordinario en reclamación de la cantidad de 3.961,28 euros, más los intereses legales  y las costas del presente proceso.

SEGUNDO.- Por Auto de fecha 7 de Noviembre de 2.008 se admite a trámite la demanda, dándose traslado a la parte demandada de copia de la misma así como de los documentos a ella acompañados emplazándola para que conteste en el plazo de veinte días hábiles.

TERCERO.- Por la Procuradora Doña María José Martínez Herráiz, en nombre y representación de xxxx S.L., contesta a la demanda de Juicio Ordinario presentada de contrario solicitando la desestimación de la demanda con expresa imposición de las costas causadas a la parte actora.

CUARTO.- Mediante Providencia dictada por este Juzgado en fecha 23 de Abril de 2.009 se convoca a las partes al acto de la audiencia previa.

Al acto de la audiencia  previa concurren ambas partes proponiéndose como prueba por la actora: interrogatorio de la parte demandada, documental y testifical. Por la parte demandada se propusieron como medios de prueba: documental, interrogatorio del actor y testifical.

Se admitieron todos los medios de prueba, convocándose a las partes para la celebración del acto del juicio.

QUINTO.- Celebrado el acto del juicio y practicadas todas las pruebas declaradas pertinentes, se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

SEXTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

   

PRIMERO.- El actor ejercita al amparo de lo establecido en los artículos 1.089, 1.091, 1.254 y 1.258 y concordantes CC la acción de de reclamación de cantidad de en virtud de la cual interesa que se condene a la parte demandada al pago de la cantidad de 3.961,28 euros como consecuencia de las mercancías suministradas derivadas de las relaciones comerciales existentes entre las partes, más intereses legales y con imposición de las costas causadas a la parte contraria.

Por el contrario, la parte demandada se opone a las cantidades reclamadas de contrario al no ser debidas por su representada, interesando que se impongan las costas causadas a la parte contraria.

SEGUNDO.- En el caso de autos la cuestión controvertida es si todas las mercancías reclamadas han sido entregadas a la demandada y el importe de la deuda que mantiene el demandado con la actora.

En primer lugar hay que se aportan como documentos números 3 a 5 acompañados con la petición inicial de procedimiento monitorio tres facturas relativas a la entrega de materiales por parte de la parte actora a la demandada (factura A/700240; A/700353 y A/700474), habiéndose reconocido por la parte demandada en la oposición a la petición de procedimiento monitorio que adeudaba dichas facturas, si bien posteriormente en la contestación a la demanda de Juicio Ordinario manifiesta no adeudar estas cantidades.

En este sentido, hay que indicar que el Tribunal Supremo ha declarado (v. TS Sala 1ª, Sentencia de 21-04-2006) que "El principio del derecho que prohíbe ir contra los actos propios encuentra apoyo legal en el artículo 7.1 del Código civil. La jurisprudencia sobre este principio es muy abundante. Como resumen, se deben citar los requisitos que se han venido exigiendo para que pueda aplicarse este principio general, que son: a) que el acto que se pretenda combatir haya sido adoptado y realizado libremente; b) que exista un nexo causal entre el acto realizado y la incompatibilidad posterior; c) que el acto sea concluyente e indubitado, por ser "expresión de un consentimiento dirigido a crear, modificar y extinguir algún derecho generando una situación desacorde con la posterior conducta del sujeto" (sentencias de 21 de febrero de 1997; 16 febrero 1998; 9 mayo 2000; 21 mayo 2001; 22 octubre 2002 y 13 marzo 2003, entre muchas otras). Significa, en definitiva, que quien crea en una persona una confianza en una determinada situación aparente y la induce por ello a obrar en un determinado sentido, sobre la base en la que ha confiado, no puede además pretender que aquella situación era ficticia y que lo que debe prevalecer es la situación real".

De esta manera aplicando la doctrina expuesta anteriormente al caso de autos procede indicar que habiéndose reconocido por el demandado adeudar las tres facturas mencionadas anteriormente no puede ahora ir en contra de sus propios actos y, en consecuencia, no cabe sino concluir que las mercancías que constan en facturas han sido entregadas por la parte actora a la demandada, no habiéndose satisfecho por la parte demandada el importe de las mismas, por lo que la parte demandada deberá  abonar el importe de las tres facturas.

Así mismo la parte actora reclama el importe de las facturas que se aportan como documento número 1 y 2 a la petición inicial de procedimiento monitorio. En este sentido, hay que reseñar respecto a la factura A7700137 de fecha 12 de Febrero de 2.007 que en el presente procedimiento ha quedado acreditado mediante la documental aportada por la parte actora con el escrito de demanda que la mercancía que consta en la citada factura ha sido entregada puesto que obra en las presentes actuaciones un albarán de la entrega realizada por la empresa Tips@ en la empresa demandada el día 14 de Febrero de 2.007. En este sentido, no procede acoger la alegación de la parte demandada de que la entrega de las mercancías ha sido firmada por una persona que no es trabajador suyo puesto que tal como se infiere de la citada documental consta la entrega de las mercancías en la empresa demandada. 

En cuanto a la factura A/700164 que se aporta como documento nº 2 junto con la petición inicial de procedimiento monitorio procede indicar que de acuerdo con la documental obrante en autos, con especial relevancia de la contestación del oficio por parte de la empresa Tips@, ha quedado acreditada la entrega de las mercancías que constan en la citada factura en la empresa demandada.

Por último procede indicar que como consecuencia del impago de las facturas objeto de autos se han generado al actor unos gastos de devolución que ascienden al importe de 185,58 euros tal como se desprende del documento nº 12 acompañado con la petición inicial de procedimiento monitorio, por lo que procede su abono.

Acreditada, por tanto, la relación comercial entre el actor y el demandado en virtud de la cual el actor le entregaba determinadas mercancías al demandado y la falta de pago por la demandada de las mercancías entregadas, siendo la obligación de pago de las mercancías entregadas por la parte actora la principal obligación de la demandada, procede la estimación íntegra de la demanda de conformidad con lo establecido en los artículos 1.088 y siguientes del Código Civil. Por lo tanto, la parte demandada deberá pagar al actor la cantidad de 3.961,38 euros.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1101 y 1108 CC  la cantidad a cuyo pago se ha condenado al demandado devengará los intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda hasta su completo pago.

CUARTO.- De acuerdo con lo establecido en el Art. 394.1 LEC dada la estimación íntegra de la demanda se imponen las costas causadas a la parte demandada.

FALLO

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador Don Jesús Córdoba Blanco, en nombre y representación de xxxxx S.L, contra xxxxx S.L. y condeno a la parte demandada a los siguientes pronunciamientos:

1.  Pagar a xxxxxx S.L la cantidad de 3.961,38 euros.

  1. Pagar los intereses legales desde la fecha de la interpelación judicial hasta su completo pago.
  2. Pagar las costas procesales causadas en esta instancia.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de los de Cuenca y su Partido. Doy fe.

 

     PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Juicio Verbal 388/2010

20101215165148-colision-vehiculos.jpg

SENTENCIA nº 115

En Cuenca, a ocho de Noviembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca los presentes autos de Juicio Verbal, seguidos en este Juzgado bajo el número 388 del año 2.010, a instancia de Doña xxxxxx, representado por la Procuradora Doña Sonia Martorell Rodríguez y asistida por el Letrado Don Francisco Javier Jouve Fernández de Ávila, contra Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros S.A., representada por la Procuradora Doña Rosa María Torrecilla López y asistida por la Letrado Don Eduardo García Sánchez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora Doña Sonia Martorell Rodríguez, en nombre y representación de Doña xxxxx se presenta en fecha 15 de Junio de 2.010 demanda de Juicio Verbal reclamando que se condene al demandado a abonar a su mandante la cantidad de 2.566,60 euros, más intereses legales y costas del presente procedimiento.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda mediante Auto dictado por este Juzgado en fecha de 18 de Junio de 2.010, dándose traslado de la demanda a los demandados y emplazándose a las partes para comparecer al acto del juicio.

TERCERO.- Celebrado el juicio la parte demandada se opuso a la demanda en cuanto al fondo. Practicada en el acto del juicio la prueba que se declaró pertinente y que consta en el acta del juicio, se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTO DE DERECHO

PRIMERO.- El actor reclama al amparo de lo establecido en el artículo 1.902 y siguientes CC en el ejercicio de la acción de responsabilidad extracontractual, que el demandado abone a su mandante la cantidad de 2.566,60 euros en concepto de gastos de alquiler de vehículo derivado de los daños materiales sufridos en el vehículo furgoneta Citroën Jumper, matrícula xxxx-CVF, y de su posterior paralización, más los intereses de dicha suma que correspondan desde la fecha de producción del siniestro según lo previsto en el artículo 20 LCS y las costas del procedimiento.

Por el contrario, la parte demandada se opone a los daños reclamados, tiempo de depósito del vehículo, destino del vehículo y la necesidad de un vehículo de sustitución.

SEGUNDO.- El Art. 1.1 LRCSCVM:” El conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción del mismo, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación”. En el párrafo 3º se dispone:” En el caso de daños en los bienes, el conductor responderá frente a terceros cuando resulte civilmente responsable según lo establecido en los artículos 1902 y siguientes del Código Civil, artículo 19 del Código Penal, y lo dispuesto en esta Ley”.

El Art. 1902 CC dispone lo siguiente: “El que por acción u omisión cause un daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. La Jurisprudencia (STS 18 de Marzo de 2002, 21 de Marzo de 2001) viene exigiendo tres requisitos para que prospere la acción de responsabilidad extracontractual:

1.  La producción de un daño efectivo y evaluable pecuniariamente.

2.  Una acción u omisión culposa o negligente.

3.     Un nexo causal entre dicho acto humano y el resultado dañino.

En el presente caso ha quedado probada la existencia de un daño en la parte lateral izquierda del vehículo furgoneta Citroën Jumper, matrícula xxxx-CVF y asegurado en Mapfre, propiedad de Doña Justina Cano Gómez, según se desprende de la documental obrante en autos.

En cuanto al segundo de los requisitos hay que señalar que el día 16 de Junio de 2.009, sobre las 10:50 horas, circulaba Don xxxxx con el vehículo furgoneta Citroën Jumper, matrícula xxxx-CVF, propiedad de Doña Justina Cano Gómez, por la carretera de Solán de Cabras, cuando de repente vió conculcada su preferencia de paso por el vehículo carretilla Hyster, matrícula xxxxxx y asegurado en Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros S.A., que se incorporaba a la vía desde una nave de las instalaciones de la mercantil “Solán de Cabras”, cuestión no debatida por las partes litigantes.

También se cumple en último lugar el tercero de los requisitos dado que el siniestro ocasionado y los daños en el vehículo propiedad de Doña xxxxxx que se han reseñado anteriormente se originaron por la conducción por parte del conductor del vehículo asegurado en la entidad aseguradora demandada sin la precaución y diligencia suficiente, observando que podía realizar la maniobra de incorporación a la vía atrás sin golpear en la parte lateral izquierda del vehículo de Doña Justina Cano Gómez.

TERCERO.- Respecto a la indemnización hay que señalar que ha quedado probada la existencia de unos daños en el lateral izquierdo del vehículo furgoneta Citroën Jumper, matrícula xxxxx-CVF, propiedad de Doña xxxxx, que ascienden a la cuantía de 2.597,11 euros tal como consta en la documental obrante en autos.

Así mismo hay que decir que el vehículo permaneció en el taller “Júcar Automoción S.A.” desde el día 3 de Agosto hasta el día 11 de Septiembre de 2.009 tal como consta en la documental obrante en autos y así ha quedado corroborado por la declaración del testigo Don xxxxxx, debiendo de indicarse además que la parte actora se dedica a repartir pan de manera que al tener el vehículo siniestrado necesitó alquilar un vehículo de sustitución con el fin de llevar a cabo dicha actividad, tal como ha quedado constatado por la documental obrante en autos y la declaración de los testigos practicada en el acto del plenario, cuyo coste ascendió al importe de 2.566,60 euros, cantidad que ha satisfecha en su integridad por la parte demandante incluido el IVA, por lo que el demandado deberá indemnizar al actor de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.1 LRCSCVM y 1.902 CC en la cantidad de 2.566,60 euros.

CUARTO.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.4 LCS se impone el pago a Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros S.A.del interés legal del dinero vigente a la fecha de esta sentencia, incrementado en un 50 por 100, que se considera  producido por días a contar desde el  día dieciséis de Junio de dos mil nueve.

QUINTO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 394.1 LEC dada la estimación íntegra de la demanda se imponen las costas causadas a la parte demandada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña Sonia Martorell Rodríguez, en nombre y representación de Doña xxxxxx, contra Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros S.A., condeno al demandado a pagar a Doña xxxxx la cantidad de 2.566,60 euros, más el pago del interés legal del dinero vigente a la fecha de esta sentencia, incrementado en un 50 por 100, que se considera  producido por días a contar desde el día dieciséis de Junio de dos mil nueve, con imposición de las costas causadas a la parte demandada.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido. Doy fe. 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Divorcio Mutuo Acuerdo 555/2010

20101215164818-acuerdo.jpg

SENTENCIA Nº 116

En Cuenca, a ocho de Noviembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido, los presentes autos civiles de Juicio Verbal de Divorcio de Mutuo Acuerdo seguidos con el número 555 del año 2.010 entre partes, como demandante Doña xxxx y Don xxxxx, representados por la Procuradora de los Tribunales Doña Susana Pérez Lanzar y asistidos por la Letrado Doña María Elena Iniesta Lozano, siendo parte el Ministerio Fiscal. Y teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

     PRIMERO.- Por la Procuradora indicada se formuló demanda de divorcio de mutuo acuerdo, en la representación que tienen conferida, indicando los hechos y fundamentos de derecho que estimo procedentes. Por Decreto de 20 de Octubre de 2.010 se admitió a trámite la referida demanda de divorcio de mutuo acuerdo, la cual se tramitará de acuerdo con el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

     SEGUNDO.-  Por la esposa se ratificó el convenio regulador presentado con la demanda, ratificándose por separado el esposo en el convenio regulador propuesto.

Evacuado el traslado correspondiente el Ministerio Fiscal interesa la aprobación del convenio regulador.

     TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

     PRIMERO.- Establece el artículo 86 del Código Civil que se declarará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno sólo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81del C. Civil.

Los cónyuges contrajeron matrimonio el día xx de xxxx de 1.985 en la ciudad de Madrid.

     SEGUNDO.- Tramitados los presentes autos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/00, es procedente la estimación de la demanda pues, por un lado se cumplen los requisitos de transcurso de tiempo y mutuo acuerdo previstos en el artículo 81 y 86 del C. Civil y, por otro lado los acuerdos de los cónyuges contenidos en el preceptivo convenio regulador, se consideran procedentes en todos sus extremos, aprobándose judicialmente el referido convenio regulador que queda incorporado en todos sus extremos a la presente resolución.

     TERCERO.- No procede hacer expresa imposición de las costas en el procedimiento, atendiendo a la naturaleza de la cuestión en litis.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación procede:

FALLO

     Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda de divorcio de mutuo acuerdo formulada por la Procuradora de los Tribunales Doña Susana Pérez Lanzar, en nombre y representación de Doña xxxxx y Don xxxxxx; y en consecuencia, acuerdo el divorcio de los cónyuges con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración de divorcio. Acuerdo la aprobación del convenio regulador aportado en todos sus extremos, obrante en autos y unido a la presente resolución.

     No se hace imposición de las costas causadas en este procedimiento.

Firme que sea esta resolución comuníquese al Encargado del Registro Civil competente para su anotación correspondiente en los Libros del Registro.

Notifíquese esta resolución a las partes interesadas. Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación, ante este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cuenca, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de su notificación.

     Así por esta mi resolución, la pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Cuenca y su Partido.- Doy fe.-

     PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Juicio Verbal 420/2010

20101215164532-colision-vehiculos.jpg

SENTENCIA nº114

En Cuenca, a ocho de Noviembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca los presentes autos de Juicio Verbal, seguidos en este Juzgado bajo el número 420 del año 2.010, a instancia de Don xxxxx, representado por el Procurador Don José Antonio Nuño Fernández y asistido por el Letrado Don David Ortega Fernández, contra Mapfre S.A., representado por la Procuradora Doña Rosa María Torrecilla López y asistido por el Letrado Don Francisco Javier Jouve Fernández de Ávila; y Don xxxxx, declarado en rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Procurador Don José Antonio Nuño Fernández, en nombre y representación de Don xxxxxx se presenta en fecha 26 de Febrero de 2.010 demanda de Juicio Verbal reclamando que se condene a los demandados a abonar conjunta y solidariamente a su mandante la cantidad de 2.339,01 euros, más intereses legales y costas del presente procedimiento.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda mediante Decreto dictado por este Juzgado en fecha de 11 de Julio de 2.010, dándose traslado de la demanda a los demandados y emplazándose a las partes para comparecer al acto del juicio.

TERCERO.- Celebrado el juicio la parte codemandada (Don xxxxx) fue declarada en rebeldía y la parte codemandada (Mapfre S.A.) se opuso a la demanda en cuanto al fondo. Practicada en el acto del juicio la prueba que se declaró pertinente y que consta en el acta del juicio, se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTO DE DERECHO

PRIMERO.- El actor ejercita al amparo de lo establecido en los artículos 1.902 y siguientes CC la acción de responsabilidad extracontractual en virtud de la cual reclama que se condene a los demandados a abonar conjunta y solidariamente a su mandante la cantidad de 2.339,01 euros como consecuencia de los daños originados por el accidente sucedido en fecha 10 de Julio de 2.009, más intereses legales y costas del presente procedimiento.

Por el contrario la parte codemandada Mapfre S.A se opone a la mecánica del accidente.

La parte codemandada Don xxxxxx fue declarada en rebeldía al no contestar a la demanda en legal forma.

SEGUNDO.- En el presente caso la cuestión controvertida gira entorno a la mecánica del accidente.

No obstante la declaración de rebeldía de la parte codemandada, le corresponde a la parte actora acreditar sus pretensiones dado que de la mera incomparecencia de la demandada no pueden prosperar las acciones ejercitadas por la parte actora (Art. 217.2 LEC).

   El artículo 1.1 LRCSCVM:” El conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción del mismo, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación”. En el párrafo 3º se dispone:” En el caso de daños en los bienes, el conductor responderá frente a terceros cuando resulte civilmente responsable según lo establecido en los artículos 1902 y siguientes del Código Civil, artículo 19 del Código Penal, y lo dispuesto en esta Ley”.

 El artículo 1902 CC dispone lo siguiente: “El que por acción u omisión cause un daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. La Jurisprudencia (STS 18 de Marzo de 2002, 21 de Marzo de 2001) viene exigiendo tres requisitos para que prospere la acción de responsabilidad extracontractual:

1.  La producción de un daño efectivo y evaluable pecuniariamente.

2.  Una acción u omisión culposa o negligente.

3.  Un nexo causal entre dicho acto humano y el resultado dañino.

En relación al primero de los requisitos hay que señalar que la parte actora sostiene que el día 10 de Julio de 2.010, sobre las 08:15 horas cuando la motocicleta Honda CBR, matrícula xxxx-DKR, conducida por Don xxxxxx por la calle Coronel xxxx de la ciudad de Cuenca ha sido colisionada por la motocicleta Honda CBR, matrícula xxxxx-FDP, conducida por Don xxxxx, el cual estaba saliendo marcha atrás desde el aparcamiento donde se encontraba estacionada la citada motocicleta, mientras que por el contrario la compañía aseguradora demandada sostiene que el siniestro no ocurrió como alega la parte contraria.

En este sentido hay que concluir que existe un daño en el lateral izquierdo, afectando al carenado de la parte izquierda, guardabarros delantero, disco de freno delantero izquierdo, semimanillar izquierdo y apoyapie delantero izquierdo que asciende al importe de 2.326,55 tal como consta en el informe pericial aportado a los presentes autos, que ha sido ratificado en el acto del plenario por el perito que elaboró el mismo.

En relación al segundo de los requisitos necesarios para que prospere la acción ejercitada por la actora hay que hacer constar que  de conformidad la prueba practicada en el acto del plenario, valorada en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, con especial relevancia del informe pericial aportado a los presentes autos que ha sido ratificado por el perito que elaboró el mismo en el acto del juicio, se desprende que la motocicleta Honda CBR, matrícula xxxx-DKR, tiene daños en la parte lateral izquierda, consistentes en arañazos horizontales en el sentido de la marcha, no presentando daños en el lateral derecho, debiendo de indicarse que el siniestro no se produce tal como sostiene la parte actora dado que si bien en el parte amistoso de accidentes se constata que la motocicleta Honda CBR, matrícula xxxxx-FDP estaba aparcada longitudinalmente y sale hacia la izquierda, existiendo una colisión del lado izquierdo de la citada motocicleta con el lateral derecho de la motocicleta del actor por el contrario el accidente no ocurre tal como consta en el croquis del parte amistoso de accidente puesto que en este supuesto la motocicleta del actor como consecuencia de la energía cinética del impacto de las dos motocicletas debería tener daños en el lateral derecho así como daños en el estribo y penal de freno derechos, no presentando además la motocicleta del codemandado algún daño por impacto o arañazo, teniendo que indicarse a mayor abundamiento que el accidente no se produce por colisión entre las ruedas de ambas motocicletas, tal como sostiene  el actor y el codemandado, ya que en el caso de que existiese un golpe entre la rueda delantera de la motocicleta del actor y la rueda trasera de la motocicleta del codemandado, la motocicleta del codemandado debería tener daños en el neumático trasero, circunstancia que no ocurre en el caso de autos tal como se desprende del informe pericial aportado a los presentes autos, por lo que no cabe sino concluir que los daños se producen como consecuencia de una caída en circulación.

El último de los requisitos tampoco ha quedado probado dado que los daños que presenta la motocicleta del actor no ha quedado acreditado que sean consecuencia del accidente objeto de autos y de un acto negligente por parte del codemandado.

     Por lo tanto no cumpliéndose los requisitos necesarios para que prospere la acción ejercitada por la parte actora no cabe sino desestimar íntegramente la demanda interpuesta por la parte actora.

TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el Art. 394.1 LEC dada la desestimación íntegra de la demanda se imponen las costas a la actora.

FALLO

Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador Don José Antonio Nuño Fernández, en nombre y representación de Don xxxxxx, contra Don xxxxxx y Mapfre S.A., con imposición de las costas causadas a la parte actora

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de los de Cuenca y su Partido. Doy fe.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Juicio Verbal especial sobre ICP 321/2010

20101215164204-incapacidades.jpg

SENTENCIA nº 113/10

En Cuenca, a cuatro de Noviembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca  los presentes autos de Juicio Verbal,  sobre incapacitación, seguidos en este Juzgado bajo el número 321 del año 2.010, a instancia del Ministerio Fiscal, contra Doña XXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Ministerio Fiscal, se interpuso demanda de incapacitación de Doña XXXXXX, interesando además que se le nombre tutor.

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 21 de Junio de 2.010, se admitió a trámite la demanda, acordando que se emplazara por término de veinte días a la parte demandada, para comparecer en autos y contestar a la demanda, designándose con carácter previo defensor judicial.

TERCERO.- Mediante Diligencia de Ordenación de fecha 16 de Julio de 2.010, se convoca a las partes al acto del juicio y disponiendo el exámen del presunto incapaz. Celebrado en juicio y practicadas las pruebas que se declararon pertinentes, y que constan en el acta del juicio, se declararon los autos conclusos para sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por el Ministerio Fiscal se interesa al amparo de lo establecido en el artículo 200 CC la declaración incapacitación de Doña XXXXXX, interesando además que se le nombre tutor a Doña  XXXXXX.

SEGUNDO.- El artículo 200 CC dispone lo siguiente:” Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma.”.

Según la STS de 31 de diciembre de 1991 establece que "Los procesos sobre incapacitación imponen un especial tratamiento y exigen una concentrada y directa atención de los juzgadores, ya que el objeto de los mismos no son las cosas ni las controversias derivadas de las relaciones jurídicas, sino la persona misma y mediante dichos trámites procesales se declara si se les reconoce o priva de la capacidad jurídica de obrar, que es aptitud innata para ser sujeto de derechos y obligaciones, determinada por el nacimiento (art. 29 del Código Civil) e inherente a la condición de ciudadanos que desarrollan su actividad vital en una comunidad organizada, por ser consustancial a su dignidad y proyectar el ejercicio y libre desarrollo de cada personalidad, conforme al art. 10 de la Constitución.

La incapacitación supone la decisión judicial de carecer de aptitud para autogobernarse el afectado, si bien con los límites y extensiones que autoriza el art. 210 del Código Civil (hoy artículo 763 LEC), dándose equivalencia a muerte jurídico-civil; de ahí que la normativa que la regula (Título IX-Libro I del Código Civil), prevé las máximas garantías e instrumentos necesarios que se deben adoptar a fin de lograr la mayor aproximación a la verdad material para cerciorar la convicción de los juzgadores.”.

Como señala la STS de 19 de febrero de 1996, "la capacidad de las personas físicas es atributo de la personalidad, no obstante cabe su restricción y control, por disposición expresa de la ley, mediante las que han sido llamadas circunstancias modificativas de la capacidad, al presumirse siempre la capacidad mental, mientras no quede demostrado lo contrario, por los medios procesales legales arbitrados, observancia de las garantías constitucionales, y con base a pruebas concluyentes y rotundas en contrario, que conforman probanzas directas, dada la trascendencia de la resolución en cuanto priva a una persona de su libertad de disposición subjetiva o patrimonial".

En términos generales hay que referir las deficiencias a aquellos estados en los que se da un impedimento físico, mental o psíquico, permanente, y a veces progresivo, que merma la personalidad, la deteriora y amortigua, con efectos en la capacidad volitiva y de decisión, incidiendo en su conducta al manifestarse como inhabilitante para el ejercicio de los derechos civiles y demás consecuentes, constituyendo las enfermedades mentales, como muestra la praxis civil, las causas que de forma mas peculiar modifican la capacidad de ejercicio de los derechos, pues los que se encuentran en este estado están incapacitados para la realización de la casi totalidad de los actos jurídicos. Lo esencial no es padecer una determinada forma de enfermedad mental, sino sufrir una perturbación que sea origen de un "estado mental" propio con repercusiones jurídicas, caracterizándose por los siguientes elementos: 1) existencia de un trastorno mental, cuya naturaleza y profundidad sean suficientes para justificar dichas repercusiones (criterio psicológico); 2) permanencia o habitualidad del mismo (criterio cronológico); y 3) que como consecuencia de dicho trastorno, resulte el enfermo incapaz de proveer a sus propios intereses, o dicho con palabras del Código, que le impida gobernarse por si mismo (criterio jurídico), si bien tal expresión, en principio ambigua y desorientadora, por su excesiva radicalidad, no debe interpretarse en sentido absoluto, pues bastará que la enfermedad o deficiencia de que se trate impliquen una restricción sustancial o grave de autogobierno de la persona a que respectivamente afecten, pues como indica la STS de 31 de octubre de 1994, no puede exigirse un estado deficitario del afectado mucho mas profundo o grave del que resulta de la propia literalidad del precepto mencionado.

Aplicando tal doctrina al caso de autos procede indicar que de las pruebas practicadas, con especial relevancia de la exploración de Doña XXXXXX y el informe médico forense unido a los presentes autos, se llega a la convicción de que es necesaria la incapacitación de Doña XXXXX, toda vez que la misma es una persona de edad avanzada que tiene 79 años, padece una demencia de origen vascular que cursa con marcado deterioro cognitivo, de carácter crónica e irreversible, que le incapacitan de forma total y absoluta tanto para el cuidado de sí misma como para el de sus propios intereses, necesitando la ayuda de terceros para mantener un correcto gobierno de su persona y de sus intereses, por lo que declaro la incapacitación total y absoluta de Doña XXXXXX, tanto para el cuidado de sí misma como para el de sus propios intereses, quedando inhabilitada entre otros actos y negocios jurídicos para contratar, testar y votar, debiendo someterse a régimen de tutela.

TERCERO.- El artículo 234 del Código Civil establece que:” Para el nombramiento de tutor se preferirá:

1º Al designado por el propio tutelado, conforme al párrafo segundo del artículo 223.

2º Al cónyuge que conviva con el tutelado.

3º A los padres.

4º A la persona o personas designadas por éstos en sus disposiciones de última voluntad.

5º Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el juez.

Excepcionalmente, el Juez, en resolución motivada, podrá alterar el orden del párrafo anterior o prescindir de todas las personas en él mencionadas, si el beneficio del menor o del incapacitado así lo exigiere.”.

En el presente caso, habiendo sido declarada la incapacitación de Doña XXXXX en virtud de la presente resolución y siendo beneficioso para la incapaz el nombramiento de su hija como tutora de la misma, procede designar como tutora de Doña XXX a Doña  XXXXXX al no concurrir en su persona ninguna de las causas de inhabilidad previstas en los artículos 243 y siguientes del Código Civil.    

CUARTO.- Por la especial naturaleza del procedimiento, no procede hacer expreso pronunciamiento sobre costas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

ACUERDO la incapacitación total y absoluta de Doña XXXXX, tanto para el cuidado de sí misma como para el de sus propios intereses, quedando inhabilitada entre otros actos y negocios jurídicos para contratar, testar y votar.

ACUERDO designar como tutora de Doña XXXX a Doña XXXXX.

Líbrese testimonio de esta resolución al Registro Civil donde consta la inscripción del nacimiento del incapaz, y a la Junta Electoral Central.

Remítase testimonio de esta resolución al Encargado del Registro Civil para que se inscriba la designación del cargo de tutor.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Así lo acuerda, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido, de lo que doy fe.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Juicio Verbal especial de ICP 269/2010

20101109222111-incapacidades.jpg

SENTENCIA nº 112

En Cuenca, a cuatro de Noviembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca  los presentes autos de Juicio Verbal,  sobre incapacitación, seguidos en este Juzgado bajo el número 269 del año 2.010, a instancia del Ministerio Fiscal, contra Don xxxxx.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Ministerio Fiscal, se interpuso demanda de incapacitación de Don xxxxx, interesando además que se le nombre tutor.

