Edicto de convocatoria de Junta General de Acreedores

Don Víctor Ballesteros Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 Juzgado de lo Mercantil de CUENCA,

A N U N C I A

1.- Que en el procedimiento concursal número 0000679/2008 referente al concursado  CALIZAS COLMENAR S.L se ha convocado Junta de acreedores que se celebrará el día 19 de febrero de 2009 a las 10:00 horas en la sala de audiencias de este Juzgado.

2.- Hasta cuarenta días antes del señalado para la celebración de la Junta, el deudor y los acreedores cuyos créditos superen conjunta  o individualmente una quinta parte del total pasivo resultante de la lista definitiva podrán presentar propuestas de convenio.

Los acreedores podrán adherirse a las propuestas de convenio en los términos del artículo 115.3 de la LC.

3.- Tienen derecho de asistencia a la Junta los acreedores que figuren incluidos en la lista definitiva de acreedores, pudiendo hacerse representar por medio de apoderados en la forma prevista en el artículo 118 de la L C.

Dado en CUENCA, a veinticinco de Noviembre de dos mil nueve.

EL SECRETARIO JUDICIAL

AUTO num. 52/2009

Iltmos. Sres.:                      

Presidente Acctal:                       

   Sr.  Puente Segura

Magistrados:                        

   Sr.  Casado Delgado  

   Sra. Vicente de Gregorio              

   En Cuenca, a dieciocho de noviembre de dos mil nueve.

                    ANTECEDENTES DE HECHO

   Primero.- En los autos indicados al margen, por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Cuenca se dictó auto de fecha treinta de abril de dos mil nueve cuya Parte Dispositiva es del siguiente tenor literal :" Se acuerda el sobreseimiento del presente proceso iniciado por el Procurador Sra. Encarnación Catalá Rubio, en nombre y representación de Dª. María Polo Gómez, frente a C.C.G., con imposición de costas a la parte actora. Procédase al archivo de las actuaciones".

   Segundo.- Notificada la anterior resolución a la parte actora, Dª. Encarnación Catalá Rubio, Procuradora de los tribunales y de Dª. M.P.G., preparó e interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación por medio de escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando " …se ordene la remisión de los autos a la Audiencia Provincial de Cuenca para que por ésta, en su día, dicte resolución por la que se revoque la resolución dictada yen el sentido de continuar el procedimiento judicial, sin imposición de las costas en la primera instancia".

   Tercero.- Admitido a trámite el recurso de apelación y conferido traslado a la contraparte, por la representación procesal de Dº. C.C.G., se dedujo oposición al recuro de apelación y se interesó la confirmación de la resolución recurrida.

   Cuarto.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el correspondiente Recurso de Autos Civiles asignándole el nº 51/2009, se turnó ponencia que recayó en el Magistrado Ilmo. Sr. D. Ernesto Casado Delgado y se señaló para el día diecisiete de noviembre del año en curso para que tuviere lugar la correspondiente deliberación, votación y fallo.

                     FUNDAMENTOS DE DERECHO

     No se aceptan los razonamientos jurídicos contenidos en la resolución recurrida.

   Primero.- Se alza el recurrente contra el auto de fecha treinta de abril de dos mil nueve por el que se acuerda el sobreseimiento y archivo del Juicio Ordinario nº 51/2009 alegando, en síntesis, los siguientes argumentos.

   1º.- El mismo Juzgador en la audiencia previa celebrada el día 14 de abril de 2009 había concedido a la parte actora, ahora recurrente, un plazo de 10 días para subsanar los defectos de que adolecía el poder para pleitos conferido por la actora a favor de la Procuradora Sra. Catalá Rubio, todo ello a los efectos previstos en el art. 414.2 de la LEC, habiéndose presentado nuevo poder otorgado en fecha 15 de abril de 2009, sin que por la parte demandada se hubiere deducido recurso alguno contra la resolución oral dictada en dicho trámite procesal, documentada en acta.

   2º.- No debió tenerse en cuenta la alegación de insuficiencia del poder aportada con la demanda rectora, dado que dicho defecto procesal debió haberse alegado en el escrito de contestación a la demanda rectora.

   Segundo.- Entrando a conocer el segundo de los motivos en que se fundamenta el recurso de apelación, debe manifestarse que las razones esgrimidas pro el recurrente no son atendibles. Ello es así, por cuánto la parte recurrente confunde la insuficiencia del poder para pleitos que se acompaña a la demanda rectora ( defectos de capacidad o representación )  que es al que se refiere el artículo 418 de la LEC, con el poder que debe conferirse al Procurador para "renunciar, allanarse o transigir" que es al que se refiere el artículo 414.2 de la LEC cuando la parte decide voluntariamente no acudir a la audiencia previa. Pues bien, claramente se infiere del contenido de la audiencia previa que la parte demandada alegó la insuficiencia de este poder especial y ello por la elemental consideración de que la misma desconocía cuando contestó a la demanda rectora si la parte iba a comparecer, personalmente, a la audiencia previa.

   Tercero.- Entrando a conocer del motivo principal de discrepancia con la resolución judicial, debe manifestarse que el recurso merece acogimiento por parte de este Tribunal.

   En efecto, es conocida la doctrina emanada de esta Audiencia Provincial en orden a la interpretación del artículo 414.2 de la LEC y, en concreto, en orden a la exigencia de que las partes deberán comparecer personalmente al acto de la audiencia previa y ,caso contrario, deberán otorgar poder a las partes con facultades para renunciar, allanarse o transigir en el concreto procedimiento.

