S E N T E N C I A     Nº 1655

   En el Recurso de Suplicación número 978/09, interpuesto por D. J.C.C.G. y otros, contra el Auto dictado por el Juzgado de lo Social nº 1 de Cuenca, de fecha veinticinco de mayo de dos mil nueve,  en los autos número 322/08, sobre reclamación por Empleo, siendo recurrido por LUIS LORIENTE SL.

Es Ponente el Iltmo. Sr. D. Jesús Rentero Jover.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que en el auto recurrido dice en su parte dispositiva:

     "Se autorizan totalmente (teniendo en cuenta lo dispuesto por la Sentencia de fecha quince de abril de dos mil nueve dictada en suplicación por la Sala de lo Social del TSJCLMancha que estima íntegramente el recurso formulado por el sindicato CC.OO y otros que pedía la reposición de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dictarse el auto recurrido ahora en suplicación, solicitando la nulidad del mismo, al haberse infringido el art. 24 de la CE en relación con el art. 120 del mismo cuerpo legal y con el art. 209.2 de la LECivil, con efectos del día trece de agosto de 2008, las medidas solicitadas por la mercantil concursada LUIS LORIENTE SL que afectan colectivamente a parte de las relaciones laborales en las que es empleador el concurso LUIS LORIENTE SL en los términos siguientes propuestos por la Administración Concursal: "una indemnización de veinte días de salario por años de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, con un máximo de doce mensualidades".

El crédito indemnizatorio para los trabajadores cuyos contratos de trabajo se extinguen, se acreditará como crédito contra la masa del concurso entendiéndose comunicado y reconocido desde la presente resolución conforme a lo dispuesto en el art. 84.2.5º de la LC."

SEGUNDO.- Que, en dicho Auto, y como Hechos Probados, se establecen los siguientes:   

No obstante la dificultad de realizar una declaración de hechos probados en un procedimiento sin contradicción, vista o práctica de pruebas, a la vista de los informes no puestos en contradicción y las alegaciones formuladas por los intervinientes procede declarar como hechos probados los siguientes:

1º La mercantil LUIS LORIENTE SL, declarada en concurso voluntario de acreedores por auto de este Juzgado de fecha 27-6-2008 y con sus facultades de administración y disposición del patrimonio intervenidas, es una sociedad constituida en el año 1993, con objeto social la explotación de mataderos frigoríficos e industriales, así como la realización de todo tipo de actividades relacionadas con el sector de la alimentación, que ha girado en el tráfico jurídico y mercantil con absoluta normalidad desde su constitución, y con dos hitos determinantes en el funcionamiento de la empresa como son: 1) el fallecimiento en el año 2006 de D. L.L.A., titular de la mitad del capital social de la empresa en los años 2007 y 2008 por problemas de liquidez que impedían el suministro de materia prima al matadero si no se pagaba al contado, y la desaceleración que sufrió la economía en general en el año 2008. Esto motivó el cierre inicial y temporal de la actividad de matadero industrial en beneficio del concurso para no generar más deudas a corto plazo y hasta tanto se pudiera obtener la financiación necesaria para lograr el suministro de materia prima que permitiera reanudar la actividad; no se logró dicho objetivo y el cierre temporal se convirtió en definitivo.

   Así resulta de manera meridianamente clara, y no contradicha por los trabajadores o sus representantes sindicales, en la memoria explicativa de las causas económicas del expediente de regulación de empleo que se adjuntó al escrito promoviendo su tramitación.

2º El procedimiento concursal, a la fecha en que el presente ha quedado visto para resolver tras la recepción del informe de la autoridad laboral, se encuentra en el trámite de elaboración del informe de la administración concursal.

3º Los trabajadores afectados por las medidas solicitadas y sus circunstancias laborales son las siguientes: Según se hace constar en el Auto de instancia, que aquí se da por íntegramente reproducido.

TERCERO.- Que, en tiempo y forma, por la parte, se formuló Recurso de Suplicación contra la anterior Sentencia, en base a los motivos que en el mismo constan.

   Dicho Recurso  fue impugnado de contrario.

   Elevadas las actuaciones a este Tribunal, se dispuso el pase al Ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO                                                                     

     PRIMERO.- Contra la resolución del Juzgado de lo Social de procedencia, Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de lo Mercantil de Cuenca, Auto de 25-5-09, recaída resolviendo demanda sobre solicitud de Extinción colectiva de contratos de trabajo, tras cita de las adecuadas indicaciones de carácter procesal, por la representación letrada de las partes recurrentes, el Sindicato Comisiones Obreras, y de un grupo de trabajadores afectados, se formaliza su escrito de Suplicación, del primero, a través de dos motivos, ambos dedicados al examen del derecho que ha sido aplicado, y mediante los que realiza denuncia de infracción de lo que viene establecido en los artículos 64,2 de la Ley Concursal de 9-7-03, en relación con los artículos 40,1 y 27,1 del mismo texto legal, así como del artículo 64,3 de la misma norma. A su vez, en el otro recurso, también con respeto a su contenido probatorio se plantean dos motivos dedicados al examen del derecho que ha sido aplicado, y mediante los que se realiza denuncia de infracción de lo que viene establecido en los artículos 51 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 64,8 de la citada Ley Concursal, así como del artículo 24 de la norma sustantiva laboral citada. Lo que es impugnado de contrario por la representación letrada de la Administración Concursal de la empresa "LUIS LORENTE S.L.", así como por la de esta última.

     SEGUNDO.- Respecto al recurso formalizado por parte de la representación letrada de un grupo de trabajadores afectados por la extinción contractual autorizada por el Juzgado mercantil de procedencia, y siguiendo con ello el criterio mantenido por esta misma Sala con anterioridad, en el Recurso 344/09, y siguiendo lo establecido en los artículos 64, 184,1 y 197 de la Ley Concursal, en relación con el artículo 448,1 de la supletoria Ley de Enjuiciamiento Civil, solamente podrán recurrir el Auto que haya dictado el Juzgado Mercantil resolviendo la petición de modificación de las condiciones de trabajo, o de suspensión o extinción de los contratos de trabajo, quienes hayan sido parte en el expediente; es decir, el deudor, la administración concursal, los representantes de los trabajadores y el Fondo de Garantía Salarial. Pero no así los trabajadores individualmente afectados, y considerados de modo individual, que no han sido parte como tales sujetos individuales en el expediente, y que, en su caso, podrán acudir al llamado "incidente concursal" (artículos 192 a 196 LC), en cuanto a la repercusión que sobre su respectivo contrato de trabajo pueda tener la autorización acordada (así lo señala la doctrina más cualificada, Ríos Salmerón). Pero sin legitimación para impugnar la autorización colectiva, que excede del ámbito de tutela que ofrece la ley, y también de la propia intervención que de modo individual pueden ejercitar. Opción legal que, pudiendo ser discutible, es la que se viene entendiendo como aplicable, de tal modo que, por aplicación de dicha interpretación, no cabe entrar a dar contestación al recurso formalizado en representación de una pluralidad de trabajadores afectados, impugnando el Auto de procedencia en su generalidad.

     TERCERO.- El control en vía de Suplicación de la decisión adoptada por el Juzgado Mercantil exige, como consecuencia de la propia regulación de este extraordinario tipo de recurso, que tal resolución judicial tenga un relato de hechos probados, de tal manera que, en su caso, y de conformidad con el artículo 191,b) de la Ley de Procedimiento Laboral de 7-4-95, pueda ser objeto de control, a través de propuestas de modificación, adición o eliminación de su contenido, con base en medio de prueba que sea idóneo (documental y/o pericial) y suficiente para la finalidad perseguida. Por otro lado, así se establece, con carácter general para todos los órganos jurisdiccionales, en el artículo 248,2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que los Autos serán siempre fundados y contendrán en párrafos separados y numerados los hechos y los razonamientos jurídicos y, por último, la parte dispositiva. Lo que se señala debido a que, el incumplimiento de esa obligación general, dio lugar a que, con anterioridad, se tuviera que anular el Auto que había sido dictado por el Juzgado Mercantil de procedencia, mediante Sentencia de 15-4-09, atendiendo así a petición realizada en el recurso entonces presentado por el Sindicato también ahora actuante. Existiendo un cierto relato fáctico en el que ahora nuevamente se ha dictado, procede entrar a dr contestación a los motivos del recurso formalizado en su contra por la representación letrada del Sindicato Comisiones Obreras, actuando en defensa de intereses colectivos.

     Y así, se plantean en el escrito de recurso dos motivos, que se dicen amparados en el apartado c) del artículo 191 LPL, mediante los que se denuncia infracción de determinados preceptos de la Ley Concursal. En primer lugar, del artículo 64,2 de la Ley de 9-7-03, Concursal, en relación con los artículos 40,1 y 27,1 de la misma norma legal, en cuanto que señala el primer precepto la posibilidad de que la administración concursal solicite del juez mercantil la extinción de los contratos de trabajo de la empresa concursada, que deben de ser tres, conforme al artículo 27,1, mientras que, en el momento de presentación de tal solicitud, solamente habían sido nombrados dos administradores del concurso, por lo que considera el Sindicato recurrente que no debió de admitirse a trámite la petición extintiva, al no estar compuesta la administración concursal por el número de componentes a que se refiere la mencionada Ley Concursal que avalara tal petición, al faltar el tercer administrador concursal, al no constar designado un acreedor que sea titular de un crédito ordinario o con privilegio general que no esté garantizado.

     Ciertamente que no existe constancia en lo actuado del nombramiento del tercer administrador, pero junto a no existir tampoco la fehaciencia de su no nombramiento, sin que se intente modificación fáctica al respecto, es lo cierto que, de todos modos, presentada la solicitud extintiva por los otros dos, ello supondría que sería una decisión adoptada por una mayoría en número suficiente de los mismos. Sin que, además, exista una expresión normativa que permita adoptar la nulidad de lo actuado por solo dos administradores. Por lo que, en definitiva, procede desestimar este primer motivo del recurso.

     En lo que hace al segundo motivo del recurso presentado por la representación del Sindicato interviniente, resulta cierto que en el artículo 64,3 LC se permite la posibilidad de adoptar las medidas previstas en el apartado 2 del mismo precepto (que se refiere a la modificación sustancial de condiciones de trabajo, a la extinción o a la suspensión colectivas de los contratos de trabajo en que sea empleador el concursado), pero ello solamente una vez emitido por la administración concursal el informe a que se refiere el Capítulo I del Libro IV de la propia Ley, es decir, en los artículos 74 y, especialmente, en el artículo 75, que debe contener un análisis de los datos y circunstancias del deudor, el estado de la contabilidad del mismo, y una memoria de las  principales decisiones y actuaciones de la administración concursal, al que se deben de adjuntar una serie de documentos que se indican en el artículo 74,2 LC, y una conclusión sobre la situación patrimonial del deudor. Lo que no se había presentado cuando se solicitó la autorización judicial extintiva.

     Ciertamente que el propio artículo 64,3 LC excepciona de la obligación de presentación previa de dicho informe cuando, la demora en la aplicación de las medidas colectivas pretendidas, pueda comprometer gravemente la viabilidad de la empresa. En cuyo caso, añade el precepto, con acreditación de esta circunstancia, podrá realizarse la petición al juez en cualquier momento procesal desde la presentación de la solicitud de declaración de concurso. Es decir, que:

     a) La regla general debe de ser la de previa presentación del informe detallado.

     b) Que, excepcionalmente, cabe solicitar tales medidas en cualquier momento, a partir de la solicitud de declaración del concurso, pero siempre que: 1) La demora en aplicar la medida colectiva solicitada perjudique la viabilidad futura de la empresa; 2) Que ese perjuicio sea grave; 3) Que se acredite adecuadamente esa circunstancia que permite esa actuación excepcional.

