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Sentencia en apelación. Valoración de prueba pericial.

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SENTENCIA    num. 371/2012

En Cuenca, a 18 de Diciembre de dos mil doce.

     Vistos ante esta Audiencia Provincial, en trámite de recurso de apelación nº 132/2012, los autos de Juicio Ordinario nº 136/2008 procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Cuenca, iniciados a instancia de DON xxx, representado por el Procurador de los Tribunales D. Miguel Angel García García y dirigido por la Letrada Dª Carmen Fernández-Bravo García, contra xxx, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª María del Pilar León Irujo y defendido por el Letrado D. Ramiro Urioste Ugarte, xxxx, representado por la Procuradora Dª María Isabel Herraiz Fernández y defendido por la Letrada Dª Cristina Fernández Paños y xxxx, representada por la Procuradora Dª Sonia Martorell Rodríguez y defendida por el Letrado Don Francisco Javier Jouve Fernández de Avila, sobre reclamación de cantidad por culpa extracontractual, en virtud del recurso de apelación interpuesto por xx contra la Sentencia dictada en primera instancia, por el ya referido Juzgado, en fecha 5 de Mayo de dos mil once; habiendo sido Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Solís García del Pozo.

Antecedentes de hecho

    Primero.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Cuenca se dictó Sentencia, en fecha 5 de Mayo de dos mil once cuya parte dispositiva decía: "Que estimando en parte la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales D. Miguel Angel García García en nombre y representación de D. xx, condeno a D. xxx, D. xx y xxxx a que conjunta y solidariamente abonen al actor la cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON OCHETA Y OCHO EUROS (87.192,88 EUROS) mas su interés legal incrementado en dos puntos desde la fecha de la presente resolución hasta su total pago. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad."

    Segundo.- Notificada la anterior resolución a las partes, por la representación procesal de D. xx  se interpuso contra la misma recurso de apelación, en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaban de aplicación, interesaba el dictado de nueva resolución con revocación de los efectos de la sentencia recurrida acordando estimar el recurso interpuesto con expresa condena en costas a los demandantes recurridos por su temeridad y mala fe.

    Tercero.- Admitido a trámite el recurso de apelación, y dado el correspondiente traslado del escrito de interposición, por la parte demandante se presentó escrito de oposición al recurso; interesando la desestimación del recurso de apelación interpuesto, la confirmación de la resolución recurrida y la condena a la parte recurrente al pago de las costas de la segunda instancia con expresa mención a su temeridad.

     Por la representación procesal de la codemandada xx se presentó escrito en el que se solicitaba la confirmación de la sentencia de instancia.

    Cuarto.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el correspondiente Rollo de apelación; asignándole el número 132/2012. Se turnó la ponencia y se señaló para deliberación, votación y fallo el día 13 de Noviembre del año en curso.

Fundamentos de derecho

     Se aceptan los razonamientos jurídicos de la Sentencia que se revisa en este trámite; debiendo tenerse por íntegramente reproducidos en la presente Resolución.

   PRIMERO.- Se alza D. xx contra la sentencia que le condena solidariamente junto con los otros dos demandados a indemnizar al actor por los daños causados en la asistencia médica que le fue prestada. Funda D. xx su recurso en el error en la valoración de la prueba en el que ha incurrido el juez de instancia pues considera  la demandante que el perito del Dr. xxx, el perito judicial, al que se ha acogido el juez de instancia, funda su informe en lo que le manifiesta el Sr. xx, el demandante, que oculta al referido perito la participación de otros peritos en el tratamiento de su patología, intervención que produce una quibra del nexo de causalidad entre la actuación profesional del recurrente y el resultado producido. En este sentido se destaca la intervención del rehabilitador Dr. xxx que trata al actor antes que el recurrente prescriba tratamiento rehabilitador; la del Dr. xxx, del servicio de traumatología del Hospital xxx que solicita una RMN en marzo de 2.004 y finalmente quien quiera que fuese el que prescribió dos infiltraciones que el recurrente mantiene se practicaron al paciente con anterioridad a las administradas por él.

    En definitiva viene el recurrente a insistir en las alegaciones que ya se contenían en su contestación a la demanda.

     SEGUNDO.- Como es conocido, es criterio de esta Sala, conforme con una extendida doctrina judicial sobre la materia, que la  valoración probatoria es una facultad de los Tribunales. A las partes les incumbe la aportación de la prueba que tengan por conveniente entre la que autoriza la normativa legal, pero no pueden imponer la valoración de la misma al juzgador y en consecuencia no pueden sustituir la imparcial valoración que de la prueba hacen los Tribunales por la propia. La jurisprudencia además viene afirmando que el Juzgador que recibe la prueba puede valorarla de forma libre, aunque nunca de manera arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal de segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión, pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez "a quo" de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencia o a las normas de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso, (SSTS de 26.01.1998 y 15.02.1999).

