Facebook Twitter Google +1     Admin

Sentencia en juicio de faltas por amenazas, injurias y lesiones 125/2008

20090213203502-logo-mjus.gif

SENTENCIA Nº 16/2009

 

En la ciudad de Cuenca, a once de febrero de dos mil nueve.

 

 

Vistos por D. DAVID CANDELAS GARCÍA, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nº 2 de Cuenca y su partido, los presentes autos de Juicio de Faltas, registrados con el nº 125/08, por una supuesta falta de AMENAZAS, seguidos entre partes, de un lado, como denunciantes D. xxxxxx y DÑA. xxxxxxx, ambos mayores de edad, actuando en su propio nombre y representación, y de otro lado, como denunciados DÑA. xxxxxxxx y DÑA. xxxxxxxx, ambas mayores de edad, actuando, igualmente, en su propio nombre y representación; y con intervención del Ministerio Fiscal, en ejercicio de la acción pública.

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.- El presente expediente de juicio de faltas de inició en virtud de atestado instruido por la Dirección General de la Policía y Guardia Civil – Comisaría de Cuenca, instruido en virtud de denuncia formulada por los denunciantes. Por auto de 21 de octubre de 2008 se reputaron los hechos como falta, convocando a la vista oral, que tuvo lugar el día 5 de febrero de 2009, con el resultado que consta en el acta y grabación en soporte informática correspondientes, levantados bajo la fe pública de la Sra. Secretaria.

SEGUNDO.- Al acto de la vista comparecieron los denunciantes, que se ratificó en su denuncia, manifestando querer continuar con el proceso hasta el dictado de sentencia; las denunciadas no comparecieron al acto del juicio, pese a constar su citación en legal forma, motivo por el cual S.Sª acordó continuar el proceso en ausencia de las denunciadas. Tras la proposición y práctica de las diligencias de pruebas que se estimaron pertinentes, quedaron los autos conclusos y vistos para Sentencia.TERCERO.- En la tramitación de las presentes actuaciones se han observado las prescripciones legales oportunas.

 

HECHOS PROBADOS

 

ÚNICO.- Ha quedado acreditado que el día 14 de octubre de 2008, entorno a las 12:00 horas, en el Centro de Salud “xxxxxx” de xxxxxx, Dña. xxxxxxx propinó un bofetón a Dña. xxxxxx, sin causarle lesión alguna, mientras que Dña. xxxxxxx se dirigía a la misma con las expresiones “te voy a rajar, no te vas a escapar”; por su parte, Dña. xxxxxxx se dirigió a D. xxxxx con expresiones “ladrón de hijos”. La Sra. xxxxxxx renunció a la indemnización que por tales hechos pudiera corresponderle. Los denunciantes solicitaron se impusiera a las denunciadas orden de alejamiento.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

 

PRIMERO.- El derecho constitucional a la presunción de inocencia es la primera y principal garantía que el procedimiento penal otorga al ciudadano acusado. Constituye un principio fundamental de la civilización que tutela la inmunidad de los no culpables pues en un Estado Social y Democrático de Derecho es esencial que los inocentes estén en todo caso protegidos frente a condenas infundadas, mientras que es suficiente que los culpables sean generalmente castigados. La condena de un inocente representa una quiebra absoluta de los principios básicos de libertad, seguridad y justicia que fundamentan el contrato social y es por ello por lo que el derecho constitucional a la presunción de inocencia constituye el presupuesto básico de todas las demás garantías del proceso (STS de 16 de marzo de 1998).

 

Desde la Sentencia 31/1981, de 28 de julio, el Tribunal Constitucional ha venido declarando que la presunción de inocencia únicamente puede destruirse como consecuencia de una mínima actividad probatoria de cargo que ha de extenderse a todos los elementos subjetivos y objetivos de la infracción determinantes de la culpabilidad del acusado (STC 93/94, de 21 de marzo).

En el presente caso, la prueba practicada en el acto del juicio consistió en las declaraciones de los denunciantes, que vertieron versiones idénticas de lo sucedido, manifestaciones que han sido persistentes a lo largo de todo el proceso, coincidiendo con exactitud con la denuncia presentada ante la Policía Nacional de Cuenca; si bien los denunciantes manifestaron que dichos hechos vienen repitiéndose con frecuencia, motivados por el hecho de tener el Sr. xxxxxxx la guarda y custodia de la hija común habida con la denunciada Sra. xxxxxxxx, no cabe estimar que ello pueda considerarse como móvil espurio e invalide así su declaración, máxime si tenemos presente que al día siguiente de la ocurrencia de los hechos, la denunciante asistió al centro de salud “Centros Médicos, SL”, donde se le expidió el informe que consta unido a las actuaciones y que viene a objetivar las lesiones que allí se recogen, dando verosimilitud a la denuncia formulada.

SEGUNDO.- Los anteriores hechos son subsumibles en el art. 620.2 del Código Penal, que tipifica la falta de amenazas leves.