     Pues bien, en el presente caso, al margen de, nuevamente, encontrarnos ante una solicitud que aparece cursada por solamente dos de los administradores, lo cierto es que malamente se puede considerar acreditado que, de no adoptarse las medida de extinción solicitada, de prácticamente todos los trabajadores de la planta de producción, manteniéndose en la solicitud cursada solamente el personal del otro centro de venta de los productos ya elaborados, se ayuda a la viabilidad futura de la empresa en cuanto tal. Puesto que ello no permite suponer que tal medida conduzca a viabilidad alguna de la empresa hacia el futuro, pues el centro que se mantiene no lleva aparejado el mantenimiento de la planta de producción sino únicamente la venta de lo anteriormente producido, ni por ende, la extinción contractual solicitada afecta en nada a la viabilidad de la empresa, o al menos, no es una circunstancia que conste acreditada (artículo 64,3 LC), que por lo tanto, no cabe presumir.

     CUARTO.- Procede así estimar el recurso, en cuanto a este segundo motivo del mismo, si bien la consecuencia que a ello va aparejada no pueda ser la de condenar al abono de una distinta indemnización, pues eso es cuestión propia del ejercicio de acciones individuales de despido por parte de los trabajadores que se puedan haber visto afectados por la decisión extintiva, que una vez firme la presente, y dentro de los plazos y de la regulación legal, pudiera decidir interponer. Por lo que procede la estimación parcial del recurso, solamente en cuanto a la anulación de la autorización acordada que el Auto objeto del recurso contiene.

F A L L A M O S

Que procede desestimar el recurso formalizado por parte de la representación letrada de D. J.C.C.G. y otros contra el Auto del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de los de Cuenca, Juzgado de lo Mercantil, de fecha 25-5-09, dictado en los autos 322/08, mediante el que se autorizaba la extinción de los contratos de trabajo de un total de 68 trabajadores de la mercantil "LUIS LORIENTE S.L.", solicitada por la Administración concursal de la misma, por falta de legitimación, y a su vez, procede estimar de modo parcial el recurso formalizado contra la misma resolución judicial por parte de la representación del Sindicato Comisiones Obreras, procediendo la revocación de dicha resolución judicial, y por lo tanto, la anulación de la autorización de extinción de los contratos de trabajo que contiene, de D. IOAN BEJENARI y otros 67 trabajadores más de la empresa concursada "LUIS LORIENTE S.L.".

   Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Albacete), haciéndoles saber que contra la misma únicamente cabe RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA, que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Albacete), dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la notificación de la Sentencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 219 y 228 de la Ley de Procedimiento Laboral. La consignación del importe de la condena deberá acreditarse, cuando proceda, por la parte recurrente que no goce del beneficio de justicia gratuita ante esta Sala al tiempo de preparar el Recurso presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la Cuenta Corriente nº 0044  0000  66  , que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Albacete) tiene abierta en el BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, Oficina número 3001,sita en la calle Marqués de Molins nº 13 de Albacete, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, debiendo igualmente la parte recurrente, que no ostente la condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o se trate del Ministerio Fiscal, Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los Organismos dependientes de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita, consignar como depósito la cantidad de TRESCIENTOS EUROS (300 €),  que deberá ingresar en la Cuenta número 2410 del BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, Sucursal de la calle Barquillo nº 49 (clave oficina 1006) de Madrid, que tiene abierta la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en la Secretaría de dicha Sala IV del Tribunal Supremo al tiempo de personarse en ella.

   Expídanse las Certificaciones oportunas para su unión a los autos y al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias.

   Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

AUTO DICTADO EN PRIMERA INSTANCIA

Tras la publicación en el BOE en el día de ayer de la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre , compelementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, hoy 05 de noviembre de 2009 entra en vigor la obligación de constitutir depósito previo  para recurrir contra sentencias o autos que pongan fin al proceso o impidan su continuación. Se consignará como depósito:
a) 30 euros, si se trata de recurso de queja.
b) 50 euros, si se trata de recurso de apelación o de rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde.
c) 50 euros, si se trata de recurso extraordinario por infracción procesal.
d) 50 euros, si el recurso fuera el de casación, incluido el de casación para la unificación de doctrina.
e) 50 euros, si fuera revisión.

Asimismo, para la interposición de recursos contra resoluciones dictadas por el Juez o Tribunal que no pongan fin al proceso ni impidan su continuación en cualquier instancia será precisa la consignación como depósito de 25 euros. El mismo importe deberá consignar quien recurra en revisión las resoluciones dictadas por el Secretario Judicial.
Se excluye de la consignación de depósito la formulación del recurso de reposición que la ley exija con carácter previo al recurso de queja.

La constitución del depósito para recurrir se realizará por el recurrente mediante ingreso en la cuenta expediente correspondiente al órgano y procedimiento judicial en que se haya dictado la resolución objeto de recurso, debiendo indicar el el campo concepto del documento Resguardo de Ingreso que se trata de un "recurso", seguido del código y tipo concreto del recurso del que se trate, siguiendo la siguiente numeración:

Civil:

00 Civil-Reposición (25 €)

01 Civil-Revisión de resoluciones secretario judicial (25 €)

02 Civil-Apelación (50 €)

03 Civil-Queja (30 €)

04 Civil-Extraordinario por infracción procesal (50 €)

05 Civil-Rescisión de sentencia firme a instancia de parte (50 €)

Penal: sólo exiguble a la acusación popular:

10 Penal-Reforma-Súplica (25 €)

11 Penal-Revisión de resoluciones Secretario Judicial (25 €)

12 Penal-Apelación (50 €)

13 Penal-Queja (30 €)

14 Penal-Casación (50 €)

15 Penal-revisión de sentencia firma (50 €)

Contencioso:

20 Contencioso-Reposición/Súplica (25 €9

21 Contencioso-Revisión de resoluciones Secretario Judicial

22 Contencioso-Apelación ( 30 €)

24 Contencioso-Casación ( 50 €)

25 Contencioso-Revisión de sentencia firme (50 €)

Social: Exentos los trabajadores y los beneficiarios del régimen público de la Seguridad Social.