SEGUNDO.- Por Auto de fecha 23 de Abril de 2.010, se admitió a trámite la demanda, acordando que se emplazara por término de veinte días a la parte demandada, para comparecer en autos y contestar a la demanda, designándose con carácter previo defensor judicial.

TERCERO.- Mediante Providencia de fecha 10 de Junio de 2.010, se convoca a las partes al acto del juicio y disponiendo el exámen del presunto incapaz. Celebrado en juicio y practicadas las pruebas que se declararon pertinentes, y que constan en el acta del juicio, se declararon los autos conclusos para sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por el Ministerio Fiscal se interesa al amparo de lo establecido en el artículo 200 CC la declaración incapacitación de Don Esteban Moreno López, interesando además que se le rehabilite la patria potestad.

SEGUNDO.- El artículo 200 CC dispone lo siguiente:” Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma.”.

Según la STS de 31 de diciembre de 1991 establece que "Los procesos sobre incapacitación imponen un especial tratamiento y exigen una concentrada y directa atención de los juzgadores, ya que el objeto de los mismos no son las cosas ni las controversias derivadas de las relaciones jurídicas, sino la persona misma y mediante dichos trámites procesales se declara si se les reconoce o priva de la capacidad jurídica de obrar, que es aptitud innata para ser sujeto de derechos y obligaciones, determinada por el nacimiento (art. 29 del Código Civil) e inherente a la condición de ciudadanos que desarrollan su actividad vital en una comunidad organizada, por ser consustancial a su dignidad y proyectar el ejercicio y libre desarrollo de cada personalidad, conforme al art. 10 de la Constitución.

La incapacitación supone la decisión judicial de carecer de aptitud para autogobernarse el afectado, si bien con los límites y extensiones que autoriza el art. 210 del Código Civil (hoy artículo 763 LEC), dándose equivalencia a muerte jurídico-civil; de ahí que la normativa que la regula (Título IX-Libro I del Código Civil), prevé las máximas garantías e instrumentos necesarios que se deben adoptar a fin de lograr la mayor aproximación a la verdad material para cerciorar la convicción de los juzgadores.”.

Como señala la STS de 19 de febrero de 1996, "la capacidad de las personas físicas es atributo de la personalidad, no obstante cabe su restricción y control, por disposición expresa de la ley, mediante las que han sido llamadas circunstancias modificativas de la capacidad, al presumirse siempre la capacidad mental, mientras no quede demostrado lo contrario, por los medios procesales legales arbitrados, observancia de las garantías constitucionales, y con base a pruebas concluyentes y rotundas en contrario, que conforman probanzas directas, dada la trascendencia de la resolución en cuanto priva a una persona de su libertad de disposición subjetiva o patrimonial".

En términos generales hay que referir las deficiencias a aquellos estados en los que se da un impedimento físico, mental o psíquico, permanente, y a veces progresivo, que merma la personalidad, la deteriora y amortigua, con efectos en la capacidad volitiva y de decisión, incidiendo en su conducta al manifestarse como inhabilitante para el ejercicio de los derechos civiles y demás consecuentes, constituyendo las enfermedades mentales, como muestra la praxis civil, las causas que de forma mas peculiar modifican la capacidad de ejercicio de los derechos, pues los que se encuentran en este estado están incapacitados para la realización de la casi totalidad de los actos jurídicos. Lo esencial no es padecer una determinada forma de enfermedad mental, sino sufrir una perturbación que sea origen de un "estado mental" propio con repercusiones jurídicas, caracterizándose por los siguientes elementos: 1) existencia de un trastorno mental, cuya naturaleza y profundidad sean suficientes para justificar dichas repercusiones (criterio psicológico); 2) permanencia o habitualidad del mismo (criterio cronológico); y 3) que como consecuencia de dicho trastorno, resulte el enfermo incapaz de proveer a sus propios intereses, o dicho con palabras del Código, que le impida gobernarse por si mismo (criterio jurídico), si bien tal expresión, en principio ambigua y desorientadora, por su excesiva radicalidad, no debe interpretarse en sentido absoluto, pues bastará que la enfermedad o deficiencia de que se trate impliquen una restricción sustancial o grave de autogobierno de la persona a que respectivamente afecten, pues como indica la STS de 31 de octubre de 1994, no puede exigirse un estado deficitario del afectado mucho mas profundo o grave del que resulta de la propia literalidad del precepto mencionado.

Aplicando tal doctrina al caso de autos procede indicar que de las pruebas practicadas, con especial relevancia de la exploración de Don XXXXXX y el informe médico forense unido a los presentes autos, se llega a la convicción de que es necesaria la incapacitación de Don XXXXXX, toda vez que el mismo a pesar de ser una persona joven que tiene 18 años, padece un retraso mental asociado a alteraciones conductuales, de carácter crónico e irreversible, que le incapacitan de forma total y absoluta tanto para el cuidado de sí mismo como para el de sus propios intereses, necesitando la ayuda de terceros para mantener un correcto gobierno de su persona y de sus intereses, por lo que declaro la incapacitación total y absoluta de Don XXXXXX, tanto para el cuidado de sí mismo como para el de sus propios intereses, quedando inhabilitado entre otros actos y negocios jurídicos para contratar, testar y votar.

TERCERO.- El artículo 171 del Código Civil establece que:” La patria potestad sobre los hijos que hubieren sido incapacitados quedará prorrogada, por ministerio de la ley, al llegar aquéllos a la mayor edad. Si el hijo mayor de edad soltero que viviere en compañía de sus padres o de cualquiera de ellos fuere incapacitado se rehabilitará la patria potestad, que será ejercida por quien correspondiere si el hijo fuera menor de edad. La patria potestad prorrogada en cualquiera de estas dos formas se ejercerá con sujeción a lo especialmente dispuesto en la resolución de incapacitación y, subsidiariamente, en las reglas del presente Título.

La patria potestad prorrogada terminará:

1º Por la muerte o declaración de fallecimiento de ambos padres o del hijo.

2º Por la adopción del hijo.

3º Por haberse declarado la cesación de la incapacidad.

4º Por haber contraído matrimonio el incapacitado.

Si al cesar la patria potestad prorrogada subsistiere el estado de incapacitación, se constituirá la tutela o curatela, según proceda”.

En el presente caso, teniendo en cuenta los antecedentes y la prueba practicada en el acto del plenario, valorada en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, habiendo sido declarada la incapacidad de Don XXXXXX en virtud de la presente resolución y que el incapaz es mayor de edad, soltera además de residir en el domicilio familiar con sus padres, procede acordar la rehabilitación de la patria potestad que será ejercida por sus padres Don XXXX y Doña XXXXXX.    

CUARTO.- Por la especial naturaleza del procedimiento, no procede hacer expreso pronunciamiento sobre costas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

ACUERDO la incapacitación total y absoluta de Don XXXXX, tanto para el cuidado de sí mismo como para el de sus propios intereses, quedando inhabilitado entre otros actos y negocios jurídicos para contratar, testar y votar.

ACUERDO la rehabilitación de la patria potestad que será ejercida por sus padres Don XXXXX y Doña XXXXX.  

Líbrese testimonio de esta resolución al Registro Civil donde consta la inscripción del nacimiento del incapaz, y a la Junta Electoral Central.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Así lo acuerda, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido, de lo que doy fe.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Juicio Verbal de Desahucio y reclamación de cantidad 467/2010

20101109221900-inmuebles.jpg

SENTENCIA Nº 111

En Cuenca, a tres de Noviembre de dos mil cinco.

 

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca los presentes autos de Juicio Verbal seguidos en este Juzgado bajo el número 467 del año 2.010, a instancia de Don xxxx, representado por la Procuradora Doña María José Martínez Herráiz y asistido por la Letrado Doña Leticia Benedicto Crespo, contra Doña xxxxx, representada por la Procuradora Doña Mercedes Carrasco Parrilla y asistida por la Letrado Doña Pilar Fernández Garrido.

ANTECEDENTES   DE    HECHO

 

PRIMERO.- Por la Procuradora Doña María José Martínez Herráiz, en nombre y representación de Don xxxxx, se presenta demanda de Juicio Verbal en virtud de la cual reclama que se declare resuelto el contrato de arrendamiento suscrito el día 1 de Marzo de 2.010 por impago de rentas sobre la finca urbana descrita en el hecho primero de la demanda, se condene a la demandada a dejar libre y expedita la mencionada finca a disposición del actor, bajo apercibimiento de lanzamiento si no lo efectuara en el plazo legal, se condena a la demandada al pago de la cantidad debida que asciende a 2.421,50 euros, cantidad que devengará el interés legal desde la fecha de la presente reclamación, y se condene al demandado al pago de las rentas pactadas en el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes y de las cantidades que se deriven del consumo de suministros, si resultaren impagadas hasta que el demandado ponga a disposición de la actora la finca arrendada o sea lanzado judicialmente si fuera preciso instar la ejecución de la sentencia, con imposición de costas a la parte contraria.

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 10 de Septiembre de 2.010 se admite a trámite la demanda, dándose traslado a la parte demandada de copia de la misma así como de los documentos a ella acompañados emplazando a las partes para que comparezcan a la celebración de la vista.

TERCERO.- La parte demandada se allanó a las pretensiones del actor en el acto de la vista.

FUNDAMENTOS   DE   DERECHO

PRIMERO.- El Artículo 21.1 LEC dispone lo siguiente:” Cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste, pero si el allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero, se dictará auto rechazándolo y seguirá el proceso adelante”.

En el presente proceso, habiéndose formulado allanamiento por parte de la parte demandada a las pretensiones de la parte actora y al no haberse realizado el mismo en fraude de ley o ser contrario al interés general además de no perjudicar a terceras personas, procede estimar la demanda interpuesta por la parte actora teniendo por allanada a la parte demandada y en consecuencia acuerdo declarar resuelto el contrato de arrendamiento suscrito el día 1 de Marzo de 2.010 por impago de rentas sobre la finca urbana descrita en el hecho primero de la demanda; condenar a la demandada a dejar libre y expedita la mencionada finca a disposición del actor, bajo apercibimiento de lanzamiento si no lo efectuara en el plazo legal, se condena a la demandada al pago de la cantidad debida que asciende a la cuantía de 2.421,50 euros, cantidad que devengará el interés legal desde la fecha de la presente reclamación, y se condene al demandado al pago de las rentas pactadas en el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes y de las cantidades que se deriven del consumo de suministros, si resultaren impagadas hasta que el demandado ponga a disposición de la actora la finca arrendada o sea lanzado judicialmente si fuera preciso instar la ejecución de la sentencia.

SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 395.2 LEC, al existir mala fe por parte del demandado dado que consta documentalmente en los presentes autos los requerimientos previos fehacientes y justificados de pago que se han efectuado por parte del actor al demandado (documento nº 7 acompañado con la demanda), procede imponer el pago de las costas causadas en el presente proceso a la parte demandada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

 

Teniendo por allnaado a Doña xxxxx a las pretensiones deducidas por parte de Don xxxxx y estimando íntegramente la demanda interpuesta por la representación procesal de Don xxxx contra Doña xxxxxx, condeno al demandado a los siguientes pronunciamientos:

1.- Declarar resuelto el contrato de arrendamiento suscrito el día 1 de Marzo de 2.010 por impago de rentas sobre la finca urbana descrita en el hecho primero de la demanda.

2.- Condenar a la demandada a dejar libre y expedita la mencionada finca a disposición del actor, bajo apercibimiento de lanzamiento si no lo efectuara en el plazo legal.

3.- Condenar a la demandada al pago de la cantidad debida que asciende a la cantidad de 2.421,50 euros, cantidad que devengará el interés legal desde la fecha de la presente reclamación.

4.- Condenar al demandado al pago de las rentas pactadas en el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes y de las cantidades que se deriven del consumo de suministros, si resultaren impagadas hasta que el demandado ponga a disposición de la actora la finca arrendada o sea lanzado judicialmente si fuera preciso instar la ejecución de la sentencia

5.- Pagar las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca y su Partido. Doy fe. 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Divorcio Contencioso 325/2010

20101109221544-divorcio-contencioso.jpg

SENTENCIA nº 110/2010

En Cuenca, a tres de Noviembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de los de CUENCA, los presentes autos de Juicio Verbal de Divorcio Contencioso seguidos con el número 325 del año 2.010 a instancia de Doña XXXXX, representada por la Procuradora Doña María Ángeles Hernández Martínez y asistida por la Letrado Doña Yolanda García Page, contra Don XXXXXX, declarado en rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora Doña María Ángeles Hernández Martínez, en nombre y representación de Doña xxxxxx, se presenta demanda de Divorcio frente a Don xxxxx solicitando que se declare el divorcio entre los cónyuges y se acordaran medidas definitivas.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda mediante Decreto dictado por este Juzgado en fecha de 2 de Junio de 2.010, se dio traslado de la demanda a la parte demandada para que contestase a la demanda en el plazo de veinte días.

TERCERO.- Por medio de Diligencia de Ordenación de fecha 1 de Septiembre de 2.010 se declara en rebeldía a la parte demandada dada su incomparecencia al presente proceso contestando a la demanda dentro del plazo procesal, emplazando a las partes a la celebración del acto del juicio. Celebrado el Juicio y practicada en el acto del juicio la prueba que se declaró pertinente y que consta en el acta del juicio, se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte actora solicita que se declare el divorcio entre los cónyuges y se adoptasen medidas definitivas al amparo de lo establecido en el artículo 86 CC.

La parte demandada fue declarada en rebeldía al no contestar a la demanda en legal forma.

No obstante la declaración de rebeldía de la parte demandada, le corresponde a la parte actora acreditar sus pretensiones dado que de la mera incomparecencia de la demandada no pueden prosperar las acciones ejercitadas por la parte actora (Art. 217.2 LEC).

SEGUNDO.- Establece el artículo 86 del Código Civil que se declarará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno sólo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81del C. Civil.

Los cónyuges contrajeron matrimonio el día x de xxxxx de 2.002 en la ciudad de Cuenca.

Por todo ello, y cumpliéndose los requisitos establecidos en los artículos anteriormente citados procede declarar la disolución por el divorcio del matrimonio celebrado entre Doña xxxx y Don xxxx  en fecha x de xxxx de 2.002.

TERCERO.- Conforme al artículo 91 del CC, toda Sentencia de divorcio determinará las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas en procedimientos anteriores, regulando las consecuencias de la disolución del matrimonio. En el presente caso, valorada en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica la documental obrante en los presentes autos y la prueba practicada en el acto del plenario, procede acordar con carácter definitivo las siguientes medidas:

1.- Por Ministerio de la Ley, los cónyuges podrán vivir separados, así como el cese de la presunción de la convivencia conyugal y la revocación de los consentimientos y poderes que cualquiera de ellos haya otorgado al otro; asimismo, y salvo pacto en contrario, el cese de la posibilidad de vincular bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.

2.- La esposa residirá en el domicilio conyugal sito en Cuenca, en la calle xxxxx nº 9, 2º A.

En cuanto a la solicitud de que se establezca como medida definitiva el lugar de residencia del esposo, la SAP de Sevilla de 10 de Enero de 2010 establece que:”el único uso de vivienda sobre el que puede resolverse en un procedimiento matrimonial conforme al artículo 96 del Código Civil es el relativo a la que fuere vivienda familiar en el momento en que se produce la ruptura matrimonial”. En este sentido, no procede acoger dicha solicitud puesto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 CC sólo pueden ser objeto de pronunciamiento las medidas en relación al domicilio familiar no constando en los presentes autos que el domicilio donde se pretende establecer la residencia del esposo sea domicilio familiar.

Respecto de la medida solicitada de que la propiedad de la vivienda sita en la calle xxxx nº 9, 2º A sea adjudicada a la esposa, cuya valoración asciende al importe de 200.000 euros y se establezca que la esposa debe pagar la hipoteca con la entidad Caja de Mediterráneo que pesa sobre la misma que asciende a la cantidad de 238.000 euros, procede indicar que en este momento procesal no procede acoger lo interesado por la parte actora debiendo de resolverse esta cuestión en el correspondiente procedimiento de liquidación de la sociedad de gananciales.

CUARTO.- Conforme al artículo 89 del Código Civil, la disolución del matrimonio por Divorcio solo podrá tener lugar por Sentencia que así lo declare y producirá efectos a partir de su firmeza, produciéndose respecto de los bienes del matrimonio, de conformidad con el artículo 95 del Código Civil, la disolución del régimen económico matrimonial y estableciéndose en el artículo 1392.1º del Código Civil que la disolución de la sociedad de gananciales concluirá de pleno derecho cuando se disuelva el matrimonio.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos anteriormente citados en el caso de autos procede acordar la disolución legal de la sociedad de gananciales existente entre los cónyuges.

QUINTO.- Dada la naturaleza del proceso seguido, y de conformidad con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procede expreso pronunciamiento sobre las costas.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña María Ángeles Hernández Martínez, en nombre y representación de Doña xxxxx frente a Don xxxxx, debo declarar y declaro el divorcio postulado, y en su consecuencia, disuelto con todos sus efectos legales el matrimonio contraído por aquéllos el día x de xxxx de 2.002, acordándose como medidas definitivas:

1.- Por Ministerio de la Ley, los cónyuges podrán vivir separados, así como el cese de la presunción de la convivencia conyugal y la revocación de los consentimientos y poderes que cualquiera de ellos haya otorgado al otro; asimismo, y salvo pacto en contrario, el cese de la posibilidad de vincular bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.

La esposa residirá en el domicilio conyugal sito en Cuenca, en la calle xxxxx nº 9, 2º A.

Acuerdo la disolución de la sociedad legal de gananciales existente entre Doña xxxx y Don xxxxx.

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento en cuanto a las costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que frente a la misma cabe interponer Recurso de Apelación para la ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cuenca, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de su notificación.

     Una vez firme esta resolución, comuníquese de oficio para su anotación, al margen de las correspondientes inscripciones, al Registro Civil en que consta inscrito el matrimonio de los cónyuges.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

 

     PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Divorcio Mutuo Acuerdo 521/2010

20101109221218-acuerdo.jpg

SENTENCIA nº 109/10

En Cuenca, a dos de Noviembre  de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido, los presentes autos civiles de Juicio Verbal de Divorcio de Mutuo Acuerdo seguidos con el número 521 del año 2.010 entre partes, como demandante Doña xxxxx y Don xxxxx, representados por el Procurador de los Tribunales Don José Vicente Marcilla López y asistidos por el Letrado Don José Ramón Lacort Cabrera. Y teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

            PRIMERO.- Por la Procuradora indicada se formuló demanda de divorcio de mutuo acuerdo, en la representación que tienen conferida, indicando los hechos y fundamentos de derecho que estimo procedentes. Por Decreto de 16 de Septiembre de 2.010 se admitió a trámite la referida demanda de divorcio de mutuo acuerdo, la cual se tramitará de acuerdo con el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

            SEGUNDO.- Por la esposa se ratificó el convenio regulador presentado con la demanda, ratificándose por separado el esposo en el convenio regulador propuesto.

            TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

            PRIMERO.- Establece el artículo 86 del Código Civil que se declarará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno sólo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81del C. Civil.

Los cónyuges contrajeron matrimonio el día xx de xxxx de 2.000 en la ciudad de Pinar del Río (Cuba).

            SEGUNDO.- Tramitados los presentes autos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/00, es procedente la estimación de la demanda pues, por un lado se cumplen los requisitos de transcurso de tiempo y mutuo acuerdo previstos en el artículo 81 y 86 del C. Civil y, por otro lado los acuerdos de los cónyuges contenidos en el preceptivo convenio regulador, se consideran procedentes en todos sus extremos, aprobándose judicialmente el referido convenio regulador que queda incorporado en todos sus extremos a la presente resolución.

            TERCERO.- No procede hacer expresa imposición de las costas en el procedimiento, atendiendo a la naturaleza de la cuestión en litis.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación procede:

FALLO

            Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda de divorcio de mutuo acuerdo formulada por el Procurador de los Tribunales Don José Vicente Marcilla López, en nombre y representación de Doña XXXX y Don XXXXXX; y en consecuencia, acuerdo el divorcio de los cónyuges con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración de divorcio. Acuerdo la aprobación del convenio regulador aportado en todos sus extremos, obrante en autos y unido a la presente resolución.

            No se hace imposición de las costas causadas en este procedimiento.

Firme que sea esta resolución comuníquese al Encargado del Registro Civil competente para su anotación correspondiente en los Libros del Registro.

Notifíquese esta resolución a las partes interesadas. Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación, ante este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cuenca, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de su notificación.

            Así por esta mi resolución, la pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Cuenca y su Partido.- Doy fe.-

            PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Juicio Verbal especial de Incapacidad 306/2010

20101109220855-incapacidades.jpg

SENTENCIA nº 108/2010

En Cuenca, a dos de Noviembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca  los presentes autos de Juicio Verbal,  sobre incapacitación, seguidos en este Juzgado bajo el número 306 del año 2.010, a instancia de Don xxxxx, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña María José Herráiz Sáiz y asistido por el Letrado Don José L. Navarro Solera, contra Doña xxxxx y el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora de los Tribunales Doña María José Herráiz Sáiz, en nombre y representación de Don xxxxx, se interpuso demanda de incapacitación de Doña xxxxx, además de que se nombre como tutor a su hijo Don xxxxx.

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 24 de Mayo de 2.010, se admitió a trámite la demanda, acordando que se emplazara por término de veinte días a la parte demandada, para comparecer en autos y contestar a la demanda, designándose con carácter previo defensor judicial. 

TERCERO.- Mediante Decreto de 1 de Septiembre de 2.010, se convocó a las partes al acto del juicio y disponiendo el exámen del presunto incapaz. Celebrado el juicio y practicadas las pruebas que se declararon pertinentes, y que constan en el acta del juicio, se declararon los autos conclusos para sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la representación procesal de Don xxxxx se interesa al amparo de lo establecido en el artículo 200 CC la declaración incapacitación de Doña xxxxx, además de que se le nombre tutor a Don xxxxxx.

El Ministerio Fiscal interesa que se dicte sentencia estimatoria de la demanda.

SEGUNDO.- El artículo 200 CC dispone lo siguiente:” Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma.”.

Según la STS de 31 de diciembre de 1991 establece que "Los procesos sobre incapacitación imponen un especial tratamiento y exigen una concentrada y directa atención de los juzgadores, ya que el objeto de los mismos no son las cosas ni las controversias derivadas de las relaciones jurídicas, sino la persona misma y mediante dichos trámites procesales se declara si se les reconoce o priva de la capacidad jurídica de obrar, que es aptitud innata para ser sujeto de derechos y obligaciones, determinada por el nacimiento (art. 29 del Código Civil) e inherente a la condición de ciudadanos que desarrollan su actividad vital en una comunidad organizada, por ser consustancial a su dignidad y proyectar el ejercicio y libre desarrollo de cada personalidad, conforme al art. 10 de la Constitución.

La incapacitación supone la decisión judicial de carecer de aptitud para autogobernarse el afectado, si bien con los límites y extensiones que autoriza el art. 210 del Código Civil (hoy artículo 763 LEC), dándose equivalencia a muerte jurídico-civil; de ahí que la normativa que la regula (Título IX-Libro I del Código Civil), prevé las máximas garantías e instrumentos necesarios que se deben adoptar a fin de lograr la mayor aproximación a la verdad material para cerciorar la convicción de los juzgadores.”.

Como señala la STS de 19 de febrero de 1996, "la capacidad de las personas físicas es atributo de la personalidad, no obstante cabe su restricción y control, por disposición expresa de la ley, mediante las que han sido llamadas circunstancias modificativas de la capacidad, al presumirse siempre la capacidad mental, mientras no quede demostrado lo contrario, por los medios procesales legales arbitrados, observancia de las garantías constitucionales, y con base a pruebas concluyentes y rotundas en contrario, que conforman probanzas directas, dada la trascendencia de la resolución en cuanto priva a una persona de su libertad de disposición subjetiva o patrimonial".

En términos generales, hay que referir las deficiencias a aquellos estados en los que se da un impedimento físico, mental o psíquico, permanente, y a veces progresivo, que merma la personalidad, la deteriora y amortigua, con efectos en la capacidad volitiva y de decisión, incidiendo en su conducta al manifestarse como inhabilitante para el ejercicio de los derechos civiles y demás consecuentes, constituyendo las enfermedades mentales, como muestra la praxis civil, las causas que de forma mas peculiar modifican la capacidad de ejercicio de los derechos, pues los que se encuentran en este estado están incapacitados para la realización de la casi totalidad de los actos jurídicos. Lo esencial no es padecer una determinada forma de enfermedad mental, sino sufrir una perturbación que sea origen de un "estado mental" propio con repercusiones jurídicas, caracterizándose por los siguientes elementos: 1) existencia de un trastorno mental, cuya naturaleza y profundidad sean suficientes para justificar dichas repercusiones (criterio psicológico); 2) permanencia o habitualidad del mismo (criterio cronológico); y 3) que como consecuencia de dicho trastorno, resulte el enfermo incapaz de proveer a sus propios intereses, o dicho con palabras del Código, que le impida gobernarse por si mismo (criterio jurídico), si bien tal expresión, en principio ambigua y desorientadora, por su excesiva radicalidad, no debe interpretarse en sentido absoluto, pues bastará que la enfermedad o deficiencia de que se trate impliquen una restricción sustancial o grave de autogobierno de la persona a que respectivamente afecten, pues como indica la STS de 31 de octubre de 1994, no puede exigirse un estado deficitario del afectado mucho mas profundo o grave del que resulta de la propia literalidad del precepto mencionado.

Aplicando tal doctrina al caso de autos procede indicar que de las pruebas practicadas, con especial relevancia de la exploración de Doña xxxxxx y el informe médico forense unido a los presentes autos, se llega a la convicción de que es necesaria la incapacitación de Doña xxx, toda vez que la misma es una persona de edad avanzada que tiene 82 años, padece una demencia de tipo alzheimer asociada a patología vascular cerebral con deterioro cognitivo severo, crónico e irreversible, que le incapacitan de forma total y absoluta tanto para el cuidado de sí misma como para el de sus propios intereses, por lo que declaro la incapacitación total y absoluta de Doña xxxx, tanto para el cuidado de sí misma como para el de sus propios intereses, quedando inhabilitada entre otros actos y negocios jurídicos para contratar, testar y votar, debiendo someterse a régimen de tutela.

 

TERCERO.- El artículo 234 del Código Civil establece que:” Para el nombramiento de tutor se preferirá:

1º Al designado por el propio tutelado, conforme al párrafo segundo del artículo 223.

2º Al cónyuge que conviva con el tutelado.

3º A los padres.

4º A la persona o personas designadas por éstos en sus disposiciones de última voluntad.

5º Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el juez.

Excepcionalmente, el Juez, en resolución motivada, podrá alterar el orden del párrafo anterior o prescindir de todas las personas en él mencionadas, si el beneficio del menor o del incapacitado así lo exigiere.”.

En el presente caso, habiendo sido declarada la incapacitación de Doña xxxxxx en virtud de la presente resolución y siendo beneficioso para la incapaz el nombramiento de su hijo como tutor de la misma, procede designar como tutor de Doña xxxxx a Don xxxxxx al no concurrir en su persona ninguna de las causas de inhabilidad previstas en los artículos 243 y siguientes del Código Civil.    

CUARTO.- Por la especial naturaleza del procedimiento, no procede hacer expreso pronunciamiento sobre costas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

ACUERDO la incapacitación total y absoluta de Doña xxxxx, tanto para el cuidado de sí misma como para el de sus propios intereses, quedando inhabilitada entre otros actos y negocios jurídicos para contratar, testar y votar.

ACUERDO designar como tutor de Doña xxxx a Don xxxxx.

Líbrese testimonio de esta resolución al Registro Civil donde consta la inscripción del nacimiento del incapaz, y a la Junta Electoral Central.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Así lo acuerda, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado- Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido, de lo que doy fe.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Divorcio Mutuo Acuerdo 465/2010

20101109220504-acuerdo.jpg

SENTENCIA nº 107

En Cuenca, a dos de Noviembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido, los presentes autos civiles de Juicio Verbal de Divorcio de Mutuo Acuerdo seguidos con el número 465 del año 2.010 entre partes, como demandante Doña xxxxx y Don xxxxxx, representados por la Procuradora de los Tribunales Doña Yolanda Araque Cuesta y asistidos por el Letrado Don Andrés Ruiz Cubero. Y teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

     PRIMERO.- Por la Procuradora indicada se formuló demanda de divorcio de mutuo acuerdo, en la representación que tienen conferida, indicando los hechos y fundamentos de derecho que estimo procedentes. Por Decreto de 16 de Septiembre de 2.010 se admitió a trámite la referida demanda de divorcio de mutuo acuerdo, la cual se tramitará de acuerdo con el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

     SEGUNDO.- Por la esposa se ratificó el convenio regulador presentado con la demanda, ratificándose por separado el esposo en el convenio regulador propuesto.

     TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

     PRIMERO.- Establece el artículo 86 del Código Civil que se declarará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno sólo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81del C. Civil.

Los cónyuges contrajeron matrimonio el día xx de xxxx de 1.991 en la ciudad de Madrid.

     SEGUNDO.- Tramitados los presentes autos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/00, es procedente la estimación de la demanda pues, por un lado se cumplen los requisitos de transcurso de tiempo y mutuo acuerdo previstos en el artículo 81 y 86 del C. Civil y, por otro lado los acuerdos de los cónyuges contenidos en el preceptivo convenio regulador, se consideran procedentes en todos sus extremos, aprobándose judicialmente el referido convenio regulador que queda incorporado en todos sus extremos a la presente resolución.

     TERCERO.- No procede hacer expresa imposición de las costas en el procedimiento, atendiendo a la naturaleza de la cuestión en litis.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación procede:

FALLO

     Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda de divorcio de mutuo acuerdo formulada por la Procuradora de los Tribunales Doña Yolanda Araque Cuesta, en nombre y representación de Doña xxxxx y Don xxxxx; y en consecuencia, acuerdo el divorcio de los cónyuges con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración de divorcio. Acuerdo la aprobación del convenio regulador aportado en todos sus extremos, obrante en autos y unido a la presente resolución.

     No se hace imposición de las costas causadas en este procedimiento.

Firme que sea esta resolución comuníquese al Encargado del Registro Civil competente para su anotación correspondiente en los Libros del Registro.

Notifíquese esta resolución a las partes interesadas. Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación, ante este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cuenca, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de su notificación.

     Así por esta mi resolución, la pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Cuenca y su Partido.- Doy fe.-

     PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Divorcio Contencioso 182/2010

20101109220208-divorcio-contencioso.jpg

SENTENCIA Nº 106/10

En Cuenca, a veintiséis  de Octubre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de los de CUENCA, los presentes autos de Juicio Verbal de Divorcio Contencioso seguidos con el número 182 del año 2.010 a instancia de Don XXXXX, representado por el Procurador Don Jesús Córdoba Blanco y asistida por la Letrado Doña Esther Moreno Sáiz, contra Doña XXXXXX, representada por la Procuradora Doña Susana Melero de la Osa  y asistido por la Letrado Don Sergio Lacort Cabrero, siendo parte el Ministerio Fiscal.

 ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Procurador Don Jesús Córdoba Blanco, en nombre y representación de Don xxxxx, se presenta demanda de divorcio frente a Doña xxxxx solicitando que se declare la separación entre los cónyuges y se acordaran medidas definitivas.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda mediante Auto dictado por este Juzgado en fecha de 17 de Marzo de 2.010, se dio traslado de la demanda al Ministerio Fiscal y a la parte demandada para que contestasen a la demanda en el plazo de veinte días.

TERCERO.- Por el Ministerio Fiscal se contestó a la demanda con el resultado que es de ver en autos y la parte demandada contestó a la demanda y formuló reconvención. Mediante escrito presentado por la representación procesal de Don xxxxxx contestó a la reconvención, emplazando a las partes mediante Providencia de fecha 1 de Julio de 2.010 a la celebración del acto del juicio. Celebrado el Juicio y practicada en el acto del juicio la prueba que se declaró pertinente y que consta en el acta del juicio, se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte actora solicita que se declare el divorcio entre los cónyuges al amparo de lo establecido en el artículo 86.1ª CC y que se establezcan medidas definitivas en relación a la guarda y custodia, régimen de vivitasy pensión de alimentos, oponiéndose a la demanda reconvencional formulada de contrario.

La parte demandada se opone a lo solicitado de contrario, formulando demanda reconvencional en la que interesó que se acordasen como medidas definitivas que constan en su escrito que se dan aquí por reproducidas.

El Ministerio Fiscal interesa que se estableciesen las mismas medidas de la separación y se fijase una pensión de alimentos a favor de Natalia en la cuantía de 275 euros más la mitad de los gastos extraordinarios.

SEGUNDO.- Establece el artículo 86 del Código Civil que se declarará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno sólo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81del C. Civil.

Los cónyuges contrajeron matrimonio el día x de xxxx de 1.988 en la ciudad de Cuenca. Por todo ello, y cumpliéndose los requisitos establecidos en el artículo anteriormente citado procede declarar el divorcio del matrimonio celebrado entre Don xxxx y Doña xxxx en fecha x de xxxx de 1.988.

TERCERO.- Conforme al artículo 91 del CC:” En las sentencias de nulidad, separación o divorcio o en ejecución de las mismas, el Juez, en defecto de acuerdo de los cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, determinará conforme a lo establecido en los artículos siguientes las medidas que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación con los hijos, las vivienda familiar, las cargas del matrimonio, liquidación del régimen económico y las cautelas o garantías respectivas, estableciendo las que procedan si para alguno de estos conceptos no se hubiera adoptado ninguna. Estas medidas podrán ser modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias.”. En el presente caso, valorada en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica la documental obrante en los presentes autos y la prueba practicada en el acto del plenario, procede acordar con carácter definitivo las siguientes medidas:

1.- Se atribuye la guarda y custodia de la hija menor a Doña xxxxx, siendo compartida la patria potestad, por lo que cualquier decisión que afecte a la educación, asistencia médica u otros que revista interés serán tomadas de común acuerdo por ambos progenitores.

2.- Se adjudica al cónyuge custodio el uso de la vivienda sita en la xxxxx de Cuenca, así como del mobiliario y enseres existentes en la misma de conformidad con lo establecido en el artículo 96 CC, y como contribución a las cargas del matrimonio el esposo deberá abonar la mitad de los gastos de agua, luz, gastos de comunidad de propietarios, contribuciones e impuestos relacionados con la vivienda sita en la xxxxxxx de Cuenca, dado que además su interés está mayor necesitado de protección al estar la misma en paro y cobrar una prestación por desempleo que asciende entrorno a 320 euros mensuales, percibiendo por el contrario el esposo unos ingresos netos mensuales entre 1.500 y 1.600 euros.

3.- El padre pasará a recoger a la hija menor un fin de semana alterno, desde el viernes por la tarde hasta el domingo a las 21:00 horas, uniéndose los puentes al fin de semana correspondiente.

Las vacaciones de Semana Santa, Navidades y Verano, así como cualquier otra escolar que pueda existir, estarán divididas por la mitad entre ambos cónyuges, eligiendo el turno de forma alternada, correspondiendo al padre el año 2.010.

Dentro de las vacaciones de Navidad el primer período comprenderá Nochebuena y Navidad, y el segundo Nochevieja y Reyes

            El padre podrá comunicarse con la hija menor cuando lo desee, estableciéndose expresamente que debido al régimen de turnos de trabajo del padre, éste tendrá derecho a estar en compañía de sus hijas una tarde entre semana coincidiendo con la libranza en su trabajo avisando a la madre a tal fin con un día de antelación.

         4.- El padre deberá contribuir al sostenimiento de los gastos de alimentación, entendidos en sentido amplio del término, es decir, alimentación, vestido, morada, ocio, cultura y formación de los hijos, estableciéndose la cantidad de doce mensualidades de 200 euros al mes para cada una de las hijas; la citada cantidad se actualizará de acuerdo a la variación del IPC y se abonarán por meses anticipados en la cuenta que designe la esposa, dado que tal como consta documentalmente en los presentes autos el padre cobra una cantidad mensual entre 1.500 y 1.600 euros netos y la madre percibe una prestación entorno a los 320 euros mensuales, teniendo en cuenta a mayor abundamiento que xxxx se encuentra estudiando un módulo, xxxx no tiene trabajo y Judith es menor de edad y se encuentra estudiando.

        5.- El padre sufragará la mitad de los gastos extraordinarios que se produzcan en la vida de las hijas, entendiendo como tales, gastos médicos, educacionales extraescolares, siempre que sean acreditados y consultados, no siendo precisa la consulta en caso de urgente necesidad.

TERCERO.- Conforme al artículo 95 del Código Civil, la sentencia firme producirá, respecto de los bienes del matrimonio, la disolución del régimen económico matrimonial, estableciéndose en el artículo 1392.3º del Código Civil que la disolución de la sociedad de gananciales concluirá de pleno derecho cuando se disuelva el matrimonio. Así en el caso de autos procede acordar la disolución de la sociedad legal de gananciales existente entre Don xxxx y Doña xxxxxx.

     CUARTO.- Dada la naturaleza del proceso seguido, y de conformidad con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procede expreso pronunciamiento sobre las costas.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO 

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador Don Jesús Córdoba Blanco, en nombre y representación de Don xxxx frente a Doña xxxxx, y estimando parcialmente la demanda reconvencional interpuesta por la Procuradora Doña Susana Melero de la Osa, en nombre y representación de Doña xxxx frente a Don xxxxx, debo declarar y declaro el divorcio postulado, y en su consecuencia, disuelto con todos sus efectos legales el matrimonio contraído por aquéllos el día x de xxxx de 1.988, acordándose como medidas definitivas:

1.- Se atribuye la guarda y custodia de la hija menor a Doña xxxxxx, siendo compartida la patria potestad, por lo que cualquier decisión que afecte a la educación, asistencia médica u otros que revista interés serán tomadas de común acuerdo por ambos progenitores.

2.- Se adjudica al cónyuge custodio Doña xxxxx el uso de la vivienda sita en la xxxxx de Cuenca, así como del mobiliario y enseres existentes en la misma, y como contribución a las cargas del matrimonio es esposo deberá abonar la mitad de los gastos de agua, luz, gastote comunidad de propietarios, contribuciones e impuestos relacionados con la vivienda sita en la xxxxxx de Cuenca.

3.- El padre pasará a recoger a la menor un fin de semana alterno, desde el viernes por la tarde hasta el domingo a las 21:00 horas, uniéndose los puentes al fin de semana correspondiente.

Las vacaciones de Semana Santa, Navidades y Verano, así como cualquier otra escolar que pueda existir, estarán divididas por la mitad entre ambos cónyuges, eligiendo el turno de forma alternada, correspondiendo al padre el año 2.010.

Dentro de las vacaciones de Navidad el primer período comprenderá Nochebuena y Navidad, y el segundo Nochevieja y Reyes

            El padre podrá comunicarse con la hija menor cuando lo desee, estableciéndose expresamente que debido al régimen de turnos de trabajo del padre, éste tendrá derecho a estar en compañía de sus hijas una tarde entre semana coincidiendo con la libranza en su trabajo avisando a la madre a tal fin con un día de antelación.

         4.- El padre deberá contribuir al sostenimiento de los gastos de alimentación, entendidos en sentido amplio del término, es decir, alimentación, vestido, morada, ocio, cultura y formación de los hijos, estableciéndose la cantidad de doce mensualidades de 200 euros al mes para cada una de las hijas; la citada cantidad se actualizará de acuerdo a la variación del IPC y se abonarán por meses anticipados en la cuenta que designe la esposa.

   5.- El padre sufragará la mitad de los gastos extraordinarios que se produzcan en la vida de las hijas, entendiendo como tales, gastos médicos, educacionales extraescolares, siempre que sena acreditados y consultados, no siendo precisa la consulta en caso de urgente necesidad.

Acuerdo la disolución de la sociedad legal de gananciales existente entre Don xxxxx y Doña xxxxx.

Todo ello sin hacer expreso pronunciamiento en cuanto a las costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que frente a la misma cabe interponer Recurso de Apelación para la ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cuenca, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de su notificación.

     Una vez firme esta resolución, comuníquese de oficio para su anotación, al margen de las correspondientes inscripciones, al Registro Civil en que consta inscrito el matrimonio de los cónyuges.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

     PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Juicio Verbal sobre responsabilidad extracontractual 314/2010

20101109183545-reclamacion-de-cantidad.gif

SENTENCIA Nº 105/2010  

En Cuenca, a veintiséis de Octubre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de CUENCA los presentes autos de Juicio Verbal, seguidos en este Juzgado bajo el número 314 del año 2.010, a instancia de Axa Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros, representada por la Procuradora Doña María Josefa Herráiz Calvo y asistido por la Letrado Doña Ana Isabel Alonso Rodríguez, contra Club de Campo de xxxxx S.A., representada por la Procuradora Doña María Jesús Porres Moral y asistido por la Letrado Doña María Jesús Bravo Borox, y Reale Seguros, representados por la Procuradora Doña María José Martínez Herráiz y asistidos por la Letrado Doña María Jesús Fernández Culebras.

ANTECEDENTES   DE    HECHO

 

PRIMERO.- Por la Procuradora Doña María Josefa Herráiz Calvo, en nombre y representación de Axa Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros, se presenta demanda de Juicio Verbal reclamando la cantidad de 848 euros, más intereses y costas del presente procedimiento.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda mediante Decreto dictado por este Juzgado en fecha de 14 de Mayo de 2.010, dándose traslado de la demanda al demandado y emplazándose a las partes para comparecer al acto del juicio.

TERCERO.- Celebrado el Juicio la parte codemandada (Reale Seguros) alegó la excepción de prescripción y falta de legitimación pasiva, y se opuso a la demanda en cuanto al fondo; y la parte codemandada (Club de Campo xxxxx S.A.) alegó la excepción de prescripción y falta de legitimación pasiva, y se opuso a la demanda en cuanto al fondo. Practicada en el acto del juicio la prueba que se declaró pertinente y que consta en el acta del juicio, se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS   DE   DERECHO

 

PRIMERO.- La actora  reclama la cantidad de 848 euros ejercitando la acción de responsabilidad extracontractual al amparo de lo establecido en el artículo 1.902 CC por los daños ocasionados en su vivienda  el día 21 de Mayo de 2.007 como consecuencia de los impactos de pelotas de golf procedentes en los campos utilizados para este deporte que explota el club codemandado, más intereses legales y con imposición de las costas causada en el presente proceso a la parte demandada.

La parte codemandada (Reale Seguros) alegó la excepción de prescripción y falta de legitimación pasiva, y se opuso a la demanda en cuanto al fondo.

La parte codemandada (Club de Campo xxxxx S.A.) alegó la excepción de prescripción y falta de legitimación pasiva, y se opuso a la demanda en cuanto al fondo.

 SEGUNDO.- Respecto a la excepción de prescripción de la acción alegada por la parte demandada  hay que señalar que la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 14 de marzo de 2003 indica en el fundamento primero lo siguiente:” La presente sentencia cuya deliberación originó discrepancias entre los miembros de la Sala de Justicia que la autoriza, acerca de la cuestión jurídica básica que sustenta el recurso, se dicta previa consulta a la «junta general de los Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo, celebrada el día 27 de marzo de 2003, que adoptó, por amplia mayoría de votos el acuerdo que se transcribe: "el párrafo primero del artículo 1974 del Código Civil  únicamente contempla efecto interruptivo en el supuesto de las obligaciones solidarias en sentido propio cuando tal carácter deriva de norma legal o pacto convencional, sin que pueda extenderse al ámbito de la solidaridad impropia, como es la derivada de responsabilidad extracontractual cuando son varios los condenados judicialmente". Entendemos que este acuerdo, se considera sin perjuicio de aquellos casos en los que por razones de conexidad o dependencia, pueda presumirse el conocimiento previo del hecho de la interrupción, siempre que el sujeto en cuestión haya sido también demandado”.

A partir de estas resoluciones, la Sala 1ª ha aplicado el acuerdo de una manera uniforme, de la que son testimonios las sentencias de esta Sala de 6 junio 2006 y 28 mayo 2007 , que expresa la doctrina consolidada de esta Sala de acuerdo con la que "si la solidaridad no nace sino de la sentencia, que es la llamada solidaridad impropia, la interrupción de la prescripción respecto a uno de los deudores no alcanza a otro, ya que no era deudor solidario y sólo lo fue desde la sentencia que así lo declaró, no antes".

Esta doctrina es la que ha de aplicarse al caso enjuiciado, y en este sentido, aplicando lo dispuesto anteriormente procede indicar que por la parte actora se efectuó una reclamación a Club de Golf de xxxxx en fecha 16 de Mayo de 2.008 (documento nº 6 acompañado con la demanda) y a Reale Seguros en fecha 14 de Mayo de 2.009 tal como consta en la documental obrante en autos, por lo que habiéndose ejercitado por la parte actora la acción de responsabilidad extracontractual en base al artículo 1.902 CC hay que señalar que la acción planteada por la actora contra Reale Seguros está prescrita de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.968 párrafo segundo CC al haber transcurrido el plazo legal de un año desde el día 21 de Mayo de 2.007, fecha de la producción de los daños reclamados según se desprende del informe pericial aportado a los presentes autos, hasta la fecha de la primera reclamación dirigida por la parte actora a Reale Seguros en fecha 14 de Mayo de 2.009, no estando prescrita la acción planteada contra Club de Campo xxxxx S.A. al no haber transcurrido el plazo legal de un año previsto en el artículo 1.968 párrafo segundo CC.

Respecto a la falta de legitimación pasiva procede indicar que de conformidad con la documental obrante en autos se desprende que el día 29 de Mayo de 2.007 xxxxxx S.A. y xxxxxx S.A, cuyo representante es Don xxxxx, son propietarias de las dos fincas donde está situado el Campo de Golf de xxxxx, arriendan y ceden la explotación del Club de Golf xxxxx de Cuenca a la compañía mercantil xxxxx S.L., por lo que no cabe sino concluir que el día 21 de Mayo de 2.007, fecha de producción de los hechos objetos de la presente demanda según se desprende del informe pericial aportado a los presentes autos, xxxxx S.A. y xxxxx S.A, gestionaba la explotación del Club de Golf xxxxxx de Cuenca, y, en consecuencia, la parte codemandada está legitimada para soportar la acción planteada por la parte demandante.  

Por todo ello no cabe sino apreciar la excepción de prescripción alegada por la parte codemandada Reale Seguros y desestimar la excepción de falta de legitimación pasiva y prescripción alegada por Club de Campo xxxxxx S.A. y, en consecuencia, procede absolver a Reale Seguros en la instancia sin haber lugar a pronunciarse sobre el fondo del asunto.

TERCERO.- El Art. 1902 CC dispone lo siguiente: “El que por acción u omisión cause un daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. La Jurisprudencia (STS 18 de Marzo de 2002, 21 de Marzo de 2001) viene exigiendo tres requisitos para que prospere la acción de responsabilidad extracontractual:

1.  La producción de un daño efectivo y evaluable pecuniariamente.

2.  Una acción u omisión culposa o negligente.

3.  Un nexo causal entre dicho acto humano y el resultado dañino.

En el presente caso ha quedado probada la existencia de un daño en el salón, sala de trofeos de caza y techo de la cocina por la filtración de agua así como también existen varias tejas partidas en la vivienda sita la calle Las xxxxx nº 11 de la localidad de xxxxx (Cuenca), del informe pericial obrante en autos, que ha sido ratificado por el perito en el acto del plenario (documento nº 2 acompañado con la demanda).

En cuanto al segundo de los requisitos hay que señalar que de la prueba practicada en el caso de autos, ha quedado acreditado la existencia de una negligencia por parte del codemandado Club de Campo xxxxx S.A. puesto que de la declaración del testigo Doña xxxxxx se desprende que varias pelotas de golf han golpeado el tejado de la vivienda sita en la calle Las xxxxx nº 11 de la localidad de xxxxx (Cuenca), debiendo de indicarse además que estaban rotas las mallas del club de golf que existían alrededor del mismo, por lo que no cabe sino concluir que existe una actitud negligente por la parte codemandada al no haber previsto la colocación de las mallas de una manera correcta para impedir que las pelotas de golf saliesen del campo de golf y golpeasen a las viviendas colindantes con el citado campo.

 También se cumple en último lugar el tercero de los requisitos dado que el siniestro ocasionado y los daños en la vivienda sita en la calle Las xxxxx nº 11 de la localidad de xxxxx (Cuenca) que han sido indicados anteriormente se originaron por la deficiente colocación de las mallas por parte de la codemandada con el fin de evitar que las pelotas de golf golpeasen a la vivienda dañada.

CUARTO.- Respecto a la indemnización hay que señalar que ha quedado probada la existencia de unos daños la vivienda sita en la calle Las xxxxx nº 11 de la localidad de xxxxx (Cuenca), que ascienden a la cuantía de 848 euros y que han sido abonados por la aseguradora Axa tal como se desprende de la declaración de la testigo Doña xxxxxx, por lo que la codemandada Club de Campo xxxxx S.A. deberá indemnizar al actor de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.902 CC y 43.1 LCS en la cantidad de 848 euros.

 QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1101 y 1108 CC  la cantidad a cuyo pago se ha condenado al codemandado Club de Campo de Villar de Olalla S.A. devengará los intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda hasta su completo pago.

SEXTO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 394.1 LEC se imponen las costas causadas en el presente proceso a la parte codemandada al haberse estimado la presente demanda.

De conformidad con lo previsto en el artículo 394.1 LEC dada la desestimación de la demanda presentada contra Reale Seguros se imponen las costas causadas en el presente proceso a la parte actora.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que estimando la excepción de falta de prescripción alegada por Reale Seguros, debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña María Josefa Herráiz Calvo, en nombre y representación de Axa Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros, contra Reale Seguros, con imposición de las costas causadas en el presente proceso a la parte actora.

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña María Josefa Herráiz Calvo, en nombre y representación de Axa Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros, contra Club de Campo xxxxx y Reale Seguros, y condeno al codemandado a pagar a Axa la cantidad de 848 euros, más el pago al codemandado Club de Campo de xxxxxx de los intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda hasta su completo, con imposición de las costas causadas a la parte codemandada.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca y su Partido. Doy fe. 

 

     PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Juicio Verbal Desahucio sobre arrendamientos rústicos 348/2010. Posibilidad de enervación

20101109182908-posesorio.jpg

SENTENCIA Nº 104

En Cuenca, a veinticinco de Octubre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de CUENCA los presentes autos de Juicio Verbal, seguidos en este Juzgado bajo el número 348 del año 2.010, a instancia del Ayuntamiento de xxxxx, representado por el Procurador Don José Antonio Nuño Fernández y asistido por el Letrado Don Miguel Alarcón Fernández, contra Don xxxxxx, representado por el Procurador Don Miguel Ángel García García y asistido por el Letrado Don Juan Antonio Falero Sánchez.

ANTECEDENTES   DE    HECHO

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Gascueña, representado por el Procurador Dona José Antonio Nuño Fernández, presenta demanda de Juicio Verbal interesando que se declare resuelto el contrato de arrendamiento rústico existente entre las partes, condenando al demandado a estar y pasar por tal declaración y a dejar la finca libre, vacua, expedita y a disposición de su mandante, más la imposición de costas a la parte demandada.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda de Juicio Verbal mediante Decreto dictado por este Juzgado en fecha de 10 de Junio de 2.010, se dio traslado de la demanda al demandado emplazando a las partes para comparecer al acto del juicio.

TERCERO.- Celebrado el Juicio, el demandado alegó la excepción procesal de defecto legal en el modo de proponer la demanda, que ha sido desestimada en el acto de la vista con el resultado que es de ver en autos, y  se opuso a la demanda en cuanto al fondo del asunto. Practicada en el acto del juicio la prueba que se declaró pertinente  se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS   DE   DERECHO

PRIMERO.- La parte actora reclama al amparo de los artículos 1.546, 1.555, 1.566, 1.577 y 1.569 CC que se declare resuelto el contrato de arrendamiento rústico existente entre las partes por el impago por el demandado de la renta correspondiente a la campaña agrícola 2.000/2.001, condenando al demandado a estar y pasar por tal declaración y a dejar la finca libre, vacua, expedita y a disposición de su mandante, más la imposición de costas a la parte demandada.

     La demandada alegó la excepción procesal de defecto legal en el modo de proponer la demanda, que ha sido desestimada en el acto de la vista con el resultado que es de ver en autos, y  se opuso a la demanda en cuanto al fondo del asunto dado que al haberse efectuado la consignación de las cantidades reclamadas procedería enervar la acción de desahucio.

SEGUNDO.- Entrando en la resolución de la cuestión objeto de la presente litis en primer lugar hay que decir que el Ayuntamiento de xxxxxx en virtud de acuerdo tomado en sesión extraordinaria en fecha 5 de Enero de 1.983 adjudicó al demandado 105 áreas de terreno perteneciente a la Dehesa Carnicera por un plazo de dieciocho años al objeto de que procediese a la roturación en el plazo no superior a cinco años, debiendo de pagar el demandado la cantidad de tres millones de pesetas y una vez pasados los dieciocho años pasaría a una situación de arrendamiento con una renta de 12.000 kilos de trigo blando tipo cuarto al precio que estuviese establecido tal como se desprende de la documental obrante en autos (documentos 2 a 4 acompañados con la demanda).

En este sentido, la doctrina y la jurisprudencia más autorizada, que viene a declarar que, a la pregunta de si debe considerarse que, en los arrendamientos rústicos, cabe o no la posibilidad de enervar la acción de desahucio, pues la Disposición derogatoria única de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil , ha abrogado los artículos 123 a 137 de la Ley 83/1980 de Arrendamientos Rústicos de 11 de diciembre , y que el artículo 22 en su apartado nº 4 de la LEC., sobre enervación, sólo contempla el supuesto de las fincas urbanas, contesta que se debe considerar como un olvido del legislador y, por tanto, debe admitirse la posibilidad de la enervación, también en los contratos de arrendamientos rústicos, por cuanto el Art. 444.1 si la contempla expresamente, por lo que no puede privarse al arrendatario rústico de un derecho que tiene naturaleza sustantiva y no meramente procesal; además, no se alcanza a ver las razones que permitirían excluir ese derecho para el arrendamiento rústico y reconocérselo sólo al arrendamiento urbano.

El Artículo 128 de la Ley de Arrendamientos Rústicos de 1980 , -que establecía, que el demandado podría enervar la acción en cualquier momento anterior al de ser notificado de la Sentencia que no dé lugar a ulterior recurso, si él u otra persona paga al actor o pone a su disposición, en el juzgado, el importe de las cantidades en cuya inefectividad se sustente la demanda y el de las que, en dicho instante, debiera,- fue, ciertamente, derogado por la Disposición Derogatoria Única de la LEC 1/2000, en cuyo nº 27 se derogan los Arts. 123 á 137 de la LAR de 1980 , surgiendo, como consecuencia de ello, una controversia en los Tribunales sobre si continuaba, o no, subsistiendo la facultad de enervar, si bien con la precisión de que, en el supuesto en que subsistiera la enervación, tendría que ser efectuada de conformidad, no con el precepto derogado, sino a tenor del Art. 22 de la LEC. Y así en la Sentencia de la Audiencia provincial de Toledo, de 21/11/2006, se recogen las discrepancias existentes en el tema y señala "no se ignora que existen posiciones judiciales dispares sobre la admisión o no de la posibilidad de la enervación en los arrendamientos rústicos; las sentencias de la AA.PP. de Las Palmas (21/6/05); Valencia (11/3/05), Zamora (11/11/04), Cáceres (7/7/2004), Guadalajara (25/2/04), entre otras, que no cabe la enervación en estos casos dado que nada contempla el Art. 22 citado, que sólo la regula en los desahucios arrendaticios urbanos, como también los artículos 439.3 y 440.3 del mismo texto legal, siendo así que la Disposición Derogatoria Única de la LEC derogó los artículos 123 á 137 de la L.A.R. 83/1980 , y siendo así mismo que la L. A.R 49/2003, de 26 de noviembre, nada señalaba sobre el derecho del arrendatario a enervar. Sin embargo, otras audiencias, como la de Oviedo, en Sentencias de 20/9/2004 y 30/4/2009, así como las de Jaén, de 14/3/05 y Córdoba (10/2/02), sostienen que si cabe la enervación en los arrendamientos rústicos en atención a que así lo contempla el art. 444.1º de LEC, al señalar que el arrendatario puede oponer, frente a la demanda, las circunstancias de la enervación, refiriéndose expresamente este preceptos a acciones de desahucio en arrendamientos urbanos y rústicos, derivándose de ello que no parece que fuera intención del legislador suprimir un derecho tradicional del arrendatario para el caso de los arrendamientos rústicos, aún conservándolo para los arrendamientos urbanos, apareciendo, más bien, como un olvido en el Art. 22.4 (norma sobre terminación de proceso de forma extraordinaria), subsanado por la consideración de la enervación de la acción referida también a los arrendamientos rústicos en una norma precisamente reguladora del procedimiento para el ejercicio de tal acción de desahucio -Art. 444.1º - por lo que se considera que tal norma debe prevalecer y admitirse la posibilidad de la enervación en los arrendamiento rústicos; criterio que viene a confirmarse por el hecho de que la reforma de la L.A.R. (Ley 49/2003) por la Ley 26/2005, de 30 de noviembre, ha modificado la antigua redacción del Art. 25 .a) de la LAR precisamente para introducir el derecho en los término previstos en las normas procesales; en definitiva, puede concluirse que no era la intención del legislador eliminar la posibilidad de enervación en los desahucios por arrendamientos rústicos, como criterio interpretador de la aparente divergencia entre el Art. 22.4º y el Art. 444.1º de la LEC.

Igualmente, la Sentencia de la A.P. de Granada, de 20/3/09, manifiesta que, antes de la entrada en vigor de la Ley de 30 de noviembre de 2005, también cabía la posibilidad de la enervación de la acción de desahucio en los arrendamientos rústicos, con el argumento de que, si bien aparecía derogado el específico cauce procesal que la L.A.R. de 1980 preveía, claramente del contenido del Art. 444.1 LEC se extrae que esa derogación no afectaba a la pervivencia del instituto de la enervación dentro de dicho ámbito, pues si ello no fuere así, no tendría sentido permitir al demandado alegar y probar las circunstancias relativas a la procedencia de la enervación, sin que a ello obste la circunstancia de que la LEC. al establecer la pertinente norma sobre el caso especial de enervación de desahucio, hable en su artículo 22.4 sólo del desahucio de finca urbanas, pues claro es que, dicha norma, al margen de constituir una especialidad en cuanto a las formas extraordinarias de terminación del proceso, contiene una mera regulación general sobre la oportunidad, efectos y exclusión de dicho instituto; regulación general referida a una supuesto meramente enunciativo y no taxativo tal y como, en definitiva, nos muestra el citado Art. 444.1º LEC.

Ciertamente, también, que existe, alguna sentencia aislada, de fecha reciente, que insiste en excluir la posibilidad de la enervación en los arrendamientos rústicos, como la de la A.P. de Cáceres, de 18/6/2009, según la cual esa posibilidad está constreñida, exclusivamente, a los arrendamientos urbanos, por la dicción taxativa de los artículos 22.4 en relación con los artículos 439.3 y 440.3 , sin que ello resulte obstaculizado por la dicción de Art. 444.1 de la LEC , pues el hecho de que la alusión de este último precepto efectúa a las "Circunstancias relativas a la procedencia de la enervación", se refiere, sólo, a los desahucios donde tal enervación procede (es decir, los de finca urbana), de manera que, en el resto, el demandado sólo podrá alegar y probar el pago; sin embargo, es una sentencia aislad, hoy en día ya superada por la Ley de 2005 y sobre todo por la de 2009  

En conclusión, resulta que el arrendamiento litigioso es de fecha 14 de Enero de 1.983, si bien la demanda rectora de la litis es de fecha posterior a la entrada en vigor de la Ley 26/2005 y, por ende, el Cuerpo Legal por el que debe regirse en orden a los elementos, características y obligaciones que del mismo nacieran, es la Ley de Arrendamientos Rústicos de 1980, que era la vigente en el momento de la celebración del contrato; es decir, estaba prevista la enervación pero es que, además, como bien dice la Sentencia A.P. Huesca, Sección 1ª, de 26/6/2009, es indiferente, a estos efectos, que el contrato de arrendamiento que nos ocupa fuera suscrito bajo la vigencia de la Ley de 1980, con anterioridad a las Leyes 49/2003 y 26/2005 , y con anterioridad, también, a la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de 7 de enero (que la tuvo el 8 de enero de 2001), pues el Art. 25 de la Ley 49/2003 , en redacción dada por la Ley 26/2005 -donde se reconoce "el derecho de enervación de la acción de desahucio [de fincas rústicas] en los mismos términos previstos en las leyes procesales para los desahucios de fincas urbanas"- contiene una norma de naturaleza procesal; y la ley procesal, aún partiendo de su carácter irretroactivo, se aplica "a los actos procesales que se producen a partir de su entrada en vigor, aunque los hechos materiales y jurídicos que han dado origen al proceso sean anteriores" (SS.TS. 18/4/1998; 8/6/1984); no se trata de un problema de retroactividad, por cuanto no se pretende su aplicación a una situación anterior, sino al justo momento preciso en que la legislación anterior resulta inaplicable por expresa derogación. Este principio subyace en las disposiciones transitorias de la LEC de 2000 y, precisamente por ello, el procedimiento que no ocupa se ha tramitado siguiendo lo regulado en la vigente LEC, entre cuyas normas se encuentra la enervación de desahucio con las reformas introducidas por la repetida Ley 26/2005, las cuales son lógicamente aplicable a todos los procesos iniciados con posterioridad a su entrada en vigor, como es este caso.

El demandado alega que cabe la enervación de la acción de desahucio. De conformidad con la doctrina expuesta anteriormente podría enervar la acción de desahucio, pero sin embargo procede indicar que no cabe entrar a resolver sobre la enervación de la acción de desahucio al pretenderse en el caso de autos por la parte actora la resolución del contrato de arrendamiento por falta de pago de la campaña agrícola 2.000/2.001. En este sentido, hay que decir que el acuerdo tomado en sesión extraordinaria en fecha 5 de Enero de 1.983 por el Ayuntamiento de xxxxx establecía que se adjudicaba al demandado 105 áreas de terreno perteneciente a la Dehesa Carnicera por un plazo de dieciocho años libre de impuestos y cargas, debiendo de empezarse a pagar la renta en el año 2.001 estando sujeta a los uso y costumbres de la localidad. Pues bien, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente hay que indicar que ha quedado acreditado la consignación por el demandado de la renta correspondiente a la campaña 2.000/2.001 durante el curso del procedimiento 162/02 seguido ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Cuenca (documento nº 3 aportado por la parte demandada), cumpliendo la misma los requisitos previsto en el artículo 1.176 y siguientes CC, de manera que al no haber impagado el demandado las rentas y las cantidades asimiladas a la misma no procede resolver el contrato de arrendamiento de conformidad con lo establecido en el artículo 25 Ley Arrendamientos Rústicos.  

Por lo expuesto anteriormente no cabe sino desestimar íntegramente la demanda interpuesta por la representación procesal de la parte demandante.

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 394.1 L.E.C., dada la desestimación de la demanda se imponen las costas causadas en esta instancia a la parte actora.

Vistos los preceptos anteriormente mencionados y demás de general y pertinente aplicación,

 FALLO

Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador Don José Antonio Nuño Fernández, en nombre y representación del Ayuntamiento de Gascueña, contra Don Gregorio Ángel Gómez-Jarabo García, con imposición de las costas causadas a la parte actora.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma. Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de los de Cuenca y su Partido. Doy fe. 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Juicio Verbal especial sobre arrendamiento financiero de bienes muebles 362/2010

20101109182431-coches.jpg

SENTENCIA nº 103/10

 

En Cuenca, a veintiuno de Octubre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de CUENCA los presentes autos de Juicio Verbal  seguidos en este Juzgado bajo el número 362 del año 2.010, a instancia de Paccar Financial España S.L.U., representada por la Procuradora Doña María Isabel Herráiz Fernández y asistida por el Letrado Don Luis F. Fermín Prieto, contra xxxx S.A.

ANTECEDENTES   DE    HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora Doña María Isabel Herráiz Fernández, en nombre y representación de Paccar Financial España S.L.U., se presenta demanda de Juicio Verbal en virtud de la cual reclama que se declare resuelto el contrato suscrito condenando al demandado a la inmediata entrega de los bienes objeto de esta litis, condene al demandado a la cantidad de 81.412,18 euros, más los intereses legales y costas de este procedimiento. 

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 21 de Junio de 2.010 se admite a trámite la demanda, dándose traslado a la parte demandada de copia de la misma así como de los documentos a ella acompañados.

TERCERO.- La parte demandada no se ha opuesto a la demanda presentada de contrario.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS   DE   DERECHO

 

 

PRIMERO.- El Artículo 441.4 LEC dispone lo siguiente:” En el caso del número 10 del apartado 1 del artículo 250, admitida la demanda, el Tribunal ordenará la exhibición de los bienes a su poseedor, bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia a la autoridad judicial, y su inmediato embargo preventivo, que se asegurará mediante depósito, con arreglo a lo previsto en esta Ley. Cuando, al amparo de lo dispuesto en el número 11 del apartado 1 del artículo 250, se ejerciten acciones basadas en el incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero o contrato de venta a plazos con reserva de dominio, admitida la demanda el Tribunal ordenará el depósito del bien cuya entrega se reclame. No se exigirá caución al demandante para la adopción de estas medidas cautelares, ni se admitirá oposición del demandado a las mismas. Tampoco se admitirán solicitudes de modificación o de sustitución de las medidas por caución.

Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Secretario judicial emplazará al demandado por cinco días para que se persone en las actuaciones, por medio de procurador, al objeto de anunciar su oposición a la demanda por alguna de las causas previstas en el apartado 3 del artículo 444. Si el demandado dejare transcurrir el plazo sin anunciar su oposición, o si pretendiera fundar ésta en causa no comprendida en el apartado 3 del artículo 444, se dictará, sin más trámites, sentencia estimatoria de las pretensiones del actor.

Cuando el demandado anuncie su oposición a la reclamación con arreglo a lo previsto en el párrafo anterior, el Secretario judicial citará a las partes para la vista y, si el demandado no asistiera a la misma sin concurrir justa causa o asistiera, pero no formulara oposición o pretendiera fundar ésta en causa no comprendida en el apartado 3 del artículo 444, se dictará, sin más trámites, sentencia estimatoria de las pretensiones del actor. En estos casos el demandado, además, será sancionado con multa de hasta la quinta parte del valor de la reclamación, con un mínimo de ciento ochenta euros.

Contra la sentencia que se dicte en los casos de ausencia de oposición a que se refieren los dos párrafos anteriores no se dará recurso alguno.”.

En el presente proceso, de conformidad con el artículo anteriormente citado al no haberse opuesto por el demandado a lo solicitado por el actor procede dictar sentencia estimatoria de acuerdo con el suplico de la demanda y, en consecuencia, declaro resuelto el contrato suscrito entre Paccar Financial España S.L.U. y Conrado Jiménez e Hijos S.A en fecha 17 de Junio de 2.005 condenando al demandado a la inmediata entrega de los bienes objeto de esta litis.

SEGUNDO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 394.1 L.E.C., dada la estimación íntegra de la demanda procede la condena en las costas causadas al demandado.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

 

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña María Isabel Herráiz Fernández, en nombre y representación de Paccar Financial España S.L.U., contra xxxxxx S.A, y condeno al demandado los siguientes pronunciamientos:

  1. Declaro resuelto el contrato suscrito entre Paccar Financial España S.L.U. y xxxxx S.A en fecha 17 de Junio de 2.005 condenando al demandado a la inmediata entrega de los bienes objeto de esta litis.
  2. Pagar las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca y su Partido. Doy fe. 

Sentencia en Juicio Verbal 323/2010

20101109174511-reclamacion-de-cantidad.gif

SENTENCIA Nº 102/10

En Cuenca, a veintiuno de Octubre de dos mil diez.

 

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de CUENCA los presentes autos de Juicio Verbal, seguidos en este Juzgado bajo el número 323 del año 2.010, a instancia de Reale Seguros Generales S.A., representada por la Procuradora Doña Rosa María Torrecilla López y asistida por la Letrado Doña Marta Bermejo Calvo, contra Mapfre y Don xxxxxxx, representados por la Procuradora Doña Sonia Martorell Rodríguez y asistidos por el Letrado Don Francisco Javier Jouve Fernández de Ávila; Doña xxxxx y Doña xxxx, representados por la Procuradora Doña Susana Melero de la Osa y asistidos por el Letrado Don Eduardo Morán Morán; Doña xxxxx, representada por la Procuradora Doña Susana Melero de la Osa y asistida por el Letrado Don Raúl Martínez Gallego; y Doña xxxxxx, declarada en rebeldía.

 

ANTECEDENTES   DE    HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora Doña Rosa María Torrecilla López, en nombre y representación de Reale Seguros Generales S.A., se presenta demanda de Juicio Verbal reclamando la cantidad de 2.160 euros, más intereses y costas del presente procedimiento.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda mediante Decreto dictado por este Juzgado en fecha de 10 de Junio de 2.010, dándose traslado de la demanda al demandado y emplazándose a las partes para comparecer al acto del juicio.

TERCERO.- Celebrado el Juicio la parte codemandada (Mapfre y Don xxxxx) alegó la excepción de prescripción y se opuso a la demanda en cuanto al fondo; la parte codemandada (Doña xxxx y Doña xxxx) alegó la excepción de prescripción y se opuso a la demanda en cuanto al fondo; la parte codemandada (Doña xxxx) alegó la excepción de prescripción y se opuso a la demanda en cuanto al fondo; y la parte codemandada Doña xxxx ha sido declarada en rebeldía al no comparecer en legal forma a contestar a la demanda. Practicada en el acto del juicio la prueba que se declaró pertinente y que consta en el acta del juicio, se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

 FUNDAMENTOS   DE   DERECHO

PRIMERO.- La actora  reclama la cantidad de 2.160 euros ejercitando la acción de responsabilidad extracontractual al amparo de lo establecido en el artículo 1.093, 1.101, 1.103, 1.104,1.902, 1.903 y 1.910 CC por los daños ocasionados en el local comercial sito en la calle xxxxxx número 16 Bajo de la ciudad de Cuenca como consecuencia de la filtración de agua procedente de la vivienda 2º D del edificio sito en el número 12 de la citada calle, más intereses legales y con imposición de las costas causada en el presente proceso a la parte demandada.

Mapfre y Don xxxx alegó la excepción de prescripción y se opuso a la demanda en cuanto al fondo del asunto por los motivos que constan en el acta que sedan aquí por reproducidos.

Doña xxx y Doña xxxx alegó la excepción de prescripción y se opuso a la demanda en cuanto al fondo del asunto por los motivos que constan en el acta que sedan aquí por reproducidos.

Doña xxxxx alegó la excepción de prescripción y se opuso a la demanda en cuanto al fondo del asunto por los motivos que constan en el acta que sedan aquí por reproducidos.

SEGUNDO.- En primer lugar hay que examinar la excepción de prescripción de la acción alegada por las partes codemandadas.

En este sentido, hay que indicar que por la parte actora se aporta una serie de facturas (documentos 3 a 7 acompañados con la demanda) en las que consta el sello de Mapfre con fecha 23 de Diciembre de 2.008 pero por el contrario no existe una reclamación expresa dirigida a la aseguradora demandada para el abono de los daños reclamados en la presente litis de manera que de la citada documentación no se desprende una manifestación de voluntad explícita o implícita de reclamar el importe de los daños objeto de autos, teniendo en cuenta a mayor abundamiento que no obstante haber manifestado el testigo Don xxxxx que Reale reclamó el importe del siniestro a Mapfre no existe documentación que acredite este extremo así como tampoco existe constancia de la fecha de la reclamación, debiendo de indicarse además que en el presente procedimiento no ha quedado acreditado que se haya dirigido reclamación alguna a las codemandadas Doña xxxx, Doña xxxxx, Doña xxxxx y Doña xxxxx y únicamente existe constancia de una reclamación extrajudicial realizada al codemandado Don xxxxx en fecha 24 de Noviembre de 2.009 (documento nº 10 acompañado con la demanda), por lo que habiéndose ejercitado por la parte actora la acción de responsabilidad extracontractual en base al artículo 1.902 CC hay que señalar que la acción planteada por la actora contra Reale Seguros Generales S.A. está prescrita de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.968 párrafo segundo CC al haber transcurrido el plazo legal de un año desde el día 30 de Septiembre de 2.008, fecha de la producción de los daños reclamados según sostiene la parte actora, hasta el día 24 de Noviembre de 2.009, fecha de la primera reclamación dirigida por la parte actora a Don xxxxx (documento nº 10 acompañado con la demanda), no existiendo reclamación alguna contra los demás codemandados tal como se ha expuesto anteriormente.

Por todo ello no cabe sino apreciar la excepción de prescripción alegada por las partes codemandadas y, en consecuencia, procede absolver a las codemandadas en la instancia sin haber lugar a pronunciarse sobre el fondo del asunto.

TERCERO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 394.1 LEC se imponen las costas causadas en el presente proceso a la parte actora al haberse desestimado íntegramente sus pretensiones.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

 

 FALLO

Que estimando la excepción de prescripción alegada por la representación procesal de Mapfre y Don xxxxx; de Doña xxxx y Doña xxxx; y de Doña xxxxx, debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña Rosa María Torrecilla López, en nombre y representación de Reale Seguros Generales S.A., contra Mapfre, Don xxxx, Doña xxxx, Doña xxxx, Doña xxxx y Doña xxxxx, con imposición de las costas causadas en el presente proceso a la parte actora.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca y su Partido. Doy fe. 

            PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Juicio Verbal de tráfico 289/2010

20101109174022-colision-vehiculos.jpg

SENTENCIA nº101

En Cuenca, a veintiuno de Octubre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca los presentes autos de Juicio Verbal, seguidos en este Juzgado bajo el número 289 del año 2.010, a instancia de Don xxxxx, representado por la Procuradora Doña Mercedes Carrasco Parrilla y asistido por el Letrado Don Álvaro Arias Rebenaque, contra Euro Insurances Limitated, representado por la Procuradora Doña María José Martínez Herráiz y asistido por la Letrado Doña María Jesús Fernández Culebras, y xxxxx S.A., declarada en rebeldía.

 

ANTECEDENTES   DE    HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora Doña Mercedes Carrasco Parrilla, en nombre y representación de Don xxxxxx se presenta en fecha 26 de Febrero de 2.010 demanda de Juicio Verbal reclamando que se condene al demandado a abonar a su mandante la cantidad de 570,02 euros, más intereses legales y costas del presente procedimiento.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda mediante Auto dictado por este Juzgado en fecha de 14 de Mayo de 2.010, dándose traslado de la demanda a los demandados y emplazándose a las partes para comparecer al acto del juicio.

TERCERO.- Celebrado el juicio la parte codemandada (xxxxxx S.A.) fue declarada en rebeldía al no haber comparecido al acto del juicio y la parte codemandada (Euro Insurances Limitated) se opuso a la demanda en cuanto al fondo. Practicada en el acto del juicio la prueba que se declaró pertinente y que consta en el acta del juicio, se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

 FUNDAMENTO   DE   DERECHO

PRIMERO.- El actor reclama al amparo de lo establecido en el artículo 1.902 CC en el ejercicio de la acción de responsabilidad extracontractual, que los codemandados abonen conjunta y solidariamente a su mandante la cantidad de 570,02 euros por los daños causados por el vehículo asegurado por la demandada en el vehículo propiedad del actor como consecuencia del accidente acaecido el día 21 de Enero de 2.010, más intereses legales y con imposición de las costas causadas a la parte contraria.

El demandado (Euro Insurances Limitated) alegó la excepción de falta de legitimación activa y se opuso en cuanto al fondo de la demanda interpuesta de contrario, interesando la imposición de las costas causadas a la parte actora.

Por el contrario, la parte codemandada (xxxxx S.A.) no comparece al presente proceso contestando a la demanda en legal forma alegando hechos impeditivos o extintivos de las pretensiones de la actora, por lo que ha sido declarada en rebeldía.

SEGUNDO.- En primer lugar en relación a la falta de legitimación activa alegada por la parte demandada procede indicar que de la declaración de la testigo Doña xxxxx se desprende que el vehículo Audi A-3, matrícula M-xxxx-UX, es propiedad del actor, por lo que está legitimado activamente para interponer la presente demanda en reclamación de la cuantía de 570,02 euros por los daños causados en el vehículo Audi A-3, matrícula M-xxxxxx-UX y, en consecuencia, no cabe sino desestimar la excepción de falta de legitimación activa alegada por la parte demandada. 

TERCERO.- No obstante la declaración de rebeldía de la parte codemandada, le corresponde a la parte actora acreditar sus pretensiones dado que de la mera incomparecencia de la demandada no pueden prosperar las acciones ejercitadas por la parte actora, con excepción de la  acción de desahucio (Art. 217.2 LEC).

El Artículo 1.1 LRCSCVM:” El conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción del mismo, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación”. En el párrafo 3º se dispone:” En el caso de daños en los bienes, el conductor responderá frente a terceros cuando resulte civilmente responsable según lo establecido en los artículos 1902 y siguientes del Código Civil, artículo 19 del Código Penal, y lo dispuesto en esta Ley”.

El Art. 1902 CC dispone lo siguiente: “El que por acción u omisión cause un daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. La Jurisprudencia (STS 18 de Marzo de 2002, 21 de Marzo de 2001) viene exigiendo tres requisitos para que prospere la acción de responsabilidad extracontractual:

1.  La producción de un daño efectivo y evaluable pecuniariamente.

2.  Una acción u omisión culposa o negligente.

3.     Un nexo causal entre dicho acto humano y el resultado dañino.

En el presente caso ha quedado probada la existencia de un daño en el paragolpes delantero del, según se desprende de la documental obrante en autos y de la exhibición de las fotografías realizada en el acto del plenario.

En cuanto al segundo de los requisitos hay que señalar que de la prueba practicada en el caso de autos no ha quedado acreditado la actitud negligente por parte del conductor del vehículo Fiat Doblo, matrícula xxxxx-GPY, propiedad de xxxxxx S.A.y asegurado en Euro Insurances Limitated, puesto que si bien los testigos propuestos por la parte actora sostienen que el vehículo Fiat Doblo, matrícula xxxxx-GPY, golpeó al vehículo propiedad del demandante, por el contrario el testigo propuesto por la codemandada Don xxxxxx, conductor del vehículo Fiat Doblo, matrícula xxxxx-GPY y persona ajena a las partes de este pleito, negó que cuando intentaba aparcar su vehículo golpease al vehículo contrario, de manera que estamos ante dos versiones contradictorias no existiendo ningún motivo para otorgar mayor credibilidad a una u otra versión, teniendo en cuenta a mayor abundamiento que el actor no ha acreditado tal como le corresponde de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217.2 LEC que exista una actitud negligente por la parte demandada.

Por todo ello, no concurriendo uno de los requisitos necesarios para que prospere la acción ejercitada por la parte actora no cabe sino desestimar íntegramente la demanda interpuesta por la parte demandante. 

CUARTO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 394.1 LEC dada la desestimación íntegra de la demanda se imponen las costas causadas a la parte actora.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que debo desestimar y desestimo íntegramente estimando íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña Mercedes Carrasco Parrilla, en nombre y representación de Don xxxx, contra xxxxx y xxxx S.A., con imposición de las costas causadas a la parte demandante.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido. Doy fe. 

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Juicio Verbal de tráfico 298/2010

20101109173639-colision-vehiculos.jpg

SENTENCIA nº 100

 

En Cuenca, a dieciocho de Octubre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca los presentes autos de Juicio Verbal, seguidos en este Juzgado bajo el número 298 del año 2.010, a instancia de Axa Seguros S.A., representada por la Procuradora Doña Rosa María Torrecilla López y asistida por la Letrado Doña Marta Bermejo Calvo, contra Don xxxxx, declarado en rebeldía, y Reale Seguros Generales S.A.

ANTECEDENTES   DE    HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora Doña Rosa María Torrecilla López, en nombre y representación de Axa Seguros S.A. se presenta en fecha 5 de Mayo de 2.010 demanda de Juicio Verbal reclamando que se condene a los codemandados a abonar, conjunta y solidariamente, a su mandante la cantidad de 1.299,75 euros, más intereses legales legalmente exigibles y los del artículo 20 LCS con respecto a la compañía aseguradora y costas del presente procedimiento. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda mediante Decreto dictado por este Juzgado en fecha de 13 de Mayo de 2.010, se dió traslado de la demanda a los demandados y emplazándose a las partes para comparecer al acto del juicio.

TERCERO.- Celebrado el juicio la parte demandada (Don xxxxxx) fue declarada en rebeldía al no haber comparecido al acto del juicio, desistiendo la parte actora de la demanda respecto de Reale Seguros Generales S.A., que prestó su conformidad al desistimiento. Practicada en el acto del juicio la prueba que se declaró pertinente y que consta en el acta del juicio, se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTO   DE   DERECHO

PRIMERO.- El actor reclama al amparo de lo establecido en el artículo 1.902 CC y los artículos 2 y  3 del Reglamento general de Circulación en el ejercicio de la acción de responsabilidad extracontractual, que la parte demandada abone a su mandante la cantidad de 1.299,75 euros por los daños causados por la parte demandada en la puerta mecánica de las instalaciones de xxxxxxx S.A. sita en la carretera de Valencia Km. 85 de la ciudad de Cuenca como consecuencia del accidente acaecido el día 1 de Octubre de 2.008, más intereses legalmente exigibles y con imposición de las costas causadas.

Por el contrario, la parte demandada (Don xxxxxxx) no comparece al presente proceso contestando a la demanda alegando hechos impeditivos o extintivos de las pretensiones de la actora, por lo que ha sido declarada en rebeldía.

SEGUNDO.- En primer lugar procede indicar la parte actora desistió de la demanda respecto de Reale Seguros Generales S.A., que prestó su conformidad al desistimiento, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 20.3 LEC procede acordar el sobreseimiento del presente proceso respecto de Reale Seguros Generales S.A.

 El Art. 1.1 LRCSCVM:” El conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción del mismo, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación”. En el párrafo 3º se dispone:” En el caso de daños en los bienes, el conductor responderá frente a terceros cuando resulte civilmente responsable según lo establecido en los artículos 1902 y siguientes del Código Civil, artículo 19 del Código Penal, y lo dispuesto en esta Ley”.

El Art. 1902 CC dispone lo siguiente: “El que por acción u omisión cause un daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. La Jurisprudencia (STS 18 de Marzo de 2002, 21 de Marzo de 2001) viene exigiendo tres requisitos para que prospere la acción de responsabilidad extracontractual:

1.  La producción de un daño efectivo y evaluable pecuniariamente.

2.  Una acción u omisión culposa o negligente.

3.     Un nexo causal entre dicho acto humano y el resultado dañino.

En el presente caso ha quedado probada la existencia de un daño en la puerta mecánica de las instalaciones de xxxxxx S.A. sita en la carretera de Valencia Km. 85 de la ciudad de Cuenca, consistente en la deformación de puerta y perfiles según se desprende de la documental obrante en autos (documento nº 2 y 3 acompañados con la demanda).

En cuanto al segundo de los requisitos hay que señalar que de la prueba practicada en el caso de autos, con especial relevancia de la declaración del demandado que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 304 LEC y dada la incomparecencia del demandado al acto del juicio a ser sometido al interrogatorio que fue admitido en el acto de la vista, procede tener por reconocidos los hechos en que intervino personalmente el demandado y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial, que en el caso de autos es la diligencia empleada por el demandado en el manejo de su vehículo, se desprende que el día 1 de Octubre de 2.008 cuando el demandado estaba realizando una maniobra con su vehículo Citröen CX Pallas, matrícula CU-xxxxxx-D y asegurado en Reale Seguros Generales S.A., colisionó con la puerta mecánica de las instalaciones de xxxxxx S.A. sita en la carretera de Valencia Km. 85 de la ciudad de Cuenca, de  manera que el demandado actuó de una forma negligente al incumplir lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 1.428/2.003, de 21 de Noviembre, Reglamento General de la Circulación dado que cuando estaba realizando una maniobra con su vehículo, y debido a una falta de diligencia y precaución necesaria  por el demandado en la realización de la misma, golpeó la puerta mecánica de las instalaciones de xxxxxx S.A. sita en la carretera de Valencia Km. 85 de la ciudad de Cuenca.

También se cumple en último lugar el tercero de los requisitos dado que el siniestro ocasionado y los daños en la puerta mecánica de las instalaciones de xxxxxx S.A. sita en la carretera de Valencia Km. 85 de la ciudad de Cuenca que se han reseñado anteriormente se originaron por la realización de una maniobra por parte del demandado sin la precaución y diligencia suficiente, observando el codemandado que podía realizar dicha maniobra sin golpear en la puerta mecánica de las instalaciones de xxxxx S.A. sita en la carretera de Valencia Km. 85 de la ciudad de Cuenca.

TERCERO.- Respecto a la indemnización hay que señalar que ha quedado probada la existencia de unos daños en la puerta mecánica de las instalaciones de xxxxx S.A. sita en la carretera de Valencia Km. 85 de la ciudad de Cuenca, consistentes en la deformación de puerta y perfiles que ascienden a la cuantía de 1.450 euros (documentos nº 2 y 3 acompañados con la demanda). En este sentido, procede indicar que el importe de la reparación, al que debe de descontarse la franquicia del seguro que asciende al importe de 150,25 euros, ha sido abonado por la aseguradora Axa Seguros S.A. (documento nº 5 y 6 acompañados con la demanda), por lo que el codemandado (Don xxxxxx) deberá indemnizar al actor de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.1 LRCSCVM, 1.902 CC y 43.1 LCS en la cantidad de 1.299,75 euros.

 CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1101 y 1108 CC  la cantidad a cuyo pago se ha condenado al codemandado (Don Juan Fernández Burgos) devengará los intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda hasta su completo pago.

QUINTO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 394.1 LEC dada la estimación íntegra de la demanda se imponen las costas causadas a la parte demandada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

 Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña Rosa María Torrecilla López, en nombre y representación de Axa Seguros S.A., contra Don xxxxxx, condeno a Don xxxxxxx a pagar a Axa Seguros S.A. la cantidad de 1.299,75 euros, más el pago de los intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda hasta su completo pago, con imposición de las costas causadas a la parte demandada.

Acuerdo el sobreseimiento del presente proceso respecto de Reale Seguros Generales S.A.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido. Doy fe. 

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Juicio Verbal Desahucio y reclamación de cantidad 376/2010

20101109173106-inmuebles.jpg

SENTENCIA Nº 99/2010

En Cuenca, a dieciocho de Octubre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de CUENCA los presentes autos de Juicio Verbal, seguidos en este Juzgado bajo el número 376 del año 2.010, a instancia de Don xxxxx, representado por la Procuradora Doña María Ángeles Paz Caballero y asistido por la Letrado Doña María Encarna Beamud Bello, contra Don xxxxxx, declarado en rebeldía.

 ANTECEDENTES   DE    HECHO


PRIMERO.- Don xxxxxx, representado por la Procuradora Doña María Ángeles Paz Caballero, presenta demanda de Juicio Verbal interesando que se declare haber lugar al desahucio de la demandada respecto de la finca que viene ocupando, sita en la calle xxxxxx nº 31, 2º A, de la ciudad de Cuenca, con condena a la expedita entrega de la misma, en caso de no enervar la presente acción y al pago de las rentas reclamadas y asimilados a la misma que ascienden a la cantidad de 5.146,28 euros, y con imposición de las costas causadas.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda de Juicio Verbal mediante Decreto dictado por este Juzgado en fecha de 24 de Junio de 2.010, se dio traslado de la demanda a los demandados emplazando a las partes para comparecer al acto del juicio.

TERCERO.- Celebrado el Juicio la parte demandada  fue declarada en rebeldía al no comparecer al acto del juicio en legal forma para contestar a la demanda. Practicada en el acto del juicio la prueba que se declaró pertinente se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

 

 FUNDAMENTOS   DE   DERECHO

PRIMERO.- La actora reclama al amparo de lo establecido en el artículo 1.124 y 1.555.1º CC y el artículo 17 y 27 LAU que se declare haber lugar al desahucio de la demandada respecto de la finca que viene ocupando, sita en la calle Marcelino Menéndez Pelayo nº 31, 2º A, de la ciudad de Cuenca, con condena a la expedita entrega de la misma, en caso de no enervar la presente acción y al pago de las rentas reclamadas y asimilados a la misma que ascienden a la cantidad de 7.569,02 euros, y con imposición de las costas causadas.

