¿Es lenta la justicia?
Miguel Marcos Ayjón, Director General de Justicia de Castilla-La Mancha.
En estos momentos en los que arrecian las críticas contra el sistema judicial español, es preciso realizar algunas consideraciones sobre el mismo. El debate sobre la lentitud o rapidez de la Justicia no es exclusivo de nuestro país, ni tampoco es una novedad en el tiempo. Históricamente y, casi de forma universal, la sociedad percibe a la Justicia como un servicio lento.
Aún cuando sería deseable mayor celeridad en los procesos judiciales, éstos precisan de un lapso de tiempo razonable para estudiar las alegaciones, valorar las pruebas, reflexionar la resolución y ejecutar la sentencia. No se puede enjuiciar a una persona por asesinato cuando ni siquiera se ha enterrado a la víctima, se requiere la búsqueda de pruebas que desvirtúen la presunción de inocencia y de un juicio justo con todas las garantías (art. 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). Las sociedades más deleznables son aquellas que realizan juicios sumarísimos sin respetar los derechos y garantías del acusado. Por tanto, la rapidez no siempre contribuye a un juicio justo, sin embargo, también es cierto que si la Justicia llega tarde ya no es justa, y que nuestra Administración de Justicia adolece de muchos defectos que impiden su agilidad y eficacia, ya sea por carencia de medios humanos y materiales, especialmente los informáticos, ya sea porque no se aprovechan adecuadamente los medios adscritos a este servicio público.
Nuestro sistema precisa de una reforma estructural que no sólo ponga más recursos al servicio de la Justicia, que también, sino que modernice un sistema arcaico de gestión en el que la eficacia del servicio no sólo dependa del voluntarismo de sus magníficos y abnegados profesionales.
La reforma debe pivotar en una clara delimitación de funciones y responsabilidades, en las que cada uno de sus intervinientes tengan certeza y seguridad jurídica de cuáles son sus competencias, se aproveche la capacidad técnica de todos los operadores que intervienen, y se apueste con determinación por las nuevas tecnologías. Esta es la esencia de la esperada reforma de la Oficina Judicial.
La Justicia puede ser más rápida, debe ser más rápida, pero, sobre todo, tiene que ser más eficaz, y debe prestar un servicio público propio del Siglo XXI donde se primen los valores de: proximidad, eficacia, transparencia y cooperación. Éstas son las razones que mueven al Gobierno del presidente José María Barreda a instar del Estado las transferencias en materia de Justicia.
Nuestro sistema precisa de una reforma estructural que no sólo ponga más recursos al servicio de la Justicia, que también, sino que modernice un sistema arcaico de gestión en el que la eficacia del servicio no sólo dependa del voluntarismo de sus magníficos y abnegados profesionales.
La reforma debe pivotar en una clara delimitación de funciones y responsabilidades, en las que cada uno de sus intervinientes tengan certeza y seguridad jurídica de cuáles son sus competencias, se aproveche la capacidad técnica de todos los operadores que intervienen, y se apueste con determinación por las nuevas tecnologías. Esta es la esencia de la esperada reforma de la Oficina Judicial.
La Justicia puede ser más rápida, debe ser más rápida, pero, sobre todo, tiene que ser más eficaz, y debe prestar un servicio público propio del Siglo XXI donde se primen los valores de: proximidad, eficacia, transparencia y cooperación. Éstas son las razones que mueven al Gobierno del presidente José María Barreda a instar del Estado las transferencias en materia de Justicia.
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