30 Social- Reposición/Súplica

31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial

32 Social-Queja

33 Social-Revisión de sentencia firme

Ejemplo. Nº de cuenta para ingresar: 1616-0000-52-0516-07 y en Observaciones o Concepto: 02 Civil-Apelación (50 €)

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar (en el campo observaciones) los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio). Ej.: 1616-0000-52-0516-07 02 Civil-Apelación (50 €)

Esta obligación sólo se aplica a la interposición de recursos que deban tramitarse por escrito. Se excluye de dicha obligación en los recursos de reposición exigidos por ley concarácter previo a los recursos de queja, así como para la interposición de recursos de suplicación o de casación en el orden jurisdiccional social, ni de revisión en el orden jurisdiccional civil. Tampoco están obligados los beneficiarios de Asistencia Jurídica Gratuita.

En los recursos que se interpongan,  tras la entrada en vigor de la Ley frente a resoluciones notificadas con anterioridad, será también requisito indispensable para su admisión la constitución del depósito.

En aquellos supuestos en que se realicen ingresos simultáneos por la misma parte procesal se deberán realizar dos operaciones distintas de imposición, indicando en el concepto el tipo de recurso de que se trate en cada caso.

Al interponer el recurso, el recurrente tiene que acreditar haber constituido el depósito para recurrir medinate la presentación de copia del resguardo u orden de ingreso.

S E N T E N C I A  NUM. 252/2009

         En la ciudad de Cuenca, a tres de noviembre del año dos mil nueve.

         Vistos en trámite de recurso de apelación los autos de juicio verbal, número 692/2008, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número dos de los de Cuenca y su partido,  promovidos a instancia de DON XXXXXXX, mayor de edad y provisto de D.N.I. número XXXXXX, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Mercedes Carrasco Parrilla y asistido técnicamente por el Letrado Don Rufino Merino Retuerta; contra DOÑA XXXXXXXX, también mayor de edad y provista de D.N.I. número XXXXX, representada por la Procuradora de los Tribunales Doña María Josefa Martínez Herraiz y asistida técnicamente por el Letrado Don Miguel Fernández de Sevilla; en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandada, contra la sentencia dictada en primera instancia, de fecha trece de marzo del presente año; habiendo sido ponente el Ilmo. Sr. Don Leopoldo Puente Segura.

ANTECEDENTES DE HECHO

I

         En los autos indicados al margen se dictó sentencia de fecha trece de marzo del año 2009, por el Juzgado de Primera Instancia número dos de los de Cuenca y su partido, en cuya parte dispositiva se establecía: "Estimar parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Doña Mercedes Carrasco Parrilla, en nombre y representación de Don XXXXXXXX contra Doña XXXXXXX, condenando al citado demandado al pago de 1743 euros con 12 céntimos más los intereses legales de la citada cantidad desde la fecha de cinco de noviembre de 2008 devengando el global que resulte el interés legal elevado en dos puntos hasta la completa satisfacción del actor.

         Cada parte abonará sus costas y las comunes por mitad".

II

        Contra la anterior sentencia se preparó y después interpuso por la representación de la parte demandada recurso de apelación en tiempo y forma, recurso que fue admitido a medio de providencia de fecha 26 de mayo del presente año, dándose traslado a la parte contraria para que pudiera presentar escrito de oposición al recurso o impugnar la sentencia en aquellos extremos que pudieran resultarles desfavorables.

        Con fecha dieciocho de junio del presente año, Doña Mercedes Carrasco Parrilla, Procuradora de los Tribunales y de Don XXXXXXX, se presentó escrito oponiéndose al recurso interpuesto de contrario e interesando el dictado de una sentencia íntegramente confirmatoria de la recaída en la primera instancia.

III

        Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, con fecha 24 de junio del presente año, se procedió a formar el correspondiente rollo, asignándosele el número del margen, turnándose ponencia y habiéndose cumplido la totalidad de las previsiones legales, sin que se estimara necesaria la celebración de vista, y señalándose para que tuviera lugar la correspondiente deliberación, votación y fallo el siguiente día tres de noviembre del presente año.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

        Se aceptan los que se contienen en la resolución recurrida, que habrán de tenerse aquí por íntegramente reproducidos.

I

        Bajo la denominación genérica de "error en la apreciación de los hechos probados", considera la parte recurrente, de manera en cierto modo desordenada y confusa, que los honorarios percibidos por el demandante resultaban abusivos según los criterios orientadores del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que no eran acordes con los servicios prestados y que como quiera que habría prescrito la acción judicial que al Letrado le fue encomendada, el contrato de arrendamiento de servicios decayó, razón por la cual el recurrente considera que no procede pagar los intereses de demora a que se hace referencia en la sentencia apelada. Juzga, además, el recurrente que el trabajo realizado por el Letrado resultó totalmente infructuoso, añadiendo, para finalizar, que aunque se facturara por la redacción de 4 documentos (cartas), en realidad se elaboró tan sólo una, remitiéndose, la misma carta, a cuatro destinatarios distintos.

        Como se ve, por lo tanto, a pesar de la denominación escogida por el recurrente para titular sus motivos de queja, ninguno de ellos se refiere en realidad a la existencia de un pretendido error en la valoración probatoria, supuestamente padecido por la juzgadora de instancia, si no al distinto criterio, por descontado legítimo, que el recurrente mantiene con relación a determinados extremos que han sido en el procedimiento cumplidamente acreditados. Así, por ejemplo, insiste el recurrente en considerar que las acciones que Doña XXXXXX pudo haber ejercitado como consecuencia de las lesiones que le produjo el que considera negligente comportamiento de un centro sanitario y de los profesionales que en él realizaron su función, se encontraban prescritas cuando el Letrado con el que contrató envió a cuatro de los profesionales que intervinieron en dicha asistencia sendas reclamaciones extrajudiciales. Conforme se observa, sin embargo, en la sentencia recurrida, no es este el momento procesal adecuado para pronunciarse respecto de esa eventual prescripción (en la que, a nuestro parecer de manera incomprensible, insiste el recurrente). Sirva decir que la misma, en tanto invocada por la parte demandada, debió haber sido acreditada por ésta a los efectos de oponerse al pago reclamado por el profesional que contrató (a quien, de ese modo, imputa un incumplimiento de sus obligaciones esenciales), prueba que, desde luego, no se ha realizado, sin que exista pronunciamiento judicial alguno que declare prescrita la comentada acción. Por otra parte, si se tiene en cuenta que los daños personales padecidos por XXXXXX se produjeron como consecuencia de sendas intervenciones quirúrgicas, ni siquiera existe base suficiente como para considerar que el ejercicio de sus acciones estuvieran necesariamente sometida al plazo de un año en los términos contemplados para el ejercicio de acciones derivadas de una eventual responsabilidad extracontractual.