La parte demandada fue declarada en rebeldía al no comparecer al acto del juicio a contestar a la demanda en legal forma, por lo que al amparo de lo establecido en el artículo 440.3 LEC acuerdo el desahucio de la parte demandada de la vivienda sita en la calle Marcelino Menéndez Pelayo nº 31, 2º A, de la ciudad de Cuenca.

SEGUNDO.- No obstante la declaración de rebeldía de la parte demandada, le corresponde a la parte actora acreditar sus pretensiones dado que de la mera incomparecencia de la demandada no pueden prosperar las acciones ejercitadas por la parte actora, con excepción de la  acción de desahucio (Art. 217.2 LEC).

En el caso de autos, la actora ha acreditado mediante la documental acompañada con la demanda la existencia de un contrato de arrendamiento de la vivienda sita en la calle xxxxx nº 31, 2º A, de la ciudad de Cuenca, celebrado entre el actor y el demandado en fecha 1 de Octubre de 2.009, por un plazo de duración de un año, pactándose el pago por el demandado de una renta mensual que ascendía a la cuantía de 475 euros mensuales más 45 euros mensuales, pagaderos por adelantado dentro de los siete días primeros de cada mes mediante ingreso en la cuenta del arrendador existente en la entidad CCM, cuenta nº 2105-xxxxxxxxx, así como también se estableció que todos los gastos de gas y luz serían de cuenta del arrendatario.

Así mismo, hay que decir que la parte demandada no ha acreditado tal como le corresponde de acuerdo con lo establecido en el artículo 217.2 LEC el pago de las cantidades reclamadas por la parte actora en concepto de mensualidades de renta desde el mes de Octubre de 2.009 al mes Octubre de 2.010  que ascienden al importe de 6.175 euros., así como los gastos de comunidad desde el mes de Octubre de 2.009 al mes Octubre de 2.010 que ascienden al importe de 585 euros y las cantidades correspondientes a gastos de luz y gas que ascienden a la cuantía de 809,02. Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.555.1º CC la parte demandada deberá satisfacer a la actora la cantidad de 7.569,02euros en concepto de impago de rentas debidas y gastos en concepto de comunidad, luz y gas.

A mayor abundamiento hay que señalar que habiendo impagado la parte demandada las mensualidades de renta así como las cantidades correspondientes a los gastos en concepto de comunidad, luz y gas reclamadas en la presente litis, tal como se ha expuesto anteriormente, acuerdo el desahucio de la vivienda sita en la calle xxxxx nº 31, 2º A, de la ciudad de Cuenca de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.2 letra a) LAU y en el artículo 1.556 CC, debiendo la parte demandada entregar la vivienda sita en la calle xxxxxx nº 31, 2º A, de la ciudad de Cuenca a Don xxxxx.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1101 y 1108 CC  la cantidad a cuyo pago se ha condenado a la demandada devengará los intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda hasta su completo pago.

CUARTO.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 394.1 L.E.C., dada la estimación íntegra de la demanda procede la condena en las costas causadas a la parte demandada.

Vistos los preceptos anteriormente mencionados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Doña María Ángeles Paz Caballero, en nombre y representación de Don Don xxxxxx, contra Don xxxxx y condeno al demandado a los siguientes pronunciamientos:

1.  Declarar el desahucio de la vivienda sita en la calle xxxxxx nº 31, 2º A, de la ciudad de Cuenca.

2.  Entregar la vivienda sita en la calle xxxxx nº 31, 2º A, de la ciudad de Cuenca, a Don xxxxx.

3.  Satisfacer a Don xxxxx la cantidad de 7.569,02 euros.

4.  Pagar los intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda hasta su completo pago.

5.  Pagar las costas causadas en el presente proceso.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma. Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado- Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido. Doy fe. 

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Juicio Verbal 357/2010

20101109172729-reclamacion-de-cantidad.gif

SENTENCIA  Nº98

 

En Cuenca, a trece de Octubre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de CUENCA los presentes autos de Juicio Verbal, seguidos en este Juzgado bajo el número 357 del año 2.010, a instancia de Don xxxxx, representado por el Procurador Don Enrique Rodrigo Carlavilla y asistido por el Letrado Don P. Rafael García Montero, contra xxxxxx S.A., declarado en rebeldía.

ANTECEDENTES   DE    HECHO

 

 

PRIMERO.- Por parte de la representación procesal de Don xxxx se interpone demanda de Juicio Verbal en reclamación de la suma de 1.515 euros, intereses legales y costas.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda de Juicio Verbal presentada mediante Decreto dictado por este Juzgado en fecha de 14 de Junio de 2.010, se dio traslado de la demanda al demandado emplazando a las partes para comparecer al acto del juicio.

TERCERO.- Celebrado el Juicio se declaró en rebeldía a la parte demandada al no comparecer al acto del juicio en legal forma para contestar a la demanda. Practicada la prueba que se declaró pertinente, se declararon los autos conclusos para dictar la correspondiente sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS   DE   DERECHO

 

PRIMERO.- Reclama el actor al amparo de lo establecido en el artículo 1.089, 1.091, 1.100, 1.108, y 1.544 CC la cantidad de 1.515 euros, importe debidos como consecuencia de los servicios prestados por el actor al demandado, más intereses legales y costas.   

Por el contrario, la parte demandada no comparece al presente proceso contestando a la demanda en legal forma alegando hechos impeditivos o extintivos de las pretensiones de la actora, por lo que ha sido declarada en rebeldía.

SEGUNDO.- No obstante la incomparecencia de la parte demandada en legal forma no por ello lleva a la estimación de la demanda correspondiéndole a la parte actora acreditar sus  pretensiones al amparo de lo establecido en el artículo 217.2 LEC.

Entrando en el fondo del asunto hay que señalar que en virtud de la documental obrante en autos ha quedado acreditado la existencia de un contrato de arrendamiento de servicios en virtud del cual la parte demandada y el actor celebraron un contrato de dirección de ejecución de obras para dirigir las obras que xxxxxx S.A. iba a realizar en la localidad de xxxxx (Cuenca), carretera CM-2.100 s/n, consistentes en abastecimiento de aguas en naves industriales, fijándose unos honorarios de 1.500 euros más 16% IVA y a deducir la retención por IRPF, lo que hace un total de 1.515 euros, debiendo de indicarse además que el actor presentó el citado contrato para su visado ante el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cuenca tal como se desprende de los documentos 2 a 5 acompañados con la demanda, habiendo requerido el actor al demandado para que efectuase el pago de la cantidad de 1.500 euros tal como se desprende del documento nº 6 y 6 bis acompañados con la demanda, teniendo en cuenta a mayor abundamiento que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 304 LEC, dada la incomparecencia del demandado al acto del juicio a ser sometido al interrogatorio que fue admitido en el acto de la vista, procede tener por reconocidos los hechos en que intervino personalmente el demandado y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial, que en el caso de autos es la existencia del contrato de arrendamiento de servicios entre las partes litigantes y la falta de pago de los honorarios del arquitecto por el demandado.

Por todo ello, habiéndose acreditado la existencia de una relación de arrendamiento de servicios entre las partes litigantes consistente en la prestación de los servicios profesionales por la parte actora a la demandada que ascienden al importe de 1.500 euros, y la falta de pago de los mismos por el demandado, siendo la obligación de pago de los mismos la principal obligación del demandado, procede, en consecuencia, la estimación íntegra de la demanda, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.088, 1.101, 1.258, y 1.544 del Código Civil. Por lo tanto, el demandado deberá pagar al actor la cuantía de 1.515 euros.

 TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1101 y 1108 CC  la cantidad a cuyo pago se ha condenado al demandado devengará los intereses legales desde la fecha de la presentación de la demanda hasta su completo pago.

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el Art. 394.1 LEC dada la estimación íntegra de la demanda se imponen las costas  causadas a la parte demandada.

 FALLO

 Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador Don Enrique Rodrigo Carlavilla, en nombre y representación de Don xxxxx, contra xxxxxx S.A., y condeno al demandado a los siguientes pronunciamientos:

1.  Pagar a Don xxxxxx la cantidad de 1.515 euros.

2.  Pagar los intereses legales desde la fecha de la interpelación judicial hasta su completo pago.

3.  Pagar las costas causadas en esta instancia.

 

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de los de Daimiel y su Partido. Doy fe.

     PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Juicio Verbal especial sobre incapacidad 321/2010

20101109172401-incapacidades.jpg

SENTENCIA nº 113/10

En Cuenca, a cuatro de Noviembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca  los presentes autos de Juicio Verbal,  sobre incapacitación, seguidos en este Juzgado bajo el número 321 del año 2.010, a instancia del Ministerio Fiscal, contra Doña xxxxxx.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Ministerio Fiscal, se interpuso demanda de incapacitación de Doña xxxxx, interesando además que se le nombre tutor.

 

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 21 de Junio de 2.010, se admitió a trámite la demanda, acordando que se emplazara por término de veinte días a la parte demandada, para comparecer en autos y contestar a la demanda, designándose con carácter previo defensor judicial.

 TERCERO.- Mediante Diligencia de Ordenación de fecha 16 de Julio de 2.010, se convoca a las partes al acto del juicio y disponiendo el exámen del presunto incapaz. Celebrado en juicio y practicadas las pruebas que se declararon pertinentes, y que constan en el acta del juicio, se declararon los autos conclusos para sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por el Ministerio Fiscal se interesa al amparo de lo establecido en el artículo 200 CC la declaración incapacitación de Doña xxxxx, interesando además que se le nombre tutor a Doña xxxxxx.

SEGUNDO.- El artículo 200 CC dispone lo siguiente:” Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma.”.

 

Según la STS de 31 de diciembre de 1991 establece que "Los procesos sobre incapacitación imponen un especial tratamiento y exigen una concentrada y directa atención de los juzgadores, ya que el objeto de los mismos no son las cosas ni las controversias derivadas de las relaciones jurídicas, sino la persona misma y mediante dichos trámites procesales se declara si se les reconoce o priva de la capacidad jurídica de obrar, que es aptitud innata para ser sujeto de derechos y obligaciones, determinada por el nacimiento (art. 29 del Código Civil) e inherente a la condición de ciudadanos que desarrollan su actividad vital en una comunidad organizada, por ser consustancial a su dignidad y proyectar el ejercicio y libre desarrollo de cada personalidad, conforme al art. 10 de la Constitución.

La incapacitación supone la decisión judicial de carecer de aptitud para autogobernarse el afectado, si bien con los límites y extensiones que autoriza el art. 210 del Código Civil (hoy artículo 763 LEC), dándose equivalencia a muerte jurídico-civil; de ahí que la normativa que la regula (Título IX-Libro I del Código Civil), prevé las máximas garantías e instrumentos necesarios que se deben adoptar a fin de lograr la mayor aproximación a la verdad material para cerciorar la convicción de los juzgadores.”.

Como señala la STS de 19 de febrero de 1996, "la capacidad de las personas físicas es atributo de la personalidad, no obstante cabe su restricción y control, por disposición expresa de la ley, mediante las que han sido llamadas circunstancias modificativas de la capacidad, al presumirse siempre la capacidad mental, mientras no quede demostrado lo contrario, por los medios procesales legales arbitrados, observancia de las garantías constitucionales, y con base a pruebas concluyentes y rotundas en contrario, que conforman probanzas directas, dada la trascendencia de la resolución en cuanto priva a una persona de su libertad de disposición subjetiva o patrimonial".

En términos generales hay que referir las deficiencias a aquellos estados en los que se da un impedimento físico, mental o psíquico, permanente, y a veces progresivo, que merma la personalidad, la deteriora y amortigua, con efectos en la capacidad volitiva y de decisión, incidiendo en su conducta al manifestarse como inhabilitante para el ejercicio de los derechos civiles y demás consecuentes, constituyendo las enfermedades mentales, como muestra la praxis civil, las causas que de forma mas peculiar modifican la capacidad de ejercicio de los derechos, pues los que se encuentran en este estado están incapacitados para la realización de la casi totalidad de los actos jurídicos. Lo esencial no es padecer una determinada forma de enfermedad mental, sino sufrir una perturbación que sea origen de un "estado mental" propio con repercusiones jurídicas, caracterizándose por los siguientes elementos: 1) existencia de un trastorno mental, cuya naturaleza y profundidad sean suficientes para justificar dichas repercusiones (criterio psicológico); 2) permanencia o habitualidad del mismo (criterio cronológico); y 3) que como consecuencia de dicho trastorno, resulte el enfermo incapaz de proveer a sus propios intereses, o dicho con palabras del Código, que le impida gobernarse por si mismo (criterio jurídico), si bien tal expresión, en principio ambigua y desorientadora, por su excesiva radicalidad, no debe interpretarse en sentido absoluto, pues bastará que la enfermedad o deficiencia de que se trate impliquen una restricción sustancial o grave de autogobierno de la persona a que respectivamente afecten, pues como indica la STS de 31 de octubre de 1994, no puede exigirse un estado deficitario del afectado mucho mas profundo o grave del que resulta de la propia literalidad del precepto mencionado.

Aplicando tal doctrina al caso de autos procede indicar que de las pruebas practicadas, con especial relevancia de la exploración de Doña xxxxxx y el informe médico forense unido a los presentes autos, se llega a la convicción de que es necesaria la incapacitación de Doña xxxxxx, toda vez que la misma es una persona de edad avanzada que tiene 79 años, padece una demencia de origen vascular que cursa con marcado deterioro cognitivo, de carácter crónica e irreversible, que le incapacitan de forma total y absoluta tanto para el cuidado de sí misma como para el de sus propios intereses, necesitando la ayuda de terceros para mantener un correcto gobierno de su persona y de sus intereses, por lo que declaro la incapacitación total y absoluta de Doña xxxxxxx, tanto para el cuidado de sí misma como para el de sus propios intereses, quedando inhabilitada entre otros actos y negocios jurídicos para contratar, testar y votar, debiendo someterse a régimen de tutela.

TERCERO.- El artículo 234 del Código Civil establece que:” Para el nombramiento de tutor se preferirá:

1º Al designado por el propio tutelado, conforme al párrafo segundo del artículo 223.

2º Al cónyuge que conviva con el tutelado.

3º A los padres.

4º A la persona o personas designadas por éstos en sus disposiciones de última voluntad.

5º Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el juez.

Excepcionalmente, el Juez, en resolución motivada, podrá alterar el orden del párrafo anterior o prescindir de todas las personas en él mencionadas, si el beneficio del menor o del incapacitado así lo exigiere.”.

En el presente caso, habiendo sido declarada la incapacitación de Doña xxxxx en virtud de la presente resolución y siendo beneficioso para la incapaz el nombramiento de su hija como tutora de la misma, procede designar como tutora de Doña xxxx a Doña  xxxxxx al no concurrir en su persona ninguna de las causas de inhabilidad previstas en los artículos 243 y siguientes del Código Civil.    

 

 CUARTO.- Por la especial naturaleza del procedimiento, no procede hacer expreso pronunciamiento sobre costas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

ACUERDO la incapacitación total y absoluta de Doña xxxxxx, tanto para el cuidado de sí misma como para el de sus propios intereses, quedando inhabilitada entre otros actos y negocios jurídicos para contratar, testar y votar.

ACUERDO designar como tutora de Doña xxxxxx a Doña xxxx.

Líbrese testimonio de esta resolución al Registro Civil donde consta la inscripción del nacimiento del incapaz, y a la Junta Electoral Central. 

Remítase testimonio de esta resolución al Encargado del Registro Civil para que se inscriba la designación del cargo de tutor.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Así lo acuerda, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido, de lo que doy fe.

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Ordinario Mercantil 134/2010

20101109171911-sociedades.jpg

SENTENCIA nº55 (mercantil)

 

En Cuenca, a veintiséis de Octubre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca los presentes autos de Juicio Ordinario  seguidos en este Juzgado bajo el número 437 del año 2.010, a instancia de BP OIL ESPAÑA S.A., representada por el Procurador Dona José Antonio Nuño Fernández y asistida por la Letrado Doña Pilar García Lucas, contra DISTRIBUCIONES xxxx S.L.L., Don xxxx, Doña xxxx y Doña xxxx, representados por la Procuradora Doña Marta González Álvaro y asistidos por la Letrado Doña María Elena Mayoral Orbís.

ANTECEDENTES   DE    HECHO

PRIMERO.- Por el Procurador Dona José Antonio Nuño Fernández, en nombre y representación de BP OIL ESPAÑA S.A., se presenta demanda de Juicio Ordinario en virtud de la cual reclama que se condene a DISTRIBUCIONES xxxxx S.L.L. al pago de 10.925,10 euros en concepto de principal, más los intereses y las costas del procedimiento, declarando así mismo la responsabilidad solidaria  de los codemandados Don xxxx, Doña xxxxx y Doña xxxxx, condenándoles a pagar dicha cantidad, e imponiendo a los codemandados el pago de la costas y gastos de este procedimiento.

SEGUNDO.- Por Auto de fecha 13 de Julio de 2.010 se admite a trámite la demanda, dándose traslado a la parte demandada de copia de la misma así como de los documentos a ella acompañados emplazando a las partes para que comparezcan a la celebración del juicio.

TERCERO.- La parte demandada presentó escrito en virtud del cual se allanó a las pretensiones del actor.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS   DE   DERECHO

 PRIMERO.- El Artículo 21.1 LEC dispone lo siguiente:” Cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste, pero si el allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero, se dictará auto rechazándolo y seguirá el proceso adelante”.

 En el presente proceso, habiéndose formulado allanamiento por parte de la parte demandada a las pretensiones de la parte actora y al no haberse realizado el mismo en fraude de ley o ser contrario al interés general además de no perjudicar a terceras personas, procede estimar la demanda interpuesta por la parte actora teniendo por allanada a la parte demandada y, en consecuencia, se condena a DISTRIBUCIONES xxxxx S.L.L. al pago de 10.925,10 euros en concepto de principal, más los intereses, declarando así mismo la responsabilidad solidaria  de los codemandados Don xxxx, Doña xxxx y Doña xxxx, condenándoles a pagar dicha cantidad,.

 

SEGUNDO.- El artículo 395.1 LEC dispone lo siguiente:” Si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado.

Se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera dirigido contra él demanda de conciliación.”

De acuerdo con lo previsto en el artículo anteriormente citado, si bien se han allanado los demandados con anterioridad a la contestación a la demanda no cabe sino concluir que debe apreciarse mala fe por parte de los demandados dado que consta en los presentes autos que por parte del actor, con anterioridad a la presentación de la presente demanda, se ha presentado una demanda de conciliación dirigida contra los demandados (documento nº 17 a 24 acompañados con la demanda), por lo que procede imponer el pago de las costas causadas en esta instancia a la parte demandada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

 Teniendo por allanado a DISTRIBUCIONES xxx S.L.L., Don xxxx, Doña  xxxx y Doña xxxxx respecto de las pretensiones deducidas por parte de BP OIL ESPAÑA S.A. y estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador Don José Antonio Nuño Fernández, en nombre y representación de representación procesal de BP OIL ESPAÑA S.A. contra DISTRIBUCIONES xxxxxx S.L.L., Don xxxxx, Doña xxxxx y Doña xxxxxx, condeno a DISTRIBUCIONES xxxxx S.L.L. al pago de 10.925,10 euros en concepto de principal, más los intereses y las costas del procedimiento, declarando así mismo la responsabilidad solidaria  de los codemandados Don xxxxx, Doña xxxxx y Doña xxxxx, condenándoles a pagar dicha cantidad, e imponiendo a los codemandados el pago de la costas y gastos de este procedimiento.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca y su Partido. Doy fe. 

 PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

 

Sentencia en Incidente Concursal derivado de Cno 457/2008. Acción rescisoria de garantía hipotecaria

20101020204820-j0382663.jpg

SENTENCIA  Nº 53/10 (mrc)

En Cuenca, a trece de Octubre de dos mil diez.

Vistos por Don José Luis Pascual Martín, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Cuenca, con competencia exclusiva en materia mercantil, los presentes autos incidentales dimanantes del procedimiento concursal n° 457/08, a instancia de la Administración Concursal, contra Construcciones y Proyectos Júcar S.L. y Grupo Inmobiliario Tormo Alto S.L., representado por el Procurador Don José Antonio Nuño Fernández y asistido por el Letrado Don Luis Bolas Alonso.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Administración Concursal, se presentó demanda incidental solicitando el dictado de Sentencia por la que se rescinda la constitución de hipoteca de las fincas registrales a que se hace mención en los hechos de la demanda, constituida ante Doña Elisa Basanta Rodríguez el día 26 de Marzo de 2.008, bajo el número 727 de su protocolo y se reintegren en la masa activa del concurso los bienes sujetos a rescisión libres de las citadas cargas hipotecarias como se encontraban antes de celebrar el contrato perjudicial a la masa contrario a derecho, así como al pago de las costas procesales.

SEGUNDO.- Admitida a trámite por Providencia, se dio traslado de la demanda para contestación.

TERCERO.- Por la representación procesal de Grupo Inmobiliario Tormo Alto S.L. se contestó a la demanda incidental con el resultado que consta en los presentes autos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La Administración Concursal presentó demanda incidental solicitando el dictado de Sentencia por la que se rescinda la constitución de hipoteca de las fincas registrales a que se hace mención en los hechos de la demanda, constituida ante Doña Elisa Basanta Rodríguez el día 26 de Marzo de 2.008, bajo el número 727 de su protocolo y se reintegren en la masa activa del concurso los bienes sujetos a rescisión libres de las citadas cargas hipotecarias como se encontraban antes de celebrar el contrato perjudicial a la masa contrario a derecho, así como al pago de las costas procesales.

Por el contrario, el Grupo Inmobiliario Tormo Alto S.L. se opone a la demanda incidental formulada de contrario por los motivos que constan en su escrito que se dan aquí por reproducidos. 

SEGUNDO.- El artículo 71 LC dispone lo siguiente:” 1. Declarado el concurso, serán rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, aunque no hubiere existido intención fraudulenta.

2. El perjuicio patrimonial se presume, sin admitir prueba en contrario, cuando se trate de actos de disposición a título gratuito, salvo las liberalidades de uso, y de pagos u otros actos de extinción de obligaciones cuyo vencimiento fuere posterior a la declaración del concurso.

3. Salvo prueba en contrario, el perjuicio patrimonial se presume cuando se trate de los siguientes actos:

Los dispositivos a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas especialmente relacionadas con el concursado.

La constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas contraídas en sustitución de aquéllas.

4. Cuando se trate de actos no comprendidos en los dos supuestos previstos en el apartado anterior, el perjuicio patrimonial deberá ser probado por quien ejercite la acción rescisoria.

5. En ningún caso podrán ser objeto de rescisión:

Los actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en condiciones normales.

Los actos comprendidos en el ámbito de leyes especiales reguladoras de los sistemas de pagos y compensación y liquidación de valores e instrumentos derivados.

Las garantías constituidas a favor de los créditos de derecho público y a favor del Fondo de Garantía Salarial en los acuerdos o convenios de recuperación previstos en su normativa específica.

6. El ejercicio de las acciones rescisorias no impedirá el de otras acciones de impugnación de actos del deudor que procedan conforme a Derecho, las cuales podrán ejercitarse ante el Juez del concurso, conforme a las normas de legitimación y procedimiento que para aquéllas contiene el artículo siguiente.”.

De la mera lectura del artículo 71 LC se deduce que el éxito de la acción rescisoria concursal exige la concurrencia de los siguientes presupuestos:

1) La concurrencia de perjuicio patrimonial para la masa activa.

2) Que los actos perjudiciales se hayan realizado por el deudor dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso.

3) Que no se trate de actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en condiciones normales, ni de actos comprendidos en el ámbito de leyes especiales reguladoras de los sistemas de pagos y compensación y liquidación de valores e instrumentos derivados.

Por otra parte, la ley favorece la prueba del perjuicio patrimonial mediante un sistema de presunciones iuris et de iure, que no admiten prueba en contrario y otras iuris tantum, que presumen el perjuicio mientras los demandados no acrediten su inexistencia.

En el caso de autos, procede indicar los antecedentes de este procedimiento. En este sentido hay que reseñar que Construcciones y Proyectos Júcar S.L. se declaró en concurso en fecha de 22 de Septiembre de 2.008.

Así mismo, con anterioridad a la citada declaración de concurso, en fecha 14 de Marzo de 2.008, la concursada y el Grupo Inmobiliario Tormo Alto S.L. suscribieron una escritura de elevación a público de un documento privado de reconocimiento de deuda en virtud del cual la mercantil Construcciones y Proyectos Júcar S.L. reconocía adeudar a Grupo Inmobiliario Tormo Alto S.L. la cantidad de 783.512,31 euros (documento nº 4 acompañado con la demanda incidental) y en fecha 26 de Marzo de 2.008 suscribieron una hipoteca en garantía de la deuda constituida con anterioridad sobre todos y cada uno de los bienes relacionados y descritos en el exponiendo III del documento privado de reconocimiento de deuda de fecha 14 de Marzo de 2.008  (documento nº 5 acompañado con la demanda incidental).

Estamos, en consecuencia, ante un caso claramente subsumible en las previsiones del art. 71.3.2º LC, pues se constituye una garantía, la hipoteca sobre una serie de bienes, para asegurar el cumplimiento de una obligación que ya existía previamente al momento en que se otorga.

Una vez examinada la petición de la administración concursal procede indicar en primer término que se cumple el plazo temporal previsto en el artículo 71.1 LC puesto que se pretende la rescisión de una hipoteca constituida dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.

Debe de indicarse así mismo que por la parte demandada se ha alegado que por la administración concursal se ha ejercitado tardíamente la acción rescisoria. En este sentido, procede indicar que la SAP Lugo 19.12.2006 establece lo siguiente:”La administración concursal está perfectamente legitimada para actuar como lo hizo conforme a lo establecido el apartado primero del artículo 72 de la Ley Concursal que atribuye a aquella la legitimación activa para el ejercicio de las acciones rescisorias y demás acciones de impugnación, pudiendo hacerlo bajo las condiciones que establece el citado artículo y por tanto, en determinados supuestos asimismo los acreedores. No cabe confundir supuestos señalando que al no mencionar en el inventario la posibilidad de iniciar una acción de reintegración falta la legitimidad ya que son cuestiones diferentes, no siendo tampoco de aplicación el artículo 97 de la citada Ley que no afecta a la administración sino a quien no impugnase en tiempo y forma el inventario. Tampoco lo dispuesto en el artículo 82.4 significa un impedimento de legitimación para el ejercicio de la acción. Las indicadas razones justamente con las expuestas en la sentencia recurrida que se dan por reproducidos para evitar innecesarias repeticiones lleva, como se dijo, a no poder acoger esta primera alegación”.

Aplicando la doctrina  expuesta anteriormente al caso de autos procede reseñar que si bien el artículo 82.4 LC establece que al inventario se añadirá una relación de todos los litigios cuyo resultado pueda afectar a su contenido y otra comprensiva de cuantas acciones debieran promoverse, a juicio de la administración concursal, para la reintegración de la masa activa, por el contrario no existe precepto legal que determine que si no se ha incluido la posibilidad de ejercitar la acción rescisoria en el inventario no pueda ejercitarse la misma con posterioridad teniendo en cuenta a mayor abundamiento que la administración concursal está legitimada para interponer la acción rescisoria de conformidad con lo establecido en el artículo 72.1 LC.

TERCERO.- A continuación procede examinar si existe perjuicio patrimonial para la masa activa.

Como señala la sentencia de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2 de mayo de 2006, el perjuicio patrimonial es un concepto jurídico indeterminado que “se advierte con claridad cuando existe un sacrificio  patrimonial injustificado, como ocurre con las donaciones y en general con las transmisiones a título gratuito; también en los negocios bilaterales con reciprocidad de prestaciones, si se da una ausencia de equivalencia; y podría ocurrir también en los actos unilaterales del deudor, como es el pago, que por proximidad en el tiempo de la apertura del concurso, y por estar ya en estado de insolvencia, suponen una vulneración de la par canditio creditorum, siempre que no se trate de actos ordinarios de la actividad profesional o empresarial del deudor realizados en condiciones normales, expresamente excluidos por el artículo 71.5 LC.”.

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Barcelona, de 25-2-2005, indica: "Aplicado lo que antecede al supuesto enjuiciado, la constitución de hipoteca, apenas dos meses antes de la declaración del concurso en garantía de una deuda preexistente de la concursada con Don Tomás, constituye un acto que debe presumirse perjudicial para la masa activa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.3° apartado segundo; y, si bien la presunción admite prueba en contrario, la demandada no ha logrado acreditar que con ello se beneficiara a la masa. La hipoteca sujeta el bien o derecho afecto al pago del crédito hipotecario (artículo 155 de la Le) y el acreedor hipotecario goza del derecho de ejecución separada (artículos 55 y 56), con la consiguiente merma para la masa. El hecho de que la hipoteca facilitara nuevos suministros por parte del demandado no es suficiente para desvirtuar la presunción, dada la situación de insolvencia en la que se encontraba el deudor y la inminencia del concurso - . Por tanto no nos hallamos ante un pago corriente realizado en el ejercicio de la actividad ordinaria del deudor, sino ante un acto rescindible directamente relacionado con la previa constitución de una hipoteca para garantizar una obligación preexistente. ".

No hay duda alguna en considerar que hay perjuicio cuando el activo patrimonial del deudor se ve disminuido por la realización del acto o no se incrementa como consecuencia de su omisión, apuntándose también por un importante sector doctrinal que también lo habrá cuando el acto impugnado impida, disminuya o dificulte la satisfacción colectiva de los acreedores concursales, ya que aquel perjuicio se aprecia no solamente atendiendo al activo patrimonial (visión estricta) sino también atendiendo al conjunto de los acreedores, como se deduce del art. 71.2.2º y 71.3. 2º), dando entrada al principio de paridad de trato (visión amplia).

