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Se muestran los artículos pertenecientes a Octubre de 2008.

Suspenden dos años de empleo y sueldo a la secretaria judicial del caso Mari Luz

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EL MUNDO.ES
  • Falta grave de negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones
  • El CGPJ multó al juez Tirado con 1.500 euros, aunque la Fiscalía ha recurrido la decisión
  • Los secretarios judiciales dicen que ’se ha optado por hacer sangre en la parte más débil’

EFE

MADRID.- El Ministerio de Justicia ha impuesto una sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo a Juana Gálvez, la secretaria judicial del Juzgado de Sevilla del que es titular Rafael Tirado, por su actuación en un caso relacionado con el presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortés.

Según ha informado el Ministerio, la sanción a Gálvez ha sido impuesta por una falta grave de negligencia y retraso injustificado"cúmulo de omisiones y errores" que le llevó a un "grave incumplimiento de sus deberes profesionales", ya que no ejecutó la sentencia que condenaba por abusos a su hija a Santiago del Valle, luego detenido por la muerte de la niña de Huelva. en el cumplimiento de sus funciones, lo que desembocó en un

Aunque el instructor del expediente a la secretaria había propuesto que la sanción fuera de 6 meses de suspensión, el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo justifica la decisión de imponer una de dos años "por la gravedad del perjuicio causado a los ciudadanos con la actuación de la funcionaria".

"Tanto la naturaleza de las penas impuestas, cuya ejecución se dilató de manera indebida, como los hechos que motivaron la condena, requerían de un especial celo en la tramitación", asegura la nota de Justicia, debido a la condición de menor de la víctima como a la alta reincidencia en estos casos.

Hay una buena noticia para la sancionada, ya que se considera que no hubo mala intención en sus actos. Además, para no imponerle la máxima multa, que podría haber sido de tres años de suspensión, se argumenta el reconocimiento de su trabajo por parte de otros funcionarios.

Críticas de los secretarios judiciales

Los secretarios judiciales han tachado de "auténtico escándalo" la sanción impuesta a su compañera y creen ser la "cabeza de turco" para ocultar las carencias de Justicia.

El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, al que pertenece la secretaria sancionada, ha considerado el castigo "desmesurado" y ha advertido de que lo sucedido en el Juzgado de Sevilla "puede pasar en cualquier momento y en cualquier lugar". "Se ha optado por hacer sangre en la parte más débil", ha señalado.

Por su parte, el portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, Emilio López Durán, ha dicho que la sanción impuesta a Gálvez es "como mínimo desproporcionada" porque al juez Rafael Tirado se le impuso una multa de 1.500 euros por estos mismos hechos, según ha explicado.

El juez Tirado, que fue quien mantuvo en libertad al presunto autor de la muerte de Mari Luz y por ello el CGPJ le sancionó con 1.500 euros, aseguró que siempre que la causa estuvo bajo su control se tramitó con celeridad, aunque lamentó que la funcionaria encargada de hacerlo estuvo cinco meses de baja sin sustitución.

Asimismo, declaró que nunca desde que en marzo de 2006 firmó la orden de ingreso en prisión de Santiago del Valle hasta el pasado 14 de marzo, le informaron del estado del trámite, competencia de los funcionarios del juzgado.

El abuelo de la niña Mari Luz, Juan Cortés, ha dicho sobre la sanción que "lo importante es lo que se lleve el juez, que es el capitán del barco". Para Cortés, a la secretaria judicial, Juana Gálvez, "le han echado lo que le corresponde, pero ahora hay que sancionar al juez y suspenderlo totalmente de la carrera judicial, que es lo que le toca".

04/10/2008 12:34. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. Noticias Judiciales No hay comentarios. Comentar.

Dos años de suspensión a la secretaria del caso Mari Luz

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EL PAIS.COM

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, impuso ayer a la secretaria judicial del caso Mari Luz, Juana Gálvez -funcionaria del Juzgado de Sevilla que dirige Rafael Tirado-, una sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo por una falta grave del artículo 155.6 del Reglamento de los Secretarios Judiciales y artículo 536 b) 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), falta grave por negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones de dación de cuenta, impulso y ordenación del proceso.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, impuso ayer a la secretaria judicial del caso Mari Luz, Juana Gálvez -funcionaria del Juzgado de Sevilla que dirige Rafael Tirado-, una sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo por una falta grave del artículo 155.6 del Reglamento de los Secretarios Judiciales y artículo 536 b) 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), falta grave por negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones de dación de cuenta, impulso y ordenación del proceso.

La sanción fue recibida con un fuerte malestar por los colectivos de secretarios judiciales, que no recuerdan un castigo disciplinario tan duro por una conducta "no dolosa", y que consideran que su compañera ha sido el "chivo expiatorio" de la sanción de 1.500 euros impuesta al juez Rafael Tirado.

La resolución señala que secretaria judicial ejerció un "nulo control" sobre la ejecutoria contra el pederasta Santiago del Valle y su esposa, Isabel García Rodríguez, e incurrió "en un cúmulo de omisiones y errores que ponen de manifiesto un grave incumplimiento de sus obligaciones profesionales". La "sistemática y generalizada falta de control" sobre la ejecutoria se concretó, en el caso de la secretaria judicial, "en el incumplimiento de la función de impulso procesal que junto a la del juez le correspondía".

Esto no implica, según la resolución, la responsabilidad exclusiva de la secretaria judicial, "puesto que en ningún caso cabe exonerar al magistrado de la obligación profesional de llevar a cabo el superior control y dirección" del procedimiento, añade.

La falta grave prevista en el Reglamento Orgánico de Secretarios Judiciales está sancionada con una suspensión de empleo y sueldo de hasta tres años o el traslado forzoso fuera del municipio. La sanción impuesta, que cuadruplica la de seis meses de suspensión propuestos por la instructora del expediente, se justifica por "la gravedad del perjuicio causado a los ciudadanos" con la actuación de la funcionaria.

La resolución explica que no existió "una actuación dolosa por parte de la sancionada" pues las actuaciones negligentes "no fueron realizadas de propósito". Tampoco existe reiteración ni reincidencia, porque la secretaria no había sido sancionada con anterioridad. Y tampoco su responsabilidad fue exclusiva porque además de la del juez, pudo haber la del personal colaborador y el ministerio fiscal.

Sin embargo, tanto la naturaleza de las penas impuestas cuya ejecución se dilató de manera indebida (prisión y medida de seguridad de internamiento de Santiago del Valle y su esposa, Isabel García, respectivamente), como los hechos que motivaron la condena (fundamentalmente, el delito de abuso sexual contra su hija menor), requerían de "un especial celo en la tramitación de la ejecutoria. Y ello, tanto por la condición de menor de edad de la víctima de los abusos sexuales, como por la elevada reincidencia que se produce en este tipo de conductas".

Para no imponer la sanción en su grado máximo, la resolución resalta el trabajo de la secretaria judicial reconocido por todos los funcionarios del juzgado, el elevado número de juicios, tres días en semana, además de los que celebraba en régimen de sustitución en otros juzgados. También dice que llevaba la cuenta de consignaciones y el registro de las víctimas de la violencia doméstica.

04/10/2008 12:39. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. Noticias Judiciales No hay comentarios. Comentar.

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NOTA DEL CNSJ ANTE LA SANCION IMPUESTA A LA SECRETARIA JUDICIAL DEL PENAL Nº 1 DE SEVILLA

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El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, ante la noticia de que a nuestra compañera del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Sevilla en el expediente sancionador incoado contra ella con motivo de los desgraciados acontecimientos sucedidos en el llamado “caso Mari Luz” por la que le ha sido impuesta una sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo

MANIFIESTA:

Estamos ante lo que sin miedo a equivocarnos constituye un auténtico escándalo, y no podemos dejar de manifestar nuestro estupor e indignación ante esta resolución del Ministro de Justicia, por la desmesurada sanción impuesta y a todas luces injusta, y por el desparpajo con el que se quiere confundir a la ciudadanía descargando en funcionarios de a pié lo que es una absoluta falta de dedicación de medios organizativos, humanos, materiales e informáticos.

Además queremos denunciar las irrisorias inversiones económicas en Justicia que traen consigo que los españoles tengan que soportar una Administración de Justicia dotada con medios decimonónicos, para una sociedad del siglo XXI.

Desde el CNSJ hemos querido mantener, contando con el deseo de la compañera, una actitud de silencio y máximo respeto a quienes tenían que instruir y valorar los hechos acaecidos en el Penal nº 1 de Sevilla, pero ya no es posible mantener dicha postura, ni debe hacerse, pues la sanción se ha materializado.

En el bien entendido que nuestra máxima preocupación ha sido y sigue siendo el amparo a nuestra compañera, consideramos que, como siempre, se ha optado por hacer sangre en la parte más débil. El Ministerio para acallar voces y no molestar a nadie ha decidido dar un escarmiento ejemplar en la Secretaria Judicial, aprovechándose de un durísimo régimen sancionador discriminatorio que se nos impuso en la Ley Orgánica del Poder Judicial y que desde un principio habíamos reclamado su modificación.

La dación de cuenta (dar cuenta al juez) en la mayoría de los casos se lleva a cabo de forma verbal, no por escrito; no se ha desarrollado la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni adaptado las leyes procesales a su dictado, por lo que la competencia para ejecutar las sentencias todavía no se materializa en los Secretarios Judiciales.

La nueva organización de la oficina judicial que debía haber pilotado el Ministerio para solucionar estas carencias, está estancada desde hace casi cinco años.

Así ha hecho caer la culpabilidad de los acontecimientos en quién poca o ninguna culpa tiene en ellos, eso por no mencionar que en realidad tal sanción no obedece a la veracidad de ninguna falta cometida sino a las funestas consecuencias que una concatenación de “disfunciones” ha provocado.

EL Ministro de Justicia ha buscado un chivo expiatorio e intenta contentar a la opinión pública ocultando las graves carencias de la Administración de Justicia, tanto organizativas como de personal y de medios materiales.

Ningún Secretario Judicial puede controlar la Oficina Judicial con los medios materiales que existen actualmente en los juzgados. Por un lado, el sistema de gestión procesal es totalmente deficiente, no permite un control informático de las ejecutorias, por lo que se tiene que hacer manualmente, contando una a una. Muchos funcionarios interinos acceden a los juzgados sin estar preparados para desempeñar sus funciones. No existe medio informático para compartir información esencial entre los órganos de la Administración de Justicia, y con las Fuerzas de Seguridad, sobre todo en materias tan importantes y sensibles como las penales.

Los ciudadanos han de saber que hechos como el ocurrido en el penal de Sevilla pueden pasar en cualquier momento y en cualquier lugar, pues la situación de la justicia es plenamente deficiente en medios y dotaciones. Así lo hemos dicho los Secretarios Judiciales, y así lo hemos reclamado pero el Gobierno de la nación no pone remedio a esta situación.

Por todo ello, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales ejercerá las actuaciones que sean precisas para defender la verdad y apoyar a la Secretario Judicial.

Madrid, a 3 de octubre de 2008

04/10/2008 12:42. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. Noticias Judiciales No hay comentarios. Comentar.

NOTA DEL SECRETARIADO DE LA UNIÓN PROGRESISTA DE SECRETARIOS JUDICIALES

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La Unión Progresista de Secretarios Judiciales ha recibido con sorpresa e indignación la noticia de la sanción impuesta a la Secretaria Judicial del Juzgado de lo Penal nº1 de Sevilla, Juana Gálvez, en el expediente que le fue abierto a raiz del llamado "Caso Mariluz": dos años de suspensión de empleo y sueldo.

Ante todo queremos mostrar nuestro apoyo a la compañera por los ataques, rumores y acoso de que ha sido víctima por parte de diversos sectores judiciales y del propio Ministro de Justicia. Y desde luego hacemos patente nuestro rechazo a este "escarmiento ejemplar" llevado a cabo en su persona, a todas luces desproporcionado y destinado sólo a satisfacer a la opinión pública.


Exigimos que la reforma de las leyes procesales atribuya de una vez al Secretario Judicial verdaderas competencias para la ejecución de las sentencias; exhortamos a las Administraciones Públicas competentes para que asuman sus respectivas responsabilidades y doten a los órganos judiciales de medios materiales y personales adecuados para un funcionamiento digno; y abogamos por la revisión del régimen disciplinario de Jueces y Secretarios Judiciales para adecuarlo a las respectivas responsabilidades de cada figura.

 

04/10/2008 12:42. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. Noticias Judiciales No hay comentarios. Comentar.

NOTA DE PRENSA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA EN RELACIÓN AL CASO MARI LUZ

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La secretaria judicial del caso Mari Luz, sancionada con dos años de suspensión de empleo y sueldo

3 de octubre de 2008.-

El expediente disciplinario incoado por el Ministerio de Justicia el pasado 16 de abril por posible falta grave de la secretaria judicial del Juzgado de lo penal nº 1 de Sevilla, Juana Gálvez Muñoz, ha concluido con una sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo, conforme a los artículos 155.6 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales y artículo 536 B) 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

La Resolución, dictada ayer y notificada a la secretaria judicial esta misma mañana, indica que su actuación es constitutiva de una falta grave por negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones de dación de cuenta, impulso y ordenación del proceso y de sus competencias de organización, gestión, inspección y dirección técnicoprocesal de los funcionarios.

En la resolución se afirma que del examen de la prueba practicada se deduce que la secretaria judicial incurrió en un cúmulo de omisiones y errores que ponen de manifiesto un grave incumplimiento de sus deberes profesionales.

La falta grave prevista en el Reglamento Orgánico de Secretarios Judiciales está sancionada con una suspensión de empleo y sueldo de hasta 3 años o el traslado forzoso fuera del municipio.

La sanción impuesta es superior a la propuesta por la instructora del expediente (6 meses de suspensión de empleo y sueldo), según se argumenta en la resolución, entre otros motivos, por la gravedad del perjuicio causado a los ciudadanos con la actuación de la funcionaria.

 

En efecto, tanto la naturaleza de las penas impuestas cuya ejecución se dilató de manera indebida (prisión y medida de seguridad de internamiento de Santiago del Valle y su esposa Isabel García respectivamente), como los hechos que motivaron la condena, (fundamentalmente, el delito de abuso sexual contra su hija menor), requerían de un especial celo en la tramitación de la correspondiente ejecutoria.

Y ello, tanto por la condición de menor de edad de la víctima de los abusos sexuales, como por la elevada reincidencia que se produce en este tipo de conductas.

No obstante, la resolución destaca que no existió una actuación dolosa por parte de la sancionada, sino un cúmulo de actuaciones negligentes o falta de diligencia.

La responsabilidad de la secretaria judicial se le exige con independencia de otra u otras que pudieran existir puesto que la supervisión y dirección superior incumbe al juez.

Finalmente se argumenta, para no imponer la sanción en su grado máximo, el reconocimiento al trabajo de la secretaria judicial por parte de los funcionarios de la Oficina Judicial, el elevado número de señalamientos en los juzgados de lo penal, además de los que celebrara en régimen de sustitución en otros juzgados, y la necesaria atención a la cuenta de consignaciones y al registro para la protección de las víctimas de la violencia doméstica.

06/10/2008 20:37. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. Noticias Judiciales No hay comentarios. Comentar.

SUBASTA DE FINCA RÚSTICA EN LA LOCALIDAD DE CASTEJÓN (CUENCA). E.T.J. Nº 755/2007 (SUSPENDIDA A PETICIÓN DE PARTE ACTORA)

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EDICTO DE SUBASTA DE FINCA RÚSTICA

 

D. VICTOR BALLESTEROS FERNANDEZ  Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia nº 2  de CUENCA.

 

HAGO SABER: Que en el proceso de ejecución seguido en dicho Juzgado con el nº 755 /2007 a instancia de  WOLKSWAGEN FINANCE S.A contra JOSE ANTONIO FERNANDEZ RAMIREZ, se ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de tasación se enumeran a continuación:

 

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y SU VALORACIÓN:

 

MITAD INDIVISA de la Finca rústica, cereal secano, situada en el término de Castejón, al sitio “Los Rebollares”, con una superficie del terreno de tres hectáreas, cinco áreas, veinte centiáreas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Huete, número de pueblo y finca 15/886, tomo 1318, libro 5, folio 191.

 

VALORACIÓN PARA SUBASTA: CINCO MIL SEISCIENTOS euros (5.600,00 €)

 

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito en C/PALAFOX, 4,http:www.juzgadomixtoomercantil2cuenca.blogia.com , el día 12-12-2008 a las 10:00 horas.

 

CONDICIONES DE LA SUBASTA

 

1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:

 

1º.-Identificarse de forma suficiente, presentando los poderes originales que acrediten la representación de la sociedad que se pretende.

 

 

2º.-Declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta.

 

3º.-Presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la entidad BANESTO CUENCA, cuenta nº 1616-0000-05-0755-07, o de que han prestado aval bancario por el 30 por 100 del valor de tasación de los bienes (1.680,00 €). Cuando el licitador realice el depósito  con cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará constar así en el resguardo a los efectos de los dispuesto en el apartado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil. No se admitirán resguardos provisionales de ingreso, debiendo producirse éstos en firme y con la correspondiente validación mecánica correcta o firma del interventor bancario.

 

 

2.- El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las posturas que se hicieren, sin necesidad de consignar cantidad alguna.

 

Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero. La cesión se verificará mediante comparecencia ante el tribunal, con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente al pago del precio del remate.

 

La misma facultad tendrá el ejecutante en los casos en que se solicite la adjudicación de los bienes embargados con arreglo a lo previsto en esta Ley.

 

3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y con las condiciones del artículo anterior. Los sobres se conservarán cerrados por el Secretario Judicial y serán abiertos al inicio del acto de la subasta. Las posturas que contengan se harán públicas con las demás, surtiendo los mismos efectos que las que se realicen oralmente.

 

4.- Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70 por 100 del avalúo (3.920,00 €), se aprobará el remate a favor del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el artículo 670 de la LECn.

 

5.- Que la certificación registral y, en su caso, la titulación sobre el inmueble o inmuebles que se subastan está de manifiesto en la Secretaria. Que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación existente o que no existan títulos. Que las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes y que, por el sólo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

 

6.- No consta en el proceso si el inmueble que se subasta se encuentra o no ocupado por personas distintas del ejecutado.

 

7.- Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por error se hubiere señalado un Domingo o día festivo y no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

 

8.- Sirviendo la presente de notificación en forma al demandado para el caso de que no pueda ser hallado en el domicilio obrante en autos

 

En CUENCA, a seis de octubre de dos mil ocho.

 

EL SECRETARIO JUDICIAL

 

06/10/2008 22:58. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. SUBASTAS No hay comentarios. Comentar.

Comunicado del Secretariado de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales tras la rueda de prensa celebrada hoy conjuntamente con el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales

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La Sanción impuesta por el Ministerio de Justicia a la Secretaria del Juzgado de lo Penal nº 1 de Sevilla, cuadruplicando la propuesta por la instructora del expediente sancionador, pretende producir un efecto de arrastre respecto de la que finalmente se imponga al magistrado del mismo órgano. Las sanción gravísima que se impone a la Secretaria Judicial y la que se pretende por el Ministerio de Justicia para el Magistrado tienen una pretensión agotadora de la responsabilidad en el llamado “caso Mari Luz”, que evidenció un muy deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia.


Sin embargo de negligencias o retrasos injustificados saben mucho el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia. Han transcurrido más de siete años desde la firma del Pacto de Estado, y la reforma real de nuestra Administración de Justicia ni ha llegado ni se la espera.

Siete años de retraso para implantar una reforma que todavía hoy no está asegurada, es más que retraso o negligencia de alguien y consecuentemente responsabilidad de alguien. A Mari Luz la mató quien debería haber estado en prisión, y la causa de que los mecanismos judiciales fallaran no la tuvieron sólo dos personas. Falló el sistema, porque trabajamos con un modelo judicial agotado hace ya mucho tiempo. El Pacto de Estado así lo reconoció hace ya más de siete años y desde entonces los responsables políticos no han hecho más que perder el tiempo y dar largas a la opinión pública. ¿Cuántos ministros y consejeros autonómicos de Justicia deberían ser suspendidos de empleo y sueldo por este retraso y esta negligencia?.
Es evidente que cuando un órgano jurisdiccional está cargado de un trabajo excesivo, el Secretario Judicial no puede atender a todo. Si a pesar de su celo y su dedicación no acierta a controlarlo todo, alguien debe velar para que esa carga de trabajo sea asumible.

Por ello, en la rueda de prensa celebrada hoy conjuntamente con el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, se ha anunciado lo siguiente:


Primero: Con la idea puesta en que se esclarezcan y diluciden justamente acontecimientos y conductas, se apoyarán con todos sus medios legales, económicos y profesionales, a la compañera del Penal de Sevilla en las acciones que acuerde plantear frente a la resolución del Ministro de Justicia en su expediente disciplinario.

Segundo: Dado que la sanción implica una pérdida encubierta de destino, de materializarse se valorará recomendar a los compañeros que en los próximos traslados no se solicite la plaza del Penal nº 1 de Sevilla. E igualmente, habiéndose recibido múltiples ofrecimientos de secretarios judiciales a fin de ayudar económicamente a la compañera, se estudiará encauzar adecuadamente esta inquietud, de contar con el consentimiento de la misma.

Tercero: Dado que el problema de fondo es y ha sido la carencia de reformas e inversiones en Justicia y la aportación de medios de todo orden, organizativos, humanos, materiales e informáticos, para que la ciudadanía conozca lo que ocurre en nuestra Administración de Justicia y para reclamar los medios y reformas exigidos, se convocará una JORNADA DE PARO DE TRES HORAS, con el fin de exigir del Ministro de Justicia y del Gobierno de la Nación que se de desarrolle la LO 19/03, y en concreto:

- Se reforme la Oficina Judicial creándose los servicios comunes que correspondan.
- Se reforme las leyes procesales para la adecuada asignación y redistribución de competencias entre jueces y secretarios judiciales, asegurando la real atribución de competencias procesales para nuestro Cuerpo como exige la Ley Orgánica del Año 2003.
- Se dote de medios materiales, humanos, informáticos y de todo orden precisos para el adecuado desarrollo del servicio público de la Administración de Justicia, para que la información no se estanque en un Juzgado, sino que sea compartida por quien tenga competencia para ello.
- Y en definitiva, para mejor servir al ciudadano, se hagan las inversiones económicas por los responsables políticos que sean precisas.

Cuarto: Por último, por no realizarse esta inversión en medios y estas reformas necesarias en el servicio público de la Justicia, que llevan un retraso de 5 años, y pretender encubrir el tema con la sanción a la compañera de Sevilla, pedimos el cese del Ministro de Justicia por parte del Presidente del Gobierno, asumiendo su responsabilidad en este orden de asuntos.

 

07/10/2008 17:07. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. Noticias Judiciales No hay comentarios. Comentar.

COMUNICADO A LOS MEDIOS DE COMUNICACION COLEGIO NACIONAL DE SECRETARIOS JUDICIALES UNIÓN PROGRESISTA DE SECRETARIOS JUDICIALES

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El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales ante la noticia de la resolución administrativa del expediente sancionador incoado contra nuestra compañera del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Sevilla con motivo de los desgraciados acontecimientos sucedidos en el llamado “caso Mari Luz” que desde un principio lamentamos

MANIFESTAMOS:

1. Como ya hemos dicho en anteriores comunicados, estamos ante lo que sin miedo a equivocarnos constituye un auténtico escándalo, y no podemos dejar de manifestar nuestro estupor e indignación ante esta resolución del Ministro de Justicia, por la desmesurada sanción impuesta, y por el desparpajo con el que se quiere confundir a la ciudadanía descargando en una Secretario Judicial, lo que es una absoluta falta de dedicación a la Justicia de medios organizativos, humanos, materiales e informáticos, unas irrisorias inversiones económicas en Justicia que traen consigo que los españoles tengan que soportar una Administración de Justicia dotada con medios decimonónicos, para una sociedad del siglo XXI, y un estancamiento que dura ya cinco años, de la reforma de la oficina judicial legalmente exigida desde la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2003 , que el Ministerio de Justicia no ha liderado.

2. En concreta relación a la sanción impuesta a la compañera del Penal de Sevilla, se ha mantenido una actitud de silencio y máximo respeto a quienes tenían que instruir y valorar los hechos acaecidos en el Penal nº 1 de Sevilla. Una vez conocida la sanción, ya no procede seguir callados, pues el Ministro de Justicia, ha optado por hacer sangre en la parte más débil, frente a otros colectivos y a modo de chivo expiatorio, para acallar voces y contentar a la opinión pública por la trascendencia mediática del caso, ha hecho uso de un durísimo régimen sancionador discriminatorio que se nos impuso en la Ley Orgánica del Poder Judicial y que desde un principio habíamos reclamado su modificación. Con ello se intenta ocultar su inoperancia para la solución de las graves carencias de la Administración de Justicia, tanto organizativas como de personal y de medios materiales. Y es que actualmente, al no haberse desarrollado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ni adaptado las leyes procesales la competencia para ejecutar las sentencias no se ha materializado en los Secretarios Judiciales. Incluso un Anteproyecto de reforma procesal del Ministerio de Justicia mantiene los mismos vicios que denunciamos no otorgando las competencias procesales que reclamamos conforme a la Ley Orgánica.

En las actuales circunstancias, ningún Secretario Judicial puede controlar la Oficina Judicial con los medios materiales que existen actualmente en los juzgados. Por un lado, el sistema de gestión procesal es totalmente deficiente, no permite un control informático de las ejecutorias y del resto de procesos, por lo que se tiene que hacer manualmente, en papel, una a una. Muchos funcionarios interinos acceden a los juzgados sin estar preparados para desempeñar sus funciones. No existe medio informático para compartir información esencial entre los órganos de la Administración de Justicia, y con las Fuerzas de Seguridad, la Fiscalía, u otros organismos intervinientes, sobre todo en materias tan importantes y sensibles como las penales. El papel se sigue apilando en los locales judiciales, sin que estos con los medios disponibles puedan absorber la carga de trabajo.

3. Los ciudadanos han de saber que hechos como el ocurrido en el juzgado de lo penal de Sevilla pueden pasar en cualquier momento y en cualquier lugar, pues la situación de la justicia es plenamente deficiente en medios y dotaciones, en reformas y modernización. Así lo hemos dicho los Secretarios Judiciales desde hace mucho tiempo, con informes de necesidades, oficios y peticiones de medios, y así lo hemos reclamado las asociaciones, que se reforme la Justicia conforme a la Ley Orgánica, pero el Gobierno de la nación y las Administraciones Competentes no pone remedio a esta situación.

4.- El ciudadano merece una Administración de Justicia moderna, eficaz, eficiente, y de calidad, capaz de evitar que se reproduzcan casos como el que lamentablemente ha ocurrido en el juzgado de lo Penal de Sevilla y que ahora causa esta sanción como un gran despropósito. Para ello es necesaria una mayor inversión en medios personales y materiales y una mejor organización de la oficina judicial. De no ser así, con la actitud de cortar cabezas del Ministerio de Justicia, este triste caso pasará y nada se habrá solucionado, y eso deben saberlo los ciudadanos.

Por ello, y asumiendo las responsabilidades que nos correspondan como colectivo y personalmente ante la ciudadanía, pero exigiendo la atención necesaria, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales hemos acordado:

PRIMERO

Con la idea puesta en que se esclarezcan y diluciden justamente acontecimientos y conductas, se apoyarán con todos sus medios legales, económicos y profesionales, a la compañera del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Sevilla en las acciones que acuerde plantear frente a la resolución del Ministro de Justicia en su expediente disciplinario.

SEGUNDO

Dado que la sanción implica una pérdida encubierta de destino, de materializarse se valorará recomendar a los compañeros que en los próximos traslados no se solicite la plaza del Penal nº 1 de Sevilla. E igualmente, habiéndose recibido múltiples ofrecimientos de secretarios judiciales a fin de ayudar económicamente a la compañera se estudiará encauzar adecuadamente esta inquietud de contar con el consentimiento de la misma.

TERCERO

Dado que el problema de fondo es y ha sido, la carencia de reformas e inversiones en Justicia y la aportación de medios de todo orden, organizativos, humanos, materiales e informáticos, para que la ciudadanía conozca lo que ocurre en nuestra Administración de Justicia y para reclamar los medios y reformas exigidos, se convocará una JORNADA DE PARO DE TRES HORAS, para el día 21 de este mismo mes de octubre, con el fin de exigir del Ministro de Justicia y del Gobierno de la nación, que se desarrolle la Ley Orgánica del año 2003, y en concreto:

Se reforme la oficina judicial creándose los servicios comunes que correspondan.

Se reformen las leyes procesales para la adecuada asignación y redistribución de competencias entre jueces y secretarios judiciales, asegurando la real atribución de competencias procesales para nuestro Cuerpo como exige la Ley Orgánica del año 2003.

Se dote de medios materiales, humanos, informáticos y de todo orden precisos para el adecuado desarrollo del Servicio Publico de la Administración de Justicia, para que la información necesaria para la tramitación de los procesos no se estanque en un juzgado, sino que sea compartida por quien tenga competencia para ello.

Y en definitiva para mejor servir al ciudadano, se hagan las inversiones económicas por los responsables políticos que sean precisas.

CUARTO

Por último, por no realizarse esta inversión en medios y estas reformas necesarias en el servicio público de la Justicia, que llevan un retraso de 5 años y pretender encubrir el tema con la sanción a la compañera de Sevilla, pedimos el cese del Ministro de Justicia por parte del Presidente del Gobierno, asumiendo su responsabilidad en este orden de asuntos.


Madrid a 7 de octubre de 2.008

 

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07/10/2008 17:09. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. Noticias Judiciales No hay comentarios. Comentar.

JpD ante las recientes declaraciones de la Vicepresidenta del Gobierno.

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En las últimas semanas, miembros del Gobierno se han pronunciado sobre cómo debía actuar en el ámbito disciplinario el Consejo General del Poder Judicial. Este pasado fin de semana, la Vicepresidenta del Gobierno, en una entrevista concedida al diario “El País”, manifestó su deseo de que el juez Tirado fuera sancionado con tres años de suspensión.

El Secretariado de Jueces para la Democracia considera inaceptable, desde la más elemental asunción de la regla constitucional de distribución del poder, que los miembros del ejecutivo, de forma reiterada, se inmiscuyan en cómo otro poder del estado debe ejercer las funciones que la Constitución le reserva de manera exclusiva. Estas manifestaciones traslucen una preocupante concepción sucursalista del Gobierno judicial, ahondando en la percepción social de dependencia política del Consejo General del Poder Judicial.

Del mismo modo, resulta rechazable la instrumentalización del asesinato de una niña para trasmitir un mensaje que, bajo apariencia de empatía social, sólo busca eludir las responsabilidades políticas sobre un estado general de patológica burocratización de la justicia española, respecto de la cual mucho tiene que decir el poder ejecutivo. Las respuestas políticas que sólo tienen en cuenta la proyección mediática del hecho ilícito, renuncian de antemano a analizarlo a fin de tomar medidas preventivas que lo eviten.

Sin perjuicio de depurar las responsabilidades individuales, exigibles a personas concretas, Jueces para la Democracia estima que ya es hora de poner sobre la mesa los errores del ejecutivo en la gestión en materia de justicia, y su escaso impulso para la modernización del sistema judicial. La responsabilidad política es la necesaria contrapartida del ejercicio del poder cuando éste no está sometido a fórmulas de responsabilidad personal.

Por ello, las sucesivas declaraciones de miembros del poder ejecutivo reclamando la máxima sanción, sin hacer una sola referencia a que la situación estructural de la justicia española permite explicar, en parte, sus graves disfunciones, nos recuerda un ejercicio irresponsable del poder que creíamos ya superado.

Vivimos un progresivo deterioro de nuestro espacio político en el que los partidos se atreven, sin disimulo alguno, a alardear de pactos, acuerdos o decisiones que contradicen el espíritu y aun la letra de la Constitución, que los jueces no avalaremos con nuestro silencio.

La independencia del Poder Judicial es una de las garantías básicas del sistema constitucional. Ignorarla o minusvalorarla, sobre todo por aquellos que tienen la obligación, también constitucional, de respetarla, es una gravísima irresponsabilidad.

Jueces para la Democracia quiere insistir en que el poder judicial y su gobierno no son apéndices del poder ejecutivo, y que no dejaremos de denunciar las intromisiones de otros poderes.

09/10/2008 00:45. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. Noticias Judiciales No hay comentarios. Comentar.

SENTENCIA EN APELACIÓN DERIVADA DE JUICIO VERBAL 560/2006 SOBRE ACCIÓN NEGATORIA DE SERVIDUMBRE DE VISTAS Y LUCES

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 S E N T E N C I A  NUM. 170/2008

         En la ciudad de Cuenca, a treinta de septiembre del año dos mil ocho.

         Vistos en trámite de recurso de apelación los autos de juicio verbal, número 560/06, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número dos de los de Cuenca y su partido,  promovidos a instancia de DON C. H. M., mayor de edad y provisto de D.N.I. número XXXXXXX, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª María Josefa Herraiz Calvo y asistido técnicamente por el Letrado Don Rafael García Montero; contra DON V. M. H., mayor de edad y provisto de D.N.I. número XXXXXXXXX, representado por el Procurador de los Tribunales Don José Antonio Nuño Fernández y asistido técnicamente por el Letrado Don José Francisco Hervás Villar; en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte actora, contra la sentencia dictada en primera instancia, de fecha veintisiete de febrero de dos mil ocho; habiendo sido ponente el Ilmo. Sr. Don Leopoldo Puente Segura.

ANTECEDENTES DE HECHO

I

         En los autos indicados al margen se dictó sentencia de fecha veintisiete de febrero de 2.008, por el Juzgado de Primera Instancia número dos de los de Cuenca y su partido en cuya parte dispositiva se establecía: "Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Dª María Josefa Herraiz Calvo, en nombre y representación de Don C. H. M., contra Don V. M. H., debo absolver y absuelvo a éste de los pedimentos de la actora.

         Se condena en costas a la parte demandante".

II

        Contra la anterior sentencia se preparo y después interpuso por la representación de Don C. H. M., recurso de apelación en tiempo y forma, recurso que fue admitido a medio de providencia de fecha veintitrés de mayo del presente año, dándose traslado a la parte contraria para que pudiera presentar escrito de oposición al recurso o impugnar la sentencia en aquellos extremos que pudieran resultarles desfavorables.

        Con fecha trece de junio del presente año, Don José Antonio Nuño Fernández, Procurador de los Tribunales y de Don V. M. H., se presentó escrito oponiéndose al recurso interpuesto de contrario e interesando el dictado de una sentencia íntegramente confirmatoria de la recaída en la primera instancia.

III

        Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, con fecha veinticuatro de julio de dos mil ocho, se procedió a formar el correspondiente rollo, asignándosele el número del margen, turnándose ponencia y habiéndose cumplido la totalidad de las previsiones legales, sin que se estimara necesaria la celebración de vista, y señalándose para que tuviera lugar la correspondiente deliberación, votación y fallo el siguiente día treinta de septiembre del presente año.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

        No se aceptan los que se contienen en la resolución recurrida.

I

        Muy adecuadamente, a nuestro parecer, centra la juzgadora de primer grado, el objeto de la presente litis. La parte ahora demandante interpuso en su día demanda ejercitando acción negatoria de servidumbre de luces y vistas, interesando, además, que se procediera al cierre de las ventanas que, sin sujetarse a las dimensiones y características de los llamados huecos de tolerancia, contemplados en el artículo 582 del Código Civil, mantenía abiertos su vecino, el hoy demandado, Don V. M. H.. La sentencia firme que resolvió aquel procedimiento, estimaba parcialmente la demanda interpuesta, declarando, en efecto, que la propiedad del actor estaba libre de cargas, no disfrutando su vecino del derecho a recibir luces y vistas, si bien desestimó la pretensión relativa al cierre de las ventanas, en aplicación del artículo 7.2 del Código Civil, por considerar que aquella pretensión debía ser reputada como ejercicio antisocial del derecho, en la medida en que ningún beneficio reportaba al actor el cierre de las ventanas que Don V. mantenía abiertas, todas vez que ninguna actividad realizaba aquél en la finca de su propiedad, que se hallaba en estado de semiabandono. Ya en aquella sentencia, la dictada para resolver el pleito anterior, se añadía: "al margen de que si el actor (en el futuro) diera alguna actividad a su predio, demostrando que en el mismo se ejercita una actividad lícita que resulte menoscabada por la existencia de las ventanas, pueda reproducir su pretensión".

        La juzgadora de instancia, también a nuestro parecer de modo acertado, considera que aquella resolución proyecta sobre la presente los efectos materiales positivos de la cosa juzgada, siendo, en consecuencia, que habrá de partirse aquí de sus pronunciamientos (en el sentido de que no existe derecho alguno del demandado limitativo del dominio del demandante).

II

        Una vez más de modo acertado, en nuestra consideración, la juzgadora de primer grado señala que, así las cosas, "en este procedimiento debe partirse de la inexistencia de un derecho de luces y vistas y debe valorarse si en el momento actual se ha producido una alteración de las circunstancias existentes cuando se denegó por la resolución judicial el cierre de las ventanas del demandado". Con ese objeto, se afirma en la resolución recurrida, y es aceptado por las partes, que en la actualidad el demandado tiene en el corral de su propiedad unas diez gallinas para consumo propio. Sin embargo, se entiende por la juez de primer grado, y aquí nos separamos de su razonamiento, "que dicha actividad no es merecedora de la tutela que se insta en el presente procedimiento, por cuanto aquélla no es una actividad que pueda violentarse por la existencia de tales ventanas".

        A nuestro parecer, en primer lugar no se expresa la sentencia de instancia con la debida claridad y esta confusión, a nuestro juicio, desenfoca la cuestión que se somete a consideración. No es la actividad que el actor libérrimamente decida desplegar en la finca de su propiedad lo que ha de ser aquí objeto de tutela, sino el derecho que éste tiene a mantener su intimidad y el desarrollo de sus actividades, cuales desee efectuar, alejadas de la fiscalización que la existencia de huecos o ventanas que no se sujeten a las limitaciones establecidas para los huecos de tolerancia, en las fincas vecinas pudieran imponerle cuando no ostentan derecho alguno de servidumbre a su favor. Dicho de otra manera, diferentes Tribunales, y en concreto el juzgado que resolvió el primer pleito entre estas mismas partes, consideró que aunque Don Valentín no ostentaba derecho alguno a mantener vistas o luces sobre la finca del actor, siendo que en la propiedad de éste "no se realizaba actividad alguna que pudiera menoscabarse por la existencia de las ventanas cuyo cierre se postula…Estamos ante un corral o patio, --se añadía--, prácticamente abandonado, donde, se insiste, no hay vestigios de realizarse en el mismo actividad humana alguna". Se entendía, en consecuencia, que ningún interés digno de protección podía entonces tener el demandante en que se cerraran unas ventanas o huecos que, en modo alguno, podían suponer un límite a su intimidad.

        Y esa situación indudablemente ha cambiado. No es la enjundia o importancia de la actividad elegida por el actor con respecto a una finca de su propiedad lo que debe ser aquí tomado en consideración, sino el hecho de que ahora, en el ejercicio de esa actividad que libremente ha resuelto dar al terreno propio, la presencia del mismo demandante o de personas por él autorizadas con certeza habrá de producirse de modo más o menos continuado, aunque solo fuera para alimentar o mantener a los animales que allí posee y, en consecuencia, no puede ya mantenerse, a nuestro juicio, que ningún interés legítimo ostente el actor para impedir que sus vecinos, sin derecho alguno para ello, fiscalicen, vean o conozcan las actividades, cualesquiera que sean, que desarrolle en sus dominios y la forma o modo en que lo haga. No compete al demandado determinar si la actividad elegida por el actor tiene más o menos importancia o si debe realizarse en unas u otras condiciones, debiendo, en consecuencia, y por eso debemos estimar el presente recurso, proceder al cierre de los huecos o ventanas abiertas o sustituirlos por otros que se avengan a las exigencias contenidas en el artículo 582 del Código Civil.

III

        De conformidad con lo establecido en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, corresponde imponer a la parte demandada las costas que se devengaron en la primera instancia, al haber resultado desestimadas todas sus pretensiones. A su vez, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 398 del mismo texto legal, en relación con el precepto anteriormente citado, no procede hacer imposición de las costas de esta alzada.

        Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

F A L L A M O S

        Que debemos estimar como estimamos íntegramente el recurso de apelación interpuesto por Dª María Josefa Herraiz Calvo, Procuradora de los Tribunales y de DON V. M. H. contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número dos de los de Cuenca y su partido, en su juicio verbal número 560/06, y en consecuencia, debemos REVOCAR como REVOCAMOS INTEGRAMENTE la resolución recurrida dictando la presente, en su lugar, por cuya virtud, debemos estimar como estimamos íntegramente la demanda interpuesta y debemos condenar y condenamos al demandado, DON V. M. H., a que proceda al cierre de las ventanas o huecos que se describen en la demanda, existentes en la finca de su propiedad, que reciben vistas o luces sobre el dominio del actor, sin sujetarse a las exigencias previstas en el artículo 582 del Código Civil; todo ello, con expresa imposición de las costas devengadas en la primera instancia y sin hacer imposición de las ocasionadas como consecuencia de esta alzada.

        Cúmplase lo establecido en los artículos 248.4º de la ley orgánica del poder judicial y 208.4º de la ley de enjuiciamiento civil.

        Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

 

EDICTO PUESTA DE MANIFIESTO INFORME DE A. C. EN CNA 311/2008 PUERTAS MONTALBO SL

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EDICTO PUESTA DE MANIFIESTO DE INFORME

 

DON VÍCTOR BALLESTEROS FERNÁNDEZ, Secretario Judicial del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 Juzgado de lo Mercantil de CUENCA.

ANUNCIA

 

1.- Que en el procedimiento concursal número 311 /2008  referente al deudor PUERTAS MONTALBO SL, se ha presentado el informe de la administración concursal, al que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley Concursal (LC), junto con el inventario de bienes y derechos y la lista de acreedores.

 

Dichos documentos pueden ser examinados por los interesados en la Secretaría del Juzgado, así como obtener copias en formato electrónico, a su costa.

 

2.- Dentro del plazo de DIEZ DÍAS, computado desde la última de las publicaciones de este edicto que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca y en periódico de tirada provincial El Día de Cuenca, los interesados que se consideren perjudicados por el inventario de bienes y derechos o por la lista de acreedores, podrán presentar impugnaciones en este Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción.

 

3.- Para hacerlo se necesita valerse de abogado y procurador.

 

Dado en CUENCA, a nueve de octubre de dos mil ocho.

 

EL SECRETARIO JUDICIAL

09/10/2008 18:41. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. CONCURSOS DE ACREEDORES No hay comentarios. Comentar.

EDICTO PUESTA DE MANIFIESTO INFORME DE AC EN CNA 312/2008 BASTIDORES MONTALBO

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EDICTO PUESTA DE MANIFIESTO INFORME

DON VÍCTOR BALLESTEROS FERNÁNDEZ, Secretario Judicial del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 Juzgado de lo Mercantil de CUENCA.

ANUNCIA

1.- Que en el procedimiento concursal número 312 /2008 referente al deudor ,BASTIDORES MONTALBO SL se ha presentado el informe de la administración concursal, al que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley Concursal (LC), junto con el inventario de bienes y derechos y la lista de acreedores.

Dichos documentos pueden ser examinados por los interesados en la Secretaría del Juzgado, así como obtener copias en formato electrónico, a su costa.

2.- Dentro del plazo de DIEZ DÍAS, computado desde la última de las publicaciones de este edicto que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en B.O.P. de Cuenca, y en el periódico de tirada provincial “El Día de Cuenca”, los interesados que se consideren perjudicados por el inventario de bienes y derechos o por la lista de acreedores, podrán presentar impugnaciones en este Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción.

3.- Para hacerlo se necesita valerse de abogado y procurador.

Dado en CUENCA, a nueve de octubre de dos mil ocho.

EL SECRETARIO JUDICIAL

09/10/2008 18:43. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. CONCURSOS DE ACREEDORES No hay comentarios. Comentar.

SENTENCIA EN DIVORCIO MUTUO ACUERDO 452/2008

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SENTENCIA Nº107/08 

En Cuenca, a 3 de octubre de 2008.

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia n° 2 de esta ciudad, los presentes autos de divorcio de mutuo acuerdo n°452/08, promovidos a instancia de DON J. A. S. V. Y DOÑA M. L. L. M., representados por el Procurador de los Tribunales Sra. Porres Moral y asistido por el Letrado Sra. Beamud Bello, no siendo parte el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Procurador de los Tribunales Sra. Porres Moral, en nombre y representación de Don J. A. S. V. y Doña M. L. L. M. se presentó demanda solicitando el divorcio de su matrimonio.

SEGUNDO.- Admitida la demanda, se Acordó citar a los conyuges para su ratificación, lo que hicieron en fecha 16 de septiembre de 2008.

TERCERO.- En el presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Habiéndose instado el divorcio por ambos cónyuges y cumpliéndose los restantes requisitos establecidos en los artículos 86 y 81.2º del Código Civil, al haber transcurrido más de tres meses desde la celebración del matrimonio y haberse acompañado convenio regulador de fecha 30 de julio de 2008, procede declarar judicialmente el divorcio.

SEGUNDO.- Dado que los cónyuges han presentado el convenio regulador de su divorcio y no encontrándose dicho convenio perjudicial para ninguno de ellos, no habiendo hijos menores procede aprobarlo en su integridad.

TERCERO.- A la vista de la especial naturaleza de los procedimientos sobre familia no cabe hacer especial pronunciamiento sobre costas.

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que estimando la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Porres Moral, declaro la disolución por divorcio del matrimonio contraído por DON J. A. S. V. Y DOÑA M. L. L. M., aprobándose el convenio regulador de fecha 30 de julio de 2008,  sin efectuar pronunciamiento sobre costas procesales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y firme que sea comuníquese al Sr. Encargado del Registro Civil donde conste el matrimonio de los litigantes.

 

Así lo acuerdo y firmo,

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario doy fe.

SENTENCIA EN MODIFICACIÓN DE MEDIDAS DEFINITIVAS 206/2008

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S E N T E N C I A nº108

En Cuenca, a 7 de octubre de 2008.

 Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 2 de esta ciudad, los presentes autos de Modificación de Medidas Definitivas n° 206/08, promovidos a instancia de D. S. A. M. P., representado por  la procuradora Sra. Herraiz Calvo y asistido del letrado Sr. Ramón y Gómez, contra DOÑA A. I. P. M.,  siendo parte el Ministerio Fiscal

                 ANTECEDENTES DE HECHO.

         PRIMERO.- Por el Procurador Sra. Herraiz Calvo, en la representación ya referida, se presentó Demanda de Modificación de Medidas acordadas en proceso de divorcio que señalaba en su escrito y que aquí se dan por reproducidas.

         SEGUNDO.- Por Auto, se admitió a trámite la solicitud de modificación de medidas  instada, sustanciándose la misma por los trámites previstos en el art. 753 de la L.E.C.n., emplazando a la demandada y al Ministerio Fiscal para que contestasen en plazo de 20 días, realizándolo el Ministerio Fiscal en escrito de fecha 9 de mayo de 2008 solicitando se dicte sentencia de acuerdo a lo que resulte probado, no contestando la demandada por lo que fue declarada en rebeldía, señalándose la comparecencia para el día 4 de noviembre de 2008.

     Por escrito presentado por la procuradora Sra. Herraiz Calvo en la representación referida se solicitó la conversión del procedimiento por los trámites del art. 777,1 de la L.E.C, presentando nuevo Convenio de fecha 1 de julio de 2008.

         TERCERO.-  Que por providencia, se acordó lo solicitado por las parte, ratificando por separado el convenio aportado. Que una vez ratificados los cónyuges y dado el preceptivo traslado al Ministerio Fiscal, por el mismo no se opuso a la aprobación del convenio presentado. 

         TERCERO.- En la tramitación de esta causa se han observado todas las prescripciones legales.

                 FUNDAMENTOS DE DERECHO.

         PRIMERO.-  Establece el art. 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que "El Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o incapacitados y, en todo caso los cónyuges podrán solicitar la modificación de las medidas convenidas por los cónyuges o las ya adoptadas en defecto de acuerdo siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas"

         SEGUNDO.- El artículo 91, in fine, del Código Civil permite que las medidas adoptadas, en las sentencias de nulidad, separación, y divorcio, puedan ser modificadas, cuando se alteren sustancialmente las circunstancias bajo las que fueron adoptadas. Para que proceda dicha modificación, es indudable que debe haberse producido una modificación sustancial, en el momento en que se solicita, de las condiciones que fueron tenidas en cuenta en su inicial adopción, esto es, un cambio de las circunstancias que justifiquen la petición de reordenación de las medidas, ha de tener una clara significación en el contexto de las posiciones contempladas a su fijación, de modo, que solo, cuando quede patente que, tanto cualitativa, como cuantitativamente, aquellas supongan un cambio trascendental, habrá que incidir en los términos sancionados en su momento, para adecuarlos a la nueva perspectiva ( S.T.A.P.S. Cáceres 20/12/89, Valencia 8/2/91 ).

         TERCERO.- Las peticiones de modificación de medidas, se tramitarán conforme a lo dispuesto en el art. 771 de la vigente Ley. No obstante, si la petición se hiciera por ambos cónyuges de común acuerdo o por uno con el consentimiento del otro, acompañando propuesta de convenio regulador, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo siguiente, siendo parte legítima para solicitarlas, el Ministerio Fiscal, y en todo caso los cónyuges. (art- 775.1 y 2 L.E.C.)

         CUARTO.-  Que el convenio en el que se han ratificado las partes es de fecha 1 de julio de 2008 que aquí se da por reproducido.

         QUINTO.- Es procedente la aprobación de la propuesta de Convenio de fecha 1 de julio de 2008, aportado al presente procedimiento y posteriormente ratificado por las partes, al no ser contrarias al orden público, ni causar perjuicio a ninguno de los interesados.

         SEXTO.- No procede hacer expreso pronunciamiento del pago de las costas causadas en esta instancia.

         Vistos los preceptos legales citados cualesquiera otro de general y pertinente aplicación, pronuncio el siguiente

                       F A L L O.

         Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Sra. Herraiz Calvo en nombre y representación de DON S. A. M. P.con el consentimiento de A. I. P. M., debo aprobar y apruebo la modificación de las medidas reguladoras de divorcio en su día acordadas en autos Nº 428/05 del Juzgado de Primera Instancia nº DOS de los de Cuenca,, y en consecuencia debo aprobar y apruebo la MODIFICACION de dichas medidas recogidas en el convenio aportado de fecha 1 de julio de 2008 que se da aquí por reproducido y formará parte integrante de la presente. No se hace expresa imposición de las costas procesales.

         Notifíquese esta Resolución a las partes, con la advertencia que no es firme y que contra ella cabe interponer recurso de apelación en la forma legalmente prevista ante este Juzgado y para ante la Iltma Audiencia Provincial de CUENCA.

         Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los Autos de su razón,  lo pronuncio, mando y firmo.

SENTENCIA DE CALIFICACIÓN EN CONCURSO NECESARIO 215/2007. AGRO COMERCIAL FELIPE SL

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SENTENCIA Nº 19 (mrc)

En Cuenca, a 6 de octubre de 2008.

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n°2 de esta ciudad, con competencia exclusiva en materia mercantil, los presentes autos de Concurso Ordinario Necesario nº 215/07, en su sección 6ª de Calificación promovidos a instancia de la mercantil “Fertiberia La Mancha S.L.U, representada por el Procurador de los Tribunales D. José Vicente Marcilla Lopez y asistida por los Letrados Sres. Garcia-Loygorri Esquer y Rincón Serrano, en solicitud de declaración de Concurso Necesario de la mercantil AGRO COMERCIAL FELIPE S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO 

UNICO.- Por la Administración Concursal de la Sociedad Agro Comercial Felipe S.L, en Liquidación, se ha presentado informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso, con propuesta de calificación del concurso como culpable, expresando la identidad de las personas a las que deba afectar la calificación y la de las que hayan de ser consideradas complices, justificando la causa, asi como la determinación de los daños y perjuicios que, en su caso se puedieran haber causado por las personas anteriores.

Una vez unido el informe de la administración concursal, se dio traslado del contenido de la sección sexta al Ministerio Fiscal para que emitiera dictamen en el plazo de 10 dias, lo que verificó calificando asimismo el concurso como culpable.

Dada audiencia al deudor por plazo de diez dias, se emplazó a todas las demás personas afectadas por plazo de cinco dias para poder personarse en esta sección sexta y formular alegaciones, no hubo oposición.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Calificación. El art. 172 dispone que el  Contenido necesario de la misma ha de ser la declaración del concurso como fortuito o como culpable, expresando en este último caso la causa o causas en que se fundamente la calificación.

La administración concursal basa su solicitud como culpable del concurso, en síntesis, en los siguientes hechos:

La situación de insolvencia en la entidad concursada se deduce de la documentación obrante en autos, puesta ya de manifiesto en la primera visita que realizó la Administración Concursal a las instalaciones de la concursada. La causa de dicha insolvencia, al parecer de esta administración, deriva ineludiblemente de que la sociedad concursada, no gestionó debidamente su facturación en relación con los pagos que tenía que realizar incrementandose con una caida de la demanda y una subida de los precios de los productos por ella comercializados.

Por otro lado alega la Administración concursal que siendo la sociedad concursada de las obligadas a la llevanza de contabilidad, debemos advertir como lo hemos venido haciendo a lo largo del procedimiento, que la concursada no ha aportado balances ni cuentas de perdidas y ganancias. Tampoco tenía presentadas las cuentas anuales en el Registro Mercantil ni tiene extractos de movimientos de cuentas o apuntes contables de ningún tipo, no existe documentación justificativa de las amortizaciones o documentación de autoliquidaciones o presentación de impuestos en la Agencia Tributaria, requiriendose en varias ocasiones para que nos aportara dicha documentación habiendo hecho caso omiso a cuentos requerimientos le hemos practicado.

Las conductas relatadas son subsumibles en las presunciones de culpabilidad del concurso de los números 1º (irregularidad relevante contable) del art. 164.2, presunciones que por tener el carácter de presunciones iuris et de iure dispensan de analizar la relevancia causal en la generación o agravación de la insolvencia de las conductas en ellas reflejadas.

SEGUNDO.- Constatada la culpabilidad, resta examinar el resto de pronunciamientos posibles de la sentencia de calificación.

El art. 172.2 señala que "la sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes pronunciamientos:

1º La determinación de las personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las declaradas cómplices. Si alguna de las personas afectadas lo fuera como administrador o liquidador de hecho de la persona jurídica deudora, la sentencia deberá motivar la atribución de esa condición.

2º La inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar los bienes ajenos durante un período de dos a 15 años, así como para representar o administrar a cualquier persona durante el mismo período, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio.

3º La pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices tuvieran como acreedores concursales o de la masa y la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a indemnizar los daños y perjuicios causados."

Finalmente, el ap. 3º prevé la posibilidad, restringida a que la sección de calificación hubiera sido formada o reabierta como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, de que la sentencia condene a los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, y a quienes hubieren tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa.

De la simple lectura del precepto transcrito parece desprenderse que la sentencia ha de pronunciarse necesariamente sobre esos aspectos con independencia de que haya o no petición de parte. La Exposición de Motivos también parece abundar en este sentido. Mención aparte requiere la condena del art. 172.3, ya que la Ley no dice que la sentencia haya de contener tal pronunciamiento, sino que dice que el Juez "podrá" condenar, con lo que parece que no estamos ante un contenido necesario y debe mediar petición de parte para que el juez pueda hacerlo.

En opinión de este juzgador, salvo en o relativo a la inhabilitación, que puede ser considerada materia de orden público económico -de modo que aunque no exista petición o ésta sea genérica la sentencia ha de declarar la inhabilitación, si bien en el grado mínimo de 2 años-, la administración concursal ha de detallar en su informe sus concretas pretensiones con respecto al resto de pronunciamientos del art. 172.2 y 172.3 para que el juez pueda pronunciarse sobre los mismos, y en caso de no hacerlo, ha de ser requerida para que lo haga aunque dicho trámite de subsanación no esté previsto en la Ley y, por ende, no existan consecuencias procesales para el caso de que no se lleve a cabo la subsanación requerida.

Sentado lo anterior, procede entrar a examinar cada uno de los apartados del art. 172.2.

Interesa a este respecto la administración concursal solamente que se declare que la persona afectada por la calificación es Don Felipe Martinez Esteso en su condición de Administrador único.

Al no haber oposición alguna en el presente y constando en autos que Felipe Martinez Esteso era el Administrador Único de la concursada al tiempo de la declaración del concurso, es por lo que procede este pronunciamiento.

No existiendo petición concreta de inhabilitación, procede, conforme al criterio antes expresado, imponer la misma en su grado mínimo.

TERCERO.- No procede hacer expreso pronunciamiento sobre las costas

                          FALLO

Estimando la solicitud de la Administración Concursal en la Sección Sexta del Concurso Ordinario Necesario de la Mercantil AGRO COMERCIAL FELIPE S.L, debo acordar y acuerdo:

1º.-CALIFICAR como CULPABLE el concurso de AGRO COMERCIAL FELIPE S.L

2º.- DETERMINAR como persona afectada por tal calificación a DON FELIPE MARTINEZ ESTESO.

3º.- INHABILITAR a Felipe Martinez Esteso para administrar bienes ajenos y para representar o administrar a cualquier persona por un plazo de dos años.

4º.- No hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas1º

Llévese testimonio de esta sentencia a la Sección Sexta del concurso.

Líbrese mandamiento al Registro Mercantil correspondiente para la inscripción de la sanción de inhabilitación.

Así por esta mi sentencia, contra la que quienes hubieran sido parte en la sección de calificación podrán interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días para la Audiencia Provincial de Cuenca, lo pronuncia, manda y firma el Ilmo. Sr. D. MIGUEL GIRON GIRON, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca.

PUBLICACIÓN. - La anterior sentencia fue leída por el Juez que la firma en la audiencia pública el día de lo que yo, Secretario, doy fe.

09/10/2008 19:28. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. CONCURSOS DE ACREEDORES No hay comentarios. Comentar.

El registro civil necesita una plaza de funcionario desde hace siete años

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LA TRIBUNA DE CUENCA

Antonio Díaz, presidente de la Audiencia, tuvo conocimiento de dicha necesidad a principios de este año, lo que ha significado una petición oficial cada dos o tres meses

Cuenca es una localidad que según el último censo de 2007 tiene una población que supera los 50.000 habitantes. Para esta cantidad la Audiencia Provincial mantiene un cuerpo de trabajadores en el Registro Civil de tan sólo dos funcionarios. Este periódico se ha puesto en contacto con Antonio Díaz Delgado, presidente de la Audiencia, quien ha reconocido que se lleva desde primeros de años constantemente haciendo peticiones para que se amplíe en dos funcionarios este departamento «porque se necesitan, no por capricho».

Destaca el presidente que hasta el momento no se ha conseguido nada, de tal manera que las cinco o seis que se llevan mandadas sólo en lo que va de año han recibido la callada por respuesta. Se choca -comenta- con la idea de que las necesidades son muchas y los bienes «muy escasos». De todas maneras no pierde la esperanza de que si no se pueden llegar a conseguir los dos puestos solicitados, por lo menos «consigamos uno».

No olvida Díaz a las dos funcionarias que actualmente desempeñan su trabajo en el Registro Civil, de las que destaca que realizan una labor «encomiable» junto con el juez y el secretario. «Pero no dan más de sí», observa. Y la cosa no acaba aquí, ya que una de las dos trabajadoras está embarazada, con lo que en su momento se acogerá al correspondiente permiso de maternidad. Sin embargo en estos casos, sí es cierto que suelen mandarse interinos que cubren el puesto durante el tiempo establecido por la ley. Pero es algo que no solucionaría nada, puesto que se seguiría con la necesidad de ayuda.

Hace ya siete años. Desde principio de 2008, que fue cuando Díaz tuvo conocimiento de dicha necesidad a instancias del secretario del Registro se empezaron a realizar peticiones, aunque es algo que viene de antiguo. Hace ya siete año en que se eliminó del Registro Civil de Cuenca una plaza de agente judicial, cosa que hasta el momento no se ha solucionado.

La retirada de ese tercer funcionario fue por amortización, es decir, reestructuración de plantillas para crear el Servicio Común de Notificaciones y Embargos. A cada juzgado se le quitó uno de los agentes de los dos que había, aunque no se tuvo en cuenta que el juzgado número tres de Cuenca tenía el Registro Civil adscrito. El hecho es que nadie lo reclamó porque en ese momento estaban vacantes las plazas de juez y secretario, por los que llegaron a posteriori se encontraron el problema. Los dos últimos escritos que se han mandado fueron el 17 de marzo y el 23 de junio de este año.

La última comunicación que se envió al Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJ-CLM) fue justo de antes del verano, con lo que en poco tiempo se tiene pensado mandar uno nuevo. El proceso consiste en tramitar una comunicación al TSJ a través de la gerencia, ya que las competencias aún no están transferidas a CLM. Esto es para que tome conocimiento la Sala de Gobierno, tras lo cual se pone en contacto con el Ministerio de Justicia.

Todo esto repercute como es lógico en el trabajo diario del Registro, aunque es difícil de catalogar. El presidente reconoce que «es cada vez mayor», no olvidando por ello el esfuerzo de sus trabajadores que llegan a su puesto a una hora más temprana o incluso por las tardes. El mayor conflicto, a juicio de Díaz, no es este, sino en el hecho de que para dar un buen servicio al ciudadano hay que contar con los medios necesarios; algo que por ahora es deficitario.

Es difícil conocer las razones reales y finales por las cuales las instancias superiores no se hacen eco de las necesidades del Registro de Cuenca. Supone Díaz que acontecimientos como la construcción del nuevo edificio de la Audiencia en periodos de recesión económica por el que se está pasando en la actualidad siempre harán necesarios «apretarse el cinturón».

Tiene la esperanza de que esta reclamación llegue a buen puerto lo antes posible. «Mandaremos cuantos escritos sean necesarios y hablaremos con quien haga falta para que nos den dos plazas; y si no es así, por lo menos una sí», asegura.



resto de juzgados. Del resto de los juzgados el presidente de la audiencia no ha recibido ningún tipo de queja, lo que no significa que se pudieran implantar una serie de mejoras o refuerzos. Así, por ejemplo, en el juzgado de lo mercantil y en el número dos pueden empezar a aparecer expedientes de ejecutivos, es decir, los procedimientos hipotecarios, es decir, al haber una crisis económica el número de casos debido, por ejemplo, a falta de pagos, puede acarrear una subida en este tipo de expedientes o incidencias.

Hasta el momento no ha habido ningún signo de ello, por lo que Díaz le ha comunicado a los secretarios de juzgados que le informen de cualquier tipo de anomalía en el volumen de lo que llega. Lo malo, atestigua, es que en los juzgados, si se ponen soluciones nada más aparecer el problema, más tarde, ponerse al día «cuesta bastante».

En la provincia las incidencias tampoco son reseñables a excepción de Tarancón, en donde también se pretende en poco tiempo la creación de un juzgado número tres de instrucción y primera instancia. Para ello, de igual manera que con el Registro, se empezará la petición por los conductos reglamentarios.



desarrollo=delitos. En otro ámbito de cosas, Díaz explicó que la información aparecida proveniente de la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2007, en donde se destacaba que en Cuenca el número de diligencias incoadas el pasado año aumentó un 17 por ciento respecto a 2006 no se había visto reflejada en la cantidad de entradas.

Siguen siendo más o menos las mismas, aunque «a lo mejor en las proporciones que manejan las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado sí se da una evolución». Observa el presidente que a medida que Cuenca vaya desarrollándose la conflictividad social puede aumentar de manera paralela, por lo que se necesitarán mayor número de juzgados, desdoblar la jurisdicción o mejorar las infraestructuras pensando a largo plazo.

Sin embargo, en el caso de la violencia de género sí se ha notado un mayor aumento en uno y otro aspecto. En lo que se lleva de año el número de mujeres fallecidas a manos de sus parejas es de 50, dos de ellas en CLM. Cuenca no es ajena a esta lacra, por lo que Díaz reconoce que, sin compararse con ninguna provincia, rara es la deliberación semanal que no tenga encima de la mesa en apelación dos o tres casos de este tipo de violencia.
09/10/2008 19:34. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. Noticias Judiciales No hay comentarios. Comentar.

EL JUZGADO DE LO MERCANTIL DE CUENCA NECESITA URGENTEMENTE UNA ADECUACIÓN DE LA PLANTILLA

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El Juzgado de lo Mercantil de Cuenca, que a su vez ejerce como Juzgado de 1ª Instancia e Instruccción nº 2 (es decir con competencias civiles y penales) necesita urgentemente una adecuación de la plantilla, dado el retraso crónico y estructural que sufre desde hace años, así como por el aumento del volumen del volumen de entrada de asuntos en materia de Derecho Mercantil y Concursal que se ha producido en los últimos años. No debemos olvidar que la jurisdicción de este órgano se extiende a toda la provincia de Cuenca, y no sólo a su partido judicial, con lo cual asume la competencia de todos los litigios que se suscitan en la provincia sobre las materias referidas.

La necesidad de la adecuación de la plantilla (actualmente cuenta con 2 gestores procesales, 4 tramitadores y un agente judicial, más el Secretario Judicial y el Juez), con aumento una plaza más de Gestor Procesal, y la concesión de un refuerzo de seis meses prorrogables  ya fue puesta de manifiesto por este Juzgado al Tribunal Superior de Justicia de CLM, el cual reunido en Sala de Gobierno el día 30 de enero de 2006 aprobó dicha necesidad y la comunicó al Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia a fin de que con carácter urgente se aplicara dicha medida, El Servicio de Inspección, tras recabar los informes oportunos, informó favorablemente la medida y la Comisión Permanente del CGPJ en su reunión de fecha 14 de marzo de 2006 aprobó la medida de refuerzo con un Gestor más durante cuatro meses, si bien nunca tuvo efectividad dado que el Ministerio de Justicia DENEGÓ con fecha 06 de abril de 2006 dicha solicitud por razones presupuestarias. De esto hace ya dos años y medio, y la litigiosidad en dicho periodo ha aumentado en proporciones alarmantes.

EVOLUCIÓN DE VOLUMEN DE ASUNTOS DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL

AÑO

ASUNTOS REGISTRADOS

CONCURSOS PRESENTADOS

2006

29

0

2007

45

6

2008 (hasta la fecha)

76

17

Conviene dejar constancia de que en la actualidad la Sección Civil y  Mercantil de este Juzgado cuenta con un funcionario titular de LICENCIA POR ESTUDIOS durante un periodo de TRES MESES, cuya plaza ha sido cubierta por el Ministerio de Justicia con un funcionario interino con experiencia 0,0 en la materia. Y este Juzgado se encuentra cubierto por JUEZ SUSTITUTO desde mayo de 2008 en que se dió de baja la titular.

No olvidemos que los Juzgados de lo Mercantil tramitan los CONCURSOS DE ACREEDORES (antiguas suspensiones de pagos y quiebras), donde se ven afectados una pluralidad de acreedores, que de momento tienen vedada la posibilidad de un cobro inmediato de sus créditos; o que como ha sucedido últimamente conoce de los EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO de las empresas concursadas, donde se ven afectados una pluralidad de trabajadores, con sus familias, que de repente se quedan sin empleo y sin medios para subisistir. De la celeridad en la tramitación de este tipo de procedimientos, con la fijación de los créditos que puedan corresponder a cada trabajador o acreedor afectado, dependen muchas familias o empresas familiares subcontratadas por empresas que paralizan los pagos. Por todo ello no es cuestión baladí el dotar a un Juzgado de esta naturaleza de los medios personales y materiales necesarios para lograr una justicia eficaz y rápida.

En una época en la que se pone en candelero la labor del personal de la Administración de Justicia, como los secretarios judiciales, con sanciones a todas luces desproporcionadas, conviene poner de manifiesto la labor que realizan todos los funcionarios de la Administración de Justicia adscritos a este Juzgado, entendiendo por ellos, tanto a los Funcionarios de Auxilio Judicial, Tramitadores Procesales y Gestores Procesales, y pasando por el Secretario Judicial y el Magistrado Juez, y para que un Juzgado de esta naturaleza y con el volumen de trabajo que soporta se mantenga en niveles óptimos de resolución y de celeridad en la tramitación de los asuntos, según ha sido puesto de manifiesto en la memoria anual del Tribual Superior de Justicia de Castilla la Mancha y en el informe del servicio de inspección del CGPJ en su reciente visita girada a este Juzgado en abril de 2008.

ASÍ LO VEMOS, Y ASÍ SE LO CONTAMOS

 

10/10/2008 18:05. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. Noticias Judiciales No hay comentarios. Comentar.

SUBASTA DE BIENES EN CONCURSO ABREVIADO 354/2007 DE INOCENCIO PLAZA MUÑOZ EN FASE DE LIQUIDACIÓN (ADJUDICADOS LOS BIENES INMUEBLES Y DESIERTO EL BIEN MUEBLE)

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EDICTO DE SUBASTA DE BIENES EN FASE DE LIQUIDACIÓN

 

D. VÍCTOR BALLESTEROS FERNÁNDEZ SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE CUENCA

 

HACE SABER:  

 

Que en dicho tribunal se tramita procedimiento de CONCURSO VOLUNTARIO ABREVIADO 354 /2007, en fase de liquidación a instancia del concursado INOCENCIO PLAZA MUÑOZ, en el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta, los lotes de bienes / bienes  que más abajo se dirán, señalándose para que tenga lugar en la Sala de Audiencia de este juzgado el próximo día 12 de diciembre de 2008 a las  10:30 horas, con las condiciones siguientes:

 

PRIMERO.- Que los licitadores, para tomar parte en la subasta deberán presentar resguardo acreditativo de haber depositado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado o de haber prestado aval bancario por el 20 por 100 del valor de tasación para los bienes muebles y el 30 por ciento del valor de tasación para los bienes inmuebeles, haciendo constar, en su caso, si se hace en nombre de tercero, sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación.

 

SEGUNDO.- Que podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta su celebración haciéndose el depósito al que se ha hecho mención anteriormente.

 

TERCERO.- Que podrán hacerse posturas superiores al 50 por 100  o al 70 por ciento, según sean muebles o inmuebles respectivamente, del avalúo, pero ofreciendo pagar a plazos con garantías suficientes, bancarias o hipotecarias, del precio del remate. 

 

CUARTO.- Que no se podrá proceder a la inmediata aprobación del remate si la cantidad ofrecida no superare el 50 o el 70 por 100 del valor de tasación, o siendo inferior, no cubriere, al menos las cantidades por la que se ha despachado liquidación.

 

QUINTO.- Para el caso de que por causa de fuerza mayor el remate no pudiera llevarse a efecto en el día y hora señalados, se celebrará en el día siguiente hábil a la misma hora.

 

SEPTIMA.- Para el supuesto en que la notificación del señalamiento al ejecutado resultare negativa por encontrarse en ignorado paradero, sirva el presente de notificación edictal.

 

LOTES DE BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y VALOR:

 

·        11,11 del pleno dominio y 5,56 % de la nuda propiedad de la vivienda en planta baja sita en calle Alonso de Ojeda nº 18 de Cuenca, e inscrita al Registro de la Propiedad de Cuenca al nº 43.585. VALORADAS A EFECTOS DE SUBASTA EN 19.742,47 € la cuota indivisa de pleno dominio y en 7.607,69 € la porción correspondiente a nuda propiedad

·        Derechos hereditarios que pudieran corresponder al concursado INOCENCIO PLAZA MUÑOZ sobre la vivienda sita en Plaza de la Constitución nº 1 de la localidad de VALERA DE ABAJO (Cuenca). VALORADO A EFECTOS DE SUBASTA en  euros.

·        Vehículo marca OPEL VECTRA, color rojo, gasolina, matriculado el día 24-03-1994 con la placa M-1072-PG. VALORADO A EFECTOS DE SUBASTA EN: 480,00 euros.

 

Dado en CUENCA, a  catorce de octubre de dos mil ocho.

 

 

EL SECRETARIO JUDICIAL

B.O.P. CUENCA

14/10/2008 14:46. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. SUBASTAS No hay comentarios. Comentar.

SENTENCIA EN ORDINARIO MERCANTIL SOBRE COMPETENCIA DESLEAL 390/2007, PRESCRIPCIÓN

SENTENCIA N°20 (MRC)

En Cuenca, a 13 de octubre de 2008.

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de esta ciudad, con competencia en materia mercantil, los presentes autos de juicio ordinario nº 390/07 promovidos a instancia de “U. A. S.L.”, representada por la Procuradora de los Tribunales Maria Jesús Porres Moral y asistida por el Letrado Sr. Ruz Suárez, contra “S. F. C. S.A.”, representada por el Procurador de los Tribunales D. Jesús Córdoba Blanco y asistido por el Letrado Sr. Ayerza Martínez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Sra. Porres Moral, Procuradora de los Tribunales y de “U. F., S.L.”, se interpuso demanda contra la mercantil “S. F. C. S.A.”, suplicando que se dictara sentencia por la que sean indemnizados todos los daños cometidos por esta última a la actora como consecuencia de la competencia desleal proyectada desde 2003 hasta 2006 y costas.

SEGUNDO.- Admitida la demanda se dio traslado de la misma, con sus documentos y copias, a la demandada para que contestara a la misma en el plazo de veinte días.

Por D. Jesús Córdoba Blanco, en nombre y representación de “S. F. C. S.A.”, se presentó contestación a la demanda en la que se oponía  a la misma por los motivos que constan en su escrito.

TERCERO.- Convocadas las partes a la celebración de audiencia previa, ésta tuvo lugar el día 4 de diciembre de 2007. A la misma comparecieron todas las partes sin que fuera posible alcanzar un acuerdo.

Recibido el pleito a prueba, la parte demandante propuso la documental, el interrogatorio del representante legal de la demandada y la pericial. Por la parte demandada se propuso la documental, el interrogatorio del representante legal de la demandante y pericial. Todas ellas fueron admitidas, señalándose para la celebración del juicio el dia 2 de abril de 2008, volviendo a señalarse para el dia 9 de julio de 2008.

CUARTO.- Al acto del juicio comparecieron ambas partes y en el mismo se practicaron las pruebas propuestas con el resultado que obra en autos, y tras las conclusiones de las partes quedaron los autos vistos para dictar sentencia.

QUINTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo el plazo para dictar sentencia.

                   FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se alega en primer lugar por la demandada la prescripción de la acción derivada del art. 18 de la LCD, manifestando que en el presente procedimiento se dan los presupuestos para la prescripción del art. 21 de la LCD, ES DECIR DE TRES AÑOS Y LA DE UN AÑO.  

Señala el precepto reseñado que las acciones de competencia desleal prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la realización del acto.

Se alega por la demandada que han prescrito las reclamaciones por los actos realizados antes del dia 13 de junio de 2004 por el transcurso del plazo de tres años que marca el citado articulo 21, por lo que en principio el periodo de reclamación quedaria circunscrito entre el 13 de junio de 2004 a 22 de junio de 2006 en que entra en funcionamiento el nuevo tanatorio Ronda Alameda, pero sigue alegando que por la prescripción de un año solo se puede reclamar en todo caso el periodo que va desde el 13 de junio de 2006 a 22 de junio de 2006, alegando para sostener lo anterior jurisprudencia del T.S y de las Audiencias Provinciales que sostienen una interpretación literal del art. 21.

El art. 21 de la Ley de Competencia Desleal que regula la prescripción extintiva aplicable al conjunto de las acciones ejercitables contra el acto de competencia desleal en virtud del art. 18 de la misma Ley, y como señala la SAP Toledo, de 29-3-2001 ha suscitado dudas interpretativas sobre la determinación del «dies a quo», que marca el comienzo del plazo prescriptivo, especialmente en lo que concierne al plazo del año, de que aquí tratamos, considerando un sector doctrinal que, cuando se trata de una actuación continuada o duradera en el tiempo, el cómputo del plazo prescriptivo no debe arrancar del día en que efectivamente pudo ejercitarse la acción y se tuvo conocimiento de la persona que realizó los actos de competencia, sino de aquel en que finaliza esta actividad, frente a otra que incide en una interpretación literal del precepto cuando establece que «las acciones de competencia desleal prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la realización del acto».

En apoyo de esta tesis se argumenta, en la mencionada sentencia, entre otros razonamientos, que se trata de una norma específica reguladora de la prescripción en el ámbito de la competencia desleal, en el que difícilmente pueden concebirse actos de ejecución instantánea; que no hace mención a que deba entenderse producido necesariamente tras la finalización de una actividad continuada; que es un precepto referido a todas las acciones del artículo 18 de la Ley, y tanto la acción declarativa de la deslealtad del acto como la de cesación, que son las que revisten un carácter principal y verdaderamente singular, requieren como presupuesto que, al tiempo de su ejercicio, subsista la perturbación o el acto desleal; siendo especialmente relevante la finalidad perseguida por la normativa de la LCD, es decir, el «mantenimiento de un orden concurrencial debidamente saneado» que evite distorsiones competenciales en el mercado (Exposición de Motivos de la LCD), lo que debe propiciarse es un ejercicio inmediato de dichas acciones, y en particular la de cesación, que impida la agravación de las consecuencias perjudiciales generada por la prolongación de la actividad desleal, sin que el consentimiento o la pasiva aceptación de esta situación en el tiempo por parte del titular llamado a su ejercicio deba ser merecedora de amparo jurídico, mediante una interpretación en exceso restrictiva y sin claro respaldo legal del a prescripción regulada en el citado art. 21 de la LCD.

Es reiterativa en esta materia la problemática creada por la determinación del dies a quo. Es decir, si hay un acto continuado o sucesivos actos en esa desleal competencia o únicamente un momento concurrencial ilícito. Si ha de atenderse al momento esencial de manifestación externa de ese comportamiento.

Ciertamente que la situación no deja de ser poco clara, con una doctrina jurisprudencial vacilante y contradictoria. Las que defienden una interpretación restrictiva de la prescripción (doctrina pacífica), llegaba a la conclusión de que la naturaleza adjetiva de aquélla no puede contraponerse frontalmente al principio constitucional de "seguridad jurídica" (art. 9-3- C.E  ). De tal manera que en los supuestos en los que la deslealtad se perpetúa en el tiempo (realidad común en el ámbito de la competencia desleal), nunca podría fijarse de manera objetiva el día inicial del cómputo prescriptorio, que quedaría a la libre voluntad del presunto perjudicado. Lo que -obviamente- resulta inadmisible. Lo polémico de la cuestión se refleja en la propia jurisprudencia del Alto Tribunal. Así, Ss. de 25-7-2002 , 21-10-2005 , 30-5-2005 y 16-6-2000.

La última jurisprudencia muestra una tendencia favorable a identificar acto por acto, al situar -conforme a la inspiración de la norma en el Derecho Alemán- la prescripción como instituto que afecta a la acción y no al derecho. Sin embargo, es preciso atender a la explicación que de ello realiza la STS 29-12-2006  y seguida en buena medida por la de 29-6-2007. Hay que atender a la clase de acción ejercitada y a la naturaleza del acto que constituye la base fáctica de la deslealtad.

SEGUNDO.- Consecuencia de ello, es que desde esta concepción doctrinal, la prescripción en el presente caso sería de aplicación más radical ya que, según la demanda, los actos presuntos actos desleales se inician el 13 de febrero de 2002, cuando el Tribunal Supremo confirma la sentencia dictada por el T.S.J de Castilla La Mancha contra la resolución de la Alcaldía de XXXXXX sobre licencia para instalación de tanatorio, entendiendo la actora que bajo esa licencia solo se podían dar servicios de tanatorio para personas del geriátrico y clínica pero no para personal de fuera de este centro.

En este aspecto queda acreditado que la actora entró en funcionamiento como tanatorio en el año 1997, dos años después que la demandada que daba servicios de tanatorio en el complejo alameda desde el año 1995, existiendo por tanto en el año 1997 solamente dos tanatorios solamente en la ciudad de XXXXXX, siendo obviamente conocido por la actora como reconoce en su interrogatorio, aunque manifiesta que lo sabia pero que no sabia si tenia licencia; por otro lado desde el año 2002 la hoy actora junto con otra empresa forman una UTE para gestionar los servicios de cementerio municipal de XXXXXXX y servicio de crematorio y sala de autopsias, por lo que tienen acceso a los datos de la demandada, y por último la actora no ejercita la acción de cesación, cosa lógica pues los actos presuntamente desleales acabaron con la obtención de licencia y puesta en funcionamiento por la demandada del nuevo tanatorio en la  XXXXXX y por último tenemos que la acción que se ejercita es la indemnizatoria.

No se ejercita la acción de cesación, sino la declarativa e indemnizatoria (art. 18 L.C.D ). En su consecuencia, declarar que hubo unos servicios de tanatorio sin estar amparados bajo licencia  ha de referirse al momento en que se produjo esos servicios. Y ese momento ha de fijarlo la actora, conforme al art. 21 LCD. Y por lo que acabamos de reseñar,  la demandada lleva realizando los presuntos actos desleales desde febrero de 1995, es decir hace mas de 10 años hasta que se ha interpuesto la demanda en junio de 2007, reclamando ahora la actora los daños ocasionados desde el año 2003 hasta el 13 de junio de 2006 que es cuando empieza a funcionar el nuevo tanatorio en XXXXXX, aunque la demandada manifiesta que la entrada en funcionamiento fue el 22 de junio de 2006.

Si la demanda es de 11 de junio de 2007, habría transcurrido el plazo prescriptorio marcado por la Ley para la reclamación de los periodos anteriores a 13 de junio de 2006. Por lo que la presente reclamación se circunscribe solamente al periodo comprendido entre los días 13 de junio de 2006 hasta el día 22 de junio de 2006.

TERCERO.- En cuanto a la resolución material del asunto, el actor entiende que la actuación del demandado es desleal, invocando en apoyo de su pretensión el artículo 15.1 y la cláusula general del artículo 5 de la Ley 3/1991.

Ante estas alegaciones, el demandado, que se ha opuesto y rechaza las pretensiones de la actora, aun reconociendo, en esencia, algunos de los hechos expuestos por el demandado, puntualiza y precisa algunas manifestaciones vertidas por el actor, en descrédito del demandado o que tienden a considerar su actividad como contraria a la legalidad, en concreto respecto a la falta de licencia municipal para realizar servicios de tanatorio para personas de fuera del complejo XXXXXXX. En relación con los servicios funerarios prestados por S. F. C., que dan lugar a la presente reclamación, lo habrían sido, según el demandado, desde la más estricta legalidad, y que la mentada licencia restrictiva para servicios de tanatorio solamente para las personas del geriátrico y clínica, señala que dicha sentencia como señaló la sentencia del T.S. resolviendo el contencioso que se mantenía por este motivo, solo afectaba a efectos urbanísticos, entendiendo la demandada que actuaba legalmente y con conocimiento de la actora, que a esperado mas de diez años desde que la demandada comenzó a prestar servicios de tanatorio, para reclamar ahora los daños ocasionados por este proceder de la demandada, y siempre de manera pública, notoria y pacífica, con conocimiento del propio Ayuntamiento y demás autoridades. Para apoyar esta afirmación, expone el demandado que esto fue así incluso cuando el T.S.J de Castilla La Mancha y posteriormente el T.S resolvieron el contencioso que entablo la hoy demandada contra la resolución de la alcaldía de XXXXXX de otorgar licencia para servicio de tanatorio pero con la condición de solamente a las personas del complejo XXXXXXX, desestimando el recurso y manifestando el Alto Tribunal que la causa de la condición impuesta a la hoy demandada estuvo motivada no por razones de tranquilidad, seguridad o salubridad, sino porque a juicio del ayuntamiento así lo imponía la legislación urbanística aplicable.

Destaca el demandado que con posterioridad a esta resolución, es decir en 2002, no había existido la menor incidencia, ni denuncia o expediente alguno, hasta el día que se concedió nueva licencia de apertura del nuevo tanatorio a la demandada en la Ronda XXXXXX, es decir el día 13 de junio de 2006, siendo este el día que la actora requirió a un notario para que levantara acta en el Tanatorio antiguo.

CUARTO.-En el preámbulo de la ley 3/1991, de 10 de enero , de competencia desleal, se recoge como objetivo de la misma la necesidad de adecuar el ordenamiento concurrencial a los principios de libertad de empresa y de libertad de competencia que presiden nuestro sistema económico en orden a establecer los mecanismos precisos para impedir que tales principios puedan verse falseados por prácticas desleales, susceptibles, eventualmente, de perturbar el funcionamiento concurrencial del mercado, disponiéndose a tal efecto una normativa apta para garantizar o asegurar una ordenación del juego competitivo acorde con la escala de valores e intereses que ha cristalizado en nuestra constitución económica. Por lo que se refiere a la determinación de las conductas desleales, se ha optado por disponer una cláusula general de prohibición de la competencia desleal (art. 5 LCD), caracterizada por reputar desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, y, a continuación, a establecer un elenco de actos concretos de competencia desleal (arts. 6 al 17 de la LCD ), con tipificaciones muy restrictivas, que en algunas ocasiones, más que dirigirse a incriminar una determinada práctica, tienden a liberalizarla o por lo menos a zanjar posibles dudas acerca de su deslealtad.

Por lo demás, según criterio doctrinal y jurisprudencial, el recurso a la cláusula general del art. 5 de la LCD obliga previamente a desechar el encaje de la conducta en cuestión en alguno de los tipos específicos contemplados en los arts. 6 a 17 de la precitada ley (por todas, sentencia TS, de fecha 24-11-2006 ).

Sobre la base de tal panorama normativo, la entidad actora, en su escrito de demanda, viene a sostener que los hechos por la misma denunciados, son consecuencia y resultado de la comisión por la demandada de actos de competencia desleal tipificados en los arts. 5 (cláusula general de prohibición de la competencia desleal) y  15 (violación de normas) de la ley 3/1991 , de competencia desleal.

Así, por lo que se refiere a la comisión por los demandados de un acto de competencia desleal contemplado en el art. 15 de la LCD , la actora ya de partida sitúa el reproche de deslealtad en el ámbito del apartado 1 del precepto, lo que supone el entendimiento de que la violación de la norma (concretamente el art.177 del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de Diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla La Mancha, no depara por sí una lesión inmediata en el orden concurrencial, en razón a no alcanzar a constituir su objeto de regulación la estructura del mercado o de la actividad competitiva, cuál en cambio viene a requerir la base conformadora del supuesto más simple contemplado en el apartado 2 del mismo precepto.

Pues bien, la infracción del art. 15-1 LCD , requiere no sólo la comisión de una infracción legal, sino también la concurrencia de una posición de ventaja competitiva, de carácter significativo, derivada precisamente de la infracción normativa, y de la que se prevalezca el competidor. 

A tal respecto, señala la sentencia del TS, de fecha 24-6-2005 , que "... la mera infracción normativa no constituye por sí sola conducta desleal, ya que se exige que la ventaja competitiva represente efectiva ventaja significativa y al utilizar el término "prevalerse", se está refiriendo a que ha de tratarse de ventaja real y no potencial, debiendo de darse el necesario nexo causal entre la infracción y la ventaja alcanzada", indicando a continuación el Alto Tribunal "Que el denunciante en estos casos ha de demostrar además de la infracción de las leyes, que el infractor ha obtenido la ventaja efectiva que le permite una mejor posición competitiva en el mercado, ya que la ventaja concurrencial (significativa) no se presume ni automáticamente se produce por el hecho de infringir las leyes, lo que, de suyo, no reviste carácter desleal".

 

En el supuesto examinado, la ventaja competitiva que vendrían a obtener los demandados sólo alcanza a los servicios prestados desde el tanatorio del Complejo XXXXXX a las personas de fuera de dicho complejo, y que dicho tanatorio tenia la correspondiente licencia de apertura y demás autorizaciones administrativas, solo que la condición era para personas del centro, con lo cual la obtención de tal presunta ventaja es claro que excede el ámbito del resultado de la infracción de la normativa legal atribuible al demandado, en cuanto que la norma que la actora dice infringida solo regula que actuaciones considera clandestinas, sin que conste en autos que el edificio donde prestaba los servicios la demandada tuviera esa calificación por el Ayuntamiento y autoridades competentes, lo que motiva a la inaplicación al caso del precepto en cuestión (art. 15-1 LCD ), dado el carácter restringido de las concretas tipificaciones de los actos de competencia desleal.

 

QUINTO.- Pues bien, con relación a la expresión "buena fe" contenida en el art. 5 LCD , la doctrina jurisprudencial ha venido a declarar que debe entenderse la buena fe objetiva, prescindiendo de la intencionalidad (dolo o culpa) del sujeto, constituyendo una manifestación del concepto general que como límite del ejercicio de los derechos subjetivos se consagra en el art. 7-1 CC , en el que se contiene una exigencia de conducta ética significada por los valores de la honradez, la lealtad, justo reparto de la propia responsabilidad y atenimiento a las consecuencia que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena (SS TS, 20-3-1996; 15-4-1998; 29-10-1999; 16-6-2000 y 19-4-2002 , entre otras).

 

Asimismo, según cabe desprender del art. 6 b) de la Ley General de Publicidad de 1988, la buena fe es equiparable a la actuación conforme a las normas de corrección que deben regir en el tráfico económico. De ahí que la sentencia del TS, de fecha 7-3-1999, venga a reputar como competencia desleal todo comportamiento que no observe las normas de corrección y los buenos usos mercantiles, sin que sea necesaria la concurrencia de mala fe subjetiva en su autor.

 

El problema surge a la hora de aplicar esa cláusula general al caso concreto, pudiendo atenderse, como criterios orientativos, a los siguientes: es incorrecto aquello que contraviene los usos y costumbres admitidos como correctos por todos los participantes en el mercado, aquello que sorprende la legítima confianza de quienes participan en el mercado en el desarrollo normal de las cosas, poniéndoles en situaciones no habituales y para las que no están normalmente preparados, aquello que distorsiona injustificadamente el funcionamiento de la competencia del mercado, así como aquél comportamiento que, sin ser plenamente subsumible en el caso concreto tipificado, reúne los elementos fundamentales de la tipificación legal.

 

Doctrinalmente, dentro del grupo de casos a los que resulta de aplicación la cláusula general de prohibición de la competencia desleal del art. 5 LCD, se vienen a relacionar los actos de expolio o aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, entre los que cabe incluir la captación de clientela ajena cuando la misma se lleva a cabo mediante la puesta en práctica de estrategias contrarias al adecuado y deseable comportamiento ético normalmente esperable de los agentes económicos intervinientes en el mercado, como también los actos de obstaculización tendentes a interferir, de alguna forma, el normal desenvolvimiento de la actividad de un tercero en el mercado en aras de procurar el sujeto activo un correlativo provecho de tal situación.

 

Así las cosas, retomando el caso objeto de enjuiciamiento, teniendo en cuenta este planteamiento, ninguna de las disposiciones invocadas por el demandante permiten afirmar que la actividad desarrollada por el empresario contra quien se acciona durante el período de 2002 a 2006, suponga infracción de las disposiciones que le adjudicaron sus derechos de explotación, ni puede afirmarse, de manera rotunda, basándose en dicha normativa que la actividad desarrollada por la empresa demandada sea ilícita con arreglo a dichas leyes, solamente se ha acreditado una simple infracción urbanística. Resulta sintomático, que con anterioridad a la nueva apertura del tanatorio en XXXXXXX, no se produjera ningún tipo de iniciativa, ni por el particular demandante, ni por el Ayuntamiento, frente a las actuaciones del demandado, que por su número y por la propia índole de los actos ejecutados, indudablemente era conocida tanto por el actor como por la administración municipal; por lo que no se pueden subsumir en alguno de los supuestos legales conformadores de conductas de competencia desleal.

Por lo expuesto, procede la desestimación de la demanda.

SEXTO.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.1 L.E.C, y dada la desestimación de la demanda, procede condenar a la actora en las costas procesales.

                        FALLO

Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Sra. Porres Moral, en nombre y representación de “U. F., S.L.”, contra “S. F. C. S.A”, debo absolver y absuelvo a ésta de los pedimentos de la actora.

Se condena en costas a la parte demandante.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndolas saber que contra la misma cabe recurso de apelación que se preparará ante este Juzgado en el plazo de cinco días y del que conocerá la Audiencia Provincial.

Así lo acuerdo y firmo,

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo, el Secretario, doy fe.  

SENTENCIA EN APELACIÓN DERIVADA DE MENOR CUANTÍA 33/1997. NEGLIGENCIA MÉDICA. DESESTIMACIÓN

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SENTENCIA Nº 178/2008 

 

ILMOS. SRES.:                                  

PRESIDENTE                                     

        SR. DIAZ DELGADO

MAGISTRADOS:                                 

        SR. PUENTE SEGURA

        SRA. VICENTE DE GREGORIO                      

En Cuenca, a nueve de octubre de dos mil ocho.

Vistos ante esta Audiencia Provincial, en trámite de recurso de apelación, los autos del Juicio de Menor Cuantia nº 33/1997, sobre reclamación de cantidad, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca,  promovidos a instancia de D. C. L. L., D. I. J. L. T., D. A. L. T., Dª E. M. L. T., Dª M. P. L. T.  representados por la Procuradora Sra. León Irujo y asistidos por el letrado D. Mario Serrano Diez, contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD representado por el Procurador Sr. Olmedilla Martínez, y asistido por el Letrado D. Francisco-Javier Alique López; contra Dª XXXXXXXX y la COMPAÑÍA DE SEGUROS WINTERTHUR representados ambos por la Procuradora Sra. Porres Moral y asistidos por el letrado D. Manuel Catalá Rubio,  y contra la COMPAÑÍA MAPFRE INDUSTRIAL S.A.; representada por la Procuradora Sra. Herráiz Calvo y asistida por el Letrado D. Francisco Javier Jouve Fernández de Avila;  en virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia dictada en primera instancia de fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, y habiendo sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Antonio Díaz Delgado.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

Se aceptan los de la sentencia recurrida en cuanto no se opongan a los recogidos en la presente resolución.

PRIMERO.- En los autos indicados al margen, por el Juzgado de Primera Instancia nº2 de Cuenca se dictó sentencia de fecha 31 de Julio de 1998, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "Que, rechazando las excepciones de falta de jurisdicción, defecto legal en el modo de proponer la demanda, falta de litisconsorcio pasivo necesario y falta de legitimación pasiva alegados por los demandados, debo desestimar y desestimo la demanda formulada por la Procuradora Dª PILAR LEON IRUJO, en nombre y representación de D. C. L. L., D. I. J. L. T., Dª E. M. y   Dª P. L. T. y D. A. L. T. contra Dª XXXXXXX, EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD) y las compañias de seguros WINTERTHUR y MAPFRE, absolviendo a los citados demandados de los pedimientos de la demanda. Con expresa imposición de costas a la parte demandante".

        Notificada la anterior resolución a las partes, por la Sra. León Irujo, Procuradora de los Tribunales y de D. I. J. L. T., Dª E. M. L. T., D. A. L. T. y Dª P. L. T., se preparó e interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación contra la sentencia reseñada.

        Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el correspondiente Rollo, asignándole el nº  265/2008, dictando sentencia de fecha 2 de Febrero de 1999, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "Que debemos acordar como acordamos la NULIDAD de la providencia dictada por el Juzgado de instancia, de fecha de 29 de abril de 1.998, por la que se acordaba que quedaran los autos sobre la mesa de la proveyente para dictar sentencia, al haberse omitido el preceptivo traslado al Ministerio Público a fin de que el mismo se pronunciara acerca de la excepción de incompetencia de jurisdicción aducida, así como la nulidad de todas las actuaciones posteriores, incluída la sentencia recurrida, debiendo ordenar como ordenamos al Juzgado de instancia que proceda a efectuar el traslado referido, y a dictar en su momento nueva sentencia en la que el Juzgador de instancia deberá resolver con libertad de criterio que han sido sometidas a su consideración; y todo ello sin hacer especial imposición de las costas devengadas en esta alzada".

SEGUNDO.- En cumplimiento de la referida sentencia de esta Audiencia Provincial por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca  se dictó sentencia de fecha 30 de noviembre de 1999,  cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: "Que estimando la excepción de falta de jurisdicción alegada por los codemandados, debo absolver y absuelvo a Dª XXXXXXX, Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) y las Compañias de Seguros Winterthur y Mapfre, de la pretensión interpuesta contra elos, por C. C. L. L., D. I. J. L. T., Dª E. M.  y Dª P. L. T. y D. A. L. T., representados por la procuradora Sra. Leon Irujo, sin entrar a conocer el fondo del asunto y con expresa imposición de costas a los actores".

TERCERO.- Notificada la anterior resolución a las partes, por la Sra. León Irujo Procuradora de los Tribunales y de C. L. L., I. J., E. M., A. Y P. L. T. se preparó e interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación contra la sentencia reseñada.

CUARTO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el correspondiente Rollo de Apelación, asignándole el nº  331/1999, señalando vista para el día 30 de Mayo de 2000 y dictando sentencia de fecha 5 de junio de 2000 por la que se desestima el recurso de apelación interpuesto, confirmando íntegramente la sentencia recurrida.

QUINTO.- Notificada la anterior resolución a las partes, por la Sra. León Irujo Procuradora de los Tribunales y de C. L. L.,I. J. , E. M., A. Y P. L. T. se preparó e interpuesto, en tiempo y forma, recurso de casación contra la sentencia reseñada.

Por providencia de fecha  28 de Junio de 2000 se declara firme la providencia por la que se tiene por formalizado el trámite del recurso interpuesto emplazando a las partes para su comparecencia ante el Tribunal Supremo dentro del término de treinta días.

SEXTO.- En fecha 16 de Mayo de 2007 la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dicta sentencia por la que anula la dictada por la Audiencia Provincial de Cuenca de fecha 5 de Junio de 2000 y acuerda devolver las actuaciones para proceder a dictar nueva sentencia, previa celebración de la vista en caso necesario.

Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial se procedió a  señalar para que tenga lugar la Vista Pública de la apelación el día 18 de Octubre de 2007 que fue suspendida y señalada nuevamente para el día 7 de Mayo de 2008.

                          FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En primer lugar hemos de decir que; el presente recurso de apelación es visto en esta Audiencia Provincial, según mandato de la Extma. Sala 1ª del Tribunal Supremo, expresado en la parte dispositiva de su sentencia nº 579/2007 de fecha 16/05/2007, apartado segundo, como primera instancia, a tenor de lo expuesto en la parte dispositiva de la Sentencia del Tribunal supremo referida.

SEGUNDO.- Señalado lo anterior, y entrando a conocer del fondo de la pretensión ejercitada por el demandante, ha de señalarse que no debe ser acogida y por ello la demanda debe ser desestimada, una vez, como se dirá al analizar las excepciones al fondo de la pretensión alegadas por los demandados, dicho análisis abocan a su desestimación.

        Así carecen de fundamento toda vez que dichas excepciones vienen referidas una vez resuelta la de falta de jurisdicción, en defecto legal en el modo de proponer la demanda, falta de legitimación pasiva del INSALUD y de Mapfre, como aseguradora del INSALUD, y falta de litisconsorcio pasivo necesario. En cuanto al defecto legal en el modo de proponer la demanda, los defectos de los que esta adolecía al ser interpuesta quedaron en su momento solucionados cuando el actor subsanó el error padecido en la denuncia, que creaba una evidente confusión, al confundir el INSALUD con el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (INSS). Subsanando dicho error se emplazó al INSALUD quien contestó a la demanda. En el momento actual de dictar sentencia, por el INSALUD, una vez asumidas las competencias en materia de sanidad por la comunidad autónoma de Castilla La Mancha, se ha emplazado al organismo correspondiente que dentro de la Comunidad autónoma ha asumido las competencias del INSALUD, que es el (Instituto nacional de Gestión Sanitaria) (INGESA), quien ha acudido al acto de la vista que se ha celebrado, donde ha manifestado lo que ha tenido por conveniente asumiendo la postura procesal del INSALUD, y su oposición al fondo de la pretensión. En conclusión la relación jurídico procesal ha quedado plenamente completa con la traída al proceso de INGESA.

        Lo anterior comporta que la excepción de litisconsorcio pasivo no puede estimarse, así como la falta de legitimación en este juicio de Mapfre como aseguradora, pues no consta que Mapfre no siga siendo la aseguradora del INGESA, véase a tal fin el escrito de INGESA. De fecha 30/01/2008, donde expresa que Mapfre sigue asegurando la responsabilidad civil de este organismo, lo que hace, habida cuenta de la existencia de una responsabilidad civil que pudiera declararse a cargo del organismo público que no pueda  decirse que carece de legitimación. Lo mismo cabe decir de Winterthur aseguradora de la médico demandada.

TERCERO.- Entrando en el análisis del fondo del asunto, la pretensión que se realiza en la demanda lo es, respecto a la médico Dra. R., en relación al artículo 1902 del Código Civil (responsabilidad extracontractual). Residenciándose la responsabilidad del INSALUD, hoy INGESA, en el artículo 1903 del Código Civil.

En el primer caso respecto a la doctora, la causa de pedir es la supuesta actuación negligente de la demandada como profesional de la medicina en relación al fallecimiento el 11 de Marzo de 1996 en el hospital "Virgen de la Luz" de Cuenca, de Dª E. T. C.. En cuanto a Winterthur, como aseguradora de la doctora R., por la relación de seguro de Responsabilidad Civil profesional. Con respecto a INGESA, la causa de pedir se residencia, en la culpa in eligendo y/o in vigilando. En cuanto a Mapfre S.A. como aseguradora del organismo público, (INGESA) la causa de pedir lo es por la asunción de la responsabilidad civil que para supuestos como el presente, tiene que tomar a su cargo, el organismo público.       

CUARTO.- Centradas las pretensiones, y sus respectivas causas de pedir, empezaremos por analizar si la conducta de la demandada Dª XXXXXXX, es merecedora respecto a los hechos por los que es demandada, del reproche que se solicita en la demanda, con las consecuencias económicas inherentes.

        A tal fin, respecto a la Dra. R. como ya se ha señalado anteriormente, la acción que se ejercita tiene su fundamento en la existencia de culpa o negligencia en el actuar de la demandada, causante de un resultado en este caso el fallecimiento de otra persona.

 

        En el presente caso, en virtud de las pruebas practicadas es mas que dudoso sentar la conclusión de que la Dra. R. tuviera una conducta culposa o negligente en la atención que prestó a Dª E. T. C., causante de su fallecimiento,  pues tanto la declaración de la Dra. XXXXXXXXXX, médico que también atendió  de forma inmediata a Dª E., así como de la prueba pericial, que no testifical, del Dr. XXXXXXX, no puede determinarse, aún aceptando a efectos dialécticos la tesis del recurrente, de falta de atención, que la falta de atención de la Dra. R. ocasionara a Dª E. la anoxia que le produjo su muerte, y ello porque en modo alguno se ha podido determinar que antes y durante el traslado en la ambulancia fueron los momentos en que  se produjo la parada cardio- respiratoria que causó la anoxia, que un mes después, fue la productora del fatal desenlace para Dª E., ya que como señala la prueba pericial del Dr. XXXXXX, dada las escasas diferencias horarias hace imposible saber o determinar el comienzo de la anoxia por parada cardiorrespiratoria, siendo poco creible decir que se produjo unos veinte minutos antes de llegar Dª E. al hospital "Virgen de la Luz", pues dada la hora de los hechos, y la rapidez con la que se actuó, primero solicitando una ambulancia , acudiendo ésta al lugar donde Dª E. era atendida, por la Dra. R.(Demandada) y la Dra. XXXXXXX, quienes manifiestan que en modo alguno tuviera anoxia la víctima cuando fue trasladada al hospital referido, y luego un traslado que duró como mucho cinco minutos, así el conductor de la ambulancia lo confirma. Por ello no podemos concluir falta de diligencia o culpa en la Dra. R. si en su atención a la fallecida antes ni durante el traslado en ambulancia al hospital, pues basta analizar para corroborar lo dicho las secuencias horarias del evento. Si el hecho de la indisposición de Dª E. ocurrió sobre las 13,30 horas del día 8/2/1996, siendo la demandada requerida, al ocurrir tal situación en las puertas del Centro de Salud en que prestaba sus servicios, (Centro de Salud San Fernando), y requiriendo inmediatamente una ambulancia, siendo llamada la ambulancia según la prueba testifical de XXXXXXXXX sobre las 13,33 horas, y que sobre las 13,45 horas llegó la ambulancia al Centro de Salud San Fernando; y que sobre las 14 horas llegó al Centro Sanitario "Virgen de la Luz", sin otros elementos probatorios que contradigan este devenir horario y otras pruebas,  salvo meras elucubraciones, que permitan concluir, que la víctima tuviera el episodio de anoxia en presencia de la demandada y ésta no hiciera nada, no puede colegirse que la Dra. R., que como se ha dicho acompañó en la ambulancia a la víctima, omitiera deber de diligencia alguno; o que dejara de prestar la asistencia que con los medios que disponía podía prestar a la víctima, es decir que actuara negligentemente. 

        En definitiva estamos ante un supuesto en el que el actor no ha probado los hechos constitutivos de su pretensión, es decir, que la Dra. demandada actuara con culpa o negligencia, carga de la prueba que incumbe al demandante.

        La exclusión de responsabilidad extracontractual par la Dra. R.exime y conduce la desestimación de la demandad contra Winterthur.

QUINTO.- En cuanto a la responsabilidad civil de INGESA, la misma para la demandante se deriva de la culpa "in eligendo" o "in vigilando", como ya se dijo en principio. Tal pretensión no puede prosperar pues no queda probado por un lado, el "daño", que la conducta de la Dra. R. causara a la salud de Dª E. y por otro lado, la responsabilidad por actos de otro debe derivarse de una conducta del auxilio que traspase los límites de una conducta diligente, haciéndola poco diligente, cosa que como ha quedado demostrado en el presente caso no ha existido.

 

SEXTO.-  Las costas de esta instancia deben ser impuestas al demandante.

Por lo expuesto,

 

F A L L A M O S

Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso de apelación.

 Cúmplase lo establecido en los artículos 248.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 208.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

      Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

 

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

AUTO EN APELACIÓN DERIVADO DE EJECUCIÓN DE TÍTULO JUDICIAL 162/2005. REINTEGRACIÓN DE BIENES DE LA MASA HEREDITARIA

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AUTO 45/2008

Ilmos. Sres.:                       

Presidente :                        

     Sr. Díaz Delgado

Magistrados:                        

     Sr. Puente Segura

     Sr. Casado Delgado            

En Cuenca, a dos de octubre de dos mil ocho.

                    ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En los autos indicados al margen, por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca se dictó auto de fecha 5 de febrero de 2008 cuya Parte Dispositiva es del siguiente tenor literal " La estimación de la oposición formulada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Sonia Martorell Rodríguez en nombre y representación de Dª. E. A. J. y D. M. G. H. y, por tanto, se deja sin efecto la ejecución despachada contra ellos, debiendo continuar la ejecución exclusivamente frente a la ejecutada Dª. M. D. G. A. y sólo en relación con lo solicitado en los aparatados a),b),c)y f) del suplico de la demanda ejecutiva. Se imponen las costas del presente incidente de oposición a la parte ejecutante".

Segundo.- Notificada la anterior resolución a las partes, por la Procuradora Sra. Martorell Rodríguez, en nombre y representación de Dª. M. D. G. A., se preparó e interpuso recurso de apelación mediante escrito n el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando al Juzgado "…eleve los autos a la Audiencia Provincial de Cuenca fin de que seguido el recurso por sus trámites , se dicte resolución estimatoria de la presente apelación en la cual se establezca la revocación de la demanda interpuesta en su día por el Juzgado de Primera Instancia y con expresa condena en costas de quién se opusiere a la apelación, así como de las de primera instancia ".

Tercero.- Admitido que fue a tramite el recurso de apelación y conferido traslado a la contraparte, no se presentaron escritos de oposición al recurso ni de impugnación de la resolución recurrida.

Cuarto.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el correspondiente Recurso de Autos Civiles asignándole el nº 21/2008,se turnó ponencia que recayó en la Magistrado Ilma. Sra. Vicente de Gregorio y se señaló el día 23 de septiembre para deliberación, votación y fallo .

Quinto.- Por providencia de 10 de julio de 2008 se modificó la ponencia turnándose al Magistrado Titular Ilmo. Sr. Ernesto Casado Delgado, manteniéndose el señalamiento para deliberación , votación y fallo.

                     FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los razonamientos jurídicos del auto recurrido que habrán de tenerse por íntegramente reproducidos en la presente resolución.

Primero.- Por el recurrente se preparó el recurso de apelación anunciando disconformidad parcial con la resolución recurrida con respecto a los pronunciamientos y fallo en lo que respecta al contenido de los apartados b) y f) del suplico de la demanda y en el cuerpo del recurso sostiene, en esencia, la improcedencia de la acción ejecutiva ejercitada por cuánto:

- se pretende la recuperación posesoria de bienes que integran la comunidad hereditaria con entrega a los restantes herederos y con exclusión del heredero poseedor.

- imposibilidad de que la ejecutada entregue la posesión de bienes inmuebles descritos en los hechos quinto y sexto de la demanda ejecutiva al no ostentar la posesión de los mismos.

- que el inmueble sito en la localidad de XXXXXXX c/ Peñuelas, viene siendo ocupado desde el fallecimiento del causante por Dª. E. A., madre de Dª. M. D., estimando que posee el mismo derecho que el actor.

- falta de legitimación activa del actor para pedir el lanzamiento de la vivienda en nombre y beneficio propio , siendo que la misma es poseída por la recurrente no por mera liberalidad sino por derecho propio en tanto que partícipe de la herencia de su fallecido padre.

Segundo.- El recurso de apelación objeto de la presente alzada debe ser desestimado y ello por cuánto la resolución recurrida no hace sino dar exacto y puntual cumplimiento a la sentencia cuya ejecución se insta .

Así, en sentencia dictada por esta Audiencia Provincial en fecha 29 de enero de 2004 en el Rollo 265/2003 , al resolver el recurso de apelación deducido contra la sentencia de fecha 12 de mayo de 2003 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca en el seno del Juicio Ordinario nº 217/2002 , se establecen el siguiente Fallo: "Que estimando como estimamos el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Miguel Angel García García , en nombre y representación del actor D. M. G. A., contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido en fecha 12 de mayo de 2003 , en autos de Juicio Ordinario nº 217/2002 , promovidos a instancia del citado actor contra los demandados Dª. E. A. J., D. M. G. H. y Dª. M. D. G. A., de los que dimana y a ellos se contrae el Rollo de Apelación nº 265/2003, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS la sentencia de instancia , en el sentido de estimar íntegramente los pedimentos de la demanda interpuesta por la parte actora y, en su consecuencia, declarar como declaramos que las fincas rústicas sitas en el término municipal de XXXXXXXXX y descritas en los hechos 5 y 6 del escrito de demanda, así como la finca urbana sita en el nº 2 de la calle Peñuelas de dicha localidad y descrita en el hecho 7 de la demanda, pertenecen en pleno dominio al caudal hereditario del fallecido D. F. A. A. y, por consiguiente, a los herederos legítimos del mismo , condenando a los demandados a estar y pasar por dicha declaración , condenando asimismo a la demandada Dª. M. D. G. A. a reintegrar a la masa hereditaria los bienes revindicados poseídos por la misma , declarando la nulidad de la donación efectuada por los demandados Dª. E. A. J. y D. M. G. H. a favor de la también demandada Dª. M. D. G. A. en escritura pública otorgada ente el Notario de Cuenca con fecha 7 de marzo de 1997 , así como la nulidad de las inscripciones efectuadas en el Registro de la Propiedad dimanantes de dicha escritura ; con imposición a la parte demandada de las costas de la primera instancia y sin hacer imposición de las costas de esta alzada".

Pues bien, como con acierto se establece en la resolución recurrida , en ejecución de dicha sentencia se condena a la parte ejecutada y ahora recurrente a la entrega material de los bienes por ella poseídos, que no son otros que las fincas rústicas descritas en los hechos 5 y 6 de la demanda origen de la sentencia que se ejecuta y que se corresponden con la descritas en el apartado a) de la demanda ejecutiva y la finca urbana sita en C/ Peñuelas nº 2 de la localidad de XXXXXXXXXX, también poseída por la parte recurrente, sin que se haya articulado en el seno del presente procedimiento prueba alguna aseverativa de la no posesión de dichas fincas por la parte ejecutada.

Es obvio que el derecho a la tutela judicial efectiva contenido en el artículo 24 de la Constitución abarca y comprende no solo el reconociendo de los derechos ejercitados ,sino y principalmente, la ejecución de los pronunciamientos judiciales que les sean favorables al justiciable , sin que por la vía de un procedimiento de ejecución de título judicial pueda el órgano jurisdiccional apartarse del contenido de una sentencia firme.

Lo anterior viene a colación por cuánto el recurrente hace supuesto de la cuestión que ya fue resuelta por este Tribunal en la sentencia que se ejecuta, esto es, se afirmaba y declaraba la legitimación del actor ( como heredero ) para ejercitar las acciones en defensa de los derechos de la masa hereditaria y esto es , cabalmente, lo que ha sucedido en el presente caso cuando el actor D. M. G. A. postula , en ejecución de la sentencia , que la entrega de la posesión se efectúe en su propia persona quién actúa en nombre propio y en representación del resto de los herederos. Por esta razón no puede estimarse la tesis sostenida por la recurrente referida a que siendo coheredera del causante, debe entenderse dicha cualidad predicable de su madre Dª. E. A. J., no ostenta mejor derecho el actor , debe añadirse, o que el resto de los herederos del causante , a poseer los bienes que integran la masa hereditaria con exclusión de la coheredera reseñada, cuando en sentencia se condena al recurrente a reintegrar la posesión de los bienes a la masa hereditaria.

Finalmente, también se sostiene en el recurso la improcedencia de la ejecución del apartado c) del suplico de la demanda ejecutiva , pedimento que tampoco puede ser atendido.

En efecto, en el apartado c) del suplico de la demanda ejecutiva se postula al amparo de lo previsto en el artículo 703.3 de la LEC que dispone " De hacerse constar en el lanzamiento la existencia de desperfectos en el inmueble originados por el ejecutado o sus ocupantes , se podrá acordar al retención y constitución en depósito de bienes suficientes del posible responsable , para responder de los daños y perjuicios causados que se liquidarán , en su caso y a petición del ejecutante, de conformidad con lo previsto en los artículos 712 y siguientes", de donde se colige que la petición deducida es fiel reflejo de una posibilidad contemplada – ex lege- a favor del ejecutante , sin que la misma suponga la introducción de hecho nuevo o distinto del pronunciamiento judicial firme que se ejecuta.

Por las anteriores razones, procede la íntegra desestimación del recurso de apelación objeto de la presente alzada.

Tercero.- Desestimado el recurso deducido por el Consorcio de Compensación de Seguros , se imponen al mismo las costas de la presente alzada ( art. 398 en relación con el art. 394 Ley de Enjuiciamiento Civil ) .

Vistos los artículos citados y demás  preceptos de aplicación general.

                        PARTE DISPOSITIVA

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por las Procuradora Sra. Martorell Rodríguez , en nombre y representación de D. M. D. G. A., contra el auto de fecha 5 DE FEBRERO DE 2008 , dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cuenca en el Procedimiento de Ejecución de Título Judicial nº 162/2005 de los que dimana y se contrae el presente Recurso de Autos Civiles nº 21/2008, declaramos que debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS INTEGRAMENTE LA RESOLUCION RECURRIDA , con imposición a la parte recurrente de las costas procesales devengadas en la presente alzada .

Cúmplase lo establecido en los artículos 248.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 208.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así lo acuerdan y firman los Ilmos. Sres. al margen. Doy fe.

 

 

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

SEÑALAMIENTOS DE JUICIOS DE FALTAS DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2008

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FECHA HORA PROCEDIMIENTO ACTO
jueves, 16 de octubre de 2008 10H00' FALTAS POR HURTOS Y DAÑOS 31/2008 JUICIO
jueves, 16 de octubre de 2008 10H15' FALTAS POR  DAÑOS 75/2008 JUICIO
jueves, 16 de octubre de 2008 10H45' FALTAS POR LESIONES 78/2008 JUICIO
jueves, 16 de octubre de 2008 11H00' FALTAS POR LESIONES EN AGRESIÓN 79/2008 JUICIO
jueves, 16 de octubre de 2008 11H15' FALTAS POR LESIONES Y DAÑOS 80/2008 JUICIO
jueves, 16 de octubre de 2008 11H30' FALTAS POR LESIONES EN AGRESIÓN 81/2008 JUICIO
jueves, 16 de octubre de 2008 11H45' FALTAS POR MALTRATO FAMILIAR 84/2008 JUICIO
jueves, 16 de octubre de 2008 12H00' FALTAS POR MALTRATO DE OBRA 96/2007 JUICIO
jueves, 16 de octubre de 2008 12H15' FALTAS POR AMENAZAS 66/2008 JUICIO
jueves, 16 de octubre de 2008 12H30' FALTAS POR AMENAZAS 68/2008 JUICIO
jueves, 16 de octubre de 2008 12H45' FALTAS POR AMENAZAS 70/2008 JUICIO
jueves, 16 de octubre de 2008 13H00' FALTAS POR AMENAZAS E INSULTOS 71/2008 JUICIO
jueves, 16 de octubre de 2008 13H15' FALTAS POR AMENAZAS 72/2008 JUICIO

MANIFIESTO DE LOS SECRETARIOS JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE CUENCA

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Los Secretarios Judiciales de la provincia de Cuenca de forma unánime manifestamos:

 

1.- Nuestro pesar y repulsa ante el desgraciado suceso acaecido en Sevilla y conocido como “el caso Mari Luz”.

 

2.-Mostramos un total apoyo a nuestra compañera Dª Juana Gálvez  Muñoz Secretario Judicial del Juzgado de Penal nº1 de Sevilla por la sanción disciplinaria  impuesta a la misma, a nuestro juicio desproporcionada, máxime si la comparamos con la impuesta al Magistrado. Entendemos que dicha desproporción es consecuencia de la presión mediática y politización del asunto, que ha abocado a buscar un chivo expiatorio en la persona de la Secretario.

 

3.- Nos adherimos  al comunicado realizado por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales   y por  la Unión Progresista de  Secretarios Judiciales de 7 de Octubre.

 

4.-Que nuestro sistema judicial es obsoleto e ineficaz, carente de medios personales y materiales. Nuestros Juzgados, en general, sufren de una sobrecarga de trabajo incapaz de ser asumida  eficazmente por el personal asignado. Personal que  en ocasiones carece de preparación y formación necesaria para desempeñar un trabajo de tanta responsabilidad.

 

5.-Que la opinión pública debe conocer la situación real en que se encuentran los Juzgados y las condiciones precarias en que nos vemos obligados a desempeñar nuestro trabajo, siendo necesario que por los poderes públicos se dote de medios materiales, humanos, informáticos y de todo orden precisos para el adecuado desarrollo del Servicio Publico de la Administración de Justicia. Todo lo cual hace que  lo ocurrido en Sevilla pueda, por desgracia, volver a suceder.

 

6.- Que actualmente, al no haberse desarrollado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ni adaptado las leyes procesales la competencia para ejecutar las sentencias no se ha materializado en los Secretarios Judiciales.

 

 7.-Que los Secretarios Judiciales constituimos un Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter nacional, de funcionarios públicos al servicio de la Administración de Justicia, que ejerce sus funciones, con el carácter de autoridad.

 

En Cuenca a 14  de Octubre de 2008.

 

Fdo: Los Secretarios Judiciales de la provincia de Cuenca.

15/10/2008 20:48. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. Noticias Judiciales No hay comentarios. Comentar.

SENTENCIA EN APELACIÓN DERIVADA DE JUICIO VERBAL POSESORIO 244/2007

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S E N T E N C I A  NUM.  182/2008

         En la ciudad de Cuenca, a catorce de octubre del año dos mil ocho.

         Vistos en trámite de recurso de apelación los autos de juicio verbal, número 244/07, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número dos de los de Cuenca y su partido,  promovidos a instancia de DON J. R. S., DOÑA L. C. P., DON E. C. A., DOÑA M. I. C. P., DON P. G. M., DOÑA M. T. C. P., DON A. V. F., DOÑA C. C. P. y DON J. P. C., todos ellos mayores de edad y provistos respectivamente de D.N.I. números XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX y XXXXXXX, todos ellos representados por la Procuradora de los Tribunales Dª María Josefa Herraiz Calvo y asistidos técnicamente por el Letrado Don Adolfo Calvo Parra Nebrá; contra DON T. M. F., mayor de edad y provisto de D.N.I. número XXXXXXXXX, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª Yolanda Segovia Rubio y asistido técnicamente por el Letrado Don José Luis Esteban Beltrán; en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia dictada en primera instancia, de fecha dieciocho de febrero de dos mil ocho; habiendo sido ponente el Ilmo. Sr. Don Leopoldo Puente Segura.

ANTECEDENTES DE HECHO

I

         En los autos indicados al margen se dictó sentencia de fecha dieciocho de febrero de 2.008, por el Juzgado de Primera Instancia número dos de los de Cuenca y su partido en cuya parte dispositiva se establecía: "Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Dª María Josefa Herraiz Calvo, en nombre y representación de DON J. R. S., DOÑA L. C. P., DON E. C. A., DOÑA M. I. C. P., DON P. G. M., DOÑA M. T. C. P., DON A. V. F., DOÑA C. C. P. y DON J. P. Ca, contra Don T. M. F., debo absolver y absuelvo a éste de los pedimentos de la actora.

         Se condena en costas a la parte demandante".

II

        Contra la anterior sentencia se preparo y después interpuso por la representación procesal de la parte actora, recurso de apelación en tiempo y forma, recurso que fue admitido a medio de providencia de fecha cinco de junio del presente año, dándose traslado a la parte contraria para que pudieran presentar escrito de oposición al recurso o impugnar la sentencia en aquellos extremos que pudieran resultarles desfavorables.

        Con fecha dos de julio del presente año, Doña Yolanda Segovia Rubio, Procuradora de los Tribunales y de Don Trinidad Miñarro Porlán, se presentó escrito oponiéndose al recurso interpuesto de contrario e interesando el dictado de una sentencia íntegramente confirmatoria de la recaída en la primera instancia.

III

        Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, con fecha uno de septiembre de dos mil ocho, se procedió a formar el correspondiente rollo, asignándosele el número del margen, turnándose ponencia y habiéndose cumplido la totalidad de las previsiones legales, sin que se estimara necesaria la celebración de vista, y señalándose para que tuviera lugar la correspondiente deliberación, votación y fallo el siguiente día catorce de octubre del presente año.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

        Se aceptan los que se contienen en la resolución recurrida, que habrán de tenerse aquí por íntegramente reproducidos.

I

        Resulta, a nuestro parecer, muy clara la sentencia de instancia cuando explica el motivo por el cual resulta desestimada la pretensión sostenida por la parte actora. Por ello, cabría esperar del recurso que la impugna esa misma claridad, centrándose el apelante en el obstáculo advertido por la juez a quo para estimar la demanda. No ha sido así.

        En efecto, la figura del llamado interdicto de recobrar, contemplado en la actualidad por el artículo 250.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, requiere para su éxito el concurso de una serie de requisitos desde tiempo atrás acuñados por nuestra doctrina jurisprudencial. Resulta indispensable, entre ellos, que el actor se halle en la posesión o tenencia de la cosa. Este concepto, sin embargo, requiere ser perfilado tanto "por arriba como por abajo" y así mientras resulta irrelevante que el demandante acredite la propiedad o titularidad de cualquier otro derecho real sobre la cosa, que le otorgue el derecho a poseer, no basta, en cambio, con la realización de meros actos de tolerancia o buena vecindad, en la medida en que los mismos no afectan a la posesión, conforme a lo determinado por el artículo 444 del Código Civil. Para estos casos, habilita el ordenamiento procesal un trámite que permite restaurar la situación posesoria alterada, con independencia de los derechos que finalmente correspondan sobre el bien a una y otra parte y que deberán ser ventilados por el procedimiento ordinario que corresponda. Esta finalidad del proceso de tutela sumaria de la posesión o interdicto pone claramente de relieve la necesidad de que la posesión que pretende ser protegida resulte actual, porque si no lo fuera, es decir, si estuviéramos hablando de sucesos o relaciones posesorias pasadas, por más que las mismas pudieran ser indicio o prueba de cualesquiera derechos de las partes, no resultaría exigible su protección interdictal. Y esa falta de actualidad en la posesión es, precisamente, el motivo por el cual la demanda resultó desestimada en la primera instancia.

II

        Importa reparar en que en la demanda rectora de este procedimiento, explicaban los demandantes, en el hecho cuarto de la misma, que al vallar el demandado el perímetro de su finca, ha dejado un camino de dos metros de anchura, invadiendo "el antiguo camino, por donde circulaban toda clase de vehículos y artefactos agrícolas". Se reconoce, sin embargo, en el recurso de apelación que las fincas de los demandantes disponen de otras entradas y que, además, no se destinan en la actualidad al aprovechamiento agrícola, empleándolas sus propietarios, ninguno de los cuales tiene su domicilio en la localidad, a segunda vivienda.

        Así reconducida la cuestión resulta, como en la propia sentencia de instancia se establece, que ha quedado probado en el procedimiento que por el camino que separa las respectivas propiedades (y que conforme a los planos catastrales tendría una anchura de dos metros que es la que ahora, tras el cierre del demandando, queda expedita) antiguamente subían los tractores para ir a las eras, así como el ganado, lo que explica la existencia de portones en las fincas propiedad de los actores junto al tan meritado camino. Sin embargo, la juez de instancia añade, como es cierto, que ninguna prueba se ha practicado tendente a acreditar la utilización actual, es decir, en tiempo inmediatamente anterior al establecimiento de la valla, de forma más o menos habitual y continúa por los demandantes para acceder a sus respectivas propiedades.

        Por las razones hasta aquí expuestas, para que el recurso de apelación, sustentado sobre la eventual existencia de un pretendido error en la valoración probatoria que hubiera podido padecer la juzgadora de instancia, pudiera progresar, resultaría necesario que el apelante aludiese a algún medio probatorio que precisamente mostrara ese supuesto error. Y en absoluto lo hace así. De este modo, el recurrente reflexiona largamente respecto al que califica de incumplimiento de "la buena fe procesal" que imputa a la parte contraria por entender que el vallado o cierre de su finca por Don T. no lo ha sido en toda su extensión sino sólo en aquella parte que afecta al camino colindante con las propiedades actoras. No advertimos cómo tal cosa pudiera constituir un supuesto de mala fe (y mucho menos procesal) y, en cualquier caso, es clara la facultad del propietario de proceder o no, colmadas las exigencias administrativas al respecto, al cierre perimetral de todo o parte de su finca. Se refiere también, y ello tiene más importancia, el recurrente al testimonio de diversas personas, ninguna de los cuales, sin embargo, acredita por sí misma la posesión actual que se pretende aquí recobrar, siendo así que, en efecto, "la prueba testifical es unánime en el sentido de que por el camino pasaban los tractores y camiones que iban a las eras". Sin embargo, ese tránsito, explícitamente reconocido en la sentencia de instancia, ni se produce en la actualidad ni evidentemente tendría ya ningún objeto, al no estar destinadas las parcelas a ninguna clase de explotación agrícola. Incluso, el testimonio del constructor de la vivienda de los actores, también invocado por la parte recurrente, resulta muy elocuente cuando señala que pasó por allí con la retroexcavadora para realizar las obras, siendo, como observa el apelado, que hubo de hacerlo invadiendo parcialmente la propiedad del demandado, sin que el camino existente, antes incluso del vallado, le resultara bastante. En cualquier caso, el paso ocasional de un vehículo para realizar unas determinadas obras por un camino o sendero no equivale a posesión, en el sentido al que el ordenamiento jurídico se refiere para otorgarle una protección sumaria; paso esporádico o episódico, con o sin invasión de la propiedad ajena, que perfectamente cabe encuadrar en los actos de mera tolerancia o buena vecindad.

        Lo que sí es cierto, cualquiera que sea el derecho que a cada parte corresponda sobre el tan citado camino, que el cierre perimetral de la finca del demandado, dejando la anchura de éste aún incluso por encima de la reflejada en los planos catastrales, no constituye, por las razones dichas, un acto de desposesión susceptible de protección o tutela judicial sumaria, en la medida es que no existía (o no se ha acreditado la existencia) de una posesión actual previa; razones, por las cuales, procede la íntegra desestimación de la presente alzada.

III

        De acuerdo con lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con las previsiones contenidas en el artículo 394 del mismo texto legal, procede imponer las costas de la presente alzada a la parte apelante.

        Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

F A L L A M O S

        Que debemos desestimar como desestimamos íntegramente el recurso de apelación interpuesto por Dª María Josefa Herraiz Calvo, Procuradora de los Tribunales y de DON J. R. S., DOÑA L. C. P., DON E. C. A., DOÑA M. I. C. P., DON P. G. M., DOÑA M. T. C. P., DON A. V. F., DOÑA C. C. P. y DON J. P. C, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número dos de los de Cuenca y su partido, en su juicio verbal número 244/07, y en consecuencia, debemos CONFIRMAR como CONFIRMAMOS INTEGRAMENTE la resolución recurrida; todo ello, con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

        Cúmplase lo establecido en los artículos 248.4º de la ley orgánica del poder judicial y 208.4º de la ley de enjuiciamiento civil.

        Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

SENTENCIA DICTADA EN PRIMERA INSTANCIA

SENTENCIA EN APELACIÓN DERIVADA DE INCIDENTE DE IMPUGNACIÓN DE TASACIÓN DE COSTAS EN ETJ 405/2007

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SENTENCIA Nº  179/2008 

ILMOS. SRES.:                                  

PRESIDENTE                                     

        SR. DIAZ DELGADO

MAGISTRADOS:                                 

        SR. PUENTE SEGURA

        SR. CASADO DELGADO       

En Cuenca, a  diez de  octubre de dos mil ocho.

 

Vistos ante esta Audiencia Provincial, en trámite de recurso de apelación, los autos de Ejecución Títulos Judiciales nº 405/07,   procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca,  promovidos a instancia de D. A. A. C., representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Prieto Martínez y defendido por el Letrado Sr. Buckner Muñoz contra D. J. B. M., representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Martorell y defendido por el Letrado Sr. Ruipérez Sánchez; en virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia dictada en primera instancia de fecha veintitrés de abril de dos mil ocho, y habiendo sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Antonio Díaz Delgado.

ANTECEDENTES DE HECHO

 

Se aceptan los de la sentencia recurrida en cuanto no se opongan a los recogidos en la presente resolución.

PRIMERO.- En los autos indicados al margen, por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de  Cuenca  se dictó sentencia de fecha 23 de abril de 2008,  cuyo Fallo es del siguiente tenor literal:"Que debo estimar y estimo la impugnación de la tasación de costas practicada por el Sr. Secretario en fecha 30 de noviembre de 2007 presentada por la Procuradora de los Tribunales Dª Cristina Prieto Martínez, en nombre y representación de D. Alejandro Alonso Cañas, y, en consecuencia, se declara indebida la partida incluida en la misma por honorarios de letrado por importe 1.021,51 euros, debiendo excluirse de aquella".

SEGUNDO.- Notificada la anterior resolución a las partes, por la Sra. Martorell Rodríguez Procuradora de los Tribunales y de D. JUAN BARRERA MONTERO se preparó e interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación contra la sentencia reseñada.

TERCERO.- Admitido a trámite el recurso de apelación y efectuando el traslado a la contraparte, por la Sra. Prieto Martínez Procuradora de los Tribunales y de D. A. A. C. presentó escrito de oposición al recurso interpuesto.

CUARTO.- Por el Juzgado de Instancia se dictó providencia, de fecha 26 de junio de 200, teniendo por formalizado el trámite de oposición al recurso acordándose la remisión de las actuaciones a la Audiencia Provincial para la resolución del mismo, previo emplazamiento de las partes por término de treinta días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 463 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

QUINTO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el correspondiente Rollo de Apelación, asignándole el nº  115/08, turnándose ponencia al Magistrado Ilmo. Sr. Díaz Delgado, y señalándose como fecha para que tuviera lugar la deliberación, votación y fallo el día veintitrés de septiembre de dos mil ocho. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  El presente recurso de apelación debe ser desestimado reiterando este Tribunal, el Fundamento de Derecho Segundo de la sentencia recurrida, en cuanto a que es necesario, que conforme al artículo 242.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil el Abogado debe presentar minuta detallada de sus honorarios y derechos, cosa que no se ha hecho. Y por otro lado que dentro del concepto de costas procesales, efectivamente están los honorarios del letrado, pero no el concepto de "indemnizaciones por gastos profesionales" que se revisten en una indemnización del cliente al letrado que presenta la minuta, por sus honorarios y derechos.

        En conclusión, se confirma la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Las costas de esta alzada deben ser impuestas al recurrente, conforme al artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo expuesto,

F A L L A M O S

Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso de apelación, CONFIRMANDO la resolución recurrida, imponiendo las costas de esta alzada al recurrente.

Cúmplase lo establecido en los artículos 248.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 208.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

      Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

SENTENCIA DICTADA EN PRIMERA INSTANCIA

Los secretarios judiciales critican las “condiciones precarias” de su trabajo

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HOY. CUENCA
Los secretarios judiciales de toda España han convocado un paro de tres horas para el próximo día 21 a fin de protestar por la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo impuesta a su compañera del Juzgado de Sevilla por su actuación en el caso Mari Luz Cortés y exigir una reforma en la Administración de Justicia.
La sanción impuesta a Juana Gálvez, la secretaria judicial del Juzgado de Sevilla del que es titular Rafael Tirado, ha sido impuesta por una falta grave de negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de sus funciones, que desembocó en un "cúmulo de omisiones" que llevó a no ejecutar la sentencia que condenaba por abusos a su hija al presunto asesino de la niña, Santiago del Valle.
Los secretarios judiciales de Cuenca han manifestado en nota de prensa su “total apoyo” a su compañera, Juana Gálvez, por la sanción disciplinaria que le han impuesto, y ha sido calificada por éstos como “desproporcionada” y más si se compara, explican, con la impuesta al magistrado del caso. Asimismo, también se han adherido al comunicado realizado por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales y por la Unión Progresista de secretarios judiciales; en dicho comunicado se opusieron a la sanción ya que según explicaron en el mismo “con ello se intenta ocultar la inoperancia para la solución de las graves carencias de la Administración de Justicia tanto organizativas como de personal y de medios materiales".
Asimismo, desde Cuenca también se ha criticado el sistema judicial “obsoleto e ineficaz, carente de medios personales y materiales”. Además, consideran que los juzgados, en general, “sufren una sobrecarga de trabajo incapaz de ser asumida eficazmente por el personal asignado, personal que en ocasiones carece de preparación y formación necesaria para desempeñar un trabajo de tanta responsablidad”.
Los secretarios judiciales han manifestado que la opinión pública debe conocer la situación real en que se encuentran los juzgados y las condiciones “precarias” en que se ven obligados a desempeñar su trabajo, “siendo necesario que por los poderes públicos se dote de medios materiales, humanos, informáticos y de todo orden precisos para el adecuado desarrollo del Servicio Público de la Administración de Justicia”. Por todo ello, explican que lo ocurrido en Sevilla, “por desgracia” puede volver a suceder.
Finalmente, manifiestan que los secretarios judiciales constituyen “un Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter nacional, de funcionarios públicos al servicio de la administración de Justicia, que ejerce sus funciones, con el carácter de autoridad” y que, actualmente, “al no haberse desarrollado la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ni adaptado las leyes procesales la competencia para ejecutar las sentencias no se ha materializado en los secretarios judiciales”
16/10/2008 18:08. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. Noticias Judiciales No hay comentarios. Comentar.

SUBASTA DE FINCA RÚSTICA DE 25975 M2 EN VALERA DE ABAJO (CUENCA). EJH 393/2008 (SUSPENDIDA A PETICIÓN DE LA PARTE ACTORA)

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EDICTO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES

D. VICTOR BALLESTEROS FERNANDEZ  Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia nº 2  de CUENCA.

HAGO SABER: Que en el proceso de ejecución hipotecaria seguido en dicho Juzgado con el nº 393 /2008  a instancia de  BANCO BILBAO VIZCAYA  ARGENTARIA S.A contra JOSE ANTONIO APARICIO PEREZ y FRANCISCO JAVIER APARICIO PEREZ, se ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de tasación se enumeran a continuación:

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y SU VALORACIÓN:

  • Finca nº 2969 del Registro de la Propiedad de Cuenca, inscrita al tomo 1627, Libro 40, folio 117, rústica de cereal en Valera de Abajo al sitio de La Cañadilla, con una superficie de veinticinco mil novecientos setenta y cinco metros cuadrados. Es parte de la finca 5-2, polígono número 9.

INFORMACIÓN GRÁFICA

VALORADA PARA SUBASTA EN: UN MILLÓN QUINIENTOS MIL EUROS (1.500.000,00 €)

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito en C/PALAFOX, 4,http:www.juzgadomixtoomercantil2cuenca.blogia.com , el día 19 de diciembre de 2008 a las 10:00 horas.

CONDICIONES DE LA SUBASTA

1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:

1º.-Identificarse de forma suficiente, presentando los poderes originales que acrediten la representación de la sociedad que se pretende.

2º.-Declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta.

3º.-Presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la entidad BANESTO CUENCA, cuenta nº 1616-0000-06-0393-08, o de que han prestado aval bancario por el 30 por 100 del valor de tasación de los bienes (450.000,00 €). Cuando el licitador realice el depósito  con cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará constar así en el resguardo a los efectos de los dispuesto en el apartado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil. No se admitirán resguardos provisionales de ingreso, debiendo producirse éstos en firme y con la correspondiente validación mecánica correcta o firma del interventor bancario.

 

2.- El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las posturas que se hicieren, sin necesidad de consignar cantidad alguna.

Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero. La cesión se verificará mediante comparecencia ante el tribunal, con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente al pago del precio del remate.

La misma facultad tendrá el ejecutante en los casos en que se solicite la adjudicación de los bienes embargados con arreglo a lo previsto en esta Ley.

3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y con las condiciones del artículo anterior. Los sobres se conservarán cerrados por el Secretario Judicial y serán abiertos al inicio del acto de la subasta. Las posturas que contengan se harán públicas con las demás, surtiendo los mismos efectos que las que se realicen oralmente.

4.- Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70 por 100 del avalúo (1.050.000,00 €), se aprobará el remate a favor del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el artículo 670 de la LECn.

5.- Que la certificación registral y, en su caso, la titulación sobre el inmueble o inmuebles que se subastan está de manifiesto en la Secretaria. Que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación existente o que no existan títulos. Que las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes y que, por el sólo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

6.- No consta en el proceso si el inmueble que se subasta se encuentra o no ocupado por personas distintas del ejecutado.

7.- Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por error se hubiere señalado un Domingo o día festivo y no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

8.- Sirviendo la presente de notificación en forma a los demandados para el caso de no poder ser hallados en los domicilios resultantes de autos.

En CUENCA, a diecisiete de octubre de dos mil ocho.

EL SECRETARIO JUDICIAL

17/10/2008 15:14. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. SUBASTAS No hay comentarios. Comentar.

Servicios mínimos en la huelga del día 21-10-2008

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RESOLUCIÓN, DE 17 DE OCTUBRE  DE 2008, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA/SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, POR LA QUE SE FIJAN SERVICIOS MÍNIMOS PARA LA JORNADA DE PARO CONVOCADA EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2008, QUE AFECTA A LOS FUNCIONARIOS PERTENECIENTES AL CUERPO SUPERIOR JURÍDICO DE SECRETARIOS JUDICIALES.

En este sentido, atendiendo a las características de la jornada de huelga convocada en la Administración de Justicia, se deben considerar esenciales aquellos servicios que ineludiblemente deben estar en funcionamiento en cualquier situación para garantizar el servicio público. Así, debe entenderse que no pueden paralizarse en modo alguno por una situación de huelga las actuaciones sometidas a plazo, las actuaciones del Registro Civil, las medidas cautelares o provisionales, las causas con preso y/o de violencia sobre la mujer, la tramitación de las ordenes de busca y captura, las vistas que afecten a las salvaguarda de los derechos de menores e incapaces y el resto de las vistas y juicios señalados con anterioridad a la convocatoria de la huelga en los que concurren ciertas circunstancias que se especifican en la resolución en las que por la naturaleza de los perjuicios originados se entiende necesaria su celebración. De igual manera, las especiales circunstancias que puedan concurrir en los Juzgados que actúan en servicio de guardia, hacen necesario que los mismos se consideren servicios esenciales. Se pretende, pues, una proporcionalidad entre las necesidades que es preciso cubrir y la garantía del ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores.

 

Teniendo en consideración todo lo anterior y oídas las organizaciones convocantes de la huelga, con arreglo a lo previsto en el apartado dos del artículo 10 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, esta Dirección General ha resuelto fijar los servicios mínimos necesarios para atender los servicios esenciales en la Administración de Justicia, según se especifica:

 

A) Se consideran servicios esenciales:

 

·  Actuaciones de Registro Civil. Si bien todas ellas se consideran servicio esencial, se entenderán de cumplimiento prioritario e inexcusable todas aquellas cuya naturaleza sea registral (nacimientos, defunciones, matrimonios).

·   Vistas y comparecencias de cualquier orden jurisdiccional que afecten a la salvaguarda de los derechos de menores o incapaces. No se entenderán comprendidas en este supuesto las causas de separación, nulidad y divorcio.

·   Juicios orales del orden penal en causas con preso y/o violencia sobre la mujer.

·   Las vistas y juicios, no comprendidos en los puntos anteriores, de cualquier orden jurisdiccional señalados con anterioridad a la convocatoria de la huelga cuya suspensión pueda ocasionar perjuicio muy grave y/o de muy difícil reparación a los interesados en los procedimientos.  Se entenderá que concurre esta circunstancia en los siguientes casos:

o   Que se trate de vistas y juicios que hubiesen sido ya suspendidas con anterioridad.

o   Que se trate de vistas y juicios en los que algunas de las partes citadas, los testigos o peritos residan fuera de la provincia en la que se encuentre el juzgado o tribunal.

o   Cuando en alguna de las partes citadas, los testigos o peritos concurra alguna causa que justifique su imposibilidad absoluta por motivo de enfermedad o laboral de concurrir a un nuevo señalamiento.

o   Cuando la suspensión del acto obligue a un nuevo señalamiento que se demore para después de transcurridos más de cuatro meses desde la fecha en que habría tenido lugar.

·  Medidas cautelares o provisionales.

·  Servicio de guardia de Juzgados.

·  La tramitación de las órdenes de busca y captura.

· Todas aquellas actuaciones en las que venza un plazo preestablecido en la Ley, cuyo incumplimiento pueda suponer o perjuicio o perdida de derechos.

B) Para la realización y aseguramiento de estos servicios esenciales se designan los siguientes servicios mínimos en el ámbito competencia del Ministerio de Justicia:

·  Tribunal Supremo: un 30 % de los Secretarios Judiciales destinados en el Tribunal Supremo.

·  Audiencia Nacional:

o  Sala de lo Penal: 2 Secretarios Judiciales.

o  Salas de lo Contencioso Administrativo y de lo Social: 2 Secretarios Judiciales. 

o  Juzgados Centrales de Instrucción y de lo Penal y de Menores: 3 Secretarios Judiciales.

o   Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo: 2 Secretarios Judiciales

·  Tribunales Superiores de Justicia: un 30 % de los Secretarios Judiciales destinados en cada Tribunal Superior de Justicia.

·   Audiencias  Provinciales: un 30 % de los  Secretarios Judiciales destinados en cada Audiencia Provincial.

·   Registro Civil Central y Registros Civiles Únicos: un Secretario Judicial.

·  Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción que estén de guardia: Secretarios Judiciales adscritos a la guardia.

·   Juzgados de Menores que estén de guardia: Secretarios Judiciales adscritos a la guardia.

·   Juzgados de Instrucción, de Violencia sobre la Mujer  o de Primera Instancia e Instrucción que no estén de guardia: 1 Secretario Judicial por cada dos Juzgados en cada Partido Judicial.

·   Juzgados de Primera Instancia y Mercantiles: 1 Secretario Judicial por cada tres Juzgados en cada Partido Judicial.

·   Juzgados de lo Contencioso Administrativo: 1 Secretario Judicial por cada cuatro Juzgados en cada Partido Judicial.

·   Juzgados de lo Social: 1 Secretario Judicial por cada cuatro Juzgados.

·   Juzgados de lo Penal, Menores  y Vigilancia Penitenciaria: 1 Secretario Judicial por cada dos Juzgados en cada Partido Judicial.

·    Partidos judiciales con órgano judicial único: el Secretario Judicial.

 

Secretario Coordinador Provincial.

Cuenca.

 

ACUERDO SECRETARIO COORDINADOR

SR. BELLÓN MOLINA.

Cuenca a dieciocho de octubre de dos mil ocho.

         Habiéndose convocado por la Central Sindical Asociación Sindical de Secretarios de la Administración de Justicia (A.S.SE.JUS) y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), un paro el día 21 de octubre de 2008, desde las 10:00 a las 13:00 horas, y visto el contenido de la Resolución, de 17 de octubre de 2008, de la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia/Secretaria General de la Administración de Justicia, por la que se fijan servicios mínimos para la jornada de paro convocada el día 21 de octubre de 2008, que afecta a los funcionarios pertenecientes al Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales; así como de la Instrucción 9/2008, de 18 de octubre del Iltmo. Sr. Secretario de Gobierno; acuerdo:

1.- Designar para prestar los servicios mínimos a los siguientes Secretarios Judiciales:

 

A). Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción del partido judicial de Cuenca.

          Cumplirán servicios mínimos en dichos Órganos los Secretarios Judiciales de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción nº. 3, D. Luis Carlos Navajas Rojas, por encontrarse su Juzgado en funciones de guardia; y nº. 1, D. Luis González Torres.

B). Audiencia Provincial, Juzgado de lo Social, y Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

          Al encontrarse un único Secretario Judicial destinado en la Audiencia Provincial, y ser únicos en su orden jurisdiccional los Juzgados señalados; se designan los titulares de la Audiencia Provincial D. Fernando Aragón Corredor; y de cada Juzgado de los indicados, D. Francisco Antonio Bellón Molina, y D. Hilario Llorente García.

C). Juzgado de lo Penal  y de Menores.

Cumplirá servicios mínimos en dichos Órganos Judiciales el titular del Juzgado de Menores D. Francisco-Javier Moya del Pozo.

D). Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de los partidos judiciales de Tarancón, Motilla del Palancar y San Clemente.

Cumplirán servicios mínimos los Secretarios Judiciales destinados en los Juzgados que se encuentren prestando el servicio de guardia durante las horas en las que el paro está convocado. En concreto, y según las comunicaciones recibidas, Dª. Silvia Sánchez Sánchez (Juzgado de 1ª. Instancia e Instrucción número 2 de Tarancón); Dª. Virginia Moreno Gómez (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº. 2 de Motilla del Palancar); y Dª. Marta Cuartero Ortiz (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº. 2 de San Clemente).

2.- Remisión de certificaciones al Secretario Coordinador Provincial.

Antes de las 10:30 horas del día 21, cada uno de los Secretarios Judiciales que no participe en la huelga, incluidos los que presten servicios mínimos, deberá certificar su presencia en el puesto de trabajo, mediante comunicación electrónica  o vía fax (969 xxxxxxxxal Secretario Coordinador Provincial.

Todo el que no remita la correspondiente certificación se entenderá que participa en la jornada de paro.

3.- Incidencias.

      De cualquier incidencia que pueda surgir con motivo y durante las horas de paro, se dará cuenta inmediata al Secretario Coordinador Provincial.

Notifíquese el  presente a los interesados vía correo electrónico.


 Así lo acuerdo y firmo.

 

EL SECRETARIO COORDINADOR PROVINCIAL.

 

Fdo.: Francisco-Antonio Bellón Molina.

 

 

20/10/2008 17:33. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. Noticias Judiciales No hay comentarios. Comentar.

SUSPENDIDO EL DECRETO DE SERVICIOS MÍNIMOS PARA LA HUELGA DEL DÍA 21 DE OCTUBRE

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado la suspensión contra los servicios mínimos fijados , según resolución dictada in voce, de forma que únicamente los Secretarios Judiciales que atiendan el servicio del Juzgado de guardia están obligados a la prestación de los servicios mínimos y precisamente en dicho ámbito material. 

Anulados los servicios mínimos de Bermejo para la huelga de secretarios judiciales

El Tribunal Superior de Madrid anula los servicios mínimos para la huelga de secretarios judiciales

20/10/2008 17:36. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. Noticias Judiciales No hay comentarios. Comentar.

Los secretarios judiciales de Cuenca recurren los servicios mínimos

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.HUELGA

T. / CUENCA

Los secretarios judiciales de la provincia de Cuenca recurrieron el acuerdo de servicios mínimos fijados ante el paro convocado por las asociaciones de secretarios judiciales para hoy. Al cierre de esta edición no había constancia de que se hubiera tenido en consideración el recurso.

Según se indicaba desde este colectivo, se consideraban abusivos los servicios mínimos, ya que de los 16 secretarios judiciales, sólo podrían hacer huelga, 2 en Cuenca capital, 1 en Motilla del Palancar, 1 en Tarancón y 1 en San Clemente. Es decir cinco secretarios judiciales podrían ejercer su derecho a la huelga.

En concreto habrá dos secretarios judiciales ejerciendo los servicios mínimos en los juzgados de primera instancia e instrucción de Cuenca, concretamente los del número uno y tres.

Tres en la audiencia provincial, juzgado de lo social y juzgado de lo contencioso-administrativo.

Uno en el juzgado de lo penal y de menores; y uno en cada uno de los juzgados de primera instancia e instrucción de los partidos judiciales de Tarancón, Motilla y San Clemente.

El paro ha sido convocado por la Central Sindical Asociación Sindical de Secretarios de la Administración de Justicia (A.S.SE.JUS) y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), está previsto que comience a las 10 y concluya a las 13 horas.

Los secretarios judiciales de la provincia de Cuenca remitían recientemente un comunicado previo a la huelga en el que mostraban un total apoyo a su compañera Juana Gálvez Muñoz Secretario Judicial del Juzgado de Penal nº1 de Sevilla por la sanción disciplinaria impuesta a la misma, «a nuestro juicio desproporcionada, máxime si la comparamos con la impuesta al magistrado. Entendemos que dicha desproporción es consecuencia de la presión mediática y politización del asunto, que ha abocado a buscar un chivo expiatorio en la persona de la secretaria».

Añadían que el sistema judicial es obsoleto e ineficaz, carente de medios personales y materiales. «Nuestros Juzgados, en general, sufren de una sobrecarga de trabajo incapaz de ser asumida eficazmente por el personal asignado. Personal que en ocasiones carece de preparación y formación necesaria para desempeñar un trabajo de tanta responsabilidad».

21/10/2008 15:08. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. Noticias Judiciales No hay comentarios. Comentar.

SENTENCIA EN APELACIÓN DERIVADA DE JUICIO DE FALTAS 173/2007

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S E N T E N C I A  NUM.  64/200

     En la ciudad de Cuenca, a catorce de octubre de dos mil ocho.

    Vistos por el Magistrado Ilmo. Sr. D. Leopoldo Puente Segura, en grado de apelación, los autos de juicio de faltas número 173/2007, procedentes del Juzgado de Instrucción número dos de los de Cuenca y su partido; habiendo sido parte, como denunciantes y como denunciados A. I. G., mayor de edad y provisto de D.N.I. número XXXXXXXXX, actuando en su propio nombre y derecho y asistido técnicamente por el Letrado Don Alejandro Martínez Ramos; y R. N. M., también mayor de edad y provista de D.N.I. número XXXXXXXXXX, representada por el Procurador de los Tribunales Don Miguel Angel García García y asistida técnicamente por el Letrado Don Conrado Saíz Alvarez; habiendo sido parte apelada el MINISTERIO FISCAL.

     Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia recurrida, en cuanto no se opongan a los presentes; y

                   ANTECEDENTES DE HECHO

                             I

     Por el Juzgado de Instrucción número dos de los de Cuenca y su partido se dictó con fecha once de junio de dos mil ocho, sentencia en la que como hechos probados se declara: "El día 29 de noviembre de 2.007, A. I. presentó denuncia en el Juzgado de guardia de esta ciudad denunciando injurias y amenazas hacia su persona por parte de Resurrección Nicolás Montoya, siendo ese mismo día cuando R. N. M. denunció en el Cuartel de la Guardia Civil de XXXXXXXXX a A. I. por coacciones e injurias, siendo que la relación de vecindad entre ambos es mala, habiendo algún pleito civil entablado entre ambas".

     El fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida es del siguiente tenor literal: "Que debo absolver y absuelvo a A. I. G.a y Dª R. N. M. de las faltas por las que habían sido acusados, con declaración de las costas de oficio".

                             II

     Notificada la anterior resolución, Don Miguel Angel García García, Procurador de los Tribunales y de R. N. M., interpuso recurso de apelación que fue admitido en ambos efectos por providencia, dándose traslado a las demás partes a fin de que formularan los correspondientes escritos de impugnación o adhesión al recurso.

     Con fecha siete de julo del presente año, el Ministerio Fiscal presentó escrito impugnando el recurso de apelación interpuesto e interesando el dictado de una sentencia íntegramente confirmatoria de la recaída en la primera instancia.

     A su vez, A. I. G., actuando en su propio nombre y derecho, presentó también escrito oponiéndose al recurso de apelación interpuesto de contrario e interesando la confirmación de la sentencia recurrida.

                            III

     Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial, se procedió a la formación del correspondiente rollo, asignándosele el número del margen y habiéndose observado todas las formalidades legales.

                   FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

      No puede negase, ciertamente, que asiste la razón al recurrente cuando se refiere a la deficiente redacción del relato de hechos probados que se contiene en la sentencia de instancia si bien, al parecer, considera la recurrente que la misma no le provocado indefensión alguna, sin que solicite la nulidad de dicha sentencia, sosteniendo su recurso en la existencia de un pretendido error en la valoración probatoria que supuestamente habría padecido el juzgador de instancia, al considerar el recurrente, naturalmente conforme con la absolución dictada respecto de R., que en cambio debió condenarse a A. I. por entender acreditado que el mismo cometió una falta de coacciones, al impedir dolosamente el acceso a su propiedad a R. acumulando en la entrada materiales de obras, y otra de injurias livianas o vejaciones injustas consistente en la realización con la lengua de gestos obscenos dirigidos a la denunciante.

     La realidad es, sin embargo, que no existe, como en la sentencia de instancia se destaca, más prueba de estos hechos, que las manifestaciones que en tal sentido realiza la denunciante y la declaración testifical de Dª M. T. quien mantiene un vínculo con aquélla     que permite poner objetivamente en tela de juicio su equidistancia con respecto a las partes en este proceso y, en consecuencia la verosimilitud de sus manifestaciones. Evidentemente, R. y A. mantienen entre sí importantes diferencias, previas y ajenas a los hechos que aquí se enjuician, que claramente ponen de manifiesto la deficiente relación que les une, lo que no permite excluir la existencia de espurios propósitos en la denuncia que cada uno de ellos mantiene frente al otro. Aquellas diferencias han dado lugar, incluso, a la existencia entre ellos de contiendas civiles que una y otra parte describen, naturalmente de manera distinta, en sus respectivos escritos de interposición del recurso y oposición al mismo. Por otro lado, incluso aunque se considerase acreditado que, en efecto, existían materiales en la entrada de la vivienda de Resurrección que le impedían o dificultaban seriamente el acceso a la misma, como la apelante quiere, ello no bastaría para conformar el ilícito penal de coacciones que requeriría que dicho comportamiento tuviera, precisamente, la finalidad dicha, no pudiéndose perder de vista que se trata de una pequeña localidad y de una segunda vivienda en la que no se encontraba Resurrección al tiempo en que los materiales fueron depositados. En resumen, considera quien ahora resuelve que la valoración probatoria realizada por el juzgador de instancia resulta razonada y razonable.

II

     En cualquier caso y a mayor abundamiento, es también obligado aquí reiterar la doctrina emanada de nuestro Tribunal Constitucional en el sentido de que no es dable, en sede de recurso de apelación, el dictado de sentencias revocatorias sustituyendo aquéllas por otras de signo condenatorio cuando, como habría de ser en este caso, la distinta valoración probatoria realizada por el órgano ad quem se refiriese a medios probatorios de naturaleza personal que no hubieran sido percibidos de forma directa por el órgano competente para resolver la apelación. Así, como recuerda, por ejemplo, la reciente STC de fecha 27 de marzo de 2.006, citando, entre otras,  las de 18/07/2.005 o 18/07/2.002, el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, contenidos en el derecho a un proceso con todas las garantías, impone inexorablemente que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente y en un debate público en el que respete la posibilidad de contradicción, por lo que, cuando la apelación se plantee contra una sentencia absolutoria y el motivo de apelación concreto verse sobre cuestiones de hecho suscitadas por la valoración o ponderación de pruebas personales de las que depende la condena o absolución del acusado, únicamente será posible el dictado de una sentencia condenatoria en la segunda instancia cuando se hubiere celebrado una vista pública en la alzada, al efecto de que el órgano judicial de apelación pudiera resolver tomando un conocimiento directo e inmediato de dichas pruebas. En desarrollo de estas tesis, por ejemplo, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 19 de enero de 2.006, advierte que la doctrina del Tribunal Constitucional ha sostenido constantemente que el recurso de apelación supone la realización de un nuevo juicio, al que se enfrenta el órgano conocedor del mismo con total libertad de apreciación de la prueba practicada, pudiendo sustituir el criterio valorativo del juez de instancia. Los únicos límites reconocidos se refieren a la lógica necesidad de congruencia con las pretensiones ejercitadas y los abundantes pronunciamientos sobre la prohibición de la reformatio in peius e igualmente a la necesidad de explicar adecuadamente las razones que han llevado al apartamiento de los criterios de la resolución recurrida. Junto a los anteriores límites, conforme explica la sentencia citada, el Tribunal Constitucional ha venido a concluir que la condena en segunda instancia tras una anterior sentencia absolutoria supone una infracción de la presunción de inocencia, en tanto solo puede ser desvirtuada en virtud de la existencia de una mínima y suficiente actividad probatoria, producida con las debidas garantías procesales, es decir, la practicada bajo la inmediación del órgano jurisdiccional y sometida a los principios de contradicción y publicidad. Es claro, por tanto, que la Audiencia Provincial no puede considerar desvirtuada la presunción de inocencia del acusado inicialmente absuelto en un juicio de faltas o en el ámbito del procedimiento abreviado en tanto no presencia las pruebas personales que fundaron aquella declaración, salvo, naturalmente, en aquellos supuestos en los que resulta posible la práctica en segunda instancia de medios probatorios de naturaleza personal, de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 790.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En definitiva, este proveyente comparte la tesis expuesta en la mencionada sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, cuyo corolario no puede ser otro que la conclusión de que la conjugación de ambos criterios, es decir la imposibilidad de sustanciar medios de prueba en apelación al margen de los supuestos legales, y la imposibilidad de valorar en perjuicio del acusado los medios probatorios de naturaleza personal, suponen la imposibilidad de revocar las sentencias absolutorias dictadas en la instancia cuando el órgano de apelación valore distintamente las declaraciones de los acusados, testigos o peritos. En el mismo sentido, se pronuncian, por ejemplo, las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 12 de enero de 2.006, de Madrid, de fecha 4 de enero de 2.006, Barcelona, de fecha 22 de diciembre de 2.005, Orense, de 17/11/2.005, Asturias, de 27 de julio de 2.005, Pontevedra, de 26 de julio de 2.005, Lugo, de 15/03/2.005, Cantabria, de 3 de marzo de 2.005, Cádiz, de 3 de marzo de 2.005, León, de 7 de febrero de 2.005, o Cuidad Real, de fecha 2 de noviembre de 2.004, entre muchas otras.

     Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

                         F A L L O

     Que desestimando íntegramente el recurso de apelación interpuesto por Don Miguel Angel García García, Procurador de los Tribunales y de R. N. M. contra la sentencia dictada por el Sr. Juez del Juzgado de primera instancia e instrucción número dos de los de Cuenca y su partido, de fecha once de junio de dos mil ocho, recaída en sus autos de juicio de faltas número 173/2007, debo CONFIRMAR como CONFIRMO INTEGRAMENTE la resolución recurrida; con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

     Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en segunda instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

     Esta sentencia se unirá por certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia.

     E/

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

 

SENTENCIA DICTADA EN PRIMERA INSTANCIA

 

SENTENCIA EN APELACIÓN DERIVADA DE JUICIO VERBAL 439/2006. ACCIÓN NEGATORIA DE SERVIDUMBRE DE LUCES Y VISTAS Y VUELO

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SENTENCIA Nº  184/2008  

Ilmos. Sres. :                      

Presidente Acctal :                      

     Sr.  Puente Segura       

Magistrados:                                       

     Sr.  Casado Delgado

     Sra. Vicente de Gregorio 

En Cuenca, a dieciséis de octubre de dos mil ocho.

 

Vistos ante esta Audiencia Provincial, en trámite de recurso de apelación, los autos de Juicio Verbal nº 439/2006 procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido,  promovidos a instancia de Dª E. V. M. , y en su nombre su hijo D. J. M. S. V., representado por la  Procuradora Sra. Melero de la Osa y asistido técnicamente por el Letrado Sr. Quejido Andrade  , contra D. J. A. O. F., D. M. R. O. F. y Dª. V. F. V., representados por la Procuradora Sra. Herráiz Calvo y asistidos técnicamente por la Letrada Sra. Muñoz Alcolado, sobre acción negatoria de servidumbre de luces y vistas y de alero de tejado; en virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandada contra la sentencia dictada en primera instancia de fecha catorce de febrero de dos mil ocho, habiendo sido Ponente el Ilmo. Sr. D. Ernesto Casado Delgado , Magistrado de esta Audiencia Provincial.

                     ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En los autos indicados al margen por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca  se dictó sentencia de fecha 14 de febrero de 2008 , cuyo Fallo era del siguiente tenor literal "Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Dª. Susana Melero de la Osa, en nombre y representación de D. J. M. S. V., quién actúa en representación de Dª. E. V. M. , contra D. J. A. O. F., Dª. M. R. O. F. y Dª. V. F. V., declaro la procedencia de la acción negatoria de servidumbre de luces y vistas y de alero de tejado que se ejercita en la demanda y, en consecuencia, condeno a los demandados a cerrar las ventanas que han abierto con ocasión de la nueva construcción de vivienda , así como a retirar la porción de tejado o alero de su edificación que sobresale de su fachada e invade la propiedad de la actora. Se condena en costas a la parte demandada".

Segundo.- Notificada la anterior resolución a las partes, por la  Procuradora Sra. Herráiz Calvo, en la representación procesal acreditada de la parte demandada , se preparó e interpuso contra la misma recurso de apelación en el que , tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó Suplicando al Juzgado " …previos los trámites legales oportunos acuerde la remisión de los autos a la Audiencia Provincial y se dicte nueva resolución por la que se revoque la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca , desestimando las peticiones del actor y haciendo expresa condena en costas al mismo".

Tercero.- Admitido a trámite el recurso de apelación y conferido traslado del escrito de interposición a la contraparte, por la representación procesal de la parte actora se presentó escrito oponiéndose al recurso de apelación interpuesto de contrario interesando la confirmación de la sentencia de instancia, con imposición a la parte recurrente de las costas procesales correspondientes a la presente alzada . 

Cuarto.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el correspondiente Rollo de apelación, asignándole el número 111/2008, turnándose ponencia al Magistrado Ilmo. Sr. D. Ernesto Casado Delgado, señalándose para deliberación, votación y fallo el día 14 de octubre de 2008.

Quinto.- La Sala da por reproducidos los antecedentes fácticos y pruebas practicadas, en cuanto no se opongan a la presente resolución.

                       FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los razonamientos jurídicos de la sentencia que se revisa en estos trámites , que habrán de tenerse por íntegramente reproducidos en la presente resolución.

 

Primero.- Discrepa el apelante con la sentencia pronunciada en la instancia sobre la base de entender en el primer motivo del recuro ,  siempre según el discurso del recurrente, que en la resolución judicial se ha producido un error en la valoración de la prueba y ello por cuánto en la sentencia se declara que la vivienda propiedad de los demandados , ahora recurrentes, sita en C/ Maestre nº 4 de la localidad de Valdeolivas , es de nueva construcción cuando la misma data aproximadamente del año 1900 , habiéndose realizado por los recurrentes una mera reforma en el año 2001 y, sobre ésta base fáctica, sostiene la parte recurrente en el segundo motivo del recurso la incorrecta valoración de la prueba y correlativa norma aplicada . Así se señala que no se ha procedido a la apertura de ventanas con vistas directas al solar colindante , respetándose en todo momento la estructura de la pared objeto del litigio donde , desde siempre ( tiempo inmemorial) ha tenido una ventana y unos huecos de respiradero.

Así expuesta la tesis del recurrente se sostiene que existiendo las ventanas desde el año 1900 la acción ejercitada por la actora estaría prescrita.

Como segundo motivo del recurso, sostiene el recurrente que el alero del tejado no sobrevuela el solar de la actora habiendo manifestado un testigo que se había retranqueado la parte inferior de la fachada , razón ésta por lo que la demanda debe ser desestimada, también , respecto de esta pretensión.

 

Segundo.- Debe ponerse de manifiesto, que según reiterado criterio jurisprudencial, que la valoración probatoria es facultad de los Tribunales sustraída a los litigantes, que sí pueden aportar las pruebas que la normativa legal autoriza, pero en forma alguna tratar de imponerla a los juzgadores, pues no puede sustituirse la valoración que el juzgador de instancia hizo de toda la prueba practicada por la valoración que realiza la parte recurrente, función que corresponde única y exclusivamente al Juzgador "a quo" y no a las partes, habiendo entendido igualmente la jurisprudencia, que el Juzgador que recibe la prueba puede valorarla de forma libre, aunque nunca de manera arbitraria, transfiriendo la apelación al Tribunal de segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión, pero quedando reducida la alzada a verificar si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez "a quo" de forma ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de experiencia o a las normas de la sana crítica, o si, por el contrario, la apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso (STS de 26-I-1998 y 15-2-1999).En definitiva la segunda instancia ha de limitarse, cuando de valoraciones probatorias se trata, a revisar la actividad del juzgador a quo, en el sentido de comprobar que esta aparezca suficientemente expresada en la resolución recurrida y no resulte arbitraria, injustificada o injustificable.

Del mismo modo es preciso recordar que , conforme a la distribución de la carga de la prueba cuyas reglas se contienen en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , incumbe a la parte actora acreditar los hechos constitutivos de su pretensión ( apartado 2º ) mientras que a la parte demandada le incumbe, por el contrario, los hechos que impidan, extingan o enerven la ineficacia jurídica de los hechos alagados por el actor ( apartado 3º) .

 

Tercero.- Expuesto lo anterior y en el supuesto que se somete a revisión en alzada, la Sala participa de las conclusiones razonadas y razonables contenidas en la resolución recurrida , considerando que en efecto han resultado acreditados todos los hechos y extremos relevantes en que se fundamentan las pretensiones deducidas en el seno del procedimiento, a saber :

- respecto de la existencia de nueva construcción o mera reforma de la vivienda propiedad de la parte demandada sita en C/ XXXXXX nº 4 de la localidad de XXXXXXX, la prueba objetiva viene representada por el contenido del informe elaborado por la perito judicial Dª. Ana Isabel Coronado Sáiz ( folios 134 a 148 ) donde señala que se puede determinar que la vivienda es de nueva construcción con una antigüedad de entre 4 y 8 años, y por medio de la testifical de D. J. A. P., a la sazón , persona que ejecutó la obra por encargo de la parte demandada.

- respecto del levantamiento del tejado , prolongación del alerto y modificación de la ventana y huecos anteriormente existentes en la vivienda propiedad de los demandados, se comprueba y constata por la mera confrontación de las fotografías de la vivienda aportadas por la parte demandada y las contenidas tanto en la demanda rectora como en el informe del perito judicial, además de haberse manifestado en el mismo sentido el testigo, antes reseñado, J. P. que fue la persona que ejecutó la nueva construcción. A efectos meramente ilustrativos, la Juzgadora de Instancia señala que en la edificación antigua existían 3 huecos y en la actual 5 huecos, además de haberse modificado la localización y dimensiones de los mismos, extremo éste que se aprecia a simple vista con la mera contemplación de las fotografías obrantes en autos.

- finalmente, respecto de la invasión del vuelo del solar de la parte demandada es constatable con el mero examen de las fotografías y se desprende de las conclusiones del informe pericial, señalándose en la sentencia en el fundamento de derecho  sexto que sobrevuela unos 50 centímetros más el vuelo de la teja.

A la luz de lo expuesto , llano es afirmar que no se aprecia  error alguno en la valoración de la prueba practicada por la Juzgadora de Instancia, cuyas conclusiones son enteramente asumidas y compartidas por esta Sala.

 

Cuarto.- resta por analizar la normativa jurídica aplicada por la Juzgadora de Instancia a los hechos considerados acreditados y , en este punto, nuevamente debemos hacer nuestra la certera argumentación contenida en la sentencia de instancia.

Empezando por la naturaleza de la servidumbre de luces y vistas , se trata de servidumbre continúa y aparente ( arts. 532 del Código Civil ) y para su adquisición se precisa de título o de prescripción de veinte años ( art. 537 del Código Civil ). Más aún, tratándose de ventanas o huecos en pared propia, la naturaleza es claramente negativa ( art. 538 del CC) empezando el cómputo de la prescripción desde la realización del hecho acto obstativo .

Pues bien, si se ha estimado acreditado que la reforma de la vivienda de modo que se trata , prácticamente , de nueva construcción se realizó en el año 2001 y la demanda se interpone en el año 2006 claramente se infiere que no ha transcurrido el plazo de prescripción de veinte años. Es más, solamente el hecho de que no se han abierto ventanas con una localización diferentes implica que la parte demandada no ha consolidado derecho inexistente alguno ni desde el año de la construcción originario ,supuestamente año 1900, ni desde su adquisición , supuestamente en el año 1972 , ni desde la modificación de la configuración de los huecos.

Del mismo modo, aún no siendo rebatido por la parte recurrente de modo específico , debe señalarse que por las dimensiones y localización de los huecos abiertos frente al solar de la parte actora, los mismos no pueden ser considerados como huecos de mera tolerancia a que se refieren el art. 581 del Código Civil.

Finalmente, respecto de la acción negatoria de servidumbre de alero o tejado, no se ha rebatido por el recurrente la fundamentación jurídica aplicada por la Juzgadora de Instancia, sino tan solo se ha alegado que el alero no sobrevuela el solar de la parte actora , ahora apelada, extremo éste que no se corresponde con la realidad .

Pues bien, presumiéndose el dominio de los bienes inmuebles libres de cargas, comprendiendo la propiedad de un terreno no solo la superficie y el suelo ( art. 350 CC ) y considerándose por reiterada y conocida jurisprudencia que el derecho comprende también el vuelo , debe señalarse que no se ha acreditado por la parte recurrente , cuando le incumbe hacerlo conforme a la reglas sobre distribución de la carga de la prueba, la existencia de derecho alguno de vuelo a su favor, procede también desestimar el recurso de apelación por este motivo.

Quinto.- Desestimado el recurso de apelación , se imponen a la parte recurrente las costas procesales devengadas en la presente alzada no procede pronunciamiento condenatorio respecto de las costas procesales devengadas en la presente alzada ( art. 398.1 en relación con el art. 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Vistos los artículos citados y demás  preceptos de aplicación general.

                          FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la   Procuradora de los Tribunales Dª. María Josefa Herráiz Calvo, en nombre y representación de D. J. A. O. F., Dª. M. R. O. F. y Dª. V. F. V., contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido de fecha de 14 de febrero de 2008 en autos de Juicio Verbal nº 439/2006 , de los que dimana y a ellos se contrae el Rollo de apelación nº 111/2008, declaramos que debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS INTEGRAMENTE LA RESOLUCION RECURRIDA,  con imposición a la parte recurrente de las costas procesales devengadas en la sustanciación de la presente alzada .

Cúmplase lo establecido en los artículos 248-4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 208-4 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.

Devuélvanse las actuaciones originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la presente resolución, para ejecución de la misma, e interésese acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

SENTENCIA DICTADA EN PRIMERA INSTANCIA

SENTENCIA EN APELACIÓN DERIVADA DE JUICIO VERBAL MERCANTIL 369/2007. PROPIEDAD INTELECTUAL. AGEDI y AIE

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SENTENCIA Nº 183/2008   

Ilmos. Sres. :                      

Presidente Acctal:                       

     Sr. Puente Segura   

Magistrados:                                       

     Sr. Casado Delgado

     Sra. Vicente de Gregorio

En Cuenca, a dieciséis de octubre de dos mil ocho.

Vistos ante esta Audiencia Provincial, en trámite de recurso de apelación, los autos de Juicio Verbal nº 369/2007 procedentes del Juzgado de lo Mercantil de Cuenca , promovidos a instancia de ASOCIACION DE DERECHOS INTELECTUALES ( AGEDI) y DE ARTISTAS , INTERPRETES O EJECUTANTES , SOCIEDAD DE GESTION DE ESPAÑA ( AIE) , representadas por la Procuradora Sra. Porres Moral y asistidas por el Letrado Sr. Molina Huertas  , contra D. J. T. Z. , representado por la Procuradora Sra. González Alvaro y asistido por el Letrado Sr. Gallén Matas, sobre reclamación de cantidad ;  en virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandada contra la sentencia dictada en primera instancia de fecha 29 de enero de 2008 ,  habiendo sido Ponente el Ilmo. Sr. D. Ernesto Casado Delgado, quién expresa el parecer de la Sala .

                     ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En los autos indicados al margen por el Juzgado de lo Mercantil de Cuenca se dictó sentencia de fecha de 29 de enero de 2008 cuyo Fallo era del siguiente tenor literal: "Que estimando casi íntegramente la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales Dª. María Jesús Porres Moral , en nombre y representación de la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes , Sociedad de Gestión de España (AIE), contra D. J. T. Z., debo condenar y condeno a ésta a abonar a la parte actora la cantidad de 1.623,78 euros, más los intereses moratorios pactados devengados hasta el 31 de julio de 2006, que se liquidarán en ejecución de sentencia de conformidad con lo establecido en el fundamento de derecho sexto de esta resolución y al pago de las costas procesales".

Segundo.- Notificada la anterior resolución a las partes, por la  Procuradora Sra. González Alvaro , en nombre y representación de D. J. T. Z.  se preparó e interpuso contra la misma recurso de apelación en el que , tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó Suplicando al Juzgado " … se dicte una nueva resolución por la que, acogiendo los motivos de este recurso, se condene a mi mandante a satisfacer la cantidad de 394,04 € y ello con declaración de costas de oficio en ambas instancias".

Tercero.- Admitido a trámite el recurso de apelación y conferido el correspondiente traslado del escrito de interposición del recurso a la contraparte, por la representación procesal de la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales y de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes , Sociedad de Gestión de España ,se presentó escrito oponiéndose al recurso de apelación interpuesto de contrario interesando la confirmación de la resolución recurrida.

Cuarto.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el correspondiente Rollo de apelación, asignándole el número 113/2008, turnándose ponencia y se señaló para deliberación, votación y fallo el día 14 de octubre del año en curso.

Quinto.- La Sala da por reproducidos los antecedentes fácticos y pruebas practicadas, en cuanto no se opongan a la presente resolución.

                      FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los razonamientos jurídicos de la sentencia que se revisa en estos trámites, que habrán de tenerse por íntegramente reproducidos en la presente resolución.

Primero.- Discrepa el apelante con la sentencia pronunciada en la instancia alegando, como primer motivo del recurso, disconformidad con las conclusiones alcanzadas por la Juzgadora " a quo" sobre la resolución del contrato efectuada por el titular del establecimiento comunicada a la entidad AGEDI en el año 2003.

Así , sostiene el recurrente que acreditada la comunicación de la resolución del contrato incumbe a la parte actora , ahora apelada, acreditar que los primitivos aparatos de reproducción se encontraban en el local o, en su caso, fueron sustituidos sin solución de continuidad por otros nuevos y mientras dicha circunstancia no se acredite la consecuencia no puede ser otra que dar por válida la resolución del primitivo contrato .

La tesis sostenida por el recurrente no es compartida por ésta Sala. En efecto , en la sentencia de instancia se considera acreditado que en fecha 10 de junio de 2003 el recurrente comunicó a Agedi mediante escrito (folio 80 ) que " hace seis años que procedieron a retirar los aparatos de música del local no volviéndose a utilizar desde entonces aparato de música alguno , no utilizándose por lo tanto el repertorio de Agedi". Ello no obstante, la Juzgadora interpreta y aplica correctamente la cláusula octava del contrato que liga a las partes ( folios 55 y 56 ) que textualmente dice en su apartado 3): " ambas partes podrán resolver el contrato comunicándolo por escrito a la otra parte con un preaviso de un mes. En caso de resolución de EMPRESA , será requisito imprescindible el cese efectivo en la utilización del repertorio de Agedi y la retirada material del establecimiento del aparato utilizado para las amenizaciones . Si posteriormente de que la empresa comunique la resolución, continúa haciendo uso del repertorio de Agedi , el contrato se considerará vigente a todos los efectos", en tanto considera acreditado a través de la testifical de G. G. C. que en el local se sigue haciendo comunicación pública de fonogramas , habiendo manifestado que estuvo en el local el sábado anterior a la celebración del juicio y que había un equipo de música, bafles y televisión.

Cuida el recurrente de sembrar dudas sobre la veracidad del testimonio manifestando , más bien insinuando , que debe tener relación alguna con la parte actora e insistiendo en que de sus manifestaciones se extrae que solo ha acudido al local " Pub XXXXXXX" en el año 2001 y 2007.

Pues bien, ninguna de las alegaciones reseñadas pueden ser tenidas en consideración al no disponer esta Sala de más elementos de convicción que los que tuvo en cuenta la Juzgadora de Instancia , destacándose por ésta que no existen motivos para dudar de la veracidad de sus manifestaciones al no constar que mantenga relación alguna con las partes en litigio.

Acreditado , pues, que en el local " Pub XXXXXXXX" sigue emitiéndose música amenizadora, con independencia de que los aparatos reproductores sean los originarios que se instalaron cuando se concertó el contrato u otros con tecnología más avanzada, el contrato sigue subsistente en virtud de la reseñada cláusula octava , en tanto por la parte recurrente no se ha acreditado que ,comunicada la resolución contractual, se hubieran retirado los aparatos utilizados para las amenizaciones , incumbiendo dicha prueba a la parte que alega el cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos por la cláusula octava para estimar correctamente ejercitada la resolución contractual.

 

Segundo.- Se invoca por el apelante como segundo motivo del recurso la incongruencia de la sentencia , en modalidad "extra-petita" al infringir el artt. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y ello por cuánto la parte actora se limitó a reproducir la petición originariamente deducida en el previo procedimiento monitorio , esto es , una determinada cantidad de dinero por importe de 1.963,07 € más los intereses, entiende el recurrente que los legales, desde la interposición de la demanda rectora, sin que se hayan solicitado los intereses moratorios pactados , de modo que se incurre en " inconguencia por exceso".

Sostiene el recurrente, finalmente, que no la deuda reclamada no es líquida , vencida ni exigible cuando ha sido la Juzgadora la que en la resolución recurrida ha determinado la cantidad exacta adeudada.

El motivo tampoco merece acogimiento, bastando con el mero examen de la demanda rectora para comprender que por la actora se reclama la cantidad global de 1.963,07 € comprensiva del principal reclamado por importe de 1690,55 € correspondiente al canon de las mensualidades de agosto de 2001 a junio de 2006 , más la cantidad de 272,52 € por intereses moratorios pactados , esto es , se reclama cantidad líquida y determinada y los intereses pactados , siendo que la deuda , como sostiene la Juzgadora " a quo" , es liquida desde el mismo momento en que basta una mera operación aritmética para calcular la cantidad adeudada en todo momento por cuánto en el contrato se pacta una cuota mensual y su actualización a fecha 1 de enero de conformidad con las variaciones que experimente el IPC, de donde se infiere que tanto el acreedor como el deudor conoce o pueden conocer , cabalmente, en todo momento la cantidad adeudada.

En todo caso, si en la demanda rectora se reclama principal más intereses pactados conforme al documento nº 2 de la demanda rectora y se condena a satisfacer menor cantidad , por intereses, que los reclamados a determinar en ejecución de sentencia conforme autoriza el art. 219 de la LEC, , no podemos hablar de  incongruencia alguna de la sentencia en su modaliad " extra- petita " por cuánto no se ha concedido ni algo distinto ni más de lo postulado en el presente procedimiento.

 

Tercero.- Como último motivo del recurso se impugna el pronunciamiento condenatorio sobre las costas de la instancia.

Sostiene el recurrente que la estimación de la demanda no  ha sido íntegra y además de dos pretensiones una ha sido estimada parcialmente , la reclamación de cantidad, y la otra pretensión representada por la reclamación de los intereses legales no ha sido rechazada completamente, razones todas ellas por las que interesa la revocación de dicho pronunciamiento contenido en la sentencia de instancia .

El motivo tampoco puede ser estimado, pues claramente se señala por la Juzgadora " a quo" en el fundamento de derecho sexto que la estimación de la demanda puede considerarse " prácticamente íntegra" a la vista de la escasa diferencia entre el principal reclamado ( 1.690,55 € ) y lo concedido en la resolución 8 1.623,78 € ) , asumiendo y participando enteramente la Sala de dicho razonamiento.

Baste señalar, finalmente, que se acoge la pretensión de condena en su practica totalidad, que se condena al pago del principal minorado en 66,67 € por apreciar la prescripción de dos mensualidades y que se condena al pago de los intereses moratorios pactados con una ligerísima rebaja en las actualizaciones del IPC, luego nos encontramos con que todas y cada una de las pretensiones deducidas en el procedimiento han sido sustancialmente estimadas , razones que conducen a considerar ajustada a derecho la condena al recurrente al pago de las costas devengadas en la instancia .

Cuarto- Como consecuencia de la desestimación del recurso de apelación interpuesto, procede imponer las costas de la alzada a la parte recurrente, y ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 398.2, en relación con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales invocados y demás de general aplicación

                            FALLAMOS

Que desestimando como desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Dª. Marta González Alvaro, en nombre  y representación de D. J. T. Z., contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil de Cuenca de fecha 29 de enero de 2008, recaída en el Juicio Verbal nº 369/2007 de los que dimana y a ellos se contrae el Rollo de apelación nº 113/2008, declaramos no haber lugar al mismo y, en su consecuencia, debemos CONFIRMAR y CONFIRMAMOS INTEGRAMENTE LA RESOLUCION RECURRIDA, con imposición a la parte recurrente de las costas causadas en esta alzada.

Cúmplase lo establecido en los artículos 248-4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 208-4 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe. 

SENTENCIA DICTADA EN PRIMERA INSTANCIA

SEGUIMIENTO DEL PARO CONVOCADO PARA EL DÍA 21-10-2008

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Según información proporcionada por el COLEGIO NACIONAL DE SECRETARIOS JUDICIALES, el seguimiento del paro durante el día de hoy ha tenido la siguiente incidencia:

Disponemos de los siguientes datos: el  paro lo ha secundado en las Comunidades Autónomas:

 

Aragón, el  96,29%.

Asturias el  93.51%

Canarias   el 91,%,

Navarra     el 98%,

Castilla la Mancha el 90,62%,

Valencia: 82,60%

Extremadura; 96,42%

Cantabria: 95,91%.

Murcia   97,61%

Rioja 97,67%

Palma de Mallorca: 89,86%.

País Vasco: 95%.

Madrid:  ( de Madrid 510 secretarios judiciales han secundado el paro 483, es decir el 94,70%).

Galicia: 92, 00%

 

Andalucía  el 95%.

 

( Sevilla el 97,91%, de 288 secretarios, todos menos 6)

Comunicado de Prensa 21 Oct 2008 Secretarios Judiciales

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22/10/2008 00:00. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. Noticias Judiciales No hay comentarios. Comentar.

Amplio respaldo al paro de tres horas para pedir más medios a Justicia

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MOVILIZACIONES
La práctica totalidad de los secretarios judiciales de Cuenca secundaron la protesta
GORKA DÍEZ / CUENCA

Prácticamente el ciento por ciento de los secretarios judiciales de Cuenca secundaron ayer las tres horas de paro en protesta por la decisión del Ministerio de Justicia de sancionar a la secretaria del Juzgado de lo Penal de Sevilla por dilaciones en la ejecución de una sentencia contra el presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortés, así como para demandar más medios personales y materiales que permitan a la Justicia ofrecer un servicio de garantías.

En concreto, diez secretarios judiciales participaron en la movilización, por sólo uno que no lo hizo y un segundo que estaba ausente del trabajo por causa legal, según los datos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

En cumplimiento de los servicios mínimos hubo cuatro funcionarios trabajando, únicamente uno por partido judicial, por lo que durante las tres horas de huelga se tuvieron que suspender los juicios, declaraciones y comparecencias que estaban previstos en los juzgados de la capital, Motilla del Palancar, Tarancón y San Clemente.

Víctor Ballesteros, secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca, señala que seguirán las protestas mientras el Gobierno central les siga exigiendo una responsabilidad que no pueden asumir por el déficit de medios que padecen.

«Las plantillas que tenemos son insuficientes para responder al gran volumen de trabajo, deficiencia que venimos arrastrando desde hace unos tres años. Y también nos hacen falta más medios materiales».

Especialmente, Ballesteros pide que se instale un programa informático que comunique todos los juzgados y donde haya un registro de las personas que están en busca y captura.

De hecho, recuerda que el presunto asesino de Mari Luz acudía al juzgado de Cuenca los días 1 y 15 de cada mes para cumplir las medidas cautelares que le impuso el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla por tocamientos a una menor en diciembre de 2006, pero entonces los funcionarios conquenses no tenían conocimiento de que el Juzgado número 1 de Sevilla lo tenía en paradero desconocido para que cumpliera la condena de dos años y ocho meses de cárcel por abusar sexualmente de su hija de cinco años.

«Con un buen programa informático eso no hubiera ocurrido», dice Ballesteros

22/10/2008 17:05. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. Noticias Judiciales No hay comentarios. Comentar.

La falta de medios lleva a los secretarios a secundar los paros

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HOY. CUENCA

La mayoría de los secretarios judiciales de la provincia de Cuenca han secundado el paro de tres horas convocado para protestar por la suspensión de dos años impuesta a la compañera de Sevilla  a raiz del “caso Mari Luz”. Ha tenido un seguimiento mayoritario ya que, según informaban desde  el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, 10  secretarios judiciales participaron en la huelga, cuatro estaban de servicios mínimos y uno no la secundó (lo que ha dejado cifras del 83 por ciento de seguimiento). El resultado del mismo ha sido la suspensión de todos los juicios, declaraciones y comparecencias en los cuales se ha hecho necesaria la intervención del secretario.
El paro había sido convocado por las asociaciones nacionales del colectivo en toda España. Sin embargo, según explicaba el secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2  y del Juzgado de Lo Mercantil de Cuenca, Víctor Ballesteros, aunque el detonante de la protesta ha sido la sanción impuesta a su compañera, los profesionales han mostrado su descontento con “la carencia de medios materiales  y personales en la administración de Justicia”.
Y es que, según Ballesteros, el vacío profesional “se pretende cubrir  por otro lado, mediante la imposición de sanciones ejemplares, atribuyendo una responsabilidad que, actualmente, los secretarios judiciales no tienen atribuida”. En la actualidad, explicó el secretario Judicial de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca, varias reformas en este sentido están pendientes de su aprobación en el Congreso y hasta la fecha no tienen por qué asumir ciertas tareas. “La sanción impuesta a la compañera viene a atribuir de facto esa responsabilidad como sin la tuviera de hecho”, precisó Ballesteros. A lo que añadía que la atribución de esas tareas conlleva un “sobre-esfuerzo”, y que “se necesita una inversión en medios humanos y materiales lo suficientemente importante para que esas carencias que se suplen con el trabajo y esfuerzo diario del personal no sean necesarias realizar”.

JORNADA

Coincidiendo con el paro, había convocadas en toda España juntas de jueces para abordar las "presiones" políticas que está sufriendo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los jueces de Cuenca se reunieron a las diez de la mañana en apoyo a los secretarios judiciales.

CC.OO. se suma a la petición de medios materiales
El sector de la Admnistración de Justicia de Comisiones Obreras en Cuenca, a través de nota de prensa, mostró su solidaridad con la familia de Mari Luz y su deseo de que “se depuren todas las responsabilidades”.
CC.OO. también entiende que la sanción impuesta a la secretaria de Sevilla es “completamente desproporcionada en relación a la sanción impuesta al titular de dicho juzgado” y que el “Ministerio de Justicia pretende con dicha sanción esconder sus responsabilidades y lavar su imagen ante la opinión pública”. Asimismo, el sindicato solicita “la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de  que los regímenes disciplinarios sean iguales para Jueces y Fiscales que para el resto de los funcionarios”. Comisiones Obreras denuncia también que el caso podría repetirse si no se dota a la Administración de medios personales y materiales precisos.  Finalmente, explican que  “el gobierno debe realizar el esfuerzo presupuestario necesario para abordar las medidas que garanticen a la ciudadanía una Administración de Justicia eficaz que resuelva los conflictos que afectan a nuestra sociedad en plazos razonables, evitando que puedan repetirse episodios tan deplorables como el caso Mari Luz”.

22/10/2008 17:15. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. Noticias Judiciales No hay comentarios. Comentar.

SENTENCIA EN APELACIÓN DERIVADA DE ORDINARIO 524/2004. CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE FORZOSA DE PASO. FALTA DE LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO

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  S E N T E N C I A  NUM.   188/2008

         En la ciudad de Cuenca, a veintiuno de octubre del año dos mil ocho.

         Vistos en trámite de recurso de apelación los autos de juicio ordinario, número 524/04, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número tres de los de Cuenca y su partido,  promovidos a instancia de DOÑA J. S. M., mayor de edad y provista de D.N.I. número XXXXXXXXX, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Rosa María Torrecilla López y asistida técnicamente por el Letrado Don Fernando Miota Ruiz; contra DOÑA M. P. P. V., DON M. V. T., DON J. A. S. V. y DON F. F. V., todos ellos mayores de edad y provistos, respectivamente de D.N.I. números XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, todos ellos representados por la Procuradora de los Tribunales Dª María de los Angeles Paz Caballero y asistidos técnicamente por el Letrado Don Alfredo Moya Garito; y contra DOÑA M. D. S. V., DOÑA E. V. P. y DON A. P. S., también mayores de edad, cuyas demás circunstancias personales constan en las actuaciones y declarados en situación de rebeldía procesal; en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada personada en las actuaciones, contra la sentencia dictada en primera instancia, de fecha veintinueve de junio de dos mil siete; habiendo sido ponente el Ilmo. Sr. Don Leopoldo Puente Segura.

ANTECEDENTES DE HECHO

I

         En los autos indicados al margen se dictó sentencia de fecha veintinueve de junio de 2.007, por el Juzgado de Primera Instancia número tres de los de Cuenca y su partido en cuya parte dispositiva se establecía: "Que estimando parcialmente la demanda formulada por Dª J. S. M., representada por la Procuradora Sra. Torrecilla López, contra Dª D. S. V., Dª E. V. P. y Don A. P. S., en rebeldía procesal, Dª M. P. P. V., Don M. V. T., Don J. A. S. V. y Don F. F. V., representados por la Procuradora Sra. Paz Caballero, declaro:

         La existencia de una servidumbre legal de paso entre la finca de mi mandante (sic) como predio dominante y la de los hoy demandados como predio sirviente existente entre ellos.

         Se condene a los demandados a estar y pasar por la anterior declaración absteniéndose desde este momento y en el futuro a realizar actos que puedan perturbar o impedir el ejercicio de este derecho.

         La retirada por parte del propietario de la parcela 89 de la cadena que impide el paso a la actora a la finca de su propiedad.

         La determinación de la indemnización a favor de los propietarios de los predios sirvientes y a cargo de la actora se efectuará por el procedimiento previsto en los artículos 712 y concordantes de la LEC.

         No ha lugar a efectuar expreso pronunciamiento condenatorio respecto de las costas procesales devengadas en el presente procedimiento, debiendo satisfacer cada parte las causadas a su instancia y las comunes, si las hubiere, por mitad".

II

        Contra la anterior sentencia se preparo y después interpuso por Doña María de los Angeles Paz Caballero, Procuradora de los Tribunales y de Dª M. P. P. V., Don M. V. T.no, Don J. A. S. V. y Don F. F. V., recurso de apelación en tiempo y forma, recurso que fue admitido a medio de providencia de fecha veinticinco de abril del presente año, dándose traslado a la parte contraria para que pudiera presentar escrito de oposición al recurso o impugnar la sentencia en aquellos extremos que pudieran resultarles desfavorables.

        Con fecha trece de mayo del presente año, Doña Rosa María Torrecilla López, Procuradora de los Tribunales y de Dª J. S. M., se presentó escrito oponiéndose al recurso interpuesto de contrario e interesando el dictado de una sentencia íntegramente confirmatoria de la recaída en la primera instancia.

III

        Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, con fecha ocho de septiembre de dos mil ocho, se procedió a formar el correspondiente rollo, asignándosele el número del margen, turnándose ponencia y habiéndose cumplido la totalidad de las previsiones legales, sin que se estimara necesaria la celebración de vista, y señalándose para que tuviera lugar la correspondiente deliberación, votación y fallo el siguiente día veintiuno de octubre del presente año.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

        No se aceptan los que se contienen en la resolución recurrida.

I

        Importa destacar, en primer término, la existencia de una cierta confusión que, advertida ya en la demanda rectora de este procedimiento, ha sido después arrastrada, de modo claramente perceptible, a la propia sentencia de instancia.

        La acción ejercitada en este procedimiento no es otra que la de constitución de servidumbre forzosa de paso ante la existencia de una finca enclavada, sin salida a camino público, propiedad de la actora. No nos hallamos, en consecuencia, ante el ejercicio de una mera acción declarativa de servidumbre convencional previa ya existente, acciones ambas, no hace falta añadirlo, que se excluyen en sus propios términos, en tanto si existe un paso convencional, no puede hablarse ya de finca enclavada. Así, en la demanda rectora del procedimiento, aunque se alude a la existencia de un paso del que venía haciéndose uso, no deja de reconocerse, de modo implícito, que no se ostenta derecho alguno para poder utilizarlo y, en consecuencia, la finca se encuentra, efectivamente, enclavada. Esa es la razón, por la cual, el propio perito que depuso a instancia de la actora, pondera las distintas posibilidades de acceso para decantarse, finalmente, por el que después se acoge también en la sentencia recurrida. El propio juez de instancia, en el fundamento jurídico primero de su sentencia, afirma que al encontrarse enclavada la parcela de la actora, ésta se encuentra legitimada para el ejercicio de la acción prevista en el artículo 564 del Código Civil (acción constitutiva de la servidumbre forzosa de  paso), razonamiento correcto que, sin embargo, casa mal con el fallo de la sentencia en el que se declara (no se constituye, como debió haberse hecho) la existencia de una servidumbre legal de paso (entre la finca de "mi mandante"…), posponiéndose la determinación de la indemnización correspondiente a un procedimiento posterior, lo que claramente pone de relieve, una vez más, que no estamos ante el reconocimiento o declaración de la existencia de un derecho sino ante la constitución del mismo.

II

        Despejada la anterior cuestión, es claro que cuando, como aquí, se pretende la constitución de una servidumbre forzosa de paso, precisamente al amparo de lo establecido en el artículo 564 del Código Civil, resulta indispensable demandar a todos los titulares de las heredades vecinas que pudieran verse finalmente abocadas a facilitar dicho paso a quien se encuentra enclavado. Cuando ello no suceda, es decir, cuando uno de los posibles afectados por la eventual constitución del paso interesado no fuere traído al pleito, nos hallaremos ante un supuesto de litisconsorcio pasivo necesario (artículo 12.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), por cuanto no resulta posible limitar el derecho de dominio de quien no ha sido llamado al procedimiento.

        En este sentido, es lo cierto que, según sostiene el actor, el paso cuya constitución pretende discurriría por las fincas 89, 91 y 92 del polígono 32 y es a los propietarios de estas parcelas a quienes ha resuelto demandar. En este mismo sentido, el propio perito, Sr. Huerta Landete, que informa a instancia de la actora, señala que, entre los varios caminos posibles, el primero, finalmente acogido en la sentencia de instancia discurre por las referidas fincas 89, 91 y 92, existiendo, además, otras dos alternativas posibles aunque, a su juicio, más perjudiciales. Por el contrario, los demandados que se han personado en las actuaciones, además de entender que el paso menos perjudicial sería el que discurre exclusivamente por la finca 92, consideran también que el paso propuesto por la actora ocupa igualmente una parte de la parcela 90, y así lo mantiene el perito que depuso a su instancia, levantando a tal efecto un plano topográfico, al folio 114 de las actuaciones, que así lo pone de relieve. Incluso, en el acto del juicio, el propio perito de la parte actora, Sr. H. L., vino a admitir que, aunque él no había realizado un levantamiento topográfico sobre el terreno, cree que, en efecto, a la vista de los planos, el camino existente sobre el terreno, es decir el que el juzgador de instancia viene a constituir como servidumbre forzosa de paso, discurre también por la parcela 90, por una "esquinita", sin que crea que pueda afectarle, como resulta de las mediciones del perito contrario, en 25 metros cuadrados sino en una superficie inferior.

        Resulta, en definitiva, que el paso constituido en la sentencia de instancia, además de discurrir sobre las parcelas 89, 91 y 92, cuyos propietarios han sido correctamente demandados, lo hace también por sobre la parcela 90, aunque no sea en una gran extensión, de tal suerte que la resolución que ahora es objeto de esta alzada viene a establecer una limitación sobre el derecho de propiedad de quien ni siquiera ha sido demandado, vulnerándose, con ello, la existencia del litisconsorcio pasivo necesario y, por extensión, el derecho de defensa de dicho propietario, excepción que, como es bien sabido, pude resultar, incluso, apreciable de oficio.

        En consecuencia, y estimando con ello, en parte, el recurso de apelación interpuesto (solo en parte porque lo que en él se interesa es que la servidumbre se constituya por un trazado distinto), procede acordar la nulidad de lo actuado desde la audiencia previa en adelante, debiéndose conceder por el juez de instancia un plazo a la parte actora para que proceda a dirigir su demanda contra quien resulte ser propietario de la parcela 90 del polígono 32 y, en consecuencia, afectado por el pronunciamiento que pudiera recaer en este procedimiento, todo ello, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 420.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y con la jurisprudencia que lo interpreta en los casos en que esta excepción (litisconsorcio pasivo necesario) es acogida en la segunda instancia.

III

        De acuerdo con la nulidad declarada, no procede hacer pronunciamiento de las costas devengadas en la primera instancia, pronunciamiento que deberá efectuarse cuando se ponga término a la misma. De acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estimado en parte el recurso de apelación interpuesto, no hay lugar a imponer a ninguna de las partes las costas de esta alzada.

F A L L A M O S

        Que debemos estimar como estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Dª María de los Angeles Paz Caballero, Procuradora de los Tribunales y de DOÑA M. P. P. V., DON M. V. T., DON J. A. S. V. y DON F. F. V., contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número tres de los de Cuenca y su partido, en su juicio ordinario número 524/04, y en consecuencia, debemos declarar como declaramos la NULIDAD DE LAS ACTUACIONES desde la fecha en que tuvo lugar la audiencia previa al juicio en adelante, incluida la sentencia de instancia, debiendo concederse por el Juzgado de instancia un plazo al actor para constituir el listisconsorcio, siguiendo después adelante el procedimiento por sus legales cauces; todo ello, sin que haya lugar a imponer a ninguna de las partes las costas devengadas en esta alzada.

        Cúmplase lo establecido en los artículos 248.4º de la ley orgánica del poder judicial y 208.4º de la ley de enjuiciamiento civil.

        Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUESTA A DISPOSICIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL EN CNO 322/2008 LUIS LORIENTE SL

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EDICTO PUESTA A DISPOSICIÓN DE INFORME DE ADMINISTRACIÓN CONCURSAL

 

DON VÍCTOR BALLESTEROS FERNÁNDEZ, Secretario Judicial del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 Juzgado de lo Mercantil de CUENCA.

 

ANUNCIA

 

1.- Que en el procedimiento concursal número 322 /2008  referente al deudor LUIS LORIENTE SL, se ha presentado el informe de la administración concursal, al que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley Concursal (LC), junto con el inventario de bienes y derechos y la lista de acreedores, habiendo resultado un activo valorado en 11.144.804,49 € y un pasivo valorado en 6.124.379,57 €.

 

Dichos documentos pueden ser examinados por los interesados en la Secretaría del Juzgado, así como obtener copia en formato electrónico, a su costa.

 

2.- Dentro del plazo de DIEZ DÍAS, computado desde la última de las publicaciones de este edicto que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el diario de tirada provincial “El Día de Cuenca”, así como en el B.O.P. de Cuenca, los interesados, a excepción de aquellos que estén personados con representación procesal, que se consideren perjudicados por el inventario de bienes y derechos o por la lista de acreedores, podrán presentar impugnaciones en este Juzgado de lo Mercantil.

 

3.- Para hacerlo se necesita valerse de abogado y procurador.

 

Dado en CUENCA, a veinticuatro de octubre de dos mil ocho.

 

EL SECRETARIO JUDICIAL

B.O.E. 19-11-2008

B.O.P. CUENCA 26-11-2008

25/10/2008 19:06. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. CONCURSOS DE ACREEDORES No hay comentarios. Comentar.

CONVOCATORIA DE BOLSA DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUZGADOS Y TRIBUNALES

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Resolución de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Castilla-La Mancha, de 21 de octubre de 2008, por la que se convocan bolsas de trabajo de personal interinO

B A S E S

Primera. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Esta convocatoria tiene por objeto el establecimiento del procedimiento de selección y nombramiento de funcionarios interinos al servicio de la Administración de Justicia en Castilla-La Mancha.

2. El ámbito de aplicación de esta convocatoria es el correspondiente al de los centros de destino cuya gestión realiza el Ministerio de Justicia, a través de la Gerencia Territorial de Castilla-La Mancha, en relación con los siguientes Cuerpos:

a. Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa (GPA).

b. Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (TPA).

c. Cuerpo de Auxilio Judicial (AUXJ).

Segunda. Bolsas de trabajo.

1. Se constituirá una bolsa de trabajo en cada una de las provincias de Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo) por cada uno de los Cuerpos enumerados en la base primera. Únicamente se podrá solicitar la inclusión en las bolsas de trabajo de una provincia.

2. La experiencia en la gestión de la bolsa de trabajo ha puesto de manifiesto la dificultad para proveer plazas en determinados partidos judiciales. Con la finalidad de garantizar una gestión ágil y eficaz del personal interino se constituirán unos listados especiales en los que figurarán aquellos aspirantes que estando incluidos en la bolsa de trabajo y cupo de reserva, hubieran manifestado su disposición a prestar servicios en los centros de trabajo radicados en partidos judiciales cuya cabeza de partido diste más de 95 kilómetros de la capital de la provincia respectiva

(Referencia: itinerario más rápido Mapa Oficial de Carreteras Interactivo 2008 CD-ROM versión 13.0 del Ministerio de Fomento).

Esta opción deberá hacerse constar expresamente en la instancia por los interesados en ejercerla.

Para nombrar funcionarios interinos en dichos partidos judiciales se acudirá, en primer lugar, al listado especial y su cupo de reserva, hasta su agotamiento y, en segundo lugar, a la bolsa principal y su cupo de reserva.

 

Provincia Listado especial Partidos judiciales

CR1 Partidos judiciales de ALCAZAR DE SAN JUAN y TOMELLOSO

CR2 Partido judicial de ALMADEN Ciudad Real

CR3 Partido judicial de VILLANUEVA DE LOS INFANTES

Cuenca CU1 Partido judicial de SAN CLEMENTE

Guadalajara GU1 Partido judicial de MOLINA DE ARAGON

Toledo TO1 Partido judicial de QUINTANAR DE LA ORDEN

3. Agotado el cupo de reserva principal, se les ofrecerá la posibilidad de aceptar voluntariamente la provisión de puestos en una provincia diferente a los integrantes de la bolsa de las demás provincias, por orden de proximidad a la localidad sede del centro de destino.

4. Teniendo en cuenta el número de puestos de trabajo totales en cada provincia y el número de funcionarios interinos nombrados a la fecha de publicación de esta convocatoria, cada bolsa principal estará formada por el número de personas que se detalla a continuación:

 

GPA

TPA

A.J.

ALBACETE

22

40

16

CIUDAD REAL

34

58

26

CUENCA

11

16

10

GUADALAJARA

20

26

14

TOLEDO

41

56

34

El cupo de reserva estará integrado por el doble número de personas que su bolsa correspondiente.

5. En cada bolsa se reservará el 5% de las plazas para aquellos aspirantes afectados por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, con una discapacidad igual o superior al 33 por ciento.

Dichos aspirantes deberán aportar en el momento de presentar la solicitud, la certificación de reconocimiento de grado de minusvalía, a tenor de lo regulado en el Real Decreto 1.971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía (BOE 26-I-2000, corrección errores BOE 13-III-2000).

Además, deberán aportar un informe del órgano competente en la materia en el que deberá constar que están en condiciones de cumplir las tareas fundamentales de los puestos de trabajo a que aspiran y las adaptaciones necesarias de dichos puestos. En cualquier caso la compatibilidad con el desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo se valorará teniendo en cuenta las adaptaciones que se puedan realizar en él. Dicho informe habrá de ser presentado junto con la solicitud de participación. De no ser posible su aportación dentro del plazo de presentación de solicitudes, se deberá acompañar al menos el justificante de haberlo solicitado. En este caso los aspirantes tendrán que aportar el informe dentro del plazo de subsanación de defectos a que se refiere la base octava.

….

 

Sexta. Presentación de solicitudes y documentación.

1. La inclusión en las nuevas bolsas de personal interino no es automática en ningún caso, por lo que todas las personas incluidas en las bolsas anteriores que quieran formar parte de las nuevas bolsas tendrán la obligación de presentar la correspondiente solicitud a los Cuerpos a los que quieran optar, incluido, en su caso, el Cuerpo en el que estén prestando servicios como interino en el momento de la publicación de esta convocatoria o durante el plazo de presentación de instancias.

2. Quienes deseen formar parte de las bolsas de trabajo deberán presentar una única solicitud en el registro de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Castilla-La Mancha (C/ Dionisio Guardiola, 44 bis, 02071-ALBACETE), en horario de 8’30 a 10’30 horas, de lunes a viernes, utilizando el modelo de instancia que se acompaña como anexo I a esta convocatoria, quedando vinculados a los datos que hayan hecho constar en la misma.

3. Igualmente, podrán entregarse las instancias en los lugares que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-XI-1992). En Correos deberán presentarse en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el empleado de la oficina.

4. El plazo de presentación de solicitudes comienza el 27 de octubre y finaliza el 7 de noviembre de 2008, ambos incluidos, sin que incida en el cómputo de dicho plazo cualquier otra forma de publicidad que pueda darse a esta convocatoria.

No se admitirán las instancias presentadas por fax o correo electrónico.

Si el interesado presenta más de una instancia sólo se tendrá en cuenta aquella con entrada más reciente en el registro de la Gerencia, quedando anuladas las anteriores.

Quedarán excluidas aquellas personas que no cumplimenten los campos obligatorios de los datos personales de la solicitud.

5. La solicitud deberá venir acompañada de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del D.N.I.

b) Fotocopia de la titulación exigida para el ingreso en el Cuerpo correspondiente y, en el caso del Cuerpo de

Tramitación Procesal y Administrativa, fotocopia de la documentación acreditativa de los conocimientos de mecanografía a que se refiere la base quinta.

 

c) Documentación acreditativa de estar inscrito en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo como demandante de empleo o mejora del mismo.

d) Documentación acreditativa de los méritos a que se refiere la base séptima.

Los méritos o circunstancias no alegados en la solicitud y, en su caso, los no acreditados no se tendrán en cuenta a la hora de su baremación.

 

 TEXTO ÍNTEGRO DE LA CONVOCATORIA

INSTANCIA BOLSA DE TRABAJO

27/10/2008 14:38. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. Noticias Judiciales No hay comentarios. Comentar.

INADMISIÓN A TRÁMITE DE CONCURSOS VOLUNTARIOS DE PERSONAS FÍSICAS SOCIOS DE MERCANTIL CONCURSADA. CNO 525 526 527 y 542/2008

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A U T  

EL MAGISTRADO-JUEZ  D. MIGUEL GIRON GIRON

 

En CUENCA, a veintiuno de octubre de dos mil ocho

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.- Por la Procuradora Sra. MARÍA JOSEFA HERRÁIZ CALVO, en nombre y representación de la persona física I. L. M., se ha presentado escrito solicitando la declaración de concurso de su representado, acompañando los documentos expresados en el artículo 6 de la Ley Concursal (LC), previo requerimiento de subsanación, verificado dentro de plazo.

 

SEGUNDO.- Se afirma en la solicitud que el deudor tiene domicilio en la localidad de XXXXXXXXX (Cuenca), calle XXXXXXXXX nº 25.

 

TERCERO.- Se alega también en la solicitud que el deudor se encuentra en estado de insolvencia inminente, y que no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles una vez se ejecuten las pólizas e hipotecan que resultan de la documentación acompañada con la demanda.

 

CUARTO.- Se alega que la certeza de los hechos anteriores se demuestra con los documentos que acompaña a la solicitud de declaración de concurso voluntario.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

PRIMERO.- Este Juzgado es competente territorialmente para conocer de la solicitud de concurso expresada en los antecedentes, por tener el deudor su domicilio en el territorio de esta circunscripción (apartado 1 del artículo 10 de la LC).

 

SEGUNDO.- El solicitante reúne los requisitos de capacidad procesal, postulación y legitimación exigidos para esta petición en los artículos 3 y 184.2 de la LC, cumpliéndose así el presupuesto subjetivo del concurso como es tratarse de persona física o jurídica que al solicitar la declaración reúna los requisitos legales.

 

TERCERO.- Analizado del presupuesto subjetivo del concurso, procede analizar la concurrencia del resto de presupuestos necesarios para la admisión a trámite de la solicitud.

 

PRESUPUESTO OBJETIVO: Según resulta de la propia Exposición de Motivos de la Ley Concursal, así como de su artículo 2, el presupuesto objetivo del concurso viene determinado por la insolvencia o “sobreseimiento general en el pago corriente de sus obligaciones” por el deudor, sobreseimiento que podrá ser actual en el caso de que varios acreedores con créditos vencidos ejerciten acciones contra el patrimonio del concursado; o inminente, en el caso de “créditos” vencidos cuya reclamación amenaza el patrimonio del solicitante del concurso, que prevé que no podrá hacer frente a su pago.

 

FINALIDAD: se pretende evitar el vencimiento y la reclamación de nuevos créditos que amenacen el patrimonio del solicitante e interrumpir el devengo de intereses, y todo ella para conseguir alguno de estos fines: el convenio con los acreedores, o la liquidación ordenada del patrimonio de manera que respete la “par conditio creditorum”. Se trata, en definitiva, de la satisfacción de una pluralidad de acreedores del deudor común, y conforme a los criterios que marca la Ley Concursal, ante una situación de insuficiencia patrimonial del deudor.

 

PRUEBA: incumbe al solicitante de concurso, ya sea voluntario o necesario, probar aquellos denominados “hechos reveladores” de la situación alegada, y resultantes del artículo 2 de la Ley Concursal:

·        Deudor común; siendo doctrina generalizada que la existencia de una pluralidad de acreedores es presupuesto necesario para admitir la solicitud de declaración de concurso, por cuanto la declaración de concurso va a producir efectos no sólo sobre el patrimonio del deudor, sino también sobre los acreedores, los contratos y los actor perjudiciales para la masa activa.

·        Incumplimiento regular y puntual, actual o inminente, de sus obligaciones exigibles, atendiendo a los medios ordinarios de mercado. Es decir, insolvencia, siendo obligación del deudor que solicita el concurso probar que carece de patrimonio suficiente para atender de manera puntual el cumplimiento de sus obligaciones respecto de dicha pluralidad de acreedores.

·         Y si el concurso es solicitado por algún acreedor, alguno de los supuestos tasados como “númerus clausus” en el párrafo 4º del artículo 2.

 

CUARTO.- Se alega en la solicitud que la parte actora se encuentra en estado de insolvencia  inminente como marca la Ley Concursal, como consecuencia del vencimiento de distintas pólizas de “confirming”, préstamo, hipotecaria y de crédito, si bien valorados los datos extraídos de la solicitud de concurso, junto con la memoria histórica y jurídica de su actividad, no procede tener por acreditados los presupuesto necesarios para admitir a trámite la solicitud de concurso:

1º.                    En lo referente al presupuesto objetivo del concurso, debiendo acreditar la existencia de una pluralidad de acreedores y la situación de insolvencia conviene examinarlos por separado:

                          I.           el solicitante ha aportado copias de los burofax remitidos por la entidad BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA remitidos a la demandante a finales de agosto y primeros días de septiembre, dando por vencidas las pólizas de préstamo hipotecario y préstamo y comunicando los saldos exigibles en función de los contratos firmados en su momento, y en los que se ha subrogad. No acredita en ningún momento que transcurrido más de un mes desde dicha fecha se haya reclamado judicialmente dichos importe. Si bien es cierto, que el solicitante, y para justificar la existencia de una pluralidad de acreedores, alega y aporta una póliza de crédito con la entidad BANCO SABADELL ATLÁNTICO, en ningún momento consta acreditado el vencimiento o la exigibilidad del importe resultante de la misma; así como respecto de la anterior entidad sí se aportan los requerimientos previos al ejercicio de acciones judiciales, no ocurre así en el presente caso, y más bien parece que la razón de su inclusión en la lista no obedece sino a la necesidad de intentar acreditar dicha pluralidad de acreedores, que en este caso no puede aceptarse respecto de la entidad BANCO SABADEL ATLÁNTICO, por no haberse acreditado. Asimismo, resulta revelador cómo el demandante a pesar de reconocer y aportar a autos justificación documental del vencimiento de créditos respecto de la entidad BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA, al aportar como documento 9 de la demanda la relación de acreedores desglosa en dos las entidades acreedoras: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA y SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING SA, a pesar de que en el propio relato de su demanda reconoce como filial de la primera a la segunda; pero es más ni siquiera aporta justificación documental del vencimiento del crédito respecto de la segunda, ni su reclamación judicial, por lo que no procede tener por acreditada el vencimiento de la deuda de SANTANDER FACTORING Y CONFIRMING SA, que en cualquier caso estaría integrada en la primera entidad.

                     II.           En lo referente a la acreditación de la situación de insolvencia, el solicitante inventaría sus bienes y derechos por un valor total de XXXXXXXXXXXX €, habiéndose estimado, que no acreditado, como pasivo exigible por la entidad BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA 1.300.000,00 euros. La consecuencia derivada es que el solicitante no puede considerarse probado que esté incurso en situación de insolvencia, en cuanto a desfase del activo y el pasivo, ni que no pueda salir de su situación actual atendiendo a los medios ordinarios de mercado.

 

2º.                    En cuanto a la finalidad de la solicitud de concurso formulada el propio demandante reconoce que en el “seno del concurso de la mercantil XXXXXXXXXX SL se obtendrá la íntegra satisfacción de los créditos que se han dejado desatendidos. Lo que se trata de evitar es que nuestra patrocinada se vea forzada a una liquidación apresurada o ruinosa de los bienes de que es titular, a fin de poder atender los requerimientos de pago del Banco de Santander…”. Es decir el propio solicitante reconoce que la finalidad de solicitar que se le declare en concurso no es ninguna de las previstas legalmente, y que el crédito reclamado obtendrá satisfacción en el concurso de la mercantil XXXXXXXXXXX SL. En conclusión, el propio actor reconoce que la finalidad de la presente demanda es evitar que el BANCO DE SANTANDER ejecute las garantías personales constituidas en los contratos de pólizas de confirming, hipoteca de máximo y póliza de préstamo, aportadas a autos, y que voluntariamente asumieron las partes firmantes de las mismas; con lo cual no se está sino subvirtiendo un procedimiento cuya naturaleza y finalidad no es la pretendida.

 

QUINTO.- El derecho a la tutela judicial efectiva a que tiene derecho el deudor y que la Ley Concursal atribuye no sólo como un derecho sino una obligación del deudor que prevé su situación de insolvencia inminente no se ve tampoco lesionado en este caso, dado que en cualquier caso es obligación del mismo acreditar la concurrencia de los presupuestos necesarios para la declaración de concurso, no siendo aquél un derecho ilimitado, sino sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente, y que no han sido verificados en el presente caso.

 

PARTE DISPOSITIVA

 

Se desestima la solicitud de concurso formulada por la Procuradora Sra. MARÍA JOSEFA HERRÁIZ CALVO, en nombre y representación de la persona física I. L. M., en base a los razonamientos expuestos anteriormente, que damos por reproducidos.

 

MODO DE IMPUGNACIÓN:

 

RECURSO DE REPOSICIÓN por medio de escrito presentado en este Juzgado, en plazo de CINCO DÍAS, computados desde la notificación del auto con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso (artículos 20.2 y 197 LC y 452 LECn).

Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.

 

 EL MAGISTRADO JUEZ                EL SECRETARIO JUDICIAL

27/10/2008 15:13. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. CONCURSOS DE ACREEDORES No hay comentarios. Comentar.

SENTENCIA EN JUICIO DE FALTAS POR INJURIAS Y AMENAZAS 71/2008

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SENTENCIA N° 81/2008

       En CUENCA, a 24 de octubre de 2008.

   DON MIGUEL GIRON GIRON, Juez del Juzgado de Instrucción n° 2 de Cuenca y su partido, ha visto en juicio oral y público los presentes autos de juicio de faltas registrados con el n° 71/08, seguidos por una presunta falta de injurias y amenazas, en los que ha sido parte denunciante XXXXXX Y XXXXXXXX y, parte denunciada XXXXXXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de denuncia presentada por una presunta falta de injurias y amenazas.

    Por turno de reparto correspondió a este Juzgado el conocimiento de las mismas. Tras la práctica de las diligencias oportunas y previos los trámites legales, se dictó providencia señalándose para la celebración del juicio oral el día 16 de octubre de 2008, citándose al mismo a las partes, previniéndoles que deberán comparecer acompañadas de los testigos y medios de prueba de que intenten valerse. 

SEGUNDO.-  En el día y hora señalado para la celebración del juicio, comparecieron todas las partes.

  Se practicaron las pruebas de interrogatorio de los comparecientes y la  documental unida a las actuaciones.

TERCERO.- Los denunciantes interesan la condena del denunciado.

HECHOS PROBADOS

UNICO.-  Que el dia 23 de junio de 2008 XXXXX y su esposa XXXXXXXXX interpusieron denuncia contra XXXXXXXX por insultos y amenazas ocurridos a las 22,00 horas del mismo dia, hechos que no han quedado acreditados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos declarados probados, no son constitutivos de infracción penal alguna, dadas las dos versiones totalmente contradictorias por parte de los dos implicados en los.

    En el juicio, ambas partes ofrecieron versiones contradictorias de los hechos. En relación a la existencia de versiones contradictorias, cabe recordar reiterada doctrina jurisprudencial conforme a la cual, al quedar reducido el sustento probatorio a las contradictorias versiones ofrecidas por cada uno de los implicados en los hechos enjuiciados, procede la absolución al no existir méritos suficientes para fundamentar un pronunciamiento condenatorio que, en todo caso, debe descansar sobre una probanza, ya concreta ya suficientemente indiciaria y racional que enerve la presunción iuris tantum de inocencia proclamada por el artículo 24 de nuestra Constitución, que por lo demás exige una valoración de la prueba practicada con arreglo al principio in dubio pro reo, de modo que si de la actividad probatoria no resulta acreditada la realización del hecho de forma indubitada, el Juzgador debe optar por la libre absolución (STC 21 de diciembre y 31 de enero de 1983 entre otras).

  En cualquier caso, y a mayor abundamiento, de las alegaciones de las partes lo unico que ha quedado acreditado son las malas relaciones que existen entre ellos aun siendo familia, pero respecto de los hechos ninguna prueba se ha practicado tendente a su acreditación, existiendo solamente la palabra de uno frente a la de otro; ninguna de estas versiones ha sido corroborada por otro medio probatorio, por lo que existe una total ausencia de prueba de cargo para poder incriminar al denunciado, y por lo que procede su absolución.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal, en relación con el artículo 240 de la L.E.Cr., al recaer pronunciamiento absolutorio, no procede la condena en costas.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

ABSUELVO libremente del hecho origen de las presentes actuaciones a  XXXXXXXXX con todos los pronunciamientos favorales.

Notifíquese ésta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su notificación.

 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

 

 

PUBLICACION.- Dada, leída y publicada, ha sido la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que Doy .

SENTENCIA EN JUICIO DE FALTAS POR INSULTOS Y AMENAZAS 70/2008

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SENTENCIA N°82/2008

        En CUENCA, a 24 de octubre  de 2008. 

     DON MIGUEL GIRON GIRON, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de Cuenca y su partido, ha visto en juicio oral y público los presentes autos de juicio de faltas registrados con el n° 70/08, seguidos por una presunta falta de insultos y amenazas, en los que han intervenido, como parte denunciante/dos, REPRESENTANTE LEGAL DE XXXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de denuncia presentada por una presunta falta DE amenazas.

   Por turno de reparto correspondió a este Juzgado el conocimiento de las mismas. Tras la práctica de las diligencias oportunas y previos los trámites legales, se dictó providencia señalándose para la celebración del juicio oral el día 16 de octubre de 2.008, citándose al mismo a las partes, previniéndoles que deberán comparecer acompañadas de los testigos y medios de prueba de que intenten valerse. 

SEGUNDO.-  En el día y hora señalado para la celebración del juicio comparecieron ambas partes, retirando las mismas las denuncias que tenian interpuestas mutuamente.

 

HECHOS PROBADOS

UNICO.-  Que las presentes diligencias se incoaron en virtud de atestado de la Policia Nacional que obran al inicio de las mismas.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El derecho a la presunción de inocencia se configura por el art. 24.2 CE como garantía procesal del imputado y derecho fundamental del ciudadano. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia (STC 64/1986 de 21 mayo).

     El Tribunal Constitucional en la STC 44/1989 de 20 de febrero dice que “constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado. Para llegar a la condena es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano judicial pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia, como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige que se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el Tribunal pueda condenar”.

SEGUNDO.- Centrándonos en el caso de autos, no procede exigir responsabilidad penal alguna a los denunciados, pues, en el acto del juicio manifestaron no querer denunciar los hechos, por lo que no habiendo acusación por la parte ni tampoco por el Ministerio Fiscal, por lo que procede su absolución.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal, en relación con el artículo 240 de la L.E.Cr., al recaer pronunciamiento absolutorio, no procede la condena en costas.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación,

 

FALLO

 ABSUELVO libremente del hecho origen de las presentes actuaciones a  XXXXXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXXX.

Notifíquese ésta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal.

 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su notificación.

 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

 

 

PUBLICACION.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que Doy .

SENTENCIA EN JUICIO DE FALTAS POR AMENAZAS 68/2008

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SENTENCIA N°  83/2008

        En CUENCA, a 24 de octubre  de 2008.

     DON MIGUEL GIRON GIRON, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de Cuenca y su partido, ha visto en juicio oral y público los presentes autos de juicio de faltas registrados con el n° 68/08, seguidos por una presunta falta de amenazas, en los que han intervenido, como parte denunciante, XXXXXXX, como parte denunciada, XXXXXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de denuncia presentada por una presunta falta DE amenazas.

   Por turno de reparto correspondió a este Juzgado el conocimiento de las mismas. Tras la práctica de las diligencias oportunas y previos los trámites legales, se dictó providencia señalándose para la celebración del juicio oral el día 16 de octubre de 2.008, citándose al mismo a las partes, previniéndoles que deberán comparecer acompañadas de los testigos y medios de prueba de que intenten valerse. 

SEGUNDO.-  En el día y hora señalado para la celebración del juicio no compareció el denunciante, si haciendolo el denunciado.

HECHOS PROBADOS

UNICO.-  Que las presentes diligencias se incoaron en virtud de atestado de la Policia Nacional que obran al inicio de las mismas. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El derecho a la presunción de inocencia se configura por el art. 24.2 CE como garantía procesal del imputado y derecho fundamental del ciudadano. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia (STC 64/1986 de 21 mayo).

     El Tribunal Constitucional en la STC 44/1989 de 20 de febrero dice que “constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado. Para llegar a la condena es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano judicial pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia, como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige que se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el Tribunal pueda condenar”.

SEGUNDO.- Centrándonos en el caso de autos, no procede exigir responsabilidad penal alguna al denunciado, pues, no obstante haber sido citados en legal y debida forma, no compareció al juicio el denunciante. La ausencia de la parte denunciante motivó que no pudiera desarrollarse actividad probatoria alguna que permitieran incriminarles en los hechos objetos de la denuncia, no habiendo acusación por la parte ni tampoco por el Ministerio Fiscal, por lo que procede su absolución.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal, en relación con el artículo 240 de la L.E.Cr., al recaer pronunciamiento absolutorio, no procede la condena en costas.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

 

 ABSUELVO libremente del hecho origen de las presentes actuaciones a  XXXXXXXXX.

 

Notifíquese ésta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal.

 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su notificación.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

 

 

PUBLICACION.-  Dada, leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que, Doy .

SENTENCIA EN JUICIO DE FALTAS POR LESIONES 79/2008

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SENTENCIA N°  85/2008

        En CUENCA, a 24 de octubre  de 2008.      DON MIGUEL GIRON GIRON, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de Cuenca y su partido, ha visto en juicio oral y público los presentes autos de juicio de faltas registrados con el n° 79/08, seguidos por una presunta falta de lesiones, en los que han intervenido, el Ministerio Fiscal como representante de la acusación pública y como parte denunciante, M. R. y, como parte denunciada, H. M..

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de denuncia presentada por una presunta falta DE lesiones.

   Por turno de reparto correspondió a este Juzgado el conocimiento de las mismas. Tras la práctica de las diligencias oportunas y previos los trámites legales, se dictó providencia señalándose para la celebración del juicio oral el día 16 de octubre de 2.008, citándose al mismo a las partes, previniéndoles que deberán comparecer acompañadas de los testigos y medios de prueba de que intenten valerse. 

SEGUNDO.-  En el día y hora señalado para la celebración del juicio no compareció el denunciante, si haciendolo el Ministerio Fiscal y el denunciado. Por el Ministerio Fiscal se solicitó la absolución del denunciado por falta de pruebas.

HECHOS PROBADOS

UNICO.-  Que las presentes diligencias se incoaron en virtud de atestado de la Policia Nacional que obran al inicio de las mismas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El derecho a la presunción de inocencia se configura por el art. 24.2 CE como garantía procesal del imputado y derecho fundamental del ciudadano. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia (STC 64/1986 de 21 mayo).

     El Tribunal Constitucional en la STC 44/1989 de 20 de febrero dice que “constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado. Para llegar a la condena es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano judicial pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia, como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige que se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el Tribunal pueda condenar”.

SEGUNDO.- Centrándonos en el caso de autos, no procede exigir responsabilidad penal alguna al denunciado, pues, no obstante haber sido citado en legal y debida forma el denunciante, no compareció al juicio. La ausencia de la parte denunciante motivó que no pudiera desarrollarse actividad probatoria alguna que permitieran incriminarles en los hechos objetos de la denuncia, no habiendo acusación por la parte ni tampoco por el Ministerio Fiscal, por lo que procede su absolución.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal, en relación con el artículo 240 de la L.E.Cr., al recaer pronunciamiento absolutorio, no procede la condena en costas.

 

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

 ABSUELVO libremente del hecho origen de las presentes actuaciones a  XXXXXX.

Notifíquese ésta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su notificación.

 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

 

PUBLICACION. Dada, leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que, Doy .

SENTENCIA EN JUICIO DE FALTAS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO, LESIONES E INJURIAS 80/2008

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SENTENCIA N° 87/2008 

En Cuenca, a 24 de octubre de 2008.

Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción n°2 de esta ciudad, habiendo vistos los presentes autos del Juicio de Faltas nº 80/08, seguidos por una presuntas faltas contra el orden público, lesiones y injurias, en el que son partes: el Ministerio Fiscal, en representación de la acción pública; M. V. G. y M. F. F. como denunciantes, y J. A. R. L., como denunciado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de atestado de la Policía Nacional por unos hechos ocurridos el 2 DE FEBRERO DE 2.008, correspondiendo su conocimiento a este Juzgado por turno de reparto.

Previos los trámites legales, se señaló el día 16 de octubre de 2008 para la celebración del juicio, a la que fueron citadas las partes y el Ministerio Fiscal.

SEGUNDO.- El día señalado se celebró el juicio, al que asistieron el Ministerio Fiscal, y demás partes, no compareciendo el denunciado, pesa a estar citado en legal forma. En el acto de la vista y tras las declaraciones de las partes, cuyo resultado se puede observar en el acta unida a las presentes actuaciones, el Ministerio Fiscal interesó la condena del denunciado como autor de una falta contra el orden público del art.634 CP a la pena de 30 días de multa con una cuota diaria de seis euros, de otra falta prevista y penada en el art. 620.2 del C.P a la pena de 20 días de multa a razón de una cuota diaria de 6 euros y de otra falta prevista y penada en el art. 617.2 del C.P a la pena de 30 días de multa a razón de una cuota diaria de 6 euros.

TERCERO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO.- El día 2 de febrero de 2.008 sobre las 23,30 horas el denunciado J. A. R. L.se encontraba dentro de la bocatería “La XXXXXXXX”, sita en esta Ciudad en calle XXXXXXXXXX, regentada por M. V. G., junto con otros jóvenes, quienes consumieron unos bocadillos que abonaron, y en ese momento J. A.  le espetó a M.la expresión “Estás muy guapa, me pones cachondo”, y en este momento M. le dijo que estaba embarazada y que no continuara con esas expresiones, diciéndole J. A.  que le pusiera un VEGETAL, y al servírselo, J. A.  lo tiró al suelo y le dijo que le diera toda la comida que había en la barra y que había pagado, por lo que M. le dijo que solo había pagado las porciones de pizza, momento que J. A. cogió un servilletero de metal del mostrador y se lo tiró a M., no impactando en la barriga de la misma porque puso el brazo delante impactando en el mismo, sin que le causara lesiones, entrando varios clientes y lo sacaron fuera del local, entrando nuevamente y diciéndole a M. “Voy a reventar todo lo que hay aquí y a ti también”, llegando la policía para identificar al autor de los hechos, este sale corriendo, siendo interceptado al final de la calle XXXXXXXXXX, y al decirle que se identificara, J. A.  comenzó a lanzar patadas y puñetazos sin conseguir impactar sobre ninguno de ellos, y como quiera que seguía con resistencia los agentes le pusieron las esposas y deteniendo al mismo, subiéndolo al coche oficial para su traslado a Comisaría, y en dicho trayecto el detenido comenzó a insultar y amenazar a los agentes con expresiones tales como “Os voy a matar, Hijos de puta, Cabrones”, y dando patadas a la puerta trasera del vehículo y cabezazos sobre la mampara protectora del mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos narrados anteriormente se han declarado probados en virtud de la declaración de la denunciante así como de los Agentes de la Policía Nacional efectuadas en el acto del juicio. La credibilidad atribuida a dicha declaración proviene de que no existen motivos para dudar de su veracidad y objetividad.

SEGUNDO.- Los hechos declarados probados son constitutivos de una falta de maltrato de obra del art. 617.2 del C.P, otra de amenazas del art. 620.2 del C.P y otra contra el orden público del artículo 634 C.P.

En el presente supuesto se cumplen los requisitos del tipo exigidos en las tres faltas; así J. A. tiró un servilletero de metal sobre M. impactando sobre el brazo de la misma, sin que le causara lesión, al mismo tiempo J. A.  profirió expresiones como “ voy a reventar todo lo que hay aquí y a ti también”, refiriéndose a M. y por último J. A.  profirió expresiones como “os voy a matar, hijos de puta” hacia los agentes de policía, así como lanzaba patadas hacia los agentes y el vehículo oficial.

TERCERO.- De dichas faltas aparece como responsable en concepto de autor J. A. R. L., por su participación directa, material y voluntaria en los hechos.

CUARTO.- La falta del art.634 CP tiene señalada una pena de multa de diez a sesenta días, la falta de amenazas del art. 620.2 CP, tiene señalada una pena de multa de diez a veinte días, y la falta de maltrato de obra del art. 617.2 CP tiene señalada una pena de localización permanente de dos a seis días o multa de diez a treinta días. De acuerdo con la regulación de la pena de multa contenida en el art.50 del mismo Cuerpo legal y el artículo 638 C.P que dispone que “en la aplicación de las penas de este Libro procederán los Jueces y Tribunales, según su prudente arbitrio, dentro de los límites de cada una, atendiendo a las circunstancias del caso y del culpable”, procede imponer la pena de treinta días de multa por cada una de las faltas del art. 617.2 y del art. 634 del CP, y de veinte días de multa por la falta de amenazas del art. 620.2, de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio Fiscal, con una cuota diaria de tres euros, fijada en atención al principio “in dubio pro reo” al no constar acreditada la capacidad económica del condenado. En caso de impago, el condenado quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, tal y como lo establece el art.53 C.P.

QUINTO.- De conformidad con el artículo 123 C.P, las costas procesales se entienden impuestas a los criminalmente responsables de todo delito o falta.

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que DEBO CONDENAR Y CONDENO a J. A. R. L. como autor criminalmente responsable de una falta contra el orden público prevista y penada en el artículo 634 del Código Penal a la pena de TREINTA DÍAS DE MULTA CON UNA CUOTA DIARIA DE TRES EUROS, como autor responsable criminalmente de una falta de maltrato de obra prevista y penada en el art. 617.2 del CP, a la pena de TREINTA DIAS DE MULTA CON UNA CUOTA DIARIA DE TRES EUROS, y como autor criminalmente responsable de una falta de amenazas prevista y penada en el art. 620.2 del CP, a la pena de VEINTE DIAS DE MULTA CON UNA CUOTA DIARIA DE TRES EUROS, que en caso de resultar impagadas podrá ser sustituida por un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, así como al pago de las costas procesales.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, en el plazo de cinco días desde su notificación, ante este Juzgado y del que conocerá la Audiencia Provincial.

 

Así lo acuerdo y firmo,

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario doy fe.

SENTENCIA EN JUICIO DE FALTAS POR DAÑOS 75/2008

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SENTENCIA N°  86 /2008

        En CUENCA, a 24 de octubre  de 2008.      DON MIGUEL GIRON GIRON, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de Cuenca y su partido, ha visto en juicio oral y público los presentes autos de juicio de faltas registrados con el n° 75/08, seguidos por una presunta falta de daños, en los que han intervenido, el Ministerio Fiscal como representante de la acusación pública y como parte denunciante, A. P. C. y XXXXXXXX S.L y, como parte denunciada, F. J. T. A..

ANTECEDENTES DE HECHOPRIMERO.-  Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de denuncia presentada por una presunta falta DE daños.   Por turno de reparto correspondió a este Juzgado el conocimiento de las mismas. Tras la práctica de las diligencias oportunas y previos los trámites legales, se dictó providencia señalándose para la celebración del juicio oral el día 16 de octubre de 2.008, citándose al mismo a las partes, previniéndoles que deberán comparecer acompañadas de los testigos y medios de prueba de que intenten valerse. SEGUNDO.-  En el día y hora señalado para la celebración del juicio no compareció nadie, si haciendolo el Ministerio Fiscal. Por el Ministerio Fiscal se solicitó la absolución del denunciado por falta de pruebas.

HECHOS PROBADOS

UNICO.-  Que las presentes diligencias se incoaron en virtud de atestado de la Guardia Civil que obran al inicio de las mismas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El derecho a la presunción de inocencia se configura por el art. 24.2 CE como garantía procesal del imputado y derecho fundamental del ciudadano. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia (STC 64/1986 de 21 mayo).

     El Tribunal Constitucional en la STC 44/1989 de 20 de febrero dice que “constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado. Para llegar a la condena es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano judicial pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia, como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige que se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el Tribunal pueda condenar”.

SEGUNDO.- Centrándonos en el caso de autos, no procede exigir responsabilidad penal alguna al denunciado, pues, no obstante haber sido citados en legal y debida forma, no comparecieron al juicio ni denunciantes ni denunciados. La ausencia de la parte denunciante motivó que no pudiera desarrollarse actividad probatoria alguna que permitieran incriminarles en los hechos objetos de la denuncia, no habiendo acusación por la parte ni tampoco por el Ministerio Fiscal, por lo que procede su absolución.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal, en relación con el artículo 240 de la L.E.Cr., al recaer pronunciamiento absolutorio, no procede la condena en costas.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación,

 

FALLO

ABSUELVO libremente del hecho origen de las presentes actuaciones a  F. J. T. A..

Notifíquese ésta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su notificación.

 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

 

PUBLICACION.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo, Doy fe.

SENTENCIA EN JUICIO DE FALTAS POR HURTO Y DAÑOS 31/2008

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SENTENCIA Nº 88/2008  

En Cuenca, a 24 de octubre de 2008.

Vistos por mí, MIGUEL GIRÓN GIRÓN, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción n°2 de esta ciudad, los presentes autos de juicio de faltas n°31/08, seguidos por una presunta falta de hurto y daños, en el que han sido partes: el Ministerio Fiscal, en representación de la acción pública; A. C. G., como denunciante, y O. L. G. I. Y I. S. G., como denunciados.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de atestado de la Policía Nacional, correspondiendo su conocimiento a este Juzgado por turno de reparto.

Previos los trámites legales, se señaló el día 16 de octubre de 2008 para la celebración del juicio, a la que fueron citadas las partes y el Ministerio Fiscal.

 

SEGUNDO.- El día señalado se celebró el juicio, al que comparecieron el Ministerio Fiscal, así como denunciante y el denunciado O. L., pero no el denunciado I. S., pese a su citación en forma legal. En el acto de la vista y tras la declaración del denunciante y denunciado y la testigo M. N. R. R., cuyo resultado es de ver en el acta, el Ministerio Fiscal interesó la condena de los denunciados como autores de una falta de hurto del art.623.1 del Código Penal a la pena de un mes de multa con una cuota diaria de tres euros, quedando finalmente conclusos los autos para sentencia.

TERCERO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- El día 27 de noviembre de 2007 O. L. G. I. E I. S. G. entraron en la estación de servicio Depaso sita en la calle XXXXXXXX de esta Ciudad y se apoderaron de dos botellas de litro de cerveza que no abonaron su importe y salieron a pie hacia el antiguo cine Xucar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos narrados anteriormente se han declarado probados en virtud de la declaración del propio denunciado comparecido, y de la testigo encargada de la tienda M. N. R. R., reconociendo que pasaron a la tienda y cogieron dos botellas de cerveza y que no las pagaron. Por otro lado no han quedado acreditados que los daños en su dia denunciados en la moto de A. C. hubiesen sido causados por los hoy denunciados, pues no ha habido testigo alguno que haga decaer la presunción de inocencia.

SEGUNDO.- Los hechos declarados probados son constitutivos de una falta de hurto del artículo 623.1 del Código Penal, que castiga a los que cometan hurto si el valor de lo hurtado no excediera de 400 euros. La definición del hurto se encuentra en el art.234 del Código Penal, que castiga a los que con ánimo de lucro, tomaren las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño.

Ello porque los hoy denunciados cogieron las dos botellas de cerveza y se salieron a la calle sin abonar su importe.

TERCERO.- De dicha falta es responsable en concepto de autor ambos denunciados, por su participación directa, material y voluntaria en los hechos.

 

CUARTO.- La falta del art.623.1 CP tiene señalada una pena de localización permanente de 4 a 12 días o multa de uno a dos meses.

El art.638 del CP dispone que, en la aplicación de las penas señaladas a las faltas, procederán los Jueces y Tribunales según su prudente arbitrio, dentro de los límites de cada una de ellas, atendiendo a las circunstancias del caso y del culpable. De conformidad con dicho precepto, procede imponer a los declarados culpables la pena de un mes de multa, con una cuota diaria de tres euros a cada uno, solicitada por el Ministerio Fiscal. En caso de impago, el art. 53 C.P establece que el condenado quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas.

QUINTO.- El artículo 123 del Código Penal dispone que las costas procesales se entienden impuestas a los criminalmente responsables de todo delito o falta.

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que DEBO CONDENAR Y CONDENO a O. L. G. I. e I. S. G. como autores criminalmente responsables de una falta de hurto prevista y penada en el artículo 623.1 del Código Penal a la pena de UN MES DE MULTA CON UNA CUOTA DIARIA DE TRES EUROS, que en caso  de resultar impagada podrá ser sustituida por un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, así como al abono de las costas procesales.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que se interpondrá ante este Juzgado en el plazo de cinco días y del que conocerá la Audiencia Provincial.

Así lo acuerdo y firmo,

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario doy fe.

 

SENTENCIA EN JUICIO DE FALTAS 66/2008

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SENTENCIA N° 89/2008

         En CUENCA, a 28 de octubre de 2.008.

     DON MIGUEL GIRON GIRON, magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de Cuenca y su partido, ha visto en juicio oral y público los presentes autos de juicio de faltas registrados con el n° 66/08, seguidos por una presunta falta del artículo 620.2 del  Código Penal, con la intervención como parte denunciante, E. L. J. y parte denunciada, A. I. M. M., asistida del letrado Sr. Martinez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de atestada de la Guardia Civil remitido a este juzgado por una presunta falta del artículo 620.2 del C.P.

   Tras la práctica de las diligencias oportunas y previos los trámites legales, se dictó providencia señalándose para la celebración del juicio oral el día 16 de octubre de 2.008, citándose al mismo a las partes, previniéndoles que deberán comparecer acompañadas de los testigos y medios de prueba de que intenten valerse. 

SEGUNDO.-  En el día y hora señalado para la celebración del juicio comparecieron ambas partes. Por la denunciante se solicitó la condena de la denunciada. Por el letrado de la defensa se solicitó la libre absolución de su defendida.

HECHOS PROBADOS

UNICO.-  Que el 15 de febrero de 2008 E. L. J. presentó denuncia en el Cuartel de la Guardia Civil de XXXXXXXX denunciando a A. I. M. M.  por tener una camara de vigilancia instalada atentando contra su intimidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El derecho a la presunción de inocencia se configura por el art. 24.2 CE como garantía procesal del imputado y derecho fundamental del ciudadano. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia (STC 64/1986 de 21 mayo).

     El Tribunal Constitucional en la STC 44/1989 de 20 de febrero dice que “constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado. Para llegar a la condena es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano judicial pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia, como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige que se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el Tribunal pueda condenar”.

SEGUNDO.- Centrándonos en el caso de autos, no procede exigir responsabilidad penal alguna  a la denunciada, pues, el principio de presuncion de inocencia sigue rigiendo para la misma, sin que por la parte denunciante haya acreditado suficientemente que la camara que tiene instalada grabe zonas publicas y por tanto la posibilidad de que la denunciante pudiera ser grabada por la misma; y asi se desprende de la inspección ocular realizada por la Guardia Civil manifestando que la camara está instalada debajo de una lampara de luz situada en el rellano del patio de la vivienda de la denunciada, siendo de tipo fija y dirigida exclusivamente hacia su puerta de entrada, sin que la zona de captación de la misma alcance en ningún momento parte de la via pública; la segunda camara esta´ubicada en la antena parabolica situada en la fachada exterior de su domicilio, estando orientada la misma hacia la puerta del garaje cogiendo parte de la acera, estando la unidad central en el interior del domicilio estando conectadas a un monitor de ordenador sin posibilidad de grabación en ningún soporte informatico. Todo ello nos lleva a la conclusión que dichas camaras lo unico que hacen es recoger imágenes pero sin almacenarlas ni grabarlas, y aunque la camara que se encontraba en la antena parabólica captaba imágenes de una parte de la acera, no se ha acreditado que la imagen de la denunciante o de alguno de sus familiares estuvieran grabados en ningún soporte informatico, siendo a la vez dicha camara inutilizada por la denunciada para evitar problemas; siendo por ello que la sentencia ha de ser absolutoria

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal, en relación con el artículo 240 de la L.E.Cr., al recaer pronunciamiento absolutorio, no procede la condena en costas.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO 

 ABSUELVO libremente del hecho origen de las presentes actuaciones a  A. I. M. M..

Notifíquese ésta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su notificación.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

 

PUBLICACION.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, por el mismo Juez, que la dictó, de lo que. Doy .

SENTENCIA EN JUICIO VERBAL ESPECIAL DE ICP 23/2008

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SENTENCIA Nº 109/08En Cuenca, 27 de octubre de 2008.

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de esta ciudad, los presentes autos de incapacitación nº 23/08 promovidos a instancia del Ministerio Fiscal contra L. M. M.,  asistida por EL defensor judicial D. A. M. M., declarado en rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Ministerio Fiscal se presentó demanda promoviendo la  incapacitación de L. M. M. por estar afectada por una enfermedad que le impide gobernar su persona y bienes.

SEGUNDO.- Admitida la demanda, se dio traslado de la misma a la demandada, emplazándole para que contestara en el plazo de veinte días.

Transcurrido el plazo sin que se presentara contestación se nombró como defensor judicial a D. A. M. M., a la que se emplazó para que contestara a la demanda en veinte días; plazo que transcurrió sin que se presentara contestación por lo que se la declaró en rebeldía.

TERCERO.- Por providencia se señaló la celebración de la vista para que tuviera lugar el día 23 de septiembre de 2008, citándose a las partes. Con antelación a la celebración de la vista se practicó el reconocimiento judicial y forense de la presunta incapaz.

El día señalado se celebró la vista, en la que se practicó como prueba la audiencia de D. A. M. M. como parientes más próximos de la demandada. Tras la práctica de la prueba, el Ministerio Fiscal interesó la declaración de incapacidad de la demandada, así como con que se nombrara tutor de la misma a D A. M. M..

CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La incapacitación es el estado civil de la persona física, declarado judicialmente cuando concurra alguna de las causas legalmente tipificadas y que tiene como efecto principal la limitación de su capacidad de obrar y la consiguiente sumisión a tutela.

Como estado civil limitativo de derechos, está sometida, en cuanto a las causas que la determinan, al principio de legalidad, y en cuanto a sus efectos, a la previa constitución por resolución firme de los órganos jurisdiccionales, declaración que ha de ir precedida de una actividad probatoria suficiente para destruir la presunción de capacidad que asiste a toda persona y que afecta al derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad consagrado en el artículo 10.1 de la Constitución Española (Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1989 y 20 de marzo de 1991). Lo que significa que como principio general debe reputarse capaz a toda persona, mientras no se demuestre lo contrario por una prueba concluyente (SSTS de 26 de mayo de 1969, 1 de febrero de 1976 y 10 de febrero de 1986), y tal prueba ha de ir destinada a constatar la existencia de alguna de las causas de incapacidad que establece el artículo 200 del Código Civil, es decir, cualquier enfermedad o deficiencia física o psíquica, siempre que sea persistente y que impida a la persona gobernarse por sí misma.

La nota de la persistencia concurre no sólo cuando la enfermedad o deficiencia es irreversible sino también cuando aun siendo probablemente curable no pueda preverse el tiempo de la curación. Tampoco es preciso que la anomalía se manifieste de manera permanente, como ocurre en el caso de las enfermedades mentales cíclicas. Es indiferente también que la causa de incapacitación dimane de alteraciones o deficiencias psíquicas o físicas, siempre que éstas perturben el entendimiento y la voluntad y ocasionen en la persona la imposibilidad del propio gobierno, es decir, que no le permitan atender a su propio cuidado o al de sus bienes.

 

SEGUNDO.- La prueba practicada en el juicio, y especialmente el dictamen emitido por el Médico-Forense de fecha 11 DE junio de 2008, pone de manifiesto que Lucia  presenta un cuadro de demencia vascular con deterioro cognitivo severo que es cronica e irreversible. Dicha enfermedad, le inhabilita para realizar los actos más elementales de la vida diaria, afectando la incapacidad al control de su persona y bienes tanto en su faceta de administración como de disposición. Por ello procede su incapacitación de conformidad con el art. 200 C.C y 760 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Asimismo procede su incapacitación para ejercer el derecho de sufragio conforme al art.3.1.b de la Ley Orgánica 5/85 de 19 de junio de Régimen Electoral General.

 

TERCERO.- Conforme al art. 760.1 L.E.C, el incapaz será sometido a tutela. En el presente caso procede el nombramiento como tutor de D A. M. M. en beneficio de la propia incapaz y por ser la persona más idónea para el ejercicio del cargo, abriéndose expediente separado para todo lo relativo a la tutela y relevando al tutor del establecimiento de fianza.

CUARTO.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, persistiendo los motivos que determinaron que se acordara como medida cautelar el internamiento no voluntario de la incapaz, procede el mantenimiento de dicha medida.

QUINTO.- Atendiendo a la naturaleza especial del presente procedimiento no cabe hacer especial pronunciamiento sobre costas.

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que estimando la demanda presentada por el Misterio Fiscal debo declarar y declaro la incapacidad total de DÑA L. M. M. tanto para el cuidado de su persona como para la administración y disposición de sus bienes, así como para el derecho de sufragio, debiendo ser sometido al régimen tutelar. Se nombra tutor de la incapaz a D A. M. M..

Se autoriza el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico de la incapaz en la Residencia AMMA EL PINAR de Chillaron (Cuenca).

Los facultativos que atiendan a Doña A. deberán informar cada seis meses a este tribunal sobre la necesidad de mantener la medida de internamiento, sin perjuicio de los demás informes que el tribunal pueda requerir cuando lo crea pertinente. Además deberán comunicar a este Juzgado el alta del enfermo cuando consideren que no es necesario mantener el internamiento.

No cabe hacer especial pronunciamiento sobre costas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días, que se interpondrá ante este Juzgado y del que conocerá la Audiencia Provincial.

Una vez firme esta resolución, líbrese exhorto al Juzgado encargado del Registro Civil donde conste el nacimiento del incapaz para la anotación de esta sentencia en el acta de inscripción de nacimiento.

Líbrese oficio a la Oficina del Censo Electoral acompañando testimonio de la sentencia para dar de baja a DÑA L. M .M . de la lista del censo electoral.

Ábrase expediente de tutela con testimonio de esta resolución citando al tutor D A. M. M. para que acepte el cargo  y presente inventario de bienes del incapaz.

Así lo acuerdo y firmo,

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario doy fe.

SENTENCIA EN JUICIO VERBAL ESPECIAL DE ICP 781/2007

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SENTENCIA Nº 110/08

En Cuenca, 27 de octubre de 2008.

 Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de esta ciudad, los presentes autos de incapacitación nº 781/07 promovidos a instancia del Ministerio Fiscal contra A. L. B.,  asistida por EL defensor judicial DÑA M. I. P. L., declarado en rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por el Ministerio Fiscal se presentó demanda promoviendo la  incapacitación de  A. L. B. por estar afectada por una enfermedad que le impide gobernar su persona y bienes. 

SEGUNDO.- Admitida la demanda, se dio traslado de la misma a la demandada, emplazándole para que contestara en el plazo de veinte días.

Transcurrido el plazo sin que se presentara contestación se nombró como defensor judicial a Dña. Maria Isabel Pastor Lozano, a la que se emplazó para que contestara a la demanda en veinte días; plazo que transcurrió sin que se presentara contestación por lo que se la declaró en rebeldía.

TERCERO.- Por providencia se señaló la celebración de la vista para que tuviera lugar el día 23 de septiembre de 2008, citándose a las partes. Con antelación a la celebración de la vista se practicó el reconocimiento judicial y forense de la presunta incapaz.

El día señalado se celebró la vista, en la que se practicó como prueba la audiencia de Dña. M. I. P. L. como parientes más próximos de la demandada. Tras la práctica de la prueba, el Ministerio Fiscal interesó la declaración de incapacidad de la demandada, así como con que se nombrara tutor de la misma a DÑA M. I. P. L..

CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La incapacitación es el estado civil de la persona física, declarado judicialmente cuando concurra alguna de las causas legalmente tipificadas y que tiene como efecto principal la limitación de su capacidad de obrar y la consiguiente sumisión a tutela.

Como estado civil limitativo de derechos, está sometida, en cuanto a las causas que la determinan, al principio de legalidad, y en cuanto a sus efectos, a la previa constitución por resolución firme de los órganos jurisdiccionales, declaración que ha de ir precedida de una actividad probatoria suficiente para destruir la presunción de capacidad que asiste a toda persona y que afecta al derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad consagrado en el artículo 10.1 de la Constitución Española (Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1989 y 20 de marzo de 1991). Lo que significa que como principio general debe reputarse capaz a toda persona, mientras no se demuestre lo contrario por una prueba concluyente (SSTS de 26 de mayo de 1969, 1 de febrero de 1976 y 10 de febrero de 1986), y tal prueba ha de ir destinada a constatar la existencia de alguna de las causas de incapacidad que establece el artículo 200 del Código Civil, es decir, cualquier enfermedad o deficiencia física o psíquica, siempre que sea persistente y que impida a la persona gobernarse por sí misma.

La nota de la persistencia concurre no sólo cuando la enfermedad o deficiencia es irreversible sino también cuando aun siendo probablemente curable no pueda preverse el tiempo de la curación. Tampoco es preciso que la anomalía se manifieste de manera permanente, como ocurre en el caso de las enfermedades mentales cíclicas. Es indiferente también que la causa de incapacitación dimane de alteraciones o deficiencias psíquicas o físicas, siempre que éstas perturben el entendimiento y la voluntad y ocasionen en la persona la imposibilidad del propio gobierno, es decir, que no le permitan atender a su propio cuidado o al de sus bienes.

SEGUNDO.- La prueba practicada en el juicio, y especialmente el dictamen emitido por el Médico-Forense de fecha 11 DE junio de 2008, pone de manifiesto que A. presenta un cuadro de demencia senil con deterioro cognitivo severo que es cronica e irreversible. Dicha enfermedad, le inhabilita para realizar los actos más elementales de la vida diaria, afectando la incapacidad al control de su persona y bienes tanto en su faceta de administración como de disposición. Por ello procede su incapacitación de conformidad con el art. 200 C.C y 760 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Asimismo procede su incapacitación para ejercer el derecho de sufragio conforme al art.3.1.b de la Ley Orgánica 5/85 de 19 de junio de Régimen Electoral General.

TERCERO.- Conforme al art. 760.1 L.E.C, el incapaz será sometido a tutela. En el presente caso procede el nombramiento como tutor de DÑA M. I. P. L. en beneficio de la propia incapaz y por ser la persona más idónea para el ejercicio del cargo, abriéndose expediente separado para todo lo relativo a la tutela y relevando al tutor del establecimiento de fianza.

CUARTO.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, persistiendo los motivos que determinaron que se acordara como medida cautelar el internamiento no voluntario de la incapaz, procede el mantenimiento de dicha medida.

QUINTO.- Atendiendo a la naturaleza especial del presente procedimiento no cabe hacer especial pronunciamiento sobre costas.

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación, 

FALLO

Que estimando la demanda presentada por el Misterio Fiscal debo declarar y declaro la incapacidad total de DÑA A. L. B. tanto para el cuidado de su persona como para la administración y disposición de sus bienes, así como para el derecho de sufragio, debiendo ser sometido al régimen tutelar. Se nombra tutor de la incapaz a DÑA M. I. P. L..

Se autoriza el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico de la incapaz en la Residencia AMMA EL PINAR de Chillaron (Cuenca).

Los facultativos que atiendan a Doña A. deberán informar cada seis meses a este tribunal sobre la necesidad de mantener la medida de internamiento, sin perjuicio de los demás informes que el tribunal pueda requerir cuando lo crea pertinente. Además deberán comunicar a este Juzgado el alta del enfermo cuando consideren que no es necesario mantener el internamiento.

No cabe hacer especial pronunciamiento sobre costas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días, que se interpondrá ante este Juzgado y del que conocerá la Audiencia Provincial.

Una vez firme esta resolución, líbrese exhorto al Juzgado encargado del Registro Civil donde conste el nacimiento del incapaz para la anotación de esta sentencia en el acta de inscripción de nacimiento.

Líbrese oficio a la Oficina del Censo Electoral acompañando testimonio de la sentencia para dar de baja a DÑA A. L. B. de la lista del censo electoral.

Ábrase expediente de tutela con testimonio de esta resolución citando al tutor DÑA M. I. P. L para que acepte el cargo  y presente inventario de bienes del incapaz.

Así lo acuerdo y firmo,

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario doy fe.

 

SENTENCIA EN APELACIÓN DERIVADA DE JUICIO VERBAL 138/2007. ACCIÓN REIVINDICATORIA

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S E N T E N C I A  NUM.   191/2008

         En la ciudad de Cuenca, a veinticuatro de Octubre  de dos mil ocho.

         Vistos en trámite de recurso de apelación los autos de juicio verbal número  138/2007 procedentes del Juzgado de Primera Instancia número dos de los de  Cuenca y su partido, promovidos a instancia de DON M. M. B., representado por el Procurador de los Tribunales Doña Rosa Mª Torrecilla López y asistido por la Letrada Doña María Jesús García García, contra DON L. M. G., representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Mª José Martínez Herraiz y asistido por el Letrado Don  Luis M. Pardo Mohorte; en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandada contra la sentencia dictada en primera instancia, de fecha ocho de Febrero de dos mil ocho; habiendo sido ponente el Ilmo. Sr. Presidente  Don Antonio Díaz Delgado.

ANTECEDENTES DE HECHO

          PRIMERO.- En los autos indicados al margen se dictó sentencia de fecha  ocho de febrero de dos mil ocho, en cuya parte dispositiva se establecía, literalmente: "Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Dª Rosa Maria Torrecilla López, en nombre y representación de D.M. M. B. , contra D. L. M. G., debo  declarar y declaro que el demando ha procedido a ocupar sin titulo la porción de terreno propiedad  del demandante que se refleja en el plano del informe pericial acompañado como documento nº 11 de la demanda, con una superficie de 110,16 metros cuadrados, y, en consecuencia,  procede condenar al demando a desocupar dicha porción del terreno, dejándola vacua, libre y a disposición del actor, retirando el muro construido. Se condena en costas a la parte demandada".

 

        SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se preparó y después interpuso por la Procuradora Doña María José Martínez Herraiz en nombre y representación de Don L. M. G., recurso de apelación en tiempo y forma, recurso que fue admitido a medio de providencia de fecha  veintitrés de Mayo de dos mil ocho, dándose traslado a la parte contraria para que pudiera presentar escrito de oposición al recurso o impugnar la sentencia en aquellos extremos que pudieran resultarles desfavorables.

        TERCERO.-  Con fecha  doce de Junio de dos mil ocho, Doña Rosa María Torrecilla López, Procuradora de los Tribunales y de Don M. M. B., presentó escrito oponiéndose al recurso interpuesto de contrario.

        CUARTO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, con fecha veinticuatro de Julio de dos mil ocho, se procedió a formar el correspondiente rollo, asignándosele el número del margen, turnándose ponencia y habiéndose cumplido la totalidad de las previsiones legales, sin que se estimara necesaria la celebración de vista, y señalándose para que tuviera lugar la correspondiente deliberación, votación y fallo el día veintitrés de Septiembre de dos mil ocho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO.-  Este Tribunal de apelación hace suyos en cuanto a los requisitos jurisprudenciales aplicables a la acción reivindicatoria ­­­­­­­­­­­­­­­ ejercitada  por el demandante, el Fundamento de Derecho segundo, en aras a evitar repeticiones estériles.

 

        SEGUNDO.-  Entrando en el fondo de lo que es el recurso de apelación, dicho recurso no desvirtúa los atinados razonamientos respecto a la prueba producida, contenida en el Fundamento de Derecho cuarto que damos por reproducido, y hacemos nuestro. Si a ello  unimos la valoración de la prueba documental contenida en el Fundamento de Derecho Tercero igualmente correcta, y la prueba pseudo documental/reconocimiento judicial, como son las fotografías aportadas, y valoradas en la sentencia  en el Fundamento de Derecho cuarto, hemos de concluir que el presente recurso de apelación debe ser desestimado, pues todo el  no es mas que un  intento de sustituir  por su visión particular de la prueba practicada,  la interpretación de la juzgadora de instancia, sin aportar, dato o elemento objetivo que demuestre  la equivocación de la interpretación judicial llevada a cabo en la sentencia recurrida. De aquí que el motivo único del recurso no puede ser estimado.

        TERCERO.-  Las costas de esta alzada, artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil deban ser impuestas al recurrente.   

      

          Por lo expuesto,

FALLAMOS

        Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso de apelación, confirmando íntegramente la resolución recurrida, condenando en las costas de esta alzada al recurrente.

        Cúmplase lo establecido en los artículos 248.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 208.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

        Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

 

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

SENTENCIA DICTADA EN PRIMERA INSTANCIA

SENTENCIA DICTADA EN APELACIÓN DERIVADA DE ORDINARIO 706/2006. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE ADMINISTRADOR SOCIETARIO

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S E N T E N C I A  NUM.   192/2008

En Cuenca, a  veinticuatro de Octubre de dos mil ocho.

Vistos ante esta Audiencia Provincial, en trámite de recurso de apelación, los autos de Juicio Ordinario nº  706/2006, procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca con competencia en materia mercantil,  promovidos  a instancia de la entidad ASEMAS, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija", representada por el Procurador de los Tribunales  Don José Olmedilla Martínez y asistida  por el Letrado Sr. Muñoz Villarreal, contra DON J. M. A. R., representado por la Procuradora de los Tribunales  Doña María Jesús Porres Moral y asistido por el Letrado Sr. Rodríguez-Piñero Fernández; en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandada  contra la sentencia dictada en primera instancia, de fecha tres de Marzo de dos mil ocho; habiendo sido ponente el Ilmo. Sr. Presidente  Don Antonio Díaz Delgado .        

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En los autos indicados al margen, por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca se dictó sentencia de fecha tres de Marzo de dos mil ocho cuyo fallo era del siguiente tenor literal "Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. José Olmedilla Martínez, en nombre y representación de la mercantil "ASEMAS, mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija", contra D. J. M. A. R., debo condenar y condeno a éste a pagar a la actora la cantidad de 157.555,20 euros y al pago de las costas procesales.".

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se preparó y después interpuso por la Procuradora Doña  Maria Jesús Porres Moral en nombre y representación de Don J. M. A. R., recurso de apelación en tiempo y forma, recurso que fue admitido a medio de providencia de fecha  cinco de Junio de dos mil ocho, dándose traslado a la parte contraria para que pudiera presentar escrito de oposición al recurso o impugnar la sentencia en aquellos extremos que pudieran resultarles desfavorables. 

        TERCERO.- Con fecha veintisiete de Junio de dos mil ocho, Don José Olmedilla Martínez, Procurador de los Tribunales y de ASEMAS, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, presentó escrito oponiéndose al recurso interpuesto de contrario.

        CUARTO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, con fecha veintiocho de Julio de dos mil ocho, se procedió a formar el correspondiente rollo, asignándosele el número del margen, turnándose ponencia y habiéndose cumplido la totalidad de las previsiones legales, sin que se estimara necesaria la celebración de vista, y señalándose para que tuviera lugar la correspondiente deliberación, votación y fallo el día veintitrés de Septiembre de dos mil ocho.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

      Se aceptan los de la resolución recurrida.

PRIMERO.-  El presente recurso de apelación debe ser íntegramente desestimado, debiéndose confirmar la resolución recurrida. Si tenemos en cuenta  que lo que pide la parte demandante/recurrida en su demanda y se concede en la sentencia, es que se condene a J. M. A. R. al pago de 157.555,20 Euros, siendo la causa de pedir la ejecución de una obligación de hacer de carácter no personalísimo, que se fijó en la sentencia de la Audiencia Provincial de Cuenca de fecha 2 de Mayo de 2001, lo que motivó  que XXXXXX S.L. (empresa del demandado), junto con C. F. O. que era el otro condenado  con carácter solidario, debiera abonar la cantidad  total en que se valoró el coste total de la obligación de hacer, que ascendió a la cantidad de 315.931,87 Euros, siendo ASEMAS  entidad de Seguros que cubría la responsabilidad civil profesional de C. F. O. la que finalmente abonó la cantidad total referida.

         SEGUNDO.-  Centrada así la cuestión, Asemas asumiendo su compromiso en virtud del contrato de seguro de responsabilidad civil profesional, abonó en la ejecutoria lo que correspondía abonar a C. F. O..  (La mitad de la cantidad 315.931,87 Euros) más, al tratarse de una obligación solidaria, así establecida, abonó el total del importe reclamado, es decir abonó también la otra mitad correspondiente al otro  demandado, hemos de suponer  a fin de no causar perjuicio alguno a su asegurado, conforme a lo dispuesto en los artículos 1137, 1142 y 1145, del Código Civil, pues el pago hecho  por uno de los deudores solidarios además de extinguir la obligación, hace que el que hizo el pago puede reclamar de su codeudor la parte que a cada uno corresponda. En este caso, el artículo 1145 del Código Civil (tercer párrafo) establece, como la falta de cumplimiento de un deudor solidario  por su insolvencia (posteriormente analizaremos esta cuestión), será suplida por sus codeudores "a prorrata" de la deuda de cada uno. En este procedimiento, y para salir  al paso de lo alegado en el recurso de apelación acerca de que no se han establecido taxativamente cuotas de pago, hemos  de señalar que de la cantidad tan citada, si el carácter solidario esta  fijado contra dos deudores sin establecer nominalmente las cuotas de cada uno, es obvio que a cada uno le corresponde de su peculio el abono de la mitad de dicha cantidad, sin perjuicio de todo  lo dicho anteriormente en relación a las obligaciones solidarias cuando uno de los deudores es insolvente.

         TERCERO.-  Por lo tanto, en virtud de esta regulación de las obligaciones solidarias, es claro que ASEMAS que asumió su responsabilidad contractual respecto al deudor solidario de XXXXXXXXX, S.L., al abonar, dada la solidaridad de la deuda, el total importe  de la misma,  en virtud  de las reglas de la solidaridad  de la obligación, tiene acción contra XXXXXXX, S.L. para reclamar  la mitad del pago de lo satisfecho.

         CUARTO.-  Ahora bien el que este legitimada activamente ASEMAS,  exige verificar el porque la demanda se dirige contra el Administrador de la Sociedad demandada, y no contra esta.

         La prueba documental aportada  por la parte demandante hace que este Tribunal de Apelación haga suyo el Fundamento de Derecho Quinto de la resolución recurrida que pone de manifestó como la sociedad mercantil de la que el demandado era administrador  en una sociedad en liquidación. Si bien  no de derecho, si de hecho pues era una sociedad  inactiva, sin que se haya acreditado por el demandado que la sociedad de la que era administrador tenga suficiente patrimonio para hacer frente a las deudas sociales,  señalando la sentencia recurrida como el demandado ante la crisis de XXXXXX, S.L., liquidó los bienes de cualquier  índole que la empresa  tenia, al margen de cualquier  procedimiento de los legalmente establecidos,  abonando las deudas que considero oportunos, cesando en estos momentos en la actividad que constituye su objeto social, sin que en el Registro Mercantil, según la documental aportada por la parte actora, aparezca la presentación por el demandado de las cuentas de la sociedad desde hace bastante tiempo.

         En definitiva la sociedad XXXXXXX S.L. es una sociedad  de responsabilidad limitada que cae de pleno en la causa de disolución prevista en el artículo 104 nº 1 apartado d) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, sin que el demandado haya procedido como legalmente debería haberlo hecho

         De aquí que conforme al artículo 69 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, en relación con el artículo 133 de la Ley de Sociedades Anónimas, hemos de concluir que los administradores responderán frente a los acreedores sociales del daño que les causen por sus acciones, y por ello aceptar  lo recogido en la sentencia recurrida en los Fundamentos de derecho Tercero, cuarto y quinto de la resolución recurrida, que se da por reproducido en aras a repeticiones estériles, debiendo desestimar el recurso de apelación, confirmando íntegramente la sentencia recurrida.

         QUINTO.- Las costas de esta alzada (Art. 358 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) deben ser impuestas al recurrente. 

         Por lo expuesto,

FALLAMOS

         Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto confirmando íntegramente la resolución recurrida, condenando las costas de esta alzada al  recurrente.

        Cúmplase lo establecido en los artículos 248.4º de la ley orgánica del poder judicial y 208.4º de la ley de enjuiciamiento civil.

        Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

SENTENCIA DICTADA EN PRIMERA INSTANCIA

 

SENTENCIA EN APELACIÓN DERIVADA DE JUICIO DE FALTAS. ANTIJURIDICIDAD

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S E N T E N C I A   70/2008 

         En la Ciudad de Cuenca, a  veinticuatro octubre de dos mil ocho.

         VISTOS por el Magistrado de esta Audiencia Provincial Ilmo. Sr. Presidente D. Antonio Díaz Delgado, los autos de Juicio de Faltas nº 304/2007, incoados por lesiones en agresión, procedentes del Juzgado de Instrucción nº 1 de los de Cuenca en los que ha intervenido el MINISTERIO FISCAL y como denunciante, E. M. B., representado por el Procurador Sr. Nuño Fernández y asistido del Letrado  D. Miguel Alarcón Fernández y como denunciados D. H. O. e I. H. O. asistidos del Letrado D. Manuel Catalá Rubio.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Por el Juzgado de de Instrucción nº 1 de Cuenca y con fecha 1 de febrero de 2008, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Que debo condenar y condeno a D. H. O. e I. H. O. como autores cada uno de ellos de una falta de lesiones del artículo 617 1 del Código Penal a la pena de un mes multa con una cuota diaria de 4 euros y con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas que podrán cumplirse en régimen de localización permanente y debiendo indemnizar, conjunta y solidariamente, a E. M. B., en la cantidad de 30 euros".                             

SEGUNDO.- Notificada la anterior resolución a las partes, por Dª Encarnación Catalá Rubio Procuradora de los Tribunales y de D. E I. H. O. se interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada; recurso que fue admitido a trámite por providencia de fecha 4 de marzo de 2008, dándose traslado a las demás partes a fin de que formularan los correspondientes escritos de impugnación o adhesión al recurso.

TERCERO.- Por el Ministerio Fiscal, y con fecha 10 de marzo de 2008, se presentó escrito interesando la confirmación de la resolución recurrida     

CUARTO.- En fecha 9 de abril de 2008, por D. Antonio Nuño Fernández Procurador de los Tribunales y de E. M. B. se interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada; recurso que fue admitido a trámite por providencia de fecha 21 de mayo de 2008, dándose traslado a las demás partes a fin de que formularan los correspondientes escritos de impugnación o adhesión al recurso.

QUINTO.- Por el Ministerio Fiscal, y con fecha 26 mayo de 2008, se presentó escrito interesando la confirmación de la resolución recurrida.

SEXTO.- En fecha 6 de junio de 2008 por la representación procesal de D. E I. H. O. se presentó escrito de impugnación al recurso de contrario.

         En fecha 2 de julio de 2008 por la representación procesal de E. M. B. se presentó escrito de impugnación al recurso de contrario.

SEPTIMO.-  Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial, se procedió a la formación del correspondiente Rollo, asignándole el núm.  50/2008, turnándose la ponencia, y señalándose el día 30 de septiembre del presente año para resolución del recurso de apelación.                                  

                                           HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- Se aceptan los de la resolución recurrida, al ser los derivados de la actividad probatoria realizada por el Juez de Instancia, según recogen en dicha resolución.

     FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Dos son los recursos de apelación interpuestos. Uno por los dos hermanos condenados, en base a diversas consideraciones o motivos, referidos esencialmente a considerar que los hechos no sucedieron como señala la sentencia; siendo una falsedad la denuncia presentada. El otro recurso, es el interpuesto, por el denunciante, quien ataca la indemnización que se le ha concedido.

El Ministerio Fiscal, interesa la confirmación de la sentencia por sus propios fundamentos.

SEGUNDO.- Analizados los recursos a la luz de la sentencia, y en concreto con los hechos probados, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"Sobre las 17 horas del pasado día 17 de octubre de 2.006 se encontraba el denunciante, E. M. B., desenganchando sus aperos de labranza, cuando por detrás se le acercaron los denunciados, D. e I. H. O. y uno de ellos le dio un golpe en el hombro que le hizo caer al suelo. A consecuencia de los hechos, E. M. B. sufrió unas lesiones consistentes en una contusión cervico temporo occipital derecha, de la que se curó al cabo de un día".

Realmente la perplejidad que siente este órgano jurisdiccional, es mayúscula. Primero de cómo se puede condenar con un relato de hechos probados como el efectuado por el Juez de Instrucción, en la sentencia recurrida por una infracción penal de resultado, sin saber quien causó dicho resultado. Segundo cómo, los Abogados que recurren ante una cuestión tan elemental no se dan cuenta. Y tercero, y último, cómo el Ministerio Fiscal, garante de la legalidad, encima, dice que se confirme la sentencia recurrida "por sus propios fundamentos".

 

TERCERO.- Realmente no es una sentencia el lugar mas apropiado para explicar Teoría General del Derecho, en este caso penal. Pero a la vista de lo que acontece en el presente caso, merece la pena hacer una serie de reflexiones.

         Así debemos empezar diciendo, que la concepción de la antijuridicidad como infracción de una norma imperativa o directiva, conduce a exigir como primer requisito de la misma, que concurra un comportamiento humano  –lo que se llama acción-, siendo este el primer presupuesto de la antijuridicidad.

Dejando a parte, por no aportar a la finalidad que se pretende nada práctico, los conceptos básicos de la acción causal, final o sociológica, hemos de concluir con la doctrina mayoritaria, centrándonos en los comportamientos humanos, o "acciones", relevantes en el orden jurídico-penal, es decir lo que requieren la exteriorización de una conducta que la acción para ser castigada penalmente requiere que típicamente sea catalogada , y en esta acción típica requiere una parte objetiva que abarca la conducta externa, que en la falta de lesiones, como a la que han sido condenados dos de los recurrentes "es preciso", igual a necesario, que el resultado se produzca en términos tales, que pueda dicha resolución "ser imputada objetivamente" a la conducta del sujeto. Dicha imputación debe concurrir entre la conducta y el resultado. Si el resultado se puede imputar objetivamente a una conducta, es entonces, porque la conducta es típica, es decir se realiza el tipo penal, y para realizar el tipo, en los delitos/o Faltas de resultado, deben darse una relación de autoría, o los requisitos de la participación.

CUARTO.- Pues bien, la condena por el tipo penal, alegado, es la del artículo 617 nº1 del Código Penal.- "El que por cualquier medio o procedimiento CAUSARE  a otro una lesión no definida como delito en el Código, será castigado …….".

         Si se observa el tipo penal, la acción consiste en causar una lesión. Ello implica que para poder condenar, debemos identificar, la conducta del causante, o dicho de otro modo, solo se puede condenar al causante de la lesión. Y si esto parece que es así, el problema surge en la sentencia recurrida cuando en los hechos probados se dice que a la víctima se le acercaron los dos hermanos. - D. e I.- ¿ Y UNO DE ELLOS  (sin designar), le dio un golpe en el hombro que le hizo caer al suelo.

         De todo lo expuesto, aunque no se haya solicitado la absolución por estos motivos, lamentablemente por las partes, y sobre todo por el Ministerio Fiscal, garante de la legalidad, procede la absolución de los condenados, mantener lo contrario es decir la condena, sería conculcar la legalidad, o mejor el principio de legalidad que  impregna todo el Derecho penal, al no concretarse cual de los dos acusados/condenados golpeó a la víctima. Pero es que además, como corolario de esa perplejidad que se dijo en principio, el juez de la instancia (Juez de Instrucción) dice que uno le golpeó y condena a dos personas, como autores de una infracción penal de resultado, que al menos uno de ellos no pudo realizar, y las partes y el Ministerio Fiscal se aquietan. Parece un auténtico despropósito.

QUINTO.- Las costas de la primera instancia, y de esta alzada (apelación). Se declaran de oficio. (Art. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Por lo expuesto,

F A L L O

         Que debo absolver y absuelvo libremente a Desiderio, y a Isaías Hortelano Olivares, de los hechos que se le imputan en el presente procedimiento, declarando de oficio las costas de la primera instancia y de esta apelación.

Notifíquese esta sentencia al Fiscal y demás partes personadas haciéndoles saber que contra la misma no caber interponer recurso ordinario alguno.

Devuélvanse al Juzgado de procedencia los autos originales con certificación de lo resuelto para su ejecución.

Así por esta mi sentencia; definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

 

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

SENTENCIA EN APELACIÓN DERIVADA DE JUICIO VERBAL 526/2007. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL

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SENTENCIA Nº  195/2008  

ILMOS. SRES.:                                  

PRESIDENTE                                     

        SR. DIAZ DELGADO

MAGISTRADOS:                                 

        SR. PUENTE SEGURA

        SR. CASADO DELGADO               

En Cuenca, a veinticuatro de octubre de dos mil ocho.

Vistos ante esta Audiencia Provincial, en trámite de recurso de apelación, los autos del Juicio Verbal 526/2007, procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca,  promovidos a instancia de ALLIANZ, COMPOÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A  representada por la Procuradora Sra. Martorell Rodríguez  y asistida por el Letrado Sr. Barrera Montero contra CONSERVACIÓN DE CARRETERAS, S.A (COPASA), representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Marcilla López y asistida por el Letrado Sr. Suárez Vence Legeren, en virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia dictada en primera instancia de fecha cinco de marzo de dos mil ocho, y habiendo sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Antonio Díaz Delgado.     

ANTECEDENTES DE HECHO

Se aceptan los de la sentencia recurrida en cuanto no se opongan a los recogidos en la presente resolución.

PRIMERO.- En los autos indicados al margen, por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de  Cuenca  se dictó sentencia de fecha 5 de marzo de 2008,  cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: "Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Dª Sonia Martorell Rodríguez, en nombre y representación de "Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A", contra la mercantil "COPASA", debo condenar y condeno a ésta a abonar a la actora la cantidad de 2.831,98 euros más el interés legal de dicha cantidad devengado desde el día 18 de octubre de 2007 y al pago de las costas procesales".

SEGUNDO.- Notificada la anterior resolución a las partes, por el Procurador de los Tribunales Sr, Marcilla López y de la mercantil "SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA", se preparó e interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación contra la sentencia reseñada .

TERCERO.- Admitido a trámite el recurso de apelación y efectuando el traslado a la contraparte, por la Procuradora de los Tribunales Sra. Martorell y de la Cia de Seguros ALLIANZ S.A.,  presentó escrito de  oposición al recurso interpuesto.

CUEARTO.- Por el Juzgado de Instancia se dictó providencia, de fecha 16 de Junio  de 2007, teniendo por formalizado el trámite de oposición al recurso acordándose la remisión de las actuaciones a la Audiencia Provincial para la resolución del mismo, previo emplazamiento de las partes por término de treinta días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 463 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

QUINTO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el correspondiente Rollo de Apelación, asignándole el nº  95/2008, turnándose ponencia al Magistrado Ilmo. Sr. Díaz Delgado, y señalándose como fecha para que tuviera lugar la deliberación, votación y fallo el día ocho de julio de dos mil ocho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO.- El presente recurso de apelación se contrae únicamente aunque haya una gran parte que se dedica a valorar la prueba producida en la Instancia, a si ha habido o no en la sentencia recurrida una correcta aplicación del artículo 1902 del Código Civil (responsabilidad extracontractual), en atención a las circunstancias fácticas que han concurrido para la producción del accidente.

SEGUNDO.- Este Tribunal de apelación, considera a la vista de lo actuado y partiendo de que en la sentencia recurrida se ha hecho una debida ponderación y por consiguiente, una adecuada valoración de las pruebas producidas en el presente procedimiento, por un ladola desestimación del recurso por los motivos de indebida valoración de la prueba; y por otro llega a la conclusión de que el recurso de apelación no debe prosperar tampoco en cuanto a la cuestión de fondo suscitada.

TERCERO.- En efecto, examinado el motivo del recurso, acerca de la indebida aplicación del artículo 1902 del Código Civil, a la luz de lo dispuesto en el Fundamento de Derecho Cuarto, de la sentencia recurrida, hemos de partir de lo que la sentencia de instancia considera acreditado: A) que la aparición de piedras en la calzada se produjo antes del accidente de forma inmediata, sin que el personal de la empresa demandada, tuviera tiempo material de retirar las piedras caídas a la calzada; y B) que la causa del desprendimiento fue la climatología (nevadas previas y, deshielo), y C) que en la época de los hechos enjuiciados es habitual que caigan piedras en la calzada, como consecuencia de la climatología.

Señalando lo anterior, parece coherente que a luz de lo reflejado en la sentencia recurrida, este Tribunal deba acoger sus razonamientos en el Fundamente de Derecho cuarto, antepenúltimo párrafo, toda vez que dejando a un lado la responsabilidad del conductor del vehículo, pues ninguna prueba hay sobre el particular, lo cierto es que no puede apreciarse como reclama el recurrente, ningún error de hecho en la valoración de la prueba, toda vez que la recurrente en modo alguno acredita que actuaba conforme a los requisitos del contrato que se le adjudicó, y ello porque el contrato no se ha remitido, pues lo aportado a los folios 138 y 139 del procedimiento es inocuo, pues conforme a la clausula primera de dicho contrato junto con lo aportado se deberían haber trasladado los otros documentos que en dicha clausula se citan; que conforme a la misma integran el contenido de lo que las partes contratantes quisieron establecer. Es decir no se ha aportado como medio probatorio al procedimiento de modo efectivo lo que es la totalidad del contrato  en sí y, además, por quien puede hacerlo que es el recurrente.

Lo que si se ha aportado es algo inocuo en orden a la prueba, o mejor dicho, a la producción de pruebas como son "informes del Ministerio de Fomento" donde emite juicio sobre si el demandado/recurrente había actuado correctamente o no en la ejecución del contrato que a este último le une con el referido  Ministerio. Obviamente a efectos de constituir la prueba que recoge los elementos extintivos de la pretensión articulada con la demanda, tales informes y/o resoluciones del Ministerio de Fomento son irrelevantes, pues no deja de ser una valoración que sustituye la valoración del Tribunal, o al menos intenta sustituir, la función del órgano jurisdiccional, que es al que le compete la valoración de la prueba, lo que se debió aportar como se ha dicho, es el contrato que suscribió la recurrente con el Ministerio de Fomento.

De aquí que no habiendo probado la recurrente que el hecho fue debido a caso fortuito, o fuerza mayor, procede la desestimación del recurso.

CUARTO.- Las costas de esta apelación conforme al artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, deben ser impuestas al recurrente.

Por lo expuesto,

F A L L A M O S

        Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación CONFIRMANDO ÍNTEGRAMENTE la resolución recurrida, imponiendo las costas de esta alzada al recurrente.

Cúmplase lo establecido en los artículos 248.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 208.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

      Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

SENTENCIA DICTADA EN PRIMERA INSTANCIA

SENTENCIA EN APELACIÓN DERIVADA DE JUICIO VERBAL 527/2006. SERVIDUMBRE DE LUCES Y VISTAS

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SENTENCIA Nº 194/2008 

ILMOS. SRES.:                                  

PRESIDENTE                                     

        SR. DIAZ DELGADO

MAGISTRADOS:                                 

        SR. PUENTE SEGURA

        SR. CASADO DELGADO               

En Cuenca, a veinticuatro de octubre de dos mil ocho.

Vistos ante esta Audiencia Provincial, en trámite de recurso de apelación, los autos del Juicio Verbal 527/2006, procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca,  promovidos a instancia de D. C. H. M. representado por la Procuradora Sra. Herraiz Calvo y dirigido por el Letrado Sr. García Montera contra Dª M. C. H. M. y D. R. H. M. representados por el Procurador Sr. Nuño Fernández y asistidos por el Letrado Sr. Ortega Fernández, en virtud de recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia de fecha veintiocho de febrero de dos mil ocho, y habiendo sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Antonio Díaz Delgado.      

ANTECEDENTES DE HECHO

Se aceptan los de la sentencia recurrida en cuanto no se opongan a los recogidos en la presente resolución.

PRIMERO.- En los autos indicados al margen, por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de  Cuenca  se dictó sentencia de fecha 28 de febrero de 2008  cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: " Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Dª Mª Josefa Herraiz Calvo, en nombre y representación de D. C. H. M., contra Dª Mª C. H. M., D. R. H. M., Dª P. H. M., D. J. H. M., debo declarar y declaro que la libertad de cargas de la finca del actor de toda servidumbre de luces y vistas respecto de la finca de los demandados, absolviendo a éstos de los restantes pedimentos de la actora.

SEGUNDO.- Notificada la anterior resolución a las partes, por Dª Maria Josefa Herraiz Calvo, Procuradora de los Tribunales y de D. C. H. M.; por D. Jose Antonio Nuño Fernández Procurador de los Tribunales y de P. y J. H. M. así como de R. y M. C. H. M., se preparó e interpuso, en tiempo y forma, sendos recursos de apelación contra la sentencia reseñada .

 

TERCERO.- Admitidos a trámite los recursos de apelación y efectuando el traslado a la contraparte, por la Sra. Herraiz Calvo en representación de D. C. H. M.  presentó en fecha 20 de junio de 2008 escrito de  oposición al recurso formulado de contrario.

Por el Sr. Nuño Fernández en representación de Dª P., J. H. M. y de Dª C. y R. H. M. presentó sendos escritos de oposición al recurso formulado de contrario.

CUARTO.- Por el Juzgado de Instancia se dictó providencia, de fecha 23 de Junio de 2008, teniendo por formalizado el trámite de oposición a los recursos acordándose la remisión de las actuaciones a la Audiencia Provincial para la resolución de los mismos, previo emplazamiento de las partes por término de treinta días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 463 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

QUINTO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el correspondiente Rollo de Apelación, asignándole el nº  108/2008, turnándose ponencia al Magistrado Ilmo. Sr. Díaz Delgado, y señalándose como fecha para que tuviera lugar la deliberación, votación y fallo el día dieciséis de septiembre de dos mil ocho.

  FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO.- El recurso interpuesto por la representación procesal de los demandados C. y R. H. M., dirigido a que este Tribunal de apelación declare la existencia a favor de la finca de estos, de una servidumbre de luces y vistas, debe ser desestimado, toda vez, que la causa, de su pretensión, junto con la desestimación de tal pretensión, ya fue analizada por la Iltma. Sra. Juez de Instancia, en el fundamento de Derecho Tercero de la sentencia recurrida, sin que los razonamientos de los recurrentes, desvirtúen la conclusión de la juzgadora en instancia a la hora de analizar dichas pruebas, o medios probatorios. En definitiva asumiendo los atinados razonamientos de la sentencia recurrida se concluye que en modo alguno los recurrentes tienen conferido un derecho de  Servidumbre de luces y vistas, como concluye a su vez la sentencia combatida.

SEGUNDO.- En cuanto al recurso de los otros demandados P. y J. H. M. realmente es idéntico al de los otros demandados, pues pide que se admita que la servidumbre de luces y vistas se adquirió tácitamente, pues la ventana estaba abierta desde hace mas de cinco años al menos.

        Realmente tal lapso de tiempo es una interpretación de la parte recurrente, que no se compagina con la recogida en la sentencia de instancia recurrida (Fundamento de Derecho Quinto), pero es que por otro lado, no existe razón alguna para estimar una situación tácita como la pretendida por el recurrente. El recurso debe ser desestimado.       

TERCERO.- En cuanto al recurso del demandante, lo que pretende, es que solo por la estimación de la acción negatoria de servidumbre, ello conlleva el cierre de la ventana.

        A tal fin, y con el objeto de evitar repeticiones estériles, nos remitimos al Fundamento de Derecho Quinto de la sentencia recurrida, que hacemos nuestro.

CUARTO.- En materia de costas, conforme a lo preceptuado en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a cada recurrente se le/s impone las causadas por su recurso.

Por lo expuesto,

F A L L A M O S

Que debemos desestimar y desestimamos cada uno de los recursos de apelación que han sido analizados en la presente resolución, CONFIRMANDO ÍNTEGRAMENTE la resolución recurrida, imponiendo las costas de esta apelación, a cada recurrente por su respectivo recurso.

Cúmplase lo establecido en los artículos 248.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 208.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

      Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

SENTENCIA DICTADA EN PRIMERA INSTANCIA

SENTENCIA EN CASACIÓN SALA DE LO CIVIL TRIBUNAL SUPREMO DERIVADO DE MENOR CUANTÍA 34/2000. RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES SOCIALES. PRESCRIPCIÓN. REQUISITOS

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TRIBUNAL SUPREMO
Sala de lo Civil

 

SENTENCIA Nº: 794/2008




Excmos. Sres.:

D. Jesús Corbal Fernández
D. José Antonio Seijas Quintana
D. Clemente Auger Liñán

_______________________

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Julio de dos mil ocho.

Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, los recursos de casación interpuestos respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Cuenca, como consecuencia de autos de Juicio Declarativo Ordinario de Menor Cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Cuenca, sobre reclamación de cantidad; cuyos recursos fueron interpuestos por D. C. G. G. y D. A. G. G., representados por la Procuradora Dª. María Josefa Herraiz Calvo, y por D. JOSE TAPIADOR GARCIA, representado por la Procuradora Dª. María Josefa Herraiz Calvo; siendo parte recurrida la entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., representada por el Procurador D. José Tejedor Moyano.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- 1.- La Procurador Dª. María Jesús Porres Moral, en nombre y representación de la entidad Banco Bilbao Vizcaya S.A., interpuso demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía sobre reclamación de cantidad ante el Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Cuenca, siendo parte demandada D. J. T. G., D. C. G. G. y D. A. G. G.; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que: 1) Se declare que los codemandados han incumplido las obligaciones legales inherentes a su cargo de Administradores de la mercantil XXXXXXXXX S.A. y que se describen en el cuerpo de este escrito. 2) Se estime la acción individual de responsabilidad ejercitada en la presente demanda (art. 135 LSA) y se condene solidariamente a los demandados DON J. T. G., DON C. G. G. y DON A. G. G. a indemnizar a mi mandante con la suma de 47.660.840 pts. correspondiente al perjuicio sufrido por el incumplimiento de sus obligaciones legales en que han incurrido aquellos, más los intereses legales de dicha cantidad desde la interposición de la presente demanda de juicio ordinario de menor cuantía y hasta su completo pago. 3) Subsidiariamente a lo anterior, y para el caso de no acoger el anterior suplico, se declare la responsabilidad solidaria de los codemandados en las deudas de la compañía XXXXXXXXX S.A. al haber incumplido su obligación de disolver la sociedad al amparo de los dispuesto en los arts. 260.3º y 4º en relación al 262.5º de la LSA, y en su virtud condene solidariamente a los demandados DON J. T. G., DON C. G. G. y DON A. G. G. a abonar a mi mandante la suma de 47.660.840 pts. a que a asciende su legítimo derecho de crédito, más los intereses legales de dicha cantidad desde la interposición de la presente demanda de juicio ordinario de menor cuantía y hasta su completo pago. 4) Se condene a los demandados al pago de las costas procesales causadas.".

2.- La Procuradora Dª. María Josefa Herraiz Calvo, en nombre y representación de D. A.y D. C. G. G., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "desestimando íntegramente la misma, con imposición de costas a la parte actora.".

3.- La Procuradora Dª. María Josefa Herraiz Calvo, en nombre y representación de D. J. T. G., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "desestimando íntegramente la misma, con imposición de costas a la parte actora.".

4.- Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Dos de Cuenca, dictó Sentencia con fecha 19 de noviembre de 2.001, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que desestimando la excepción de prescripción, debo estimar y estima la excepción de falta de legitimación activa alegada por la Procuradora Dª. María Josefa Herraiz Calvo en nombre y representación de D. C. y D. A. G. G., debo absolver y absuelvo a los citados demandados y a D. J. T. G. representado por la Procuradora Dª. María Josefa Herraiz Calvo de la acción ejercitada por Banco Bilbao Vizcaya S.A. representada por la Procuradora Dª. María Jesús Porres Moral, con imposición de costas al actor.".

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad Banco Bilbao Vizcaya, S.A., la Audiencia Provincial de Cuenca, dictó Sentencia con fecha 7 de marzo de 2.002, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la entidad mercantil BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A., representada por la Procuradora Sra. Porres Moral, y con desestimación de la impugnación de la resolución recurrida, formulada por la Procuradora Sra. Herráiz Calvo, en representación de Don J. T. G., contra la sentencia dictada por la Magistrada-Juez de Primera Instancia del Juzgado nº 2 de Cuenca, con fecha 19 de noviembre de 2.001, en el Juicio de Menor Cuantía, seguido con el nº 34/2.000, a instancia de la mercantil recurrente contra Don J. T. G., Don C. G. G. y D. A. G. G., representados por la Procuradora Sra. Herraiz Calvo, debemos revocar como revocamos la sentencia recurrida. En su lugar, declaramos que con la desestimación de las alegadas excepciones de prescripción y de falta de legitimación activa, debemos estimar y estimamos la demanda declarando que los codemandados ludidos han incumplido las obligaciones legales inherentes a su cargo de Administradores de la entidad mercantil XXXXXXXXX, S.A., condenando a los mismos a indemnizar a la entidad actora BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A. mediante el pago solidario de la cantidad de 286.447,42 euros equivalente a 47.660.840 pesetas y correspondiente al perjuicio sufrido por la actora por el incumplimiento de sus obligaciones legales en que incurrieron los Administradores demandados, más los intereses legales de dicha cantidad desde la interposición de la demanda. Se imponen a los demandados las costas procesales de la primera instancia, poniéndose a cargo de D. J. T. G. la mitad y debiendo ser abonado el resto por los Sres. G. G.. No se hace imposición de las costas procesales de la segunda instancia devengadas con motivo del recurso de apelación interpuesto por la mercantil actora, abonando cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad. Finalmente, se condene al apelado D. J. T. G. al pago de las costas procesales devengadas por la impugnación por su representación realizada de la sentencia de primera instancia.".

TERCERO.- La Procuradora Dª. María Josefa Herraiz Calvo, en nombre y representación de D. A. y D. C. G. G., interpuso ante la Audiencia recurso de casación respecto la Sentencia dictada por la misma de fecha 7 de marzo de 2.002, con apoyo en los siguientes motivos; MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Se alega infracción por inaplicación de los arts. 1.145 y 1.143 del Código Civil, en relación con los arts. 1.252 y 1.816 del mismo Texto Legal y 904 y 905 del Código de Comercio. SEGUNDO.- Se alega infracción por aplicación indebida de los arts. 127, 133 y 135 de la LSA.

CUARTO.- La Procuradora Dª. María Josefa Herraiz Calvo, en nombre y representación de D. J. T. G., interpuso ante la Audiencia recurso de casación respecto la Sentencia dictada por la misma de fecha 7 de marzo de 2.002, con apoyo en los siguientes motivos; MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Se alega infracción por inaplicación del art. 1.968.2 del Código Civil en relación con el art. 1.902 del mismo y aplicación indebida del art. 949 del Código de Comercio. SEGUNDO.- Se alega infracción por inaplicación de los arts. 1.145 y 1.143 del Código Civil y 904 y 905 del Código de Comercio. TERCERO.- Se alega infracción por aplicación indebida de los arts. 127, 133 y 135 de la LSA.

QUINTO.- Por Providencia de fecha 16 de abril de 2.002, se tuvo por interpuestos los recursos de casación que se formulan por la Procuradora Dª. María Josefa Herraiz Calvo, y se acuerda remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo.

SEXTO.- Recibidas las actuaciones ante este Tribunal Supremo, se personaron el Procurador D. Gustavo Gómez Molero, en representación de D. A. y D. C. G. G., y el Procurador D. José Tejedor Moyano, en nombre y representación de la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

SEPTIMO.- Por esta Sala se dictó Auto de fecha 25 de julio de 2.006, cuya parte dispositiva es como sigue "1.- NO ADMITIR EL MOTIVO SEGUNDO DEL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de D. José Tapiador García, contra la Sentencia dictada, en fecha 7 de marzo de 2002, por la Audiencia Provincial de Cuenca en el rollo de apelación nº 61/2002, dimanante de los autos de juicio de menor cuantía nº 34/2000 del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca. 2.- ADMITIR LOS MOTIVOS PRIMERO Y TERCERO DEL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la indicada parte recurrente, contra la mencionada Sentencia. 3.- NO ADMITIR EL MOTIVO PRIMERO DEL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de D. Angel Gironza Guembe y D. César Gironza Guembe, contra la Sentencia dictada, en fecha 7 de marzo de 2002, por la Audiencia Provincial de Cuenca en el rollo de apelación nº 61/2002, dimanante de los autos de juicio de menor cuantía nº 34/2000 del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca. 4.- ADMITIR EL MOTIVO SEGUNDO DEL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la indicada parte recurrente, contra la mencionada Sentencia.".

OCTAVO.- Por el Procurador D. José Tejedor Moyano, en nombre y representación de la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., presentó escrito de impugnación a los recursos formulados de contrario.

NOVENO.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista, se señaló para votación y fallo el día 18 de julio de 2.008, en que ha tenido lugar.


Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El objeto del proceso versa sobre responsabilidad de administradores de una sociedad anónima respecto de los que se ejercita por una entidad acreedora de la entidad las acciones individual de responsabilidad por daño y la de responsabilidad por deuda social.

Por la entidad BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A. (BBV) se dedujo demanda contra Dn. J. T. G., Dn. C. G. G. y Dn. A. G. G., en concepto de administradores en su día de la sociedad Fricuenca S.A. en reclamación de la cantidad de cuarenta y siete millones seiscientas sesenta mil ochocientas cuarenta pesetas -47.660.840 pts.-, que es la deuda que XXXXXXXX S.A. tiene con la actora. Se ejercita con carácter principal la acción individual de los arts. 127, 133 y 135 de la Ley de Sociedades Anónimas TR de 22 de diciembre de 1.989, con base en el grave y negligente incumplimiento de las obligaciones legales inherentes al cargo de administrador de la sociedad deudora declarada en quiebra; y se formula también, con carácter subsidiario de la acción anterior, la de responsabilidad solidaria por incumplimiento por los demandados de la obligación de disolución de la entidad deudora conforme al artículo 260.1,3º y 4º en relación con el artículo 262.5, de la misma LSA.
La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 2 de Cuenca de 19 de noviembre de 2.001, en los autos de juicio de menor cuantía número 34 de 2.000, desestima la demanda por falta de legitimación pasiva de los demandados, ya que hubo un convenio en la quiebra de la sociedad por la que se extinguió el crédito de XXXXXXX, S.A. con el BBV, de modo que éste no puede reclamar por vía de una acción individual contra los administradores la misma cantidad que ha sido reconocida en la junta de reconocimiento de créditos, lo que podría provocar un doble pago o enriquecimiento injusto, sin que pueda ser alegado [como afirma la parte actora] que, dada la posición que tiene en la lista de acreedores, dude de que su crédito pueda ser satisfecho puesto que en caso de incumplimiento podría ejercitar la rescisión del convenio.
La Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cuenca el 7 de marzo de 2.002, en el Rollo de apelación núm. 61/2.002, estima el recurso de apelación de la entidad Banco Bilbao Vizcaya, S.A., revoca la sentencia del Juzgado, desestima las excepciones de prescripción y de falta de legitimación pasiva, y estima la demanda declarando que los codemandados han incumplido las obligaciones legales inherentes a su cargo de administradores de la entidad mercantil XXXXXXXX, S.A., condenando a los mismos a indemnizar a la actora mediante el pago solidario de la cantidad de 286.447 euros con 42 céntimos equivalente a 47.660.840 pesetas, correspondiente al perjuicio sufrido por la actora por el incumplimiento de sus obligaciones legales en que incurrieron los Administradores demandados, más los intereses legales de dicha cantidad desde la interposición de la demanda, imponiéndose al demandado Dn. J. T. G. la mitad de las costas de la primera instancia y a los codemandados Srs. G. G. la otra mitad, sin hacer pronunciamiento condenatorio respecto de las costas de la apelación expresada. Se desestima la impugnación de Dn. J. T. condenándole al pago de las costas correspondientes.
Contra dicha resolución de la Audiencia Provincial se interpusieron dos recursos de casación: Uno, por Dn. A. y Dn. C. G. G., el que se articula en dos motivos, si bien sólo se admitió por Auto de esta Sala de 25 de julio de 2.006 el motivo segundo, en el que se denuncian como infringidos los arts. 127, 133 y 135 de la LSA. Y otra, formulado pro Dn. J. T. G. articulado en tres motivos, de los que el segundo fue inadmitido por dicho Auto de 25 de julio de 2.006.

RECURSO DE DN. A. Y DN. C. G. G.
SEGUNDO.- El motivo segundo del recurso (el primero, como se ha dicho, no pasó el trámite de admisión) denuncia aplicación indebida de los arts. 127, 133 y 135 de la LSA. En el cuerpo del motivo, en varios apartados, divididos en subapartados, se rechaza la concurrencia de los requisitos del daño o perjuicio, de la infracción o culpa de los administradores y la relación de causalidad, que constituyen los presupuestos de la acción de individual de responsabilidad de los administradores sociales.
Mediante la acción individual de responsabilidad, los terceros (aparte los socios) que hayan sufrido una lesión directa en sus intereses podrán reclamar una indemnización del daño a los administradores sociales que lo hayan causado por actos contrarios a la Ley o a los estatutos o realizados sin la diligencia de un ordenado empresario y representante legal, lo que requiere la existencia de actos u omisiones negligentes (SS. 28 de abril de 2.006; 7, 14 y 22 de marzo de 2.007; 14 de febrero de 2.008), un daño directo (SS. 26 de octubre de 2.007 y 7 de febrero de 2.008) y un razonable nexo causal (SS. 25 de abril de 2.005 y 8 de febrero de 2.008).
La Sentencia recurrida aprecia la concurrencia de los requisitos de la acción ejercitada, y, después de examinar con amplitud la prueba documental y pericial, concluye que "las actuaciones fraudulentas de los demandados con claro incumplimiento de las obligaciones consecuentes a la diligencia de un ordenado empresario y de un representante legal (art. 127.1 de la L.S.A.) benefició a quienes así se comportaron y llevó a la sociedad cuya administración les correspondía a una auténtica bancarrota, que inútilmente han tratado de disfrazar mediante la colocación de una persona interpuesta, con daños primarios para la actora recurrente, como acreedora social insatisfecha de su crédito. El demérito para esta entidad deriva causalmente la conducta ilícita de los demandados componentes del Consejo de Administración de la sociedad quebrada, como contraria que es a disposiciones legales y estatutarias y al deber de diligencia ordenado en los arts. 127.1 y 133.1 de la L.S.A.".
Frente a la argumentación de la sentencia recurrida, se formulan en el motivo diversas alegaciones que presentan una objección insalvable para su examen casacional al incidir en el planteamiento de cuestiones procesales de carga de la prueba y de valoración probatoria, y otras de orden fáctico, que son impropias del recurso de casación, y que ya debieron haber determinado la inadmisión de éste, y dan lugar ahora a su desestimación
Aparte de ello, y para agotar la respuesta judicial debe señalarse: a) La existencia del daño es una cuestión de hecho ajena al recurso de casación, sin que al amparo de los preceptos del enunciado quepa debatir acerca del tema relativo al alcance del convenio de la quiebra; b) Resulta incuestionable la existencia en el año 1.997 de una situación de insolvencia definitiva de la sociedad, a la que contribuyeron los administradores con actos de descapitalización, y sin adoptar las decisiones legales exigibles, y en concreto la convocatoria de la junta general conforme a lo establecido en los arts. 260.1,4º y 262.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Por otra parte, en la resolución recurrida se recogen varias ilegalidades e irregularidades relativas a la contabilidad y a la llevanza de los libros de la entidad que demuestran la omisión de la diligencia exigible a todo administrador social; y, c) Finalmente, deviene indiscutible la existencia del nexo causal, por cuanto el daño cuya indemnización se reclama en la demanda, consistente en el crédito que la entidad actora tenía con la entidad XXXXXXX, S.A., es una consecuencia de la situación de insolvencia de esta sociedad, a la que contribuyeron los administradores demandados y, además, no trataron de dar la salida de disolución del ente social conforme prevé la normativa legal.
Por lo expuesto, se desestima el motivo, y el recurso, confirmándose la resolución recurrida y condenando a la parte recurrente al pago de las costas causadas, con arreglo a lo establecido en los arts. 398.1 y 394.1 de la LEC.


RECURSO DE DN. J. T. G.

TERCERO.- En el motivo primero del recurso se denuncia infracción por no aplicación del art. 1.968.2 del Código Civil en relación con el art. 1.902 del mismo y aplicación indebida del art. 949 del Código de Comercio.
El motivo se desestima porque la acción ejercitada con carácter principal en la demanda no es la del art. 1902 CC, sino la de los arts. 133 y 135 LSA, que tiene naturaleza mercantil y, por consiguiente, sujeta al plazo de prescripción específico del art. 949 del Código de Comercio, con arreglo al que la acción contra los administradores de las compañías o sociedades terminará a los cuatro años, a contar desde que por cualquier motivo cesaren en el ejercicio de la administración. Este es el criterio que sigue de modo pacífico la más moderna jurisprudencia (SS. 17 de diciembre de 2.003; 1 de marzo, 26 de mayo y 5 de octubre de 2.004; 22 de marzo, 15 de junio, y 13 y 22 de diciembre de 2.005; 2 de febrero, 6 y 9 de marzo, 26 de mayo, 23 y 26 de junio, 9 y 27 de octubre y 28 de noviembre de 2.006; 30 de enero, 13 y 21 de febrero, 5, 8, 12 y 14 de marzo, 14 de mayo y 26 de octubre de 2.007; y 8 y 14 febrero, 14 de marzo, 30 de abril, 26 de mayo y 3 de julio de 2.008).
Por otra parte, y en respuesta a alegaciones del motivo, debe señalarse que la Sentencia de 20 de julio de 2.001, a partir de la cual se sigue con carácter pacífico la doctrina expuesta, no es una resolución "aislada" pues en la misma expresamente se fija -"unifica"- la jurisprudencia en la materia, la cual si bien había sido fluctuante con anterioridad, no obstante ya venía siendo mayoritario el criterio de aplicar el plazo de cuatro años del art. 949 del Código de Comercio, por ser un precepto especial respecto del más general establecido en el art. 1.968.2 del Código Civil.

CUARTO.- En el motivo tercero (pues, como se ha dicho anteriormente, el segundo fue inadmitido) se denuncia aplicación indebida de los arts. 127, 133 y 135 de la LSA.
El motivo se desestima porque acumula alegaciones que contradicen apreciaciones fácticas de la sentencia recurrida con clara distorsión de la función del recurso de casación. En tal sentido se aduce: infracciones de la doctrina de la carga de la prueba; que se ha sesgado totalmente la prueba; que se efectúan imputaciones huérfanas de toda prueba; se remite a la valoración de la prueba pericial del otro recurso; y se alegan las causas económicas que habiendo dado origen a la suspensión de pagos no se valoran en la resolución recurrida. Por otro lado: a) Se afirma que hubo liquidación ordenada (suspensión de pagos y quiebra) sin tener en cuenta que el expediente de suspensión se planteó en 1.998 y la quiebra en 1.999, en tanto que la situación de insolvencia definitiva ya existía en el año 1.997, e incluso con anterioridad, tal y como resulta de la resolución recurrida, aunque ello no se comparta en el motivo; b) Se dice que la sentencia impugnada se funda en supuestas "irregularidades formales", y no pueden merecer tal calificación, entre otros hechos, que los libros no muestren la imagen fiel del patrimonio de la sociedad, el empleo de doble contabilidad, hacer uso de una caja B que contribuyó a la insolvencia, y destino de fondos a pagar asesoramientos a una empresa consultora calificado por los interventores de la suspensión como claro caso de vaciamiento patrimonial y absolutamente injustificado; c) Se argumenta que no existe obligación de los administradores de suscribir las acciones en la ampliación de capital, sin tener en cuenta que a los que se refiere, con toda la razón, la sentencia recurrida es al cumplimiento del acuerdo de ampliación -ejecución-, tanto más si se advierte que eran accionistas principales; d) Se señala que los administradores pueden renunciar cuando lo estimen oportuno, lo que es cierto, empero ello no impide que su marcha se pueda interpretar como un abandono de la empresa para rehuir responsabilidades dada la situación calamitosa de la misma; e) Se impugna la apreciación de la sentencia relativa a que la contabilidad no era llevada correctamente, pero no se da ninguna explicación razonable y consistente al respecto, pues aunque se argumenta que fue auditada oficialmente con resultado favorable, se olvida que el trabajo del auditor aludido se limitó a la verificación del informe de gestión, que contenía las explicaciones que los propios Administradores consideraron oportunas sobre la situación de la sociedad, la evolución de sus negocios y otros asuntos, habiendo verificado la concordancia de la información contable contenida en el informe de gestión con las de las cuentas anuales del ejercicio 1.996, sin incluir la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la sociedad; y, g) Finalmente, se niega que los impagados no estaban ocultados en la contabilidad, la paralización de la empresa antes de febrero de 1.998, y la situación de insolvencia en el año 1.997, con lo que se hace supuesto de la cuestión, al contradecir apreciaciones fácticas en sentido diferente de la resolución recurrida, siendo, por lo demás, trascendente que en el año 1.997 ya se daba la causa de disolución de la sociedad, y por consiguiente existía la obligación legal de los administradores de promoverla, los que si bien renunciaron a sus cargos el día 18 de diciembre de 1.997, el cese efectivo no tuvo lugar hasta el día 9 de enero de 1.998 en que se celebró Junta de accionistas que aceptó la dimisión.

QUINTO.- La desestimación de los motivos del recurso conlleva la de éste y la confirmación de la resolución recurrida, con imposición de las costas a la parte recurrente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 487.2 en relación 477.2,2º y 398.1 en relación con 394.1, todos ellos de la LEC.


Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

F A L L A M O S


PRIMERO.- Que desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Dn. A. G. G. y Dn. C. G. G. contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cuenca el 7 de marzo de 2.002, en el Rollo de apelación núm. 61/2.002, y condenamos a los demandados al pago de las costas procesales causadas en el mismo.
SEGUNDO.- Que desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Dn. J. T. G. contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cuenca el 7 de marzo de 2.002, en el Rollo de apelación número 61 de 2.002, y condenamos a los demandados al pago de las costas procesales causadas en el mismo.
Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.


Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos
.- Jesús Corbal Fernández.- José Antonio Seijas Quintana.- Clemente Auger Liñán.- Rubricados.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Corbal Fernández, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

SENTENCIA DICTADA DEN PRIMERA INSTANCIA

SENTENCIA 200

 

 

En CUENCA , a diecinueve de Noviembre de dos mil uno

 

  La Sra. Mª. ANGELES MARTIN VALLEJO  MAGISTRADO-JUEZ de Primera Instancia nº 2  de CUENCA  y su Partido, habiendo visto los presentes autos de MENOR CUANTIA 34 /2000 C seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante D/ña. BANCO BILBAO VIZCAYA con Procurador D/ña. MARIA JESUS PORRES MORAL  y asistido Letrado Sr/a. D/ña. MIGUEL BRAVO, y de otra como demandado/a D/ña. J. T. G., C. G. G.y A. G. G.con Procurador/a D/ña. MARIA JOSEFA HERRAIZ CALVO y Letrado Sr/a. D/ña. ENRIQUE O’CONNOR BOIX y D. RAFAEL MUÑIZ GARCIA, sobre reclamacion de cantidad, y,

 

ANTECEDENTES

 

A N T E C E D E N T E S  D E  H E C H O

 

PRIMERO.- Por la Procuradora Dª Maria Jesus Porres Moral en nombre y representacion de su mandante se interpuso demanda de Juicio Declarativo Ordinario de Menor cuanta en reclamacion de cantidad, en base a los hechos, fundamentos juridicos y suplico que constan en su escrito, considerandose reproducidos en la presente.

 

SEGUNDO.- Por resolucion de 4-2-2000, se admitio a tramite la demanda, emplazando a los demandados quienes contestaron en tiempo y forma oponiendose a la demanda, en base a los hechos fundamentos juridicos y suplico que constan en su escrito, considerandose reproducidos en la presente.

 

TERCERO.- Celebrada la comparecencia prevista en el articulo 691 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las ppartes se afirmaron y ratificaron en sus respectivos escritos, recibiendose el pleito a prueba.

     El actor propuso, confesion judicial, documental, testifical y pericial.

     El demandado Sr. T. propuso confesion judicial y documental.

      Los codemandados Sres. G. propusieron confesion judicial, documental y testifical.

     Admitidos los medios de prueba propuestos, excepto la documental h) propuesta por la actora se practicaron salvo aquellas cuya practica se acordo como diligencia para mejor proveer.

 

CUARTO.- Presentados por las partes escritos de resumen de pruebas y alegaciones sobre las pruebas practicadas para mejor proveer, quedaron los autos conclusos para sentencia.

 

QUINTO.-En la tramitacion de estos autos se han observado las prescripciones legales excepto el plazo para dictar sentencia debido a la acumulacion de asuntos civiles que pesan sobre el juzgador

 

 

FUNDAMENTOS

F U N D A M E N T O S   D E   D E R E C H O

 

PRIMERO.- Ejercita el actor la accion de reclamacion de cantidad adeudada por la mercantil XXXXXXXX, dirigiendo la accion contra los administradores al obviar negligentemente el cumplimiento de sus obligaciones legales inherentes a su cargo, al amparo del articulo 133 L.S.A. ejercitando la accion individual y la responsabilidad ppor incumplimiento de disolver la sociedad, articulo 134, 135 y 262.5

    En cuanto a la naturaleza de la accion ejercitada, la doctrina y jurisprudencia mayoritariamente entiende que la responsabilidad sera siempre de naturaleza extracontractual -articulo 1902 del Codigo Civil- en las relaciones entre los acreedores de la sociedad y los administradores V. gr. Sentencia de la Audiencia Provincial de Lerida de 16.3.94,Sentencia de la Audiencia Provincial de Leon de 19.1.93, lo que sera determinante para estimar si la accion ha prescrito o no, al ser el plazo de prescripcion de la accion individual el de un año segun el articulo 1.968.2 del Codigo Civil (Sentencia del Tribunal Supremo de 21.5.1992), el dies a quo del plazo de prescripcion se debe establecer en la fecha de conocimiento por el agraviado de la causacion del daño, debiendo examinarse caso por caso dada la alegacion con caracter previo invocada por los demandados.

    En el caso que nos ocupa y dada la documentacion obrante en las actuaciones, el actor conocia el estado de insolvencia de XXXXXXXX, tanto en la suspension de pago, como en la quiebra, debiendo entenderse que el conocimiento del daños efectivamente causado se produce el dia 4-10-1999, en el acta de graduacion de creditos al saber en dicha junta con toda claridad la posicion dentro del conjunto de acreedores que va a tener a la hora de que la sociedad XXXXXXXXX pudiera iniciar el proceso de liquidacion de su activo, por tanto interpuesta la demanda en Febrero del año 2000 es obvio que no ha transcurrido un año, desestimandose la excepcion.

 

SEGUNDO.-Alegan los demandados falta de legitimacion activa del actor al no ostentar la cualidad de acreedor, dado que la quiebra de XXXXXXXXXX termino por un convenio en que la sociedad cedia todos sus bienes para pago a sus acreedores, quedando extinguidos todos sus creditos.

     Podemos definir el convenio en el procedimiento universal de quiebra como un contrato sui generis de caracter bilateral (al obligarse reciprocamente los acreedores y el quebrado), oneroso (al otorgarse igualmente ventajas ) y unico (al afectar sus clausulas a todos los acreedores por igual), que contiene un reduccion, aplazamiento o incluso extincion de los creditos (ya sea bajo la forma de daño pro solvendo o datio in solutum) y un pactum non petendo (su rescision no puede solicitarse por los acreedores de cumpplir los pactos y acuerdos el quebrado), teniendo gran importancia la intervencion de la autoridad judicial cuya funcion debe dirigirse a excluir aquellos pactos y clausulas incardinados a los distintos motivos de oposicion para asegurar la validez del acuerdo y su posterior homologacion con fuerza vinculante para los acreedores afectados por el mismo.

     En cuanto a las clases de convenio, la doctrina establece dos principalmente: la dacion en pago (cesion pro soluto) y la cesion para pago (datio pro solvendo), la distincion tiene gran importancia, la datio in solutum tiene efecto traslativo de dominio de los bienes del deudor a sus acreedores, la cesion pro solvendo no transmite el dominio solo la posesion de los mismos, v. gr. Sentencia 28-6-97 en la primera los acreedores adquieren la propiedad desde el momento de la aprobacion del convenio judicial.

     El convenio aprobado por auto de 21-12-1999 (folio 764) establece una cesion de bienes para pago con pacto expreso de extinguir la obligacion, confiriendo poder al liquidador para realizar el activo de la sociedad y con su producto pagar a los acreedores en el orden establecido en las Juntas de REconocimiento y Graduacion de Creditos 12-7-99 y 4-10-99 estando ante el supuesto de convenio de los llamados datio in solutum.

    Siendo evidente que el convenio, como negocio juridico tiene evidente naturaleza transaccional, y los pactos y clausulas deben cumplirse a tenor de las mismas, siempre que no infrinjan lo establecido en el articulo 1.255 del Codigo Civil siendo obligatorio para todos los acreedores salvo los siguientes, segun el articulo 940 del Codigo de Comercio, los singularmente privilegiados, los privilegiados y los hipotecarios que no hubieran hecho uso del derecho de abstencion (900.1 del Codigo de Comercio).

     Los que sean por creditos que daten de epoca posterior a la declaracion de quiebra aunque sean comunes y los que siendo titulares de creditos anteriores a la epoca de declaracion de quiebra aunque sean comunes no hubieran sido citados en legal forma.

     No constando la impugnacion del convenio y asi se reconoce en prueba de confesion judicial el Representante de BBV (folio 938) el convenio es obligatorio, y por tanto extinguiendose los creditos como afirma el convenio, es obvio que el actor no puede reclamar por via de una accion individual contra los administradores la misma cantidad que ha sido reconocida en la junta de reconocimiento de creditos, lo que podria provocar un doble pago o un enriquecimiento injusto sin que pueda ser alegado como afirma que dada la posicion que tiene en la lista de acreedores dude de que su credito pueda ser satisfecho puesto que en caso de incumlimiento podria ejercitar la rescision del convenio, por las razones expuesta es procedente estimar la excepcion alegada.

 

TERCERO.- Las costas se impondran al actor al ser desestimada la demanda sin entrar a conocer el fondo del asunto, articulo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881

 

  Vistos los preceptos legales citados y cualesquiera otros de general y pertinente aplicación,

 

FALLO

F A L L O

   Que desestimando la excepcion de prescripcion, debo estimar y estima la excepcion de falta de legitimacion activa alegada por la Procuradora Dª Maria Josefa Herraiz Calvo en nombre y representacion de D. C. y D. A. G. G., debo absolver y absuelvo a los citados demandados y a D. J. T. G.representado por la Procuradora Dª Maria Josefa Herraiz Calvo de la accion ejercitada por Banco Bilbao Vizcaya S.A. representada por la Procuradora Dª Maria Jesus Porres Moral, con imposicion de costas al actor

 

  Notifíquese a las partes la presente resolución, apercibiendoseles de que la misma no es firme y que contra ella puede anunciarse, dentro de los cinco primeros dias, recurso de apelación para ante la Iltma. Audiencia Provincial de Cuenca.

 

  Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.




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