        Por lo que respecta al importe de los honorarios que se reclaman, hemos de coincidir también con las observaciones que se contienen en la sentencia recurrida respecto a que la parte demandada se limitó a señalar a este respecto, dando por cierto que las actuaciones efectuadas por el actor no están previstas expresamente en los criterios orientadores del Colegio de Abogados de Madrid, que en el despacho profesional del Abogado que contrató con posterioridad esos mismos trabajos se hubieran facturado por un importe inferior, lo que, evidentemente, no supone prueba alguna acerca del pretendido carácter excesivo del importe facturado por el demandante. Tampoco en su recurso señala el apelante cuál sería el importe de dichos trabajos con aplicación de las mencionadas normas orientadoras colegiales, a las que nuevamente se refiere, ni en concreto qué norma de entre las mencionadas hubiera podido ser aplicada de forma incorrecta.

        Observa también el apelante que no deben serle impuestos los intereses de demora establecidos en la sentencia de instancia por cuanto "el contrato lo resolvió el propio letrado, ya que con su inoperancia hizo imposible el cumplir con el cometido para el que fue contratado". Es este otro modo de insistir en que como consecuencia de la pretendidamente negligente actuación del Abogado demandante, decayó Doña XXXXXXX en el ejercicio de cualquiera de las acciones que pudieran corresponderle, extremo que, como ya se ha dejado expuesto, ni ha sido acreditado ni puede tenerse por cierto. Aún sin necesidad de profundizar en estos extremos, lo cierto es que los daños personales que padeció la demandada no necesariamente habrían de ser articulados sobre la base de una eventual responsabilidad extracontractual y, aunque así fuera, es sabido que el cómputo de los plazos de prescripción para el ejercicio de esta clase de acciones, únicamente comenzará a computarse a partir del momento en el cual pudieron ejercitarse (art. 1969 del Código Civil), que viene considerándose por la jurisprudencia equivalente al momento en el que las lesiones sufridas se estabilizan.

        En definitiva, no es dable, como ya se observara en la sentencia recurrida, dar por sentado en el presente procedimiento que las eventuales acciones que pudieran corresponder a Doña María de Los Angeles se encontrarían prescritas como consecuencia de una pretendida conducta negligente de su letrado. Y en cualquier caso, --una vez más como en la sentencia recurrida se expresa--, tiene la demandada expedito el ejercicio de las acciones civiles en demanda de responsabilidad por el cumplimiento negligente de sus obligaciones frente al actor en el caso de que en el futuro llegara a concretarse el daño que le imputa. Es obvio, finalmente, que si fuera cierto que como consecuencia de dicha conducta negligente hubiese perdido Doña María de Los Angeles la posibilidad de ejercitar las acciones correspondientes frente a los servicios médicos que, según observa, le produjeron graves daños personales, la indemnización exigible al Letrado no se limitaría a la simple exención de abonarle los servicios profesionales que prestó. De cualquier manera, nada tiene que ver con esto los intereses que se establecen en la sentencia recurrida y si con la circunstancia de que la demandada haya dejado transcurrir el tiempo sin abonar el importe de la minuta que se le reclama, sin motivo justificado alguno, desde la reclamación judicial, siendo por otro lado que los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil resultan imperativamente aplicables. Por otra parte, es igualmente claro que el contrato de arrendamiento de servicios fue resuelto unilateralmente por Doña XXXXXX al escoger, como era su perfecto derecho, otro Letrado, distinto del actor, para su defensa y asistencia jurídica, lo que no la exime de satisfacer al anterior el importe de los trabajos ya realizados por aquél.

        Finalmente, y por lo que respecta a los trabajos minutados por el actor es lo cierto que, junto a las varias entrevistas mantenidas con su cliente, se hace referencia a la elaboración y envío de cuatro burofaxes al Hospital Universitario La Paz. Opone frente a esto la parte recurrente que, en realidad, los diferentes documentos elaborados y remitidos por el actor en cumplimiento de las obligaciones contractuales por él asumidas tenían, todos ellos, el mismo contenido, pretendiendo, en consecuencia, que se está minutando cuatro veces por el mismo concepto En realidad, es evidente que no es el número de documentos elaborados por el actor lo que genera su derecho a percibir el importe de sus trabajos sino el estudio de la documentación necesaria, articulados del modo que, en atención a sus conocimientos especializados, el Letrado consideró más oportuno, siendo en consecuencia irrelevante el número de reclamaciones extrajudiciales efectuadas; circunstancias, en fin, todas ellas, que conducen a la íntegra desestimación de la presente alzada.

II

        De conformidad con lo establecido en el artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede imponer a la parte apelante las costas devengadas como consecuencia de su recurso.

        Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

F A L L A M O S

        Que debemos desestimar como desestimamos íntegramente el recurso de apelación interpuesto por Dª María Josefa Martínez Herraiz, Procuradora de los Tribunales y de DOÑA XXXXXXX contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número dos de los de Cuenca y su partido, en su juicio verbal número 692/2008, y en consecuencia, debemos CONFIRMAR como CONFIRMAMOS INTEGRAMENTE la resolución recurrida; todo ello, con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

        Cúmplase lo establecido en los artículos 248.4º de la ley orgánica del poder judicial y 208.4º de la ley de enjuiciamiento civil.

        Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

SENTENCIA DICTADA EN PRIMERA INSTANCIA

SENTENCIA NUM 126

En Cuenca a  veinticinco de octubre de dos mil nueve  

Vistos por Doña Mª del Carmen Díaz Sierra, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca, los presentes autos de divorcio de mutuo acuerdo seguidos  ante este Juzgado con el número 579  del año 2009, a instancia de Doña XXXXX representada por la Procuradora Doña Marta González Álvaro y asistida por el Letrado Don Rubén Buendía Carrascosa con el consentimiento de su esposo Don  XXXXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora Doña Marta González Álvaro en la representación indicada  y mediante escrito que por turno de reparto correspondió a este Juzgado  se presento demanda de divorcio de mutuo  acuerdo en la que en síntesis alegaba que las partes contrajeron matrimonio en Cuenca el X de XXXX de dos mil seis, sin que haya existido descendencia. Tras aducir los fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba solicitando se dictara sentencia  que declare el divorcio y se determine como efectos derivados del mismo los contenidos en  la propuesta de convenio regulador que acompaña a la demanda.

SEGUNDO.-  Por auto de quince de octubre de dos mil nueve  de dos mil nueve   se admitió la demanda citándose  a los cónyuges para que comparezcan por separado a ratificar su petición

Habiendo comparecido los cónyuges ratificándose en presencia judicial,  y estimando el tribunal suficiente la documentación aportada e innecesaria la práctica de ninguna otra prueba, han quedado los autos pendientes de dictar sentencia.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO Por los actores se ejercita acción tendente  a la declaración judicial  de disolución del matrimonio por divorcio.

      Conforme al art 86 del Código Civil tras la  nueva redacción otorgada por la Ley 15/05 de 8 de julio se establece que se decretara judicialmente el divorcio, cualquiera que sea lo forma de celebración del matrimonio a, petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro, cuando concurran las circunstancias y los requisitos exigidos en el art. 81. A su vez  el art. 81 del Código Civil   permite la separación matrimonial por acuerdo de los cónyuges  sin necesidad de alegar causa bastando el consentimiento de ambos cónyuges siempre que haya transcurrido tres meses  desde la celebración del matrimonio y se acompañe propuesta de convenio regulador conforme al art. 90 y 103 del Código Civil

    Se constata en el caso de autos, a tenor de la prueba documental presentada, que se ha producido la cesación de la convivencia conyugal durante el lapso temporal y con los requisitos a que se refiere el art. 86 en su apartado 1del Código civil.

SEGUNDO- El art . 90 del Código Civil establece que los acuerdos de los cónyuges , adoptados para regular las consecuencias de la nulidad , separación o divorcio serán aprobados por el juez, salvo si son dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales  para uno de los cónyuges.

     En el presente se considera que el convenio no es perjudicial para ninguno de  los cónyuges, por lo que procede la  aprobación del  convenio propuesto por las partes

TERCERO.- Conforme al art. 755 de la Ley de Enjuiciamiento Civil  se ha de comunicar de oficio  esta resolución al Encargado del Registro Civil  en donde conste inscrito el matrimonio

CUARTO.- En cuanto a las costas procesales, dada la naturaleza del presente procedimiento e intereses en conflicto no procede hacer expresa condena en costas.

FALLO

     Que estimando la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales, Doña Marta González Álvaro en nombre y representación de Doña XXXXXX con el consentimiento de Don XXXXXX sobre divorcio de mutuo acuerdo ,  debo acordar y acuerdo la disolución del matrimonio celebrado entre ambos litigantes en Cuenca con fecha X de XXXXX de dos mil seis, aprobando el convenio regulador firmado en Cuenca  de fecha uno de octubre   de dos mil nueve , que se acompaña a la demanda .

         Todo ello sin expresa condena en costas.

Llévese certificación de la presente a los autos principales, expídanse los correspondientes testimonios  para el adecuado cumplimiento de esta resolución, en especial al Registro Civil de Cuenca y archívese el original en el libro correspondiente.

     Notifíquese a las partes advirtiéndoles que contra esta resolución pueden interponer recurso de apelación  en el plazo de cinco días desde el día siguiente de la notificación.

     Así por esta sentencia, lo pronuncio mando y firmo

PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Juez que la dictó, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.-

SENTENCIA NUM. 125

En Cuenca a veinticinco de octubre de dos mil nueve   

PRIMERO.- Por la  Procuradora Doña Yolanda Araque Cuesta, en la representación indicada y mediante escrito que por turno de reparto correspondió a este Juzgado se presento demanda que , en síntesis alegaba  que las partes mantuvieron una convivencia more uxorio , de cuya unión nació una hija Blanca   ,  el 20 de noviembre de dos mil seis, habiendo cesado la convivencia , tras aducir los fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba solicitando se dictara una sentencia por la que  se acuerden las medidas recogidas en el convenio regulador que se acompaña a la demanda

SEGUNDO.- Por auto de nueve de octubre de dos mil nueve    se admite a tramite la demanda.

Habiéndose ratificado las partes en el convenio regulador, y con el informe favorable del Ministerio Fiscal, quedaron los autos vistos para sentencia. 

PRIMERO.-  La unión matrimonial, o de derecho, y unión no matrimonial, o de hecho, son situaciones distintas y no equiparables, por lo que la regulación jurídica de aquélla no resulta aplicable de manera general a ésta  así sentencia del Tribunal Constitucional de 15 noviembre 1990 y Sentencias del Tribunal Supremo de 11 diciembre 1992 y 18 febrero 1993. Sin embargo, los hijos son iguales ante la Ley, con independencia de su filiación; tal equiparación entre los por naturaleza, sean matrimoniales o no, y adoptivos (art. 39 de la Constitución, y 108 del Código Civil) provoca que las normas sustantivas reguladoras de las crisis matrimoniales (arts. 92 a 96 del Código Civil) sean aplicables a las relaciones paterno-filiales que se crean en las parejas de hecho, cuando se produce la ruptura de la convivencia more uxorio.

     De esta forma, dispone el art. 90 del Código Civil, por aplicación analógica al caso de autos, que los convenios reguladores de separación o divorcio que contengan los requisitos señalados  salvo que sean dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales  para alguno de los progenitores.