   No es esta, sin embargo, la cuestión que se ha suscitado en el presente caso dado que el Juzgador, acertada o equivocadamente, concedió a la parte actora un plazo de 10 días para que subsanarse el defecto del poder acompañado a la demanda rectora, aportándose por la misma nuevo poder otorgado en fecha 15 de abril de 2009, esto es, un día después de celebrada la audiencia previa. Resulta, además, que el Juzgador resolvió por escrito la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario por auto de fecha 16 de abril de 2009 y mediante providencia de fecha 20 de abril de 2009 acordó la suspensión de la audiencia previa, debe entenderse, de la continuación de la audiencia previa inicialmente señalada para el día 12 de mayo de 2009. Así las cosas, es con motivo de un escrito presentado por la parte demandada con registro de fecha 27 de abril de 2009 cuando, a su sola vista y sin conferir traslado alguno a la parte contraria para efectuar alegaciones, dicta auto de fecha 30 de abril de 2009 por el que cambia completamente el criterio mantenido en la audiencia previa y considera, ahora, que conforme a la doctrina de la Audiencia Provincial de Cuenca expresada en el auto de fecha 2 de marzo de 2009  no cabe la subsanación de la falta de representación en el trámite de la audiencia previa.

   A la luz de lo expuesto, fácil es comprender que el Juzgador, sin que mediase recurso alguno interpuesto en tiempo y forma, ha modificado el contenido de una resolución dictada oralmente en el acto de la audiencia previa y perfectamente documentada en acta, como autoriza el artículo 210 de la LEC, resolución que había ganado firmeza al amparo del artículo 207 del mismo Cuerpo Legal, en clara contravención del artículo 214 de la LEC, razones todas ellas que determinan la estimación del recurso de apelación y la revocación de la resolución recurrida, siendo procedente la continuación del procedimiento por sus trámites y ello sin perjuicio, claro está, del derecho que asiste a la partes de alegar y al propio Juzgador de examinar de  oficio, en su momento, cualquier defecto de representación en la audiencia previa que se celebre al efecto, una vez se entienda el procedimiento con el nuevo demandado  a D. A.M.C., esposo de la demandada originaria Dª. Concepción Calleja García, todo ello consecuencia de la estimación de la falta de litis-consorcio pasivo necesario alegada en el escrito de contestación a al demanda rectora.

   Cuarto.- Estimado el recurso de apelación- ex art. 398.2º de la LEC- no se efectúa expreso pronunciamiento sobre las costas procesales correspondientes a la presente alzada.

   Vistos los artículos citados y demás  preceptos de aplicación general, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Ernesto Casado Delgado.

                        PARTE DISPOSITIVA

   Que estimando como estimamos el recurso de apelación interpuesto por Doña Encarnación Catalá Rubio, Procuradora de los Tribunales y de Dª. M.P.G., contra el auto de fecha treinta de abril de dos mil nueve dictado por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Cuenca y su Partido en el Juicio Ordinario nº 578/2008, al que se contrae el presente Recurso de Autos Civiles nº 51/2009, declaramos que debemos REVOCAR COMO REVOCAMOS INTEGRAMENTE LA RESOLUCION RECURRIDA dejándola sin efecto alguno y, en su lugar, dictamos la presente por la que acordamos admitir la continuación del mencionado procedimiento por sus trámites debiendo dar el Juzgado de Instancia a los autos el curso ordenado por la Ley; todo ello sin expreso pronunciamiento respecto de las costas procesales correspondientes a la presente alzada.

   Cúmplase lo establecido en los artículos 248.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 208.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

   Así lo acuerdan y firman los Ilmos. Sres. al margen referenciados, doy fe.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

SENTENCIA NUM 38 (mercantil)

En Cuenca a diez de noviembre  de dos mil nueve

Vistos por Doña Maria del Carmen Díaz Sierra, Juez del Juzgado  de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Cuenca, los presentes autos de juicio ordinario registrados con el numero 147 del año 2008, a instancia de  BANCO BILBADO VIZCAYA ARGENTARIA SA representado por la Procuradora Doña Maria Josefa Herraiz Calvo   y asistido por el Letrado Don Diego Cobo Serrano contra Doña xxxxxxx, Doña xxxxxx, Doña Fxxxxxx y Don Pxxxxxx, representados por la Procuradora Doña Cristina Prieto Martinez y asistidos por el Letrado Don Enrique Garcia Garcia , Doña xxxxxx y  Don xxxxxx, representados por la Procuradora Doña Cristina Prieto Martinez y asistido por el Letrado Don Enrique Garcia Garcia y  Don xxxxxxx y Don  xxxxxxx representado por la Procuradora Doña Cristina Prieto Martinez y asistido por el Letrado Don Juan Ramón González Sotorres 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora Doña Maria Josefa Herraiz Calvo en la representación acreditada en autos, se presento demanda que correspondió a este Juzgado en la que en síntesis alegaba que C. I. SA, ante las perdidas en los ejercicios de 002 y 2003 y con carácter previo la situación a la que finalmente se vio avocada la misma, los demandados, administradores de la sociedad, debieron proceder a convocar la obligada Junta a fin de proceder a  la ampliación del capital social y solicitar la disolución de la sociedad, sin embargo no hicieron nada, llevando a la situación de insolvencia total y cierre de la empresa en perjuicio de los acreedores entre ellos de la actora . Asimismo alega que los administradores han incurridos en diversos comportamientos contrarios a la ley, adquisición de un Fondo de Inversión en el año 1999 a una empresa de su propio grupo empresarial, XXXXXXX Sl, por importe de 129.679,49 euros. Los beneficios en 2003 ascendieron a 196.363,69 euros , y los administradores retiraron fondos en detrimento de los acreedores, y después de llevarse más de 180.000 euros plantearon la suspensión de pagos. Tras aducir los fundamentos de derecho que estimaba de aplicación terminaba solicitando se dictara sentencia por la que se condene a los demandados al pago de la cantidad de ciento treinta y cinco mil euros doscientos noventa y nueve euros y ochenta y nueve céntimos de euros, así como la cantidad de veintitrés mil setenta y ocho euros y ochenta y tres céntimos de euros así como al pago de las costas procesales.

SEGUNDO.- Admitida la demanda por auto de uno de abril de dos mil ocho, se emplazo  a los demandados.