Esta última tesis esta última que se asume y es la seguida por las Audiencia Provinciales, entre ellas la SAP de Madrid de 19/12/2008 que dice «El perjuicio para la masa activa también puede devenir de una reducción del activo, aunque le acompañe una minoración de pasivo, si de resultas de la misma se produce una disminución de la posibilidad de dar satisfacción a los acreedores, según la regla de paridad de trato, como consecuencia de la reducción del soporte patrimonial del deudor que habría de responder ante ellos. Si el acto objeto de la acción de reintegración por vía de la rescisoria concursal ha incidido, de modo desfavorable, en la posibilidad de dar una mejor satisfacción al colectivo de los acreedores concursales, lo que ocurre cuando se reduce la masa activa con la que atender el pago de las obligaciones contraídas, debe considerarse que existe el perjuicio patrimonial a que se refiere el núm. 4 del artículo 71 de la LC en relación con el núm. 1 del mismo precepto legal.

La regla de la "par conditio creditorum" subyace en la redacción del artículo 71 de la LC, y debe orientar su interpretación, lo demuestra el tenor de varias de las presunciones que se contienen en los números 2 y 3 del dicho precepto legal, en los que se contemplan algunas operaciones que no sólo entrañan disminución del activo patrimonial, sino también del pasivo, pero que no se consideran de carácter neutro, sino perjudiciales, porque entrañan infracción del principio de paridad de trato a los acreedores.

Este criterio resulta de aplicación, a los efectos de rescindir negocios jurídicos, en principio eficaces y aunque se hubiesen realizado sin intención fraudulenta, con cierta proximidad a la manifestación externa de la insolvencia (dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso), cuando como consecuencia de aquéllos se satisfizo tan sólo el derecho de un acreedor singular en perjuicio del interés del conjunto de los acreedores, que comprueban cómo se disminuyó el activo que a todos interesaba a costa de atender el interés particular de uno de ellos.

Se trata de una interferencia que el derecho concursal introduce en el principio de seguridad del tráfico, de mucho menos entidad, desde luego, que el antiguo principio de retroacción absoluta de la quiebra, en aras a garantizar la recuperación de aquellos bienes que hubiesen salido del patrimonio del deudor en un tiempo inmediatamente anterior a su declaración en concurso con la finalidad de posibilitar un trato más justo e igualitario al colectivo de afectados por la situación concursal mediante la reintegración de todo aquello que debiera formar parte del patrimonio a liquidar en el procedimiento universal». De igual modo la SAP de Barcelona de 1 de febrero de 2007 y la más reciente de 8 de enero de 2009 que enseña que «La norma, sin embargo, admite una noción de perjuicio para la masa activa que no se reduce estrictamente a los actos que de modo directo produzcan una disminución del patrimonio del deudor (generalmente por falta de equivalencia de las prestaciones o por tratarse de actos a título gratuito), sino que también alcanza a aquellos que supongan un perjuicio indirecto por quebrar el principio de paridad de trato de los acreedores cuando se provoca una alteración de la preferencia y prelación concursal de cobro. En este sentido el perjuicio es presumido por la Ley en el apartado 2 (con carácter iuris et de iure) y en el apartado 3 (aquí iuris tantum) del art. 71 LC, que describen ciertos supuestos de favorecimiento a acreedores mediante la anticipación del pago de deudas no vencidas a la fecha de declaración del concurso o la constitución de garantías reales para garantizar deudas preexistentes (además de presumir el perjuicio por actos dispositivos a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor concursado)». Con iguales argumentos SAP de Vizcaya de 12 de junio de 2008.

Aplicando lo dispuesto anteriormente al caso de autos, hay que señalar que la constitución de hipoteca, aproximadamente seis meses antes de la declaración del concurso, en garantía de una deuda preexistente de la concursada con Grupo Inmobiliario Tormo Alto S.L., constituye un acto que debe presumirse perjudicial para la masa activa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.3º, apartado segundo LC; y, si bien la presunción admite prueba en contrario, la demandada no ha logrado acreditar que con ello se beneficiara a la masa. El hecho de que la hipoteca facilitara la continuación de la obra por la concursada así como el hecho de que el demandado hubiese efectuado aportaciones superiores a la forma de pago establecida en el contrato formalizado para la ejecución de la obra (documento nº 4 acompañado con la demanda incidental) no es suficiente para desvirtuar la presunción, dada la situación de insolvencia en la que se encontraba el deudor y la inminencia del concurso, teniendo en cuenta a mayor abundamiento que el demandado conocía la difícil situación económica por la que atravesaba la concursada como lo denota el hecho que a finales del año 2.007 la concursada incurrió en retrasos en la entrega de las 67 viviendas que estaba construyendo en la localidad de Ocaña (Toledo) por la falta de terminación de las mismas, existían también importantes defectos de construcción así como resultaba un importante crédito a favor del Grupo Inmobiliario Tormo Alto S.L., tal como alega el demandado en la contestación de la demanda incidental, de manera que el hecho de que se hipotecasen bienes del concursado no puede ser calificado sino como un evidente perjuicio objetivo para la masa activa dado que no obstante aminorarse el pasivo tal como se ha expuesto anteriormente no obsta para que se causase un perjuicio patrimonial al poder verse privada la concursada de los bienes hipotecados con la consiguiente merma de su activo patrimonial en contra del interés concursal de manera que para la apreciación de si ha habido o no perjuicio tiene que atenderse no sólo al interés de las partes en el contrato, sino también al sacrificio patrimonial que deben soportar los acreedores concursales como consecuencia de la insolvencia del deudor y en este sentido implica un trato de favor respecto de este acreedor en relación con los demás, que pueden ver frustrada la satisfacción de su crédito e implica una reducción de la masa destinada a la satisfacción del conjunto de los acreedores concursales, teniendo en cuenta a mayor abundamiento que beneficia al acreedor hipotecario en perjuicio de la masa activa, dado que aquél podrá ejecutar su derecho al margen del concurso (artículos 55 y 56 de la Ley Concursal) y, en cualquier caso, podrá satisfacer su crédito con cargo al bien afecto (artículo 155).

Por tanto nos hallamos ante un reconocimiento de deuda y posterior constitución de una hipoteca que debe ser rescindida dada la evidente alteración del principio de la paridad o la par conditio creditorum en perjuicio del resto de acreedores.

CUARTO.- El artículo 73 LC dispone lo siguiente:” 1. La sentencia que estime la acción declarará la ineficacia del acto impugnado y condenará a la restitución de las prestaciones objeto de aquel, con sus frutos e intereses.

2. Si los bienes y derechos salidos del patrimonio del deudor no pudieran reintegrarse a la masa por pertenecer a tercero no demandado o que, conforme a la sentencia, hubiera procedido de buena fe o gozase de irreivindicabilidad o de protección registral, se condenará a quien hubiera sido parte en el acto rescindido a entregar el valor que tuvieran cuando salieron del patrimonio del deudor concursado, más el interés legal; si la sentencia apreciase mala fe en quien contrató con el concursado, se le condenará a indemnizar la totalidad de los daños y perjuicios causados a la masa activa.

3. El derecho a la prestación que resulte a favor de cualquiera de los demandados como consecuencia de la rescisión tendrá la consideración de crédito contra la masa, que habrá de satisfacerse simultáneamente a la reintegración de los bienes y derechos objeto del acto rescindido, salvo que la sentencia apreciare mala fe en el acreedor, en cuyo caso se considerará crédito concursal subordinado.”.

Debe indicarse al respecto que desde la promulgación de la Ley Concursal la redacción del precepto en cuestión ha sido objeto de críticas en el terreno doctrinal porque, al señalar su apartado 1 que la sentencia que estime la acción de reintegración condenará a la restitución de las prestaciones objeto de acto impugnado, la norma toma la parte por el todo, centrando su disciplina en el ámbito de la rescisión de contratos con obligaciones recíprocas y dejando fuera del mismo otros supuestos distintos de rescisión (vgr., la rescisión de garantías reales).

En tal sentido, se ha puesto de relieve en la doctrina que la rescisión no hace nacer derecho alguno de prestación a favor del acreedor que sobrevenidamente recibió una garantía real, porque sus posiciones acreedoras traían causa de un negocio anterior a la rescisión y la sentencia que acoge la rescisión no viene a operar sobre el negocio jurídico "in totum" puesto que el perjuicio y el consiguiente reproche se concentran en la garantía y no en el negocio obligacional, y de ahí que la sentencia de rescisión únicamente comporte que aquellas primitivas situaciones de crédito, que quedan subsistentes, se declaren desprovistas de la garantía sobreañadida (en tal sentido, el Prof. GIL RODRIGUEZ, en "Comentarios a la Ley Concursal", Ed. TECNOS, pag, 899, coordinada por el Prof. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO). En el mismo sentido, señala CURIEL LORENTE (en "La reintegración en el concurso de acreedores", Ed. Aranzadi, 2009, pag. 214, obra dirigida por el Prof. GARCIA CRUCES) que los efectos de la sentencia estimatoria no pueden consistir, sin más, en una recíproca restitución de prestaciones por no haber nada que restituir, de manera que -añade más adelante- como el crédito no es originado por la rescisión, conservará su propio título y, extinguida la garantía, su condición de ordinario. Y, comentando el Anteproyecto de Ley Concursal de 1983, el Porf. MASSAGUER indicaba ya en 1986 que los efectos de la sentencia que acoge la impugnación de la constitución o ampliación de gravámenes por deudas preexistentes no vencidas no pueden materializarse en devolución alguna y solamente se traducirán en una cancelación de la inscripción que se hubiera practicado ("La reintegración de la masa en los procedimientos concursales", Ed. Bosch, 1986, pag. 148, MASSAGUER FUENTES).

La SAP de Alicante, sección 8ª, de 28 de enero de 2008 que señala que "...simplemente, lo que se pone de manifiesto es que el artículo 73 de la Ley Concursal parte de la hipótesis de que el acto rescindible es un contrato bilateral o sinalagmático por lo que deberá producirse la recíproca restitución de prestaciones entre las partes una vez declarada la ineficacia del contrato rescindible. Por el contrario, cuando se trata de un derecho real de garantía, al no existir un contrato con prestaciones recíprocas, la ineficacia del acto rescindible se concretará en la extinción del derecho real de garantía manteniendo el acreedor la titularidad de su derecho de crédito, ahora ya sin ninguna garantía. ".

Respecto a la mala fe la SAP Alicante, sección 8ª, de 9 de abril de 2008  establece: "Ciertamente, la mala fe no se presume y por tanto, quien ejercita la acción de rescisión, debe probarla, teniendo en cuenta que la mala fe (como la buena fe), es un concepto jurídico que se apoya en una conducta que ha de ser deducida de los hechos (Sentencias de 22-10-1991, 12-3-1992, 9-10-1993, 8-6-1994 y 10 de julio de 2001). Por tanto, resulta preciso determinar qué se entiende por mala fe en el específico perímetro de las acciones rescisorias concursales porque, en función de la noción que tengamos de ella, el reproche será más o menos extenso.

Pues bien, entiende el Tribunal que la mala fe que se requiere para agravar las consecuencias de la estimación de una acción rescisoria frente a los terceros condenados a la restitución de las prestaciones objeto del acto impugnado (condenándole a indemnizar daños y perjuicios en caso de no poder restituir la prestación in natura y calificando el derecho de crédito que dimane de la prestación a que se tenga derecho como crédito concursal subordinado -art.73-2-3 LC -) se debe construir, partiendo de la objetividad con que se construye y fundamenta el sistema rescisorio concursal -art.71-1 in fine LC -, a partir del artículo 1298 Código Civil y, por tanto, adicionando un particular dolo a la conducta negocial del tercero con ocasión del acto declarado ineficaz, ello en el sentido de entender que hay mala fe solo cuando la intervención en el negocio rescindido se ha producido conociendo que se está participando en un acto destinado a causar perjuicio a los acreedores de la contraparte en el negocio. Dicho de otro modo, resulta insuficiente para apreciar mala fe que el tercero simplemente participe en el negocio conociendo la situación de crisis que padece la otra parte. Es necesario que además sepa que el negocio lo realiza aquél con intención de perjudicar a sus acreedores, esto es, de que lo que se quiere es sustraer bienes en perjuicio de acreedores.

Hay pues mala fe en el tercero partícipe en el acto que se declara ineficaz en virtud de una acción rescisoria concursal cuando la parte -de ordinario, el adquirente-, conoce y, conociendo, colabora con el deudor, en la finalidad defraudatoria seguida por éste. Hay mala fe cuando existe un consilium fraudis.

Pues bien, y partiendo de dicho concepto resulta que en el caso no existe prueba de mala fe ya que en realidad toda la argumentación de la resolución de instancia se sustenta sobre la relación familiar, que conforma la presunción de perjuicio - art.71-3 - pero no de fraude -art.71-1 -, con lo que no basta per se, para construir la mala fe, tanto más cuando no hay prueba que con la compraventa la vendedora quedara en situación de insolvencia, estando documentado al contrario que son operaciones posteriores las que completan el vaciado del patrimonio de la Sra. Asunción. Y desde luego no hay prueba alguna, salvo la que quisiéramos presumir a partir de la relación familiar, de que los adquirentes tomaran parte, conociendo, en una operación global y estratégica de la vendedora destinada a perjudicar a sus acreedores.

En conclusión, no cabe negar, porque es hecho reconocido, que los adquirentes conocían la situación de crisis en que se producía la transmisión, por bajo precio, de los inmuebles, pero en absoluto puede afirmarse que su actuación lo fuera con intención de perjudicar a los acreedores o que al menos, conocieran que aquella actuaba con esa intención. Incluso las circunstancias concurrentes, esto es, el que fueran ocupantes ya antiguos de la vivienda, que era su domicilio habitual, permite concluir que la adquisición era para ellos un medio de adquirir propiedad a buen precio en atención a las necesidades del vendedor, al que se le paga, como consta acreditado, sin que en ello hubiera disimulo o engaño, y sin que, por tanto, pueda derivarse de una operación de esta índole, connivencia con el vendedor a causar perjuicio a terceros acreedores que, objetivamente sin embargo, acabaron viéndose perjudicados tal y como hemos comentado a la hora de apreciar la concurrencia del elemento objeto de la acción rescisoria concursal”.

Por todo ello, en el presente caso procede condenar a la demandada a que restituya a la masa los bienes sujetos a rescisión libres de las citadas cargas hipotecarias como se encontraban antes de celebrar el contrato sin prestación alguna con cargo a la masa dado que la constitución de la hipoteca lo fue en pago de deudas.

La parte demandada reclama la devolución de la cantidad de 768.117,66 euros, cantidad resultante de la diferencia entre la liquidación de fecha 27 de Julio de 2.009 que ha sido homologada judicialmente (1.551.629,97 euros) y la deuda reconocida en la escritura de fecha 14 de Marzo de 2.008 (783.512,31 euros), por los beneficios que la concursada obtuvo como consecuencia del contrato de 14 de Marzo de 2.008, petición que debe ser desestimada. En este sentido, aplicando la doctrina expuesta anteriormente al caso de autos procede indicar que al tratarse de la constitución de hipoteca en garantía de una deuda anterior no existe un contrato con prestaciones recíprocas de manera que la ineficacia del acto rescindible determinará la extinción del derecho real de garantía manteniendo el acreedor la titularidad de su derecho de crédito, ahora ya sin ninguna garantía, por lo que al haberse producido la rescisión de la garantía no existe prestación recíproca que devolverse, sino solo la restitución. La consecuencia que conlleva la rescisión e ineficacia de la garantía (derecho real), es que ésta desaparece permaneciendo el derecho de crédito, y ello porque en la constitución del derecho real no hay reciprocidad de obligaciones, por lo que al producirse la rescisión de la garantía no hay prestaciones recíprocas que devolverse. Así, la ineficacia conlleva dejar a los contratantes en la situación anterior al acto rescindido, de manera que se rescinde el derecho real de garantía manteniendo Grupo Inmobiliario Tormo Alto S.L. su derecho de crédito, por lo que dicho crédito debe considerarse como ordinario en virtud de la aplicación al caso de autos de la doctrina expuesta anteriormente, teniendo que indicarse a mayor abundamiento que no se aprecia la existencia de mala fe por parte del demandado ya que no ha quedado probado en el presente procedimiento que el demandado conociese la situación de insolvencia del deudor, la inminencia del concurso o existiese una intención de perjudicar al resto de los acreedores, y ello por más que finalmente, casi seis meses mas tarde de la formalización de la operación, dicha entidad no lograse tal objetivo se declarase su concurso.

 Así mismo, debe descartarse que los gastos consistentes en el importe satisfecho para interponer la demanda de ejecución hipotecaria que ascienden al importe de 6.150 euros y los gastos de constitución de la hipoteca e inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad que ascienden a la cuantía de 18.091,77 euros, cuyo reintegro interesa la parte demandada, deban ser soportados por la masa, dado que dicho efecto no está contemplado en el artículo 73 de la LC como propio de la rescisión ya que dicho precepto solo habla de "frutos e intereses".

QUINTO.- En cuanto a las costas, dadas las dudas de derecho que suscita la cuestión y que, en definitiva, no se advierte mala fe ni temeridad en la parte demandada, no es procedente hacer pronunciamiento alguno, abonando cada parte las causadas a su instancia (artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

FALLO

Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda incidental interpuesta por la Administración Concursal, contra Construcciones y Proyectos Júcar S.L. y Grupo Inmobiliario Tormo Alto S.L., y, en su consecuencia, acuerdo la rescisión la constitución de hipoteca de las fincas registrales a que se hace mención en los hechos de la demanda, constituida ante Doña Elisa Basanta Rodríguez el día 26 de Marzo de 2.008, bajo el número 727 de su protocolo y se reintegren en la masa activa del concurso los bienes sujetos a rescisión libres de las citadas cargas hipotecarias como se encontraban antes de celebrar el contrato, en tanto que el crédito del Grupo Inmobiliario Tormo Alto S.L. deberá figurar, en la relación de acreedores, como ordinario.

No se condena en costas a ninguna de las partes.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, dando cumplimiento al artículo 208.4 de la LEC, en relación con el artículo 197 de la LC, y al apartado 6 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, según redacción dada por Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo acuerda, manda y firma, Don José Luis Pascual Martín, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca, con competencia exclusiva en materia mercantil. Doy fe.

 

PUBLICACIÓN: La presente Sentencia ha sido publicada y leída en el día de la fecha por el Magistrado que la suscribe, estando celebrando audiencia pública, ante mí, Secretario Judicial, que doy fe.

Sentencia en Incidente Concursal derivado de Cna 209/2010

20101020204001-j0382663.jpg

SENTENCIA nº 52/10 (mrc)

En Cuenca, a siete de Octubre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca, con competencia exclusiva en materia mercantil, los presentes autos incidentales dimanantes del procedimiento concursal n° 209/10, a instancia de la AEAT, asistida y representada por el Abogado del Estado, contra Maderas Serranas S.A., representada por la Procuradora Doña Rosa María Concepción Torrecilla López y asistida por la Letrado Doña Elena Vila Brull, y la Administración Concursal, representada por la Procuradora Doña Marta González Álvaro y asistida por el Letrado Don Julio Brioso Mendoza.

ANTECEDENTES   DE    HECHO

PRIMERO.- Por el Abogado del Estado, en nombre y representación de la AEAT, se presentó demanda incidental impugnando la lista de acreedores solicitando que se reconozcan como créditos de la Hacienda Pública un crédito con privilegio especial (artículo 90 LC) que asciende al importe de 25.578,72 euros; un crédito con privilegio general (artículo 91.2 LC) que asciende al importe de 1.773,91 euros; un crédito con privilegio general (artículo 91.4 LC) que asciende al importe de 3.238,43 euros; un crédito ordinario (artículo 89 LC) que asciende al importe de 3.238,43 euros; un crédito subordinado que asciende al importe de 1.373,68 euros; y un crédito contra la masa que asciende al importe de 868,91 euros.

SEGUNDO.- Admitida a trámite por Providencia, se dio traslado de la demanda para contestación.

TERCERO.- Por la representación procesal de Maderas Serranas S.A. y la Administración Concursal se contestó a la demanda, allanándose a las pretensiones del actor.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS   DE   DERECHO

PRIMERO.- Interpuesta demanda incidental, Maderas Serranas S.A. y la Administración Concursal han presentado escrito en el que vienen a allanarse a las pretensiones deducidas por la AEAT.

Partiendo de ello, procede estimar íntegramente la demanda incidental (arg. ex Disposición Final 5ª de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en adelante LC, en relación con artículo 21 y concordantes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil).

SEGUNDO.- Por aplicación del artículo 196.2 de la LC, en relación con el artículo 395 de la LEC, no se imponen las costas a ninguna de las partes.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Abogado del Estado, en nombre y representación de la AEAT, declaro reconocer como créditos de la Hacienda Pública un crédito con privilegio especial (artículo 90 LC) que asciende al importe de 25.578,72 euros; un crédito con privilegio general (artículo 91.2 LC) que asciende al importe de 1.773,91 euros; un crédito con privilegio general (artículo 91.4 LC) que asciende al importe de 3.238,43 euros; un crédito ordinario (artículo 89 LC) que asciende al importe de 3.238,43 euros; un crédito subordinado que asciende al importe de 1.373,68 euros; y un crédito contra la masa que asciende al importe de 868,91 euros.

No se hace especial imposición de costas.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, dando cumplimiento al artículo 208.4 de la LEC, en relación con el artículo 197 de la LC, y al apartado 6 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, según redacción dada por Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido. Doy fe. 

Sentencia en Incidente Concursal derivado de Cna 104/2010

20101020203817-j0382663.jpg

SENTENCIA nº 51 (mercantil)

En Cuenca, a 27 de Septiembre de 2.010.

Vistos por Don José Luis Pascual Martín, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Cuenca, con competencia exclusiva en materia mercantil, los presentes autos incidentales Nº 104/10 dimanantes del procedimiento concursal n° 104/10, a instancia de la Tesorería General de la Seguridad Social, asistida y representada por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, contra Guijarro Plaza Vicente SL y la  Administración Concursal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Letrado de la Administración de la Seguridad Social, en nombre y representación de la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, presentó demanda de impugnación de la lista de acreedores.

SEGUNDO.- Admitida a trámite por Providencia, se dio traslado para contestación.

TERCERO.- La Administración Concursal ha contestado a la demanda, en los términos que son de ver en autos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la TGSS se presenta demanda incidental en la que impugna la lista de acreedores interesando que se proceda a incluir en la lista de acreedores el crédito de su representada en las cantidades y con su clasificación que se establece en el Fundamento de Derecho Cuarto de la demanda incidental.

La Administración Concursal se opone a lo solicitado de contrario al considerar que no ha justificado el origen de los créditos en la clasificación interesada.

SEGUNDO.- En el caso de autos procede indicar que no existe controversia entre las partes litigantes en lo relativo a la cuantía total del crédito a favor de la TGSS que asciende al importe de 16.883,51 euros, pero sin embargo la TGSS se opone a la clasificación de los créditos realizada por la Administración Concursal.

En este sentido, por la Administración Concursal se presentó informe en cuya lista de acreedores se incluía  a la TGSS y consideraba que tenía un crédito con respecto a la concursada que ascendía al importe de 16.883,51 euros, clasificando el crédito en su totalidad como un crédito incluido en el artículo 91.2 LC

Por la TGSS se interesa que se clasifique el crédito que le corresponde contra la concursada en los términos que expone en el hecho primero de la demanda incidental. En el caso de autos, procede indicar que la parte impugnante no ha probado el origen de cada uno de los créditos cuya clasificación pretende, al no haber aportado ningún elemento probatorio al presente incidente tendente a acreditar dicho extremo,   circunstancia ésta que debe perjudicar a la parte impugnante, por aplicación de las reglas sobre carga probatoria (artículo 217, apartados 1, 2 y 7, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a la que remite la Disposición Final 5ª de la LC), por lo que no cabe sino desestimar íntegramente la presente demanda incidental.

TERCERO.- Por aplicación del artículo 196.2 de la LC, en relación con el artículo 394.1 de la LEC, no se imponen las costas a ninguno de los litigantes, toda vez que la presente resolución se funda en las reglas sobre la carga probatoria, las cuales se aplican al reputar dudosos ciertos hechos o extremos (artículo 217.1 de la LEC), por lo que debe también valorarse la existencia de dichas dudas a efectos de no condenar en costas (arg. ex artículo 394, apartado 1, párrafo I, in fine, de la LEC, en relación con artículo 217 apartado 1 de la propia Ley).

FALLO

Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda incidental interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social, contra Guijarro Plaza Vicente SL y la  Administración Concursal.

No se condena en costas a ninguna de las partes.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, dando cumplimiento al artículo 208.4 de la LEC, en relación con el artículo 197 de la LC, y al apartado 6 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, según redacción dada por Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo acuerda, manda y firma, Don José Luis Pascual Martín, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca, con competencia exclusiva en materia mercantil. Doy fe.

PUBLICACIÓN: La presente Sentencia ha sido publicada y leída en el día de la fecha por el Magistrado que la suscribe, estando celebrando audiencia pública, ante mí, Secretario Judicial, que doy fe.

Sentencia en Incidente de Impugnación de Tasación de Costas por Indebidas. Actuación de Letrado por sustitución.

20101020203541-costas.jpg

              SENTENCIA nº 50 ( mercantil)

En Cuenca, a dieciséis de septiembre de dos mil diez.

Vistos por Mª del Carmen Buendia Rubio, Magistrada-Juez Stta del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de los de Cuenca y su partido, los presentes autos sobre INCIDENTE DE TASACION DE COSTAS derivado de MEDIDAS CAUTELARES reseñadas con el nº 39/06, seguidos entre partes, de un lado, como impugnante D. xxxxx representado por la Procuradora Sra. León Irujo y asistido por el Letrado Sr. D. Jose Luis Monge González y, de otro lado, como parte impugnada, D. xxxxx Y Dª xxxxxxx representados por el Procurador Sr. Marcilla López y asistidos por el Letrado Sr. D. Juan Angel Chumillas Moratalla.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el procedimiento sobre Medidas Cautelares reseñadas con el nº 39/06,  se practicó en fecha 16 de diciembre de 2009, Tasación de Costas por el Sr. Secretario judicial titular del presente Juzgado, por la que se reconocía al Letrado Sr. Chumillas Moratalla la cantidad de 939,41 euros y al Procurador Sr. Marcilla López, la cantidad de 303,85 euros, costas derivadas de dicho procedimiento sobre Medidas Cautelares promovidas por D. xxxxxx frente a D. xxxxx.

 

SEGUNDO.- Por la Procuradora Sra. León Irujo en nombre y representación de D. xxxxxx se presentó escrito impugnando la referida Tasación de Costas, por indebidas y excesivas.

TERCERO.- El día señalado para la vista 24 de marzo de 2010, la misma tuvo lugar, compareciendo ambas partes debidamente representadas y asistidas, ratificándose la parte impugnante en sus pretensiones, oponiéndose la parte impugnada haciendo las alegaciones que estimó oportunas. Abierto el período probatorio, ambas partes propusieron la prueba documental obrante en las actuaciones, admitida la misma, quedaron los autos vistos para dictar sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el presente procedimiento, la parte impugnante considera que los honorarios del Letrado Sr. Chumillas Moratalla son indebidos, toda vez que el Letrado director de la contraparte en dicho procedimiento fue D. Pío Viñas Picazo y no D. Juan Angel Chumillas Moratalla que es quien suscribe la solicitud de tasación de costas instada respecto del procedimiento sobre medidas cautelares 39/06, alegando dicho Letrado que las costas son debidas por haber llegado el mismo a un acuerdo con el Letrado Sr. Viñas y ser colaborador del mismo, asistiendo, así mismo al acto de la vista además de firmar algunos escritos en sustitución de su compañero, concretamente el de oposición al Recurso de Apelación. Además, se impugna la Tasación de Costas por excesivas, alegando la parte impugnante que el abogado minutante lo hace sobre la base de 145.830,83 euros, cuantía de la demanda principal de responsabilidad, cuando debería haberlo hecho en base  a la cuantía de 18.030,36 euros, por tratarse de cuantía indeteminada, reducción de honorarios que la parte impugnada no acepta, habiéndose remitido comunicación al Colegio de Abogados a tal efecto, si bien, la misma ha quedado en suspenso entretanto no sea resuelta la impugnación de tasación de costas por indebidas.

SEGUNDO.- De la prueba obrante en las actuaciones queda constancia de que en el acto de la vista del procedimiento sobre Medidas Cautelares nº 39/06 concurrió el Letrado Sr. Chumillas Moratalla asistiendo a D. xxxxxx, firmando así mismo el escrito de oposición al Recurso de Apelación en sustitución de su compañero Sr. Pío Viñas Picazo, Letrado inicialmente director del procedimiento sobre Medidas Cautelares. Alega la parte impugnante la aplicación de la disposición general sexta de los Criterios Orientadores sobre Honorarios del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha: “Cuando un abogado sustituye a otro en la dirección jurídica de un asunto, cada Abogado percibirá los honorarios correspondientes al período o períodos en que hubiesen actuado...” . Alega el Letrado Sr. Chumillas Moratalla haber llegado a un acuerdo con el Letrado Sr. Viñas Picazo respecto a la aportación de minuta de honorarios devengados y correspondiente solicitud de Tasación de Costas, no obstante, no consta en las actuaciones el citado acuerdo entre ambos, debiendo en dicho caso, minutar cada Letrado interventor sus respectivos honorarios en relación con la intervención que hayan tenido en el procedimiento, en cualquier caso, habida cuenta de que es el cliente vencedor el acreedor de las costas del procedimiento (STS de fecha 17-11-04), constando así mismo el documento presentado ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cuenca por el Letrado Sr. Chumillas Moratalla  en el Recurso de Apelación interpuesto en el presente procedimiento en el que pone de manifiesto su colaboración habitual con el Letrado Sr. Viñas así como la asistencia a D. xxxxx en el acto de la vista del presente procedimiento de Medidas Cautelares y la firma por el mismo del escrito de oposición a la apelación en sustitución del Letrado Sr. Viñas, se considera que en base a lo expuesto, es indiferente que la minuta de honorarios sea suscrita por uno u otro Letrado (STS de fecha 13-03-07), así mismo, alega la parte impugnante que el Letrado Sr. Chumillas Moratalla es hijo de D. xxxxx, al respecto, es reiterada la jurisprudencia que admite la autodefensa (STS de fechas 6-4-2001 y 27-11-03), por lo que dicha circunstancia no es óbice para la tasación de las costas causadas. Por todo lo expuesto, se considera debida la Tasación de Costas practicada en el presente procedimiento, sin entrar a considerar el carácter de excesivas de las mismas, extremo respecto del que debe pronunciarse el Colegio de Abogados.  

TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 394,1º de la Lec. las costas derivadas del presente incidente deben imponerse a la parte que ha visto rechazada sus pretensiones, en este caso, a la parte impugnante.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación,

                                        FALLO

Que desestimando la impugnación de la Tasación de Costas de fecha 16 de diciembre de 2009, presentada por la Procuradora Sra. León Irujo en nombre y representación de D. Gxxxxxx, debo declarar y declaro que la misma es DEBIDA. Con expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente incidente a la parte impugnante.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella pueden interponer Recurso de Apelación en el plazo de CINCO DIAS, a presentar en este Juzgado y para/ ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cuenca.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sra. Juez que la dictó estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha . Doy fe.     

Sentencia en Divorcio Mutuo Acuerdo 497/2010

20101020203113-acuerdo.jpg

SENTENCIA Nº 97

En Cuenca, a siete de Octubre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de los de Cuenca y su Partido, los presentes autos civiles de Juicio Verbal de Separación de Mutuo Acuerdo seguidos con el número 497 del año 2.010 entre partes, como demandante Doña xxxxxxx, representada por el Procurador de los Tribunales Don Enrique Rodrigo Carlavilla y asistida por el Letrado Don Juan Manuel Bachiller Ramón, con el consentimiento de Don xxxxxx, siendo parte el Ministerio Fiscal. Y teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

     PRIMERO.- Por el Procurador indicado se formuló demanda de separación de mutuo acuerdo, en la representación que tienen conferida, indicando los hechos y fundamentos de derecho que estimo procedentes.

     SEGUNDO.-     Por la esposa se ratificó el convenio regulador presentado con la demanda, ratificándose por separado el esposo en el convenio regulador propuesto.

Evacuado el traslado correspondiente el Ministerio Fiscal interesa la aprobación del convenio regulador.

     TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

     PRIMERO.- Establece el artículo 81.1º del Código Civil que se declarará judicialmente la separación, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio, debiendo de acompañarse junto con la demanda una propuesta de convenio regulador redactada conforme al artículo 90 de este Código.

Los cónyuges contrajeron matrimonio el día xx de xxxx de 1.998 en la localidad de xxxxxx (Cuenca).

     SEGUNDO.- Tramitados los presentes autos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/00, es procedente la estimación de la demanda pues, por un lado se cumplen los requisitos de transcurso de tiempo y mutuo acuerdo previstos en el artículo 81 del C. Civil y, por otro lado los acuerdos de los cónyuges contenidos en el preceptivo convenio regulador, se consideran procedentes en todos sus extremos, aprobándose judicialmente el referido convenio regulador que queda incorporado en todos sus extremos a la presente resolución.

     TERCERO.- No procede hacer expresa imposición de las costas en el procedimiento, atendiendo a la naturaleza de la cuestión en litis.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación procede:

FALLO

     Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda de separación de mutuo acuerdo formulada por el Procurador de los Tribunales Don Enrique Rodrigo Carlavilla, en nombre y representación de Doña xxxxxx, con el consentimiento de Don xxxxx; y en consecuencia, acuerdo separación de los cónyuges con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración de separación. Acuerdo la aprobación del convenio regulador aportado en todos sus extremos, obrante en autos y unido a la presente resolución.

     No se hace imposición de las costas causadas en este procedimiento.

Firme que sea esta resolución comuníquese al Encargado del Registro Civil competente para su anotación correspondiente en los Libros del Registro.

Notifíquese esta resolución a las partes interesadas. Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación, ante este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cuenca, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de su notificación.

     Así por esta mi resolución, la pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de los de Cuenca y su Partido.- Doy fe.-

     PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Divorcio Mutuo Acuerdo 471/2010

20101020202859-acuerdo.jpg

SENTENCIA Nº 96/10

En Cuenca, a siete de Octubre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido, los presentes autos civiles de Juicio Verbal de Divorcio de Mutuo Acuerdo seguidos con el número 471 del año 2.010 entre partes, como demandante Don xxxx y Doña xxxxx, representados por el Procurador de los Tribunales Don José Antonio Nuño Fernández y asistidos por el Letrado Don Luis Ortega Fernández, siendo parte el Ministerio Fiscal. Y teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

     PRIMERO.- Por el Procurador indicada se formuló demanda de divorcio de mutuo acuerdo, en la representación que tienen conferida, indicando los hechos y fundamentos de derecho que estimo procedentes. Por Decreto de 13 de Septiembre de 2.010 se admitió a trámite la referida demanda de divorcio de mutuo acuerdo, la cual se tramitará de acuerdo con el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

     SEGUNDO.-     Por la esposa se ratificó el convenio regulador presentado con la demanda, ratificándose por separado el esposo en el convenio regulador propuesto.

Evacuado el traslado correspondiente el Ministerio Fiscal interesa la aprobación del convenio regulador.

     TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

     PRIMERO.- Establece el artículo 86 del Código Civil que se declarará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno sólo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81del C. Civil.

Los cónyuges contrajeron matrimonio el día xx de xxx de 1.989 en la ciudad de Cuenca.

     SEGUNDO.- Tramitados los presentes autos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/00, es procedente la estimación de la demanda pues, por un lado se cumplen los requisitos de transcurso de tiempo y mutuo acuerdo previstos en el artículo 81 y 86 del C. Civil y, por otro lado los acuerdos de los cónyuges contenidos en el preceptivo convenio regulador, se consideran procedentes en todos sus extremos, aprobándose judicialmente el referido convenio regulador que queda incorporado en todos sus extremos a la presente resolución.

     TERCERO.- No procede hacer expresa imposición de las costas en el procedimiento, atendiendo a la naturaleza de la cuestión en litis.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación procede:

FALLO

     Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda de divorcio de mutuo acuerdo formulada por el Procurador de los Tribunales Don José Antonio Nuño Fernández, en nombre y representación de Don xxxxxx y Doña xxxxxx y en consecuencia, acuerdo el divorcio de los cónyuges con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración de divorcio. Acuerdo la aprobación del convenio regulador aportado en todos sus extremos, obrante en autos y unido a la presente resolución.

     No se hace imposición de las costas causadas en este procedimiento.

Firme que sea esta resolución comuníquese al Encargado del Registro Civil competente para su anotación correspondiente en los Libros del Registro.

Notifíquese esta resolución a las partes interesadas. Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación, ante este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cuenca, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de su notificación.

     Así por esta mi resolución, la pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Cuenca y su Partido.- Doy fe.-

     PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Juicio Verbal especial de Icp 401/2010

20101020202621-incapacidades.jpg

SENTENCIA Nº95/10

En Cuenca, a siete de Octubre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca  los presentes autos de Juicio Verbal,  sobre incapacitación, seguidos en este Juzgado bajo el número 401 del año 2.010, a instancia del Ministerio Fiscal, contra Doña xxxxx.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Ministerio Fiscal, se interpuso en fecha 30 de Septiembre de 2.009 demanda de incapacitación de Doña xxxxxxx, interesando además que se le nombre tutor.

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 24 de Junio de 2.010, se admitió a trámite la demanda, acordando que se emplazara por término de veinte días a la parte demandada, para comparecer en autos y contestar a la demanda, designándose con carácter previo defensor judicial.

TERCERO.- Mediante Diligencia de Ordenación de fecha 13 de Septiembre de 2.010, se convoca a las partes al acto del juicio y disponiendo el exámen del presunto incapaz. Celebrado en juicio y practicadas las pruebas que se declararon pertinentes, y que constan en el acta del juicio, se declararon los autos conclusos para sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por el Ministerio Fiscal se interesa al amparo de lo establecido en el artículo 200 CC la declaración incapacitación de Doña xxxxxx, interesando además que se le nombre tutor a Don xxxxx.

SEGUNDO.- El artículo 200 CC dispone lo siguiente:” Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma.”.

Según la STS de 31 de diciembre de 1991 establece que "Los procesos sobre incapacitación imponen un especial tratamiento y exigen una concentrada y directa atención de los juzgadores, ya que el objeto de los mismos no son las cosas ni las controversias derivadas de las relaciones jurídicas, sino la persona misma y mediante dichos trámites procesales se declara si se les reconoce o priva de la capacidad jurídica de obrar, que es aptitud innata para ser sujeto de derechos y obligaciones, determinada por el nacimiento (art. 29 del Código Civil) e inherente a la condición de ciudadanos que desarrollan su actividad vital en una comunidad organizada, por ser consustancial a su dignidad y proyectar el ejercicio y libre desarrollo de cada personalidad, conforme al art. 10 de la Constitución.

La incapacitación supone la decisión judicial de carecer de aptitud para autogobernarse el afectado, si bien con los límites y extensiones que autoriza el art. 210 del Código Civil (hoy artículo 763 LEC), dándose equivalencia a muerte jurídico-civil; de ahí que la normativa que la regula (Título IX-Libro I del Código Civil), prevé las máximas garantías e instrumentos necesarios que se deben adoptar a fin de lograr la mayor aproximación a la verdad material para cerciorar la convicción de los juzgadores.”.

Como señala la STS de 19 de febrero de 1996, "la capacidad de las personas físicas es atributo de la personalidad, no obstante cabe su restricción y control, por disposición expresa de la ley, mediante las que han sido llamadas circunstancias modificativas de la capacidad, al presumirse siempre la capacidad mental, mientras no quede demostrado lo contrario, por los medios procesales legales arbitrados, observancia de las garantías constitucionales, y con base a pruebas concluyentes y rotundas en contrario, que conforman probanzas directas, dada la trascendencia de la resolución en cuanto priva a una persona de su libertad de disposición subjetiva o patrimonial".

En términos generales hay que referir las deficiencias a aquellos estados en los que se da un impedimento físico, mental o psíquico, permanente, y a veces progresivo, que merma la personalidad, la deteriora y amortigua, con efectos en la capacidad volitiva y de decisión, incidiendo en su conducta al manifestarse como inhabilitante para el ejercicio de los derechos civiles y demás consecuentes, constituyendo las enfermedades mentales, como muestra la praxis civil, las causas que de forma mas peculiar modifican la capacidad de ejercicio de los derechos, pues los que se encuentran en este estado están incapacitados para la realización de la casi totalidad de los actos jurídicos. Lo esencial no es padecer una determinada forma de enfermedad mental, sino sufrir una perturbación que sea origen de un "estado mental" propio con repercusiones jurídicas, caracterizándose por los siguientes elementos: 1) existencia de un trastorno mental, cuya naturaleza y profundidad sean suficientes para justificar dichas repercusiones (criterio psicológico); 2) permanencia o habitualidad del mismo (criterio cronológico); y 3) que como consecuencia de dicho trastorno, resulte el enfermo incapaz de proveer a sus propios intereses, o dicho con palabras del Código, que le impida gobernarse por si mismo (criterio jurídico), si bien tal expresión, en principio ambigua y desorientadora, por su excesiva radicalidad, no debe interpretarse en sentido absoluto, pues bastará que la enfermedad o deficiencia de que se trate impliquen una restricción sustancial o grave de autogobierno de la persona a que respectivamente afecten, pues como indica la STS de 31 de octubre de 1994, no puede exigirse un estado deficitario del afectado mucho mas profundo o grave del que resulta de la propia literalidad del precepto mencionado.

Aplicando tal doctrina al caso de autos procede indicar que de las pruebas practicadas, con especial relevancia de la exploración de Doña xxxxxx y el informe médico forense unido a los presentes autos, se llega a la convicción de que es necesaria la incapacitación de Doña xxxxx, toda vez que la misma es una persona de edad avanzada que tiene xx años, padece una enfermedad consistente en un cuadro compatible con deterioro cognitivo, un cuadro de atrofia cerebral con lesión isquémica subaguda temporoparietal derecha, de carácter crónica e irreversible, que le incapacita de forma total y absoluta tanto para el cuidado de sí misma como para el de sus propios intereses, necesitando la ayuda de terceros para mantener un correcto gobierno de su persona y de sus intereses, por lo que declaro la incapacitación total y absoluta de Doña xxxxxx, tanto para el cuidado de sí misma como para el de sus propios intereses, quedando inhabilitada entre otros actos y negocios jurídicos para contratar, testar y votar, debiendo someterse a régimen de tutela.

 

TERCERO.- El artículo 234 del Código Civil establece que:” Para el nombramiento de tutor se preferirá:

1º Al designado por el propio tutelado, conforme al párrafo segundo del artículo 223.

2º Al cónyuge que conviva con el tutelado.

3º A los padres.

4º A la persona o personas designadas por éstos en sus disposiciones de última voluntad.

5º Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el juez.

Excepcionalmente, el Juez, en resolución motivada, podrá alterar el orden del párrafo anterior o prescindir de todas las personas en él mencionadas, si el beneficio del menor o del incapacitado así lo exigiere.”

En el presente caso, habiendo sido declarada la incapacitación de Doña xxxxxxx en virtud de la presente resolución y siendo beneficioso para la incapaz el nombramiento de su sobrino como tutor de la misma, procede designar como tutor de Doña xxxxx a Don xxxxxx al no concurrir en su persona ninguna de las causas de inhabilidad previstas en los artículos 243 y siguientes del Código Civil.    

CUARTO.- Por la especial naturaleza del procedimiento, no procede hacer expreso pronunciamiento sobre costas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

ACUERDO la incapacitación total y absoluta de Doña xxxxxx, tanto para el cuidado de sí misma como para el de sus propios intereses, quedando inhabilitada entre otros actos y negocios jurídicos para contratar, testar y votar.

ACUERDO designar como tutor de Doña xxxx a Don xxxx.

Líbrese testimonio de esta resolución al Registro Civil donde consta la inscripción del nacimiento del incapaz, y a la Junta Electoral Central.

Remítase testimonio de esta resolución al Encargado del Registro Civil para que se inscriba la designación del cargo de tutor.

Notifíquese la sentencia  a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe  interponer recurso de apelación ante este mismo juzgado en el plazo de cinco días al en que se notifique esta resolución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 457 y 458 LEC.

Así lo acuerda, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido, de lo que doy fe.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Divorcio Mutuo Acuerdo 450/2010

20101020202219-acuerdo.jpg

SENTENCIA Nº 94

En Cuenca, a siete de Octubre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido, los presentes autos civiles de Juicio Verbal de Divorcio de Mutuo Acuerdo seguidos con el número 450 del año 2.010 entre partes, como demandante Doña xxxxx y Don xxxxxx, representados por la Procuradora de los Tribunales Doña María Paz Gómez Sánchez y asistidos por la Letrado Doña Rocío Valero Cantero Y teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

     PRIMERO.- Por la Procuradora indicado se formuló demanda de divorcio de mutuo acuerdo, en la representación que tienen conferida, indicando los hechos y fundamentos de derecho que estimo procedentes. Por Decreto de fecha 21 de Septiembre de 2.010 se admitió a trámite la referida demanda de divorcio de mutuo acuerdo, la cual se tramitará de acuerdo con el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

     SEGUNDO.-     Por la esposa se ratificó el convenio regulador presentado con la demanda, ratificándose por separado el esposo en el convenio regulador propuesto.

     TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

     PRIMERO.- Establece el artículo 86 del Código Civil que se declarará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno sólo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81del C. Civil.

Los cónyuges contrajeron matrimonio el día x de Abril de xxxx en la ciudad de Cuenca.

     SEGUNDO.- Tramitados los presentes autos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/00, es procedente la estimación de la demanda pues, por un lado se cumplen los requisitos de transcurso de tiempo y mutuo acuerdo previstos en el artículo 81 y 86 del C. Civil y, por otro lado los acuerdos de los cónyuges contenidos en el preceptivo convenio regulador, se consideran procedentes en todos sus extremos, aprobándose judicialmente el referido convenio regulador que queda incorporado en todos sus extremos a la presente resolución.

     TERCERO.- No procede hacer expresa imposición de las costas en el procedimiento, atendiendo a la naturaleza de la cuestión en litis.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación procede:

FALLO

     Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda de divorcio de mutuo acuerdo formulada por la Procuradora de los Tribunales Doña María Paz Gómez Sánchez, en nombre y representación de Doña xxxxxx y Don xxxxxx; y en consecuencia, acuerdo el divorcio de los cónyuges con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración de divorcio. Acuerdo la aprobación del convenio regulador aportado en todos sus extremos, obrante en autos y unido a la presente resolución.

     No se hace imposición de las costas causadas en este procedimiento.

Firme que sea esta resolución comuníquese al Encargado del Registro Civil competente para su anotación correspondiente en los Libros del Registro.

Notifíquese esta resolución a las partes interesadas. Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación, ante este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cuenca, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de su notificación.

     Así por esta mi resolución, la pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Cuenca y su Partido.- Doy fe.-

     PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Divorcio Mutuo Acuerdo 485/2010

20101020201828-acuerdo.jpg

 SENTENCIA Nº 93/2010

En Cuenca, a siete de Octubre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido, los presentes autos civiles de Juicio Verbal de Divorcio de Mutuo Acuerdo seguidos con el número 485 del año 2.010 entre partes, como demandante Doña XXXXXXX y Don XXXXXXXXXXXXX, representados por la Procuradora de los Tribunales Doña Cristina prieto Martínez y asistidos por la Letrado Doña María Encarna Beamud Bello, siendo parte el Ministerio Fiscal. Y teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

     PRIMERO.- Por la Procuradora indicada se formuló demanda de divorcio de mutuo acuerdo, en la representación que tienen conferida, indicando los hechos y fundamentos de derecho que estimo procedentes. Por Decreto de 8 de Septiembre de 2.010 se admitió a trámite la referida demanda de divorcio de mutuo acuerdo, la cual se tramitará de acuerdo con el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

     SEGUNDO.-     Por la esposa se ratificó el convenio regulador presentado con la demanda, ratificándose por separado el esposo en el convenio regulador propuesto.

Evacuado el traslado correspondiente el Ministerio Fiscal interesa la aprobación del convenio regulador.

     TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

     PRIMERO.- Establece el artículo 86 del Código Civil que se declarará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno sólo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81 del C. Civil.

Los cónyuges contrajeron matrimonio el día XX de Agosto de XXXX en la localidad de la XXXXX (Toledo).

     SEGUNDO.- Tramitados los presentes autos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/00, es procedente la estimación de la demanda pues, por un lado se cumplen los requisitos de transcurso de tiempo y mutuo acuerdo previstos en el artículo 81 y 86 del C. Civil y, por otro lado los acuerdos de los cónyuges contenidos en el preceptivo convenio regulador, se consideran procedentes en todos sus extremos, aprobándose judicialmente el referido convenio regulador que queda incorporado en todos sus extremos a la presente resolución.

     TERCERO.- No procede hacer expresa imposición de las costas en el procedimiento, atendiendo a la naturaleza de la cuestión en litis.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación procede:

FALLO

     Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda de divorcio de mutuo acuerdo formulada por la Procuradora de los Tribunales Doña Cristina Prieto Martínez, en nombre y representación de Doña XXXX y Don XXXXX; y en consecuencia, acuerdo el divorcio de los cónyuges con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración de divorcio. Acuerdo la aprobación del convenio regulador aportado en todos sus extremos, obrante en autos y unido a la presente resolución.

     No se hace imposición de las costas causadas en este procedimiento.

Firme que sea esta resolución comuníquese al Encargado del Registro Civil competente para su anotación correspondiente en los Libros del Registro.

Notifíquese esta resolución a las partes interesadas. Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación, ante este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cuenca, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de su notificación.

     Así por esta mi resolución, la pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Cuenca y su Partido.- Doy fe.-

     PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Juicio Verbal especial sobre filiación nº 441/2005

20101004230537-111logo-mjus.gif

SENTENCIA Nº 92/10

En Cuenca, a 24 de septiembre de 2010.

Vistos por D. Miguel Girón Girón, Juez sustituto del  Juzgado de Primera Instancia número dos de Cuenca los presentes autos de reclamación e impugnación de filiación seguidos con el número 441/2.005 en los que han sido parte DON xxxxxx  representado por la Procuradora Sra. Herraiz Fernández  y asistido por el letrado Sr. González González como demandante y DON xxxxxx, representado por su tutor xxxxxx, representado por la procuradora Sra. Carrasco Parrilla y asistido del letrado Sr. Martínez García, y fallecido xxxxxx durante la tramitación de la causa se produce la sucesión procesal en las personas de sus hermanos xxxxx y xxxxxx, representados y asistidos por los mismos profesionales, con la intervención del Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora  Sra. Herraiz Fernández  en el nombre y la representación indicada se presentó demanda de juicio declarativo verbal especial sobre impugnación y reclamación de filiación no matrimonial, que por turno de reparto correspondió a este Juzgado  en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que entendía de aplicación, terminaba solicitando se dicte sentencia con el contenido que es de ver en el suplico de su escrito.

SEGUNDO: Por auto de tres 25 de octubre de 2005 se admite a trámite la demanda y los documentos con ella aportados dándose traslado a la parte demandada.

El Ministerio Fiscal contesta a la demanda y solicita que se tenga por contestada y previos los trámites legales y la práctica de las pruebas pertinentes, dicte sentencia conforme a lo que resulte probado y en base a los preceptos invocados.

Por providencia de fecha 2 de febrero de 2006 se declara a los demandados xxxxxx y xxxxxx en rebeldía y se requiere a la actora para que facilite el domicilio del otro demandado. Por providencia de fecha 16 de mayo de 2006 se suspende el procedimiento hasta que se resuelva el procedimiento de incapacitación de xxxxxxx.

En fecha 26 de noviembre de 2006 se presenta escrito por la procuradora Sra. Carrasco Parrilla en representación de xxxxxxx que a su vez actúa como tutor del demandado xxxxxxx, de contestación a la demanda en el que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que entiende de aplicación termina solicitando se dicte sentencia desestimando la demanda con condena en costas a la parte actora.

  Por providencia de 4 de diciembre de 2007 se señala vista para el día 1 de abril de 2008. En fecha 14 de marzo de 2008 se produce el fallecimiento de xxxxxxx, por lo que se suspende el procedimiento hasta emplazar a los herederos del mismo, quien resultó ser sus hermanos xxxx y xxxxxx, quienes son emplazados, presentando escrito de contestación la misma procuradora en representación de los mismos contestando a la demanda y oponiéndose a la misma en base a las alegaciones que aquí se dan por reproducidas.

                  Por Providencia de 11 de julio de 2008 se señala la vista para el día 19 de noviembre de 2008.

TERCERO: En la vista comparecen el Ministerio Fiscal,  demandante y demandados, ratificándose todas las partes en sus respectivos escritos de demanda y contestación. Recibido el pleito a prueba por la actora se solicita interrogatorio de parte, testifical, pericial biológica del fallecido xxxxxxx y documental; por el Ministerio Fiscal solicita el interrogatorio de las partes; y por los demandados se solicita el interrogatorio de parte, documental y testifical. Toda la prueba fue admitida a excepción de la pericial biológica solicitada por la actora.

Practicada la prueba, quedaron los autos para dictar sentencia.

CUARTO.-  En fecha 24 de noviembre de 2008 se acordó como diligencia final la practica de la prueba biológica, acordándose que se conceda un plazo de 5 días a los dos hermanos del fallecido a fin de que manifiesten si se someten voluntariamente a la prueba biológica, que se llevaría a cabo mediante confrontación de muestras de sangre del actor y de los demandados.               

Recurrida esta resolución en reposición por los demandados, resuelto por auto de fecha 26 de enero de 2009 estimando el mismo en cuanto que lo procedente era dictar auto, y en el mismo se acuerda la práctica de la diligencia final en los mismos términos acordados.

Por escrito de los demandados de fecha 6 de marzo de 2009 se manifiesta que los mismos se muestran conformes con que se les tome muestras para su confrontación con el actor, por lo que se acordó oficiar al Medico Forense para que llevara a efecto la misma, finalmente se acuerda por providencia de fecha 1 de diciembre de 2009 citar a los dos demandados para el día 22 de diciembre de 2009 en la clínica forense para la toma de muestras, las cuales fueron remitidas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, quien remitió el informe final en fecha 13 de julio de 2010; por lo que se acordó conceder cinco días a las partes para que pudieran presentar escrito de alegaciones, presentando solamente escrito la procuradora Sra. Herraiz Fernández en la referida representación, quedando los autos definitivamente conclusos para sentencia.

QUINTO.- La presente es dictada por este juzgador, quien fue el juez que presidió el acto del juicio, cumpliendo todos los tramites legales, excepto la del plazo para dictar sentencia, por estar actuando en la actualidad en juzgado distinto del que trae causa.   

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La acción de reclamación de la filiación extramatrimonial, tiene por objeto determinar, la relación de filiación entre padre o madre, e hijo, fuera del matrimonio.

La Constitución Española declara, en el último inciso de su artículo 39.2, que la Ley posibilitará la investigación de la paternidad y, en consonancia con ello, el artículo 127 del Código Civil, dispone que en los juicios sobre filiación, será admisible la investigación de la paternidad y de la maternidad.

SEGUNDO.- Esta acción puede concurrir en un doble sentido, a saber, o es el hijo, normalmente menor, representado por su madre, como titular de la patria potestad, busca un padre, cual es el caso de autos, o bien es el padre, el que también busca al hijo, ejercitando su pretensión contra la madre y el descendiente, en reclamación de que se declare que éste es suyo.

TERCERO.-  La esencia de la cuestión debatida, y prescindiendo de circunstancias extrañas a la presente litis, se centra en determinar, la presunta paternidad del xxxxxx, fallecido durante la tramitación de los presentes autos, respecto del hoy actor xxxxxx, hijo de la también demandada xxxxxxx y que a efectos de Registro Civil aparece como padre del mismo el también demandado xxxxxx.

CUARTO.- En primer lugar, y aunque ya se resolvió en el acto del juicio por la parte demandada xxxxxx y posteriormente al fallecimiento de este por sus hermanos xxxxx y xxxxxx se planteó el defecto legal en el modo de plantear la demanda al infringir lo dispuesto en el Art. 767.1 de la LEC, pues no se presentó con la demanda un principio de prueba de los hechos en que se funda.

              No puede olvidarse que el artículo 1-6 del Código Civil atribuye al Tribunal Supremo la función de interpretar y aplicar las leyes, creando de un modo reiterado doctrina jurisprudencial que complete el ordenamiento jurídico; y dentro de esta función, e implícitamente contenida en ella, está la de evolucionar los criterios hermenéuticos en relación con los antecedentes históricos y la realidad social del tiempo en que se aplican las normas (sentencia de 3 de enero de 1990).            

              Dicho lo que antecede, y respecto del citado principio de prueba exigido por los preceptos antes dichos, cabe decir que basta con que la demanda conste la oferta de practicar determinadas pruebas en el momento adecuado, y de este modo llevar un control de la razonabilidad de dicho escrito rector.           

              No es necesario, por ello, la presentación de escrito a parte, cuando en dicho escrito de demanda hay referencias concretas a medios de prueba a practicar, que contribuyen a conferir al sustento fáctico de la petición credibilidad y verosimilitud, aunque luego se pueda dar el hipotético caso de que no prospere la demanda (Tribunal Supremo, sentencias de 19 de enero de 1990, 20 de octubre de 1993, 4 de mayo de 1999, 28 de diciembre de 2001 y 13 de junio de 2002, entre otras muchas).             

              En este sentido, basta para que el juez admita a trámite la demanda que del propio contexto y contenido de la misma se aprecie una mínima línea de razonabilidad o verosimilitud de la que derivar la atribución de la paternidad sometida siempre al resultado de la prueba a practicar en el proceso (sentencias, de 28 de mayo de 1994 y 18 de mayo de 2000, entre otras).             

              En el caso sometido a consideración del Juzgado, y de la Sala, cabe advertir que en modo alguno puede tacharse de increíble o irrazonable los alegatos vertidos en el escrito de demanda, en cuanto que, además, el actor propone prueba testifical y biológica, a practicar en el momento oportuno, de modo que la pretensión planteada tiene la suficiente credibilidad y razonabilidad como para dar lugar a la admisión a trámite de la demanda.    

QUINTO.- Es de plena conformidad constitucional la resolución judicial que, en el curso de un pleito de filiación, ordena llevar a cabo una prueba pericial biológica, pues este tipo de pruebas, que no pueden considerarse degradantes, ni contrarias a la dignidad de la persona, encuentran su cobertura legal en el Art. 127 del Código Civil, que desarrollando el mandato contenido en el inciso final del Art. 39.2 C.E., según el cual "La ley posibilitara la investigación de la paternidad ", autoriza la investigación de la relación de paternidad o de maternidad en los juicios de filiación, mediante el empleo de toda clase de pruebas, incluidas las biológicas, a la vez que sirven para la consecución de la finalidad perseguida con las normas constitucionales que imponen "la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación"(Art. 39.2 C.E.), y la obligación de los padres de prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio"(Art. 39.3 C.E.).

Por ello, cuando sean consideradas indispensables por la autoridad judicial, no entrañen un grave riesgo o quebranto para la salud de quien deba soportarlas, y su práctica resulte proporcionada, atendida la finalidad perseguida con su realización, no pueden considerarse contrarias a los derechos a la integridad física (Art. 15 C.E.) y a la intimidad (Art. 18.1 C.E.) del afectado (STC 7/1994 y 95/1999).