SEGUNDO.- En el presente caso  al haberse presentado convenio regulador  por ambos progenitores por el que pretenden regular en lo sucesivo las relaciones paterno –filiales  respecto a su hija Blanca  , habiéndose ratificado ambos comparecientes en su contenido, y no considerándose  que perjudique el interés de los distintos miembros afectados  por el convenio y habiéndose emitido dictamen favorable  por el ministerio Fiscal para su aprobación procede dictar sentencia estimatoria, aprobando el citado convenio regulador con el contenido que se expresa en la parte dispositiva de la sentencia.

TERCERO.- En cuanto a las costas procesales, dada la naturaleza de los interés en conflicto y las circunstancias concurrentes, no procede hacer expresa condena en costas.

FALLO

Todo ello sin expresa condena en costas.

     Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que, en su caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de esta resolución.

     Llévese el original al libro de sentencias.   

     Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo  a las actuaciones, lo  pronuncio, mando y firmo.

SENTENCIA NUM 124

En Cuenca a veinticinco de octubre de dos mil nueve

Vistos por Mª del Carmen Díaz Sierra, Juez  del Juzgado de primera instancia e instrucción nº 2 de Cuenca  los presentes autos de incapacitación seguidos ante este Juzgado bajo el número 279 del año 2009, a instancia de Don XXXXXXX representado por la Procuradora Doña Susana Melero de la Osa y asistido por el Letrado Doña Yolanda García Page contra Don  XXXXXX estando representado por el Ministerio Fiscal

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora Doña Susana Melero de la Osa en la representación indicada se presentó demanda de incapacitación contra Don XXXXXXX  en la que en síntesis alegaba que el demandado padece el síndrome de Diógenes, siendo incapaz de gestionar de forma apropiada su persona y tras aducir los fundamentos de derecho que estimaba de aplicación terminaba solicitando se dictara sentencia por la que se declare la incapacitación del mismo, y nombrando como tutor a su hijo Don XXXXXXX.

SEGUNDO.- Por auto de quince de mayo  de dos mil nueve se admitió a trámite la demanda, dando traslado de la misma al Ministerio Fiscal, quien presento escrito de contestación a la demanda.

TERCERO.- Por providencia de fecha diez de julio   de los corrientes se convoco  a las partes a la vista donde fueron  oídos  los parientes    del presunto incapaz, siendo examinado éste por el Médico Forense y reconocido  judicialmente con el resultado obrante en autos, quedaron las actuaciones conclusas para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Conforme lo establecido en el art. 200 del Código Civil  son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico  que  impidan a la persona gobernarse por si misma.               A este respecto hemos de señalar que tiene reiteradamente declarado el Tribunal Supremo que «la base fáctica de la incapacitación, las causas fijadas en la Ley, como dice el art. 199, son las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impiden a la persona gobernarse por sí misma, como precisa el art. 200, y como matiza la jurisprudencia de esta Sala, es la decisión judicial de carecer de aptitud para autogobernarse, dice la sentencia de 31 de diciembre de 1991, en lo que insiste la de 31 de octubre de 1994  y reitera la de 19 de febrero de 1996 , que destaca que la enfermedad o deficiencia ha de ser constante, entendida como permanencia hacia el futuro» (Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19 de mayo de 1998).

Indica la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28 de julio de 1998  que «para que se incapacite una persona, no es sólo suficiente que padezca una enfermedad persistente de carácter físico o psíquico, lo cual, puede perfectamente integrarse en una patología permanente y con una intensidad deficitaria prolongada en el tiempo y mantenida en intensidad, o bien, incluso, con independencia de que pudieran aparecer oscilaciones o ciclos en que se agudice mucho más la dolencia o patología, porque, lo que verdaderamente sobresale, es la concurrencia del segundo requisito, o sea, que el trastorno, tanto sea permanente como oscile en intensidad, impida gobernarse al afectado por sí mismo»

SEGUNDO.- Conforme a la doctrina que se acaba de señalar, se ha de valorar la prueba practicada, exploración del presunto incapaz, audiencia de los familiares mas allegados y dictamen medico forense.

La parte actora afirma que el presunto incapaz se encuentra afectado por el llamado Síndrome de Diógenes, sin embargo no deja de ser una afirmación carente de base medico alguna, puesto que ninguna prueba se ha desplegado al respecto. En efecto el informe medico forense obrante en autos y debidamente ratificado en el acto del juicio, establece que el paciente padece este síndrome según obra en autos, es decir según la afirmación de la actora en su escrito de demanda, sin embargo preguntado en el acto del juicio sobre este extremo, la Sra. Medico Forense manifiesta que ella ignora si efectivamente padece este síndrome o no , habiéndolo hecho constar únicamente porque así se refería en la demanda, sin embargo manifiesta de forma clara y rotunda tal como afirma en su informe que Don XXXXXX mantiene conservadas sus facultades cognitivas y volitivas.

Asimismo de la exploración realizada por este Juzgador tampoco se pone de relieve que el mismo necesite la actuación de un tercero para regir jurídicamente su persona o patrimonio.

Por todo ello procede desestimar la demanda

TERCERO.- En cuanto a las costas procesales, por aplicación del art. 394 de la LEC, dada la naturaleza de la acción ejercitada y de los intereses en conflicto no procede hacer expresa condena en costas

FALLO

DESESTIMAR la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Doña Susana Melero de la Osa  en nombre y representación de Don XXXXXXX sobre declaración de incapacidad de Don XXXXXX, no procediendo a declarar la incapacidad  del demandado

     Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de apelación, ante este Juzgado, en el plazo de cinco días.

     Así por esta mi sentencia, cuyo original se llevará  al libro de sentencias civiles de este Juzgado, dejando en las actuaciones testimonio literal de la misma, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Juez que la dictó, estando celebrando audiencia pública ordinaria en el día de hoy. Doy fe.

SENTENCIA NUM.123

En Cuenca a veinticinco de octubre de dos mil nueve.  