Define el Tribunal Supremo el delito de amenazas como el anuncio consciente de un mal futuro, injusto, determinado y posible, con el único propósito de crear una intranquilidad de ánimo, inquietud o zozobra en el amenazado, pero sin la intención de dañar materialmente al sujeto mismo (STS 593/2003 de 16-4). Se trata por tanto de un delito que tiene por objeto proteger la libertad de la persona y el derecho que todos tienen al sosiego y a la tranquilidad personal en el desarrollo normal y ordenado de su vida, siendo un delito de simple actividad, de expresión o de peligro y no de verdadera lesión, todo lo cual concurre en el presente caso, haciendo típica la conducta como falta de amenaza leve.

De la referida falta es autor criminalmente responsable la denunciada, Dña. xxxxxxxxx, por su directa, material y voluntaria ejecución, según disponen los artículos 27 y 28 del Código Penal.

 

TERCERO.Además, los hechos declarados probados son constitutivos de una falta de injurias leves prevista y penada en el artículo 620.2 del Código Penal. Dicho precepto exige que el sujeto activo profiera expresiones en desprecio, descrédito o demérito de otra persona y que sean tenidas como atentatorias contra el honor por el ciudadano medio, estimándose que cumple los requisitos exigidas las proferidas en este caso concreto en el que las palabras que constan en los hechos probados deben entenderse, por cualquier ciudadano, como despreciativas e injuriosas; en el presente caso las palabras “ladrón de hijos” deben así ser consideradas toda vez que quedó acreditado que el denunciante posee la guarda y custodia de la hija común por disposición judicial.

 

De la referida falta es autor criminalmente responsable la denunciada, Dña. xxxxxxx, por su directa, material y voluntaria ejecución, según disponen los artículos 27 y 28 del Código Penal.

CUARTO.- Por último, los hechos relatados en el relato de hechos probados son constitutivos de una falta de lesiones del artículo 617.1 del Código Penal, que castiga, con la pena de localización permanente de 6 a 12 días o multa de uno a dos meses, al que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no definida como delito en el Código Penal.

El tipo básico de lesiones se contiene en el artículo 147 C.P. Dicho precepto proporciona un concepto general de lesión como “menoscabo de la integridad corporal o la salud física o mental” que es válido para la falta del artículo 617. La definición sirve así para delimitar las lesiones del artículo 617.1 respecto de los simples golpes o malos tratos del artículo 617.2, que no afectan a la salud o a la integridad corporal, sino meramente a la incolumidad. Pero en la aplicación al caso concreto pueden plantearse dudas interpretativas por lo que, ante el silencio del legislador, debe seguir siendo de aplicación la posición jurisprudencial dominante con el anterior Código Penal según la cual existe lesión con cualquier detrimento de la integridad corporal, incluso tratándose de hematomas, equimosis, excoriaciones, contusiones, arañazos “y demás de parecida especie que supongan una mutación de los tejidos epitelial o subcutáneo de pequeña monta” (entre otras STS de 23 de diciembre de 1989, Fundamento Jurídico primero).

El criterio delimitador entre el delito y la falta de lesiones lo establece el artículo 147 C.P. Así, cuando la lesión requiera objetivamente, para su sanidad, tratamiento médico o quirúrgico, además de una primera asistencia facultativa, estaríamos ante el delito de lesiones. Si únicamente se da esa primera asistencia, sin tratamiento médico ulterior, nos encontraremos ante una falta.

En el caso que nos ocupa, si bien no existe informe del médico forense, lo cierto y verdad que el informe médico unido a las actuaciones no deja lugar a dudas de que se trata de “contusión en pómulo”, de pequeña consideración, que no requirió para su sanidad nada más que una primera asistencia facultativa.

De dicha falta es responsable, en concepto de autor, Dña. xxxxxxxx por su participación directa, voluntaria y material en los hechos de conformidad con los artículos 27 y 28 del C.P.

QUINTO.- En la conducta de las acusadas no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Teniendo en cuenta la pena prevista en el artículo 617 y 620 del Código Penal y atendiendo a las circunstancias del caso y del culpable, a que se refiere el artículo 638 del C.P. y no existiendo causas que justifiquen un pena mayor, es opinión de este Juzgador la de entender que procede imponer a las acusadas las penas mínimas establecida para dichos tipos penales.

En cuanto a la cuota diaria de la multa a satisfacer, habida cuenta que no ha quedado acreditada la capacidad económica de las denunciadas, se impone la de 3 euros/día.

El impago de la multa dará lugar a la responsabilidad personal subsidiaria prevista en el artículo 53 del Código Penal, es decir, un día de privación de libertad por cada dos cuotas o fracciones impagadas.

SEXTO.- Respecto de la petición formulada por el Ministerio Fiscal sobre medidas de protección a favor de las víctimas, concretamente la prohibición de las condenadas de acercarse a los denunciantes, la fuente normativa se residencia en los arts. 48 y 57 del Código Penal.