  En cuanto a la valoración de la prueba pericial señala la jurisprudencia (por todas la SSTS 11/11/10) que tan solo es admisible la impugnación de la valoración del dictamen pericial, cuando la efectuada en la instancia es ilegal, absurda, arbitraria, irracional o ilógica. Quedan fuera las situaciones de duda, inseguridad, vacilación o equivocidad, y por ello no cabe razonar si es mejor o más oportuna una hipótesis valorativa diferente a la acogida por la sentencia impugnada (STS de 9 de febrero de 2006, RC n.º 2570/1999). Como indica la STS de 29 de abril de 2005, RC n.º 420/1998 , la casuística jurisprudencial ha permitido plantear objeciones a la valoración de la pericia efectuada en la sentencia impugnada cuando a) se ha incurrido en un error patente, ostensible o notorio (SSTS de 8 y 10 noviembre 1994 , 18 diciembre 2001 , 8 febrero 2002), b) se extraigan conclusiones contrarias a la racionalidad, absurdas o que conculquen los más elementales criterios de la lógica (SSTS de 28 junio y 18 diciembre 2001 , 8 febrero 2002 , 21 febrero y 13 diciembre 2003 , 31 marzo y 9 junio 2004), o se adopten criterios desorbitados o irracionales (SSTS de 28 enero 1995 , 18 diciembre 2001 , 19 junio 2002), c) se tergiversen las conclusiones periciales de forma ostensible, se falsee de forma arbitraria sus dictados o se aparte del propio contexto o expresividad del contenido pericial (SSTS de 20 febrero 1992 , 28 junio 2001 , 19 junio y 19 julio 2002 , 21 y 28 febrero 2003 , 24 mayo , 13 junio , 19 julio y 30 noviembre 2004), y, d) se efectúen apreciaciones arbitrarias (SSTS de 3 marzo 2004) o contrarias a las reglas de la común experiencia (SSTS 24 diciembre 1994 y 18 diciembre 2001).

  Por ultimo esta misma Audiencia recordaba en su sentencia de fecha 28/4/05 que según la STS de 24 de febrero de 2003 la elección entre los diversos dictámenes practicados constituye facultad del Tribunal de instancia, siendo más aséptico el emitido por perito de designación judicial frente a la de aquellos propuestos por las partes.

          TERCERO.- Partiendo de la anterior doctrina entiende la Sala que el recurso ha de ser desestimado pues ni en la elección por parte del Juzgador de Instancia del informe emitido por el perito pericial, por presumir en él una imparcialidad de la que carecen los informes emitidos a instancia de las partes ni la valoración de dicho informe resulta ilógica, poco razonable o contraria  a las reglas de la sana crítica. Así la actuación del recurrente sobre la que la sentencia de instancia funda su responsabilidad (ausencia de pruebas diagnosticas, diagnostico equivocado, prescripción de tratamiento inútil, mal planteamiento de intervención quirúrgica al existir un proceso infeccioso), la consideración de ser dicha actuación contraria a la lex artis ad hoc, las consecuencias dañosas sufridas por el demandante y el nexo causal entre aquella actuación médica y el resultado producido deriva del informe del perito judicial, Dr. xxx, médico especialista en cirugía ortopédica y traumatología. Informe cuya consideración sobre los demás ha sido razonada por el juez de instancia con criterios razonables y ha sido valorado por el Juez de Instancia de acuerdo con su contenido, sin tergiversar sus conclusiones, de forma lógica y conforme a las reglas del razonar humano y la sana crítica. Otra cosa es que existan otros informes periciales contradictorios en las actuaciones que no hayan sido tomados en consideración y a partir de los cuales el recurrente hubiera podido llegarse a otras conclusiones mas favorables a sus pretensiones, pero la valoración imparcial del juez puede sustituirse sin mas por la de la parte mas favorable a sus intereses.

      Finalmente ha de añadirse que no se ha acreditado con prueba alguna cómo haya podido afectar al nexo causal que afirma la sentencia existe entre la actuación médica del recurrente y el resultado dañoso sufrido por el actor funda el criterio judicial y que se apoya en la mencionada prueba pericial la existencia de un tratamiento por parte de un rehabilitador el Dr. xxx anterior en el tiempo a la prescrita por el recurrente o la realización de una RMN por el Dr. xxx antes de la que se realizó por prescripción del Dr. xxx. El argumento de la parte carece de acreditación pues ni siquiera el informe pericial del Dr. xx que aportó con su contestación el recurrente permite llegar a dicha conclusión  recoge. Ni tampoco la cuestión de las infiltraciones y su datación permite tener por acreditada la ruptura de dicho nexo causal, de un lado porque, al margen de posibles errores en la narración de los hechos ocurridos por el demandante, no consta acreditado la existencia de infiltraciones anteriores a las administradas por el recurrente y de otro porque ninguna prueba de las practicadas, en este sentido no se pronuncia el perito judicial, que otras supuestas infiltraciones fueran el origen de la infección que finalmente impidió la intervención quirúrgica que preparó el Dr. xxx.

    CUARTO.-La desestimación del recurso de apelación interpuesto comporta, la imposición de las costas de la alzada a la parte recurrente, (art. 398.1 de la L.E.Civil en relación con el art. 394.1 del mismo Texto Legal), así como la perdida de los depósitos efectuados para recurrir. Ante la petición que tanto la parte recurrente como el demandante recurrido hacen de la condena en costas de la contraparte con expreso pronunciamiento sobre la mala fe y la conducta temeraria del contrario la Sala entiende que no ha existido tal y al margen de la acritud que en todo procedimiento puede llegar a aparecer entre posturas enfrentadas, la actuación procesal de las partes y las posturas defendidas por ellas, mas o menos fundadas, no merecen la calificación de temerarias, ni derivan de una actuación presidida por la mala fe.

    Vistos los preceptos legales invocados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

     Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. ALVARO MINUESA ASENSIO, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instancia nº 3 de Cuenca de fecha 5 de mayo de dos mil once en el Juicio Ordinario nº 136/2008, del que dimana el Rollo de Apelación nº 132/2012, CONFIRMAMOS ÍNTEGRAMENTE LA RESOLUCION RECURRIDA; con imposición a la parte recurrente de las costas procesales devengadas en la presente alzada.

              Se declara la pérdida del depósito de 50 € consignado por la recurrente para apelar.

    Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber que frente a ella no cabe recurso.

   Así por esta nuestra Sentencia,  lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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