La Procuradora Doña Cristina Prieto Martinez en nombre y representación de Doña XXXXXX y Don XXXXXXX, presento escrito de contestación a la demanda en la que en síntesis alegaba en primer lugar la existencia de cosa juzgada y prejudicialidad, al haber sido calificada en el proceso de suspensión de pagos 425/03 la insolvencia de C. I. SA como fortuita. Asimismo alega que no se acredita su derecho de crédito , además que la actora no ha reintegrado a la mas los cobros recibidos de las exportaciones. Por ultimo se opone a la acción de responsabilidad individual ejercitad al no concurrir los presupuestos legales y considerar que esta prescrita, al igual que la acción de responsabilidad derivada de no instar la disolución de la sociedad. Tras aducir los fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba solicitando se dictara una sentencia desestimatoria con expresa condena en costas  a la parte actora.

La Procuradora Doña Cristina Prieto Martinez en nombre  y representación de Don XXXXXX, presento escrito de contestación a la demanda que en síntesis alegaba que el codemandado aun formando parte del Consejo de administración de la mercantil poseía solo una porción mínima del accionariado de la misma, un 15 del total. Igualmente alega la existencia de cosa juzgada y prejudicialidad, al haber sido calificada en el proceso de suspensión de pagos 425/03 la insolvencia de C. I. SA como fortuita. Asimismo alega que no se acredita su derecho de crédito , además que la actora no ha reintegrado a la mas los cobros recibidos de las exportaciones. Por ultimo se opone a la acción de responsabilidad individual ejercitad al no concurrir los presupuestos legales y considerar que esta prescrita, al igual que la acción de responsabilidad derivada de no instar la disolución de la sociedad. Tras aducir los fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba solicitando se dictara una sentencia desestimatoria con expresa condena en costas  a la parte actora.

Por la Procuradora Doña Cristina Prieto Martinez en nombre y representación de Don XXXXX, Don XXXX, Doña XXXX, Doña XXXXX y XXXXXX presento escrito de contestación a la demanda en la que en síntesis alegaba en primer lugar la existencia de cosa juzgada y prejudicialidad, al haber sido calificada en el proceso de suspensión de pagos 425/03 la insolvencia de C. I. SA como fortuita. Asimismo alega que no se acredita su derecho de crédito , además que la actora no ha reintegrado a la mas los cobros recibidos de las exportaciones. Por ultimo se opone a la acción de responsabilidad individual ejercitad al no concurrir los presupuestos legales y considerar que esta prescrita, al igual que la acción de responsabilidad derivada de no instar la disolución de la sociedad.

TERCERO.- Mediante providencia de 27 de junio de dos mil ocho, se cita a las partes a la audiencia previa. Tras intentar la avenencia sin éxito, la parte actora propone como medios probatorios, documental y pericial. La parte demandada: interrogatorio de parte, documental, mas documental y testifical .Todos los medios probatorios fueron admitidos.

CUARTO.- Mediante auto de siete de noviembre de dos mil ocho, se desestima las excepciones de defecto legal en el modo de proponer la demanda y  la cosa juzgada.

QUINTO.- En el acto de la vista, realizada la práctica de la prueba propuesta y admitida, las partes formulan oralmente sus conclusiones quedando los autos vistos para sentencia.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Es necesario resolver en primer lugar sobre la prescripción alegada por los codemandados.

     La doctrina y la jurisprudencia  ven en la Ley de Sociedades Anónimas los siguientes tipos de acciones frente al administrador de la sociedad:

-        Acción de responsabilidad cuando la conducta del administrador lesiona intereses sociales y tiene como finalidad el reintegrar el patrimonio social y puede ser ejercida por el acreedor cuando no es ejercida por la sociedad o sus acciones conforme al art. 134.5 de la LSA

-        acción individual de responsabilidad de los administradores de la art. 135 LSA que viene a indemnizar el perjuicio a individuos

-        Un tercer grupo que abarcaría diversas acciones especificas entre ellas la del art. 262.5, la acción de responsabilidad por  no convocar la junta para se adopte en su caso el acuerdo de disolución judicial.

En cuanto al  plazo de prescripción ha de señalarse , que después de diversas vacilaciones jurisprudencial, a partir de la STS  de 20 de julio de 2001 , declarando que el plazo de prescripción de las acciones de responsabilidad contra los administradores societarios, independientemente de su respectiva naturaleza, es el de cuatro años a partir del cese del cargo de administrador fijado en el artículo 949 CCom (SSTS, entre otras, de 2 de febrero de 2006, 6 de marzo de 2006, 9 de marzo de 2006, 23 de junio de 2006, 26 de junio de 2006, 9 de octubre de 2006, 27 de octubre de 2006, 28 de noviembre de 2006, 13 de febrero de 2007, 21 de febrero de 2007, 5 de marzo de 2007, 8 de marzo de 2007, 12 de marzo de 2007, 14 de marzo de 2007, rec. 262/2000, 14 de mayo de 2007, rec. 2141/2000, 26 de octubre de 2007, recurso 4182/2000, 26 de septiembre de 2007, recurso 3528/2000).

     Por lo que debemos partir pues de este plazo de prescripción de cuatro años, y no un año tal como sostiene la parte demandada para determinar si las acciones ejercitadas están prescritas tal como se interesa.

     Sostiene la parte demandada que el acuerdo de disolución es de fecha 25 de febrero de dos mil cuatro,  por lo que habría que entender que es desde este momento cuando debería computarse el plazo de prescripción, por lo que habiéndose interpuesto la demanda con fecha 18 de marzo de dos mil ocho, debe entenderse prescrita la acción.

     Ha de traerse a colación lo establecido en la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de dos mil ocho, que con ocasión a esta cuestión establece “el momento establecido en el artículo 949 C.Com como dies a quo para el ejercicio de la acción de responsabilidad dirigida contra los administradores de la sociedad es el de su cese (Sentencia de 14 de mayo de 2007, con cita de las de 26 de mayo de 2006 y 22 de marzo de 2007 , entre las más recientes), lo que ha de entenderse como aquel en que, como señala el precepto, "por cualquier motivo" hubieran cesado en "el ejercicio de la administración", siendo por ello que, como destacó la sentencia de 26 de octubre de 2004 , el inicio del cómputo de ese plazo reclama un cese propiamente dicho del administrador demandado, por más que la causa de aquel pueda ser cualquiera de las que se consideran aptas para producirlo, «entre ellas, la apertura de la liquidación de la sociedad, consecuencia automática, salvo en supuestos excepcionales, de su disolución (artículo 266 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas), en cuanto determinante de la sustitución del administrador por los liquidadores en las actividades de gestión y representación (artículos 267 y 272 del mismo texto); o, también, la renuncia del administrador (artículo 147.1º del Reglamento del Registro Mercantil, RD 1.784/1.996, de 19 de julio); o su separación por decisión de la junta general (artículo 131 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y del 148 del Reglamento del Registro Mercantil, RD 1.784/1.996, de 19 de julio)».

Según esta doctrina, que admite que se tenga por producido el cese del administrador en el desempeño de su cargo por cualquiera de las causas que contempla el Reglamento del Registro, parecería que la dimisión por parte de los recurrentes, señores Francisco y Valentín, con fecha 27 de octubre de 1992, que fue aceptada por la Junta, por acuerdo de esa misma fecha, elevado a público en escritura notarial otorgada por el Notario Don Ángel Benítez Donoso Cuesta (folios 164 y siguientes), debería conllevar la fijación del dies a quo en ese instante. Así sería, sin lugar a dudas, si el mencionado cese estuviera revestido de la publicidad formal que garantiza la inscripción registral, pues en ese caso, a partir de ese momento el legitimado para ejercitar la acción, aún presumiéndose su buena fe, no podría negar su desconocimiento. Lo contrario ocurre cuando, como acontece en el caso de autos, el cese accede al registro en fecha posterior al momento en que tuvo lugar el acto de separación, pues sólo a partir de la inscripción pueden ser oponibles a terceros de buena fe los efectos o las consecuencias de la separación del cargo, habida cuenta además, que la buena fe se presume, y que no corresponde al actor probar que no pudo conocer de otro modo el cese, sino que, al contrario, es obligación del que sostiene la eficacia del cese no inscrito demostrar que el afectado tuvo conocimiento del momento en que se produjo el cese efectivo por parte del administrador, o acreditar de otro modo su mala fe, lo que no ha ocurrido”

     Aplicando lo expuesto y  examinada la documentación, si bien es cierto que el acuerdo de disolución es de de 25 de febrero de dos mil cuatro, lo cierto es que no es hasta el 6 de julio de dos mil cuatro, cuando se produce su inscripción en el Registro Mercantil, por lo que si no costa el conocimiento  por parte del afectado del momento en que se produjo el cese efectivo por parte del administrador o no se acredita de otro modo su mala fe, el computo del plazo de cuatro años que comporta la extinción por prescripción de la acción no puede iniciarse sino desde el momento de la inscripción ,dado que solo a partir de entonces puede oponerse al tercero de buena fe el hecho del ceses y en consecuencia , a parte de ese momento el legitimación para ejercitar la acción no puede negar su desconocimiento, en conclusión debe desestimarse la prescripción alegada.

SEGUNDO.- La parte actora ejercita la acción individual de responsabilidad basada en el art. 127, 133 y 135 de la LSA por un comportamiento contrario a la ley y sin la diligencia de un ordenado comerciante , causante de una lesión concreta a los intereses propias al ser acreedor de  la sociedad.

     La acción individual de responsabilidad de los administradores mercantiles, prevista en el artículo 135 TR LSA, exige que se dé una conducta del administrador en el ejercicio de su cargo integrada por actos u omisiones negligentes productores de daños, según un razonable nexo causal (STS de 25 de abril de 2005). En consecuencia, para que nazca la responsabilidad de los administradores que se establece en los artículos 133.1 y 135 LSA, se debe probar que concurren los siguientes requisitos: a) que se ha producido un daño al socio o tercero; b) que se ha producido una conducta de acción u omisión negligente por parte de los administradores, y c), que existe relación de causalidad entre la conducta y el daño (SSTS de 6 de octubre de 2000, 20 de diciembre 2002, 4 de abril 2003 y 7 de marzo de 2006).

La demanda cifra la acción negligente de los administradores principalmente  en la falta de convocatoria de Junta General para la disolución de la sociedad cuando concurrían los presupuestos legales para la misma; Es frecuente que la acción individual de responsabilidad se apoye de manera acumulada en el artículo 135 y en el 262.5 TR LSA, como realiza la parte actora al alegar como uno de los motivos que determinan a su juicio la negligencia en la conducta de los administradores el incumplimiento de la obligación de convocar la Junta General para proceder a su disolución teniendo en cuenta la situación de perdidas de la sociedad  

La jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, ha venido admitiendo la relación entre la acción individual de responsabilidad y el incumplimiento de la obligación de disolver la sociedad siguiendo los procedimientos legalmente prescritos, como forma de superar el carácter objetivo de la responsabilidad fijada en artículo 262.5 TR LSA. Así, ha declarado que los administradores sociales incurren en responsabilidad solidaria por negligencia por las deudas sociales cuando se limitan a eliminar la sociedad del tráfico mercantil sin proceder a su disolución en la forma prevista por el ordenamiento jurídico y con ello causan daño a los acreedores de la misma. Pero debe notarse que para que sea posible esta asimilación es menester que se pruebe la negligencia por parte de los administradores en el incumplimiento de su obligación de promover de forma ordenada la disolución de la sociedad y el nexo de causalidad entre esta negligencia y el daño producido a los acreedores. Entre otras, la STS de 19 de abril de 2001 declara que «"[...] los demandados llevaron a cabo el cierre de facto del establecimiento social, sin haber abonado el crédito pendiente con la entidad actora, y sin haber llevado a cabo, conforme a Ley, la suspensión, quiebra, liquidación o disolución de la sociedad". Todo ello lleva a determinar una actuación negligente, puesto que sin llegar a una declaración de responsabilidad civil cuasi-objetiva, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ha llegado a declarar que los administradores no pueden limitarse a eliminar la sociedad sin más, ya que deben liquidarla en cualquiera de las formas prevenidas legalmente, y que están precisamente orientadas para salvaguardar los intereses de terceros en el patrimonio social. Por lo que, la no liquidación en forma legal del patrimonio social cuando la sociedad se encuentra en situación de insolvencia es susceptible de producir daño a terceros (sentencias de 21 de mayo de 1992 y 22 de abril de 1994 entre otras)».

Debemos tener en cuenta que la conforme al informe pericial emitido en el caso de autos, debidamente ratificado en el acto de la vista examinados las Cuentas Anuales depositadas en el Registro Mercantil, si bien los ingresos de explotación disminuyen a partid del ejercicio de dos mil uno, conforme la evolución de la situación patrimonial, es a partir del año 2003 cuando el patrimonio empieza a ser negativo, en concreto una diferencia negativa  de 347.609,95 euros.

Conforme al art. 260 de la Ley de Sociedades Anónimas, estas se disolverán , por consecuencia de perdidas que dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior  a la mitad del capital social, a no ser que este aumente o se reduzca en la medida suficiente, estableciéndose en el art. 262.5 de la misma Ley que responderán solidariamente de las obligaciones sociales los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general , para que adopte , el acuerdo de disolución o que no soliciten la disolución judicial de las sociedad en el plazo de dos meses a contar desde la fecha previa par ala celebración de la junta, cuando esta no se haya constituido o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolucion.

Si examinamos la documental aportada, siendo de especial relevancia, el informe emitido en el procedimiento de suspensión de pagos 425/03 tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia nº1 de Cuenca, que califico la insolvencia de fortuita sin que de ella se derive alguna responsabilidad de los administradores, lo cierto es que la causa de disolución como tal se dio al fin del ejercicio del año 2003, y precisamente la Junta General para disolución de la sociedad C.I. se produce el 25 de febrero de dos mil cuatro, por lo que debe concluirse la desestimación de la acción de responsabilidad interpuesta por la parte actora.

TERCERO.- Conforme al art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al haberse desestimado íntegramente la demanda, procede la condena en costas a la parte actora.

     Vistos los preceptos aplicables, y demás de general y pertinente aplicación

FALLO

DESESTIMAR la demanda  interpuesta por la Procuradora Doña Maria Josefa Herraiz Calvo en  nombre y representación BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, contra Pxxxxx, Doña xxxxxx, Doña xxxxx  Don PEDRO LANGREO HUERTA, , Doña xxxxxxx   Don Jxxxxxx,  Don xxxxxxx y Don  xxxxx, absolviendo a los citados demandados de los pedimentos efectuados en su contra.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación , que en su caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado dentro de los cinco días siguiente al en que se notifique esta resolución

Llévese el original al libro de sentencias.

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio  para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.-   Leída y publicada fue la anterior sentencia por  la Juez que la dictó, estando celebrando audiencia pública ordinaria en el día de su fecha, doy fe.

SENTENCIA NUM  37/09 (mrc)

En Cuenca a diez de noviembre  de dos mil nueve

Vistos por Doña Maria del Carmen Díaz Sierra, Juez del Juzgado  de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Cuenca, los presentes autos de juicio ordinario registrados con el numero 331  del año 2008, a instancia de  Doña I.R.T. representada por la Procuradora Doña Susana Melero de la Osa contra XXXXXXXX SA representado por la Procuradora Doña Yolanda Araque Cuesta y asistido por el Letrado Don Ernesto Prieto Sánchez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora Doña Susana Melero de la Osa en nombre y representación acreditada en autos interpuso demanda de juicio ordinario, que por turno de reparto correspondió a este Juzgado, registrada con el numero arriba referenciado, en la que en síntesis alegaba que la mercantil demandada se constituyo el 16 de junio de dos mil cinco, siendo socios fundadores don XXXXXX, Don XXXXXXX, Don XXXXXXX, y Don XXXXXXXX. Acordando que el consejo de administración estaría compuesto por todos los socios y presidido por Don XXXXXX., El 15 de febrero de dos mil cinco con el voto en contra de este ultimo se acordó  la modificación de los miembros del Consejo de Administración. Con fecha 26 de junio de dos mil siete se celebro Junta General Ordinaria, entre cuyos puntos del orden del isa, se incluyo la ratificación de los acuerdos tomados por los Consejos de Administración de 26 de enero de dos mil seis y 3 de julio de dos mil siete, entre los que se impugna que los gestores efectivos Sres., XXX y XXXXX cobren un salario neto de 15000 euros mes, que con efectos retroactivos que el Sr. XXXXX cobre un salario neto de 1500 euros al mes como Jefe de Obras, relativa a  los acuerdos de consejos anteriores sobre primas a abonar por gestión (35 sobre ventas, 5% por gestión y 4% sobre captación y compra de terreno, entendiendo que dicha labor va mas allá de la mera representativa que consejeros se tiene , al participar directamente en la gestión social, de tal manera que se posibilidad esta y se retribuye también de forma justa el facturar trabajos, acordar que los pagos por gestión puedan facturarse a los Consejeros que efectivamente participen en la gestión a las entidades a la que pertenecen y aprobar aumentos los emolumentos de los consejeros delegados y jefe de obra, que pasaran de ser de 1500 a 3000 al mes en 14 pagas con fecha junio 2006. Todos los acuerdos fueron tomados con el voto negativo de Don M.R.T.. Tras aducir los fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba solicitando se dictara sentencia por la que se declare la nulidad de los acuerdos adoptados en la Junta de 26 de junio de 2007 que aprueban primero fijar una retribución de 1500 euros a mes a favor de los Sres. XXXX y Escudero, fijar una retribución de 1500 euros netos al mes a favor del Sr. XXXXX, tercero, aumentar dichas retribuciones en un 100% pasado de 1500 euros a 3000 euros por 14 pagas, fijar unas retribuciones por primas de gestión y permitir que tales retribuciones sean facturadas por los Consejeros o por las Sociedades por ellos participadas. Se declare la nulidad de otros acuerdos sociales que posteriormente se hayan tomado o puedan ser tomados por la sociedad demandada y que traigan causa de los acuerdos objeto de impugnación o sean posteriores a estos. Se ordene la cancelación de las inscripciones practicadas en el Registro Mercantil de los acuerdos cuya nulidad se declare conforme  a lo dispuesto en el art. 113 del Reglamento del Registro Mercantil , así como de los posteriores, se ordene la cancelación de los asientos que traigan causa de los anteriores acuerdos cuya nulidad se declara y se condene a la sociedad demandada a estar y pasar por tales declaraciones y en consecuencia a reintegrar en el patrimonio social el importe de las retribuciones  percibidas por los Consejeros Delegados al amparo de los acuerdos que se declaren nulos, con expresa condena en costas.

SEGUNDO.- Admitida la demanda por auto de dos de julio de dos mil ocho se emplazo a la demanda, compareciendo en su nombre la Procuradora Doña Yolanda Araque Cuesta, quien excepciono en primer lugar la caducidad de la acción, falta de legitimación activa. Alegando que los acuerdos de los Consejos de 26 de enero de dos mil  seis y 3 de julio de dos mil seis, son validos sin necesidad de su ratificación en Junta General y por tanto independientes de los tomados en la Junta de 26 de junio de dos mil siete. El acuerdo de veintiséis de enero de dos mil seis, establece que los socias que al margen de su labor como Consejeros realicen las gestiones imprescindibles para que la entidad cumpla su fin social cobrarían 1500 euros. El aumento de los pagos a los gestores de 3000 euros al mes se produce cuando su dedicación es casi exclusiva a  la obra, no existiendo acuerdo aprobando  que los consejeros cobrasen por su labor estatutaria. Tras aducir los fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba solicitando que se dictara una sentencia desestimatoria con expresa condena en costas  a la parte actora.

TERCERO.- Mediante providencia de 13 de octubre de dos mil ocho , se cita a las partes a la audiencia previa. Tras intentar la avenencia sin éxito, la parte actora propone como medios probatorios, interrogatorio de parte,  documental, testifical y testifical  pericial . La parte demandada: interrogatorio de parte, documental y testifical. Todos los medios probatorios fueron admitidos.

CUARTO.- En el acto de la vista, realizada la práctica de la prueba propuesta y admitida, las partes formulan oralmente sus conclusiones quedando los autos vistos para sentencia.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La actora ejercita acción de impugnación de acuerdos sociales, en concreto impugna los acuerdos de la Junta General de 26 de junio de dos mil siete, que venían a ratificar los acuerdos del Consejo de Administración de 26 de enero de dos mil seis, en el que se aprobaron los siguientes acuerdos:

“1º Tras leerse el acta de la sesión anterior es aprobada con el voto en contra del SR. Ruiz, haciendo constar que el Consejo no debe asumir según el funciones que son de la junta.

2ºSe acordó con el voto en contra del Sr. R., por no estar justificado ,con efectos retroactivos, que los gestores efectivos Sres. XXXX y XXXX cobren un salario neto de 1500 euros al mes.

3ºSe acordó con el voto en contra del Sr. R., por no estar justificado, con efectos retroactivos, que el Sr. XXXXX cobre un salario neto de 1500 euros al mes como Jefe de Obras.

4º Se acordó, con el voto en contra del Sr. R., por no estar justificado, contratar la asesoria de la entidad con el Sr. XXXXXX por 250 euros al mes”

El 3 de julio de dos mil seis, se acordó por mayoría de los asistentes, con el voto en contra del Sr. R.T.:

“Ratificar los acuerdos de consejos anteriores sobre primas a abonar por gestión (35 sobre ventas, 5% sobre gestión y 4% sobre captación y compra de terrenos) entendiendo que dicha labor va mas allá de la mera representativa que como consejeros se tiene , al participar directamente en la gestión social , de tal manera que se posibilita esta y se retribuye también de forma justa el factor trabajo.

2º Acordar que los pagos por gestión anteriormente descritos puedan facturarse a los consejeros que efectivamente participen en la gestión o bien a las entidades a las que estos pertenecen.

3Aprobar aumentos los emolumentos de los consejeros delegados y jefe de obras que pasaran a ser de 15000 a 3000 euros la mes en 14 pagos con fecha de junio de dos mil seis.

     Entiende la parte actora que dichos acuerdos son nulos de pleno derecho por que vulneran lo dispuesto en el art. 130 de la Ley de Sociedades Anónimas y desde el punto de vista material por contravenir los deberes de fidelidad y lealtad que ha de predicarse de todo administrador conforme lo establecido en el art. 127 de LSA.

SEGUNDO.- Sobre la naturaleza de la acción ejercitada, para poder determinar la caducidad o no de la acción,  , el art. 115 de la Ley de Sociedades Anónimas establece : "Acuerdos impugnables. 1. Podrán ser impugnados los acuerdos de las juntas que sean contrarios a la Ley, se opongan a los estatutos o lesionen, en beneficio de uno o varios accionistas o de terceros, los intereses de la sociedad. 2. Serán nulos los acuerdos contrarios a la Ley. Los demás acuerdos a que se refiere el apartado anterior serán anulables", distinguiendo por tanto entre acuerdos nulos, que son los que van contra Ley, y acuerdos anulables, que van contra los estatutos o lesionen el beneficio de uno o varios accionistas o de terceros, los intereses de la sociedad.

El art 116 establece que la acción de impugnación de los acuerdos nulos caducara en el plazo de un año y la impugnación de los acuerdos anulables caducara a los cuarenta días.

     Sostiene la parte actora que la acción esta caducada si se consideran anulables puesto que el plazo de cuarenta días establecido en la Ley esta claramente sobrepasado, y si se considerara como nulo, también puestos que los acuerdos del Consejo de Administración de fecha 26 de enero y 3 de julio de dos mil seis, son independientes a los de la Junta General de 26 de junio de dos mil siete.

     Sin embargo hemos de tener en cuenta, que en el momento de adoptarse tales acuerdos por el Consejo de Administración, la actora en ese momento todavía no era socia de la sociedad, y no fue sino hasta el 26 de julio de dos mil seis cuando su hermano le dona sus acciones  adquiriendo la condición de socia con posterioridad.

     Conforme al art. 130 de la Ley de Sociedades Anónimas, la retribución de los administradores deber ser fijada en los estatutos, estableciéndose en los propios estatutos , art. 30 que los cargos de los Consejeros no están retribuidos.

     Alega la parte demandada que en realidad no se trata de la retribución a los administradores en concepto de tal administrador, sino que cuando se creo la sociedad se pacto que los trabajos  de obra de Conamar los hicieran las empresas de los  socios o sus socios, mediante contraprestación , tratándose de un sociedad pequeña en la que el elemento personalidad es mas importantes que el factor capital, considerando que en cualquier caso no hay ningún acuerdo aprobando que los consejeros cobrasen por su labor estatutaria.

     De acuerdo con los Estatutos el objeto social de la misma, es la adquisición por cualquier medio admitido en derecho de todo tipo de inmuebles, promoción gestión y organización de todo tipo de promociones de vivienda, promoción de edificaciones y promoción de actuaciones urbanísticas, tanto libres como de protección oficia, la edificación , construcción y compraventa de todo  tipo de bienes inmuebles entre otras, estableciéndose en su art 27 que corresponde al Consejo de Administraron la gestión, administración y representación de la sociedad, y tendrán las mas amplias facultades

     Debemos examinar la prueba practicada, y lo cierto es que a pesar de las alegaciones del demandado de que se pacto cuando se creo la sociedad que los trabajos de la sociedad se hiciera por las empresas de los socios o sus socios, sin embargo ninguna prueba se ha desplegado que acredite este hecho, salvo la mera alegación de que en otro procedimiento anterior así fue reconocido por las partes.

     también debemos tener en cuenta que el acuerdo de la Junta  esta introduciendo una modificación de los Estatutos, no constando que se anunciara así en la convocatoria tal como establece el art. 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, requiriendo asimismo de su inscripción, y lo cierto es que si bien la parte demandada mantiene que se trata del pago por los trabajos para la sociedad y no como consejeros, lo cierto es que entre las labores de los consejeros conforme a los Estatutos esta la gestión de la sociedad, y parece ser que esto es lo que se esta remunerando a los mismos, cuando literalmente se expresa “aumento de los emolumentos de los consejeros” a la vez que el mismo día que se estaba aprobando este aumento del 50% de los Consejeros, con tramite de urgencia se estaba buscando financiación ante la situación económica de la empresa, como así consta en el acta del Consejo de Administración de 26 de junio de dos mil seis.

     Esta conclusión lleva también a desestimar la falta de legitimación activa alegada por la demandada, puesto que conforme al art. 117 al ser un acuerdo nulo , no requiere que se haya hecho constar la oposición al acuerdo.

     Vistos los preceptos aplicables, y demás de general y pertinente aplicación.

ESTIMAR la demanda interpuesta por la Procuradora Doña Susana Melero de la Osa, en nombre y representación de Doña I.R.T., en contra de  XXXXXX, SA con los siguientes pronunciamientos:

1º Se declara la nulidad de los acuerdos adoptados en la Junta de 26 de junio de dos mil ocho la nulidad de los acuerdos adoptados en la Junta de 26 de junio de 2007 que aprueban primero fijar una retribución de 1500 euros a mes a favor de los Sres. XXXX y XXXXX, fijar una retribución de 1500 euros netos al mes a favor del Sr. XXXXX del Saz , tercero, aumentar dichas retribuciones en un 100% pasado de 1500 euros a 3000 euros por 14 pagas, fijar unas retribuciones por primas de gestión y permitir que tales retribuciones sean facturadas por los Consejeros o por las Sociedades por ellos participadas.

2º Se declara la nulidad de otros acuerdos sociales que posteriormente se hayan tomado o puedan ser tomados por la sociedad demandada y que traigan causa de los acuerdos objeto de impugnación o sean posteriores a estos.

3º Se ordena la cancelación de las inscripciones practicadas en el Registro Mercantil de los acuerdos cuya nulidad se declare conforme  a lo dispuesto en el art. 113 del Reglamento del Registro Mercantil , así como de los posteriores

4º Se ordena la cancelación de los asientos que traigan causa de los anteriores acuerdos cuya nulidad se declara y 5º Se condene a la sociedad demandada a estar y pasar por tales declaraciones y en consecuencia a reintegrar en el patrimonio social el importe de las retribuciones  percibidas por los Consejeros Delegados al amparo de los acuerdos que se declaren nulos, con expresa condena en costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación , que en su caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado dentro de los cinco días siguiente al en que se notifique esta resolución

Llévese el original al libro de sentencias.

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio  para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.-   Leída y publicada fue la anterior sentencia por  la Juez que la dictó, estando celebrando audiencia pública ordinaria en el día de su fecha, doy fe.

Edicto de puesta de manifiesto Plan de Liquidación

Don Víctor Ballesteros Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 Juzgado de lo Mercantil de CUENCA

A N U N C I A

1.- Que en el procedimiento concursal número CONCURSO ABREVIADO 0000204/2009 referente al concursado  DIBELAM,S.L. se ha puesto de manfiesto en la Secretaria del Juzgado el día 24 de noviembre de 2009  el plan de liquidación de los bienes y derechos del concursado, elaborado por la administración concursal.

2.- El deudor y los acreedores pueden, en el plazo de quince días, computados desde la fecha en que ha quedado de manifiesto el Plan, formular observaciones y modificaciones al mismo.

En CUENCA a veinticuatro de Noviembre de dos mil nueve

EL SECRETARIO JUDICIAL

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
18571
Orden de 18 de noviembre de 2009, por la que se destina a los Jueces que se relacionan, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

De conformidad con lo establecido en los artículos 131, 326, 327, 329.1, y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y 129 bis,180, 181, 182, 183, 186 y 187.1 del Reglamento 1/1995, de 7 de Junio, de la Carrera Judicial, por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 18 de noviembre de 2009, y como consecuencia del concurso publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el día 29 de octubre de 2009, acuerda:

Tres.–Sra. D.ª María del Carmen Díaz Sierra, Jueza que sirve en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Motilla del Palancar (Cuenca), pasará a desempeñar la plaza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5 de Navalcarnero (Mádrid), de nueva creación.

Veinte.–Los Jueces/as nombrados/as en este concurso no cesarán en sus actuales destinos hasta el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a excepción de aquellos que son adjudicatarios de órganos de nueva creación en la misma localidad en la que ya presten servicios, que cesarán el día 23 de diciembre de 2009 al entrar en funcionamiento los Juzgados adjudicados el día 30 de diciembre de 2009 y disponer de un plazo posesorio de ocho días; o o el 11 de diciembre de 2009 para aquellos cuyo plazo posesorio es de 20 días.                       

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Cuenca

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Cuenca

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Cuenca

EDICTO DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES EN FASE DE LIQUIDACIÓN

D. VICTOR BALLESTEROS FERNANDEZ Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia nº 002 Juzgado de lo Mercantil de CUENCA.

HAGO SABER: Que en el proceso de CONCURSO VOLUNTARIO ORDINARIO seguido en dicho Juzgado con el nº 0000413/2008 a instancia de  contra FERRALLAS CUENCA S.L, se ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de tasación se enumeran a continuación:

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y SU VALORACIÓN:

·        LOTE 1:Vehículo marca MERCEDES E-270, con matrícula 0725DJB

o       VALORACIÓN PARA SUBASTA: 27.700,00 €

·        LOTE 2: Vehículo marca PEUGEOT PARTNER con matrícula 1959-FPL

o       VALORACIÓN PARA SUBASTA: 11.300,00 €

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito en CALLE PALAFOX Nº 4, HTTP://JUZGADOMIXTOOMERCANTIL2CUENCA.BLOGIA.COM, el día 28 de enero de 2010 a las 10:00 horas.

CONDICIONES DE LA SUBASTA

1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:

1º.-Identificarse de forma suficiente, presentando los poderes originales que acrediten la representación de la sociedad que se pretende.

2º.-Declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta.

3º.-Presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la entidad BANESTO CUENCA, cuenta nº 1616-0000-52-0413-08, o de que han prestado aval bancario por el 20 por 100 del valor de tasación de cada uno de los bienes. Cuando el licitador realice el depósito  con cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará constar así en el resguardo a los efectos de los dispuesto en el apartado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil. No se admitirán resguardos provisionales de ingreso, debiendo producirse éstos en firme y con la correspondiente validación mecánica correcta o firma del interventor bancario.

2.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y con las condiciones del artículo anterior. Los sobres se conservarán cerrados por el Secretario Judicial y serán abiertos al inicio del acto de la subasta. Las posturas que contengan se harán públicas con las demás, surtiendo los mismos efectos que las que se realicen oralmente.

3.- Cuando la mejor postura sea igual o superior al 50 por 100 del avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor postor. Las inferiores, una vez verificado traslado a la administración concursal por diez días para encontrar terceros que mejoren las mismas con resultado negativo, podrán ser aprobadas si se consideran beneficiosas a los intereses del concurso.

4.- Que la titularidad de los bienes y su valoración resultante del informe de la Administración Concursal queda de manifiesto en Secretaría. Y que la adjudicación se realizará libre de cargas.

5.- No consta en el proceso si el inmueble que se subasta se encuentra o no ocupado por personas distintas del ejecutado.

6.- Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por error se hubiere señalado un Domingo o día festivo y no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

En CUENCA, a veinte de Noviembre de dos mil nueve.

EL SECRETARIO JUDICIAL

Edicto de convocatoria de Junta General de Acreedores

Don Víctor Ballesteros Fernández, Secretario Judicial del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 Juzgado de lo Mercantil de CUENCA,

A N U N C I A

1.- Que en el procedimiento concursal número 0000056/2008 referente al concursado BASTIDORES VALVERDE S.L. se ha convocado Junta de acreedores que se celebrará el día 22 de enero de 2010 a las 10:00 horas en la sala de audiencias de este Juzgado.

2.- Se someterá a la deliberación y en su caso aprobación de la Junta la propuesta de convenio presentada por  BASTIDORES VALVERDE S.L.

Dicha propuestas, junto con el escrito de evaluación de la administración concursal pueden ser examinadas por los interesados en la Secretaria del Juzgado.

Los acreedores podrán adherirse a las propuestas de convenio en los términos del artículo 115.3 de la LC.

3.- Tienen derecho de asistencia a la Junta los acreedores que figuren incluidos en la lista definitiva de acreedores, pudiendo hacerse representar por medio de apoderados en la forma prevista en el artículo 118 de la L C.

Dado en CUENCA, a veinte de Noviembre de dos mil nueve.

EL SECRETARIO JUDICIAL