Vistos por Doña  Mª del Carmen Díaz Sierra , Juez del Juzgado de primera instancia e instrucción nº 2 de Cuenca  , los presentes autos de Juicio Verbal sobre desahucio, seguidos ante este Juzgado bajo el número 409 del año 2009 , a instancia de Don XXXX, Doña XXXXX, Doña XXXXX, Don XXXXX y Don LXXXXXX,representados por el Procurador don José Antonio Nuño Fernández y asistidos por el Letrado Don Miguel Alarcón Fernández contra  L.R.T. SL , declarado en rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Procurador Don José Antonio Nuño Fernández en la representación indicada presento demanda , que por turno de reparto, correspondió a este Juzgado, en la que en síntesis alegaba que los actores son propietarios de una finca rustica sita en Cuenca Carretera de Alcazar , paraje la XXX o CXXXX, parcela 49 del polígono 28. Con fecha uno de septiembre de dos mil dos la citada finca fue arrendada a la mercantil XXXXXXXX SL, para el estacionamiento de vehículos o mercancías, siendo pactad inicialmente el precio de 240,40 euros mensuales, actualizables conforme a la variación del IPC. Hace dos años la demandad se subrogó en los derechos y obligaciones de la arrendataria, previo acuerdo verbal expreso de las partes. Desde el mes de diciembre de dos mil siete ninguna renta se ha abonado, , adeudando en total la cantidad de 5430,20 euros. Tras aducir los fundamentos de derecho que estimaba de aplicación terminaba solicitando se dictara sentencia por la que se declare el desahucio , condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración y a dejar la finca arrendada, libre , vacua, expedita y a disposición de los actores , condenándola igualmente al pago de la cantidad de cinco mil cuatrocientos treinta y siete euros con veinte céntimos en concepto de rentas impagadas mas la que se devenguen has el momento de dictarse sentencia, y todo ello con expresa condena en costas.

SEGUNDO.- Por auto de seis de julio   de dos mil nueve    se admitió la demanda, citando a las partes para la celebración de la vista.

TERCERO.- En el acto de la vista compareció únicamente la parte actora , no compareciendo el  demandado a pesar de estar debidamente citado por lo que se procedió a declararle en rebeldía. La parte actora se ratifico en su demanda , proponiendo como medios de prueba, interrogatorio de parte, documental por reproducida y mas documental. Todos los medios probatorios fueron admitidos, quedando los autos vistos para sentencia.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La parte actora interesa en primer lugar se declare el desahucio de la finca rustica sita en Cuenca Carretera de Alcazar, paraje la XXXX o XXXXX, parcela 49 del polígono 28, ante el impago de la renta estipulada por el demandado, que se subrogo en los derechos del arrendatario que firmo el contrato de arrendamiento el 1 de septiembre de dos mil dos.

El  art. 217 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil la distribución de la carga de la prueba entre  las distintas partes intervinientes en la relación obligatoria, de tal forma que incumbe a la parte actora probar los hechos sobre los que funda su derecho, mientras que le corresponde a la parte demandada acreditar los hechos impeditivos y extintivos del derecho que reclama la parte actora con la prueba documental acompañada a la demanda acredita la existencia de la relación arrendaticia y los impagos sobre los que fundamenta la acción de desahucio, no controvertida por la parte demandada al no comparecer al acto del juicio por lo que en virtud del articulo 1569 del Código Civil, procede decretar el desahucio interesado.

SEGUNDO.- Asimismo al haberse acumulado junto a la acción de desahucio la reclamación de rentas debidas, procede , de conformidad con los arts. 1254  en relación con el art. 1555 y concordantes del Código Civil en relación con lo dispuesto en el art. 440.1 párrafo segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil , tener por admitidos los hechos concernientes al impago de las rentas y cantidades asimiladas que reclama la parte actora, y en consecuencia, condenar a al parte demandada al pago de  la cantidad de 5430,20 euros, correspondientes a las mensualidades devengadas reclamadas,  debiendo asimismo añadirse la cuatro mensualidades devengadas hasta el dictado de esta sentencia tal como interesa la parte actora en su demanda (julio, agosto , septiembre y octubre de dos mil nueve) 1041,60 euros, lo que hace un total de 6471,80 euros.

TERCERO.- Según el art, 576 de la Ley de enjuiciamiento Civil  desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero líquida determinará, a favor del acreedor, el devengo de un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la ley.

CUARTO.- .- Conforme al art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil procede la imposición de las costas a la parte demandada al haberse estimado la demanda.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

     ESTIMAR la demanda interpuesta por el  Procurador Don José Antonio Nuño Fernández   en nombre y representación de Don XXXX, Doña XXXXX, Doña XXXXXX, Don XXXXX y Don XXXXXX, contra L.R.T. SL, declarando haber lugar al desahucio, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración y a dejar la finca rustica arrendada sita en Cuenca Carretera de Alcazar, paraje la XXXX o XXXXXX, parcela 49 del polígono 28 libre, vacua expedita y a disposición de los actores  bajo apercibimiento de lanzamiento si no la desalojan en el citado plazo, debiendo instar la parte actora la preceptiva demanda de ejecución.

Asimismo se  condena a L.R.T. SL al abono de la cantidad de seis mil cuatrocientos setenta y un euros con ochenta céntimos  (6471,80  euros) en concepto de rentas debidas hasta el dictado de la presente sentencia, más el interés legal incrementado en dos puntos, conforme al art. 576 de la Ley de enjuiciamiento Civil, todo ello con expresa condena en costas.

Contra esta sentencia, que no es firme, cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días ante este Juzgado; haciéndose saber a la parte demandada que para que se a admisible su recurso deberá acreditar fehacientemente por escrito, al prepararlo, tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar por adelantado. (art. 449.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil )

     Así por esta mi sentencia , cuyo original se llevará al libro de sentencias civiles de este Juzgado, dejando en las actuaciones testimonio literal de la misma , definitivamente juzgando en primera instancia , la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN : Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Juez que la dictó, estando celebrando audiencia pública ordinaria en el día de hoy . Doy fe.