Viernes, 15-05-09
Ciento diecinueve profesores de Derecho Procesal (84 con plena capacidad docente e investigadora), de 32 Universidades distintas y de diversas «escuelas», hemos firmado una declaración de muy grave preocupación ante el «Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial», al que ya me referí en este diario. Hablé de una posible «Justicia sin Jueces (independientes)» porque ese Proyecto, que nada dice de la «Oficina Judicial» ni va acompañado de ningún compromiso de dotación de más «recursos humanos» y medios materiales, consiste en sustraer a los Jueces y Magistrados gran número de importantes resoluciones al comienzo, en el desarrollo e incluso en el desenlace de los procesos, atribuyendo esas decisiones a los Secretarios Judiciales, que no son los Jueces y Magistrados independientes que impone la civilización y la Constitución Española (CE), sino funcionarios férreamente dependientes del Ejecutivo. Para los profesores, a quienes nada nos va en el Proyecto, es tarea jurisdiccional, exclusiva de los Jueces y Magistrados, dirigir los procesos, lo que supone, más allá de actividades materiales, una serie de juicios jurídicos y de decisiones que preparan la sentencia o la excluyen. Conforme a un entendimiento pacífico y universal de la Justicia, rechazamos que «lo jurisdiccional» sea sólo dictar sentencia sobre el fondo de los casos, como viene a sugerir la Exposición de Motivos del Proyecto. No en vano habla el art. 117.3 CE del ejercicio de la potestad jurisdiccional «en» los procesos y no «después de» y ni siquiera «mediante» los procesos. Porque «en» los procesos -no sólo al final- se juega la gente su derecho fundamental (art. 24 CE) a obtener tutela judicial efectiva.
Conocemos los modelos, las tendencias y las reformas en otros países civilizados: van siempre en la línea de una mayor implicación del juez en el proceso. Aquí, inventando la rueda cuadrada, se proyecta lo contrario. Pero es que, en todo caso, en España hemos de atenernos a unos preceptos constitucionales que no son los de otros países y que no se deberían tergiversar al amparo del penoso tópico -que denuncié hace mucho tiempo- según el cual «en Derecho todo es discutible». Hay, sí, muchas cosas discutibles en Derecho, como en Física, Química o Matemáticas. Pero también hay reglas, principios y conceptos que, si se discuten, nos hacen retroceder muchos siglos. Lo del «todo es discutible» no pasa de ser una bobada muy conveniente para los que quieren no ver «limitada» su «libertad de expresión» por datos y saberes muy asentados.
Algunos entusiastas del Proyecto de Ley colocaron como síntesis de su desacuerdo con la declaración de los profesores un gran rótulo: «la chusma universitaria». Con el nivel que ese rótulo indica, no era de extrañar la incoherencia de que esgrimiesen titulación universitaria y formación jurídica procesal y, a la vez, insultaran a la Universidad y a los procesalistas.
Otros partidarios de la Justicia condicionada por el Ejecutivo nos invitaron, mucho más suavemente, a darnos un paseo por la realidad judicial. Lanzaban así la imagen de los universitarios como ermitaños dedicados a elucubraciones abstrusas sin conexión con lo real. A esto sí quiero responder, porque es el ser y el quehacer de la Universidad lo que se intenta descalificar. Y la respuesta no consiste en decir que entre nosotros hay muchos que ejercen o han ejercido largos años la Abogacía o que son o han sido Magistrados, o Letrados del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. La respuesta es que los universitarios nos dedicamos, cabalmente, a conocer la realidad, a estudiar sus problemas y a procurar ofrecer respuestas concretas, con espíritu de independencia, esto es, sin subordinación a estos o aquellos intereses.
Naturalmente, los profesores procesalistas procuramos no abrumar a los alumnos con la «gramática parda» del foro, aunque, en ocasiones, resulte obligado mostrar contrastes entre el Derecho y la realidad. De mí se dice que no me muerdo la lengua. Al contrario: tengo callos en ella de tanto mordérmela. Pero, además de evitar al máximo generalizaciones injustas para algunos profesionales (abogados, jueces o secretarios judiciales), no quiero merecer la cicuta por inculcar cinismo en los alumnos. No me parece formativo hablar de masivos delitos de falsedad documental en los procesos, de embargos de cientos de millones por deudas de unos pocos miles, de órdenes de desalojo de vivienda dictadas frente a arrendatarios reconocidos que no habían sido partes. Tampoco resulta edificante enseñar que, en realidad, hay interrogatorios a detenidos sin presencia del Juez ni del Secretario Judicial en los llamados «juicios rápidos». Por las mismas razones, no nos detenemos a examinar lo que sucede con las cuentas de consignaciones y depósitos: muchos millones de euros de los litigantes, que no siempre se devuelven diligentemente cuando procede.
El examen de las demandas, para admitirlas o inadmitirlas, ha de seguir siendo cosa de los jueces, porque, pese a que lo diga el Proyecto, no se trata de una «mera comprobación material». Tampoco debe sustraerse al juez la determinación de las audiencias, vistas y juicios o la aprobación de un convenio (transacción) entre las partes, que tiene fuerza de cosa juzgada y requiere un juicio de legalidad y de ausencia de perjuicio de terceros y del interés público. Y, así, otros numerosos asuntos en los procesos de declaración. En cuanto a la ejecución forzosa, se equivocan -por ignorancia contumaz de la realidad y del Derecho- quienes parecen concebirla como una actividad automática, poco menos que abordable mediante la robótica. Por el contrario: incluye enjuiciamientos de importancia -no pocos ni siempre fáciles- que corresponden a los jueces.
«Sólo los jueces, individualmente o agrupados en órganos colegiados, pueden ejercer jurisdicción -juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado-» (Sentencia 108/1986, de 26 de julio, del Tribunal Constitucional). Nadie discute que el Juez no tiene que ejecutar por sí mismo lo juzgado (y lo que, además de «lo juzgado», es también ejecutable, como una póliza de crédito). Pero corresponde a los Jueces decidir y controlar cómo se hacen ejecutar los títulos ejecutivos. Porque la potestad jurisdiccional, dentro de los Juzgados y Tribunales, pertenece sólo a los Jueces y Magistrados «independientes, inamovibles, responsables y sometidos sólo al imperio de la ley» (art. 117.1 CE) y no los demás integrantes de un tribunal, dependientes del Ministerio o de la «Consejería» de una Comunidad Autónoma.
El mega-Proyecto de Ley ha de ser objeto de una profunda modificación. No sólo porque en su contenido hay innovaciones que empeorarían el ordinario funcionamiento de nuestra Justicia, sino para no aprisionar a los Jueces con mecanismos procesales que pasarían a manos del Ejecutivo. Y se impone revisar la reforma orgánica de 2003, en varios puntos generadora de confusión y caos. En los Juzgados y Tribunales tiene que existir una clara autoridad máxima y son los Jueces y los Presidentes quienes deben tener la última palabra directiva, como se reafirmó en la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1985. En todo caso, los problemas reales de nuestra Justicia no dependen de un cambio de «roles» de los Jueces y Magistrados y de los Secretarios Judiciales. Lo decisivo son otros esfuerzos sostenidos, no tan baratos y rápidos como ese cambio. Se necesitan más «efectivos» de calidad, sin bajar ni un centímetro (más) el «listón» en la selección de los servidores de la Justicia.
Por lo demás, los ciudadanos tenemos derecho a saber con seguridad quién respalda, además del Gobierno y su grupo parlamentario, la ocurrencia de ese Proyecto de administrativización y control de nuestra Justicia.