Así el art. 57 señala “ Los Jueces y Tribunales , en los delito de homicidio, aborto , lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y a la inviolabilidad del domicilio, el honor ,el patrimonio, y el orden socioeconómico, atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente represente, podrán acordar en sus sentencias , dentro del período de tiempo que los mismos señalen que , en ningún caso , excederá de cinco años, la imposición de una o varias de las siguientes prohibiciones :

a) la de aproximación a la víctima , o a aquéllos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal .

b) la de que ser comunique con la víctima,  o con aquéllos de sus familiares u otras personas que determine en Juez o Tribunal .

c) la de volver al lugar en que se haya cometido el delito o de acudir aquél en que resida la víctima o su familiar , si fueren distintos.

También podrán imponerse las prohibiciones establecidas en el presente artículo , por un período de tiempo que no excederá de seis meses por la comisión de una infracción calificada como falta contra las personas de los arts. 617 y 620 de éste Código “.

Por su parte , el art. 48 párrafo segundo señala “ La prohibición de aproximarse a la víctima , o a aquéllos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal , impide al penado acercarse a ellos en cualquier lugar donde se encuentren , así como acercarse al domicilio de dichas personas , a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellas “.

La medida de prohibición de aproximarse a determinadas personas tiene como objetivo conferir protección a la víctima de una falta contra las personas , bien del art. 617 o bien del art. 620, siendo que la idea y el sustrato fáctico y jurídico subyacente radica en la existencia de una situación objetiva de riesgo que , en el caso presente , se ha materializado por parte de las denunciadas al haber cometido las infracciones penales por las que se les condena, de donde se colige la bondad y pertinencia de la media solicitada por cuánto , existiendo la situación objetiva de riesgo , debe procurarse , cuándo menos , paliarla  y/o reducirla por los mecanismos  que nos proporciona el derecho .

Por otro lado, cabe tener en cuenta que los denunciantes manifestaron que vienen repitiendose los episodios de insultos y amenazas, de donde se desprende la necesariedad de la medida a adoptar .

La medida se concreta en la prohibición de aproximación de Dña. xxxxxxxxx y D. xxxxxxxx a las personas de  Dª. xxxxxxxx y D. xxxxxxx por un plazo de 6 meses a contar desde la presente resolución , a una distancia mínima de 200 metros , salvo encuentros casuales , y en los términos previstos en el art. 48 del Código Penal.

Las partes deberán poner en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia conocedor de la separación/divorcio o medidas en relación a la hija menor la existencia de la presente resolución para que, en su caso, se acuerde que el régimen de visitas a favor del cónyuge no custodio se verifique a través del punto de encuentro familiar.

SÉPTIMO.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 123 del Código Penal y 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se imponen las costas al acusado.

     Por todo ello, vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que DEBO CONDENAR Y CONDENO a DÑA. xxxxxxxx, como autora criminalmente responsable de una falta de amenazas del artículo 620.2 del Código Penal, sin concurrir en su conducta circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 10 días de multa a razón de una cuota diaria de 3 euros; y como autora de una falta de injurias del mismo artículo 610.2 del Código Penal, a la pena de 10 días de multa a razón de una cuota diaria de 3 euros; y al pago de las costas.

Que DEBO CONDENAR Y CONDENO A DÑA. xxxxxxxx, como autora criminalmente responsable de una falta de lesiones del artículo 617.1, sin concurrir en su conducta circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 1 mes de multa a razón de una cuota diaria de 3 euros; y al pago de las costas.

 En todos los casos anteriores, se declara la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago por parte de las condenadas, de un día de privación de libertad por cada dos cuotas o fracciones impagadas, que se ejecutarán en el centro penitenciario que corresponda, y al pago de las costas.

 DEBO ACORDAR Y ACUERDO la prohibición a Dña. xxxxxx y a Dña. xxxxxxxx aproximarse, durante el plazo de 6 meses, a contar desde la presente resolución, a las personas de Dª. xxxxxxx y D. xxxxxxxx a una distancia mínima de 300 metros en los términos establecidos en el art. 48 del Código Penal, siendo requeridos para ello mediante la entrega de la presente resolución y haciéndoles saber que el incumplimiento de la medida aquí acordada podría ser constitutiva de un delito de quebrantamiento de medida cautelar o condena.

     Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 976, en relación con los artículos 795 y 796 de la LECrim., contra la misma pueden interponer recurso de apelación, en el plazo de cinco días, ante este mismo Juzgado y para su resolución por la Ilma. Audiencia Provincial de Cuenca; y expídase testimonio de la misma que quedará unido a los autos, incorporándose el original al correspondiente libro de sentencias.

     Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

 

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la dictó estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.

 

Comentarios > Ir a formulario


¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres

No hay comentarios

Añadir un comentario



No será mostrado.





Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris