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SENTENCIA EN JUICIO DE FALTAS POR HURTO 13/2008

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SENTENCIA N° 42/2008

En CUENCA, a 1 de julio de 2.008.

DON MIGUEL GIRON GIRON, magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de Cuenca y su partido, ha visto en juicio oral y público los presentes autos de juicio de faltas registrados con el n° 13/08, seguidos por una presunta falta de Hurto, con la intervención del Ministerio Fiscal en representación de la acción pública, en los que ha sido parte denunciante, O. G. y parte denunciada, XXXXXXXXXX asistida del letrado Sr. Puigdomenech Girbau.

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-  Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de parte de atestado de la Policia Nacional de Cuenca por una presunta falta de hurto.

Tras la práctica de las diligencias oportunas y previos los trámites legales, se dictó providencia señalándose para la celebración del juicio oral el día 12 de junio de 2.008, citándose al mismo a las partes, previniéndoles que deberán comparecer acompañadas de los testigos y medios de prueba de que intenten valerse. 

SEGUNDO.-  En el día y hora señalado para la celebración del juicio comparecieron ambas partes asi como el Ministerio Fiscal

TERCERO.- Por el Ministerio Fiscal se solicitó la condena de la denunciada como autora de una falta del art. 623.1 del C. P, A la pena de un mes de multa a razón de seis euros por dia e indemnice a Pedro Joyeros en 243,50 euros.

Por el letrado de la denunciada se solicitó la libre absolución de su defendida.

HECHOS PROBADOS

UNICO.-  Que el 20 de octubre de 2.007, O. G., empleada de la Joyeria Jose Luis Joyerias interpuso denuncia ante la policia Nacional de Cuenca contra XXXXXXXXXX, manifestando que el dia 17 de octubre de 2.007 le habían sustraido una pulsera de oro blanco valorada en 243,50 euros.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El derecho a la presunción de inocencia se configura por el art. 24.2 CE como garantía procesal del imputado y derecho fundamental del ciudadano. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia (STC 64/1986 de 21 mayo).

     El Tribunal Constitucional en la STC 44/1989 de 20 de febrero dice que “constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado. Para llegar a la condena es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano judicial pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia, como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige que se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el Tribunal pueda condenar”. 

SEGUNDO.- Centrándonos en el caso de autos, no procede exigir responsabilidad penal alguna  a la denunciada, pues, el principio de presuncion de inocencia sigue rigiendo para la misma, sin que por la parte denunciante ni por la acusación pública se haya acreditado suficientemente que la sustración de la pulsera fuera realizada por la denunciada, es mas la propia denunciante manifestó, en su larga exposición de los hechos que no vió a herminia coger la pulsera, sino que como habia estado enseñandole la misma junto con otras joyas, que sospechó de ella pasados unos dias. Los hechos ocurrieron el dia 17 de octubre de 2.007, la denuncia se interpone el dia 20 de octubre de 2.007, manifestando que estuvo atendiendo a una señora, posteriormente en una declaración ampliatoria en fecha 11 de diciembre de 2..007, es cuando la denunciante aporta el nombre de la denunciada a la Policía, cuando XXXXXXXXX le comunica a la denunciante que no estaba interesada en la pulsera que había encargado. Manifestando XXXXXXXX que no habiendose acreditado la autoria de los hechos denunciados en la persona de la denunciada, procede su libre absolución, en virtud del principio de presunción de inocencia.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal, en relación con el artículo 240 de la L.E.Cr., al recaer pronunciamiento absolutorio, no procede la condena en costas.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación,

 

FALLO

 

ABSUELVO libremente del hecho origen de las presentes actuaciones a  XXXXXXXX.

Notifíquese ésta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su notificación.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

   

 

PUBLICACION.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el mismo Juez que la dictó de lo que yo el Secretario doy .

SENTENCIA EN JUICIO DE FALTAS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO 15/2008

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SENTENCIA N° 43/2008

En Cuenca, a 1 de julio de 2008.

 

Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción n°2 de esta ciudad, habiendo vistos los presentes autos del Juicio de Faltas nº 15/08, seguidos por una presunta falta contra el orden público, en el que son partes: el Ministerio Fiscal, en representación de la acción pública; los Agentes de la Policía Nacional nº XXXXXXXXX y XXXXXXXXXX, como denunciantes, y XXXXXXXXXXX, como denunciado, asistido del letrado Sr. Buendía Carrascosa.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de atestado de la Policía Nacional por unos hechos ocurridos el 23 de septiembre de 2.007, correspondiendo su conocimiento a este Juzgado por turno de reparto.

Previos los trámites legales, se señaló el día 12 de junio de 2008 para la celebración del juicio, a la que fueron citadas las partes y el Ministerio Fiscal.

SEGUNDO.- El día señalado se celebró el juicio, al que asistieron el Ministerio Fiscal, los agentes denunciantes y el denunciado. En el acto de la vista y tras las declaraciones de las partes, cuyo resultado se puede observar en el acta unida a las presentes actuaciones, el Ministerio Fiscal interesó la condena del denunciado como autor de una falta contra el orden público del art.634 CP a la pena de 20 días de multa con una cuota diaria de seis euros. Por el letrado del denunciado se interesó la absolución de su defendido.

TERCERO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

 

HECHOS PROBADOS

ÚNICO.- El día 23 de Septiembre de 2.007 los agentes de la Policia Nacional nº XXXXXXX y XXXXXXX fueron comisionados por la sala del 091 y se dirigieron a la calle XXXXXXXXXX nº 9 de Cuenca, porque al parecer una persona estaba causando molestias a los vecinos, y una vez en el lugar encontraron a una persona tirada en el suelo observando síntomas de embriaguez, levantandolo del suelo, identificandose los mismos como agentes de policia, solicitando al mismo para que se identificara, negandose en varias ocasiones, y manifestandoles a los agentes “soy marciano, estoy hasta los huevos de que me molesteis, me cago en vuestra puta madre”, siguiendo realizando expresiones como “mamones hijos de puta, os estoy pagando el sueldo y tenia que haber mas policias y guardias civiles muertos”, siendo detenido por los hechos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos narrados anteriormente se han declarado probados en virtud de la declaración de Agentes de la Policía Nacional efectuadas en el acto del juicio. La credibilidad atribuída a dicha declaración proviene de que no existen motivos para dudar de su veracidad y objetividad.

SEGUNDO.- Los hechos declarados probados son constitutivos de una falta contra el orden público del artículo 634 C.P, que dispone que serán castigados los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad o a sus agentes, o los desobedecieren levemente, cuando ejerzan sus funciones.

En el presente supuesto se cumplen los requisitos del tipo dado que AXXXXXXXX profirió unas expresiones a los agentes de la autoridad que constituyen una falta de respeto y de consideración debida a los mismos.

TERCERO.- De dicha falta aparece como responsable en concepto de autor Arturo Ruiz Cañas, por su participación directa, material y voluntaria en los hechos.

CUARTO.- La falta del art.634 CP tiene señalada una pena de multa de diez a sesenta días. De acuerdo con la regulación de la pena de multa contenida en el art.50 del mismo Cuerpo legal y el artículo 638 C.P que dispone que “en la aplicación de las penas de este Libro procederán los Jueces y Tribunales, según su prudente arbitrio, dentro de los límites de cada una, atendiendo a las circunstancias del caso y del culpable”, procede imponer la pena de veinte días de multa, de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio Fiscal, con una cuota diaria de tres euros, fijada en atención al principio “in dubio pro reo” al no constar acreditada la capacidad económica del condenado. En caso de impago, el condenado quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, tal y como lo establece el art.53 C.P.

QUINTO.- De conformidad con el artículo 123 C.P, las costas procesales se entienden impuestas a los criminalmente responsables de todo delito o falta.

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que DEBO CONDENAR Y CONDENO a XXXXXXXXXX como autor criminalmente responsable de una falta contra el orden público prevista y penada en el artículo 634 del Código Penal a la pena de VEINTE DÍAS DE MULTA CON UNA CUOTA DIARIA DE TRES EUROS, que en caso de resultar impagada podrá ser sustituida por un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, así como al pago de las costas procesales.

 

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes.

 

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, en el plazo de cinco días desde su notificación, ante este Juzgado y del que conocerá la Audiencia Provincial.

 

Así lo acuerdo y firmo,

 

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario doy fe.


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SENTENCIA EN JUICIO DE FALTAS POR LESIONES 16/2008

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SENTENCIA N° 44/2008

En Cuenca, a 1 de Julio de 2008.

 

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción n° 2 de esta ciudad, los presentes autos de juicio de faltas n° 16/08, seguidos por una presunta falta de lesiones, en el que han sido partes: el Ministerio Fiscal, en representación de la acción pública; XXXXXXXX como denunciante y FXXXXXXXXXX como de denunciado.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.-  Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de denuncia presentada ante la Policia Nacional de Cuenca, correspondiendo su conocimiento a este Juzgado y dando lugar a la incoación de las Diligencias Previas n° 2123/07, que posteriormente, se transformaron en Juicio de Faltas al constatarse que los hechos no revestían carácter de delito.

Previos los trámites legales, se señaló el día 12 de junio de 2008 para la celebración del juicio, al que fueron citadas las partes y al Ministerio Fiscal.

 

SEGUNDO.- El día señalado se celebró el juicio, al que comparecieron todas las partes, excepto el denunciado, pese a estar citado en legal forma. En el acto de la vista y tras la declaración de la parte denunciante y del testigo XXXXXXXXX, cuyo resultado es de ver en el acta, el Ministerio Fiscal interesó la condena de XXXXXXXXXX como autor de una falta de lesiones del artículo 617.1 C.P a la pena de un mes de multa con una cuota diaria de seis euros y a indemnizar al denunciante en la cantidad de 60 euros en concepto de responsabilidad civil.

 

 TERCERO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

 

 

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- El día 2 de noviembre de 2.007, XXXXXXXX y XXXXXX habian quedado con el padre de esta XXXXXXXX para que les pagara un dinero que al parecer les debía, yendo a casa de este y manifestando el mismo que esperaran que bajaba enseguida, una vez habia bajado le manifestó al denunciante que no le debía nada, y sin mediar mas palabras le propinó un cabezazo en la cabeza quedando aturdido, marchandose XXXXXXXX del lugar, sufriendo el denunciante lesiones consistentes en contusion en región frontal derecha del craneo y traumatismo en zona malar derecha estando dos dias sin impedimento para su curación.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

PRIMERO.- Los hechos declarados probados lo han sido en virtud de la declaracion de la parte denunciante y de la testigo que depusieron en el acto del plenario, que es hija del denunciado y  por el informe forense de sanidad obrante en las actuaciones.

 

La versión dada por el denunciante es corroborada con toda exactitud por la testigo XXXXXX, es decir que el denunciado sin mediar palabra propinó un cabezazo al denunciante en la cabeza, causandole las lesiones que aparecen en el parte de lesiones y de sanidad.

 

SEGUNDO.-  Los hechos declarados probados son constitutivos de una falta de lesiones del artículo 617.1 del Código Penal, que castiga al que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no definida como delito, es decir, una lesión que no requiera para su curación tratamiento médico o quirúrgico, sino sólo primera asistencia facultativa, como ocurre en el presente supuesto a la vista del informe forense de sanidad.

 

TERCERO.-  De dicha falta es responsable en concepto de autor XXXXXXXXXX, por su participación directa, material y voluntaria en los hechos.

 

CUARTO.- La falta del art.617.1 CP tiene señalada una pena de localización permanente de seis a doce días o multa de uno a dos meses.

 

El art.638 del CP dispone que, en la aplicación de las penas señaladas a las faltas, procederán los Jueces y Tribunales según su prudente arbitrio, dentro de los límites de cada una de ellas, atendiendo a las circunstancias del caso y del culpable. De conformidad con dicho precepto, procede imponer al declarado culpable la pena de un mes de multa, interesada por el Ministerio Fiscal, con una cuota diaria de seis euros, por entender que dicha cantidad es adecuada aún cuando no conste la capacidad económica del condenado “por aproximarse al mínimo del mínimo”, por lo que no precisa especial justificación (Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2002).

 

En caso de impago, el condenado quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, tal y como establece el art.53 C.P.

 

QUINTO.-  El artículo 116 del Código Penal dispone que toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivan daños y perjuicios. En virtud de este precepto procede imponer a XXXXXXXXXXX  la obligación de indemnizar a XXXXXXX  en concepto de responsabilidad civil por las lesiones causadas en la cantidad interesada por el Ministerio Fiscal, esto es, 60 euros (2 días no impeditivo a razón de treinta euros por día).

SEXTO.- El artículo 123 del Código Penal dispone que las costas procesales se entienden impuestas a los criminalmente responsables de todo delito o falta.

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

 

FALLO

Que DEBO CONDENAR Y CONDENO a XXXXXXXXXXXXX como autor criminalmente responsable de una FALTA DE LESIONES prevista y penada en el artículo 617.1 del Código Penal a la pena de UN MES DE MULTA CON UNA CUOTA DIARIA DE SEIS EUROS, que en caso  de resultar impagada podrá ser sustituida por un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, así como a indemnizar a XXXXXXXXXXXX en la cantidad de 60 euros en concepto de responsabilidad civil, y al pago de las costas procesales.

 

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que se interpondrá ante este Juzgado en el plazo de cinco días y del que conocerá la Audiencia Provincial.

 

Así lo acuerdo y firmo,

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

SENTENCIA EN JUICIO VERBAL DE TRÁFICO 69/2008

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S E N T E N C I A Nº 73     

 

En CUENCA, a 23 de junio de 2008.

 

DON MIGUEL GIRON GIRON, Juez de Primera Instancia nº 2 de Cuenca, habiendo visto y examinado los presentes autos de JUICIO VERBAL CIVIL, registrados con el nº 69/2.008, tramitados a instancia de M. J. H. A., representada por el Procurador Doña Rosa Maria Torrecilla López y bajo la dirección técnica del Letrado Doña Julia Maria Álvarez Arias, contra DON J. M. V. C. Y SOLISS MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS, representada esta última por el Procurador Doña Yolanda Segovia Rubio y bajo la dirección técnica del Letrado Don Carlos Risueño Jiménez.

 

           ANTECEDENTES DE HECHOS

 

PRIMERO: Por el Procurador Sra. Torrecilla López, en nombre y representación de la actora, se formuló demanda de Juicio Verbal Civil, contra los demandados, interesando se dictara sentencia por la que, estimando íntegramente la demanda, se condene a los demandados a pagar conjunta y solidariamente a su mandante la cantidad de 1.648,89 euros en concepto de lucro cesante, más los intereses del Art. 20 de la L.C.S, respecto de la aseguradora, condenando asimismo a los demandados al pago de las costas procesales.

 

SEGUNDO: Se admitió a trámite la demanda y se convocó a las partes a celebración del correspondiente juicio, el que tuvo lugar el día señalado con asistencia de las partes, oponiéndose los demandados a la pretensión actora, recibiéndose el juicio a prueba y practicándose las que obran unidas a los autos con el resultado que se recoge en las correspondientes actas. Finalizado el término de prueba quedaron los autos para Sentencia.

TERCERO: En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

                      

PRIMERO: Basa su pretensión la actora en los perjuicios causados por el accidente de circulación ocurrido el 17 de febrero de 2.007 cuando el tractocamión de su propiedad matricula XXXXXXX se encontraba aparcado EN EL MUELLE DE LA mercantil Solan de Cabras sita en la localidad de Beteta, siendo colisionado por el tractocamión matricula XXXXXXX  conducido por su propietario J. M. V. C. y asegurado en Soliss, reclamando 1648,89 euros en concepto de lucro cesante,  por el consecuente período de tiempo en que el citado vehículo estuvo de baja o paralizado hasta su reparación, 9 días en total, interesando junto al lucro cesante los intereses legales del Art. 20 de la L.C.S respecto de la aseguradora Soliss, más costas, oponiéndose la demandada no oponiéndose a la forma de ocurrir el accidente pero estando disconforme en cuanto a la valoración que hace la actora de los daños, interesando por ello la desestimación de la demanda.

 

SEGUNDO.- La ganancia frustrada o "lucro cesante", es la  utilidad o beneficio dejado de obtener por un acto u omisión de otro, resaltando la jurisprudencia que no puede tener por base, al menos de forma exclusiva, el criterio del perjudicado, (Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de Noviembre de 1980, 31 de Octubre de 1982, 21 de Diciembre de 1981, 8 de Noviembre de 1986 y 10 de Mayo de 1989), puesto que éstos perjuicios o ganancia frustrada,  han de ser demostrados en su realidad (Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de Noviembre de 1928 y 30 de Diciembre de 1977, entre otras), no pudiendo derivar los mismos “de meros cálculos, hipótesis y suposiciones, ni referirse a beneficios posibles, inseguros o desprovistos de certidumbre” (Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de Octubre de 1993, 6 de Mayo de 1967 y 6 de Septiembre de 1991, entre otras), siendo necesario e imprescindible a estos efectos, la aportación de alguna prueba “cuya apreciación corresponde al Tribunal de la instancia”, así Sentencias, del Tribunal Supremo de 12 de Febrero de 1976, 8 de Marzo de 1989, 20 de Marzo de 1991, 13 de Abril de 1992; y Art. 1.106 en relación el 1.101 del Código Civil), es algo, necesario. Que, insistimos, no se ha de pretender salvar, invocando criterios subjetivos, parciales.

 

Como recuerda la  AP Barcelona , sec. 13ª , S 29-03-1999, nuestro sistema está presidido por el principio de indemnidad o reparación integra, total, en el orden material o moral, tanto en lo que respecta al daño emergente como al lucro cesante (arts. 1089, 1106, 1107, 1902 CC; STS 22.8.1982, 18.2.1993, 16.6.1993, ... ), y en este segundo se integran los daños previstos a que se hubieren podido prever (1107 C.C.), con las siguientes características: 1) posibilidad de haber podido obtener ganancias en el caso de no haberse producido el evento causante del daño. 2) apreciación restrictiva. 3) Rigurosa prueba sobre el dato de que se dejaron de obtener ganancias. 4) Con la misma relación, acreditada, de causa a efecto entre el evento y la pérdida de provecho económico, (STS. 6.5.67, 6.6.68, 25.4.80, 30.12.77, 6.7.83, 1.10.86, 30.5.87, 17.6.88, 19.7.89, 4.12.92, 16,6.93, 8.7.96, ... ).

 

TERCERO.- Con estos antecedentes, y visto que en ningún momento se discute el accidente del 17 de febrero de 2.007, su forma de producirse , participación de los vehículos implicados o reglas sobre materia probatoria sobre la base de la responsabilidad extracontratual en relación con el hecho mismo de la colisión, o la procedencia de reclamar en abstracto contra la Aseguradora, sino que el único motivo de reclamación y posterior oposición se limita a los eventuales y posibles beneficios que el camión dejó de rendir a su propietario, la actora, durante el tiempo en que estuvo paralizado y no apto para trabajar, siempre que en primer lugar se acredite la realidad de su baja, resulta innecesario detenerse sobre requisitos y presupuestos o configuración de la culpa extracontractual, recordando únicamente que, dentro de los requisitos exigidos jurisprudencialmente para ésta, y consecuencia directa de la expresión “reparar el daño causado” contenida en el artículo 1902, se habla de la producción de un resultado dañoso perjudicial para alguien o para algo, es decir, AP Salamanca , S 13-04-1999, la producción de un daño de índole material o moral, que en todo caso ha de estar debidamente acreditado en su realidad y existencia, aun cuando la determinación exacta de su cuantía pueda dejarse para el periodo de ejecución, señalando la STS de 29 de septiembre de 1986 que para el resarcimiento de daños es necesaria la prueba de ellos de forma categórica, sin que sean suficientes meras hipótesis o probabilidades, pues los perjuicios reales y efectivos han de ser acreditados con precisión, de modo que sólo debe ser resarcido el perjuicio con el equivalente del mismo, para lo que es imprescindible concretar su entidad real, de tal forma que, como señaló también la STS de 17 de septiembre de 1987, para que pueda prosperar- la acción en reclamación de daños y perjuicios es necesaria la prueba de ellos, sin perjuicio de que pueda dejarse para ejecución de sentencia la determinación del "quantum", y así la STS de 26 de julio de 1985 afirmó que, en el caso de responsabilidad civil extracontractual, aquel que reclama debe acreditar cumplidamente la causación del daño mediante un acto del demandado, lo que, en virtud de lo previsto en el artículo 24 de la Constitución, que proclama el derecho a la prueba, puede llevarse a cabo a través de cualquiera de los medios que la ley procesal establece, entre los que figura el de las presunciones, añadiendo únicamente que, entre la obligación de reparar el daño figura no sólo las pérdidas sufridas, sino también aquella ganancia dejada de obtener, artículo 1106 CC, lo que se denomina lucro cesante, exigiéndose en todo caso una relación de causalidad entre acto y resultado, dentro de la cual se distinguen dos doctrinas imperantes y sucesivas a la hora de fundamentar la llamada “relación de causalidad” : la primera, o de la  equivalencia de las condiciones, entendida en el sentido de que se reputa como causa toda condición que hubiere contribuido a la producción del resultado, entendido condicionalmente en el aforismo "conditio sine qua non", es decir, que el resultado no se hubiera producido si la condición no se hubiera dado, y la segunda, la conocida por la de la causalidad adecuada, que exige la determinación de si la conducta del autor del acto es apropiada para la producción de un resultado de una clase dada y determinada y, tan sólo en el caso de que la contestación fuere afirmativa, cabría apreciar la existencia del nexo causal para la ciencia de la responsabilidad, doctrina ésta que en los últimos años, impera tanto en el orden jurisprudencial penal como en el civil, que es reiterada, entre otras, por la STS 27 septiembre 1993, cuando sienta que para la determinación de la existencia de relación o enlace preciso y directo la acción u omisión, causa, y el daño o perjuicio resultante, efecto, la doctrina jurisprudencial viene aplicando el principio de la causalidad adecuada, que exige para apreciar la culpa del agente que el resultado sea una consecuencia natural, adecuada y suficiente de la determinación de la voluntad, debiendo entenderse por consecuencia natural aquélla que propicia, entre el acto inicial y el resultado dañoso, una relación de necesidad conforme a los conocimientos normalmente aceptados, y debiendo valorarse, en cada caso concreto, si el acto antecedente que se valora como causa, tiene virtualidad suficiente para que del mismo se derive, como consecuencia necesaria, el efecto lesivo producido, completando asimismo el criterio jurisprudencial expuesto la S 24 enero 1995 de igual órgano jurisprudencial, que a su vez cita la de 25 febrero 1992, al proclamar que es necesario una prueba terminante relativa al nexo entre la conducta del agente y la producción del daño, de tal forma que haga patente la culpabilidad que obliga a repararlo”.

 

CUARTO.- Concurriendo por no cuestionarse el presupuesto de culpabilidad, la no reclamación de los daños materiales en el camión, no se sabe si por pago de la aseguradora, y la necesaria relación de causalidad entre la colisión y éstos daños materiales, pues no se niega por la aseguradora demandada que hubo daños aunque esta basa su oposición en señalar que estos fueron leves, es necesario por tanto examinar la pretensión esgrimida que se reduce por tanto a las pérdidas que el camión supuso para la actora por el periodo de tiempo en que permaneció paralizada en espera de su reparación, o lo que es lo mismo, el lucro cesante, para lo cual hay que señalar que existe una absoluta falta de prueba respecto de los daños materiales que se produjeron al camión y que a la postre fundamentaron su reparación y su estancia en el taller, cuestión esta que no ha acreditado en ningún momento la actora, pues ni se ha presentado factura de la reparación, solamente se ha presentado una certificación del taller que únicamente puede acreditar la estancia en el taller, pero de ninguna manera podemos averiguar si esos daños están relacionados con los días de paralización que se dicen ha estado el camión en el taller, pues el representante del taller vino a ratificarse en su certificación, pero no hay prueba documental alguna que nos indique esa relación causal que se debe exigir para poder reclamar el lucro cesante, conforme a la doctrina antes expuesta, es mas existe en autos un parte amistoso aportado por la Cia Aseguradora, y por lo que se desprende del mismo, hace entrever que se produjo una rozadura en retrovisor y aleta  y puerta y en plataforma, por lo que a simple vista dichos daños se pueden considerar leves en relación a los 9 días de paralización que se reclaman, pues hubiera bastado a la actora haber presentado la factura de reparación, donde se indicaran los daños ocasionados, pues es a ella a quien incumbe la carga de la prueba de este extremo concreto, y no habiéndolo realizado, es por lo que procede la desestimación de la demanda.

    QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se imponen las costas a la actora.

      Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que desestimando  la demanda presentada por la DOÑA M. J. H. A. contra D. J. M. V. C.  Y LA CIA SOLISS MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS, debo absolver y absuelvo a estos últimos de los pedimentos contra ello formulados, con expresa condena en costas a la actora.

 

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días, que se interpondrá ante este Juzgado y del que conocerá la Audiencia Provincial.

 

      Así lo acuerdo y firmo,

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario doy fe.

SENTENCIA EN JUICIO VERBAL DE TRÁFICO 638/2007

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SENTENCIA Nº 74

En Cuenca, a 23 de junio de 2008.

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 2 de esta ciudad, los presentes autos de juicio verbal n° 638/07, promovidos a instancia de D. I. H. S., representado por el Procurador de los Tribunales D. Miguel Ángel García García y asistido por el Letrado Sr. Martínez Olivares, contra  XXXXXXX, S.A y MUTUA XXXXXXXX, representada esta última por la Procuradora de los Tribunales D. José Olmedilla Martínez y asistida por el Letrado Sr. Torrecilla Ortí.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Procurador de los Tribunales D. Miguel Ángel García García, en nombre y representación de la actora, se interpuso demanda contra los demandados en reclamación de la cantidad de 713,52 euros en cuanto  importe de la reparación de los daños que sufrió el vehículo de su propiedad, como consecuencia de una colisión ocurrida el día 9 de enero de 2007 en el aparcamiento del Centro Comercial Alcampo de Cuenca. Todo ello con los intereses legales y costas.

SEGUNDO.- Admitida la demanda, se dio traslado de la misma, con sus documentos y copias, a los  demandados, citando a todas las partes a la celebración de vista para que tuviera lugar el día 3 de junio de 2008.

Al acto de la vista comparecieron todas las partes. En la misma, el actor se ratificó en su demanda. Por su parte, los demandados se opusieron a la demanda alegando que no hay relación de causalidad, no impugnando los daños y su importe pero estando disconformes con la forma de ocurrir el accidente.

TERCERO.- Recibido el pleito a prueba, la parte actora propuso la documental y la testifical. Por su parte, el demandado propuso la testifical y el interrogatorio del demandante. Todas ellas fueron admitidas.

CUARTO.- La prueba propuesta y admitida se practicó con el resultado que es de ver en autos.

QUINTO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

PRIMERO.-  Ejercita la demandante acción por culpa extracontractual frente al propietario del vehículo camión matricula XXXXX y frente a la aseguradora del mismo en reclamación del importe de reparación de los daños que sufrió el vehículo de su propiedad como consecuencia de la colisión ocurrida el día 9 de enero de 2007 en el aparcamiento del Centro Comercial Alcampo de Cuenca.

Se manifiesta en la demanda que el vehículo del demandante se encontraba correctamente aparcado en el aparcamiento del Centro Comercial, siendo colisionado por el camión propiedad de la actora causándole daños y sin dejar datos algunos se marcho, siendo testigos de los hechos J. R. A. y J. L..

 

Lo CIA demandada se opone a la demanda alegando que el camión de su representada no colisionó con el vehículo de la actora, no negando los daños de la actora ni su importe pero si está disconforme con la forma de ocurrir el accidente.

 

SEGUNDO.- El artículo 1 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor dispone en su apartado 1°, párrafo 3°, que el conductor de vehículo a motor responderá, en el caso de daños en los bienes, frente a terceros, cuando resulte civilmente responsable según lo establecido en los artículos 1902 y siguientes del Código Civil. Rige, por tanto, el principio de responsabilidad extracontractual previsto en los citados artículos del Código Civil y que determina la necesidad de comprobar, para declarar su existencia, si, además de daños, éstos se han producido como consecuencia de la conducta culposa o negligente de la parte que los haya causado.

TERCERO.-  La titularidad de los vehículos, su aseguramiento, la existencia de los daños y la cuantía de la reparación de los mismos ha resultado acreditada por la documental obrante en las actuaciones, que no ha sido impugnada.

En cuanto a la mecánica del accidente, ha quedado acreditado que el vehículo del demandante se encontraba correctamente estacionado en la zona habilitada para ello en el Centro Comercial Alcampo de esta Ciudad. Así lo manifestó el testigo J. L. quien al oír el ruido del golpe giró la cabeza y vio al camión cogiendo los datos de matricula del mismo ya que se fue del lugar, viendo también que el vehículo aparcado tenía daños, asimismo el testigo J. J. B. también manifestó que el camión fue a Alcampo, y que no se dio cuenta de que colisionara con otro vehículo, señalando que puede que le colisionara; todos estos datos que junto con la documental, nos hace llegar a la conclusión de que el camión, colisionó con el vehículo de la actora y se marchó, ocasionando los daños cuyo importe ahora se reclama y que no han sido controvertidos; siendo por ello que la demanda ha de ser estimada.

CUARTO.- El artículo 9 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, dispone, con remisión al artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, la imposición de intereses por mora cuando el asegurador no hubiera satisfecho o consignado la indemnización por daños y perjuicios en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro. Estos intereses moratorios consistirán en el interés anual equivalente al interés legal del dinero incrementado en un 50%  y no podrá ser inferior al 20% transcurridos dos años desde la producción del siniestro.

Dicho precepto es aplicable, puesto que la fecha del siniestro fue el 9 de enero de 2007 y hasta el momento no se ha producido el pago o consignación de la indemnización debida por parte de la compañía aseguradora.

En cuanto al demandado XXXXXXXX S.A, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.100 y 1.108 del Código Civil, procede su condena a abonar el interés legal de la cantidad reclamada en la demanda desde su interpelación judicial, esto es, desde su emplazamiento (28 de marzo de 2007).

QUINTO.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas deben imponerse a la parte que ha visto desestimadas sus pretensiones.

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO 

Que estimando la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales D. Miguel Ángel García García, en nombre y representación de D. I. H. S., contra XXXXXXXX S.A y MUTUA XXXXXXX, debo condenar y Condeno a estos últimos a que abonen conjunta y solidariamente a la actora en la cantidad de 713,52 euros, por los daños materiales en su vehículo, cantidad que devengará los intereses del Art. 20 de la L.C.S para la aseguradora condenada y los legales para el otro condenado, con expresa condena en costas a los demandados.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días, que se interpondrá ante este Juzgado y del que conocerá la Audiencia Provincial.

 

Así lo acuerdo y firmo,

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario doy fe.

SENTENCIA EN JUICIO VERBAL DE TRÁFICO 630/2007

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SENTENCIA Nº 75

 

 

En Cuenca, a 23 de junio de 2008.

 

 

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 2 de esta ciudad, los presentes autos de juicio verbal n° 630/07, promovidos a instancia de D. XXXXXXX SEGUROS S.A, representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Herraiz Calvo y asistido por el Letrado Sra. García García, contra  Dña S. G. P. Y XXXXXXX SEGUROS representados por el Procurador de los Tribunales Sr. Carrasco Parrilla y asistidos del letrado SR. Arias Rebenaque y la Cia XXXXXXX representada por la procuradora Sra. Martorell Rodríguez y asistida del letrado Sr. Barrera Montero.

 

 

                   ANTECEDENTES DE HECHO

 

 

PRIMERO.- Por XXXXXXX Seguros, se interpuso demanda contra S. G. P. y las Cias XXXXXX y XXXXXXX en reclamación de la cantidad de 1.006,31 euros en cuanto  importe de la reparación de los daños que sufrió el vehículo de su asegurado y que fue convenientemente abonado al mismo, demanda que en un principio se presentó en Valencia y después se siguió en este juzgado por inhibición y ello como consecuencia de una colisión ocurrida el día 5 de diciembre de 2.004 en las proximidades del Parque San Julián de Cuenca. Todo ello con los intereses legales y costas.

 

 

SEGUNDO.- Admitida la demanda, se dio traslado de la misma, con sus documentos y copias, a los  demandados, citando a todas las partes a la celebración de vista para que tuviera lugar el día 3 de junio de 2008.

 

Al acto de la vista comparecieron todas las partes. En la misma, el actor se ratificó en su demanda. Por su parte, los demandados se opusieron a la demanda en cuanto a la mecánica del accidente.

 

TERCERO.- Recibido el pleito a prueba, la parte actora propuso la documental, el interrogatorio del demandado y la testifical. Por su parte, el letrado Sr. Barrera no propuso prueba alguna y el letrado Sr. Arias propuso la documental. Todas ellas fueron admitidas a excepción de la testifical de la actora.

 

CUARTO.- La prueba propuesta y admitida se practicó con el resultado que es de ver en autos.

 

QUINTO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales. 

 

 

                   FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

 

PRIMERO.-  Ejercita la demandante acción por culpa extracontractual frente al conductor y aseguradora del vehículo Ford Fiesta matricula XXXXXXXX y contra la aseguradora del vehículo Kia Carnaval matricula XXXXXXXX en reclamación del importe de reparación de los daños que sufrió el vehículo de su asegurado Mercedes matricula XXXXXXXX como consecuencia de la colisión ocurrida el día 5 de diciembre de 2004 en las proximidades del parque San Julián de Cuenca.

 

Alegan las demandadas que en el acto de la vista la actora ha introducido cambios sustanciales en su petición por lo que se operó, de hecho, una «mutatio libellis» generadora de indefensión.

Nuestro Ordenamiento Jurídico confiere facultades al Juez para la determinación del objeto litigioso, manteniendo, sin embargo, la prohibición de la «mutatio libellis» característica de nuestro proceso.

Ahora bien, con arreglo a la doctrina de la sustanciación predominante en la Jurisprudencia, lo definitorio de la pretensión son los elementos fácticos aducidos por los litigantes (Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 1988 [ RJ 19889036]), y lo cierto es que éstos no se alteraron sustancialmente en la Vista, limitándose la parte demandante a variar en cuanto a la mecánica del accidente el hecho de que en un principio manifestó que iba conduciendo el vehículo y posteriormente en el acto de la vista manifestó que estaba estacionado, pero sin alterar la esencia de lo que pedía: el resarcimiento de los daños materiales del vehículo de su asegurado y que fueron abonados por la actora.

Pero es más, es doctrina constitucional reiterada -por todas, Sentencias del Tribunal de 17 de junio de 1987 ( RTC 1987102) y 11 de julio de 1994 ( RTC 1994205)- la de que la indefensión que prohíbe el art. 24 de la Constitución Española ( RCL 19782836 y ApNDL 2875) no nace de la sola y simple infracción por los órganos judiciales de las reglas procesales, pues el quebrantamiento de esta legalidad no provoca siempre la eliminación o disminución sustancial de los derechos que corresponden a las partes en razón de su posición propia en el procedimiento, requiriéndose que se haya producido una indefensión material y efectiva, pues en otro caso, rige el principio de conservación de los actos procesales recogido en los arts. 241 y 242 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ( RCL 19851578, 2635 y ApNDL 8375). En el supuesto de autos no puede apreciarse una verdadera indefensión material pues la parte demandada, si entendía que se había modificado la demanda, podría haberlo hecho constar, como así se hizo, y hacer las alegaciones convenientes, como también hicieron ambos codemandados, por lo que no sufrió menoscabo alguno en las posibilidades procesales de hacer valer sus intereses. Cuestión diferente es la valoración que se pueda hacer de la variación denunciada al entrar a conocer el fondo del asunto, y en conjunto con el resto de la prueba practicada.

SEGUNDO.- Se manifiesta en la demanda que el día 5 de diciembre de 2.004 el Sr. XXXXXX conducía el mercedes matricula XXXXXXXX por la localidad de Valencia y yendo de forma reglamentaria y con las debidas precauciones  y yendo por el carril derecho, fue impactado por el turismo Kia Carnaval que circulaba por el carril contiguo y su conductor invadió el carril, interviniendo a su vez un Ford Fiesta que estando en el tercer Carril al parecer se incorporó a su vez al segundo de los carriles de forma negligente; en cambio en el acto de la vista, la actora cambia la de versión de los hechos y manifiesta que su asegurado estaba estacionado cuando fue golpeado a resultas de la colisión entre los otros dos vehículos.

 

Pues bien este hecho nos hace dudar sobre la forma en que el accidente se produjo, pues la prueba practicada en el acto de la vista consistió en documental e interrogatorio de la codemandada S.. De toda la prueba se desprende que no se ha acreditado si el vehículo asegurado en la actora circulaba o estaba estacionado, ni que calle era donde se produjo el accidente, pues se manifiesta en la demanda que incluso había tres carriles, en cambio S. manifiesta que era de doble circulación, solamente sabemos que dicho vehículo asegurado en la actora sufrió daños y que estos fueron abonados al asegurado, por la documental aportada por la actora que no fue impugnada, pero hay una total indefinición de cómo se ocasionaron esos daños, que nos lleva a señalar que no se a acreditado la relación causal, pues no ha quedado acreditado el hecho que sirve de base para la petición, que no es otro que fuera el vehículo de la actora un mero sufridor del daño ocasionado por alguno o ambos vehículos de las demandadas, requisito este que es exigido para la reclamación de daños por culpa extracontractual,; Ya no sólo hay contradicciones entre las versiones de ambas codemandadas sino también con al actora como se ha señalado, incluso la declaración de la codemandada Sandra, pone mas oscuridad en el asunto, siendo por ello que la demanda ha de ser desestimada.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas deben imponerse a la parte que ha visto desestimadas sus pretensiones.

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

                            FALLO

Que DESESTIMANDO la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Herraiz Calvo, en nombre y representación de XXXXXX SEGUROS S.A, contra S. G. P., XXXXXX Y XXXXXXX, debo ABSOLVER Y ABSUELVO a éstos últimos de los pedimentos contra ellos efectuados, con expresa condena en costas a la actora.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días, que se interpondrá ante este Juzgado y del que conocerá la Audiencia Provincial.

 

Así lo acuerdo y firmo,

 

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario doy fe.

 

SENTENCIA EN DIVORCIO MUTUO ACUERDO 241/2008

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SENTENCIA Nº 76/08

 

En Cuenca, a 26 de junio de 2008.

 

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia n° 2 de esta ciudad, los presentes autos de divorcio de mutuo acuerdo n° 241/08, promovidos a instancia de D. XXXXXXXX, Con el consentimiento de su esposa DOÑA XXXXXXXXX, representados por el Procurador de los Tribunales Dña. Susana Perez Lanzar y asistida por el Letrado Sra. Iniesta Lozano; no siendo parte el Ministerio Fiscal.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Procurador de los Tribunales Dña. Susana Perez Lanzar, en nombre y representación de D. XXXXXXXXX, se presentó demanda solicitando el divorcio de su matrimonio con su esposa XXXXXXXXXX.

 

SEGUNDO.- Admitida la demanda, se acordó la ratificación de ambos esposos, que se produjo en fechas de 9 y 12 de junio de 2.008.

 

TERCERO.-En el presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Habiéndose instado el divorcio por ambos cónyuges y cumpliéndose los restantes requisitos establecidos en los artículos 86 y 81.2º del Código Civil, al haber transcurrido más de tres meses desde la celebración del matrimonio y haberse acompañado la propuesta de convenio regulador de fecha 5 de mayo de 2008, procede decretar judicialmente el divorcio.

 

SEGUNDO.- Dado que los cónyuges han presentado el convenio regulador de su divorcio y no encontrándose dicho convenio perjudicial para ninguno de ellos, ni hay hijos menores del mismo procede aprobarlo en su integridad.

 

TERCERO.- A la vista de la especial naturaleza de los procedimientos sobre familia no cabe hacer especial pronunciamiento sobre costas.

 

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que estimando la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales Dña Susana Perez Lanzar, declaro la disolución por divorcio del matrimonio contraído por D. XXXXXXXX Y DOÑA MXXXXXXXX, aprobándose el convenio regulador aportado con la demanda, de fecha 5 de mayo de 2.008,  sin efectuar pronunciamiento sobre costas procesales.

 

Notifíquese la presente sentencia a las partes y firme que sea comuníquese al Sr. Encargado del Registro Civil donde conste el matrimonio de los litigantes.

 

Así lo acuerdo y firmo,

 

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario doy fe.

SENTENCIA EN DIVORCIO MUTUO ACUERDO 273/2008

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SENTENCIA Nº77/08

En Cuenca, a 26 de junio de 2008.

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia n° 2 de esta ciudad, los presentes autos de divorcio de mutuo acuerdo n° 273/08, promovidos a instancia de D. XXXXXXXXX Y DOÑA XXXXXXXXX, representados por el Procurador de los Tribunales Dña. Yolanda Segovia Rubio y asistida por el Letrado Sr. Esteban Beltran; no siendo parte el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Procurador de los Tribunales Dña. Yolanda Segovia Rubio, en nombre y representación de D. XXXXXXXXX y Doña XXXXXXXX, se presentó demanda solicitando el divorcio de su matrimonio.

SEGUNDO.- Admitida la demanda, se acordó la ratificación de ambos esposos, que se produjo en fecha de 13 de junio de 2.008.

TERCERO.-En el presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Habiéndose instado el divorcio por ambos cónyuges y cumpliéndose los restantes requisitos establecidos en los artículos 86 y 81.2º del Código Civil, al haber transcurrido más de tres meses desde la celebración del matrimonio y haberse acompañado la propuesta de convenio regulador de fecha 23 de mayo de 2008, procede decretar judicialmente el divorcio.

SEGUNDO.- Dado que los cónyuges han presentado el convenio regulador de su divorcio y no encontrándose dicho convenio perjudicial para ninguno de ellos, ni hay hijos menores del mismo procede aprobarlo en su integridad.

TERCERO.- A la vista de la especial naturaleza de los procedimientos sobre familia no cabe hacer especial pronunciamiento sobre costas. 

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que estimando la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales Dña Yolanda Segovia Rubio, declaro la disolución por divorcio del matrimonio contraído por D. XXXXXXXXX Y DOÑA XXXXXXXXXX, aprobándose el convenio regulador aportado con la demanda, de fecha 23 de mayo de 2.008,  sin efectuar pronunciamiento sobre costas procesales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y firme que sea comuníquese al Sr. Encargado del Registro Civil donde conste el matrimonio de los litigantes.

 Así lo acuerdo y firmo,

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario doy fe.

SENTENCIA EN APELACIÓN. PROPIEDAD Y ACCESIÓN. VUELO COMÚN.

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S E N T E N C I A  NUM.   111/2008

         En la ciudad de Cuenca, a  diecinueve de mayo de dos mil ocho.

         Vistos en trámite de recurso de apelación los autos de juicio ordinario número  471/2006 procedentes del Juzgado de Primera Instancia número uno de los de Cuenca y su partido, promovidos a instancia de DON P. M. J., representado por la Procuradora de los Tribunales  Doña María Isabel Herraiz Fernández  y bajo la asistencia  por el Letrado Don Santiago Nebot Rodrigo, contra DON L. M. M., representado por la Procuradora Doña  María Ángeles Paz Caballero y por la Letrada Doña Rosa María Recuenco Díaz; en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandada contra la sentencia dictada en primera instancia, de fecha  siete de septiembre de dos mil siete; habiendo sido ponente el Ilmo. Sr. Presidente  Don Antonio Díaz Delgado .

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

          PRIMERO.- En los autos indicados al margen se dictó sentencia de fecha siete de septiembre de dos mil siete, en cuya parte dispositiva se establecía, literalmente: "Estimando la demanda promovida por la procuradora Doña María Isabel Herraiz Fernández en nombre y representación de D. P. M. J. debo condenar y condeno a D. L. M. M. representado por la procuradora Dª María Ángeles Paz Caballero a que destruya la obra realizada sobre la cubierta del edificio sito en la calle XXXXXXX nº 2 de la localidad de XXXXXX apercibiéndole que en el caso de no hacerlo se hará a su costa. Se imponen las costas causadas a L. M. M.".

 

        SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se preparo y después interpuso por la representación de la parte demandada, recurso de apelación en tiempo y forma, recurso que fue admitido a medio de providencia de fecha veintinueve de noviembre de dos mil siete, dándose traslado a la parte contraria para que pudiera presentar escrito de oposición al recurso o impugnar la sentencia en aquellos extremos que pudieran resultarles desfavorables.

 

        TERCERO.- Con fecha diecinueve de diciembre de dos mil siete, Doña María Isabel Herraiz Fernández, Procuradora de los Tribunales y de Don P. M. J., presentó escrito impugnando  el recurso interpuesto de contrario.

       

        CUARTO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, con fecha veintiséis de Febrero de dos mil ocho, se procedió a formar el correspondiente rollo, asignándosele el número del margen, turnándose ponencia y habiéndose cumplido la totalidad de las previsiones legales, sin que se estimara necesaria la celebración de vista, y señalándose para que tuviera lugar la correspondiente deliberación, votación y fallo el  día veintidós de Abril de dos mil ocho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO.-  El presente recurso de apelación debe ser estimado. Así, atendiendo a lo que pide el demandante  en su demanda, actuación procesal/judicial de este Tribunal plenamente posible, al adquirir este Tribunal mediante el recuso de apelación plena jurisdicción, vamos a ir analizando punto por punto lo que pide el demandante.

 

        SEGUNDO.-  En primer lugar la obra realizada por el demandado no puede decir que se ha realizado ilegalmente pues conforme a la prueba propuesta y practicada ver los folios 98 y sgtes, consta el otorgamiento al demandado de su correspondiente licencia de obras así como del permiso oportuno para construir la edificación que es objeto de litigio, con la correspondiente realización del proyecto básico y proyecto de ejecución.

 

        TERCERO.-  En segundo lugar en cuanto dice el demandante que la obra se hizo sin el consentimiento del actor con modificación de los elementos comunes de estructura cubierta y fachada apropiándose de el vuelo común.

 

        Para la debida resolución de la presente cuestión,   hemos  de partir de que nos encontramos con dos fincas independientes sobre las que se alzan dos construcciones colindantes. En definitiva en modo alguno puede ser aplicable la regla de la comunidad de bienes como pretende el demandante, y acoge el juzgador de Instancia.

 

        Este elemento es esencial, y se insiste que es un hecho no controvertido reconocido tanto por el demandante como por el demandado, y por ello hemos de traer a colación  el artículo 350 del Código Civil que señala que el propietario de un terreno es dueño de su superficie y puede hacer en las obras que tenga por conveniente, respetando las servidumbres, que en este caso seria la denominada  medianera (que en realidad es una comunidad de bienes) respetando la ley  de Minas y de Aguas y, reglamentos de policía.

 

        Este derecho de propiedad lleva aparejado el derecho de accesión.

 

        Pues bien todo lo que se dice en el suplico, en orden a la modificación por el demandado de los elementos comunes de estructura, en modo alguno se acredita por el actor, ya que no se vislumbra cuales son los elementos comunes de la estructura alterados, pues no consta que haya medianera alguna, y además, sobre ello no se hace cuestión, salvo que se refiera a la modificación de la fachada con la nueva edificación, fachada que pertenece a la vivienda del demandado y por ello es una pretensión que en modo alguno puede prosperar, pues no afecta a derechos, o interés jurídico alguno, del demandante. Lo mismo puede decirse de la cubierta.  Si el demandado modifica la fachada y la cubierta que antes tenia una caída determinada y ahora el propietario/demandado decida darle otra al tratarse de viviendas independientes,  tal decisión es posible, y jurídicamente admisible, a tenor de las facultades que el derecho de propiedad otorga,  como es  entendido por el artículo 398 del Código Civil.

 

         A modo de aclaración hemos de señalar, que el que en la demanda se diga que el demandado con su obra, ha convertido las dos fincas en una comunidad de bienes, es obvio que estos solo es una apreciación de parte que en modo alguno permite que a la solución de fondo se aplique las normas contenidas en el artículo 396 y 397 del Código Civil.

 

        CUARTO.-  Queda por analizar la cuestión que es mas importante, referida a que el demandado se haya apropiado del "vuelo Común".

        Realmente no se sabe muy bien que quiere significar o decir el demandante/recurrente, cuando habla de un "vuelo común". A tal efecto de las pruebas practicadas se colige que la mayor altura dada por el demandado no  perjudica al vuelo del demandante, aunque se haya modificado la estructura del edificio, la modificación afecta al edificio del demandado, como se ha dicho, y por consiguiente lo que plantea el recurrente es una cuestión no admisible, cual es, considerar las dos fincas como una sola en orden a que  prospere su pretensión ya que las pruebas practicadas ponen de relieve que son fincas o inmuebles contiguos, pero  independientes.

        En definitiva el actor no prueba en que, la obra realizada  por el demandado, perjudica su vuelo o el "vuelo común" al que hace referencia, por ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (regla sobre la carga de la prueba) no ha probado el elemento constitutivo de su  pretensión, y ello hace que la demanda deba decaer. Y por lo tanto al no probar el demandante el elemento constitutivo de su pretensión procede estimar el recurso y revocar la sentencia recurrida.

        QUINTO.-  En cuanto a las costas de esta alzada conforme al artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no deben ser impuestas a litigante alguno.

          Por lo expuesto,

FALLAMOS

   

         Que debemos estimar y estimamos el presente recurso de apelación, revocando la sentencia recurrida sin hacer expresa imposición de costas de esta alzada a litigante alguno.

    

      Cúmplase lo establecido en los artículos 248.4º de la ley orgánica del poder judicial y 208.4º de la ley de enjuiciamiento civil.

        Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

 

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

SENTENCIA EN APELACIÓN DERIVADA DE JUICIO DE FALTAS POR ACCIDENTE DE TRÁFICO. BAREMO APLICABLE. INDEMNIZACIÓN Y CONCEPTOS. INTERÉS MORATORIO

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S E N T E N C I A  NUM. 44/2008 

     En la ciudad de Cuenca, a uno de julio de dos mil ocho.

     Vistos por el Magistrado Ilmo. Sr. D. Leopoldo Puente Segura, en grado de apelación, los autos de juicio de faltas número 140/2006, procedentes del Juzgado de Instrucción número tres de los de Cuenca y su partido; habiendo sido parte, como denunciante,XXXXXXXX, mayor de edad y provista de D.N.I. número XXXXXXXX, actuando en su propio nombre y derecho, así como en su condición de tutora de XXXXXXXXX, y en representación de su hija menor XXXXXXX ; y XXXXXXXXX, mayor de edad y provista de D.N.I. número XXXXXXXX, representadas por la Procuradora de los Tribunales Dª María Josefa Herraiz Calvo y dirigidas técnicamente por la Letrada Dª Eva Mataix; como denunciado XXXXXXXXX, mayor de edad y provisto de D.N.I. número XXXXXXXXX; y como responsables civiles XXXXXXXX, también mayor de edad y cuyas circunstancias personales constan en las actuaciones, y la entidad mercantil XXXXXXXXX, todos ellos representados por la Procuradora de los Tribunales Dª Sonia Martorell Rodríguez y asistidos técnicamente por el Letrado Don Francisco Javier Jouve Fernández de Avila; habiendo sido parte el MINISTERIO FISCAL.

     Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia recurrida, en cuanto no se opongan a los presentes; y

 

                   ANTECEDENTES DE HECHO

 

                             I

     Por el Juzgado de Instrucción número tres de los de Cuenca y su partido se dictó con fecha veinte de junio de dos mil siete, sentencia, aclarada por auto de fecha tres de septiembre del mismo año, en la que como hechos probados se declara: "El día 21 de noviembre de 2.003 sobre las 8.35 horas circulaba el vehículo XXXXXXX (XXXXXXX) por la CN-XXX conducido por XXXXXXXXX y por detrás de la misma y en su mismo sentido de marcha la furgoneta XXXXXXX (XXXXXXX) conducida por XXXXXXXXX, con autorización de su propietaria Dª XXXXXXXX y asegurada con una póliza en vigor de seguro de responsabilidad civil obligatorio y voluntario en la Cía. XXXXXXXXXX.

     A unos ciento cincuenta metros de un cruce a mano derecha el conductor del vehículo XXXXXX señalizó maniobra de giro activando el correspondiente intermitente y fue reduciendo paulatinamente la velocidad hasta alcanzar unos 40 kms/h y antes de iniciar el giro a la derecha fue impactado por el vehículo XXXXXXXXXX, cuyo conductor, por no estar atento a la maniobra de señalización y de reducción de velocidad efectuada por el vehículo que le precedía, no tuvo tiempo de reducir la velocidad a las circunstancias que aconseja la circulación en ese momento. Como consecuencia del impacto, el vehículo XXXXXXXXX fue desplazado chocando contra un árbol. Todos los ocupantes del vehículo XXXXXXXXX llevaban puesto el cinturón de seguridad.

 

     XXXXXXXXXXX sufrió "traumatismo craneoencefálico grave fronto-orbitario abierto" precisando para su curación de una asistencia facultativa y tratamiento médico quirúrgico. La estabilidad lesional se alcanzó a los 553 días habiendo permanecido todo el tiempo hospitalizado.

 

     XXXXXXXXXXXX sufre las siguientes secuelas:

 

     1º Cabeza, cráneo y encéfalo:

 

a)             Pérdida de sustancia ósea que requiere craneoplastia.

b)             Epilepsia postraumática craneal o focal.

c)             Deterioro de las funciones cerebrales posteriores.

 

     2º Tronco, abdomen y pelvis:

 

-       Incontinencia urinaria permanente.

 

     3º Médula espinal y pares craneales:

 

-       Paresia completa motor ocular externo.

 

     4º Perjuicio estético:

 

-       Medio por cicatriz importante tras craneoplastia.

 

     Las secuelas suponen una dependencia funcional completa de terceras personas para todas las actividades básicas de la vida diaria, concepto asimilable o compatible a gran invalidez. XXXXXXXXXX precisa la utilización continua de silla de ruedas.

 

     D. XXXXXXXXXXXX ha sido declarado incapaz para regir su persona y administrar sus bienes en sentencia firme de fecha 17 de febrero de 2.005 dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de XXXXXXXXXXX en el procedimiento XXXXXXXXXX, en el que se nombra tutora a su esposa Dª XXXXXXXXXX.

 

     Don XXXXXXXX y su esposa residen en este momento en XXXXXXXX (XXXXXXXX) junto con su hija menor XXXXXXX.

 

     XXXXXXXXX reside en XXXXXXXXX disponiendo de recursos económicos propios.

 

     La familia de Don XXXXXXXX ha satisfecho gastos desde el accidente hasta la celebración del juicio por importe de 19.009,01 euros.

 

     La familia de D. XXXXXXXXXXX ha contratado la construcción de una vivienda unifamiliar en c/ XXXXXXXX nº 1 de XXXXXXX (XXXXXXXX) por importe de 129.479, 15 euros".

 

     El fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida es del siguiente tenor literal: "Debo condenar y condeno a D. XXXXXXXXX como autor de una falta de imprudencia leve prevista en el artículo 621.3 y 4 del Código Penal a la pena de diez días de multa con una cuota diaria de dos euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa no satisfechas y a la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotor por tiempo de tres meses.

 

     En el orden civil, XXXXXXXXXX indemnizará, con responsabilidad civil directa y solidaria de XXXXXXXXX y subsidiaria de Dª XXXXXXXXX, en la cantidad de 893.056,98 euros por lesiones y 19.009,01 por gastos, por los conceptos y las personas que se especifican en el fundamento de derecho tercero de la presente resolución.

     La cantidad de 19.009,01 euros devengará los intereses previstos en el artículo 576 de la LEC.

     La cantidad de 893.056,98 euros para el acusado y responsable civil subsidiario, en su caso, los intereses previstos en el artículo 576 de la LEC.

     La cantidad de 893.056,98 euros devengará a cargo de XXXXXXXX  los intereses moratorios previstos en el artículo 20 de la ley 50/80 de octubre conforme se especifica en el fundamento de derecho cuarto de la presente resolución que serán el legal del dinero incrementado en un 50% desde la fecha del siniestro y a partir de dos años del siniestro, contados de fecha a fecha, serán del 20%.

 

     Se imponen al acusado XXXXXXXXXX las costas procesales devengadas en el presente procedimiento penal".

 

                             II

 

     Notificada la anterior resolución, Doña María Josefa Herraiz Calvo, Procuradora de los Tribunales y de Dª XXXXXXX, por sí misma y en nombre de XXXXXXX y de Don XXXXXXXXX, y de XXXXXXXXX; así como Dª Sonia Martorell Rodríguez, Procuradora de los Tribunales y de la entidad mercantil XXXXXXXXXX y después también en nombre de Don XXXXXXXXX y Dª XXXXXXXXXX, interpusieron sendos recurso de apelación que fueron admitidos en ambos efectos por providencia, dándose traslado a las demás partes a fin de que formularan los correspondientes escritos de impugnación o adhesión al recurso, resultando cada uno de los recursos impugnado por la parte contraria, e interesando el Ministerio Fiscal, en escrito de fecha catorce de mayo del presente año, la confirmación de la sentencia por estimarla ajustada a Derecho.

                            III

     Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial, se procedió a la formación del correspondiente rollo, asignándosele el número del margen y habiéndose observado todas las formalidades legales.

 

                   FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

      Se aceptan, excepto en lo que se dirá, los que se contienen en la resolución recurrida.

I

      Todas las partes en este procedimiento, con excepción del Ministerio Fiscal, se han alzado contra la sentencia recaída en la primera instancia. Sin embargo, todas ellas se aquietan con el pronunciamiento referido a la responsabilidad penal que en la resolución recurrida se declara respecto de XXXXXXXXX, limitándose así la controversia a los aspectos o proyecciones civiles de aquella responsabilidad. De ese modo resulta que, con relación a diferentes conceptos indemnizatorios, mientras los condenados a su pago los consideran improcedentes o excesivos, los acreedores de la indemnización los impugnan desde el punto de vista contrario, es decir, para interesar que se incremente su cuantía. Ello determinará que cuando se aborde en esta resolución cada uno de esos conceptos se haga de forma conjunta en la medida en que, como es obvio, la estimación eventual de unas pretensiones comportará necesariamente la desestimación de las otras.

     Por otro lado, razones de método imponen ocuparnos, en primer lugar, de la cuestión referida a cual es el baremo que aquí debió ser aplicado, --alterando con ello el orden de los motivos de impugnación aducidos por las partes--, en la medida en que solo resuelta esta cuestión procederá después ocuparnos de forma concreta de cada una de las partidas que se reclaman y, finalmente, de la aplicación o inaplicación a las que así resulten de los intereses moratorios previstos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

II

     Invoca el juzgador de instancia en el fundamento jurídico tercero de su sentencia, la consolidada doctrina emanada de esta Audiencia Provincial en el sentido de que teniendo esta clase de indemnizaciones carácter de deuda-valor, debía efectuarse el cálculo de las cantidades correspondientes de conformidad con el baremo vigente a la fecha de ser dictada la resolución que venía a cuantificar finalmente la deuda. Y no cabe duda de que, en efecto, ése ha venido siendo el criterio de esta Sala. Es evidente, sin embargo, que resulta obligado abandonar ese punto de vista tras el dictado de las sentencias emanadas del Tribunal Supremo, precisamente resolviendo sendos recursos en interés casacional, números 429 y 430 de 17 de abril de 2.007. En dichas resoluciones se establece, por lo que aquí interesa y resumidamente, que la cuantificación de los puntos que corresponden según el sistema de valoración aplicable en el momento del accidente debe efectuarse en el momento en que las secuelas del propio accidente han quedado determinadas, que es el del alta definitiva, momento en que, además comienza la prescripción de la acción para reclamar la indemnización. En el supuesto que ahora se somete a consideración, no cabe duda de que la fecha en la que Don Vicente Benavent Pérez obtuvo el alta médica ha de situarse en el momento en el que por el señor médico forense se extendió el correspondiente informe de sanidad (año 2005), sin que pueda aceptarse la tesis de la parte contraria respecto a que la sanidad deba situarse en el año 2006, en atención al informe médico forense de fecha 19 de mayo, toda vez que en el mismo se procede a realizar una simple modificación sobre los días de incapacidad, que se habían fijado erróneamente en el informe definitivo anterior, con expresa remisión a las secuelas que ya entonces habían quedado perfecta y completamente determinadas. Así pues, procede estimar en este punto el recurso de apelación interpuesto por los condenados al pago de las indemnizaciones establecidas, en el sentido de que para cuantificar su importe deberá estarse al baremo vigente para el año 2005, en la forma y con los importes que se dirá.

 

     Sentado lo anterior, la indemnización correspondiente a los 553 días de hospitalización que padeció el lesionado (a razón de 58,19 euros-día) lo será de 32.179,07 euros, cantidad incrementada con el 10% en concepto de factor de corrección, hasta la suma de 35.396,97 euros.

 

III

     Por lo que concierne a las diversas cuantías que conforman la indemnización final establecida en la sentencia, se quejan, en primer lugar, los condenados a su pago de que no debió establecerse la cantidad máxima prevista en el sistema por la gran invalidez del lesionado que determina la necesidad de ayuda de una tercera persona. En este aspecto, y siempre conforme al baremo vigente para el año 2005, la cantidad máxima que podría establecerse por este concepto es la de 310.556,47 euros. Este proveyente considera, sin embargo, sin poner naturalmente en cuestión la extrema gravedad de las lesiones padecidas (que, como es obvio, ya resulta de su propia calificación) que para determinar la cuantía de la indemnización por este concepto, de acuerdo en ello con la parte recurrente, no puede dejar de ponderarse la edad del lesionado a la fecha de producirse el accidente. Don XXXXXXXX contaba entonces con 52 años, debiendo tenerse en consideración, en este sentido, que la cantidad máxima prevista por el sistema debe reservarse para supuestos en que esas mismas secuelas se hubieran producido en una persona muy joven o, incluso, en edad infantil. Por esta razón, quien ahora resuelve considera que la cuantía máxima prevista en este "factor de corrección" debe ser reducida, sin llegar a su límite máximo normativo, quedando determinada en la suma de 270.000 euros.

 

     En cuanto a los "daños morales complementarios" (ocasionados cuando una sola secuela exceda de 75 puntos o las concurrentes superen los 90 puntos), también se aplica por el juzgador de instancia la cantidad máxima prevista por el sistema, siendo que, por las mismas razones expuestas en el párrafo anterior, quien ahora resuelve considera que debe reducirse también, siendo la cifra máxima prevista para el año 2005 por este concepto la de 77.639,12 euros, determinándose en consecuencia la indemnización por este "factor de corrección" en la cantidad de 70.000 euros.

 

     Impugnan también los condenados al pago de las indemnizaciones la partida correspondiente a los perjuicios morales a familiares. En este caso, la sentencia de instancia cifra esa cuantía globalmente en la cantidad de 70.000 euros, distribuyéndola del siguiente modo: 40.000 euros para la esposa del lesionado, 20.000 euros para la hija que convive con el matrimonio, y 10.000 euros para la hija mayor de edad que no convive ya con sus padres. Por lo que a este concepto respecta, la indemnización que en este caso podría establecerse conforme al sistema previsto para el año 2005 podría llegar a una cantidad próxima a los 116.500 euros, siendo que la misma deberá determinarse "en atención a la sustancial alteración de la vida y convivencia derivada de los cuidados y atención continuada, según las circunstancias". Parece muy claro, en este sentido, que las indemnizaciones establecidas en este caso por el juzgador de instancia resultan perfectamente ajustadas (sin perjuicio de lo que a continuación se dirá) y muy ponderada su distribución entre la esposa e hijas del lesionado, sin que haga falta añadir que, en contra de lo que parece pretenderse en el recurso de apelación que ahora se resuelve, también para la hija mayor de edad que no convive ya con sus padres, las lesiones padecidas por su progenitor representarán una sustancial alteración en su vida, aun cuando pueda tener ciertamente una menor repercusión que en la de su hermana y, desde luego, que en la de su madre; razones, todas esas, por las que procede desestimar en este punto el recurso interpuesto por los condenados al pago de las indemnizaciones.

 

     Respecto de esta misma partida, no puede estimarse tampoco íntegramente el recurso de apelación interpuesto por los perjudicados, interesando que las indemnizaciones se eleven hasta una cantidad ligeramente superior a los 120.000 euros (que, como ya ha quedado dicho, supera incluso el límite máximo previsto por el sistema para el año 2005) y ello porque, a juicio de quien ahora resuelve y con la dificultad que siempre entraña la fijación de cuantías por lo que a "daños morales" respecta, la establecida para cada una de las hijas del lesionado resulta perfectamente razonable. Entendemos, sin embargo, que por lo que a la indemnización determinada en favor de la esposa de Don XXXXXX respecta procede elevarla a la suma de 60.000 euros, toda vez que resultan innumerables y graves los cambios y alteraciones que se han producido ya y se continuarán produciendo en su vida diaria como consecuencia de las muy graves lesiones padecidas por su marido y teniendo en consideración la edad de ambos, debiéndose en esta medida estimar parcialmente el recurso interpuesto por la representación procesal de los perjudicados.

 

     También se impugna por los condenados al pago de las indemnizaciones que se establecen en concepto de "adecuación de vivienda" y "adecuación de vehículos". En el primer caso, razona el apelante que la vivienda habitada por el lesionado y su familia se encontraba en una planta baja, careciendo de obstáculos o barreras arquitectónicas que impidieran su acceso a la misma. Por su parte, también la representación procesal de los perjudicados impugna en este punto la sentencia de instancia por cuanto el juzgador a quo razona en su resolución que la familia ha decidido construir una vivienda adaptada a la situación física del incapaz, determinando una indemnización por este concepto de 60.000 euros "como ayuda para la adquisición de la vivienda nueva en tanto que siguen conservando la propiedad de la anterior", pretendiendo los recurrentes una indemnización mayor.

 

     Es evidente, para quien ahora resuelve, que la circunstancia de que la vivienda habitada por la familia del lesionado se encontrara en una planta baja y sin barreras arquitectónicas que impidiese o dificultara seriamente acceder a ella, no es óbice en absoluto para que en atención a la situación física del lesionado resulte necesaria la realización de obras de adecuación de la vivienda (anchura de los marcos de las puertas interiores, acceso a las instalaciones sanitarias, etc.) siendo, en consecuencia, necesario indemnizar la realización de esos trabajos de adaptación (que evidentemente podrían ser mayores de haber resultado preciso también adaptar los accesos o comunicaciones de la vivienda con el exterior). Por lo que respecta a la queja de los perjudicados, es obligado tener en cuenta que conforme al sistema previsto para el año 2005, la indemnización máxima por este concepto apenas podría sobrepasar los 77.000 euros, siendo así que la cantidad establecida en la sentencia de instancia parece perfectamente adecuada teniendo en consideración las características de la vivienda y las obras de adaptación necesarias que acaban de dejarse expuestas; razones por las cuales debemos desestimar en este punto los recursos de apelación interpuestos por una y otra parte.

 

     Del mismo modo, ambas partes se alzan contra la sentencia recurrida por lo que respecta a la indemnización que en ella se establece para proceder a la adecuación de vehículo, considerando los condenados al pago de las indemnizaciones que no debió establecerse partida alguna por este concepto, en tanto el lesionado, antes de producirse el siniestro, no disponía de vehículo propio; y entendiendo, en cambio, los perjudicados que esa circunstancia, la carencia de un vehículo propio al tiempo de producirse el accidente, carece de importancia "porque lo que no cabe duda es que atendidas las gravísimas secuelas que le han quedado y la nula movilidad del mismo, precisa necesariamente de un vehículo para desplazarse, que deberá ser de grandes dimensiones (furgoneta o monovolumen) y tener una rampa de acceso para la silla de ruedas", siendo que, según sostienen en su recurso, un vehículo de esas características no puede encontrarse en el mercado por menos de 24.000 euros.

 

     Quien ahora resuelve considera que asiste la razón en este punto a la compañía aseguradora y a los demás condenados al pago de las indemnizaciones por cuanto el concepto al que se refiere el "factor de corrección" no equivale o se refiere a la necesidad de adquirir un medio propio de trasporte a la que, según parece, se alude de contrario, sino a la adecuación del vehículo propio, es decir, a la necesidad de adaptar el medio de trasporte particular del que ya se disponía a la situación física del lesionado, con el propósito de que aquél automóvil pueda seguir resultando útil. Es claro, en este sentido, que Don Vicente no disponía al tiempo de producirse el siniestro, de vehículo propio y es claro también que no podrá por sí mismo conducir uno en el futuro, sin perjuicio de que sus familiares resuelvan realizar los traslados que Don Vicente precise sirviéndose de un automóvil propio o utilizando otro tipo de servicios especiales, concepto que ninguna relación guarda, a juicio de quien aquí resuelve, con el factor de corrección discutido. Queda, por tanto, suprimida la indemnización que en la sentencia de instancia se establece por este concepto.

 

IV

 

     La representación procesal de los condenados al pago de las indemnizaciones se queja también de que en la resolución recurrida se indemnice a los perjudicados en el importe de 19.009,1 euros en concepto de reparación por los gastos que hubieron de afrontar, considerando el recurrente que no es cierto que no impugnase en el acto del juicio los documentos justificativos de dichos gastos, asegurando que procedieron en el acto del juicio a la impugnación y discusión de los "capítulos reclamados, que no resultaban de recibo por su inadecuación al supuesto".

 

     Tampoco este motivo de impugnación puede ser acogido toda vez que, con independencia de que en la sentencia recurrida se afirme que dichos gastos no resultaron impugnados o puestos en duda en la primera instancia por la parte que ahora recurre, lo cierto es que en el presente recurso de apelación no se aduce razón alguna para excluir en particular ninguno de dichos gastos, limitándose la parte que apela a realizar una impugnación genérica, apodíctica y carente del más mínimo argumento que pudiera soportarla.

 

     A su vez, en el recurso de apelación mantenido por los perjudicados se impugna también la sentencia recurrida por no haberse incluido entre las partidas indemnizatorias los que denomina "gastos de rehabilitación". Así, por lo que a esta cuestión respecta, se afirma en la resolución objeto de recurso que los "gastos de rehabilitación", sobre la base de 26 años de expectativa de vida, no dejan de ser un hecho futuro e incierto, señalándose, además que la necesidad de realizar esos (y otros semejantes) gastos durante la vida del lesionado son conceptos que ya se tienen en cuenta a la hora de fijar las indemnizaciones resultantes como consecuencia de las secuelas del mismo "precisamente en atención a los cuidados que va a necesitar mientras viva". En realidad, la parte que recurre viene a mostrar, a juicio de quien ahora resuelve, una sustancial coincidencia con el razonamiento del juzgador de instancia cuando afirma en su recurso que "una persona en una situación lesional (sic) de las características del Sr. XXXXXXXX precisa necesariamente rehabilitación física y pedagógica de por vida al objeto de que su situación no empeore y se mantenga cuando menos estable en el tiempo". Si esto es así, es decir, si debido al estado físico del Sr. XXXXXXXX será necesario que el mismo reciba determinadas atenciones específicas para intentar, en la medida posible, que no padezca su calidad de vida en mayor medida de lo inevitable, es claro que la realización de esas actividades (rehabilitación, mantenimiento físico, etc.) resultan consustanciales a su estado físico y, en consecuencia, incluidas en la indemnización que en atención al mismo se establece, sin que sea dable que, junto a la indemnización general fijada en atención a las secuelas resultantes, se individualicen o analicen de forma particularizada cada uno de los perjuicios, gastos, pérdida de ingresos, etc. que esa situación física lleva necesariamente consigo; razones por las cuales también debe ser desestimado el recurso en este punto.

 

V

 

     El juzgador de instancia determina en su resolución que las diferentes secuelas que concurren en la persona de Don XXXXXXXX han de ser indemnizadas con el límite máximo de 100 puntos que, según se determina en el sistema normativo de valoración de daños personales derivados de accidente de circulación, no puede ser sobrepasado cuando existan secuelas concurrentes. Frente a este pronunciamiento, aunque como es obvio por diferentes razones, se alzan ambas partes recurrentes. Los condenados al pago de las indemnizaciones porque entienden que el perjuicio estético debió ser fijado de forma separada, no alcanzando, a su juicio, en consecuencia las secuelas concurrentes la puntuación de 100 (ni superior) sino la de 94 puntos. Los perjudicados impugnan también este pronunciamiento pero por considerar que en el ámbito del seguro voluntario debió procederse a la simple adición aritmética de las distintas puntuaciones correspondientes a las diferentes secuelas en concurso, sin sujetarse al límite máximo de los 100 puntos que, a su juicio, sólo resulta aplicable en el marco del seguro obligatorio.

 

     La primera dificultad para resolver este aspecto del recurso radica en que el juzgador de instancia, aunque debió hacerlo, no precisa en su sentencia la puntuación que asigna a cada una de las secuelas considerada asiladamente. Como quiera que ninguna de las partes en su recurso, por lo que a esta cuestión respecta, discute esa puntuación, habremos de entender que uno (el juez) y otros (las partes recurrentes) se remiten a la establecida en el informe de sanidad emitido por el médico forense de fecha 14 de julio de 2.005 (aunque, como es obvio, la concreta puntuación de cada secuela no es función del perito sino del juzgador). En tal sentido, tendremos respecto de las secuelas localizadas en cabeza, cráneo y encéfalo (85, 15 y 10 puntos); en abdomen y pelvis (30 puntos) y en médula espinal y pares craneales (5 puntos) además de un perjuicio estético importante (entre 13 y 18 puntos). Respecto al perjuicio estético, aquí sí, el juez de instancia se decanta por quince puntos. De este modo, y conforme a la fórmula establecida en el sistema para la determinación de la puntuación correspondiente en el caso de secuelas concurrentes, dejando aparta el perjuicio estético, obtendríamos un resultado de 94 puntos, como efectivamente sostienen en su recurso los condenados al pago. Pero más todavía: si procediera también a adicionarse, sin más consideraciones, a la aplicación de dicha fórmula la puntuación correspondiente al perjuicio estético, no se sobrepasarían tampoco los cien puntos. Lo que sucede, sin embargo, es que los "criterios para la determinación de la responsabilidad y la indemnización" que acompañan y explican el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, inicialmente señalaban a este respecto: Si además de las secuelas permanentes se valora el perjuicio estético, los puntos por este concepto se sumarán aritméticamente a los resultantes, sin aplicar respecto a aquéllos la indicada fórmula. No obstante, observa con razón en su recurso la representación procesal de los condenados al pago de las indemnizaciones que dicha regulación resultó modificada por la ley 34/2.003, de 4 de noviembre (BOE de 5 de noviembre). Dicha norma entró en vigor, por lo que a esta materia respecta, al día siguiente de su publicación y, en consecuencia, antes de producirse el siniestro que aquí se enjuicia (que tuvo lugar el día 21 de noviembre de 2.003).

 

     Por lo dicho, a la nueva y actual regulación debe estarse. Dice así (regla de utilización número 3): "El perjuicio fisiológico y el perjuicio estético se han de valorar separadamente y, obtenida la puntuación total que corresponda a cada uno, se ha de efectuar la valoración que les corresponda de acuerdo con la Tabla III por separado, sumándose las cantidades obtenidas al objeto de que ese resultado integre el importe de la indemnización básica por lesiones permanentes". Así pues, en el supuesto que se somete ahora a consideración, las secuelas fisiológicas debieron ser valoradas en 94 puntos y el perjuicio estético en 15 puntos. De acuerdo con el baremo vigente para el año 2.005, cada uno de los 94 puntos por secuelas de naturaleza fisiológica deberá valorarse en 2.298,12 euros (total: 216.023,28), y cada uno de los puntos por el perjuicio estético en 812,15 puntos (total: 12.182,25 euros), lo que arroja una indemnización total por secuelas de 228.185,53 euros, a las que aún debe añadirse el 10% en concepto de "factor de corrección", lo que arroja un resultado final de 251.004,08 euros; debiendo, en consecuencia ser estimado en este punto el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de los condenados al pago de las indemnizaciones.

 

     Naturalmente, no pueden acogerse, en cambio, los razonamientos del recurso mantenido sobre esta misma cuestión por la representación procesal de los perjudicados, en tanto el establecimiento de un sistema de valoración de daños personales ocasionados como consecuencia de la utilización de vehículos de motor, ya en su momento fue declarado constitucional por el Tribunal Constitucional, enteramente con independencia o al margen de que el seguro del causante del daño fuera sólo el obligatorio o el voluntario (cuestión que nada tiene que ver con esto y sí con el límite máximo de cobertura), sin perjuicio de que el Alto Tribunal y únicamente con respecto a un concepto indemnizatorio concreto, que no es ahora del caso, declarase que ello no impide a la parte perjudicada desplegar la actividad probatoria correspondiente al objeto de acreditar que en el caso particular los daños efectivamente causados superan el límite previsto por el sistema.

 

VI

 

     Recapitulando, con estimación parcial de los recursos de apelación interpuestos, corresponde establecer con carácter definitivo, las siguientes indemnizaciones:

 

     1º 533 días de hospitalización (más 10% de factor de corrección):…………………………………………………………………………..….35.396,97 euros.

 

     2º Secuelas (fisiológicas y estéticas, más 10% de factor de corrección)………………………………………………………………………….251.004,08 euros.

 

     3º Daños morales complementarios………………..70.000 euros.

 

     4º Gran invalidez………………………………………………………….270.000 euros.

 

     5º Adecuación de vivienda…………………………………….. 60.000 euros.

 

     6º Daños morales a familiares………………………….. 90.000 euros.

 

     7º Compensación de gastos realizados…………. 19.009,01 euros.

 

 

     Todo ello arroja una cifra indemnizatoria final, salvo error u omisión, de 795.410,06 euros.

 

VII

 

     Resta por ocuparnos ahora del que se presentaba como primer motivo de impugnación de los condenados al pago de las responsabilidades civiles, al entender que en la sentencia de instancia se había hecho indebida aplicación de lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

     A este respecto, habrá de partirse de los siguiente datos: con fecha 27 de enero de 2.004 (apenas dos meses después de producirse el siniestro), la entidad aseguradora procedió a consignar la cantidad de 36.000 euros, haciéndolo incondicionalmente para pago a los perjudicados e interesando del juzgador que, en caso de estimarlo necesario, se pronunciara sobre la suficiencia de dicha consignación. Tras un primer informe forense de evolución, realizado el 3 de febrero de 2.005, la aseguradora, el 29 de abril de ese mismo año, procedió a consignar, nuevamente para pago a los perjudicados y sin condición alguna, la cantidad de 54.000 euros más, solicitando de nuevo que, caso de ser necesario, se pronunciara el juzgador sobre la suficiencia de dicha consignación. Y finalmente, emitido el informe de sanidad (14 de julio de 2.005) la aseguradora, con fecha 7 de noviembre del mismo año, procedió a consignar la suma de 344.432,42 euros, con las mismas características y solicitud que las consignaciones anteriores. Ello arroja un total de sucesivas consignaciones por importe de 434.432,42 euros.

 

     Sentado lo anterior, es lo cierto que la Disposición Adicional de la Ley 30/95, de 8 de noviembre, conforme a la redacción resultante de la Disposición Final Decimotercera de la Ley de Enjuiciamiento Civil, vigente a la fecha de producirse el siniestro, determinaba que cuando los daños causados a las personas hubieran de sufrirse por ésta durante más de tres meses o su exacta valoración no pudiera ser determinada a efectos de la consignación, el tribunal, a la vista de las circunstancias del caso y de los dictámenes e informes que precise, resolverá sobre la suficiencia o ampliación de la cantidad consignada por el asegurador, atendiendo a los criterios y dentro de los límites indemnizatorios fijados en el anexo de la presente ley. En la actualidad, el artículo 9 b) de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor, conforme a la redacción resultante de la Ley 21/2007, de 11 de julio, viene a mantener en sus aspectos sustanciales, esta misma regulación.

 

     Considera quien ahora resuelve que, en primer lugar, resulta muy clara la improcedencia de hacer de la misma condición, con imposición de los intereses moratorios del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, a la aseguradora que ha procedido a consignar en la forma dicha una suma próxima a los 435.000 euros, --superior a la mitad de la indemnización finalmente establecida--, en sucesivas oportunidades y conforme iban quedando fijados los resultados lesivos que padeció Don XXXXXXXX, que a otra que, lejos de desplegar esa diligencia, se hubiera limitado a contemplar el devenir del proceso sin proceder a consignar cantidad alguna a favor de los perjudicados. Pero es que, además, resulta claro que las diferentes secuelas apreciadas por el Sr. Médico forense en su informe de sanidad, ofrecen un importante "arco de puntuación" en el sistema de valoración de daños, --ya se ha dicho que la puntuación asignada por el perito no tiene más valor que el puramente orientativo--, que imposibilitan a la compañía aseguradora conocer con absoluta certeza cual resultara ser el importe final de las indemnizaciones correspondientes, de tal modo que no resulta exigible, al efecto de evitar la imposición de los intereses moratorios, que la consignación realizada coincida exactamente con el importe que se declare finalmente debido.

 

     En este sentido, cuando, como aquí, las consignaciones efectuadas no colmen las cantidades debidas, deberán ser valoradas el conjunto de circunstancias concurrentes, sin que pueda obviarse aquí la legítima pero muy desproporcionada petición de los perjudicados (más de un millón seiscientos mil euros, superior en más del doble a la finalmente determinada) y muy especialmente la circunstancia de que el juzgador de instancia, pese a que le fue solicitado hasta en tres ocasiones distintas por la compañía aseguradora, tras sus respectivas consignaciones, no efectuó pronunciamiento alguno sobre la suficiencia o necesidad de ampliación de las mismas, ampliación que, por cierto, no fue tampoco interesada en momento alguno por la representación del perjudicado.

 

     En definitiva, considera quien ahora resuelve que, aún cuando ciertamente las consignaciones efectuadas por la compañía aseguradora no alcanzan el importe de las indemnizaciones finalmente establecidas, entendemos que la misma, en atención al tiempo que tardó en obtenerse la estabilidad de las lesiones de Don XXXXXX, y a la dificultad que comporta valorar el importe de las indemnizaciones correspondientes, en atención también al hecho de que la aseguradora procedió a realizar, conforme el estado de las lesiones se iba definiendo, distintas consignaciones para pago (y sin sujeción a condición alguna) por cantidades en absoluto menores o insignificantes, y en atención igualmente al hecho de que en cada una de esas tres oportunidades solicitó del juzgador, conforme a la regulación legal existente, un pronunciamiento acerca de la suficiencia de las cantidades consignadas o de su necesidad de ampliación, pronunciamiento que en ningún caso obtuvo, ha de concluirse que la compañía aseguradora actuó con razonable diligencia sin que, en consecuencia, sea dable imponerle el pago de los intereses moratorios a los que se refiere el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, haciendo aplicación de lo previsto en el número 8 de dicho precepto.

     En consecuencia, sobre las indemnizaciones establecidas operará, respecto de todos los condenados, y conforme a lo previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el interés legal del dinero incrementado en dos puntos, a contar desde la fecha de la sentencia de instancia.

 

     Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

                         F A L L O

 

     Que estimando parcialmente los recursos de apelación interpuestos por Doña Sonia Martorell Rodríguez, , Procuradora de los Tribunales y de la entidad mercantil XXXXXXXXXXX  y de XXXXXXXXXXXX  y XXXXXXXXXX, así como el interpuesto por Dª María Josefa Herraiz Calvo, Procuradora de los Tribunales y de XXXXXXXXX, actuando en su propio nombre y en el de XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX, y de XXXXXXXXX, todos contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Juez del Juzgado de primera instancia e instrucción número tres de los de Cuenca y su partido, de fecha veinte de junio de dos mil siete, aclarada por auto de fecha tres de septiembre del mismo año, recaída en sus autos de juicio de faltas número 140/2006, debo REVOCAR como REVOCO PARCIALMENTE la resolución recurrida, en el sentido de establecer que:

 

     En el orden civil, XXXXXXXXXXX indemnizará, con la responsabilidad civil directa y solidaria de MXXXXXXXXXX y subsidiaria de Dª XXXXXXXXXXXX en la cantidad total, por los conceptos y a las personas que se especifican en esta resolución (particularmente en su fundamento jurídico sexto), de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS CON SEIS CENTIMOS, cantidad sobre la que operará desde la fecha de la sentencia de primera instancia, el interés legal incrementado en dos puntos hasta su completo pago.

 

     Debo confirmar como confirmo la resolución recurrida en sus pronunciamientos de carácter penal y en la imposición al condenado de las costas devengadas en la primera instancia; sin hacer imposición de las causadas como consecuencia de los diferentes recursos que resultan parcialmente estimados.

 

     Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en segunda instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

 

     Esta sentencia se unirá por certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia.

 

     E/

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

SENTENCIA EN APELACIÓN DERIVADA DE JUICIO VERBAL SOBRE TUTELA SUMARIA DE LA POSESIÓN 500/2006

20080703000925-audiencia-provincial.jpg

S E N T E N C I A  NUM.    138/2008

         En la ciudad de Cuenca, a   veintiséis de Junio de dos mil ocho.

         Vistos en trámite de recurso de apelación los autos de juicio verbal número  500/2006 procedentes del Juzgado de Primera Instancia número dos de los de Cuenca y su partido, promovidos a instancia de DOÑA C. L. M., representada por la Procuradora de los Tribunales  Doña María Jesús Porres Moral  y asistida  por el Letrado Don José Ángel Cañas Cañada, contra DON A. R. B., DON J. M. R. B. Y DON J. R. R. B., representados por el Procurador de los Tribunales  Don José Antonio Nuño Fernández y por el Letrado Sr. Alarcón Fernández; en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandante contra la sentencia dictada en primera instancia, de fecha  veinte de Noviembre de dos mil siete; habiendo sido ponente el Ilmo. Sr. Presidente  Don Antonio Díaz Delgado .

ANTECEDENTES DE HECHO

          PRIMERO.- En los autos indicados al margen se dictó sentencia de fecha veinte de Noviembre de dos mil siete, en cuya parte dispositiva se establecía, literalmente: "Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Dª María Jesús Porres Moral, en nombre y representación de Dª C. L. M., contra D. A. R. B., D. J. M. R. B. y D. J. R. R. B., debo absolver y absuelvo a éstos de los pedimentos de la actora. Se condena en costas a la parte demandante".

        SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se preparo y después interpuso por la representación de la parte demandante, recurso de apelación en tiempo y forma, recurso que fue admitido a medio de providencia de fecha dieciséis de enero de dos mil ocho, dándose traslado a la parte contraria para que pudiera presentar escrito de oposición al recurso o impugnar la sentencia en aquellos extremos que pudieran resultarles desfavorables.

        TERCERO.- Con fecha siete de Febrero de dos mil ocho, Don José Antonio Nuño Fernández, Procurador de los Tribunales y de Don A., Don J. R. y Don J. M. R. B., presentó escrito oponiéndose  el recurso interpuesto de contrario.     

        CUARTO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, con fecha veintiuno de Abril de dos mil ocho, se procedió a formar el correspondiente rollo, asignándosele el número del margen, turnándose ponencia y habiéndose cumplido la totalidad de las previsiones legales, sin que se estimara necesaria la celebración de vista, y señalándose para que tuviera lugar la correspondiente deliberación, votación y fallo el  día  trece de Mayo de dos mil ocho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO.-  Para la debida resolución del presente recurso de apelación debemos a  partir de lo que pide el demandante en su demanda, que es reclamar en definitiva la posesión de la finca que en dicha demanda dice la demandante ser de su propiedad.

 

        SEGUNDO.-  Sentada la primera premisa de la que también debe partir la resolución del recurso de apelación, al adquirir este Tribunal en virtud del recurso interpuesto la plena competencia para conocer de todo el procedimiento, hemos de señalar que de la documentación aportada con la demanda por la demandante no hay un solo documento que demuestre de forma fehaciente y objetiva que la finca cuya posesión reclama, como uno de los efectos derivados del derecho de propiedad, sea propiedad de la demandante, pues las sucesivas alegaciones de que la adquirió por herencia, nada implican en orden a tener o adquirir la propiedad de la finca, pues falta el titulo (art. 609 del Código Civil) según el cual partiendo del propietario que  jurídicamente tuviera la facultad de transmitir el dominio por estar amparado en derecho, hacen que las sucesivas transmisiones realizadas determinen la propiedad de la finca cuya posesión se reclama. Solamente se aporta los datos catastrales de la finca, insuficientes al fin que lo que pretende cuyo titular fuera el hermano fallecido de la parte actora del que se quiera hacer derivar la propiedad de la finca, cuestión distinta es que la propiedad se hubiera adquirido por el causante por prescripción lo cual habrá que  demostrarlo al no constar la inscripción del dominio en el registro de la propiedad.

        Se dice lo anterior porque los demandados también se irrogan sobre dicha finca el mismo derecho real (propiedad), y para ello apartan, una escritura de donación intentando demostrar que la finca cuya propiedad se irroga la demandante es la que en la escritura de donación aportada  aparece bajo el nº 12  "terreno dedicado a cereal secano  al paraje "Hontanilla" Polígono 1 parcela 32"… estableciendo unos linderos que no se corresponden con los descritos por la demandante en su demanda, si bien en virtud de un informe pericial obrante a los folios 107 y sgtes. Se expresa en dicho informe que en virtud de una revisión catastral se han constituido de finca original se ha dada lugar a la parcela 5062 del polígono 501 como superficie de 12182 m2 y dos fincas urbanas parcela 05 de la manzana 60831, y parcela 06 de la manzana 60831.

        Esta parcela 5062 del polígono 501 la demandante, según la demanda dice que es propietaria de 1989,29 m2 en suelo rustico y 352,20 m2 de suelo urbano existiendo dentro de estos m2 un almacén que data del año 1950, y un pozo.

        En el informe pericial aludido, aportado por la parte demandada se señala que la parcela 06 de la manzana 60831 que tiene una extensión catastral de 223m2 es donde esta la nave referida  por la actora como de su propiedad, recogiendo el informe pericial que en esta finca figura como titular "catastral" J.A. L. M. hermano de la demandante quien en el testamento se le dio a la actora y a otro hermano fallecido sin descendencia.

        El informe pericial concluye que la finca urbana de 223 m2 donde esta  ubicada la nave de 126 m2 están ubicadas en el terreno propiedad de la demandada.

 

        TERCERO.-   Entrando a conocer del fondo de la pretensión ejercitada en el recurso de apelación, el presente recurso de apelación debe ser íntegramente desestimado.

 

        En primer lugar resulta extraño y curioso, que la parte que se irroga la propiedad de un terreno en la demanda, pues así lo expresa literalmente, ante un acto  que limita sus facultades dominicales, solamente reclama la posesión de esa parte de terreno que se dice perturbado. Cuestión que con un buen criterio no ha resultado extraño a la  jueza de instancia, y así lo ponen de relieve en la sentencia recurrida (Fundamento de Derecho tercero).

        En segundo lugar este Tribunal acepta los acertados los razonamientos contenidos en el Fundamento de Derecho cuarto de la sentencia recurrida, donde se valoran  las pruebas  practicadas  y se llega a desestimar  la demanda  interpuesta. Pero es que además de aceptarlos, el Tribunal da un paso mas y señala que el demandante a la hora de plantear la demanda no ha tenido en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico derivado del derecho romano/canónico, no hay una sola forma de poseer, pues ya el artículo 430 del Código Civil distingue ante la posesión como simple tenencia, (posesión natural), y la posesión civil, que es la que a la tenencia incorpora  el poseer la cosa o derecho como suyos, señalando el artículo 432 del Código Civil que la posesión puede tenerse en dos conceptos, o en el de dueño, o en el de  tenedor para disfrutar o conservar la cosa perteneciendo el dominio a otra  persona. Todo lo anterior es importante, pues el demandado/recurrido reconoce que sobre la finca o parte de ella, de la que la demandante solicita recobrar la posesión colocaron un vallado en el año 2005, hecho incontrovertido, por ser propietarios y por ende poseedores de dicha finca, cuando aceptaron la herencia de su padre, documento aportado en el acto de la vista.

        En definitiva nos encontramos ante una reclamación de reintegro de la posesión, por quienes al final reconocen que solo son poseedores, aunque sea desde tiempo "inmemorial" frente a quien dice ser su propietario. Es por ello que no puede prosperar la acción ejercitada.

        CUARTO.-   Las costas de esta alzada deben ser impuestas al recurrente (art. 398 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

          Por lo expuesto,

FALLAMOS

        Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación, confirmando íntegramente la resolución recurrida, imponiendo las costas  de esta alzada al recurrente.

      Cúmplase lo establecido en los artículos 248.4º de la ley orgánica del poder judicial y 208.4º de la ley de enjuiciamiento civil.

 

        Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

SENTENCIA DICTADA EN PRIMERA INSTANCIA

SEÑALAMIENTOS DE JUICIOS DE FALTAS PARA EL DÍA 03 DE JULIO DE 2008

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FECHAHORAPROCEDIMIENTOACTO
jueves, 03 de julio de 200810H00'FALTAS POR FALTA DE RESPETO A AGENTES DE LA AUTORIDAD Y AMENAZAS 26/2008JUICIO
jueves, 03 de julio de 200810H15'FALTAS POR  LESIONES E INJURIAS 134/2007JUICIO
jueves, 03 de julio de 200810H30'FALTAS POR FALTA DE RESPETO A AGENTES DE LA AUTORIDAD 159/2007JUICIO
jueves, 03 de julio de 200810H45'FALTAS POR DAÑOS 162/2007JUICIO
jueves, 03 de julio de 200811H00'FALTAS POR LESIONES EN AGRESIÓN 163/2007JUICIO
jueves, 03 de julio de 200811H15'FALTAS POR LESIONES Y AMENAZAS 165/2007JUICIO
jueves, 03 de julio de 200811H30'FALTAS POR ESTAFA 105/2007JUICIO
jueves, 03 de julio de 200811H45'FALTAS 161/2007JUICIO
jueves, 03 de julio de 200812H00'FALTAS POR DAÑOS 40/2008JUICIO
jueves, 03 de julio de 200812H15'FALTAS POR AMENAZAS 38/2008JUICIO
jueves, 03 de julio de 200812H30'FALTAS POR LESIONES EN TRÁFICO 42/2008JUICIO
jueves, 03 de julio de 200813H00'FALTAS POR LESIONES EN TRÁFICO 41/2008JUICIO

SENTENCIA EN JUICIO DE FALTAS POR ACCIDENTE DE TRÁFICO 3/2008

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SENTENCIA N°  45/2008

 

      En Cuenca, a 3 de julio de 2008.

 

DON MIGUEL GIRON GIRON, Juez del Juzgado de Instrucción n° 2 de los de Cuenca y su partido, ha visto en juicio oral y público los presentes autos de juicio de faltas registrados con el n° 3/08, seguidos por una presunta falta del artículo 621.2 del Código Penal, en los que ha sido parte denunciante XXXXXXXX asistida del letrado Sr. Ayensa Martínez y parte denunciada, J. L. H. G. Y T. H. S., esta última como responsable civil subsidiaria y Compañía de Seguros ZURICH, asistida del letrado S. Medina Romero.

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de denuncia presentada por una presunta falta del artículo 621.2 del C.P.

Por turno de reparto correspondió a este Juzgado el conocimiento de las mismas. Tras la práctica de las diligencias oportunas y previos los trámites legales, se dictó providencia señalándose para la celebración del juicio oral el día 12 de junio de 2008, citándose a las partes, previniéndoles que deberán comparecer acompañadas de los testigos y medios de prueba de que intenten valerse. 

 

SEGUNDO.-  En el día y hora señalado para la celebración del juicio comparecieron todas las partes.

Se practicaron las pruebas de interrogatorio de los comparecientes, testigos y la documental unidas a los autos.

 

TERCERO.- El Letrado de la Acusación interesa la condena del denunciado como autor de una falta del artículo 621.2 del Código Penal a la pena de un mes de multa a razón de una cuota diaria de 6 euros e indemnice a la denunciante conforme está recogido en acta, declarando la Responsabilidad civil directa de Zurcí y subsidiaria del propietario del vehículo. El letrado Sr. Medina solicitó la absolución de su defendido.

 

HECHOS PROBADOS

UNICO.-  Sobre las XXXXX horas del día XXXXXXXXXX, a la altura del kilómetro XXXX de la Nacional 420, termino municipal de Cuenca, se produjo un accidente consistente en colisión por embestida oblicua anterior entre la furgoneta XXXXX matricula XXXXXX, conducida por XXXXXXXXX, propiedad de la hoy denunciante XXXXXXXX y asegurado en la cia Mapfre y el camión XXXX matricula XXXXXXX con semiremolque Lecitrailer matricula XXXXXXX, conducido por J. L. H. G., propiedad de T. H. S. y asegurado en la ciaZurich.

A consecuencia del accidente resultó fallecido el conductor de la furgoneta XXXXXXXX.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos declarados probados en el anterior apartado se desprenden del conjunto de la prueba practicada en el acto del juicio oral.

Ha quedado acreditado, tanto por la documental incorporada a las actuaciones como por las declaraciones de todos los intervinientes en el juicio, que el día de los hechos se produjo una colisión por embestida entre la furgoneta XXX y el tracto camión XXXX especificados en el anterior apartado de hechos probados y que, a consecuencia de ello, resultó fallecido el conductor de la furgoneta XXXXXXX.

Ahora bien, resulta asimismo acreditado que el denunciado J. L. H., en ningún momento, adoptó una actitud negligente en su conducción que le haga merecedor del reproche penal incardinado en el artículo 621.2 del Código Penal.

SEGUNDO.- Antes de la valoración de cada una de las pruebas que, al entender de esta Juzgadora, conducen a la afirmación de lo anteriormente expuesto, se hacen necesarias unas breves consideraciones sobre el tipo penal cuya condena se interesa.

El tipo penal del artículo 621.2 del Código Penal sanciona, con las penas que en el mismo se establecen, a los que por imprudencia leve causaren la muerte de otra persona.

 Ahora bien, a fin de determinar si la conducta del denunciado merece o no el reproche penal incardinado en dicho tipo penal, conviene matizar que los hechos que se le imputan se derivan de una conducta observada con motivo de la conducción de un  vehículo a motor. Se trata de una infracción penal de contenido y génesis no dolosa, aunque con resultados lesivos que, si mediara dolo, serían constitutivos de delito, por tanto la forma de este elemento subjetivo de la infracción es la de culpa.

Al respecto, es necesario recordar la reiterada doctrina jurisprudencial conforme a la cual, no toda conducta humana, manifestada en acciones u omisiones, que produzca un resultado objetivamente típico y animado subjetivamente por culpa es susceptible de ser sancionada penalmente; solo las más groseras de las infracciones a los deberes de precaución y cautela, genérica o específicamente impuestos, merecen la salvaguardia, protección y aplicación del orden jurisdiccional penal y la imposición de efectos de esta naturaleza.

 

El Tribunal Supremo, entre otras, en la sentencia de 18 de enero de 1991, al referirse a las infracciones cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor, señalaba que "se trata de infracciones harto difícil de definir y de encuadrar en términos generales, dados los contornos dudosos que las delimitan entre sí y en sus diferencias con los hechos inocuos penalmente". Evidentemente, si en tales actividades se producen daños a personas o cosas ajenas nacerá el deber resarcitorio común, civilmente exigible, pero las consecuencias penales, el reproche e imposición de condena de este tipo, es tema que hay que sopesar y calibrar con sumo cuidado para no convertir el proceso penal en cauce reparatorio a ultranza, pues, aun cuando la infracción y la pena a imponer sean leves, hay consideraciones y principios de derecho y propia proporcionalidad entre actuación y sanción, que es preciso salvaguardar para no distorsionar el sistema, exacerbando el orden punitivo.

TERCERO.- En el presente supuesto, la prueba documental consistente en el atestado levantado con ocasión de los hechos, nos conduce a la afirmación de que la actitud del denunciado fue en todo momento correcta y adecuada y que el accidente de autos se debió a la invasión del carril contrario de circulación del conductor de la furgoneta, motivada por una previa distracción. Los propios agentes al ratificar su atestado en el acto del juicio manifiestan que la maniobra de evasión realizada por el camionero coadyuva en el accidente pero por el resultado, no cometiendo ninguna infracción, y que esa conducta es lógica por el poco tiempo de reacción sin que resulte acreditado que haya concurrido imprudencia, ni siquiera levísima, en su actuación, que pudiera dar lugar a una concurrencia de culpas.

 

En efecto, según se desprende del folio nº 17 del atestado “la furgoneta iba en tramo recto y al hacerlo por el km.XXXXX, se desplaza a la izquierda, invadiendo el carril contrario de circulación, por donde circulaba el camión, cuyo conductor al percatarse de esta maniobra de la furgoneta, opta por realizar maniobra evasiva de desplazamiento a su izquierda, y al mismo tiempo la furgoneta rectifica su anterior maniobra y vuelve a su carril de forma rápida y brusca, y el conductor del camión ya no puede volver a su carril y opta por frenar, pero sin evitar colisionar con el lateral de la furgoneta.

 

Por tanto, la distracción en la conducción por parte del conductor de la furgoneta invadiendo el carril contrario de circulación fue la única causa del accidente, sin que sean admisibles las alegaciones de la Acusación, que, -forzando una interpretación (subjetiva) del atestado, el cual, como vimos, es clarísimo-, ratificado por los agentes que lo confeccionaron, pretenden que se aprecie una concurrencia de culpas, cuando lo cierto es que su actuación fue en todo momento correcta, con una velocidad adecuada a las circunstancias de la vía y procediendo a realizar maniobras evasivas lógicas para la circunstancia que se le echó encima como es la invasión de su carril de circulación.

 

CUARTO.- En conclusión, no ha quedado acreditado que por parte del denunciado se haya cometido la más mínima infracción punible que permita incardinar su conducta dentro del tipo penal del artículo 621.2 del C.P. por lo que procede absolverle de los hechos origen de las presentes actuaciones con todos los pronunciamientos favorables. Al no existir declaración de responsabilidad penal, no procede indemnización alguna (artículos 109 y 116 del Código Penal), sin perjuicio de lo que pueda acordarse en vía civil.

 

QUINTO.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 de la L.E.Cr., al haber sido el denunciado absuelto de los hechos que se le imputaban, no procede la condena en costas.

 

FALLO

ABSUELVO libremente del hecho origen de las presentes actuaciones a J. L. H. G., a T. H. S. Y A ZURICH.

 

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma podrán interponer recurso de apelación ante la Audiencia.

 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

 

 

PUBLICACION.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el mismo Juez que la dictó de lo que yo el Secretario, doy .

SENTENCIA EN JUICIO DE FALTAS POR AMENAZAS E INJURIAS 157/2007

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SENTENCIA Nº 46/2008

En Cuenca, a 3 de Julio de 2008.

 

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción n°2 de esta ciudad, los presentes autos de juicio de faltas n° 157/07, seguidos por una presunta falta de amenazas e injurias, en el que no sido parte el Ministerio Fiscal y como denunciante/do XXXXXXXXXX, asistido del letrado Sr. González González y XXXXXXXXXX asistido del letrado Sra. Araque Cuesta, y como denunciada XXXXXXXX, asistida del letrado Sra. Araque Cuesta.  

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de Atestado de la Guardia Civil, correspondiendo su conocimiento a este Juzgado por turno de reparto.

Previos los trámites legales, se señaló el día 12 de junio de 2008  para la celebración del juicio, al que fueron citadas las partes.

SEGUNDO.- El día señalado se celebró el juicio, al que comparecieron todos los implicados. En el acto de la vista y tras la declaración de las partes y testigo, el letrado Sr. González solicitó la condena de Enrique como autor de una falta del art. 620.2 del C.P a la pena de 7 días de trabajos en beneficio de la comunidad y la absolución de su cliente. El letrado Sra. Araque solicitó la condena de José como autor de dos faltas del art. 620.2 del C.P Y otra falta de amenazas del art. 620.2 del C.P a las penas de 7 días de localización permanente por cada una de ellas y la absolución de su defendido.

 TERCERO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

 

PRIMERO.- El día 7 de agosto de 2.007 en la localidad de XXXXXXX se encontraron XXXXXXXXX con su exmujer XXXXXXXXX, su hijo XXXXXXXXX y su hija XXXXXXXXX, con quienes no mantiene buenas relaciones a raíz de su separación, produciéndose una discusión entre ellos, sin que se haya acreditado infracción penal alguna.

SEGUNDO.-  Los implicados son padres e hijos respectivamente y  las relaciones son malas entre ellos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La prueba practicada en el juicio ha consistido en las versiones contradictorias de las partes.

XXXXXXXX manifestó que su hijo le amenazó que quería cortar el candado de la verja de su casa y que el no insultó. XXXXXXXX manifestó que su padre insultó a todos y le dijo que le rajaría. XXXXXXXX manifiesta que su padre le dijo que era una desgraciada y una ladrona. Y XXXXXXXX manifiesta que discutieron por no dejarle entrar a su hijo y que le amenazó.

 

El Tribunal Supremo admite que la declaración de la parte denunciante puede ser suficiente para destruir la presunción de inocencia, pero para ello exige la concurrencia de una serie de requisitos entre los que se encuentran la persistencia en la declaración manteniendo la misma sin ambigüedades ni contradicciones, la ausencia de incredibilidad teniendo en cuenta las relaciones previas entre acusado y víctima que permita excluir la existencia en la segunda de móviles reprobables de enemistad, resentimiento o venganza, y la constancia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo (Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de abril, 4 de octubre y 5 de diciembre de 1994 y 24 de octubre de 1995); circunstancias aquí no concurrentes, habida cuenta que la relación existente entre las partes, es mala, reconociendo los dos implicados que no existe relación entre ellos desde la separación y que hay alguna denuncia entablada entre ambas partes, no permite excluir que las denuncias entabladas no obedezcan a motivos espurios. Y por otro lado la testigo propuesto Sra. XXXXXXX es a la postre la actual pareja de XXXXXX por lo que no se puede considerar un testigo objetivo.

Por tanto, existiendo versiones contradictorias sin que se haya podido atribuir a ninguna de ellas mayor credibilidad, procede la absolución de los implicados, al no existir prueba de cargo suficiente para destruir la presunción de inocencia consagrada en el artículo 24 de la Constitución Española. 

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal, procede declarar las costas de oficio.

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXX Y XXXXXXX de las faltas  por las que habían sido acusados, con declaración de las costas de oficio.

 

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que se interpondrá ante este Juzgado en el plazo de cinco días y del que conocerá la Audiencia Provincial.

 

Así lo acuerdo y firmo,

 

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario doy fe.

SENTENCIA EN JUICIO DE FALTAS POR INJURIAS 2/2008

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SENTENCIA N°  47/2008 

 

        En CUENCA, a 3 de  Julio de 2008.

     DON MIGUEL GIRON GIRON, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de Cuenca y su partido, ha visto en juicio oral y público los presentes autos de juicio de faltas registrados con el n° 2/08, seguidos por una presunta falta de Injurias, en los que han intervenido, como parte denunciante, L. R. C. C., y, como parte denunciada, A. C. M., asistido del letrado Sr. Martinez Garcia.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.-  Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de denuncia presentada por una presunta falta de injurias.

   Por turno de reparto correspondió a este Juzgado el conocimiento de las mismas. Tras la práctica de las diligencias oportunas y previos los trámites legales, se dictó providencia señalándose para la celebración del juicio oral el día 12 de junio de 2.008, citándose al mismo a las partes, previniéndoles que deberán comparecer acompañadas de los testigos y medios de prueba de que intenten valerse. 

 

SEGUNDO.-  En el día y hora señalado para la celebración del juicio comparecieron ambas partes, retirando la denuncia el denunciante, por lo que quedaron los autos vistos para sentencia.

 

HECHOS PROBADOS

UNICO.-  Que las presentes diligencias se incoaron en virtud de denuncia presentada en fecha 20 de diciembre de 2.007 por injurias.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El derecho a la presunción de inocencia se configura por el art. 24.2 CE como garantía procesal del imputado y derecho fundamental del ciudadano. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia (STC 64/1986 de 21 mayo).

 

El Tribunal Constitucional en la STC 44/1989 de 20 de febrero dice que “constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado. Para llegar a la condena es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano judicial pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia, como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige que se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el Tribunal pueda condenar”.

 

SEGUNDO.- Centrándonos en el caso de autos, no procede exigir responsabilidad penal alguna al denunciado, pues, habiendo retirado la denuncia el denunciante en el acto del juicio lo que motivó que no pudiera desarrollarse actividad probatoria alguna que permitieran incriminarles en los hechos objetos de la denuncia, no habiendo acusación por la parte, por lo que procede su absolución.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal, en relación con el artículo 240 de la L.E.Cr., al recaer pronunciamiento absolutorio, no procede la condena en costas.

 

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación,

 

FALLO

 

 ABSUELVO libremente del hecho origen de las presentes actuaciones a A. C. M. .

 

Notifíquese ésta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su notificación.

 

 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

 

 

PUBLICACION.- Dada, leída  y publicada fue la anterior sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario

SENTENCIA EN JUICIO DE FALTAS POR LESIONES E INJURIAS 23/2008

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SENTENCIA Nº 48/2008

En Cuenca, a 3 de Julio de 2008. 

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción n°2 de esta ciudad, los presentes autos de juicio de faltas n° 23/08, seguidos por una presunta falta de lesiones e injurias, en el que han sido partes el Ministerio Fiscal y como denunciante/do XXXXXXXXX, asistida del letrado Sr. Solera Carnicero y denunciados: XXXXXXXXX Y XXXXXXXX, el primero también como denunciante, asistidos del letrado Sr. Ayerza.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de denuncia de XXXXXX de y de Atestado de la Guardia Civil, correspondiendo su conocimiento a este Juzgado por turno de reparto.

Previos los trámites legales, se señaló el día 12 de junio de 2008  para la celebración del juicio, al que fueron citadas las partes.

SEGUNDO.- El día señalado se celebró el juicio, al que comparecieron el Ministerio Fiscal y ambos implicados a excepción de XXXXXXXXX que remitió escrito de alegaciones por escrito. En el acto de la vista y tras la declaración de las partes, el Ministerio Fiscal no formuló acusación por las lesiones. El letrado Sr. Solera solicitó la condena de XXXXXX y de XXXXXXXXX como autores de una falta de Injurias a la pena de 20 dias de multa a razón de una cuota diaria de 6 euros, y absolución de la falta de lesiones. El letrado Sr. Ayerza solicitó la absolución de su defendido.

TERCERO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- El día 1 de noviembre de 2.007 sobre las 15.00 horas se produjo una discusión en la urbanización XXXXXXXXXX, entre dos grupos de vecinos, sin que se haya acreditado infracción penal alguna.
SEGUNDO.-  Los implicados son vecinos y las relaciones son malas entre ellos.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La prueba practicada en el juicio ha consistido en las versiones contradictorias de las partes.

La Sra. XXXXXX mantiene que ella salio a mediar en la discusión con su hermana y que XXXXXX le intentó agarrar por el cuello y XXXXXXX le paró y que fue XXXXXXX quien les insultó, que no tuvo lesión ni secuela,; en cambio XXXXXXX manifiesta que que XXXXXXX le insultó, que apareció su hermana insultando y que se insultaron mutuamente, y por último XXXXXXXX en su escrito remitido y obrante en autos maniiesta que el no insultó y que fueron ellas las que insultaron.

 

El Tribunal Supremo admite que la declaración de la parte denunciante puede ser suficiente para destruir la presunción de inocencia, pero para ello exige la concurrencia de una serie de requisitos entre los que se encuentran la persistencia en la declaración manteniendo la misma sin ambigüedades ni contradicciones, la ausencia de incredibilidad teniendo en cuenta las relaciones previas entre acusado y víctima que permita excluir la existencia en la segunda de móviles reprobables de enemistad, resentimiento o venganza, y la constancia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo (Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de abril, 4 de octubre y 5 de diciembre de 1994 y 24 de octubre de 1995); circunstancias aquí no concurrentes, habida cuenta que la relación existente entre las partes, es mala, reconociendo los dos implicados que no existe relación entre ambos y que hay alguna denuncia entablada entre ambas familias, no permite excluir que las denuncias entabladas no obedezcan a motivos espurios. Y por otro lado las testigos propuestas por la denunciante Benita se declararon tener interés en que saliera beneficiada Benita por lo que no se les tomó declaración.

Por tanto, existiendo versiones contradictorias sin que se haya podido atribuir a ninguna de ellas mayor credibilidad, procede la absolución de los implicados, al no existir prueba de cargo suficiente para destruir la presunción de inocencia consagrada en el artículo 24 de la Constitución Española.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal, procede declarar las costas de oficio.

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a XXXXXXXX, XXXXXXXXX Y XXXXXXXXXXX de las faltas  por las que habían sido acusados, con declaración de las costas de oficio.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que se interpondrá ante este Juzgado en el plazo de cinco días y del que conocerá la Audiencia Provincial.

 

Así lo acuerdo y firmo,

 

 

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario doy fe.

SENTENCIA EN JUICIO DE FALTAS POR LESIONES 14/2008

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SENTENCIA N° 49/2008

 

En Cuenca, a 3 de Julio de 2008.

 

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción n° 2 de esta ciudad, los presentes autos de juicio de faltas n° 14/08, seguidos por una presunta falta de lesiones, en el que han sido partes: el Ministerio Fiscal, en representación de la acción pública; XXXXXXXX Y AXXXXXXXX, como denunciantes; y XXXXXXXX,XXXXXXXX  Y XXXXXXX, como denunciadoS, asistidos del letrado Sr. Ayerza.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.-  Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de atestado de la Policia Nacional de Cuenca por denuncia de XXXXXXXXX, correspondiendo su conocimiento a este Juzgado y dando lugar a la incoación de las Diligencias Previas n° 1806/07, que posteriormente, se transformaron en Juicio de Faltas al constatarse que los hechos no revestían carácter de delito.

Previos los trámites legales, se señaló el día 12 de junio de 2008 para la celebración del juicio, al que fueron citadas las partes y al Ministerio Fiscal.

 

SEGUNDO.- El día señalado se celebró el juicio, al que comparecieron el Ministerio Fiscal y  denunciantes, así como los denunciados, asistidos por el Letrado Sr. Ayerza. En el acto de la vista y tras las declaraciones de las partes y testigos, cuyo resultado es de ver en el acta, el Ministerio Fiscal interesó la condena del denunciado XXXXXXX como autor de dos faltas de lesiones del artículo 617.1 C.P a la pena de un mes de multa con una cuota diaria de seis euros por cada una de ellas. Por el Letrado de la defensa, interesando la libre absolución de su defendido alegando los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo, quedando finalmente los autos conclusos para sentencia.

TERCERO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO.- El día 21 de septiembre de 2.007 sobre las 22,30 horas los denunciantes XXXXXX y XXXXX, cenaron en el Bar XXXXXXXX de la calle XXXXXXXXXX de Cuenca, comenzando a jugar en la maquina tragaperras del local, y en un momento llegó XXXXXXXXX camarero del local y le dijo que iban a cerrar y que se fueran, y como quiera que el denunciante obtuvo premio de la maquina le dijo al camarero que le guardara los bonos premiados para el dia siguiente, y entonces XXXXXX propinó un puñetazo a XXXXXXX en la cara y empujó a XXXXXXXX cayendo al suelo, llegando la policia al lugar, observando los agentes como XXXXXX tenía sangre en la ceja. XXXXXXXX resultó con lesiones consistentes en contusión en región malar izquierda con hematoma y edema, estando 4 dias impedido y otros 4 dias para su completa curación, y XXXXXXXXXX tuvo contusiones en ambas rodillas y edema y erosión en eminencia hipotecar de mano derecha, estando 4 dias impedida y otros 4 dias para su completa curación, no reclamando ninguno de ellos ninguna indemnización

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos declarados probados lo han sido en virtud de la declaración de los denunciantes así como de los partes de asistencia y de los informes forenses de sanidad obrantes en las actuaciones.

El Tribunal Supremo admite que la declaración de la parte denunciante puede ser suficiente para destruir la presunción de inocencia, pero para ello exige la concurrencia de una serie de requisitos entre los que se encuentran la persistencia en la declaración manteniendo la misma sin ambigüedades ni contradicciones, la ausencia de incredibilidad teniendo en cuenta las relaciones previas entre acusado y víctima que permita excluir la existencia en la segunda de móviles reprobables de enemistad, resentimiento o venganza, y la constancia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo (Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de abril, 4 de octubre y 5 de diciembre de 1994 y 24 de octubre de 1995); circunstancias aquí concurrentes, sin que conste la existencia de relaciones previas entre las partes de las que se pueda inferir que la denuncia obedece a motivos espurios.

Además, la versión de los hechos ofrecida por los denunciantes aparecen corroboradas por el hecho objetivo de las lesiones que se reflejan en los partes de asistencia del mismo día de los hechos.

 

SEGUNDO.-  Los hechos declarados probados son constitutivos de dos faltas de lesiones del artículo 617.1 del Código Penal, que castiga al que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no definida como delito, es decir, una lesión que no requiera para su curación tratamiento médico o quirúrgico, sino sólo primera asistencia facultativa, como ocurre en el presente supuesto a la vista del informe forense de sanidad.

 

TERCERO.-  De dichas faltas es responsable en concepto de autor MXXXXXXXXXX, por su participación directa, material y voluntaria en los hechos.

 

CUARTO.- La falta del art.617.1 CP tiene señalada una pena de localización permanente de seis a doce días o multa de uno a dos meses.

El art.638 del CP dispone que, en la aplicación de las penas señaladas a las faltas, procederán los Jueces y Tribunales según su prudente arbitrio, dentro de los límites de cada una de ellas, atendiendo a las circunstancias del caso y del culpable. De conformidad con dicho precepto, procede imponer al declarado culpable la pena de un mes de multa con una cuota diaria de seis euros, interesada por el Ministerio Fiscal, pues su capacidad económica resulta acreditada por el hecho de haber asistido al acto del juicio con letrado particular.

 

En caso de impago, el condenado quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, tal y como establece el art.53 C.P.

 

Procediendo la absolución de los otros dos denunciados, en virtud del principio de acusación que rige en los juicios de faltas, y no habiendo acusación ni publica ni privada es procedente su absolución.

 

QUINTO.-  Conforme al art. 116 del C.P. toda persona responsable criminalmente de un delito o falta lo será también civilmente si resultaren daños; pero al no reclamar nada los denunciantes, no procede hacer declaración sobre este extremo.

 

 SEXTO.- El artículo 123 del Código Penal dispone que las costas procesales se entienden impuestas a los criminalmente responsables de todo delito o falta.

 

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

 

FALLO

Que DEBO CONDENAR Y CONDENO a XXXXXXX como autor criminalmente responsable de DOS FALTAS DE LESIONES prevista y penada en el artículo 617.1 del Código Penal a la pena de UN MES DE MULTA CON UNA CUOTA DIARIA DE SEIS EUROS, POR CADA UNA DE ELLAS, que en caso  de resultar impagadas podrá ser sustituida por un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, y al pago de las costas procesales.

 

Debo ABSOLVER Y ABSUELVO A XXXXXXX Y XXXXXXXX DE las faltas por las que venian siendo acusados.

 

 

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que se interpondrá ante este Juzgado en el plazo de cinco días y del que conocerá la Audiencia Provincial.

 

Así lo acuerdo y firmo,

 

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

SENTENCIA EN JUICIO DE FALTAS POR LESIONES 17/2008

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SENTENCIA N°50/2008

 

En Cuenca, a 3 de julio de 2008.

 

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción n° 2 de esta ciudad, los presentes autos de juicio de faltas n° 17/08, seguidos por una presunta falta de lesiones, en el que han sido partes: el Ministerio Fiscal, en representación de la acción pública; FXXXXXXXX, como denunciante; y XXXXXXXX, como denunciado, asistido del letrado Sr. Martinez Murcia.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de parte de lesiones de XXXXXXXXXX, correspondiendo su conocimiento a este Juzgado y dando lugar a la incoación de las Diligencias Previas n° 2018/07, que posteriormente, se transformaron en Juicio de Faltas al constatarse que los hechos no revestían carácter de delito.

Previos los trámites legales, se señaló el día 12 de junio de 2008 para la celebración del juicio, al que fueron citadas las partes y al Ministerio Fiscal.

 

SEGUNDO.- El día señalado se celebró el juicio, al que comparecieron el Ministerio Fiscal y  denunciante, así como el denunciado, asistido por el Letrado Sr. Martinez Murcia. En el acto de la vista y tras las declaraciones de las partes, cuyo resultado es de ver en el acta, el Ministerio Fiscal interesó la condena del denunciado como autor de una falta de lesiones del artículo 617.1 C.P a la pena de un mes de multa con una cuota diaria de seis euros e indemnice al denunciante en 90 euros. Por el Letrado de la defensa, interesando la libre absolución de su defendido alegando los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo, quedando finalmente los autos conclusos para sentencia.

TERCERO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO.- El día XXXXXXXX, sobre las XXXXXX horas, XXXXXXXXX conductor de un autobús urbano de la linea 7 de esta Ciudad, a la altura de “XXXXXXX” una persona le dijo que esperara que iba a pagar el pan y subiría al autobús, que el sr. XXXXXXXX estuvo parado recogiendo a una señora y se marchó sin recogerlo, llegando al barrio de Tiradores al final de la linea, y cuando se encontraba fuera del autobús XXXXXXXXX se encontraba alli, propinando un puñetazo a XXXXXXXX  en la boca, causando lesiones consistentes en contusión en región oral con inflamación del labio superior y herida en zona correspondiente al vestíbulo labial, estando 3 dias sin impedimento para su curación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos declarados probados lo han sido en virtud de la declaración del denunciante así como del parte de asistencia del Hospital Virgen de la Luz de fecha 14 de octubre de 2007 y del informe forense de sanidad de fecha 4 de diciembre de 2007 obrante en las actuaciones.

El Tribunal Supremo admite que la declaración de la parte denunciante puede ser suficiente para destruir la presunción de inocencia, pero para ello exige la concurrencia de una serie de requisitos entre los que se encuentran la persistencia en la declaración manteniendo la misma sin ambigüedades ni contradicciones, la ausencia de incredibilidad teniendo en cuenta las relaciones previas entre acusado y víctima que permita excluir la existencia en la segunda de móviles reprobables de enemistad, resentimiento o venganza, y la constancia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo (Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de abril, 4 de octubre y 5 de diciembre de 1994 y 24 de octubre de 1995); circunstancias aquí concurrentes, sin que conste la existencia de relaciones previas entre las partes de las que se pueda inferir que la denuncia obedece a motivos espurios.

Además, la versión de los hechos ofrecida por XXXXXXXX aparece corroborada por el hecho objetivo de las lesiones que se reflejan en el parte de asistencia del mismo día de los hechos.

 

SEGUNDO.-  Los hechos declarados probados son constitutivos de una falta de lesiones del artículo 617.1 del Código Penal, que castiga al que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no definida como delito, es decir, una lesión que no requiera para su curación tratamiento médico o quirúrgico, sino sólo primera asistencia facultativa, como ocurre en el presente supuesto a la vista del informe forense de sanidad.

 

TERCERO.-  De dicha la falta es responsable en concepto de autor Agustin Valiente Taravilla, por su participación directa, material y voluntaria en los hechos.

 

CUARTO.- La falta del art.617.1 CP tiene señalada una pena de localización permanente de seis a doce días o multa de uno a dos meses.

El art.638 del CP dispone que, en la aplicación de las penas señaladas a las faltas, procederán los Jueces y Tribunales según su prudente arbitrio, dentro de los límites de cada una de ellas, atendiendo a las circunstancias del caso y del culpable. De conformidad con dicho precepto, procede imponer al declarado culpable la pena de un mes de multa con una cuota diaria de seis euros, interesada por el Ministerio Fiscal, pues su capacidad económica resulta acreditada por el hecho de haber asistido al acto del juicio con letrado particular.

En caso de impago, el condenado quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, tal y como establece el art.53 C.P.

 

QUINTO.-  Conforme al art. 116 del C.P. toda persona responsable criminalmente de un delito o falta lo será también civilmente si resultaren daños; por tanto Agustin deberá abonar a XXXXXXXX la cantidad de 90 euros, a razón de 30 euros por cada uno de los 3 dias que tardó en curar.

SEXTO.- El artículo 123 del Código Penal dispone que las costas procesales se entienden impuestas a los criminalmente responsables de todo delito o falta.

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

 

Que DEBO CONDENAR Y CONDENO a XXXXXXXX como autor criminalmente responsable de una FALTA DE LESIONES prevista y penada en el artículo 617.1 del Código Penal a la pena de UN MES DE MULTA CON UNA CUOTA DIARIA DE SEIS EUROS, que en caso  de resultar impagada podrá ser sustituida por un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, y que indemnice a XXXXXXXXX en la cantidad de 90 euros por sus lesiones, y al pago de las costas procesales.

 

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que se interpondrá ante este Juzgado en el plazo de cinco días y del que conocerá la Audiencia Provincial.

 

Así lo acuerdo y firmo,

 

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

SENTENCIA EN JUICIO DE FALTAS POR LESIONES 177/2007

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SENTENCIA N°51/2008

 

En Cuenca, a 3 de Julio de 2008.

 

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción n° 2 de esta ciudad, los presentes autos de juicio de faltas n° 177/07, seguidos por una presunta falta de lesiones, en el que han sido partes: el Ministerio Fiscal, en representación de la acción pública; XXXXXXX, asistido del letrado Sr. Martínez Martínez y XXXXXXXXX, asistido del letrado Sr. Martínez Ramos, ambos en calidad tanto de denunciante como de denunciado.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.-  Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de atestado de la Guardia Civil, correspondiendo su conocimiento a este Juzgado y dando lugar a la incoación de las Diligencias Previas n° 1606/07, que posteriormente se transformaron en Juicio de Faltas al constatarse que los hechos no revestían carácter de delito.

Previos los trámites legales, se señaló el día 12 de junio de 2008 para la celebración del juicio, citándose a las partes y al Ministerio Fiscal.

 

SEGUNDO.- El día señalado se celebró el juicio, al que comparecieron todas las partes. En el acto de la vista y tras la declaración de las partes y testigo, cuyo resultado es de ver en el acta, el Ministerio Fiscal interesó la condena de XXXXXXX como autor de una falta de lesiones del artículo 617.1 C.P a la pena de un mes de multa con una cuota diaria de seis euros y a indemnizar a XXXXXXXX en la cantidad de 170 euros en concepto de responsabilidad civil. Asimismo interesó la condena de XXXXXXX como autor de una falta de lesiones del artículo 617.1 C.P a la pena de un mes de multa con una cuota diaria de seis euros y a indemnizar a XXXXXXXX en la cantidad de 130 euros en concepto de responsabilidad civil. Por el letrado Sr. Martínez se solicitó la condena de XXXXXXXX como autor de una falta de lesiones del art. 617.1 del C.P a la pena de un mes de multa a razón de una cuota diaria de 6 euros, y como autor de una falta de amenazas del art. 620 del C.P.  a la pena de 20 días de multa a razón de una cuota diaria de 6 euros y otra falta de injurias del art. 620 del C.P a la pena de 20 días de multa a razón de una cuota diaria de 6 euros, y la prohibición de acercarse a la victima, así como indemnice a XXXXXXX por sus lesiones en 600 euros y la absolución de XXXXXXX. Por el letrado Sr. Martínez Ramos se solicitó la condena de Cirilo como autor de una falta del art. 617.1 del C.P. a la pena de un mes de multa a razón de una cuota diaria de 6 euros e indemnice a XXXXXX en 130 euros y la absolución de XXXXXXX, quedando finalmente los autos conclusos para sentencia.

 

TERCERO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

 

HECHOS PROBADOS

UNICO.- El día XXXXXXXX, sobre las 12:00 horas, en el campo de fútbol, próximo a la plaza de toros de la localidad de XXXXXXX se enzarzaron en una pelea XXXXXXXX y XXXXXX, empujando XXXXX a XXXXXX cayendo este sobre unas maderas, consiguiéndose levantarse y con un palo le dio en el codo a XXXXXXX, no ocurriendo nada mas. Resultando lesionados ambos implicados, XXXXXXX con erosión en codo derecho, traumatismo en cadera derecha y contractura muscular paravertebral lumbar derecha, estando impedido 2 días y otros 3 días para su completa curación; XXXXXXX padeció traumatismo en antebrazo derecho estando 1 día impedido y otros 2 mas para su completa curación.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

PRIMERO.- Los hechos declarados probados lo han sido en virtud de las declaraciones de las partes, la testigo XXXXXXXX y  por el hecho objetivo de las lesiones que se reflejan en los informes forenses de sanidad obrantes en las actuaciones.

 

En el presente caso, nos encontramos ante un supuesto de “riña mutuamente aceptada” lo que resulta patente a la vista de que las agresiones fueron mutuas, como resulta tanto de las declaraciones de las propias partes como de los partes de lesiones. Y a este respecto hay que traer a colación la jurisprudencia del Tribunal Supremo, plasmada en la Sentencia de 20 de marzo de 1985, entre otras, que afirma que "es reiterada y ya consagrada la doctrina de esta Sala que en las situaciones de riña mutuamente aceptada, con mutuo acometimiento y recíproca agresión, no puede hablarse de legitima defensa, ni completa ni incompleta, porque en estos casos ambos contendientes son agresores bilaterales uno de otro y las consecuencias que de ellas se derivan son producto de tales agresiones del contrario, la conclusión natural es la ausencia de la agresión ilegitima, razón y fundamento de la circunstancia, que pierde así su condición actual e inminente, convirtiendo a los contendientes en atacantes y agresor de su contrario, y no sólo en defensa de la actitud del otro. De ahí que no pueda invocarse una defensa, como causa de exención ni aun incompleta cuando la postura es de agresión y ofensa contra el supuesto agresor".

 

SEGUNDO.-  El artículo 617.1 del Código Penal, que castiga al que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no definida como delito, es decir, una lesión que no requiera para su curación tratamiento médico o quirúrgico, sino sólo primera asistencia facultativa, como ocurre en el presente supuesto a la vista del informe forense de sanidad.

 

Los hechos declarados probados son constitutivos de una falta de lesiones sobre la persona de XXXXXX  imputada a XXXXXXX y de una falta de lesiones sobre XXXXXXX imputada a XXXXXX.

En cuanto a las acusaciones formuladas por la representación de Cirilo contra Jesús por amenazas e injurias señalar que no han quedado acreditadas las mismas, no practicándose prueba de cargo alguna que consiga destruir el principio de presunción de inocencia, por lo que habrá de ser absuelto de dichas acusaciones.

TERCERO.-  De dichas faltas son responsables en concepto de autores los indicados en el Fundamento de Derecho anterior, por su participación directa, material y voluntaria en los hechos.

CUARTO.- La falta del art.617.1 CP tiene señalada una pena de localización permanente de seis a doce días o multa de uno a dos meses.

 

El art.638 del CP dispone que, en la aplicación de las penas señaladas a las faltas, procederán los Jueces y Tribunales según su prudente arbitrio, dentro de los límites de cada una de ellas, atendiendo a las circunstancias del caso y del culpable. De conformidad con dicho precepto, procede imponer a los declarados culpables la pena de un mes de multa, interesada por el Ministerio Fiscal y partes acusadoras, con una cuota diaria de 6 euros, fijada en atención a a la constatación en autos de su disponibilidad económica, pues a pesar de no constar datos relativos al mismo, ambos implicados comparecieron al acto del juicio asistidos de letrado particular, suponiendo este hecho un indicio sobre la capacidad económica de los condenados (artículo 50.5 C.P).

 

En caso de impago, los condenados quedarán sujetos a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, tal y como establece el art.53 C.P.

 

QUINTO.-  El artículo 116 del Código Penal dispone que toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivan daños y perjuicios. En virtud de este precepto procede imponer a Jesús Cerda la obligación de indemnizar a Cirilo en concepto de responsabilidad civil por las lesiones causadas en la cantidad interesada por el Ministerio Fiscal, esto es, 170 euros (a razón de 40 euros por cada uno de los 2 días impeditivos y 30 euros por los tres días restantes), así como a Cirilo Regidor la obligación de indemnizar a Jesús Cerda en el mismo concepto en la cantidad de 130 euros (a razón de 40 euros por el día de impedimento y 30 euros por los 3 restantes).

Concurriendo en este caso los requisitos establecidos en los artículos 1195 y 1196 del Código Civil, y dado que en virtud de esta sentencia cada condenado resulta ser acreedor y al mismo tiempo deudor del otro, procede la compensación de sus créditos por lo XXXXXX tendrá que indemnizar A XXXXXXX en la cantidad de 40 euros.

SEXTO.- El artículo 123 del Código Penal dispone que las costas procesales se entienden impuestas a los criminalmente responsables de todo delito o falta.

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

 

FALLO

Que DEBO CONDENAR Y CONDENO a XXXXXXXXX como autor criminalmente responsable de una FALTA DE LESIONES prevista y penada en el artículo 617.1 del Código Penal a la pena de UN MES DE MULTA CON UNA CUOTA DIARIA DE SEIS EUROS, que en caso  de resultar impagada podrá ser sustituida por un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, así como a indemnizar a XXXXXXXXXX en la cantidad de 170 euros en concepto de responsabilidad civil, y al pago de las costas procesales, absolviendo al mismo de las faltas de amenazas e injurias por las que venía siendo acusado.

 

Que DEBO CONDENAR Y CONDENO a XXXXXXXX como autor criminalmente responsable de una FALTA DE LESIONES prevista y penada en el artículo 617.1 del Código Penal a la pena de UN MES DE MULTA CON UNA CUOTA DIARIA DE SEIS EUROS, que en caso  de resultar impagada podrá ser sustituida por un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, así como a indemnizar a XXXXXXXXXXX en la cantidad de 130 euros en concepto de responsabilidad civil, y al pago de las costas procesales.

 

Que resultando que en virtud de esta sentencia XXXXX y XXXXXXXX son a su vez acreedor y deudor del otro en concepto de responsabilidad civil, procede la compensación entre los mismos y, por tanto, XXXXX tendrá la obligación de abonar a XXXXXXX la cantidad de 40 euros por responsabilidad civil.

 

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que se interpondrá ante este Juzgado en el plazo de cinco días y del que conocerá la Audiencia Provincial.

 

Así lo acuerdo y firmo,

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

SENTENCIA EN JUICIO VERBAL DE COTOS DE CAZA 671/2007

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SENTENCIA Nº 78/08

 

En Cuenca, a 27 de junio de 2008.

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n°2 de esta ciudad, los presentes autos de juicio verbal nº 671/07 promovidos a instancia de F. S. B., representada por la Procuradora de los Tribunales Rosa Maria Torrecilla López y asistida por el Letrado Sra. Fernandez Culebras, contra COTO PRIVADO DE CAZA Nº 10.963 DENOMINADO XXXXXXX, en la persona de su representante legal M. A. H. P..

 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora de los Tribunales Rosa Maria Torrecilla López, en nombre y representación del actor, se interpuso demanda contra el Coto de caza demandado, en reclamación de la cantidad de 633,04 euros, importe de los daños sufridos en el vehículo propiedad del actor como consecuencia del accidente de tráfico ocurrido el día 9 de diciembre de 2005. Todo ello con los intereses legales y expresa condena en costas.

SEGUNDO.- Admitida la demanda se dio traslado de la misma, con sus documentos y copias, a la demandada, citando a todas las partes a la celebración de la vista para que tuviera lugar el día 4 de junio de 2008.

A la citada vista comparecieron ambas partes. En la misma, el demandante se ratificó en su demanda solicitando el recibimiento del pleito a prueba. Por su parte, el demandado se opuso a la demanda.

TERCERO.- Recibido el pleito a prueba, la parte actora propuso la documental, el interrogatorio del representante legal de la demandada y la testifical. Por su parte, la demandada propuso la documental. Todas las pruebas propuestas fueron admitidas.

CUARTO.- La prueba propuesta y admitida se practicó con el resultado que es de ver en autos, quedando los mismos para dictar sentencia.

QUINTO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ejercita la parte actora una acción de reclamación de cantidad al amparo del artículo 1902 del Código Civil Ley 17/2005 de 19 de julio, tendente a obtener la indemnización de los daños sufridos como consecuencia del accidente de tráfico ocurrido el día 9 de diciembre de 2005, sobre las 07:50 horas, a la altura del kilómetro 50,000 de la carretera CM-2105, causado por el impacto con un ciervo que apareció repentinamente en la calzada procedente del Coto de Caza cuyo titular es la demandada. Manifiesta la demandante que como consecuencia de estos hechos se produjeron daños en el vehículo de su propiedad cuyo importe de reparación asciende a la cantidad reclamada en la demanda.

SEGUNDO.- Por su parte, el demandada se opone alegando que se da la causa extintiva de la Disposición Adicional 9º de la Ley 17/2.005 de 19 de julio, por la que solo se puede imputar responsabilidad al acotado por accidente causado en la via de circulación provocado por animales procedentes del acotado cuando se ejercite la caza o se acredite que el acotado ha incumplido las normas de conservación del mismo. También se alega que ese dia del accidente el vehículo de la actora no tenía la la Inspección Tecnica de Vehículos en vigor, y por tanto no tendría que haber circulado. 

 

Antes de entrar a conocer sobre si se dan los supuestos establecidos en la Disposición 9º de la Ley 17/2.005 de 19 de julio, hay que estudiar si se ha acreditado por parte del coto demandado la alegación de la falta de Inspección técnica de Vehículos, puesto que si esto es así la demanda habría que desestimarla por cuanto que concurriría la causa de exoneración de culpa de la victima de los daños.

TERCERO.- En este sentido se puede comprobar a simple vista del documento aportado por la propia actora como nº1 que el vehículo de la misma había pasado la Inspección Tecnica en fecha 4 de noviembre de 2.003, con vigencia por dos años, es decir hasta el dia 4 de noviembre de 2.005. Por tanto, si el accidente ocurre el dia 9 de diciembre de 2.005, es claro que eeste dia el vehículo circulaba sin haber pasado la Inspección Técnica, y por tanto no tendría que haber circulado, pues está terminantemente prohibido circular sin tener la Inpección Tecnica en vigor; siendo por ello que los daños padecidos en su vehículo no es dable imputarselo al titular del coto, cuando ese vehículo no tendría que haber circulado, dandose por tanto la circunstancia de culpa exclusiva de la victima, independientemente de si se ejercitaba la caza o no se tomaron la medidas adecuadas de conservación. Por todo ello  se ha de desestimar la demanda interpuesta.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y dada la Desestimación de las pretensiones de la parte demandante, procede la condena en costas a la misma.

FALLO

Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Rosa Maria Torrecilla López, en nombre y representación de FF. S. B., contra EL COTO PRIVADO DE CAZA CM-10.963 “XXXXXXX”, debo absolver y absuelvo a este último de los pedimentos contra el formulados, con expresa condena en costas a la actora.

 

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días, que se interpondrá ante este Juzgado y del que conocerá la Audiencia Provincial.

 

Así lo acuerdo y firmo,

 

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

CONCURSO ABREVIADO 354/2007. PUESTA DE MANIFIESTO DEL PLAN DE LIQUIDACIÓN

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EDICTO DE PUESTA DE MANIFIESTO DEL PLAN DE LIQUIDACIÓN 

DON VÍCTOR BALLESTEROS FERNÁNDEZ, Secretario Judicial del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 Juzgado de lo Mercantil de CUENCA

 A N U N C I A

1.- Que en el procedimiento concursal número CONCURSO ABREVIADO 354 /2007  referente al concursado   se ha puesto de manifiesto en la Secretaria del Juzgado el día 07 de julio de 2008 el plan de liquidación de los bienes y derechos del concursado, elaborado por la administración concursal.

2.- El deudor y los acreedores pueden, en el plazo de quince días, computados desde la fecha en que ha quedado de manfiesto el Plan, formular observaciones y modificaciones al mismo.

En CUENCA  a siete de julio de dos mil ocho

EL SECRETARIO JUDICIAL

BOP 06-08-2008

07/07/2008 18:23. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. CONCURSOS DE ACREEDORES No hay comentarios. Comentar.

SENTENCIA EN JUICIO DE FALTAS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO 26/2008

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SENTENCIA N° 52/2008

En Cuenca, a 7 de julio de 2008.

 

Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción n°2 de esta ciudad, habiendo vistos los presentes autos del Juicio de Faltas nº 26/08, seguidos por una presunta falta contra el orden público, en el que son partes: el Ministerio Fiscal, en representación de la acción pública; los Agentes de la Policía Nacional nº XXXXX, XXXXXX, XXXXXXX Y XXXXXX, como denunciantes, y XXXXXXXX, como denunciado.

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de atestado de la Policía Nacional por unos hechos ocurridos el 1 DE FEBRERO DE 2.008, correspondiendo su conocimiento a este Juzgado por turno de reparto.

Previos los trámites legales, se señaló el día 3 de julio de 2008 para la celebración del juicio, a la que fueron citadas las partes y el Ministerio Fiscal.

SEGUNDO.- El día señalado se celebró el juicio, al que asistieron el Ministerio Fiscal, los agentes denunciantes, no compareciendo el denunciado, pesa a estar citado en legal forma. En el acto de la vista y tras las declaraciones de las partes, cuyo resultado se puede observar en el acta unida a las presentes actuaciones, el Ministerio Fiscal interesó la condena del denunciado como autor de una falta contra el orden público del art.634 CP a la pena de 30 días de multa con una cuota diaria de seis euros.

TERCERO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS 

ÚNICO.- El día 1 de febrero de 2.008 sobre las 20,45 horas cuando los agentes de policia hacian funciones de prevención de delincuencia, a la altura de la comisaria se encuentran un joven que resultó ser XXXXXXXX, preguntandoles si eran policias, y al decirle que si este le dijo”que mal que funcionais, todavía no habeis tenido cojones a encontrar el anillo que me quitaron el otro dia”, que después ha entrado a Comisaria, manifestardo que queria orinar, manifestandole el inspector que no se podia orinar en las dependencias y que tenia que abandonar las mismas, negandose el mismo a abandonar las dependencias, y dirigiendose al inspector diciendole”eres un cabrón, te voy a sacar las entrañas, no sabes con quien te la estás jugando”, procediendo a la detención de XXXXXX, oponiendo gran resistencia a ser engrilletado, manifestandoles”esto del cuello os lo vais a comer vosotros”.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

PRIMERO.- Los hechos narrados anteriormente se han declarado probados en virtud de la declaración de Agentes de la Policía Nacional efectuadas en el acto del juicio. La credibilidad atribuída a dicha declaración proviene de que no existen motivos para dudar de su veracidad y objetividad.

SEGUNDO.- Los hechos declarados probados son constitutivos de una falta contra el orden público del artículo 634 C.P, que dispone que serán castigados los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad o a sus agentes, o los desobedecieren levemente, cuando ejerzan sus funciones.

En el presente supuesto se cumplen los requisitos del tipo dado que XXXXXXX profirió unas expresiones a los agentes de la autoridad que constituyen una falta de respeto y de consideración debida a los mismos.

 

TERCERO.- De dicha falta aparece como responsable en concepto de autor XXXXXXXXXX, por su participación directa, material y voluntaria en los hechos.

CUARTO.- La falta del art.634 CP tiene señalada una pena de multa de diez a sesenta días. De acuerdo con la regulación de la pena de multa contenida en el art.50 del mismo Cuerpo legal y el artículo 638 C.P que dispone que “en la aplicación de las penas de este Libro procederán los Jueces y Tribunales, según su prudente arbitrio, dentro de los límites de cada una, atendiendo a las circunstancias del caso y del culpable”, procede imponer la pena de treinta días de multa, de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio Fiscal, con una cuota diaria de tres euros, fijada en atención al principio “in dubio pro reo” al no constar acreditada la capacidad económica del condenado. En caso de impago, el condenado quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, tal y como lo establece el art.53 C.P.

 

QUINTO.- De conformidad con el artículo 123 C.P, las costas procesales se entienden impuestas a los criminalmente responsables de todo delito o falta.

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

 

FALLO

 

Que DEBO CONDENAR Y CONDENO a xxxxxxxxxx como autor criminalmente responsable de una falta contra el orden público prevista y penada en el artículo 634 del Código Penal a la pena de TREINTA DÍAS DE MULTA CON UNA CUOTA DIARIA DE TRES EUROS, que en caso de resultar impagada podrá ser sustituida por un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, así como al pago de las costas procesales.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, en el plazo de cinco días desde su notificación, ante este Juzgado y del que conocerá la Audiencia Provincial.

Así lo acuerdo y firmo,

 

 

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario doy fe.

SENTENCIA EN JUICIO DE FALTAS POR LESIONES E INJURIAS 134/2007

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SENTENCIA N° 53/2008

 

En Cuenca, a 7 de julio de 2008.

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción n° 2 de esta ciudad, los presentes autos de juicio de faltas n° 134/07, seguidos por una presunta falta de lesiones e injurias, en el que han sido partes: el Ministerio Fiscal, en representación de la acción pública; XXXXXXXX, asistido del letrado Sr. Martínez Martínez como denunciante, XXXXXXXX asistido del mismo letrado como denunciante y denunciado y XXXXXXXX asistido de la letrada Sra. Fernández Culebras como denunciante y denunciado.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.-  Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de atestado de la Guardia Civil, correspondiendo su conocimiento a este Juzgado y dando lugar a la incoación de juicio de faltas.

Previos los trámites legales, se señaló el día 3 de julio de 2008 para la celebración del juicio, citándose a las partes y al Ministerio Fiscal.

 

SEGUNDO.- El día señalado se celebró el juicio, al que comparecieron todas las partes. En el acto de la vista y tras la declaración de las partes y testigos, cuyo resultado es de ver en el acta, el Ministerio Fiscal interesó la condena de XXXXXXXX como autor de una falta de lesiones del artículo 617.1 C.P a la pena de un mes de multa con una cuota diaria de seis euros y a indemnizar a  XXXXXXXX en la cantidad de 120 euros en concepto de responsabilidad civil. Asimismo interesó la condena de XXXXXXXX como autor de una falta de lesiones del artículo 617.1 C.P a la pena de un mes de multa con una cuota diaria de seis euros y a indemnizar a  XXXXXXXX en la cantidad de 120 euros en concepto de responsabilidad civil, y como autor de otra falta contra el Orden Público del art. 634 del C.P. a la pena de 15 días de multa a razón de una cuota diaria de 6 euros. Por el letrado Sr. Martínez se solicitó la condena de XXXXXXXX como autor de una falta de injurias del art. 620.2 del C.P. a la pena de 20 días de multa a razón de una cuota diaria de 6 euros y como autor de una falta de lesiones del art. 617.2 del C.P. a la pena de un mes de multa a razón de una cuota diaria de 6 euros, así como indemnice a XXXXXXXX en 120 euros y la absolución de XXXXXXXX. Por la letrada Sra. Fernández se solicitó la condena de XXXXXXXX como autor de una falta del art. 617.1 del C.P. a la pena de un mes de multa a razón de una cuota diaria de 6 euros e indemnice a XXXXXXXXX en 120 euros y la absolución de XXXXXXXX, quedando finalmente los autos conclusos para sentencia.

 

TERCERO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

UNICO.- El día 30 de agosto de 2.007, sobre las 20:40 horas, XXXXXXXXXXX, alcaldesa de la localidad de PUEBLO DE CUENCA se dirigía a las viejas escuelas junto a su madre, en un momento dado XXXXXXXX le ha proferido expresiones como “roja de mierda, te vas a meter los petardos por el culo, arisca, chula”, haciendo referencia al Bando que anteriormente había decretado por ser alcaldesa por el que se prohibía tirar petardos en el recinto ferial y en la plazo del coso. El día 31 de agosto sobre las 3:20 horas y encontrándose el la plazo del coso de la misma localidad el marido de la alcaldesa XXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXX, se enzarzaron en una pelea, como consecuencia de los hechos ocurridos en la tarde anterior entre este último y la alcaldesa y resultando ambos lesionados, XXXXXXXX con contusión en cara anterior de hombro izquierdo con erosiones necesitando para su curación 4 días de los que uno estuvo impedido y XXXXXXXX con enrojecimiento en región cervical posterior con pequeña erosión en tobillo izquierdo necesitando también 4 días para su curación.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

PRIMERO.- Los hechos declarados probados lo han sido en virtud de las declaraciones de las partes, y los testigos y  por el hecho objetivo de las lesiones que se reflejan en los informes forenses de sanidad obrantes en las actuaciones.

En primer lugar ha quedado acreditado, no solo por la propia declaración de la alcaldesa, que como tal tiene la consideración de autoridad, sino que ha sido corroborada su versión por su madre XXXXXXXXX, señalando que con motivo de haber dictado un Bando prohibiendo tirar petardos en el recinto ferial y en la plaza del coso, y no sentando bien a los miembros de la peña a la que pertenece el denunciado, este le profirió las expresiones “roja de mierda, te vas a meter los petardos por el culo, arisca, chula”, decayendo por tanto el principio de presunción de inocencia, y siendo constitutivos de una falta contra el Orden Público prevista en el art. 634 del C.P, Y ello por cuanto que XXXXXXXX es la alcaldesa de PUEBLO DE CUENCA y en ejercicio de sus funciones fue agredida con las mencionadas expresiones, faltando por tanto al respeto y consideración debidas a la autoridad que en este momento ostenta la denunciante por el hecho de ser alcaldesa, habiendo otros cauces por los que hacer frente a las decisiones de la autoridad si es que se consideran injustas, pero nunca está justificado el empleo de injurias como las que se han acreditado en las presentes diligencias; siendo por ello que XXXXXXXX será responsable criminalmente por su conducta imprudente.

 

SEGUNDO.-En cuanto a las presuntas faltas de lesiones, en el presente caso, nos encontramos ante un supuesto de “riña mutuamente aceptada” lo que resulta patente a la vista de que las agresiones fueron mutuas, como resulta tanto de las declaraciones de las propias partes como de los partes de lesiones. Y a este respecto hay que traer a colación la jurisprudencia del Tribunal Supremo, plasmada en la Sentencia de 20 de marzo de 1985, entre otras, que afirma que "es reiterada y ya consagrada la doctrina de esta Sala que en las situaciones de riña mutuamente aceptada, con mutuo acometimiento y recíproca agresión, no puede hablarse de legitima defensa, ni completa ni incompleta, porque en estos casos ambos contendientes son agresores bilaterales uno de otro y las consecuencias que de ellas se derivan son producto de tales agresiones del contrario, la conclusión natural es la ausencia de la agresión ilegitima, razón y fundamento de la circunstancia, que pierde así su condición actual e inminente, convirtiendo a los contendientes en atacantes y agresor de su contrario, y no sólo en defensa de la actitud del otro. De ahí que no pueda invocarse una defensa, como causa de exención ni aun incompleta cuando la postura es de agresión y ofensa contra el supuesto agresor".

 

TERCERO.-  El artículo 617.1 del Código Penal, que castiga al que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no definida como delito, es decir, una lesión que no requiera para su curación tratamiento médico o quirúrgico, sino sólo primera asistencia facultativa, como ocurre en el presente supuesto a la vista de los informes forenses de sanidad.

 

Los hechos declarados probados son constitutivos de una falta de lesiones sobre la persona de XXXXXXXX imputada a XXXXXXXX y de una falta de lesiones sobre la persona de XXXXXXXX imputada a XXXXXXXX.

 

CUARTO.-  De dichas faltas son responsables en concepto de autores los indicados en los Fundamentos de Derecho anteriores, por su participación directa, material y voluntaria en los hechos.

 

QUINTO.- La falta del art. 634 del C.P, tiene señalada una pena de multa de 10 a 60 días y la falta del art.617.1 CP tiene señalada una pena de localización permanente de seis a doce días o multa de uno a dos meses.

 

El art.638 del CP dispone que, en la aplicación de las penas señaladas a las faltas, procederán los Jueces y Tribunales según su prudente arbitrio, dentro de los límites de cada una de ellas, atendiendo a las circunstancias del caso y del culpable. De conformidad con dicho precepto, procede imponer a los declarados culpables: en primer lugar por la falta del art. 634 del C.P. procederá la pena a XXXXXXXX de 15 días, y  las penas de un mes de multa por las faltas de lesiones mutuas a XXXXXXXX y XXXXXXXX, interesada por el Ministerio Fiscal y partes acusadoras, con una cuota diaria de 6 euros para la pena fijada a  XXXXXXXX y de 3 euros para las penas fijadas a XXXXXXXX, fijadas en atención a la constatación en autos de disponibilidad económica de XXXXXXXX, pues a pesar de no constar datos relativos al mismo, este implicado compareció al acto del juicio asistido de letrado particular, suponiendo este hecho un indicio sobre la capacidad económica del condenado (artículo 50.5 C.P), en cambio XXXXXXXX compareció con letrado del turno de oficio, manifestando que actualmente está en paro, y no habiendo mas constancia de datos económicos relativos al mismo, procede la imposición de tres euros por día.

En caso de impago, los condenados quedarán sujetos a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, tal y como establece el art.53 C.P.

 

SEXTO.-  El artículo 116 del Código Penal dispone que toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivan daños y perjuicios. En virtud de este precepto procede imponer a XXXXXXXX la obligación de indemnizar a  XXXXXXXX en concepto de responsabilidad civil por las lesiones causadas en la cantidad interesada por el Ministerio Fiscal, esto es, 120 euros (a razón de 30 euros por cada uno de los 4 días de curación, así como a JXXXXXXXX la obligación de indemnizar a XXXXXXXX en el mismo concepto en la cantidad de 120 euros (a razón de 30 euros por los 4 días de curación).

 

Concurriendo en este caso los requisitos establecidos en los artículos 1195 y 1196 del Código Civil, y dado que en virtud de esta sentencia cada condenado resulta ser acreedor y al mismo tiempo deudor del otro en las mismas cantidades, procede la compensación de sus créditos por lo ninguna cantidad se establece a favor de ninguno de los dos.

 

SEPTIMO.- El artículo 123 del Código Penal dispone que las costas procesales se entienden impuestas a los criminalmente responsables de todo delito o falta.

 

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

 

Que DEBO CONDENAR Y CONDENO a XXXXXXXXX como autor responsable de una falta contra el Orden Público del art. 634 del C.P, a la pena de 15 días de multa a razón de una cuota diaria de Tres Euros, y como autor criminalmente responsable de una FALTA DE LESIONES prevista y penada en el artículo 617.1 del Código Penal a la pena de UN MES DE MULTA CON UNA CUOTA DIARIA DE TRES EUROS, que en caso  de resultar impagada podrá ser sustituida por un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, así como a indemnizar a XXXXXXXX en la cantidad de 120 euros en concepto de responsabilidad civil, y al pago de las costas procesales.

 

Que DEBO CONDENAR Y CONDENO a XXXXXXXX como autor criminalmente responsable de una FALTA DE LESIONES prevista y penada en el artículo 617.1 del Código Penal a la pena de UN MES DE MULTA CON UNA CUOTA DIARIA DE SEIS EUROS, que en caso  de resultar impagada podrá ser sustituida por un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, así como a indemnizar a XXXXXXXX en la cantidad de 120 euros en concepto de responsabilidad civil, y al pago de las costas procesales.

 

Que resultando que en virtud de esta sentencia XXXXXXXX y XXXXXXXX son a su vez acreedor y deudor del otro en concepto de responsabilidad civil en las mismas cantidades, procede la compensación entre los mismos y, por tanto nada se deberá abonar por parte de ninguno de ellos en concepto de responsabilidad civil.

 

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que se interpondrá ante este Juzgado en el plazo de cinco días y del que conocerá la Audiencia Provincial.

 

Así lo acuerdo y firmo,

 

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

SENTENCIA EN JUICIO DE FALTAS POR DAÑOS 162/2007

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SENTENCIA N° 54/2008

 

 

En Cuenca, a 7 de julio de 2008.

 

 

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción n° 2 de esta ciudad, los presentes autos de juicio de faltas n° 162/07, seguidos por una presunta falta de daños, en el que han sido partes: el Ministerio Fiscal, en representación de la acción pública; XXXXXXXXXXXXX, como denunciante y XXXXXXXXXXXXX, como denunciado.

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.-  Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de denuncia de XXXXXXXXXXXXX, correspondiendo su conocimiento a este Juzgado por turno de reparto y dando lugar a la incoación de las Diligencias Previas n° 1648/07, que posteriormente, se transformaron en Juicio de Faltas al constatarse que los hechos no revestían carácter de delito.

Previos los trámites legales, se señaló el día 3 de julio de 2008 para la celebración del juicio, al que fueron citadas las partes y al Ministerio Fiscal.

 

SEGUNDO.- El día señalado se celebró el juicio, al que comparecieron el Ministerio Fiscal, así como la denunciante no compareciendo el denunciado pese a estar citado en forma. En el acto de la vista y tras la declaracion de la denunciante, cuyo resultado es de ver en el acta, el Ministerio Fiscal interesó la condena de XXXXXXXXXXXXX como autor de una falta de daños del artículo 625 del Código Penal a la pena de 10 días de multa con una cuota diaria de seis euros, así como a indemnizar a Vanesa en la cantidad de 255,20 euros en concepto de responsabilidad civil.

TERCERO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- El día 2 de septiembre de 2007, sobre las 19:00 horas, en la calle cuatro caminos de Cuenca Vanesa de la Cruz LópeXXXXXXXXXXXXX tenia estacionado su vehículo Ford Escort matricula CU-0935-F, cuando XXXXXXXXXXXXX lanzó un casco de moto hacia el novio de la denunciante e impacto contra el referido coche de XXXXXXXXXXXXX.

SEGUNDO.-  Como consecuencia de estos hechos se causaron daños en el vehículo referido, propiedad de la denunciante, cuyo importe de reparación está presupuestado en la cantidad de 255,20 euros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

PRIMERO.- Los hechos declarados probados lo han sido en virtud de la declaraciones de la denunciante así como del presupuesto de fecha 23 de octubre de 2.007 de Carrocerías San Jose obrante en las actuaciones.

 

El Tribunal Supremo admite que la declaración de la parte denunciante puede ser suficiente para destruir la presunción de inocencia y para ello exige la concurrencia de una serie de requisitos entre los que se encuentran la persistencia en la declaración manteniendo la misma sin ambigüedades ni contradicciones, la ausencia de incredibilidad teniendo en cuenta las relaciones previas entre acusado y víctima que permita excluir la existencia en la segunda de móviles reprobables de enemistad, resentimiento o venganza, y la constancia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo (Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de abril, 4 de octubre y 5 de diciembre de 1994 y 24 de octubre de 1995); circunstancias aquí concurrentes. Y ello por cuanto el denunciante manifestó que no conocía al denunciado, por lo que no existen motivos para dudar de la veracidad y objetividad de su declaración.

SEGUNDO.-  Los hechos declarados probados son constitutivos de una falta de daños del artículo 625 del Código Penal, que castiga a los que causaran daños intencionadamente cuyo importe no exceda de 400 euros.

TERCERO.-  De dicha falta es responsable en concepto de autor Luis Carrascosa Caja, por su participación directa, material y voluntaria en los hechos.

CUARTO.- La falta del artículo 625.1 C.P está castigada con la pena de localización permanente de dos a doce días o multa de diez a veinte días.

El art.638 del CP dispone que, en la aplicación de las penas señaladas a las faltas, procederán los Jueces y Tribunales según su prudente arbitrio, dentro de los límites de cada una de ellas, atendiendo a las circunstancias del caso y del culpable. De conformidad con dicho precepto, procede imponer al declarado culpable la pena de diez días de multa, fijada en atención a la entidad de los daños causados, con una cuota diaria de tres euros, fijada en atención a la no constancia de la capacidad económica del condenado.

En caso de impago, el condenado quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, tal y como establece el art.53 C.P.

 

QUINTO.-  El artículo 116 del Código Penal dispone que toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivan daños y perjuicios. En virtud de este precepto procede imponer al declarado culpable la obligación de indemnizar al perjudicado en la cantidad de 255,20 euros, como importe de la reparación del vehículo dañado.

SEXTO.- El artículo 123 del Código Penal dispone que las costas procesales se entienden impuestas a los criminalmente responsables de todo delito o falta.

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que DEBO CONDENAR Y CONDENO a XXXXXXXXXXXXX como autor criminalmente responsable de una FALTA DE DAÑOS prevista y penada en el artículo 625.1 del Código Penal a la pena de DIEZ DÍAS DE MULTA CON UNA CUOTA DIARIA DE TRES EUROS, que en caso  de resultar impagada podrá ser sustituida por un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, así como a indemnizar a XXXXXXXXXXXXX en la cantidad de 255,20 euros en concepto de responsabilidad civil, y al pago de las costas procesales.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que se interpondrá ante este Juzgado en el plazo de cinco días y del que conocerá la Audiencia Provincial.

 

Así lo acuerdo y firmo,

 

 

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

SENTENCIA EN JUICIO DE FALTAS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO 159/2007

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SENTENCIA N°  55/2008

En CUENCA, a 7 de julio  de 2008.

 

DON MIGUEL GIRON GIRON, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de Cuenca y su partido, ha visto en juicio oral y público los presentes autos de juicio de faltas registrados con el n° 159/07, seguidos por una presunta falta contra el Orden Público, en los que han intervenido, como parte denunciante, los policias nacionales XXXXX Y XXXXXX y, como parte denunciada, XXXXXXXXX. 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de denuncia presentada por una presunta falta contra el orden publico.

Por turno de reparto correspondió a este Juzgado el conocimiento de las mismas. Tras la práctica de las diligencias oportunas y previos los trámites legales, se dictó providencia señalándose para la celebración del juicio oral el día 3 de julio de 2.008, citándose al mismo a las partes, previniéndoles que deberán comparecer acompañadas de los testigos y medios de prueba de que intenten valerse. 

SEGUNDO.-  En el día y hora señalado para la celebración del juicio no comparecieron los policias denunciantes si haciendolo el Ministerio Fiscal y el denunciado. Por el Ministerio Fiscal se solicitó la absolución del denunciado por falta de pruebas.

 

HECHOS PROBADOS

 

UNICO.-  Que las presentes diligencias se incoaron en virtud de atestado de la Policia Nacional de Cuenca que obran al inicio de las mismas.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

PRIMERO.- El derecho a la presunción de inocencia se configura por el art. 24.2 CE como garantía procesal del imputado y derecho fundamental del ciudadano. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia (STC 64/1986 de 21 mayo).

     El Tribunal Constitucional en la STC 44/1989 de 20 de febrero dice que “constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado. Para llegar a la condena es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano judicial pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia, como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige que se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el Tribunal pueda condenar”.

SEGUNDO.- Centrándonos en el caso de autos, no procede exigir responsabilidad penal alguna al denunciado, pues, no obstante haber sido citados en legal y debida forma, no comparecieron al juicio los denunciantes. La ausencia de la parte denunciante motivó que no pudiera desarrollarse actividad probatoria alguna que permitieran incriminarles en los hechos objetos de la denuncia, no habiendo acusación por la parte ni tampoco por el Ministerio Fiscal, por lo que procede su absolución.

 

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal, en relación con el artículo 240 de la L.E.Cr., al recaer pronunciamiento absolutorio, no procede la condena en costas.

 

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación,

 

 

FALLO

 

 

ABSUELVO libremente del hecho origen de las presentes actuaciones a  JESUS JUSTO ASENSIOXXXXXXXXX.

 

Notifíquese ésta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal.

 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su notificación.

 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

 

PUBLICACION.-Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo, el Secretario, doy .

SENTENCIA EN JUICIO DE FALTAS POR AMENAZAS 38/2008

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SENTENCIA N°  56/2008

 

        En CUENCA, a 7 de julio  de 2008.

     DON MIGUEL GIRON GIRON, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de Cuenca y su partido, ha visto en juicio oral y público los presentes autos de juicio de faltas registrados con el n° 38/08, seguidos por una presunta falta de amenazas, en los que han intervenido, como parte denunciante, XXXXXXXXX y, como parte denunciada, XXXXXXXXX Y XXXXXXXXX, asistidas por la interprete Maria Diana.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

 

PRIMERO.-  Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de denuncia presentada por una presunta falta de amenazas.

 

Por turno de reparto correspondió a este Juzgado el conocimiento de las mismas. Tras la práctica de las diligencias oportunas y previos los trámites legales, se dictó providencia señalándose para la celebración del juicio oral el día 3 de julio de 2.008, citándose al mismo a las partes, previniéndoles que deberán comparecer acompañadas de los testigos y medios de prueba de que intenten valerse. 

SEGUNDO.-  En el día y hora señalado para la celebración del juicio no comparecieron la denunciante si haciendolo los denunciados. Ante la falta de acusación se dictó sentencia in voce en el sentido de absolver a los denunciados.

 

HECHOS PROBADOS

 

UNICO.-  Que las presentes diligencias se incoaron en virtud de atestado de la Policia Nacional de Cuenca que obran al inicio de las mismas.

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

 

PRIMERO.- El derecho a la presunción de inocencia se configura por el art. 24.2 CE como garantía procesal del imputado y derecho fundamental del ciudadano. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia (STC 64/1986 de 21 mayo).

     El Tribunal Constitucional en la STC 44/1989 de 20 de febrero dice que “constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado. Para llegar a la condena es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano judicial pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia, como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige que se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el Tribunal pueda condenar”.

SEGUNDO.- Centrándonos en el caso de autos, no procede exigir responsabilidad penal alguna al denunciado, pues, no obstante haber sido citados en legal y debida forma, no compareció al juicio la denunciante. La ausencia de la parte denunciante motivó que no pudiera desarrollarse actividad probatoria alguna que permitieran incriminarles en los hechos objetos de la denuncia, no habiendo acusación por la parte, por lo que procede su absolución.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal, en relación con el artículo 240 de la L.E.Cr., al recaer pronunciamiento absolutorio, no procede la condena en costas.

 

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación,

 

 

FALLO

 

 

 ABSUELVO libremente del hecho origen de las presentes actuaciones a  XXXXXXXXX Y XXXXXXXXX.

 

Notifíquese ésta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal. 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su notificación.

 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

 

 

 

PUBLICACION.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario, doy .-

 

SENTENCIA EN JUICIO DE FALTAS 161/2007

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SENTENCIA N°  57/2008

        En CUENCA, a 7 de julio  de 2008.

     DON MIGUEL GIRON GIRON, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de Cuenca y su partido, ha visto en juicio oral y público los presentes autos de juicio de faltas registrados con el n° 161/07, seguidos por una presunta falta contra las personas, en los que han intervenido, el Ministerio Fiscal como representante de la acusación publica, como parte denunciante, XXXXXXXXX y, como parte denunciada, XXXXXXXXX.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de denuncia presentada por una presunta falta contra el orden publico.

   Por turno de reparto correspondió a este Juzgado el conocimiento de las mismas. Tras la práctica de las diligencias oportunas y previos los trámites legales, se dictó providencia señalándose para la celebración del juicio oral el día 3 de julio de 2.008, citándose al mismo a las partes, previniéndoles que deberán comparecer acompañadas de los testigos y medios de prueba de que intenten valerse. 

 

SEGUNDO.-  En el día y hora señalado para la celebración del juicio no compareció nadie, si haciendolo el Ministerio Fiscal. Por el Ministerio Fiscal se solicitó la absolución del denunciado por falta de pruebas.

HECHOS PROBADOS

UNICO.-  Que las presentes diligencias se incoaron en virtud de atestado de la Policia Nacional de Cuenca que obran al inicio de las mismas.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El derecho a la presunción de inocencia se configura por el art. 24.2 CE como garantía procesal del imputado y derecho fundamental del ciudadano. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia (STC 64/1986 de 21 mayo).

     El Tribunal Constitucional en la STC 44/1989 de 20 de febrero dice que “constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado. Para llegar a la condena es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano judicial pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia, como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige que se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el Tribunal pueda condenar”.

SEGUNDO.- Centrándonos en el caso de autos, no procede exigir responsabilidad penal alguna al denunciado, pues, no obstante haber sido citados en legal y debida forma, no comparecieron al juicio ni denunciante ni denunciado. La ausencia de la parte denunciante motivó que no pudiera desarrollarse actividad probatoria alguna que permitieran incriminarles en los hechos objetos de la denuncia, no habiendo acusación por la parte ni tampoco por el Ministerio Fiscal, por lo que procede su absolución.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal, en relación con el artículo 240 de la L.E.Cr., al recaer pronunciamiento absolutorio, no procede la condena en costas.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

 

 ABSUELVO libremente del hecho origen de las presentes actuaciones a  XXXXXXXXX.

Notifíquese ésta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal.Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su notificación.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario, doy .

DIVORCIO MUTUO ACUERDO 349/2008

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SENTENCIA Nº80

En Cuenca, a 7 de julio de 2008.

 

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia n° 2 de esta ciudad, los presentes autos de divorcio de mutuo acuerdo n° 349/08, promovidos a instancia de XXXXXXXXXXX, con el consentimiento de XXXXXXXXXXX, representados por el Procurador de los Tribunales Dña. Jesús Córdoba Blanco y asistida por el Letrado Sra. Martinez Escutia; no siendo parte el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Procurador de los Tribunales Sr. Córdoba Blanco, en nombre y representación de XXXXXXXXXXX, con el consentimiento del otro conyuge XXXXXXXXXXX, se presentó demanda solicitando el divorcio de su matrimonio.

SEGUNDO.- Admitida la demanda, se acordó la ratificación de ambos esposos, que se produjo en fecha de 4 de julio de 2.008.

TERCERO.-En el presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Habiéndose instado el divorcio por uno de los conyuges con el consentimiento del otro y cumpliéndose los restantes requisitos establecidos en los artículos 86 y 81.2º del Código Civil, al haber transcurrido más de tres meses desde la celebración del matrimonio y haberse acompañado la propuesta de convenio regulador de fecha 3 de julio de 2008, procede decretar judicialmente el divorcio.

SEGUNDO.- Dado que los cónyuges han presentado el convenio regulador de su divorcio y no encontrándose dicho convenio perjudicial para ninguno de ellos, ni hay hijos menores del mismo procede aprobarlo en su integridad.

TERCERO.- A la vista de la especial naturaleza de los procedimientos sobre familia no cabe hacer especial pronunciamiento sobre costas.

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que estimando la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales D. Jesús Córdoba Blanco, declaro la disolución por divorcio del matrimonio contraído por XXXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXXX, aprobándose el convenio regulador aportado con la demanda, de fecha 3 de Julio de 2.008,  sin efectuar pronunciamiento sobre costas procesales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y firme que sea comuníquese al Sr. Encargado del Registro Civil donde conste el matrimonio de los litigantes.

Así lo acuerdo y firmo,

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario doy fe.

DIVISIÓN DE HERENCIA 220/2006. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LIQUIDEZ DE DERECHOS HEREDITARIOS

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SENTENCIA nº 79

En Cuenca , a siete de julio de 2.008

Vistos por el Ilmo. Sr. D.  Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de los de Cuenca y su Partido,  los autos de Procedimiento  de División Judicial de Herencia de D. XXXXXXXXXX Y DOÑA XXXXXXXXXX seguidos con el nº 220/2006 siendo partes interesadas : DOÑA XXXXXXXXXX Y DON XXXXXXXXXX representados por el Procurador Sr. Nuño Fernández y dirigidos por el Letrado David Ortega; y de otra DON XXXXXXXXXX Y DON XXXXXXXXXX representados por el Procurador Sr. Marcilla López y dirigido por el Letrado Sra. Muñoz Pérez.

                     ANTECEDENTES  DE  HECHO

PRIMERO.- Instado por el Procurador Sr. Nuño Fernández el presente procedimiento de división judicial de herencia de D. XXXXXXXXXX Y DOÑA XXXXXXXXXX se convocó a las partes a formación de inventario el cual se realizó de mutuo acuerdo mediante escrito presentado en fecha 4 de abril de 2.007, por lo que por auto de fecha 9 de abril de 2.007 se homologó la transacción de formación de inventario. 

SEGUNDO.- Convocadas las partes a la comparecencia prevista en la Ley  se celebró en la audiencia del día 20/04/07 en la que no hubo acuerdo por lo que se designó judicialmente contador partidor a la letrada Silvia Barquin Serna. 

TERCERO.- Efectuadas las operaciones particionales y puestas de manifiesto  a las partes, por ambas representaciones procesales se formuló oposición a las operaciones divisorias convocándose a las partes a Vista que se celebró el día 4/06/08, y no alcanzado acuerdo se propusieron los medios de prueba que se practicaron en la Vista.

CUARTO.- En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones y formalidades legales.

                  FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la representación Procesal de XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX en un principio mostró su oposición a las operaciones divisorias, por que en el escrito de la Contadora Partidora existe un error material a la hora de llevar a cabo las operaciones de descuento del Caudal hereditario del legado, pero posteriormente al salvar el error dicha contadora partidora en escrito posterior, por la parte en el acto de la vista estar conforme a las operaciones divisorias realizadas por la contadora partidora.

Por la representación de XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX se opusieron a las operaciones divisorias en primer lugar por que la contadora partidora se arroga facultades que no tiene y declara la nulidad parcial del legado, función que corresponde a los tribunales mediante el correspondiente procedimiento ordinario que corresponda, también se opone a los valores asignados a los bienes de división por encontrarse no ajustado a los valores de mercado, también se opone por no haber diferenciado los dos haberes hereditarios, y por último se opone a los lotes realizados en el último escrito de la contadora partidora, pues se hacen lotes por representaciones procesales.

SEGUNDO.- Expuestos así los términos del debate debe señalarse que asiste  la razón a la dirección letrada de Doña XXXXXXXXXX y Don XXXXXXXXXX por cuanto, que la sentencia dictada por el Juzgado de Leganes y revocada parcialmente por la Audiencia Provincial de Madrid lo que declara es la nulidad de la compraventa cuyo objeto era el mismo que el objeto del legado, por tanto nada se resolvió en dicha sentencia sobre la nulidad o validez de dicho legado, entre otras cosas por que no era objeto de enjuiciamiento. Así las cosas, está claro que existe una controversia respecto al legado, y dado que las operaciones divisorias las ha realizado la contadora partidora, partiendo de la base de que el legado se declaró nulo parcialmente, este hecho condicionó los haberes de cada uno de los herederos, pues está claro que si se tiene en cuenta el legado en su totalidad, revertiría en dichos haberes de forma cuantiosa, por lo que existiendo controversia sobre este extremo entre las partes, y siendo que este procedimiento no es el adecuado para resolver dicho extremo, es por lo que las partes deberán acudir al procedimiento declarativo que corresponda a fin de resolver dicha controversia, sin que este procedimiento pueda seguir adelante, por cuanto que como ya se ha dicho es fundamental en orden a establecer los haberes finales de cada heredero.

Así las cosas, siendo que no se puede efectuarse la liquidación de los derechos hereditarios sin que se haya decidido sobre la validez del legado controvertido,  lo procedente es acordar el sobreseimiento del presente .

TERCERO.- No se aprecian méritos para imponer las costas a ninguna de las partes ( Art. 394 in fine de la LEC ) .

                         FALLO

Que estimando parcialmente las pretensiones deducidas por la  representación procesal de Dña. XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX, y Desestimando las pretensiones deducidas por la representación procesal de XXXXXXXXXX y XXXXXXXXXX en el presente procedimiento de Liquidación Judicial de Herencia de los causantes D. XXXXXXXXXX Y DOÑA XXXXXXXXXX, declaro el sobreseimiento del procedimiento sin efectuar expreso pronunciamiento en materia de costas procesales .

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación que deberá ser preparado en el plazo de 5 días a contar desde su notificación ante este Juzgado y para la Iltma. Audiencia Provincial de Cuenca .

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por SSª estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, doy fe.

SENTENCIA EN APELACIÓN DERIVADA DE JUICIO VERBAL DE COTOS DE CAZA 293/2006

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APELACIÓN CIVIL NUM.  68/2008

                                                Juzgado de Primera Instancia núm. 2

                                                         de CUENCA.

                                                J. Verbal  núm.  293/2007

             

         Ilmos Sres:

         Presidente:

         Sr. Díaz Delgado

         Magistrados:

         Sr. Puente Segura

         Sra. Vicente de Gregorio

 

S E N T E N C I A  NUM.  146/2008

 

          En la ciudad de Cuenca, a siete de Julio de dos mil ocho.

         Vistos en trámite de recurso de apelación los autos de juicio verbal número 293/2006 procedentes del Juzgado de Primera Instancia número dos de los de  Cuenca y su partido, promovidos a instancia de DON XXXXXXXXX, representado por el Procuradora de los Tribunales Don José Antonio Nuño Fernández y asistido por el Letrado Don Luis Ortega Fernández, contra la Agrupación de Propietarios Titular del Coto nº CU-10.406 "XXXXXXXXX", representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Rosa Maria Torrecilla López y asistida por el Letrado Don Francisco Javier Jouve Fernández de Avila; en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandante contra la sentencia dictada en primera instancia, de fecha  de veintidós de octubre de dos mil siete; habiendo sido ponente el Ilmo. Sr. Presidente  Don Antonio Díaz Delgado.

ANTECEDENTES DE HECHO

          PRIMERO.- En los autos indicados al margen se dictó sentencia de fecha veintiuno de Julio de dos mil siete, en cuya parte dispositiva se establecía, literalmente: "Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. José Antonio Nuño Fernández, en nombre y representación de D. XXXXXXXXX, contra la Agrupación de Propietarios titular del Coto de Caza nº CU-10.406 "XXXXXXXXX", debo absolver y absuelvo a ésta de los pedimentos de los demandantes ".

 

        SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se preparó y después interpuso por la representación de la parte demandante, recurso de apelación en tiempo y forma, recurso que fue admitido a medio de providencia de fecha doce de Marzo de dos mil ocho, dándose traslado a la parte contraria para que pudiera presentar escrito de oposición al recurso o impugnar la sentencia en aquellos extremos que pudieran resultarles desfavorables.

 

        TERCERO.-  Con fecha veinticinco de Marzo de dos mil siete, Doña rosa María Torrecilla López, Procuradora de los Tribunales y de la Agrupación de Propietarios Titular del Coto núm. CU-10.406 "XXXXXXXXX", presentó escrito impugnando el recurso interpuesto de contrario.

        CUARTO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, con fecha quince de Mayo de dos mil ocho, se procedió a formar el correspondiente rollo, asignándosele el número del margen, turnándose ponencia y habiéndose cumplido la totalidad de las previsiones legales, sin que se estimara necesaria la celebración de vista, y señalándose para que tuviera lugar la correspondiente deliberación, votación y fallo el día veintisiete de Mayo de dos mil ocho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

        PRIMERO.-  El presente recurso de apelación debe ser íntegramente desestimado confirmándose la resolución recurrida, la cual plasma de una manera rigurosa la doctrina sentada por esta Audiencia Provincial en Sentencias entre otras de 11/12/2007 y 13 de Mayo de 2008; pues es el demandante/actor el que debe acreditar los hechos que constituyen su pretensión sin que el hecho, como desliza el recurrente de que tal prueba sea de difícil producción por tal hecho haya que trasladar la carga de la prueba al demandado, como  pretende el demandante.

 

        SEGUNDO.-  En definitiva en orden a la resolución del recurso conviene recordar la sentencia de este Tribunal de 13 de Mayo de 2008, cuyo Fundamento II se transcribe, a fin de dar cumplida respuesta a las pretensiones del recurrente.

 

 

        Así pues, y como ya señaláramos, por ejemplo, en nuestra sentencia de fecha once de diciembre del año 2.007, la cuestión sometida ahora a la consideración de la Sala no tiene más objeto que la determinación del alcance del nuevo régimen establecido por la Disposición Adicional Novena del Real Decreto Legislativo 339/1.990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que se introdujo como consecuencia de la ley 17/2.005, respecto de la responsabilidad de los titulares de aprovechamientos cinegéticos en el marco de los atropellos de animales que de ellos procedan, cuestión ésta respecto de la cual ya ha tenido oportunidad de pronunciarse esta Sala, también, por ejemplo, en nuestras sentencias de fechas 9 de abril y 22 de mayo de 2.007. Decíamos entonces, y hemos de reiterarlo aquí, que la dicción de dicho precepto resulta inequívoca en el sentido de que los daños personales y patrimoniales en estos siniestros (atropello de animales procedentes de coto) sólo será exigible a los titulares de los cotos (o en su defecto a los propietarios de los mismos) cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado. A nuestro parecer, apartándonos del criterio defendido por la parte apelante, no estamos aquí, al menos no solo, ante un simple cambio normativo que viene a sustituir el anterior sistema de responsabilidad objetiva o cuasi objetiva por otro de signo culpabilísitico. Es decir, no es solamente que el legislador haya decidido, estableciendo una norma especial con respecto al artículo 1.905 del Código Civil, que los titulares del coto no respondan de forma objetiva o cuasi objetiva, si no que ni siquiera se conforma con que éstos respondan de los daños cuando se aprecie en su comportamiento cualquier clase de actuación imprudente (sistema culpabilístico, artículo 1.902). Yendo más lejos, en decisión, como lo son todas ellas, cuánto de discutible se quiera, ha resuelto el legislador que con carácter general no respondan de los daños producidos por atropellos de animales los titulares de los cotos de caza, lo que se producirá solo de manera excepcional ("solo serán exigibles a los titulares de aprovechamientos cinegéticos cuando…", dice el texto legal) y no ante cualquier clase de culpa o negligencia sino cuando la causa del siniestro derive de una de estas dos fuentes: sea consecuencia directa de la acción de cazar o exista falta de diligencia en la conservación del terreno acotado. Partiendo de lo anterior, este Tribunal considera que en aplicación de las normas reguladoras de la llamada carga de la prueba, artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es el actor quien deberá acreditar, como elemento constitutivo de su pretensión, que concurren los elementos excepcionales que hacen responsable al coto, elementos excepcionales que, en este caso, ni siquiera se aducen en la demanda rectora del procedimiento, (refiriéndose genéricamente a que no se adoptaron las medidas precisas para evitar la presencia de piezas de caza en la calzada), siendo así que para el buen éxito de las pretensiones emprendidas deberá aparecer probado que el siniestro se produjo, bien como consecuencia directa de la acción de cazar, bien como consecuencia de una falta de diligencia, no en cualquier ámbito y de cualquier entidad, sino precisamente en la conservación del terreno acotado. También ha precisado esta Sala que "la referida diligencia en la conservación no se refiere ni puede hacerse extensiva a todas aquellas actuaciones dirigidas al fin de impedir o evitar que las piezas de caza irrumpan en la calzada". Ciertamente, cualquiera que sea la particular opinión de los Magistrados que conforman esta Sala sobre la conveniencia de que los titulares de aprovechamientos cinegéticos, como venía sucediendo hasta la reforma legal dicha, respondieran de los daños causados por animales procedentes del coto cuando aquéllos no hubiesen adoptado las precauciones necesarias y exigibles para impedirlo, lo indudable es que conservar significa en lengua castellana mantener la sustancia de una cosa de tal modo que continúe siendo ella misma, pero no cercarla o de cualquier otro modo impedir que los seres (en este caso animales) que la habitan puedan salir de ella, del mismo modo que no se pueden entender que para conservar una vivienda hayan de tapiarse las ventanas al fin de evitar que algún objeto pueda caer a la calle o impedir la salida de personas o animales domésticos al exterior. La obligación genérica de la prohibición de dañar a otro no deriva (al menos no solo ni principalmente) del deber de conservar lo propio sino que impone también la exigencia de impedir que lo propio o aquello por lo que se responde pueda producir daño. El legislador ha decidido, con respecto a los titulares de los aprovechamientos cinegéticos y con relación a los atropellos de animales que de allí provengan, que la responsabilidad no solo no se acomode a las reglas previstas en el artículo 1.905 del Código Civil, sino tampoco a las generales del artículo 1.902, siendo solo predicable cuando los daños provengan directamente de la acción de cazar o sean consecuencia, no de cualquier falta de diligencia sino solo de la vinculada a la conservación del coto (por ejemplo, incendio provocado por la falta de limpieza del monte, ausencia de agua imputable a los titulares del aprovechamiento, etc.). Razones, todas ellas, que conducen a la íntegra desestimación de la presente alzada.

 

 

        TERCERO.-  En cuanto a las costas de esta apelación deben ser impuestas al recurrente conforme dispone el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

 

          Por lo expuesto,

FALLAMOS

 

        Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación origen de la presente resolución, confirmando íntegramente la resolución recurrida, con la imposición de las costas causadas en esta alzada al recurrente.

 

        Cúmplase lo establecido en los artículos 248.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 208.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

        Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

CONCURSO ORDINARIO VOLUNTARIO 258/2008. AUTO INCOMPETENCIA TERRITORIAL

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A U T O Nº 22/2008 (mrc)

JUEZ QUE LO DICTA: D. MIGUEL GIRON GIRON

Lugar: CUENCA

Fecha: tres de julio de dos mil ocho

Los anteriores escrito presentados por el Ministerio Fiscal y por la Procuradora Sra. SEGOVIA RUBIO, únanse a los autos de su razón.

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por el Procurador Sra. YOLANDA SEGOVIA RUBIO, en nombre y representación del deudor  TRANSPORTES TECNICOS TOMILLO S.L, se ha solicitado de este Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción la declaración de concurso del mismo.

Con carácter previo a la admisión a trámite de la demanda, y una vez subsanados los defectos advertidos inicialmente, se dictó providencia con fecha 16 de junio de 2008 por la que se promovía de oficio la falta de competencia territorial de este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda presentada, y por entender que la mercantil cuyo concurso se insta tiene su centro principal de intereses en la localidad de Miranda de Ebro (Burgos).

SEGUNDO.- Verificado el traslado por plazo de diez días a las demás partes y al Ministerio Fiscal para que alegasen y aportasen lo que tuvieren por conveniente para sostener la competencia territorial de este tribunal, se formularon alegaciones por la parte promotora en el sentido de entender competente a este Juzgado de lo Mercantil, y por el Ministerio Fiscal en el sentido de entender competentes a los Juzgados de lo Mercantil correspondientes a la Localidad de Miranda de Ebro (BURGOS).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 10.1 de la Ley Concursal establece que la competencia para declarar y tramitar el concurso corresponde al juez de lo mercantil en cuyo territorio  tenga el deudor el centro de sus intereses principales; estableciéndose que también será competente, a elección del acreedor, el juez de lo mercantil en cuyo territorio radique el domicilio del deudor.

Especifica el artículo 10 qué debe entenderse por centro de los intereses principales y así señala que es “el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la administración de tales intereses”, Así, de la definición legal del centro de los intereses principales del deudor resulta que éste es el lugar donde la empresa aparece en el mercado adoptando sus decisiones y centralizando la gestión de sus negocios, esto es, la sede real de aquélla.

SEGUNDO.- Afirma la parte promotora del expediente, tanto en la demanda inicial, como en las alegaciones formuladas solicitando que se mantenga la competencia de los Juzgados de Cuenca, que la mercantil TRANSPORTES TECNICOS TOMILLO S.L tiene su domicilio social, así como su centro de intereses principales en la localidad de San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca), y que es allí donde la sociedad es conocida en el mercado y adopta sus decisiones, así como donde defiende y gestiona sus intereses económicos.

Por su parte el Ministerio Fiscal entiende que la mercantil cuyo concurso se insta tiene el despacho u oficina para la gestión o administración de su actividad en la localidad de Miranda de Ebro, y que en consecuencia, como quiera que la regla de competencia del domicilio social de las personas jurídicas es “iuris tantum” queda desvirtuada como centro principal de sus intereses y actividad, por esta misma razón.

TERCERO.-  Pues bien, a fin de determinar si corresponde a este Juzgado la competencia territorial para conocer de la demanda presentada es necesario determinar, en primer lugar, dónde está el centro de los intereses principales de la citada entidad, por entender que el domicilio social en Cuenca de dicha mercantil lo es a los meros efectos formales o fiscales. Así de la documentación aportada por el promotor del expediente, como son la memoria expresiva de la historia jurídica y económica de la empresa, inventario de bienes, y relación de acreedores y proveedores, así como de los trabajadores, resulta acreditado que dicha mercantil ejerce su actividad social, como es “el transporte discrecional de mercancías interior e internacional…”, en la localidad de Miranda de Ebro. La propia parte afirma que esta empresa nace fruto de su separación de otra residenciada en San Lorenzo de la Parrilla, con la finalidad de separar el transporte internacional de aquella, ubicando como lugar de exploración la localidad de Miranda de Ebro, como punto estratégico de paso de las rutas internacionales, y ser ésta la localidad donde reside su gerente y apoderado hasta el día 07-05-2008 Don I. M. C.. Es imprescindible tener en cuenta, como afirma la propia parte actora, que es este apoderado y gerente de la empresa el encargado de organizar las rutas y actividad de la misma, y reorganizar y reorientar o corregir su actividad, sin perjuicio de la supervisión de R. C. T. T..

Asimismo, y como muestra del lugar donde la empresa realiza su actividad, ésta inicialmente funcionaba en la localidad referenciada a través de naves de alquiler, y finalmente decide adquirir instalaciones propias en dicha localidad. Es allí donde tiene ubicados sus vehículos, hasta que allí precisamente se difunde el rumor de la situación de la empresa, y por eso, finalmente, decide trasladarlos a Cuenca. Igualmente en la localidad de Miranda de Ebro, y según afirma la propia parte actora, ce centraliza la actividad de la empresa correspondiente a “tráfico de vehículos, gestión de operaciones, presupuesto de rutas de trabajo, negociación de tarifas con clientes, liquidación periódica de conductores y movimientos de personal”.

CUARTO.- En definitiva, y por mucho que se esfuerce la parte promotora en intentar convencer a este Juzgador de que es territorialmente competente para conocer de este concurso, resulta bastante obvio, tras examinar la documentación y las propias declaraciones de la parte, que la empresa TRANSPORTES TÉCNICOS TOMILLO SL ejerce de modo habitual y reconocible por terceros (proveedores,, operadores, conductores y personal de oficia, apoderado y gerente de la empresa …) la administración de sus intereses en la localidad de Miranda de Ebro (BURGOS).

Por lo expuesto, debe concluirse que en ningún caso la competencia para conocer del presente concurso voluntario correspondería a este Juzgado de lo Mercantil, habida cuenta de las razones expuestas con anterioridad.

PARTE DISPOSITIVA 

DISPONGO: se declara la falta de competencia territorial de este Juzgado para conocer del presente concurso voluntario promovido a instancia de la Procuradora de los Tribunales YOLANDA SEGOVIA RUBIO, en nombre y representación de la mercantil TRANSPORTES TÉCNICOS TOMILLO SL.

Se consideran territorialmente competentes a los Juzgados de lo Mercantil de BURGOS. 

Remítanse las presentes actuaciones al Juzgado Decano de BURGOS, interesando acuse de recibo.

Hágase saber a la parte actora que si desea la prosecución del proceso, debe comparecer en el Juzgado declarado competente.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno.

Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.

Firma del Juez                 Firma del Secretario

 

 HA SIDO ADMITIDO POR EL JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BURGOS BOE

09/07/2008 12:03. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. CONCURSOS DE ACREEDORES No hay comentarios. Comentar.

Sentencia en juicio de faltas por lesiones 163/2007

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SENTENCIA N°  58/2008

        En CUENCA, a 7 de julio  de 2008.

     DON MIGUEL GIRON GIRON, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de Cuenca y su partido, ha visto en juicio oral y público los presentes autos de juicio de faltas registrados con el n° 163/07, seguidos por una presunta falta de lesiones, en los que han intervenido, el Ministerio Fiscal como representante de la acusación publica, como parte denunciante, xxxxxxxxxx y, como parte denunciada, xxxxxxxx.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de denuncia presentada por una presunta falta DE lesiones.

   Por turno de reparto correspondió a este Juzgado el conocimiento de las mismas. Tras la práctica de las diligencias oportunas y previos los trámites legales, se dictó providencia señalándose para la celebración del juicio oral el día 3 de julio de 2.008, citándose al mismo a las partes, previniéndoles que deberán comparecer acompañadas de los testigos y medios de prueba de que intenten valerse. 

 

SEGUNDO.-  En el día y hora señalado para la celebración del juicio no compareció nadie, si haciendolo el Ministerio Fiscal. Por el Ministerio Fiscal se solicitó la absolución del denunciado por falta de pruebas.

HECHOS PROBADOS

UNICO.-  Que las presentes diligencias se incoaron en virtud de atestado de la Policia Nacional de Cuenca que obran al inicio de las mismas.

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El derecho a la presunción de inocencia se configura por el art. 24.2 CE como garantía procesal del imputado y derecho fundamental del ciudadano. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia (STC 64/1986 de 21 mayo).

     El Tribunal Constitucional en la STC 44/1989 de 20 de febrero dice que “constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado. Para llegar a la condena es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano judicial pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia, como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige que se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el Tribunal pueda condenar”.

SEGUNDO.- Centrándonos en el caso de autos, no procede exigir responsabilidad penal alguna al denunciado, pues, no obstante haber sido citados en legal y debida forma, no comparecieron al juicio ni denunciante ni denunciado. La ausencia de la parte denunciante motivó que no pudiera desarrollarse actividad probatoria alguna que permitieran incriminarles en los hechos objetos de la denuncia, no habiendo acusación por la parte ni tampoco por el Ministerio Fiscal, por lo que procede su absolución.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal, en relación con el artículo 240 de la L.E.Cr., al recaer pronunciamiento absolutorio, no procede la condena en costas.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

 ABSUELVO libremente del hecho origen de las presentes actuaciones a  XXXXXXXX.

Notifíquese ésta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su notificación.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

 

PUBLICACION,. Dada, leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario doy .

Sentencia en juicio de faltas por lesiones 41/2008

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SENTENCIA N°  59/2008

        En CUENCA, a 7 de julio  de 2008.

     DON MIGUEL GIRON GIRON, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 2 de Cuenca y su partido, ha visto en juicio oral y público los presentes autos de juicio de faltas registrados con el n° 41/08, seguidos por una presunta falta de lesiones, en los que han intervenido, como parte denunciante, E. L. M., asistida del letrado Sra Gonzalez López y, como parte denunciada, XXXXXXXX, XXXXXXXXX como responsable civil subsidiario y MAPFRE como responsable civil directa, asistidos del letrado Sr Jouve.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de atestado por un accidente de circulación ocurrido el dia 11 de abril de 2.007 en la calle A. B.  escalada de XXXXXXX.

   Por turno de reparto correspondió a este Juzgado el conocimiento de las mismas. Tras la práctica de las diligencias oportunas y previos los trámites legales, se dictó providencia señalándose para la celebración del juicio oral el día 3 de julio de 2.008, citándose al mismo a las partes, previniéndoles que deberán comparecer acompañadas de los testigos y medios de prueba de que intenten valerse. 

SEGUNDO.-  En el día y hora señalado para la celebración del juicio no comparecieron ninguna de las partes.

HECHOS PROBADOS

UNICO.-  Que las presentes diligencias se incoaron en virtud de atestado de la Guardia Civil de XXXXXXXX por un accidente de circulación en la localidad de XXXXXXXX el dia 11 de abril de 2.007 que obra al inicio de las mismas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El derecho a la presunción de inocencia se configura por el art. 24.2 CE como garantía procesal del imputado y derecho fundamental del ciudadano. La presunción de inocencia supone, que, como se parte de la inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla y es a la acusación a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado y no es éste quien tiene que probar su inocencia (STC 64/1986 de 21 mayo).

     El Tribunal Constitucional en la STC 44/1989 de 20 de febrero dice que “constitucionalmente se presume y se afirma la inocencia del acusado. Para llegar a la condena es necesario que, mediante una adecuada actividad probatoria de cargo, realizada con todas las garantías, quede desvirtuada esa inocencia y que el órgano judicial pueda obtener de esas pruebas la convicción jurídica de la existencia de los elementos fácticos que constituyen el delito. Si no han quedado probados esos elementos fácticos, el Tribunal no puede entender sustituida la inicial inocencia por la culpabilidad y debe absolver al enjuiciado. La presunción de inocencia, como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige que se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el Tribunal pueda condenar”.

SEGUNDO.- Centrándonos en el caso de autos, no procede exigir responsabilidad penal alguna al denunciado, pues, no obstante haber sido citados en legal y debida forma, no compareció nadie al juicio. La ausencia de las partes motivó que no pudiera desarrollarse actividad probatoria alguna que permitieran incriminarles en los hechos objetos de la denuncia, no habiendo acusación por la parte, por lo que procede su absolución.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Código Penal, en relación con el artículo 240 de la L.E.Cr., al recaer pronunciamiento absolutorio, no procede la condena en costas.


Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

 ABSUELVO libremente del hecho origen de las presentes actuaciones a  XXXXXXXX, XXXXXXX Y MAPFRE.

Notifíquese ésta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días desde su notificación.

 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

 

PUBLICACION.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario doy .

SENTENCIA EN JUICIO DE FALTAS POR ESTAFA 105/20070

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SENTENCIA Nº 60/2008

En Cuenca, a 7 de julio de 2008. 

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción n° 2 de esta ciudad, los presentes autos de juicio de faltas n° 105/07, seguidos por una presunta falta de estafa, en el que han sido partes: el Ministerio Fiscal, en representación de la acción pública; XXXXXXXXX, como denunciante, y S. Z. C., como denunciado.

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-  Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de denuncia presentada por XXXXXXXX, correspondiendo su conocimiento a este Juzgado por turno de reparto.

Previos los trámites legales, se señaló para la celebración del juicio el día 3 de julio de 2008, al que fueron citadas las partes y el Ministerio Fiscal.

SEGUNDO.- El día señalado se celebró el juicio, al que comparecieron el Ministerio Fiscal, así como el denunciante, pero no el denunciado pese a su citación en forma legal. En el acto de la vista y tras la declaración de la denunciante, cuyo resultado es de ver en el acta, el Ministerio Fiscal interesó la condena del denunciado como autor de una falta de estafa del art.623.4 del Código Penal a la pena de un mes de multa con una cuota diaria de seis euros, así como a indemnizar al representante legal de del Hotel AC en la cantidad de 107 euros, quedando finalmente conclusos los autos para sentencia.

TERCERO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO.- El día 19 de mayo de 2007, el denunciado S. Z. C.  se hospedó en una habitación del Hotel AC DE la Avenida Juan Carlos I de Cuenca, siendo cliente habitual de dicho hotel y dejando una tarjeta de crédito para abonar el importe de 107 euros, pero no tenia fondoas dando un plazo de tiempo para que abonase la cantidad sin que lo haya abonado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos narrados anteriormente se han declarado probados en virtud de la declaración de la denunciante efectuada en el acto del plenario, así como de la documental incorporada a los autos consistentes en Factura del denunciado. La credibilidad atribuida a la declaración proviene de que no existen motivos para dudar de su veracidad y objetividad. 

La denunciante manifestó en el acto del plenario que el día de los hechos identificaron plenamente al denunciado con su D.N.I.

 

SEGUNDO.- Los hechos declarados probados son constitutivos de una falta de estafa del artículo 623.4 del Código Penal, que castiga a los que cometan estafa en cuantía no superior a 400 euros. El artículo 248 del Código Penal dispone que cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

 

TERCERO.- De dicha falta es responsable en concepto de autor S. Z. C., por su participación directa, material y voluntaria en los hechos.

 

CUARTO.- La falta del art.623.4 CP tiene señalada una pena de localización permanente de cuatro a doce días o multa de uno a dos meses.

El art.638 del CP dispone que, en la aplicación de las penas señaladas a las faltas, procederán los Jueces y Tribunales según su prudente arbitrio, dentro de los límites de cada una de ellas, atendiendo a las circunstancias del caso y del culpable. De conformidad con dicho precepto, procede imponer al declarado culpable la pena de un mes de multa con una cuota diaria de seis euros, de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio Fiscal.  En caso de impago, el art. 53 C.P establece que el condenado quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas.

QUINTO.- El art.116 del Código Penal dispone que toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivan daños y perjuicios. En virtud de este precepto procede imponer a Sergio Zafra la obligación de indemnizar a la perjudicada AC HOTELES, en concepto de responsabilidad civil, con la cantidad de 107 euros.

SEXTO.- El artículo 123 del Código Penal dispone que las costas procesales se entienden impuestas a los criminalmente responsables de todo delito o falta.

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que DEBO CONDENAR Y CONDENO a S. Z. C. como autor criminalmente responsable de una falta de estafa prevista y penada en el artículo 623.4 del Código Penal a la pena de UN MES DE MULTA CON UNA CUOTA DIARIA DE SEIS EUROS, que en caso  de resultar impagada podrá ser sustituida por un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, así como a indemnizar a la mercantil AC HOTELES en la cantidad de 107 euros y al abono de las costas procesales.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que se interpondrá ante este Juzgado en el plazo de cinco días y del que conocerá la Audiencia Provincial.

Así lo acuerdo y firmo,

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario doy fe.

SENTENCIA EN JUICIO DE FALTAS DE TRÁFICO 42/2008

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SENTENCIA Nº 61/2008

En Cuenca, a 7 de JULIO de 2008.

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción n° 2 de esta ciudad, los presentes autos de juicio de faltas n° 42/08, seguidos por una presunta falta de imprudencia, en el que han sido partes: A. M. S., como denunciante asistido del letrado Sra. Garcia Garcia; E. C. Y., como denunciado; y  La Estrella seguros, como responsable civil directo, asistidos del letrado Sr. Alvaro Arias.

                  ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Las presentes actuaciones se incoaron en virtud de denuncia de A. M. S. correspondiendo su conocimiento a este Juzgado por turno de reparto y dando lugar a la incoación de las Diligencias Previas n° 2171/2007, que posteriormente se transformaron en el presente Juicio de Faltas al comprobarse que los hechos no eran constitutivos de delito.

Previos los trámites legales, se señaló el día 3 de julio de 2008 para la  celebración del juicio, citándose a todas las partes.

SEGUNDO.- El día señalado se celebró el juicio, al que asistieron todas las partes. En el acto de la vista y tras las declaraciones de las partes, cuyo resultado es de ver en el acta, el Letrado de la acusación solicitó la condena de la denunciada como autor de una falta de imprudencia del art.621 del Código Penal a la pena de 15 días de multa con una cuota diaria de 3 euros, así como al abono de las cantidades que se reflejan en el acta en concepto de responsabilidad civil, interesando la condena de La Estrella como responsable civil directo. Por su parte, el Letrado de la defensa interesó la libre absolución, quedando finalmente conclusos los autos para sentencia.

TERCERO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

                       HECHOS PROBADOS

ÚNICO.-  El día 2  de noviembre de 2007, en la carretera CM-2109, a la altura de XXXXXXXXX, el vehículo con matrícula V-XXXX-CD, conducido por A. M. S., asegurado por la compañía Genesis, fue golpeado en la parte trasera por el turismo Renault 6 matricula CU-XXXX-B,conducido por E. C. Y. y asegurado en La Estrella. Como consecuencia del golpe, A. M. S. sufrió unas lesiones consistentes en esguince cervical, que tardaron en curar 45 días de los cuales 15 estuvo impedido para sus ocupaciones habituales y que requirieron para su sanidad tratamiento médico.

                    FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los hechos narrados anteriormente se han declarado probados en virtud de las declaraciones coincidentes de las partes y del informe forense de sanidad de 8 de febrero de 2008.

La prueba practicada en el juicio ha consistido en la declaración de ambas partes, quienes mantienen la misma versión de cómo ocurrieron los hechos. Así, el accidente ocurrió mientras el hoy actor se encontraba parado para girar a la izquierda con el intermitente dado, llegando el hoy demandado y le golpeó por detrás, causando daños leves al vehículo del actor y sufriendo este esguince cervical

Por tanto, dando por cierta la forma de ocurrir el accidente, la consecuencia no es otra que el dictado de una sentencia absolutoria.  Y ello por cuanto nos encontraríamos ante una colisión trasera por alcance cuyas consecuencias fueron leves atendiendo a las lesiones que sufrió el denunciante y los daños ocasionados en el vehículo del actor y en el vehículo del demandado, como asi lo han señalado ambos implicados y corroborado por el testigo, manifestando que los daños eran de poca entidad, sin que, además, de la propia declaración del denunciante resulte una conducta del  denunciado en el momento de la colisión que suponga una infracción de los deberes objetivos de cuidado merecedora de reproche penal.

Como señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Álava de 30 de julio de 2007, “debemos partir del principio de intervención mínima y del carácter fragmentario del Derecho penal, los cuales hacen que éste defienda un bien jurídico sólo contra ataques de especial gravedad; así, cuando en función de la descripción abierta de un tipo penal como el del artículo 621.3 ha de hacerse un juicio sobre si un comportamiento concreto debe por la gravedad del ataque ser sancionado penalmente, y, al hacer dicho juicio, surgen dudas objetivas sobre el merecimiento de pena de ese comportamiento, debe elegirse la vía de la impunidad penal”. Y en el presente caso, la supuesta imprudencia cometida por el denunciado no rebasaría el umbral de la imprudencia civil.

Por lo expuesto y  en virtud de los principios de intervención mínima  y subsidiariedad que inspiran la legislación penal, procede la absolución del denunciado.

SEGUNDO.-  De conformidad con el artículo 123 del Código Penal procede declarar las costas de oficio.

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

                       F A L L O

Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO a E. C. Y. Y LA ESTRELLA SEGUROS de la falta de imprudencia del artículo 621 del Código Penal por la que había sido acusado, con declaración de las costas de oficio.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que se interpondrá ante este Juzgado en el plazo de cinco días y del que conocerá la Audiencia Provincial.

Así lo acuerdo y firmo,

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario doy fe.

SENTENCIA EN JUICIO VERBAL DE TRÁFICO 116/2008

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SENTENCIA Nº81

En Cuenca, a 11 de julio de 2008.

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 2 de esta ciudad, los presentes autos de juicio verbal n° 116/08, promovidos a instancia de D. C. M. M. A., representado por el Procurador de los Tribunales Dña Rosa Maria Torrecilla López y asistido por el Letrado Sr. Jouve Fernández de Ávila, contra  TRANSPORTES XXXXXX S.L Y LA CIA ZURICH ESPAÑA, representada esta última por la Procuradora de los Tribunales Dña Maria Jesús Porres Moral y asistida por el Letrado Sr. Medina Romero.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Procurador de los Tribunales Dña Rosa Maria Torrecilla López, en nombre y representación de la actora, se interpuso demanda contra los demandados en reclamación de la cantidad de 690,20 euros en cuanto  importe de la reparación de los daños que sufrió el vehículo de su propiedad, como consecuencia de una colisión ocurrida el día 29 de junio de 2007 estando aparcado en las proximidades del nº 18 de la calle Ibáñez Martín de XXXXXXX. Todo ello con los intereses legales y costas.

SEGUNDO.- Admitida la demanda, se dio traslado de la misma, con sus documentos y copias, a los  demandados, citando a todas las partes a la celebración de vista para que tuviera lugar el día 11 de junio de 2008.

Al acto de la vista comparecieron todas las partes, excepto el codemandado Transportes XXXXXXX S.L. En la misma, el actor se ratificó en su demanda. Por su parte, la Cia demandada se opuso a la demanda alegando que no hay relación de causalidad, no impugnando los daños y su importe pero estando disconformes con la forma de ocurrir el accidente.

TERCERO.- Recibido el pleito a prueba, la parte actora propuso la documental, interrogatorio del codemandado y la testifical. Por su parte, el demandado propuso la documental  y el interrogatorio de las partes. Todas ellas fueron admitidas.

CUARTO.- La prueba propuesta y admitida se practicó con el resultado que es de ver en autos.

QUINTO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Ejercita la demandante acción por culpa extracontractual frente al propietario del vehículo camión matricula XXXX-DVP y frente a la aseguradora del mismo en reclamación del importe de reparación de los daños que sufrió el vehículo de su propiedad como consecuencia de la colisión ocurrida el día 29 de junio de 2007 en la calle Ibáñez Martín de XXXX.

Se manifiesta en la demanda que el vehículo del demandante se encontraba correctamente aparcado en las proximidades del nº 18 de la calle Ibáñez Martín de XXXXX, siendo colisionado por el camión propiedad de la demandada causándole daños y sin dejar datos algunos se marcho, siendo testigos de los hechos E. E. y M. S..

Lo CIA demandada se opone a la demanda alegando que el camión de su representada no colisionó con el vehículo de la actora, no negando los daños de la actora ni su importe pero si está disconforme con la forma de ocurrir el accidente.

SEGUNDO.- El artículo 1 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor dispone en su apartado 1°, párrafo 3°, que el conductor de vehículo a motor responderá, en el caso de daños en los bienes, frente a terceros, cuando resulte civilmente responsable según lo establecido en los artículos 1902 y siguientes del Código Civil. Rige, por tanto, el principio de responsabilidad extracontractual previsto en los citados artículos del Código Civil y que determina la necesidad de comprobar, para declarar su existencia, si, además de daños, éstos se han producido como consecuencia de la conducta culposa o negligente de la parte que los haya causado.

TERCERO.-  La titularidad de los vehículos, su aseguramiento, la existencia de los daños y la cuantía de la reparación de los mismos ha resultado acreditada por la documental obrante en las actuaciones, que no ha sido impugnada.

En cuanto a la mecánica del accidente, ha quedado acreditado que el vehículo del demandante se encontraba correctamente estacionado en la zona habilitada para ello en la calle Ibáñez Martín a la altura del nº 18. Así lo manifestó las dos testigos E.y M., la primera manifiesta que presenció el accidente y vio como le daba al coche, y cuando salió M. de la tienda, esta se puso a hablar con el conductor del camión, manifestando M. que el camión iba a descargar a su tienda y ella oyó el golpe y salió a hablar con el conductor que le iba a descargar y el siempre negó el golpe, manifestando que ella vio los daños en el vehículo de la actora; todos estos datos unidos con la documental, nos hace llegar a la conclusión de que el camión, colisionó con el vehículo de la actora y se marchó, ocasionando los daños cuyo importe ahora se reclama y que no han sido controvertidos; siendo por ello que la demanda ha de ser estimada.

CUARTO.- El artículo 9 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, dispone, con remisión al artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, la imposición de intereses por mora cuando el asegurador no hubiera satisfecho o consignado la indemnización por daños y perjuicios en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro. Estos intereses moratorios consistirán en el interés anual equivalente al interés legal del dinero incrementado en un 50%  y no podrá ser inferior al 20% transcurridos dos años desde la producción del siniestro.

Dicho precepto es aplicable, puesto que la fecha del siniestro fue el 29 de junio de 2007 y hasta el momento no se ha producido el pago o consignación de la indemnización debida por parte de la compañía aseguradora.

En cuanto al demandado Transportes XXXXX S.L, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.100 y 1.108 del Código Civil, procede su condena a abonar el interés legal de la cantidad reclamada en la demanda desde su interpelación judicial, esto es, desde su emplazamiento.

 QUINTO.-  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas deben imponerse a la parte que ha visto desestimadas sus pretensiones.

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que estimando la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales Dña Rosa Maria Torrecilla López, en nombre y representación de D. C. M. M. A., contra TRANSPORTES XXXXXXX Y ZURICH ESPAÑA, debo condenar y Condeno a estos últimos a que abonen conjunta y solidariamente a la actora en la cantidad de 690,20 euros, por los daños materiales en su vehículo, cantidad que devengará los intereses del Art. 20 de la L.C.S para la aseguradora condenada y los legales para el otro condenado, con expresa condena en costas a los demandados.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días, que se interpondrá ante este Juzgado y del que conocerá la Audiencia Provincial.

Así lo acuerdo y firmo,

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario doy fe.

SENTENCIA EN JUICIO VERBAL 101/2008

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SENTENCIA Nº 82/08

En Cuenca, a 11 de JULIO de 2008.

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 2 de esta ciudad, los presentes autos de juicio verbal n° 101/08, promovidos a instancia de XXXXX MOTOR S.L, representada por la procuradora Sra. Martorell Rodríguez y asistida del letrado Sr. Barrera Montero, contra D. M. A. V. P..

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por la procuradora Sra Martorell Rodríguez en representación de XXXXX Motor S.L, se presentó demanda de juicio verbal en reclamación de 833,95 euros documentación acreditativa.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto la L.E.C, se convocó a la celebración de vista para que tuviera lugar el día 10 de junio de 2008, a la que fueron citadas las partes.

TERCERO.-  El día señalado se celebró la vista a la que comparecieron ambas partes.

En la vista, la actora se ratificó en su demanda y solicitó el recibimiento del pleito a prueba. El demandado se opuso manifestando que ya había abonado la deuda aportando dos documentos.

Recibido el pleito a prueba, la parte actora propuso la documental y el interrogatorio de parte. Y la parte demandada propuso documental, quedando los autos conclusos para sentencia.

CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Ejercita la parte actora acción de reclamación de la cantidad de 833,95 euros como importe adeudado por el demandado en virtud de la reparación de su vehículo en el taller de la actora.

Por su parte, el demandado niega la existencia de la deuda y alega el pago.

SEGUNDO.- En el supuesto de autos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, correspondía a la parte actora acreditar la existencia de la deuda y así ha sido por la documental acompañada a la demanda, no siendo impugnada, habiendo admitido el propio demandado en su interrogatorio que llevó el vehículo a reparar,, por lo que este extremo esta perfectamente acreditado, ahora bien alega el demandado que pago el importe de la deuda y acompaña una factura, pero dicha factura no se corresponde con los servicios realizados por la actora y que se reclaman en esta demanda. Dicho documento parece ser que corresponde a otra reparación realizada posteriormente por un importe de 353,14 euros que se abonó en metálico, pero en nada acredita el abono de los 833,95 euros que se reclaman correspondiendo estos a la factura de fecha 6 de septiembre de 2.007 y los abonados por la demandado corresponden a la factura de fecha 18 de febrero de 2.008. Es por ello que la demanda ha de ser estimada.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y dada la desestimación íntegra de la demanda, procede la condena en costas de la parte actora.

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que estimando la demanda presentada por la procuradora Sra Martorell Rodríguez en nombre y representación de XXXXXXX MOTOR S.L contra D. M. A. V. P., debo condenar y condeno a este último a que abone a la actora la cantidad de 833,95 euros, mas los intereses legales desde la fecha del emplazamiento, y con expresa condena en costas al demandado.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días, que se interpondrá ante este Juzgado y del que conocerá la Audiencia Provincial.

Así lo acuerdo y firmo,

 

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo el Secretario doy fe.

EDICTO DECLARACIÓN DE CONCURSO 311/2008 PUERTAS MONTALBO SL

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EDICTO DE COMUNICACIÓN DE DECLARACIÓN DE CONCURSO

DON VÍCTOR BALLESTEROS FERNÁNDEZ, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE CUENCA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY CONCURSAL (LC),

A N U N C I A

1º.- Que en el procedimiento número 311/2008 , por auto de fecha 10 de julio de 2008 se ha declarado en concurso VOLUNTARIO  al deudor  PUERTAS MONTALBO SL, con CIF B16230765, domicilio social en Cuenca, calle Carretería nº 1-1º, y centro principal de intereses en la localidad de Montalbo (Cuenca), calle Camino del Congosto s/n, y objeto social “la fabricación de bastidores y tableros de madera, aglomerado y mdf para la confección de puertas y ventanas, incluido el ensamblaje de los mismos e instalación en obra. Fabricación y comercio al por mayor y menor de otros elementos de carpintería de madera para obra o interior de edificaciones.

2º.- Que el deudor conservará las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención de los administradores concursales, mediante su autorización o conformidad. 

3º- Que los acreedores del concursado deben poner en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos en la forma y con los datos expresados en el artículo 85 de la LC.

El plazo para esta comunicación es el de un mes a contar de la última publicación de los anuncios que se ha ordenado publicar en el Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca  y en un  periódico de tirada provincial.

4º- Que los acreedores e interesados que deseen comparecer en el procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Letrado (artículo 184.3 LC).

5º- Que Se nombra administrador único del concurso a D.  SANTIAGO MANUEL OLIVEROS LAPUERTAS

 En Cuenca a 10 de julio de 2008.

EL SECRETARIO JUDICIAL

 BOE 02-08-2008

BOP 30-07-2008

12/07/2008 12:10. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. CONCURSOS DE ACREEDORES No hay comentarios. Comentar.

EDICTO DECLARACIÓN DE CONCURSO 312/2008 BASTIDORES MONTALBO SL

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EDICTO DE COMUNICACIÓN DE DECLARACIÓN DE CONCURSO

 DON VÍCTOR BALLESTEROS FERNÁNDEZ, SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCION Nº 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE CUENCA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY CONCURSAL (LC),

A N U N C I A

1º.- Que en el procedimiento número 311/2008 , por auto de fecha 10 de julio de 2008 se ha declarado en concurso VOLUNTARIO  al deudor  BASTIDORES MONTALBO SL, con CIF B16230757, domicilio social en Cuenca, calle Carretería nº 1-1º, y centro principal de intereses en la localidad de Montalbo (Cuenca), calle Camino del Congosto s/n, y objeto social “fabricación y mdf para la confección de puertas y ventanas, incluido el ensamblaje de los mismos e instalación en obra. Fabricación y comercio al por mayor y menor de otros elementos de carpintería de madera para obra o interior de edificaciones.

2º.- Que el deudor conservará las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención de los administradores concursales, mediante su autorización o conformidad. 

3º- Que los acreedores del concursado deben poner en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos en la forma y con los datos expresados en el artículo 85 de la LC.

El plazo para esta comunicación es el de un mes a contar de la última publicación de los anuncios que se ha ordenado publicar en el Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca  y en un  periódico de tirada provincial.

4º- Que los acreedores e interesados que deseen comparecer en el procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Letrado (artículo 184.3 LC).

5º- Que Se nombra administrador único del concurso a D.  SANTIAGO MANUEL OLIVEROS LAPUERTAS

al" style="text-align: justify;"> 

 En Cuenca a 10 de julio de 2008. 

EL SECRETARIO JUDICIAL

BOE 02-08-2008

BOP 30-07-2008

12/07/2008 12:10. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. CONCURSOS DE ACREEDORES No hay comentarios. Comentar.

E.N.J. Nº 193/03. SUBASTA DE USUFRUCTO DE VIVIENDA Y PLAZA DE GARAJE EN TORREVIEJA (ALICANTE). (DESIERTA)

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EDICTO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES

 

D. VICTOR BALLESTEROS FERNANDEZ Secretario Judicial del Juzgado de Primera Instancia nº 2  de CUENCA.

 

HAGO SABER: Que en el proceso de ejecución seguido en dicho Juzgado con el nº 193 /2003  a instancia de  CAJA RURAL DE CUENCA contra VICTORIANO SANCHEZ MARTINEZ, FRANCISCO ARTEAGA FLORIDO, PEDRO GARCIA MARTINEZ   SOCIEDAD COOPERATIVA DE SAN ANTON DE CUENCA, se ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de tasación se enumeran a continuación:

 

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y SU VALORACIÓN:

 

  • FINCA INSCRITA AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE TORREVIEJA Nº 3 al Nº 98946 (USUFRUCTO VITALICIO), TOMO 2581, LIBRO 1442

VALORACIÓN PARA SUBASTA: 26.195,11 €

 

  • FINCA INSCRITA AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE TORREVIEJA Nº 3 al Nº 99046/A, plaza de garaje 13, TOMO 2625, LIBRO 1486.

VALORACIÓN PARA SUBASTA: 10.000,00 €

 

 

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito en C/PALAFOX, 4,http:www.juzgadomixtoomercantil2cuenca.blogia.com , el día 12-09-2008 a las 10:00 horas.

 

CONDICIONES DE LA SUBASTA

 

1.- Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:

 

1º.-Identificarse de forma suficiente, presentando los poderes originales que acrediten la representación de la sociedad que se pretende.

 

2º.-Declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta.

 

3º.-Presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en la entidad BANESTO CUENCA, cuenta nº 1616-0000-05-0193-03, o de que han prestado aval bancario intervenido notarialmente por el 30 por 100 del valor de tasación de los bienes (7.858,53 € para la vivienda y 3.000,00 € para el garaje). Cuando el licitador realice el depósito  con cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará constar así en el resguardo a los efectos de los dispuesto en el apartado 2 del artículo 652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil. No se admitirán resguardos provisionales de ingreso, debiendo producirse éstos en firme y con la correspondiente validación mecánica correcta o firma del interventor bancario.

 

 

2.- El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las posturas que se hicieren, sin necesidad de consignar cantidad alguna.

 

Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad de ceder el remate a un tercero. La cesión se verificará mediante comparecencia ante el tribunal, con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla, y todo ello previa o simultáneamente al pago del precio del remate.

 

La misma facultad tendrá el ejecutante en los casos en que se solicite la adjudicación de los bienes embargados con arreglo a lo previsto en esta Ley.

 

3.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y con las condiciones del artículo anterior. Los sobres se conservarán cerrados por el Secretario Judicial y serán abiertos al inicio del acto de la subasta. Las posturas que contengan se harán públicas con las demás, surtiendo los mismos efectos que las que se realicen oralmente.

 

4.- Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70 por 100 del avalúo (18.336,58 € para la vivienda y 7.000,00 € para el garaje), se aprobará el remate a favor del mejor postor. Si fuere inferior, se estará a lo previsto en el artículo 670 de la LECn.

 

5.- Que la certificación registral y, en su caso, la titulación sobre el inmueble o inmuebles que se subastan está de manifiesto en la Secretaria. Que se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación existente o que no existan títulos. Que las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes y que, por el sólo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

 

6.- No consta en el proceso si el inmueble que se subasta se encuentra o no ocupado por personas distintas del ejecutado.

 

7.- Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por error se hubiere señalado un Domingo o día festivo y no pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

 

8.– Sirviendo la presente de notificación en forma a los demandados para el caso de que no pudiera localizárseles en el domicilio resultante del procedimiento.

 

En CUENCA, a nueve de julio de dos mil ocho.

 

EL SECRETARIO JUDICIAL

15/07/2008 10:20. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. SUBASTAS No hay comentarios. Comentar.

SENTENCIA EN APELACIÓN DERIVADA DE ORDINARIO 131/2007 DERIVADO DE PROCEDIMIENTO MONITORIO ARCHIVADO POR JUZGADO DISTINTO

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S E N T E N C I A  NUM.   151/2008

         En la ciudad de Cuenca, a ocho de julio del año dos mil ocho.

 

         Vistos en trámite de recurso de apelación los autos de juicio ordinario, número 131/07, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número dos de los de Cuenca y su partido,  promovidos a instancia de la mercantil XXXXXXX, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales Don José Antonio Nuño Fernández y asistida técnicamente por el Letrado Don Ricardo Ruipérez Ruipérez; contra DON A. D. T., mayor de edad y provisto de D.N.I. número 4.577.099 y contra la entidad mercantil HXXXXXXXX, S.A., ambos representados por la Procuradora de los Tribunales Dª María Josefa Herraiz Calvo y asistidos técnicamente por el Letrado Don Alejandro Martínez Ramos; en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte actora, contra la sentencia dictada en primera instancia, de fecha catorce de febrero del año dos mil ocho; habiendo sido ponente el Ilmo. Sr. Don Leopoldo Puente Segura.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

I

         En los autos indicados al margen se dictó sentencia de fecha catorce de febrero de 2.008, por el Juzgado de Primera Instancia número dos de los de Cuenca y su partido en cuya parte dispositiva se establecía: "Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Don José Antonio Nuño Fernández, en nombre y representación de la mercantil "XXXXXX, S.L." contra Don A. D. T. y contra HXXXXXXXXX, S.L., debo absolver y absuelvo a éstos de los pedimentos de la actora.

         Se condena en costas a la parte demandante".

II

        Contra la anterior sentencia se preparo y después interpuso por la representación de la parte demandante, recurso de apelación en tiempo y forma, recurso que fue admitido a medio de providencia de fecha treinta de abril del presente año, dándose traslado a la parte contraria para que pudiera presentar escrito de oposición al recurso o impugnar la sentencia en aquellos extremos que pudieran resultarles desfavorables.

 

        Con fecha veintitrés de mayo del presente año, Doña María José Herraiz Calvo, Procuradora de los Tribunales y de Don A. D. T. y HXXXXXXXX, S.L., se presentó escrito oponiéndose al recurso interpuesto de contrario e interesando el dictado de una sentencia íntegramente confirmatoria de la recaída en la primera instancia.

III

        Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, con fecha dieciocho de junio del presente año, se procedió a formar el correspondiente rollo, asignándosele el número del margen, turnándose ponencia y habiéndose cumplido la totalidad de las previsiones legales, sin que se estimara necesaria la celebración de vista, y señalándose para que tuviera lugar la correspondiente deliberación, votación y fallo el siguiente día ocho de julio del presente año.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

        Se aceptan los que se contienen en la resolución recurrida, que habrán de tenerse aquí por íntegramente reproducidos.

I

        El presente recurso de apelación resulta, a nuestro juicio, de muy difícil inteligencia. Empieza la parte apelante por denunciar lo que considera un "error procesal", al no aparecer unido al presente ordinario el previo monitorio que interpuso y los documentos que asegura haber unido al mismo. Ello es debido, según explica, a que "entendiendo esta parte que se hallaba unido a las actuaciones sirviendo de cabecera… no se entendió que hubiera de solicitarse el testimonio del mismo". Naturalmente, ese entendimiento erróneo de la parte, en tanto evidentemente no se correspondía con la realidad (los documentos acompañados en el procedimiento monitorio no se hallan en esta causa), pudo muy fácilmente haberse corregido por el simple procedimiento de observar las actuaciones (que, como no puede ser de otra manera, permanecieron siempre a disposición de las partes). La propia parte que ahora recurre viene, casi, a reconocerlo así cuando en su apelación señala: "sí es, ciertamente, quizá, un olvido de parte". Sin embargo, a juicio del apelante, este olvido debió haber sido corregido por la juez de instancia, que siempre pudo acordar la unión de esos documentos a las actuaciones como diligencia final. Al respecto, es evidente que las diligencias finales previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, no tienen por objeto que el juzgador corrija los errores de las partes, perdiendo de ese modo su necesaria equidistancia entre ellas. Por eso, el artículo 435.1ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil expresamente establece que no se practicarán como diligencias finales las pruebas que hubieran podido proponerse en tiempo y forma por las partes.

        De todas maneras, de lo que no cabe la menor duda es que no existe constancia en las actuaciones de ningún documento expresivo de la efectiva entrega (y aún descripción) de las mercancías cuyo precio reclama aquí el actor. Y tampoco existe duda de que el apelante ni solicita nulidad alguna de lo actuado en la primera instancia, ni solicita tampoco el recibimiento del pleito a prueba en esta segunda instancia. Por eso, para que el recurso de apelación aquí interpuesto pudiera alcanzar buen éxito, resultaría necesario que existiera en las actuaciones alguna otra prueba expresiva de que las mercancías se entregaron (tanto por lo que respecta a la acción ejercida frente a la mercantil como frente a su administrador único que, por cierto, como ya se señalaba en la sentencia de instancia, se perfila de modo técnicamente harto defectuoso, haciendo aquí propios los razonamientos que allí se expresan sobre este particular). Y al respecto no existen más medios probatorios, como también se señalara en la sentencia de instancia, que las declaraciones que en tal sentido realiza el representante legal de la demandante y el testigo Don José María del Saz (que se encuentra con la actora en relación de dependencia profesional). Y con esto no basta porque, como es obvio, lo que el representante legal manifiesta en prueba de interrogatorio de parte no es sino lo que ya aseguraba en la demanda, sin que su sola afirmación (ni la de un empleado suyo) pueda bastarse, como es lógico, para que se tenga por acreditado que, efectivamente, las entregas de la mercancía se produjeron. Como, por las mismas razones, no se bastan tampoco para acreditarlo las anotaciones contables o cualesquiera otros documentos redactados unilateralmente por la actora.

        Razona después el apelante sobre la base de otros elementos probatorios tendentes a acreditar los usos mercantiles de la empresa demandada o las deudas o reclamaciones que ésta pudiera tener pendientes con respecto a terceros, lo que evidentemente, y como también se explica en la sentencia recurrida, nada tienen que ver con este procedimiento. Consciente, tal vez, de la absoluta orfandad probatoria que asola este procedimiento, concluye el recurrente, con la insólita afirmación de que: "la prueba de las obligaciones compete a aquel que manifiesta ha cumplido con las mismas", afirmación que se comenta por sí misma y que, desde luego, no puede compartirse ni en todo ni en parte. Si alguna duda le cupiera sobre este extremo a la parte apelante, le quedara disipada con la lectura del artículo 217.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando señala que compete al actor la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda, es decir, en el supuesto que aquí se enjuicia, la efectiva entrega de las mercancías cuyo precio reclama.

        Para terminar, es evidente que en aplicación del criterio del vencimiento en materia de costas, establecido en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no era dable sino condenar al actor al abono de las costas causadas en la primera instancia, sin que pueda compartirse, ni casi comprenderse, el razonamiento final del apelante en el sentido de que, en todo caso, "no merece bajo ningún concepto la condena en costas".

        Recapitulando: la parte actora formuló aquí demanda con el propósito de que se condenara a los demandados al pago de unas mercaderías cuya supuesta entrega "tuvo origen en las relaciones mantenidas por las partes a través de la compraventa de mercaderías, específicamente aquéllas que se describen en las facturas acompañadas en el proceso monitorio", siendo, sin embargo, que de la valoración de la prueba practicada en el procedimiento ni siquiera ha podido saberse de qué mercancías se trata (al parecer, productos de bebidas alcohólicas) ni se ha probado tampoco que las mismas fueran encargadas por y entregadas a la demandada, razones, todas ellas, por las que evidentemente solo era dable en la instancia desestimar íntegramente la demanda, lo mismo que solo lo es ahora desestimar, también íntegramente, el recurso interpuesto.

II

        De acuerdo con lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 394 del mismo texto legal, corresponde imponer las costas devengadas como consecuencia de esta alzada a la parte apelante.

        Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

 

F A L L A M O S

        Que debemos desestimar como desestimamos íntegramente el recurso de apelación interpuesto por Don José Antonio Nuño Fernández, Procurador de los Tribunales y de la entidad mercantil XXXXXXXXX, S.L. contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número dos de los de Cuenca y su partido, en su juicio ordinario número 131/07, y en consecuencia, debemos CONFIRMAR como CONFIRMAMOS INTEGRAMENTE la resolución recurrida; todo ello, con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

        Cúmplase lo establecido en los artículos 248.4º de la ley orgánica del poder judicial y 208.4º de la ley de enjuiciamiento civil.

        Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación al rollo de Sala y otra a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

SENTENCIA EN DIVISIÓN DE HERENCIA 459/2007. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INVENTARIO LÍQUIDO

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SENTENCIA nº83

En Cuenca , a 11 de julio de 2.008

Vistos por el Ilmo. Sr. D.  Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez sustituto del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de los de Cuenca y su Partido,  los autos de Procedimiento  de División Judicial de Herencia de D. F. M. M. seguidos con el nº 459/2007 siendo partes interesadas : DÑA I. A. B., representada por Maria Isabel Herraiz Fernández, asistida del letrado Sra. Fuentes Paños. M. P. Y M. I. M. A. representadas por la Procuradora Sra. Herraiz Fernandez. Y V., I. Y J. M. A.,, representados por la procuradora Dña Marta González Álvaro y asistidos del letrado Sr. Langreo Huerta.

                   ANTECEDENTES  DE  HECHO 

PRIMERO.- Instado por el Procurador Sra. Herraiz Fernández el presente procedimiento de división judicial de herencia del causante D. F. M. M. se convocó a las partes a formación de inventario que se celebró en la audiencia del día 4/09/07.

SEGUNDO.- En dicha Audiencia la parte actora, junto con M. I. y M. P. M. A., se ratificaron en la propuesta de inventario que se relaciona en el antecedente de hecho quinto de la demanda. Por V., I. y J. M. A., se manifestó que deberían incluirse en el inventario el 45 % de la casa sita en XXXXXXXX, calle de A. nº 5, el 50% de un edificio agrícola y residencial en XXXXXXXXX calle de A. nº 7 y las cuentas bancarias en CCM y Banco Popular Español relacionados en el escrito que acompañaban y que quedó unido a autos. Manifestando la letrada Sra. Fuentes Paños que estaban de acuerdo con la inclusión en el inventario del 50% del edificio agrícola y residencial y de las cuentas bancarias de la CCM Y Banco Popular Español, pero se opone a la inclusión del 45% de la casa de la calle de A. Nº 5 de XXXXXXXXXXX. Ante la falta de acuerdo entre las partes se señaló día para la Vista, siendo suspendido el señalamiento y vuelto a señalar para el día 11 de junio de 2.008.

TERCERO.- El día señalado se celebró la Vista en la que la parte actora se ratificó en su propuesta de inventario solicitando la no inclusión de dicha casa sita en la calle de A. nº 5 de XXXXXXXXXX en el inventario, por considerarla de carácter privativo de la esposa. Por la parte demandada se solicitó la inclusión de dicho bien en el inventario, por considerarla de carácter ganancial. Considerando este juzgador que la controversia era simplemente de carácter jurídico se consideró innecesaria la práctica de prueba, quedando los autos vistos para dictar sentencia.

CUARTO.- En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones y formalidades legales .

                      FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Existe disconformidad por la representación procesal de D. V., J. e I. M. A. respecto de los bienes que deben formar parte del inventario por cuánto  considera que debe incluirse en el mismo la casa sita en la calle de A. nº 5 de XXXXXXX, debiendo incluirse en la sociedad de gananciales y por tanto debiendo incluirse el 45% de la misma en el inventario.

Por la representación procesal de Dña I. A. B. y Doña M. I. y M. P. M. A. se oponen a la inclusión de dicha finca por considerarla de carácter privativo de la esposa I. A..

SEGUNDO.- Expuestos así los términos del debate debe señalarse que asiste parcialmente la razón a la dirección letrada de los Sres. V., J. e I., debió procederse a la liquidación de la sociedad conyugal que formaba el causante con su esposa hoy actora I. A. y ello por cuanto  constituye principio general que los bienes adquiridos constante el matrimonio se presumen gananciales-ex art. 1381 CC- de modo que es a quién alega el carácter privativo al que le incumbe la carga de la prueba- ex art. 217.2 LEC .

Así las cosas, en principio, no puede reputarse bien privativo el inmueble sito en Calle De A. nº 5 de XXXXXXXX, por cuánto se aporta por los proponentes de este incidente un documento de fecha 9 de octubre de 2.003, que en ningún momento fue impugnado, y que sirvió de base para liquidar el impuesto de sucesiones, sin perjuicio de lo que se pueda decidir en procedimiento ulterior.

Así las cosas, siendo que es doctrina jurisprudencial que previa a la división de herencia se debe haber realizado la liquidación de la sociedad de gananciales, y puesto que no se ha realizado y no hay acuerdo sobre el extremo, es por lo que acordar el sobreseimiento del presente procedimiento y remitir a las partes a la previa liquidación de gananciales.

Tercero.- No se aprecian méritos para imponer las costas a ninguna de las partes ( art. 394 in fine de la LEC ) .

                        FALLO

Que estimando parcialmente las pretensiones deducidas por la  representación procesal de D.  V., J. E I. M. A. en el presente procedimiento de Liquidación Judicial de Herencia del causante D. F. M. M., declaro el sobreseimiento del procedimiento sin efectuar expreso pronunciamiento en materia de costas procesales .

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación que deberá ser preparado en el plazo de 5 días a contar desde su notificación ante este Juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial de Cuenca .

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por SSª estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, doy fe.

SENTENCIA EN LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD DE GANANCIALES 61/2006. DESESTIMACIÓN POR INVENTARIO APROBADO JUDICIALMENTE SIN OPOSICIÓN

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SENTENCIA N° 84/08 

En Cuenca, a 15 de julio de 2008.

 

Vistos por mí, Miguel Girón Girón, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n°2 de esta ciudad, los presentes autos de liquidación de sociedad de gananciales nº 61/06 promovidos a instancia de Doña M. C. S. G., representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Marta González Álvaro y asistida por el Letrado Sr. Gallen Matas, contra D. J. J. M. S., representado por EL Procurador de los Tribunales Don José Vicente Marcilla López y asistido por el Letrado Sr. Saiz Herraiz.

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO.- Por Auto de fecha 21 de septiembre de 2.006 se aprobó judicialmente la propuesta de inventario actualizado a fecha 18 de septiembre de 2.006 formulada por la parte actora, notificada al demandado en fecha 22 de septiembre de 2.006, declarándose la firmeza de la misma por providencia de fecha 25 de octubre de 2.006.

 

SEGUNDO.- Por escrito presentado por la representación de M. C. S. de fecha 21 de noviembre de 2.006, se formuló propuesta de liquidación, solicitando se acordara celebrar la comparecencia a fin de acordar la liquidación presentada o en su caso la que se pacte, llevándose a efecto lo acordado, y en su caso de no alcanzar acuerdo se designe contador partidor para que efectúe la liquidación correspondiente. Celebrándose la comparecencia en fecha 6 de febrero de 2.007, ratificándose la actora en la liquidación presentada, oponiéndose el demandado respecto de las valoraciones que se incluyen respecto del valor del inmueble, el ajuar domestico, el crédito señalado con el nº 8 en el activo, así como los gastos de manutención de la menor y de la valoración que se hace del vehículo automóvil, aportando informe pericial y otra documental. Por la actora se manifiesta que las impugnaciones realizadas por la demandada son extemporáneas ya que la formación de inventario devino firme interesando la no admisión de los documentos, manifestando la demandada que es en este momento donde se han de valorar los bienes, acordándose no haber lugar a tener por impugnadas las valoraciones de los bienes contenidas en el auto de fecha 21 de septiembre de 2.006 al ser firme la misma, acordándose proceder al nombramiento de contador partidor para proceder a la practica de las operaciones divisorias, señalándose el día 9 de abril de 2.007 para la comparecencia.

TERCERO.- El citado día, se procedió a designar contador partidor por insaculación, correspondiendo el cargo a José Francisco Hervás Villar, quien presentó la proposición de liquidación del condominio y sociedad de gananciales en fecha 29 de octubre de 2.007 y rectificación del mismo de fecha 30 de noviembre de 2.007. Por escrito presentado por la representación de la demandada en fecha 11 de enero de 2.008 se manifestó que el informe del contador partidor no ha tenido en cuenta los dictámenes periciales que esta parte presentó.

Por providencia de fecha 6 de marzo de 2.008 se tuvo por formulada oposición a las operaciones divisorias en el sentido expresado en la citada providencia, señalándose el día 11 de junio para la vista.

CUARTO.- El citado día se celebró la vista, a la que comparecieron ambas partes. ratificándose la demandada en su impugnación de las operaciones divisorias y por la actora se manifestó que el inventario ya fue aprobado judicialmente y que la liquidación efectuada por el contador partidor es absolutamente correcta, acordándose por este juzgador que al ser la controversia una cuestión jurídica era innecesario el recibimiento a prueba del pleito, oyendo solamente al contador partidor quien se ratificó en su informe y el escrito posterior de rectificación de error, quedando los autos para dictar sentencia.

QUINTO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La controversia de la presente se circunscribe únicamente a hecho de que la demandada ha impugnado las valoraciones de los bienes que aparecen en las operaciones divisorias efectuadas por el contador partidor, manifestando la actora que las valoraciones ya se aprobaron por auto de fecha 21 de septiembre de 2.006, aprobándose el inventario, al no haberse opuesto el demandado, decisión que fue declarada firme. Pues bien no le falta razón a la actora, ya que para la formación de inventario fue convocado debidamente el demandado, quien no compareció a la misma, por lo que se dictó auto aprobando el inventario propuesto por la actora y la valoración de bienes, adquiriendo firmeza la resolución, después de haber notificado la misma, y haber dejado transcurrir el plazo de recurrir por el demandado, posteriormente cuando se le notifica el acuerdo para realizar la liquidación, es cuando muestra interés el demandado, y toda su insistencia es en orden a impugnar las valoraciones realizadas en el inventario. Se resolvió la misma petición por auto resolviendo el recurso de reposición planteado, decidiendo mantener el acuerdo de no tener por impugnadas las valoraciones realizadas, posteriormente en el acto de la vista, volvió a impugnar en el mismo sentido y ratificarse en el recurso de reposición, desestimando esta pretensión por el proveyente en el mismo acto. En el presente está perfectamente acreditado que la decisión de aprobar el inventario propuesto se declaró firme ante la pasividad del demandado, siendo por ello que la pretensión ha de ser desestimada.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la ley de Enjuiciamiento Civil, se imponen las costas al demandado cuyas pretensiones han sido totalmente desestimadas.

FALLO

Que desestimando la impugnación realizada por el procurador Sr. Marcilla López en nombre y representación de J. J. M. S., y Estimando la demanda formulada por el procurador Sra. González Álvaro en representación de M. C. S. G. sobre liquidación de la sociedad de gananciales, y en su consecuencia, se aprueban las operaciones divisorias practicadas por el contador partidor, designado en este procedimiento, en su escrito presentado en fecha 29 de octubre de 2.007 y posterior escrito de rectificación de error presentado en fecha 30 de noviembre de 2.007, sirviendo dichos escritos como parte integrante de la presente resolución.

Se imponen las costas al demandado.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días, que se interpondrá ante este Juzgado y del que conocerá la Audiencia Provincial.

 

Así lo acuerdo y firmo,

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el mismo Juez que la dictó, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

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La Diócesis recurrirá hasta el final para recuperar los libros robados

HOY. CUENCA

El obispo de Cuenca, José María Yanguas, anunciaba ayer que la Diócesis recurrirá el auto judicial que la Audiencia Provincial de Cuenca ha ratificado respecto a los cerca de 250 libros que fueron robados durante 25 años de la Catedral y del Seminario Conciliar de la ciudad, entre ellos una docena de incunables, y que fueron vendidos en una sala de subastas de Madrid.  
La Audiencia Provincial dictó, en un auto provisional, en junio de 2006, que no había delito por parte de esa sala de subastas ni por parte de quienes los compraron porque no sabían que se trataba de material robado, ya que el ladrón se ocupó de borrar las marcas que identificaban los libros. Ahora, al establecer como firme esta decisión, los libros deberían regresar a manos de esos compradores que los adquirieron en subasta y no a la Diócesis de Cuenca, de donde fueron robados.

recurso
Ante este fallo, el obispo José María Yanguas asegura que “la Diócesis sigue empeñada en la recuperación de lo que le pertenece y esos libros pertenecen a la biblioteca -de la Diócesis- y haremos todo lo posible, y recurriremos a todas las posibilidades que nos ofrece la Ley, para recuperar algo que es de la Diócesis y de todos los conquenses”.

operación cabriel
Ahora lo que cabe es recurrir ante el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha este fallo. Se trata de un proceso judicial que arrancó con una operación de la Guardia Civil en el año 2005. Entonces, los agentes recuperaron 249 libros fechados entre los siglos XVI y XVIII, entre ellos 12 incunables, que durante un cuarto de siglo alguien había estado robando de la Catedral y del Seminario Conciliar de San Julián. La operación, que se bautizó como ‘Cabriel’, se desarrolló en 31 provincias españolas, localizando a los compradores de esas obras, que habían sido ‘colocadas’ en una sala de subastas de Madrid, después de borrarles su sello o marca de identificación.
La Guardia Civil detuvo entonces en Cuenca a un sospechoso, J.F.J.R.R., depositario de los libros, y con antecedentes por haber robado mapas antiguos en la Biblioteca Nacional. Este individuo murió al año siguiente, en 2006, con lo que el caso se quedó sin acusado.  Una de las cuestiones que todavía queda por resolver es quién sacaba los libros de la Catedral y del Seminario Conciliar y se los proporcionaba al sospechoso para luego venderlos en la casa de subastas.
Ahora, dos años después, la Audiencia Provincial confirma el auto que dictó ese mismo año, y que implicaría, si no prospera el recurso que ha anunciado la Diócesis de Cuenca, que esos libros volverían a manos de quienes los compraron en subasta.

obras robadas
Hay que recordar que entre las obras que la Guardia Civil recuperó se encuentran obras que se realizaron durante el periodo que va desde la invención de la imprenta, en 1440, hasta principios del siglo XVI. La mayor parte de los libros se recuperaron en Madrid, Cataluña y Valencia, pero los compradores, que al parecer no eran conscientes de que adquirían material robado, se encuentran repartidos por toda la geografía española.
Ahora habrá que esperar a que se agote la vía judicial para saber el destino final de estas 249 obras que pertenecían a la Diócesis de Cuenca.

http://www.eldiaencastillalamancha.com/cu/noticia.php/4926

15/07/2008 20:45. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. Noticias Judiciales No hay comentarios. Comentar.

20080715204847-seminario.jpg

Admitida a trámite demanda del Obispado de Cuenca recuperar libros sustraídos

TERRA.ES

El juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Cuenca ha admitido a trámite la demanda presentada por el Obispado conquense para recuperar centenares de libros, entre ellos una docena de incunables, que fueron sustraídos de la catedral y del seminario mayor de esta capital durante los últimos veinticinco años.


Según informaron a Efe fuentes judiciales, la demanda ha sido interpuesta por el Obispado conquense por la vía civil después de que el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Cuenca haya archivado la causa penal que se había abierto contra las dos personas acusadas de estas sustracciones al haber fallecido los dos imputados.

En este sentido, las mismas fuentes han indicado que la instrucción llevará varios meses ya que los compradores que adquirieron los libros robados y después localizados están repartidos por toda España.

Según informó en su momento la Guardia Civil, los libros fueron recuperados en la denominada ’Operación Cabriel’, que permitió recuperar al menos 249 libros pertenecientes a los siglos XV al XVIII, entre los que se encuentran doce incunables que habían sido sustraídos durante veinticinco años del Seminario Conciliar San Julián de Cuenca y de la catedral conquense.

En el marco de la operación se procedió a la detención en Cuenca de una persona que había sido el depositario de los libros sustraídos en una sala de subastas de Madrid, a la que le constaban diversos antecedentes por hechos similares.

La operación se inició en julio de 2004, con el nombre de ’Operación Bérgamo’, cuando la Guardia Civil detectó que en una sala de subastas de Madrid estaban siendo subastados una serie de libros antiguos a los que se les había borrado el sello o marca identificativa de la biblioteca de procedencia.

Tras comprobar el origen de los libros e identificar al sospechoso se dio inicio a la ’Operación Cabriel’, con el objetivo de recuperar todos los libros sustraídos que se habían ido distribuyendo por toda la geografía española.

En este sentido, la Guardia Civil indicó que fruto de estas investigaciones y del estudio pormenorizado de los registros de clientes y depósitos de las salas de subastas, se fueron interviniendo diversas obras bibliográficas en un total de 31 provincias españolas, de la mayoría de las comunidades autónomas.

Hasta noviembre de 2005 se habían recuperado 249 ejemplares, de los cuales un centenar estaba en Madrid, 31 fueron localizados en la Comunidad Valenciana y veintisiete en Cataluña.

La mayoría de los ejemplares que fueron localizados estaban ya en poder de sus compradores, que los habían adquirido desconociendo la ilegalidad de su procedencia, según la Guardia Civil.

15/07/2008 20:49. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. Noticias Judiciales No hay comentarios. Comentar.

ESTADISTICA PRIMER TRIMESTRE 2008

20080716192258-estadistica.jpg
I.- MOVIMIENTO DE ASUNTOS CIVILES
1. DESGLOSE POR TIPOS DE PROCESOS Y MATERIAS
1.1 PROCESOS CONTENCIOSOS DE LA L.E.C. DEROGADA (1) (SIN INCLUIR DERECHO DE FAMILIA)Pendientes trimestre anteriorRegistradosResueltos trimestre (2)Pendientes final trimestre (2)
MAYOR CUANTIA********************
MENOR CUANTIA********************
PROCESOS DE COGNICION (3)********************
JUICIOS VERBALES********************
EJECUTIVOS********************
DESAHUCIOS Y OTROS PROCESOS ARRENDATICIOS********************
RETRACTOS********************
INTERDICTOS********************
SUCESORIOS********************
HIPOTECARIOS********************
TOTAL********************
1.2.1 PROCESOS CONTENCIOSOS DE LA L.E.C. VIGENTE (SIN INCLUIR DERECHO DE FAMILIA)Pendientes trimestre anteriorIngresados trimestreResueltos trimestre (2)Pendientes final trimestre (2)
ORDINARIOS DE RECLAM. POR HECHOS DERIVADOS DE CIRCULACION VEHÍCULOS********************
ORDINARIOS DE PROP. HORIZONTAL********************
RESTO DE ORDINARIOS8227
VERBALES ARRENDATICIOS138413
VERBALES  PRECARIOS********************
VERBALES POSESORIOS2*****1*****
VERBALES DE RECLAM. POR HECHOS DERIVADOS DE CIRCULACIÓN VEHÍCULOS*****4*****4
VERBALES DE PROPIEDAD HORIZONTAL********************
DEMAS VERBALES56121755
CAMBIARIOS (4)84211
MONITORIOS (5)66292959
DIVISION DE PATRIMONIOS92314
MEDIDAS CAUTELARES (6)21**********
INCIDENTES DEL ART. 241.1 LOPJ********************
RESTO DE INCIDENTES (7)*****329
QUIEBRAS Y CONCURSO DE ACREEDORES***************
SUSPENSIONES DE PAGOS Y QUITAS Y ESPERA***************
OTROS CONTENCIOSOS********************
TOTAL1646560172
1.2.2 ACTOS DE CONCILIACION CELEBRADOS2
1.3 FORMA DE TERMINACION DE LOS PROCESOS MONITORIOSPago    Ejecución  Transformación a Juicio VerbalTransformación a Juicio OrdinarioOtras    Total (8)
21662329
1.4 Asuntos referidos a juicios de la Ley Concursal Art. 50 y 51*****
1.5 PROCESOS RELATIVOS AL DERECHO DE FAMILIAPendientes trimestre anterior  Ingresados trimestre  Resueltos trimestre (2)  Pendientes final trimestre (2) (11)  
  Directamente  Procedentes    transformación (9)  Por    transformación (10)  Restantes  
NULIDADES MATRIMONIALES******************************
DIVORCIOS CONSENSUADOS66**********116
DIVORCIOS NO CONSENSUADOS236**********315
SEPARACION CONSENSUADA*****1***************1
SEPARACIONES NO CONSENSUADAS2********************1
EFICACIA CIVIL SEPARACION, DISOLUCION O NULIDAD CANONICA******************************
MEDIDAS PREVIAS******************************
MEDIDAS COETANEAS********************13
MEDIDAS POSTERIORES******************************
MODIFICACION MEDIDAS CONSENSUADAS******************************
MODIFICACION MEDIDAS NO CONSESUADAS21***************2
J. ORDINARIOS (12)******************************
J. VERBALES (13) (15)******************************
SOBRE LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS (14)235**********424
LIQUIDACION DEL REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL81**********14
GUARDA, CUSTODIA O ALIMENTOS DE HIJOS MENORES NO MATRIMONIALES CONSENSUADOS******************************
GUARDA, CUSTODIA O ALIMENTOS DE HIJOS MENORES NO MATRIMONIALES NO CONSENSUADOS******************************
INCIDENTES DEL ART. 241.1 LOPJ******************************
INCIDENTES (15)******************************
OTROS CONTENCIOSOS1*************************
TOTAL6520**********2056
1.6 INTERNAMIENTOS (16)Pendientes trimestre anterior   Ingresados trimestre  Resueltos trimestre  Pendientes final trimestre  
CON DESPLAZAMIENTO*****55*****
RESTO********************
TOTAL*****55*****
1.7 JURISDICCION VOLUNTARIA
1.7.1 MOVIMIENTO DE ASUNTOSPendientes trimestre anteriorIngresados trimestreResueltos trimestrePendientes final trimestre
ADOPCIONES NACIONALES********************
ADOPCIONES INTERNACIONALES********************
ACOGIMIENTOS NACIONALES********************
ACOGIMIENTOS INTERNACIONALES********************
PROC. ESTERILIZACION INCAPACES (ART. 156 C.P.)********************
DECLARACIONES DE HEREDEROS ABINTESTATO********************
OTROS (17)5141415
TOTAL5141415
1.7.2 Resueltos y sujetos a seguimiento y control (17)55
1.8 Procedimientos derivados de la Orden de ProtecciónIngresados trimestre  Medidas
Ratificadas    ModificadasSin efecto
********************
1.9.1 SEÑALAMIENTOS  Celebrados en el trimestre  Suspendidos o no celebrados en el trimestre  Señalados para el trimestre   
256590
1.9.2 SUBASTAS JUDICIALES CELEBRADAS EN EL ÓRGANO1
1.10.1 EJECUCIONES CIVILES (19)Pendientes trimestre anteriorIngresadas trimestreReiniciadas trimestre (20)Acumuladas trimestre (21)Resueltas trimestre (22)Pendientes final trimestre
EN PROCESOS RELATIVOS AL DERECHO DE FAMILIA361***************16
EJECUCIONES HIPOTECARIAS112**********18
OTROS TITULOS NO JUDICIALES603**********373
EN RESTANTES PROCESOS CIVILES32929**********19431
TOTAL43635**********23528
1.10.2 TASACIONES DE COSTASPendientes trimestre anterior  Ingresadas trimestre  Resueltas trimestrePendientes final trimestre
*****1414*****
1.11 DESPACHOS CIVILES DE AUXILIO JUDICIAL
Pendientes trimestre anterior   Ingresados   Resueltos   Pendientes final trimestre
Despachos Nacionales*****642
Despachos Unión Europea
Notificaciones y traslado de documentos en materia civil Rgl. C.E. 1348/00********************
Obtención de pruebas Rgl. C.E. 1206/01********************
Reconocimiento y ejecuciones de resoluciones judiciales Rgl. C.E. 44/01********************
Actos de comunicación********************
Diligencias Urgentes********************
Resto********************
Despachos otros países********************
TOTAL*****642
1.11.1 Solicitudes de auxilio judicial internacional remitidas por ese órganoUNIÓN EUROPEARESTO
**********
1.12 ESCRITOS PENDIENTES DE PROVEER  Tramite    Ejecucion    Total
HASTA 30 DIAS DE ANTIGÜEDAD11364177
MAS DE 30 DIAS DE ANTIGÜEDAD225880
TOTAL135122257
1.13 RECURSOS DE APELACION  Elevados en el trimestre  Devueltos durante el trimestre
Confirmando totalmenteRevocando    Anulando
Totalmente    Parcialmente
CONTRA SENTENCIAS*****5***************
CONTRA AUTOS*************************
TOTAL*****5***************
1.14 Asuntos civiles pendientes exclusivamente de sentenciar (menos 1 mes)*****
        Asuntos civiles pendientes exclusivamente de sentenciar (mas 1 mes)*****
II.- MOVIMIENTO DE ASUNTOS PENALES
 
1.1 RESUMEN GENERAL POR TIPOS DE PROCESOSPendientes trimestre anteriorIngresados trimestreReabiertos trimestre (23)Resueltos trimestrePendientes final trimestre
DILIGENCIAS URGENTES (24)*****4*****4*****
SUMARIOS*************************
DILIGENCIAS PREVIAS (25)150437*****368217
PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS (26)5018*****1454
JUICIOS DE FALTAS (27)6737*****2876
HABEAS CORPUS*************************
LEY ORGANICA 5/95 (JURADO)*************************
TOTAL267496*****414347
1.2 INCIDENTES DEL ART 241.1. LOPJPendientes trimestre anterior  Ingresadas trimestre  Resueltas trimestrePendientes final trimestre
********************
2. DILIGENCIAS INDETERMINADASPendientes trimestre anterior  Ingresadas trimestre  Resueltas trimestrePendientes final trimestre
*****22*****
3. ASUNTOS LEY EXTRANJERIA (27)Pendientes trimestre anterior  Ingresados trimestre  Resueltos trimestrePendientes final trimestre
********************
3.1 Numero total de inmigrantes puestos a disposición judicial en el trimestre en asuntos de extranjería*****
4. Nº de Asuntos recibidos en el trimestre según las anotaciones del Libro de Registro General413
5. JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA (28)10
6. MOVIMIENTO JUICIOS RAPIDOS COMPETENCIA DE ESE ORGANO (29)
Pendientes trimestre anterior   Ingresados trimestre   Reabiertos trimestre    Resueltos trimestrePendientes final trimestre
Por sentencia   Por otra resolución   
2********************2
7.1 EJECUTORIAS DE JUICIOS DE FALTASPendientes trimestre anterior  Ingresados trimestre  Reabiertos trimestre  Resueltos trimestrePendientes final trimestre (31)
3515*****1337
7.2 TASACIONES DE COSTASPendientes trimestre anterior  Ingresadas trimestre  Resueltas trimestrePendientes final trimestre
********************
8. Nº de causas con preso provisional al finalizar el trimestre3
9. SEÑALAMIENTOSCelebrados en el trimestreSuspendidos en el trimestre  Señalados para el trimestre  
JUICIOS RAPIDOS DE FALTAS112
RESTANTES JUICIOS DE FALTAS78491
TOTAL88593
10. PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS ELEVADOS AL ORGANO COMPETENTE PARA SU ENJUICIAMIENTO (31)Causas con preso    Causas sin preso    TOTAL
Juicios rápidos   Restantes   Juicios rápidos   Restantes   
ELEVADOS AL JUZGADO DE LO PENAL***************1111
ELEVADOS A LA AUDIENCIA PROVINCIAL***************
TOTAL***************1111
11. PROCEDIMIENTOS ELEVADOS VISTA JURADO  Causas con preso    Causas sin preso    TOTAL  
***************
12. SUMARIOS CONCLUSOS ELEVADOS A LA AUDIENCIACon procesamiento  Sin procesamiento  TOTAL
CAUSAS CON PRESO***************
CAUSAS SIN PRESO***************
TOTAL***************
13. RECURSOS DE APELACION  Elevados en el trimestre  Devueltos durante el trimestre
Confirmando totalmenteRevocando    Anulando
Totalmente    Parcialmente
CONTRA SENTENCIAS2**********1*****
CONTRA AUTOS*************************
TOTAL2**********1*****
14. DESPACHOS PENALES DE AUXILIO JUDICIAL
Pendientes trimestre anterior   Ingresados   Resueltos   Pendientes final trimestre
Despachos Nacionales11412329
Despachos Unión EuropeaDirectamente en el juzgadoA través del M. Justicia
Actos de comunicación*************************
Diligencias Urgentes*************************
Resto*************************
Despachos otros países*************************
TOTAL (32)11412329
15. Asuntos penales pendientes exclusivamente de sentenciar (menos 1 mes)*****
      Asuntos penales pendientes exclusivamente de sentenciar (mas 1 mes)*****
OTRAS DILIGENCIAS DEL JUZGADO
1 Entradas y registros practicadas por el Sr. Secretario JudicialDurante la guardia*****
Fuera de la guardia*****
Total*****
16. PROCESOS SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA (33)
16.1. DENUNCIAS RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE
Denuncias Recibidas Nº Total  VICTIMA (34)DENUNCIADO
HombreMujerHombreMujer
 Español  Extranjero  Española  Extranjera   Español   Extranjero   Española   Extranjera 
  + edad  - edad   + edad  - edad   + edad  - edad   + edad  - edad 
*****************************************************************
16.2. RENUNCIAS DEL TRIMESTRE
Renuncia a la continuacion del proceso*****
16.3. MOVIMIENTO DE ASUNTOSPendientes trimestre anteriorIngresados trimestreReabiertos trimestreResueltos trimestrePendientes final trimestre
DILIGENCIAS URGENTES*************************
SUMARIOS*************************
DILIGENCIAS PREVIAS (35)21**********3
PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS (36)1***************1
JUICIOS DE FALTAS*************************
PROCEDIMIENTOS JURADO*************************
TOTAL31**********4
16.4. MOVIMIENTO JUICIOS RAPIDOS DE VIOLENCIA DOMESTICA COMPETENCIA DE ESE ORGANO (37)
Pendientes trimestre anterior   Ingresados trimestre   Reabiertos trimestre    Resueltos trimestrePendientes final trimestre
Por sentencia   Por otra resolución   
******************************
16.5. PROCEDIMIENTOS DE VIOLENCIA DOMESTICA ELEVADOS AL ÓRGANO COMPETENTE PARA SU ENJUICIAMIENTO (38)Causas con preso    Causas sin preso    TOTAL
Juicios rápidos   Restantes   Juicios rápidos   Restantes   
ELEVADOS AL JUZGADO DE LO PENAL*************************
ELEVADOS A LA AUDIENCIA PROVINCIAL*************************
TOTAL*************************
16.6. ORDENES DE PROTECCIÓN RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE
16.6.1. ORDENES DE PROTECCION Nº Total  VICTIMA (34)DENUNCIADO
HombreMujerHombreMujer
 Español  Extranjero  Española  Extranjera   Español   Extranjero   Española   Extranjera 
  + edad  - edad   + edad  - edad   + edad  - edad   + edad  - edad 
11***********************************1***************
16.6.2. RELACION DE VICTIMA Y DENUNCIADOConyuge  Exconyuge  Relac. Afectiva  Exrelación afectivaOtras del art. 173.2Total
********************11
16.6.3. Orden de protección  Pendientes trimestre anterior    Incoadas trimestre  Resueltas  Pendientes final trimestre  
   Adoptadas      Denegadas   
A instancia de la victima/s*****11**********
A instancia de persona/s del art. 173.2 C.P.*************************
A instancia del Ministerio Fiscal*************************
De oficio*************************
TOTAL*****11**********
16.7. MEDIDAS CAUTELARES
16.7.1. De naturaleza penal (39)  ADOPTADAS  
A instancia de la victimaA instancia persona art. 173.2 C.P.A instancia del Ministerio FiscalDe oficioA instancia de la Administración
Con Orden de ProtecciónResto (40)Con Orden de ProtecciónResto (40)Con Orden de ProtecciónResto (40)Con Orden de ProtecciónResto (40)Con Orden de ProtecciónResto (40)
Privativa de libertad**************************************************
Salida del domicilio**************************************************
Alejamiento1*********************************************
Prohibición de comunicación1*********************************************
Prohibición volver al lugar delito o residencia víctima**************************************************
Suspensión tenencia, porte y uso de armas**************************************************
Otras**************************************************
TOTAL2********************
16.7.2. De naturaleza civil (41)  ADOPTADAS  
A instancia de la victimaA instancia persona art. 173.2 C.P.A instancia del Ministerio FiscalDe oficioA instancia de la Administración
Con Orden de ProtecciónResto (40)Con Orden de ProtecciónResto (40)Con Orden de ProtecciónResto (40)Con Orden de ProtecciónResto (40)Con Orden de ProtecciónResto (40)
Atribución de la vivienda**************************************************
Permuta del uso vivienda familiar**************************************************
Suspensión régimen de visitas**************************************************
Suspensión de patria potestad**************************************************
Suspensión guarda y custodia**************************************************
Prestación alimentos**************************************************
Sobre protección del menor para evitar un peligro o perjuicio**************************************************
Otras**************************************************
TOTAL*************************
16.8. FORMA EN QUE TERMINAN LOS PROCEDIMIENTOS  Por sentencia   Por sobreseimiento Por elevación al órgano competenteOtras
  Absolutoria    Condenatoria    Libre    Provisional  
******************************
16.9. PERSONAS ENJUICIADAS NUMERO CONDENADOABSUELTO
  Español    Extranjero    Español    Extranjero  
VARONES*************************
MUJERES*************************
TOTAL*************************
16.10. EJECUTORIASPendientes trimestre anteriorIngresadas trimestreReabiertas trimestreResueltas trimestrePendientes final trimestre
Archivo provisionalArchivo definitivo
******************************
16.11. INCUMPLIMIENTOS
16.11.1. Medidas provenientes de Orden de Protección  Naturaleza Penal    Naturaleza Civil  
**********
16.11.2. De penas del articulo 48 en relación con el 57 del C.P. (42)*****
SOLO CUMPLIMENTAR POR LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN SIN COMPETENCIA EN VIOLENCIA SOBRE LA MUJER Y EN FUNCIONES DE GUARDIA
17. ACTUACIONES URGENTES REFERENTES A LA L.O. 1/04
17.1
Asuntos Ingresados (44) Con Medidas  Sin Medidas Remitidas al J.V.S.M (44) Pendientes final trimestre
Con O.P. De Resto
******************************
17.2 ORDENES DE PROTECCIÓNNº TotalVICTIMADENUNCIADO
MujerHombre
EspañolaExtranjeraEspañolExtranjero
+ edad- edad+ edad- edad
***********************************
17.3. Ordenes de ProtecciónAcordadasDenegadasTotal
***************
18. OTRAS DILIGENCIAS DEL JUZGADO
18.1 Entradas y registros practicadas por el Sr. Secretario JudicialDurante la guardia*****
Fuera de la guardia*****
Total*****
III.- SENTENCIAS Y AUTOS FINALES
 
RESUMEN GENERAL (43)
1. AREA CIVIL
1.1. SENTENCIAS EN PROCESOS CONTENCIOSOS
  CON OPOSICION (44)    SIN OPOSICION (45)    TOTAL  
    Estimatorias        Desestimatorias        Estimatorias        Desestimatorias    
   Total      Parcial      Total      Parcial   
6472*****120
1.2. SENTENCIAS EN PROCESOS DE FAMILIA
  CON OPOSICION (44)    SIN OPOSICION (45)    TOTAL  
    Estimatorias        Desestimatorias        Estimatorias        Desestimatorias    
   Total      Parcial      Total      Parcial   
52*****10**********17
1.3. AUTOS FINALES
  En Actos de Jurisdicción Voluntaria    En Incidentes (46)    Restantes Autos Finales    TOTAL   
1446179
1.4. DECRETOS     Jurisdicción Voluntaria      Resto (47)      TOTAL   
***************
2. AREA PENAL
2.1. JUICIOS DE FALTAS     Condenatorias (48)      Absolutorias      TOTAL   
  V.Domestica    Resto    V. Domestica     Resto  
*****10*****414
2.2. PROCESOS POR DELITO     V. Domestica      Resto   
*****2
2.3. Autos del articulo 13 Real Decreto 8/2004 de 29 de octubre*****
2.4. AUTOS FINALESViolencia Domestica  Resto(incluidos incidentes Art. 241.1 de LOPJ)  
Sobreseimientos*****366
Restantes Autos Finales*****32
TOTAL*****398
16/07/2008 19:22. juzgadomixtoomercantil2cuenca #. Estadística judicial No hay comentarios. Comentar.

ESTADÍSTICA SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008

20080716193649-estadistica.jpg

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE CUENCA >Trimestral 2008 2

I.- MOVIMIENTO DE ASUNTOS CIVILES
 
1. DESGLOSE POR TIPOS DE PROCESOS Y MATERIAS
 
1.1 PROCESOS CONTENCIOSOS DE LA L.E.C. DEROGADA (1) (SIN INCLUIR DERECHO DE FAMILIA)Pendientes trimestre anteriorRegistradosResueltos trimestre (2)Pendientes final trimestre (2)
MAYOR CUANTIA********************
MENOR CUANTIA********************
PROCESOS DE COGNICION (3)********************
JUICIOS VERBALES********************
EJECUTIVOS********************
DESAHUCIOS Y OTROS PROCESOS ARRENDATICIOS********************
RETRACTOS********************
INTERDICTOS********************
SUCESORIOS********************
HIPOTECARIOS********************
TOTAL********************
1.2.1 PROCESOS CONTENCIOSOS DE LA L.E.C. VIGENTE (SIN INCLUIR DERECHO DE FAMILIA)Pendientes trimestre anteriorIngresados trimestreResueltos trimestre (2)Pendientes final trimestre (2)
ORDINARIOS DE RECLAM. POR HECHOS DERIVADOS DE CIRCULACION VEHÍCULOS********************
ORDINARIOS DE PROP. HORIZONTAL********************
RESTO DE ORDINARIOS7135
VERBALES ARRENDATICIOS134116
VERBALES  PRECARIOS********************
VERBALES POSESORIOS*****11*****
VERBALES DE RECLAM. POR HECHOS DERIVADOS DE CIRCULACIÓN VEHÍCULOS426*****
VERBALES DE PROPIEDAD HORIZONTAL********************
DEMAS VERBALES55112046
CAMBIARIOS (4)114510
MONITORIOS (5)59365144
DIVISION DE PATRIMONIOS14**********14
MEDIDAS CAUTELARES (6)*****44*****
INCIDENTES DEL ART. 241.1 LOPJ********************
RESTO DE INCIDENTES (7)913139
QUIEBRAS Y CONCURSO DE ACREEDORES***** **********
SUSPENSIONES DE PAGOS Y QUITAS Y ESPERA***** **********
OTROS CONTENCIOSOS********************
TOTAL17276114134
1.2.2 ACTOS DE CONCILIACION CELEBRADOS9
1.3 FORMA DE TERMINACION DE LOS PROCESOS MONITORIOSPago    Ejecución  Transformación a Juicio VerbalTransformación a Juicio OrdinarioOtras    Total (8)
7283*****1351
1.4 Asuntos referidos a juicios de la Ley Concursal Art. 50 y 51*****
1.5 PROCESOS RELATIVOS AL DERECHO DE FAMILIAPendientes trimestre anterior  Ingresados trimestre  Resueltos trimestre (2)  Pendientes final trimestre (2) (11)  
  Directamente  Procedentes    transformación (9)  Por    transformación (10)  Restantes  
NULIDADES MATRIMONIALES******************************
DIVORCIOS CONSENSUADOS68**********95
DIVORCIOS NO CONSENSUADOS153**********414
SEPARACION CONSENSUADA1***************1*****
SEPARACIONES NO CONSENSUADAS1***************1*****
EFICACIA CIVIL SEPARACION, DISOLUCION O NULIDAD CANONICA******************************
MEDIDAS PREVIAS*****1**********1*****
MEDIDAS COETANEAS32**********23
MEDIDAS POSTERIORES******************************
MODIFICACION MEDIDAS CONSENSUADAS******************************
MODIFICACION MEDIDAS NO CONSESUADAS25***************7
J. ORDINARIOS (12)******************************
J. VERBALES (13) (15)*****1**********1*****
SOBRE LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS (14)243**********1116
LIQUIDACION DEL REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL4********************4
GUARDA, CUSTODIA O ALIMENTOS DE HIJOS MENORES NO MATRIMONIALES CONSENSUADOS******************************
GUARDA, CUSTODIA O ALIMENTOS DE HIJOS MENORES NO MATRIMONIALES NO CONSENSUADOS*****1**********1*****
INCIDENTES DEL ART. 241.1 LOPJ******************************
INCIDENTES (15)******************************
OTROS CONTENCIOSOS******************************
TOTAL5624**********3149
1.6 INTERNAMIENTOS (16)Pendientes trimestre anterior   Ingresados trimestre  Resueltos trimestre  Pendientes final trimestre  
CON DESPLAZAMIENTO*****55*****
RESTO*****22*****
TOTAL*****77*****
1.7 JURISDICCION VOLUNTARIA
1.7.1 MOVIMIENTO DE ASUNTOSPendientes trimestre anteriorIngresados trimestreResueltos trimestrePendientes final trimestre
ADOPCIONES NACIONALES********************
ADOPCIONES INTERNACIONALES********************
ACOGIMIENTOS NACIONALES********************
ACOGIMIENTOS INTERNACIONALES********************
PROC. ESTERILIZACION INCAPACES (ART. 156 C.P.)********************
DECLARACIONES DE HEREDEROS ABINTESTATO********************
OTROS (17)1512261
TOTAL1512261
1.7.2 Resueltos y sujetos a seguimiento y control (17)60
1.8 Procedimientos derivados de la Orden de ProtecciónIngresados trimestre  Medidas
Ratificadas    ModificadasSin efecto
********************
1.9.1 SEÑALAMIENTOS  Celebrados en el trimestre  Suspendidos o no celebrados en el trimestre  Señalados para el trimestre   
651176
1.9.2 SUBASTAS JUDICIALES CELEBRADAS EN EL ÓRGANO4
1.10.1 EJECUCIONES CIVILES (19)Pendientes trimestre anteriorIngresadas trimestreReiniciadas trimestre (20)Acumuladas trimestre (21)Resueltas trimestre (22)Pendientes final trimestre
EN PROCESOS RELATIVOS AL DERECHO DE FAMILIA163**********118
EJECUCIONES HIPOTECARIAS82**********73
OTROS TITULOS NO JUDICIALES737**********377
EN RESTANTES PROCESOS CIVILES43124**********16439
TOTAL52836**********27537
1.10.2 TASACIONES DE COSTASPendientes trimestre anterior  Ingresadas trimestre  Resueltas trimestrePendientes final trimestre
*****3535*****
1.11 DESPACHOS CIVILES DE AUXILIO JUDICIAL
 Pendientes trimestre anterior   Ingresados   Resueltos   Pendientes final trimestre
Despachos Nacionales2810*****
Despachos Unión Europea
Notificaciones y traslado de documentos en materia civil Rgl. C.E. 1348/00********************
Obtención de pruebas Rgl. C.E. 1206/01********************
Reconocimiento y ejecuciones de resoluciones judiciales Rgl. C.E. 44/01********************
Actos de comunicación********************
Diligencias Urgentes********************
Resto********************
Despachos otros países********************
TOTAL2810*****
 
1.11.1 Solicitudes de auxilio judicial internacional remitidas por ese órganoUNIÓN EUROPEARESTO
**********
 
1.12 ESCRITOS PENDIENTES DE PROVEER  Tramite    Ejecucion    Total
HASTA 30 DIAS DE ANTIGÜEDAD14445
MAS DE 30 DIAS DE ANTIGÜEDAD*****55
TOTAL14950
1.13 RECURSOS DE APELACION  Elevados en el trimestre  Devueltos durante el trimestre
Confirmando totalmenteRevocando    Anulando
Totalmente    Parcialmente
CONTRA SENTENCIAS1491*****1
CONTRA AUTOS*************************
TOTAL1491*****1
1.14 Asuntos civiles pendientes exclusivamente de sentenciar (menos 1 mes)13
        Asuntos civiles pendientes exclusivamente de sentenciar (mas 1 mes)3
II.- MOVIMIENTO DE ASUNTOS PENALES
 
 
1.1 RESUMEN GENERAL POR TIPOS DE PROCESOSPendientes trimestre anteriorIngresados trimestreReabiertos trimestre (23)Resueltos trimestrePendientes final trimestre
DILIGENCIAS URGENTES (24)*****3*****3*****
SUMARIOS*************************
DILIGENCIAS PREVIAS (25)21750322602140
PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS (26)5449*****2182
JUICIOS DE FALTAS (27)7635*****2784
HABEAS CORPUS*************************
LEY ORGANICA 5/95 (JURADO)*************************
TOTAL34759022653306
1.2 INCIDENTES DEL ART 241.1. LOPJPendientes trimestre anterior  Ingresadas trimestre  Resueltas trimestrePendientes final trimestre
********************
2. DILIGENCIAS INDETERMINADASPendientes trimestre anterior  Ingresadas trimestre  Resueltas trimestrePendientes final trimestre
*****44*****
3. ASUNTOS LEY EXTRANJERIA (27)Pendientes trimestre anterior  Ingresados trimestre  Resueltos trimestrePendientes final trimestre
********************
3.1 Numero total de inmigrantes puestos a disposición judicial en el trimestre en asuntos de extranjería*****
4. Nº de Asuntos recibidos en el trimestre según las anotaciones del Libro de Registro General523
5. JUICIOS DE FALTAS SENTENCIADOS PENDIENTES DE FIRMEZA (28)19
6. MOVIMIENTO JUICIOS RAPIDOS COMPETENCIA DE ESE ORGANO (29)
Pendientes trimestre anterior   Ingresados trimestre   Reabiertos trimestre    Resueltos trimestrePendientes final trimestre
Por sentencia   Por otra resolución   
22*****2*****2
7.1 EJECUTORIAS DE JUICIOS DE FALTASPendientes trimestre anterior  Ingresados trimestre  Reabiertos trimestre  Resueltos trimestrePendientes final trimestre (31)
3716*****1340
7.2 TASACIONES DE COSTASPendientes trimestre anterior  Ingresadas trimestre  Resueltas trimestrePendientes final trimestre
*****11*****
8. Nº de causas con preso provisional al finalizar el trimestre2
9. SEÑALAMIENTOSCelebrados en el trimestreSuspendidos en el trimestre  Señalados para el trimestre  
JUICIOS RAPIDOS DE FALTAS2*****2
RESTANTES JUICIOS DE FALTAS482068
TOTAL502070
10. PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS ELEVADOS AL ORGANO COMPETENTE PARA SU ENJUICIAMIENTO (31)Causas con preso    Causas sin preso    TOTAL
Juicios rápidos   Restantes   Juicios rápidos   Restantes   
ELEVADOS AL JUZGADO DE LO PENAL***************1919
ELEVADOS A LA AUDIENCIA PROVINCIAL 2 *****2
TOTAL*****2*****1921
11. PROCEDIMIENTOS ELEVADOS VISTA JURADO  Causas con preso    Causas sin preso    TOTAL  
***************
12. SUMARIOS CONCLUSOS ELEVADOS A LA AUDIENCIACon procesamiento  Sin procesamiento  TOTAL
CAUSAS CON PRESO***************
CAUSAS SIN PRESO***************
TOTAL***************
13. RECURSOS DE APELACION  Elevados en el trimestre  Devueltos durante el trimestre
Confirmando totalmenteRevocando    Anulando
Totalmente    Parcialmente
CONTRA SENTENC