Continua esta ultima sentencia "Hemos declarado igualmente que, dada la trascendencia que para las personas implicadas en los procesos de filiación tiene la determinación de las relaciones materiales que se dilucidan en ellos, especialmente por lo que respecta a los derechos de los hijos que se garantizan en el Art. 39 C.E., las partes tienen la obligación de posibilitar la práctica de las pruebas biológicas que hayan sido debidamente acordadas por la autoridad judicial, por ser este un medio probatorio esencial, fiable e idóneo para la determinación del hecho de la generación discutido en el pleito, pues, en estos casos, al hallarse la fuente de la prueba en poder de una de las partes del litigio, la obligación constitucional de colaborar con los Tribunales en el curso del proceso(Art. 118 C.E.), conlleva que dicha parte deba contribuir con su actividad probatoria a la aportación de los hechos requeridos a fin de que el órgano judicial pueda descubrir la verdad, ya que en otro caso, bastaría con que el litigante renuente a la prueba biológica se negase a su realización para colocar al otro litigante en una situación de indefensión contraria al Art. 24.1 C.E. por no poder justificar procesalmente su pretensión mediante la utilización de los medios probatorios pertinentes para su defensa que le garantiza el Art. 24.2 C.E. (STC y las resoluciones en ella citadas)."         

Por otra parte, además, es doctrina comúnmente admitida (Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 1999,RJA 638/1999),que en los procesos de filiación no es exigible una prueba férrea y absoluta, dadas las especiales condiciones de las situaciones humanas que se debaten, y los intereses a proteger de los hijos, lo cual no significa una permisividad abierta e incontrolada, sino la exigencia de una prueba suficiente y convincente.

El actual nivel científico permite determinar la paternidad con un grado de probabilidad tan elevado que equivale prácticamente a la certeza e incluso, el porcentaje de acierto alcanza el 100 % cuando se trata de descartar la paternidad. 

SEXTO.- Entrando a conocer sobre el fondo del asunto, y teniendo en cuenta toda esta doctrina señalada anteriormente, se ha de señalar que finalmente se practicó la prueba biológica consistente en la toma de muestras al hoy actor xxxxx, a la madre xxxxxx y a los demandados xxxxx y xxxxxxx, hermanos de xxxxx, de quien el actor reclama la paternidad, para lo cual el Sr. Medico Forense tomo muestras de mucosa bucal a todos y se remitieron al Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, el cual remitió dictamen a este juzgado, y en el cual se señala que los hermanos legales del fallecido y el presunto hijo biológico presentan el mismo perfil genético(haplotipo) para los 17 marcadores STRs de cromosoma, señalando anteriormente que estos marcadores STR se transmiten exclusivamente de padres a Hijos Varones.

Llegando a la conclusión en el dictamen pericial que mediante el estudio de STRs autosomicos obtenemos unos valores de probabilidad de paternidad de 99,99% e índice de paternidad(IP 10.750:1), siguiendo dicho dictamen, se expresa que el Haplotipo de STRs específicos de cromosoma Y obtenido a partir de la muestra de xxxxx es coincidente con los haplotipos obtenidos a partir de la muestra de referencia de cada uno de los dos hermanos del presunto padre fallecido, finalizando sus conclusiones que los resultados obtenidos en el análisis de polimorfismos de ADN mediante técnicas de amplificación genética no permiten excluir al fallecido xxxxxxxxx( Perfil genético deducido a partir de sus dos hermanos) como padre biológico de D. xxxxxxx.

Por tanto, de la prueba biológica practicada se desprende que existe un porcentaje de 99,99% de probabilidad de paternidad, por lo que constituye una prueba fiable de que el fallecido xxxxxx era el padre biológico del hoy actor xxxxx, sin que haya sido necesario la exhumación del cadáver de xxxxx, por cuanto que su perfil genético se dedujo a partir de las muestras de sus dos hermanos, como señala el dictamen pericial, y ello al considerarse probada la consanguinidad de éstos respecto del hoy actor, por lo que procede estimar la demanda.

SEPTIMO.- Que, al estimar la demanda y en aplicación de los artículos 113, 115.2, 120.3, 127, todos del Código Civil, y artículos 48 de la Ley del Registro Civil y concordantes, procede declarar que xxxxx es el padre biológico del hoy actor xxxxxx.

OCTAVO.- Es criterio reiterado por la jurisprudencia, que salvo que se aprecie temeridad o mala fe  en el planteamiento de estas cuestiones, que no constan en los actuales litigantes, en los asuntos de índole matrimonial no se procede a la imposición de costas.

Vistos los preceptos legales y razonamientos jurídicos citados

 

PARTE DISPOSITIVA

ESTIMAR la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Herraiz Fernández en nombre y representación de DON xxxxx  frente a xxxxxx, sucedido procesalmente en la persona de sus dos hermanos xxx Y xxxxxx, representados por la procuradora Sra. Carrasco Parrilla, y contra xxxxx Y xxxxxxx, declarando que:

xxxxxxx es hijo biológico y no matrimonial de D. xxxxxx, con todos los efectos inherentes a la indicada declaración, esto es, declarar que D. xxxxxx no es el padre biológico de xxxxx, por lo que este último, xxxxx a partir de la firmeza de esta resolución, tendrá como primer apellido el primero de su padre (xxxxx) y como segundo el primero de su madre (xxxxx).

Firme la presente líbrese comunicación al Encargado del Registro Civil donde consta inscrito el nacimiento, a fin de ordenar que se practiquen las anotaciones y rectificaciones oportunas de manera que se haga constar que D. xxxxxx es el padre biológico de xxxxxxx que tendrá como primer apellido el primero de su padre (xxxxxx) y como segundo el primero de su madre (xxxxxxx)

No procede la condena en costas.

Líbrese testimonio de la presente el cual se llevará a los autos de su razón quedando el original en el presente libro.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que esta resolución no es firme; Contra ella cabe preparar RECURSO DE APELACION  ante este Juzgado en el plazo de CINCO DIAS  a contar desde el siguiente a su notificación, siendo resuelto por la ILTMA. AUDIENCIA PROVINCIAL DE CUENCA.

  Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando, y firmo.

 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la presente sentencia por el Sr. Juez que la dictó hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento.

Sentencia en Divorcio Mutuo Acuerdo 128/2010

20101004225504-acuerdo.jpg

SENTENCIA Nº 91

En Cuenca, a nueve de Septiembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de los de Cuenca y su Partido, los presentes autos civiles de Juicio Verbal de Divorcio de Mutuo Acuerdo seguidos con el número 128 del año 2.010 entre partes, como demandante Doña xxxxxx, representada por el Procurador de los Tribunales Don José Antonio Nuño Fernández y asistido por el Letrado Don David Ortega Fernández, y Don xxxxxxx, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña María Ángeles Paz Caballero y asistido por el Letrado Don Miguel Ángel Martín Ruiz. Y teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

     PRIMERO.- Por el Procurador Don José Antonio Nuño Fernández, en la indicada representación se formuló demanda de divorcio contencioso indicando los hechos y fundamentos de derecho que estimo procedentes. Por Providencia de fecha 30 de Julio de 2.010 se acordó continuar el presente procedimiento por los trámites del procedimiento de mutuo acuerdo establecido en el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

     SEGUNDO.-     Por la esposa se ratificó en las medidas solicitadas en la demanda, ratificándose por separado el esposo en las citadas medidas.

 

     TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

     PRIMERO.- Establece el artículo 86 del Código Civil que se declarará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno sólo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81del C. Civil.

Los cónyuges contrajeron matrimonio el día 3 de Diciembre de xxxxx.

     SEGUNDO.- Tramitados los presentes autos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/00, es procedente la estimación de la demanda pues, por un lado se cumplen los requisitos de transcurso de tiempo y mutuo acuerdo previstos en el artículo 81 y 86 del C. Civil y, por otro lado, los acuerdos de los cónyuges se consideran procedentes en todos sus extremos, aprobándose judicialmente el referido acuerdo de los cónyuges.

     TERCERO.- No procede hacer expresa imposición de las costas en el procedimiento, atendiendo a la naturaleza de la cuestión en litis.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación procede:

FALLO

     Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda de divorcio de mutuo acuerdo formulada por los Procuradores de los Tribunales Don José Antonio Nuño Fernández y Doña María Ángeles Paz Caballero, en nombre y representación respectivamente de Doña xxxxxx y Don xxxxxx; y en consecuencia, acuerdo el divorcio de los cónyuges con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración de divorcio. Acuerdo la aprobación de los acuerdos de los cónyuges en todos sus extremos

     No se hace imposición de las costas causadas en este procedimiento.

Firme que sea esta resolución comuníquese al Encargado del Registro Civil competente para su anotación correspondiente en los Libros del Registro.

Notifíquese esta resolución a las partes interesadas. Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación, ante este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cuenca, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de su notificación.

     Así por esta mi resolución, la pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Cuenca y su Partido.- Doy fe.-

     PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

Sentencia en Divorcio Mutuo Acuerdo 407/2010

20101004225207-acuerdo.jpg

SENTENCIA Nº 90

En Cuenca, a nueve de Septiembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido, los presentes autos civiles de Juicio Verbal de Divorcio de Mutuo Acuerdo seguidos con el número 407 del año 2.010 entre partes, como demandante Don xxxx y Doña xxxxx, representados por la Procuradora de los Tribunales Doña Susana Pérez Lanzar y asistidos respectivamente por las Letrados Doña María Jesús Fernández Culebras y Doña Elena Iniesta Lozano. Y teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

     PRIMERO.- Por la Procuradora indicada se formuló demanda de divorcio de mutuo acuerdo, en la representación que tienen conferida, indicando los hechos y fundamentos de derecho que estimo procedentes. Por Decreto de fecha 16 de Julio de 2.010 se admitió a trámite la referida demanda de divorcio de mutuo acuerdo, la cual se tramitará de acuerdo con el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

     SEGUNDO.- Por la esposa se ratificó el convenio regulador presentado con la demanda, ratificándose por separado el esposo en el convenio regulador propuesto.

Evacuado el traslado correspondiente el Ministerio Fiscal interesa la aprobación del convenio regulador.

     TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

     PRIMERO.- Establece el artículo 86 del Código Civil que se declarará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno sólo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81del C. Civil.

Los cónyuges contrajeron matrimonio el día 30 de Septiembre de xxxxx en la ciudad de Cuenca.

     SEGUNDO.- Tramitados los presentes autos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/00, es procedente la estimación de la demanda pues, por un lado se cumplen los requisitos de transcurso de tiempo y mutuo acuerdo previstos en el artículo 81 y 86 del C. Civil y, por otro lado los acuerdos de los cónyuges contenidos en el preceptivo convenio regulador, se consideran procedentes en todos sus extremos, aprobándose judicialmente el referido convenio regulador que queda incorporado en todos sus extremos a la presente resolución.

     TERCERO.- No procede hacer expresa imposición de las costas en el procedimiento, atendiendo a la naturaleza de la cuestión en litis.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación procede:

FALLO

     Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda de divorcio de mutuo acuerdo formulada por la Procuradora de los Tribunales Doña Susana Pérez Lanzar, en nombre y representación de Don xxxxx y Doña xxxxxxx; y en consecuencia, acuerdo el divorcio de los cónyuges con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración de divorcio. Acuerdo la aprobación del convenio regulador aportado en todos sus extremos, obrante en autos y unido a la presente resolución.

 

     No se hace imposición de las costas causadas en este procedimiento.

Firme que sea esta resolución comuníquese al Encargado del Registro Civil competente para su anotación correspondiente en los Libros del Registro.

Notifíquese esta resolución a las partes interesadas. Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación, ante este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cuenca, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de su notificación.

     Así por esta mi resolución, la pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Cuenca y su Partido.- Doy fe.-

Sentencia en Divorcio Mutuo Acuerdo 439/2010

20101004225532-acuerdo.jpg

SENTENCIA Nº89

En Cuenca, a nueve de Septiembre de dos mil diez.

Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido, los presentes autos civiles de Juicio Verbal de Divorcio de Mutuo Acuerdo seguidos con el número 439 del año 2.010 entre partes, como demandante Doña XXXXX y Don XXXXX, representados por el Procurador de los Tribunales Don Enrique Rodrigo Carlavilla y asistidos por la Letrado Don Juan Manuel Bachiller Ramón. Y teniendo en cuenta los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

     PRIMERO.- Por el Procurador indicado se formuló demanda de divorcio de mutuo acuerdo, en la representación que tienen conferida, indicando los hechos y fundamentos de derecho que estimo procedentes. Por Decreto de fecha 16 de Julio de 2.010 se admitió a trámite la referida demanda de divorcio de mutuo acuerdo, la cual se tramitará de acuerdo con el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

     SEGUNDO.-     Por la esposa se ratificó el convenio regulador presentado con la demanda, ratificándose por separado el esposo en el convenio regulador propuesto.

     TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

     PRIMERO.- Establece el artículo 86 del Código Civil que se declarará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio, a petición de uno sólo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran los requisitos y circunstancias exigidos en el artículo 81del C. Civil.

Los cónyuges contrajeron matrimonio el día 28 de Noviembre de XXXXX en la ciudad de Cuenca.

     SEGUNDO.- Tramitados los presentes autos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/00, es procedente la estimación de la demanda pues, por un lado se cumplen los requisitos de transcurso de tiempo y mutuo acuerdo previstos en el artículo 81 y 86 del C. Civil y, por otro lado los acuerdos de los cónyuges contenidos en el preceptivo convenio regulador, se consideran procedentes en todos sus extremos, aprobándose judicialmente el referido convenio regulador que queda incorporado en todos sus extremos a la presente resolución.

     TERCERO.- No procede hacer expresa imposición de las costas en el procedimiento, atendiendo a la naturaleza de la cuestión en litis.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación procede:

FALLO

     Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda de divorcio de mutuo acuerdo formulada por el Procurador de los Tribunales Don Enrique Rodrigo Carlavilla, en nombre y representación de Doña XXXXXX y Don XXXXXX; y en consecuencia, acuerdo el divorcio de los cónyuges con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración de divorcio. Acuerdo la aprobación del convenio regulador aportado en todos sus extremos, obrante en autos y unido a la presente resolución.

     No se hace imposición de las costas causadas en este procedimiento.

Firme que sea esta resolución comuníquese al Encargado del Registro Civil competente para su anotación correspondiente en los Libros del Registro.

Notifíquese esta resolución a las partes interesadas. Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación, ante este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cuenca, en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de su notificación.

     Así por esta mi resolución, la pronuncia, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Cuenca y su Partido.- Doy fe.-

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior resolución por el Sr. Juez que la suscribe, estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.-

 

Sentencia en Incidente Concursal derivado de Cna 104/2010

20101004224536-j0382663.jpg

SENTENCIA nº 51 (mercantil)

En Cuenca, a 27 de Septiembre de 2.010.

Vistos por Don José Luis Pascual Martín, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Cuenca, con competencia exclusiva en materia mercantil, los presentes autos incidentales Nº 104/10 dimanantes del procedimiento concursal n° 104/10, a instancia de la Tesorería General de la Seguridad Social, asistida y representada por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, contra Guijarro Plaza Vicente SL y la  Administración Concursal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Letrado de la Administración de la Seguridad Social, en nombre y representación de la TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, presentó demanda de impugnación de la lista de acreedores.

SEGUNDO.- Admitida a trámite por Providencia, se dio traslado para contestación.

 

TERCERO.- La Administración Concursal ha contestado a la demanda, en los términos que son de ver en autos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la TGSS se presenta demanda incidental en la que impugna la lista de acreedores interesando que se proceda a incluir en la lista de acreedores el crédito de su representada en las cantidades y con su clasificación que se establece en el Fundamento de Derecho Cuarto de la demanda incidental.

La Administración Concursal se opone a lo solicitado de contrario al considerar que no ha justificado el origen de los créditos en la clasificación interesada.

SEGUNDO.- En el caso de autos procede indicar que no existe controversia entre las partes litigantes en lo relativo a la cuantía total del crédito a favor de la TGSS que asciende al importe de 16.883,51 euros, pero sin embargo la TGSS se opone a la clasificación de los créditos realizada por la Administración Concursal.

En este sentido, por la Administración Concursal se presentó informe en cuya lista de acreedores se incluía  a la TGSS y consideraba que tenía un crédito con respecto a la concursada que ascendía al importe de 16.883,51 euros, clasificando el crédito en su totalidad como un crédito incluido en el artículo 91.2 LC

Por la TGSS se interesa que se clasifique el crédito que le corresponde contra la concursada en los términos que expone en el hecho primero de la demanda incidental. En el caso de autos, procede indicar que la parte impugnante no ha probado el origen de cada uno de los créditos cuya clasificación pretende, al no haber aportado ningún elemento probatorio al presente incidente tendente a acreditar dicho extremo,   circunstancia ésta que debe perjudicar a la parte impugnante, por aplicación de las reglas sobre carga probatoria (artículo 217, apartados 1, 2 y 7, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a la que remite la Disposición Final 5ª de la LC), por lo que no cabe sino desestimar íntegramente la presente demanda incidental.

TERCERO.- Por aplicación del artículo 196.2 de la LC, en relación con el artículo 394.1 de la LEC, no se imponen las costas a ninguno de los litigantes, toda vez que la presente resolución se funda en las reglas sobre la carga probatoria, las cuales se aplican al reputar dudosos ciertos hechos o extremos (artículo 217.1 de la LEC), por lo que debe también valorarse la existencia de dichas dudas a efectos de no condenar en costas (arg. ex artículo 394, apartado 1, párrafo I, in fine, de la LEC, en relación con artículo 217 apartado 1 de la propia Ley).

FALLO

Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda incidental interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social, contra Guijarro Plaza Vicente SL y la  Administración Concursal.

No se condena en costas a ninguna de las partes.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, dando cumplimiento al artículo 208.4 de la LEC, en relación con el artículo 197 de la LC, y al apartado 6 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, según redacción dada por Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así lo acuerda, manda y firma, Don José Luis Pascual Martín, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca, con competencia exclusiva en materia mercantil. Doy fe.

PUBLICACIÓN: La presente Sentencia ha sido publicada y leída en el día de la fecha por el Magistrado que la suscribe, estando celebrando audiencia pública, ante mí, Secretario Judicial, que doy fe.

 

Sentencia en Incidente de Impugnación de Tasación de Costas derivado de MCC 39/06

20101004224303-costas.jpg

SENTENCIA nº 50 ( mercantil)

En Cuenca, a dieciséis de septiembre de dos mil diez.

Vistos por Mª del Carmen Buendia Rubio, Magistrada-Juez Stta del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de los de Cuenca y su partido, los presentes autos sobre INCIDENTE DE TASACION DE COSTAS derivado de MEDIDAS CAUTELARES reseñadas con el nº 39/06, seguidos entre partes, de un lado, como impugnante D. G. representado por la Procuradora Sra. León Irujo y asistido por el Letrado Sr. D. Jose Luis Monge González y, de otro lado, como parte impugnada, D. P. Y Dª P. representados por el Procurador Sr. Marcilla López y asistidos por el Letrado Sr. D. Juan Angel Chumillas Moratalla.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el procedimiento sobre Medidas Cautelares reseñadas con el nº 39/06,  se practicó en fecha 16 de diciembre de 2009, Tasación de Costas por el Sr. Secretario judicial titular del presente Juzgado, por la que se reconocía al Letrado Sr. Chumillas Moratalla la cantidad de 939,41 euros y al Procurador Sr. Marcilla López, la cantidad de 303,85 euros, costas derivadas de dicho procedimiento sobre Medidas Cautelares promovidas por D. G. frente a D. Pedro Chumillas Ruiz.

SEGUNDO.- Por la Procuradora Sra. León Irujo en nombre y representación de D. G. se presentó escrito impugnando la referida Tasación de Costas, por indebidas y excesivas.

TERCERO.- El día señalado para la vista 24 de marzo de 2010, la misma tuvo lugar, compareciendo ambas partes debidamente representadas y asistidas, ratificándose la parte impugnante en sus pretensiones, oponiéndose la parte impugnada haciendo las alegaciones que estimó oportunas. Abierto el período probatorio, ambas partes propusieron la prueba documental obrante en las actuaciones, admitida la misma, quedaron los autos vistos para dictar sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el presente procedimiento, la parte impugnante considera que los honorarios del Letrado Sr. Chumillas Moratalla son indebidos, toda vez que el Letrado director de la contraparte en dicho procedimiento fue D. Pío Viñas Picazo y no D. Juan Angel Chumillas Moratalla que es quien suscribe la solicitud de tasación de costas instada respecto del procedimiento sobre medidas cautelares 39/06, alegando dicho Letrado que las costas son debidas por haber llegado el mismo a un acuerdo con el Letrado Sr. Viñas y ser colaborador del mismo, asistiendo, así mismo al acto de la vista además de firmar algunos escritos en sustitución de su compañero, concretamente el de oposición al Recurso de Apelación. Además, se impugna la Tasación de Costas por excesivas, alegando la parte impugnante que el abogado minutante lo hace sobre la base de 145.830,83 euros, cuantía de la demanda principal de responsabilidad, cuando debería haberlo hecho en base  a la cuantía de 18.030,36 euros, por tratarse de cuantía indeteminada, reducción de honorarios que la parte impugnada no acepta, habiéndose remitido comunicación al Colegio de Abogados a tal efecto, si bien, la misma ha quedado en suspenso entretanto no sea resuelta la impugnación de tasación de costas por indebidas.

SEGUNDO.- De la prueba obrante en las actuaciones queda constancia de que en el acto de la vista del procedimiento sobre Medidas Cautelares nº 39/06 concurrió el Letrado Sr. Chumillas Moratalla asistiendo a D. XXXXXX, firmando así mismo el escrito de oposición al Recurso de Apelación en sustitución de su compañero Sr. Pío Viñas Picazo, Letrado inicialmente director del procedimiento sobre Medidas Cautelares. Alega la parte impugnante la aplicación de la disposición general sexta de los Criterios Orientadores sobre Honorarios del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha: “Cuando un abogado sustituye a otro en la dirección jurídica de un asunto, cada Abogado percibirá los honorarios correspondientes al período o períodos en que hubiesen actuado...” . Alega el Letrado Sr. Chumillas Moratalla haber llegado a un acuerdo con el Letrado Sr. Viñas Picazo respecto a la aportación de minuta de honorarios devengados y correspondiente solicitud de Tasación de Costas, no obstante, no consta en las actuaciones el citado acuerdo entre ambos, debiendo en dicho caso, minutar cada Letrado interventor sus respectivos honorarios en relación con la intervención que hayan tenido en el procedimiento, en cualquier caso, habida cuenta de que es el cliente vencedor el acreedor de las costas del procedimiento (STS de fecha 17-11-04), constando así mismo el documento presentado ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cuenca por el Letrado Sr. Chumillas Moratalla  en el Recurso de Apelación interpuesto en el presente procedimiento en el que pone de manifiesto su colaboración habitual con el Letrado Sr. Viñas así como la asistencia a D. P. en el acto de la vista del presente procedimiento de Medidas Cautelares y la firma por el mismo del escrito de oposición a la apelación en sustitución del Letrado Sr. Viñas, se considera que en base a lo expuesto, es indiferente que la minuta de honorarios sea suscrita por uno u otro Letrado (STS de fecha 13-03-07), así mismo, alega la parte impugnante que el Letrado Sr. Chumillas Moratalla es hijo de D. P., al respecto, es reiterada la jurisprudencia que admite la autodefensa (STS de fechas 6-4-2001 y 27-11-03), por lo que dicha circunstancia no es óbice para la tasación de las costas causadas. Por todo lo expuesto, se considera debida la Tasación de Costas practicada en el presente procedimiento, sin entrar a considerar el carácter de excesivas de las mismas, extremo respecto del que debe pronunciarse el Colegio de Abogados.  

TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 394,1º de la Lec. las costas derivadas del presente incidente deben imponerse a la parte que ha visto rechazada sus pretensiones, en este caso, a la parte impugnante.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que desestimando la impugnación de la Tasación de Costas de fecha 16 de diciembre de 2009, presentada por la Procuradora Sra. León Irujo en nombre y representación de D. G., debo declarar y declaro que la misma es DEBIDA. Con expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente incidente a la parte impugnante.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella pueden interponer Recurso de Apelación en el plazo de CINCO DIAS, a presentar en este Juzgado y para/ ante la Ilma. Audiencia Provincial de Cuenca.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sra. Juez que la dictó estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha . Doy fe.     

Sentencia en Incidente Concursal 267/2010 derivado de Cno 457/2008. Prohibición de compensación

20101004204949-j0382663.jpg

SENTENCIA  nº 49/10 (mrc)

En Cuenca, a quince de Septiembre de dos mil diez.

Vistos por Don José Luis Pascual Martín, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Cuenca, con competencia exclusiva en materia mercantil, los presentes autos incidentales nº 267/10 dimanantes del procedimiento concursal n° 457/08, a instancia de Don XXXXXX, representado por la Procuradora Doña María del Rosario Pinedo Ramos y asistido por el Letrado Don Rafael Matas Cuéllar, contra Construcciones y Proyectos Júcar S.L. y la Administración Concursal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora Doña María del Rosario Pinedo Ramos, en nombre y representación de Don XXXXXX se presentó demanda incidental solicitando el dictado de Sentencia por la que:

a) Condene a la demandada a otorgar a favor del actor, y en plazo no superior a cinco días desde la firmeza de la sentencia, escritura de entrega de los bienes objeto de la presente litis descritos en el cuerpo de la demanda, piso vivienda con sus anejos y local comercial, registrales que se hacen constar en el expositivo quinto de la presente demanda, con entrega de la posesión simultánea en tal otorgamiento, a todos lo efectos legales y en la forma en que se encuentran.

b) Declare que el importe a abonar por el actor al momento de otorgamiento de la escritura pública de entrega de recogida en el apartado precedente, ha de ser el de 9.212,27 euros, así como el 7% de IVA del resto del importe no facturado del valor del piso, es decir, el 7% de 47.533 euros que asciende a 3.327,31 euros, condenando al demandado a estar y pasar por tal pronunciamiento.

c) Condene a los demandados y a cuantos se opongan a la presente demanda al pago de las costas que se causen en el presente procedimiento incidental.

SEGUNDO.- Admitida a trámite por Providencia, se dio traslado de la demanda para contestación.

TERCERO.- La Administración Concursal contestó a la demanda, interesando la estimación en cuanto a la escrituración de los inmuebles objeto de permuta y se desestime en cuanto a la minoración en el precio que de contrario se solicita sin perjuicio de reconocérsele como crédito concursal ordinario el que resulte de los informes periciales que obren en autos, con imposición de las costas si se opusieren a tal petición.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Interpuesta demanda incidental por la representación procesal de Don XXXXXX se reclama al amparo de lo establecido en el artículo 1.091, 1.100, 1.157 y 1.258 CC que se condene a la demandada a otorgar a favor del actor, y en plazo no superior a cinco días desde la firmeza de la sentencia, escritura de entrega de los bienes objeto de la presente litis descritos en el cuerpo de la demanda, piso vivienda con sus anejos y local comercial, registrales que se hacen constar en el expositivo quinto de la presente demanda, con entrega de la posesión simultánea en tal otorgamiento, a todos lo efectos legales y en la forma en que se encuentran; que se declare que el importe a abonar por el actor al momento de otorgamiento de la escritura pública de entrega de recogida en el apartado precedente, ha de ser el de 9.212,27 euros, así como el 7% de IVA del resto del importe no facturado del valor del piso, es decir, el 7% de 47.533 euros que asciende a 3.327,31 euros, condenando al demandado a estar y pasar por tal pronunciamiento; y que se condene a los demandados y a cuantos se opongan a la presente demanda al pago de las costas que se causen en el presente procedimiento incidental.

 

Por el contrario, la Administración Concursal interesó la estimación en cuanto a la escrituración de los inmuebles objeto de permuta y se desestime en cuanto a la minoración en el precio que de contrario se solicita sin perjuicio de reconocérsele como crédito concursal ordinario el que resulte de los informes periciales que obren en autos, con imposición de las costas si se opusieren a tal petición.

 

SEGUNDO.- En primer lugar procede indicar que del documento nº 1 acompañado con la demanda incidental se desprende que Don XXXX y Don XXXXX, en representación de Construcciones y Proyectos Júcar S.L., mediante escritura pública de fecha 26 de Abril de 2.007 celebraron un contrato de permuta de solar por obra en virtud del cual Don XXXXXX transmitía en permuta a Don XXXXXX un local destinado a tienda en la casa número 33, en la calle XXXXX de la ciudad de Cuenca, mientras que Construcciones y Proyectos Júcar S.L. se comprometía a transmitir a Don XXXXX en el edificio que construya en el solar resultante de la demolición del edificio del que forma parte el local transmitido, previa agrupación de otros solares colindantes los siguientes elementos del edificio totalmente terminado: un local en planta baja marcado con la letra F del plano de distribución de la planta baja, a pié de la calle XXXXXX con una superficie aproximada de 93 metros cuadrados; una vivienda de 112,97 metros cuadrados útiles y 134,86 metros cuadrados construidos aproximadamente, con cuatro dormitorios y dos baños, salón a fachada de la calle XXXXX, teniendo una altura de un segundo A (segunda planta) a partir de la altura de los locales comerciales (planta baja); y una plaza de garaje 3 y trastero 13, en planta sótano del futuro edificio o donde dichos elementos tengan su ubicación final.

Así mismo en la citada escritura se estableció que la prestación de Don XXXXX se valoraba en la cantidad de 152.863 euros y la de Construcciones y Proyectos Júcar S.L. en 273.065 euros, por lo que Don ZZZZZ haría entrega a Construcciones y Proyectos Júcar S.L. de la cantidad de 120.202, debiendo de entregar el 25% (30.050 euros) a la terminación de la estructura y cubierta, el 25% (30.050 euros) a la termina